Sentencia de Constitucionalidad nº 401/05 de Corte Constitucional, 14 de Abril de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623026

Sentencia de Constitucionalidad nº 401/05 de Corte Constitucional, 14 de Abril de 2005

Ponente:Av-Jar Av-Mjce Av-Jct
Fecha de Resolución:14 de Abril de 2005
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Negada
RESUMEN

Codigo sustantivo del trabajo art. 19 (parcial). Normas de aplicación supletoria cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido. El articulo 19 demandado regula un aspecto del tema de las fuentes del derecho laboral, lo cual hace posible analizar cada fuente de manera separada, sin necesidad de acudir a la figura de la integración normativa. Evolucion de la jurisprudencia constitucional acerca del valor de los convenios intenacionales del trabajo en el ordenamiento juridico colombiano. Los convenios internacionales del trabajo y el bloque de constiotucionalidad en colombia. Todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por colombia fueron integrados a la legislación interna y hacen parte del bloque de constitucionalidad cuando la corte asi lo haya indicado o lo señale en forma especifica. El carácter normativo obligatorio de los convenios de la oit ratificados por colombia impide que sean considerados como parametros supletorios ante vacios en las leyes. Exequible condicionado

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia C-401/05

UNIDAD NORMATIVA-No integración

CONVENIO INTERNACIONAL DE TRABAJO RATIFICADO POR COLOMBIA-Evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de su valor en el ordenamiento jurídico

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Noción

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO LATO-Concepto

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD STRICTO SENSU-Concepto

CONVENIO INTERNACIONAL DE TRABAJO RATIFICADO POR COLOMBIA-Integración a la legislación interna

No ofrece ninguna duda que todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia fueron integrados a la legislación interna, por disposición expresa del inciso cuarto del artículo 53 de la Constitución. Esto significa que, de manera general, todos estos convenios adquieren el carácter de normas jurídicas obligatorias en el derecho interno por el solo hecho de su ratificación, sin que sea necesario que se dicten nuevas leyes para incorporar su contenido específico en el ordenamiento jurídico del país o para desarrollarlo.

CONVENIO INTERNACIONAL DE TRABAJO RATIFICADO POR COLOMBIA-Determinación de los que hacen parte del bloque de constitucionalidad/CONVENIO INTERNACIONAL DE TRABAJO RATIFICADO POR COLOMBIA-Determinación de los que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y en sentido lato

Es preciso distinguir entre los convenios de la OIT, puesto que si bien todos los que han sido ''debidamente ratificados'' por Colombia, ''hacen parte de la legislación interna'' -es decir, son normas jurídicas principales y obligatorias para todos los habitantes del territorio nacional, sin necesidad de que una ley posterior los desarrolle en el derecho interno- no todos los convenios forman parte del bloque de constitucionalidad, en razón a que algunos no reconocen ni regulan derechos humanos, sino aspectos administrativos, estadísticos o de otra índole no constitucional. Igualmente, es claro que algunos convenios deben necesariamente formar parte del bloque de constitucionalidad, puesto que protegen derechos humanos en el ámbito laboral. Adicionalmente, la Corte Constitucional puede, como ya lo ha hecho, de acuerdo con criterios objetivos, indicar de manera específica qué otros convenios forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, en razón a que son un referente para interpretar los derechos de los trabajadores y darle plena efectividad al principio fundamental de la protección del trabajador y al derecho al trabajo. Cuando algún convenio prohíba la limitación de un derecho humano durante un estado de excepción o desarrolle tal prohibición, corresponde a la Corte señalar específicamente su pertenencia al bloque de constitucionalidad en sentido estricto, como también lo ha realizado en sentencias anteriores.

CONVENIO INTERNACIONAL DE TRABAJO RATIFICADO POR COLOMBIA-Carácter normativo obligatorio impide que sean considerados como parámetros supletorios ante vacíos en las leyes

De ninguna manera los convenios internacionales del trabajo pueden ser considerados simplemente como parámetros supletorios en el ordenamiento laboral. Independientemente de la definición acerca de cuáles son los convenios que forman parte del bloque de constitucionalidad, es claro que todos forman parte de la legislación interna, lo que significa que no pueden ser relegados, por regla general, a parámetros supletorios de interpretación ante vacíos normativos en el orden legal. Adicionalmente, aquellos convenios que integran el bloque de constitucionalidad han de ser aplicados por todas las autoridades y los particulares para asegurarse de que las leyes nacionales sean interpretadas de manera acorde con la Constitución y tales convenios. Por lo tanto, al resolver ''el caso controvertido'' - en los términos del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo acusado en el presente proceso-, tales convenios son norma aplicable de manera principal y directa, y han de incidir en la determinación del alcance de las normas legales que también sean aplicables. Adicionalmente, los convenios que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto han de prevaler en el orden interno (C.P., art. 93, inc. 1).

CONVENIO INTERNACIONAL DE TRABAJO RATIFICADO POR COLOMBIA-Aplicación en la resolución de controversias

Los convenios de la OIT ratificados por Colombia son fuente principal y son aplicables directamente para resolver las controversias. Además, es importante recalcar que los convenios que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato orientan la interpretación de la norma suprema, y que aquellos convenios que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto prevalecen en el orden interno. Así habrán de valorarlos especialmente los jueces y los funcionarios administrativos.

Referencia: expediente D-5355

Demandante: C.E.M.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.

Magistrado Ponente:

Dr. M.J.C. ESPINOSA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil cinco (2005).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano C.E.M. demandó el artículo 19 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

II. NORMA DEMANDADA

El texto de la disposición demandada es el siguiente:

Código Sustantivo del Trabajo

Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 141 de 1961 como legislación permanente

''Artículo 19. Normas de aplicación supletoria. Cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulen casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios y recomendaciones adoptadas por la organización y las conferencias internacionales del trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del derecho del trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad.'' (se subraya la parte demandada)

III. LA DEMANDA

El demandante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la expresión ''los convenios'', contenida en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, por ser violatoria del preámbulo y de los artículos 1, 2, 5, 9, 25, 53 (inciso 4), 93, 228 y 230 de la Constitución.

Asegura el actor que Colombia ingresó a la Organización Internacional del Trabajo - OIT - en el año 1920 y que al momento de entrar en vigencia el Código Laboral (1950) el país ya había ratificado 22 de los 98 convenios aprobados hasta entonces por la Conferencia Internacional del Trabajo. Anota que la OIT produce Convenios y Recomendaciones, y que mientras aquéllos tienen el carácter de tratados internacionales, ''cuya obligatoriedad para los Estados opera una vez hayan entrado para ellos en vigor subjetivo'', las recomendaciones ''no poseen la fuerza vinculante de los tratados, pero constituyen guías de acción para los Estados, en el terreno laboral.''

Expresa que el Código Sustantivo del Trabajo fue proferido mediante los decretos 2663 y 3742 de 1950, los cuales fueron adoptados como legislación permanente a través de la ley 141 de 1961. Por eso, el mencionado Código respondió a los lineamientos de la Constitución de 1886, bajo la cual ''el tema de la incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico interno se entendió predominantemente bajo la denominada teoría dualista: es decir, los contenidos de un instrumento internacional perfeccionado (o sea, aprobados por el Congreso y ratificados por el Ejecutivo), no se consideraban elementos integradores de la normatividad hasta tanto ellos no fueran transpuestos a ésta mediante leyes en sentido material, posteriores a la respectiva ley aprobatoria del instrumento. Mientras ello no sucediera, dichas normas internacionales - aun en el caso de estar ratificadas por el gobierno colombiano -, podían tener existencia y validez ante los sujetos de derecho internacional involucrados, pero en el ámbito interno no tenían efectos, aún en contra de normas internas que les fueran contrarias.''

Anota que los artículos 21 y 215 de la anterior Constitución sirvieron de base para la teoría dualista y que, a pesar de los amplios debates que se suscitaron entre las tesis monista y dualista, ésta última predominó durante la vigencia de la Constitución de 1886.

Agrega que tanto los decretos que le dieron vida al CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO como la ley que los incorporó de manera definitiva a la legislación respondieron a la teoría dualista y que ello permite comprender ''que el CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO en su artículo 19 considere a `los convenios' de la OIT en sí mismos (se entiende que los ratificados por el Estado) como meras normas supletorias en la labor de aplicar el Derecho del Trabajo.'' En efecto, bajo las tesis dualistas no se podía admitir que un tratado internacional del trabajo ''constituyera, por sí mismo, `norma exactamente aplicable al caso controvertido', aun en el caso de que hubiera sido perfeccionado. Por eso, según el artículo 19, el operador jurídico sólo puede recurrir a ese convenio luego de que haya agotado la analogía legis o iuris, los principios derivados del Código, `la jurisprudencia, la costumbre o el uso y la doctrina.''

Afirma entonces que la Constitución de 1991 dejó atrás la concepción dualista para acoger la tesis monista, de tal manera que ''los tratados internacionales en materia laboral (incluyendo desde luego los convenios de la OIT), una vez son ratificados y promulgados por Colombia, se erigen en normas internas válidas y obligatorias, sin que sea necesario cumplir con el requerimiento dualista de transponer sus disposiciones a una ley interna posterior.''

Luego de lo anterior, el actor expone sus argumentos acerca de la vulneración de los distintos artículos de la Constitución que él destaca, así:

Violación de los artículos 53 (inciso cuatro) y 93 de la Constitución. Asevera el demandante que, de acuerdo con estas normas constitucionales, los convenios internacionales del trabajo que han sido ratificados por Colombia ''no son simples normas de aplicación supletoria por parte de los operadores jurídicos. En efecto, las normas superiores atrás citadas ordenan que los instrumentos internacionales en materia laboral que hayan sido ratificados `hacen parte de la legislación interna' (art. 53, cuarto inciso) o incluso pueden prevalecer sobre otras normas, es decir, pueden hacer parte del bloque normativo superior, con jerarquía de normas constitucionales (artículo 93). Por tanto, esos convenios ratificados (y añadimos nosotros, promulgados) constituyen normas directamente aplicables en Colombia al caso controvertido, contrariamente a lo dicho por el artículo 19 del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.''

Expresa que esta posición ha sido avalada por la Corte Constitucional en múltiples sentencias, ''al declarar que los convenios de la OIT, debidamente ratificados por Colombia, son normas internas directamente aplicables y algunas de ellas hacen parte del bloque de constitucionalidad en stricto o en lato sensu.''

Por lo tanto, concluye que ''un convenio internacional del trabajo ratificado (y promulgado), es una norma jurídica válida y obligatoria, de carácter erga omnes, en el ámbito interno estatal.'' Para el efecto introduce la diferenciación entre las normas autoejecutivas o autoaplicables - que son las que ''una vez incorporadas al ordenamiento interno del país que las recibe, fundamentan directamente derechos subjetivos, es decir, pueden aplicarse de inmediato sin necesidad de emitir normas internas que las adopten, desarrollen o potencien (vale decir, sin necesidad de desarrollo reglamentario) - y las normas programáticas - que son aquellas que ''[d]esde el punto de vista jurídico, exigen a los Estados que se obligan con los tratados que las contienen, efectuar un desarrollo legislativo o reglamentario interno de las mismas (ley, decreto, resolución), para que puedan aplicarse individualizada y directamente en sus ámbitos territoriales.''

Violación de los artículos 228 y 230 de la Constitución. Afirma que el art. 19 del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO viola estos dos artículos al reconocer a los convenios internacionales del trabajo un simple carácter supletorio, ''porque `la ley' a la que están sometidos los jueces (artículo 230) debe incluir a los [tratados] ratificados, ya que éstos se incorporan al derecho sustancial que debe prevalecer en sus decisiones (artículo 228)...''

Violación del Preámbulo y de los artículos 1, 2, 5 y 25 de la Constitución. Al respecto manifiesta que en todas estas normas constitucionales se cita el trabajo, como un principio cardinal y fundante, y como un derecho y un deber. De allí se deriva la obligación de todas las autoridades de ''acogimiento sistemático de todas las fuentes válidas, de origen local o transfronterizo que busquen reconocerlo y reforzarlo.'' Por lo tanto, el artículo 19 del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO vulnera todas las normas constitucionales mencionadas cuando le asigna un mero carácter supletivo a los convenios internacionales del trabajo, puesto que ''priva al ordenamiento jurídico de toda la potencia de los aportes provenientes del ámbito internacional (...) En la práctica (...) los apartes atacados dentro de la citada norma del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO devalúan el trabajo como principio y derecho del Estado colombiano. Dentro de cualquier ordenamiento jurídico, los valores y principios que constituyen los cimientos del Estado, no pueden ser ignorados, minimizados o trivializados por la legislación. Esos valores y principios tienen, a fortiori, que ser acogidos por ella, con todo su vigor, y constituir parámetros obligatorios en la labor judicial.''

Violación del artículo 9 de la Constitución. Precisa que este artículo determina que las relaciones internacionales de Colombia se fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Anota que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados incorpora los principios del pacta sunt servanda y de la buena fe (art. 26) y la obligación de los Estados de no apoyarse en normas de su derecho interno, contrarias a lo dispuesto en los tratados, para justificar su incumplimiento (art. 27). Anota que este último deber obliga al Estado a ''no mantener disposiciones en su ordenamiento que puedan ser contrarias a tales instrumentos.''

Agrega que los tratados internacionales imponen a los Estados las obligaciones de respetar, proteger y cumplir sus normas y que estas obligaciones comportan exigencias de conducta y de resultados para el Estado. De allí deduce que ''dentro de la obligación genérica de cumplir y, dentro de ella, la específica de obtener un resultado, se impone al Estado, entre otras acciones, adoptar las medidas legislativas necesarias para lograr la plena efectividad de los derechos contenidos en los tratados internacionales, mediante la adecuación de su ordenamiento interno con el objetivo y las disposiciones del respectivo instrumento internacional.'' Por consiguiente, considera que la expresión demandada del artículo 19 del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO deja al Estado colombiano como transgresor de los principios de la Convención de Viena y de las obligaciones establecidas por la doctrina internacional para los Estados que han ratificado un tratado, con lo cual se vulneraría el artículo 9 de la Constitución.

Con fundamento en todo lo anterior, el actor solicita que la Corte declare la inconstitucionalidad de la expresión ''los convenios'', contenida en el artículo 19 del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ''por constituir una transgresión objetiva y verificable a lo que manda la Constitución, al reconocer sólo carácter de derecho supletorio a normas que, según ésta, constituyen derecho sustancial y tienen, por tanto, plena fuerza vinculante interna.''

IV. INTERVENCIONES

1. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

El apoderado del Ministerio de la Protección Social, J.E.A.R., defendió la constitucionalidad de la norma demandada.

Expone que en materia de ''tratados internacionales ratificados por Colombia debe hacerse precisión sobre los relacionados en trabajo y en derechos humanos que prohíben su limitación en los estados de excepción, toda vez que los primeros hacen parte de la legislación interna (inciso 4, art. 53 de la C.P.) y los segundos prevalecen en el orden interno (art. 93 de la C.P.), fundamento suficiente para que estos últimos sean considerados por la Corte Constitucional parte integrante del bloque de constitucionalidad.''

Con base en lo anterior, y haciendo referencia a la sentencia T-568 de 1999, expresa:

''(...) existe una clara diferencia a nivel jerárquico entre los tratados que reconocen derechos humanos y que impiden su limitación en estados de excepción y los de trabajo, toda vez que estos una vez ratificados hacen parte de la legislación interna al margen de la Constitución, mientras que aquellos tienen una prevalencia respecto de la Constitución...

''Así las cosas, yerra el demandante al decir con base en la teoría monista de los tratados internacionales ratificados por Colombia, que se deberá aplicar de manera directa los mismos sobre las demás normas de derecho interno, por cuanto la teoría monista lo que permite es que los tratados ingresen al derecho interno formando una unidad normativa que en todo caso no podrá serlo en desmedro del derecho escrito que emana de nuestras instituciones, al cual deberán acudir de manera directa los jueces de la República (...), a excepción de los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad por prevalecer en el orden interno.

''Respecto de los derechos laborales cabe señalar que internacionalmente son considerados como derechos humanos, lo cual no implica que todo Estado deba otorgarles el mismo tratamiento, es decir, que debe verificarse en cada tratado la integridad del mismo acogida por el Estado parte, en este caso Colombia, aunado a las reservas del caso que se hayan plasmado, así como también el impedimento del mismo en los estados de excepción, todo esto a fin de saber si hace parte o no del bloque de constitucionalidad...''

A continuación manifiesta que, de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución, los jueces están sometidos al imperio de la ley, concepto este último que la jurisprudencia de la Corte ha hecho equivalente a las expresiones ''marco jurídico'' y ''ordenamiento jurídico'', tal como lo dispuso en la sentencia C-486 de 1993. De allí que afirme:

''De manera concluyente se debe señalar que (...) los tratados internacionales ratificados por Colombia de carácter laboral pertenecen a un aparte integrante del orden jurídico interno, igualmente no dejan de tener una aplicabilidad por parte del juez, de manera supletiva, a manera de cubrir el vacío de la ley en caso de no existir norma exacta aplicable en un caso concreto. Esto sin dejar de tener en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo impide la aplicación de normas vigentes del trabajo en desmedro del trabajador (principio de favorabilidad -inciso 2, art. 53 de la C.P. y artículo 29 C.S.T.)

''Es claro, entonces, que los tratados en comento conforme a lo dispuesto en el inciso 4º, art. 53 de la Constitución, forman parte de la legislación interna una vez son ratificados por Colombia, pero que bajo una interpretación armónica de la Constitución con el artículo 230 de la misma, no queda duda que, siendo el Código Sustantivo del Trabajo el que regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares (art. 3 C.S.T.) deberá aplicarse de manera primaria, y sólo de manera subsidiaria se acudirá a los criterios auxiliares a que hace referencia el artículo demandado, dentro de ellos los tratados internacionales de trabajo ratificados por Colombia, del cual se excluyen los tratados internacionales ratificados por Colombia, que reconocen derechos humanos y que impiden su limitación en estados de excepción por considerarse parte del bloque de constitucionalidad.

''(...)

''Una vez estando vigente un tratado, ajustado a la Constitución y existiendo una norma de orden interno aplicable al caso concreto, sólo habría lugar a excepcionar su aplicación en aras de un tratado, con ocasión de la favorabilidad del trabajador (...) o en aplicación del bloque de constitucionalidad

''A contrario sensu, estando vigente un tratado, ajustado a la Constitución y no existiendo una norma de orden interno aplicable al caso concreto, se deberá apelar al respectivo tratado debidamente ratificado, aunado a los criterios auxiliares a que hace referencia el artículo 19, con o sin consideración de las dos razones expresadas, dependiendo el caso.''

Por todo lo anterior, considera que el demandante realiza un examen constitucional errado, ''sin atender a una interpretación armónica de la Constitución Política'', y, en consecuencia, solicita que se declare la constitucionalidad de la norma demandada.

2. INTERVENCIÓN DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA

El ciudadano J.C.H.C., coordinador del Comité de Estudios Políticos y Legislativos del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia intervino dentro del proceso para defender la constitucionalidad de la norma acusada.

En el escrito se afirma:

''(...) dicho artículo 19 del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO se constituyó en un avance cuando fue emitido en vigencia de la Constitución de 1886, por cuanto permitió aplicar beneficios laborales en materia de protección a la maternidad, auxilio sindical y reintegro, entre otros eventos, siempre que los convenios adoptados por la organización y las conferencias internacionales del trabajo estuvieran ratificados.

''Hoy día, vigencia de la Constitución de 1991, dicha norma no ha perdido vigencia a pesar que los CONVENIOS a que hace referencia la norma demandada ya fueron ratificados por Colombia, y por tanto se convirtieron en legislación vigente y aplicable de manera directa y no supletoria.

''Y consideramos que es así por cuanto ello no implica de manera definitiva que nuestro país no vaya a adoptar otros convenios con las organización y las conferencias internacionales del trabajo, de tal manera que antes de ser ratificados no puedan ser aplicados como pautas interpretativas supletorias tal como lo indica el referido art. 19 del CST, en tal sentido es perfectamente viable la posibilidad de que la expresión `los convenios' aún continúe en el lugar que aparece en la norma demandada, porque ellos no se agotan con los ya ratificados.''

Por consiguiente, el interviniente manifiesta su desacuerdo con la solicitud de inconstitucionalidad elevada por el demandante, por cuanto considera que la expresión ''los convenios'', contenida en el artículo 19 del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO ''no está haciendo referencia a los ya ratificados por Colombia y que ahora son legislación interna, sino a los convenios que se adopten en un futuro por la organización y las conferencias internacionales del trabajo con Colombia; excluir esta palabra dejaría sin piso la posibilidad de que sean aplicados en nuestro país, antes de que sean ratificados y de tal forma convertidos en derecho sustancial aplicable.''

3. INTERVENCIÓN DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

El ciudadano R.A.G. intervino en el proceso en nombre de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario para abogar por la declaración de exequibilidad condicionada de la norma.

Expone el interviniente que, de acuerdo con las Convenciones de Viena sobre el Derecho de los Tratados - las Convenciones de 1969 y 1986 -, de los tratados surgen dos tipos de obligaciones para los Estados. Así, si un Estado ha suscrito un tratado no debe realizar actos que vayan en contra de su objeto, es decir, en este caso tiene una obligación de ''no hacer'' frente al mismo. De otra parte, si un Estado ya ha ratificado un convenio tiene que cumplir con sus disposiciones, lo que significa que en este caso surge para el Estado una obligación de hacer.

Luego, manifiesta su desacuerdo con lo manifestado por el actor acerca de que, por obra de la norma demandada, Colombia transgrede los principios del derecho internacional. Ello, por cuanto ''hoy en día el Juez debe aplicar TODOS los tratados internacionales que se encuentren ratificados al ser parte del ordenamiento jurídico interno por vía de su ley aprobatoria. No podemos confundir la jerarquía de un tratado con su aplicabilidad.// En efecto, el hecho de que el artículo 93 de la Carta Política establezca que los tratados de derechos humanos debidamente ratificados por Colombia y que no pueden ser limitados en estados de excepción tengan rango constitucional, no implica de ninguna forma que los tratados en materia laboral que no cumplan con estos parámetros no deban ser aplicados por los Jueces de la República como una ley, no como norma constitucional.''

Volviendo a los tipos de obligaciones que surgen para los Estados a partir de los tratados, afirma que ''si lo que busca la norma demandada es aplicar un tratado que ha sido ratificado por Colombia, nos encontraríamos frente a una norma que se encuentra obsoleta frente a la Constitución Política, caso en el que el artículo 19 del C.S.T. debe ser considerado parcialmente inexequible...'' Aclara, sin embargo, que ''si el objeto y fin de la norma en mención es aplicar fuentes del derecho internacional en el derecho interno, el artículo 19 no tendría por qué ser declarado inconstitucional.''

Al respecto manifiesta que si el artículo 19 del C.S.T. tiene por fin dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución - que prescribe que ''[l]as relaciones exteriores del Estado se fundamentan en (...) el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia'' -, y de esta manera persigue ''aplicar los principios generales del derecho que se encuentren plasmados en diferentes tratados en materia laboral, no vemos por qué este artículo debe ser declarado inconstitucional por la Corte. Lo anterior siempre y cuando esta aplicación se haga en el interregno entre la suscripción y la ratificación del tratado y sea indispensable para evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional por ir en contra del objeto y fin del tratado.''

De esta manera concluye:

''1. Si aplicamos en forma exegética la Constitución en relación con el artículo 19 del C.S.T., debemos concluir que se debe declarar parcialmente inconstitucional el artículo demandado, ya que su aplicación se restringía en forma exclusiva a los tratados que regularan temas laborales que se encontraban debidamente ratificados por Colombia

  1. Pero si, por el contrario, partimos de la evolución normativa y de la evolución de la interpretación del Derecho, el art. 19 del C.S.T. debe ser declarado Exequible para poder aplicar los principios generales del derecho que se encuentren en los tratados que regulen temas laborales y que hayan sido SUSCRITOS por Colombia y que AÚN NO HAYAN SIDO RATIFICADOS por el Presidente. Así Colombia estaría dando cumplimiento a sus obligaciones internacionales, aplicando los principios Pacta Sunt Servanda y buena fe. Es claro que la aplicación de estos principios se haría con el propósito de no violar el tratado al realizar actos que atenten contra el objeto y fin del mismo y sólo se cumpliría con el mismo en el interregno entre la suscripción y la ratificación.''

4. INTERVENCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

La coordinadora del área laboral de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, M.R.B.B., participó dentro del proceso para solicitar la declaración de inexequibilidad de la norma demandada, puesto que el hecho de que los convenios estén ratificados hace que ellos sean normas ''de aplicación inmediata que hacen parte de la legislación interna como derecho sustancial, con plena fuerza vinculante.''

La interviniente formula inicialmente algunas precisiones conceptuales acerca del derecho internacional público y los derechos humanos. Luego, se refiere a las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno de los Estados, para afirmar que la importancia de su análisis radica ''en el hecho de que la eficacia real del primero depende en muy amplia medida de la fidelidad con que los derechos nacionales se conformen a las normas internacionales y les den efecto.'' Los destinatarios por excelencia del derecho internacional son los Estados. A ellos les corresponde acatar y cumplir los convenios internacionales, a través de sus ramas del Poder Público. Por eso, es esencial ''que el derecho nacional facilite el cumplimiento del derecho internacional y más aún que, en caso de conflicto, el derecho del Estado no sea obstáculo para la observancia de las normas internacionales.