Sentencia de Constitucionalidad nº 669/05 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623416

Sentencia de Constitucionalidad nº 669/05 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2005

Ponente:Alvaro Tafur Galvis
Fecha de Resolución:28 de Junio de 2005
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Concedida
RESUMEN

Codigo civil articulo 1516. Presunción de dolo en los casos especialmente previstos en la ley. Las presunciones establecidas en la ley y su alcance en la jurisprudencia constitucional. Al establecer una presunción, el legislador se limita a reconocer la existencia de relaciones lógicamente posibles, comúnmente aceptadas y de usual ocurrencia, entre hechos o situaciones jurídicamente relevantes, con el fin de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos. El contenido alcance de la norma en que se contienen las expresiones acusadas. Ningun reproche de constitucionalidad cabe hacer en contra del hecho que se reconozca al legislador la posibilidad de establecer presunciones de dolo, al mismo tiempo que se señala como regla general que el dolo no se presume y que debera probarse. Exequible

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia C-669/05

PRESUNCION-Alcance en la jurisprudencia constitucional

PRESUNCION-Concepto

PRESUNCION-Relación con el aspecto probatorio

PRESUNCION LEGAL-Requisitos para que sea constitucional

PRESUNCION LEGAL EN PROCESO DE ALIMENTOS-Ingresos del alimentante

PRESUNCION DE DERECHO EN RENTA PRESUNTIVA-Sustento constitucional

PRESUNCION DE DOLO-Detención u ocultación de testamento

PRESUNCION LEGAL DE DOLO-Actuaciones de los servidores públicos

PRESUNCION LEGAL DE CULPA GRAVE-Actuaciones de los servidores públicos

PRESUNCION DE MALA FE-Legislador puede establecerla

PRESUNCION DE LA BUENA FE-No quebranta la Constitución

POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PRESUNCION DE DOLO-No desconoce el debido proceso/POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PRESUNCION DE DOLO-No desconoce el derecho de defensa ni la presunción de inocencia

La acusación que formula el actor no se dirige en contra de una presunción en concreto sino en contra de la posibilidad que se establece en el artículo 1516 en el sentido de que, como excepción a la regla general de que el dolo no se presume y que deberá probarse, éste sí se presumirá en aquellos casos especialmente establecidos por el Legislador. Frente a dicha posibilidad es claro para la Corte que no cabe entender vulnerado el debido proceso pues i) como ya se señaló, y se reitera, las presunciones per se no pueden considerarse como atentatorias del artículo 29 superior; ii) concretamente, no puede considerarse que en este caso se desconozcan la presunción de inocencia ni del derecho de defensa, pues siempre existirá para quien se vea invocada una presunción de dolo la posibilidad de demostrar la inexistencia del hecho que se presume o de los antecedentes o circunstancias de donde se infirió; iii) la posible violación en concreto de dicho derecho al debido proceso solo podrá eventualmente predicarse es frente a cada presunción en particular que el Legislador establezca. No cabe considerar que con las expresiones acusadas contenidas en el artículo 1516 del Código Civil, mediante las cuales simplemente se reconoce al Legislador que en ejercicio de su potestad de configuración puede llegar a establecer en determinados casos presunciones de dolo se desconozca el debido proceso y en este sentido la Corte concluye que no asiste razón al actor en relación con la acusación que formula en contra de las expresiones acusadas por la supuesta vulneración del artículo 29 superior.

Referencia: expediente D-5574

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión ''sino en los casos especialmente previstos por la ley'' contenida en el artículo 1516 del Código Civil

Actor: A.L.Q.

Magistrado Ponente:

Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil cinco (2005)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano A.L.Q. presentó demanda contra las expresiones ''sino en los casos especialmente previstos por la ley'' El actor afirma en el texto de su demanda que acusa las expresiones ''salvo en los casos previstos en la ley'', contenidas en el artículo 1516 del Código Civil. No obstante, el artículo 1516 literalmente establece que ''El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos en la ley. En los demás debe probarse. En aplicación del principio pro actione la demanda fue admitida por cuanto no cabe duda alguna que lo que pretendió demandar el actor fue la expresión ''sino en los casos especialmente previstos en la ley'', y en consecuencia éste será el texto que se considerará para efectos de la presente decisión. contenidas en el artículo 1516 del Código Civil.

Mediante auto del 16 de diciembre de 2004, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al P. General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista la norma acusada para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor P. de la República, y al P. del Congreso de la República, así como también al Ministro del Interior y de Justicia, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptúen sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.

Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del P. General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. NORMAS DEMANDADAS

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada. Se subraya lo demandado.

'' Código Civil''

(...)

LIBRO CUARTO

De las obligaciones en general y de los contratos

(...)

TITULO II

De los actos y declaraciones de voluntad

(...)

Artículo 1516. Presunción de dolo. El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos en la ley. En los demás debe probarse.

(...)

LA DEMANDA

El demandante afirma que las expresiones ''sino en los casos especialmente previstos en la ley'' contenidas en el artículo 1516 del Código Civil vulneran el artículo 29 de la Constitución Política.

Explica que las expresiones acusadas vulneran dicho texto superior por cuanto la presunción de dolo que con ellas se establece desconoce el mandato constitucional según el cual toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable, especialmente si se considera que ''en materia de responsabilidad el dolo constituye un elemento subjetivo, mismo que es garantía de libertad'' .

Afirma que la presunción de inocencia es una ''garantía constitucional y de Derechos Humanos'' tendiente a evitar la arbitrariedad y por esa razón no puede permitirse la existencia de una ley que establezca que el dolo se presume ''por ser de tal cual forma o tal color o tendencias sexuales, o credo o edad o por vivir en zonas alejadas del epicentro del país o por las razones imaginadas''.

Concluye entonces que: ''(L)a Constitución Política garantiza la presunción de inocencia, por lo tanto el dolo no podrá ser jamás presumido, siempre deberá probarse con medios de prueba que den la certeza de la existencia de éste o en su defecto de la culpa grave, leve o levísima, pero no presumirlo...''.

IV. INTERVENCIONES

  1. Ministerio del Interior y de Justicia

El Ministerio referido a través de apoderado judicial, interviene en el presente proceso y solicita la declaratoria de exequibilidad de las expresiones acusadas, a partir de las razones que a continuación se sintetizan.

El interviniente luego de citar el texto del artículo 66 del Código Civil, afirma que del mismo se puede deducir '' que la presunción consiste en un juicio lógico del legislador, por virtud del cual, dados ciertos antecedentes, considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas de la experiencia que indican el modo normal como el mismo sucede. La presunción se convierte en una guía para la valoración de las pruebas, de tal manera que éstas deben dirigirse a la demostración de la existencia del hecho antecedente...''.

Considera que la existencia de presunciones es un asunto que se relaciona directamente con el aspecto probatorio determinado por un supuesto de hecho, de forma tal que en el caso de las presunciones legales al probarse los antecedentes o circunstancias conocidos, resulta probado el hecho al que se refiere la presunción.

Precisa que: ''...a quien favorece una presunción sólo corresponde demostrar estos antecedentes y circunstancias y la ley infiere de ellos la existencia del hecho presumido, mientras que a la parte que se opone le corresponde demostrar la inexistencia del hecho que se presume o de los antecedentes o circunstancias de donde se infirió''.

Explica que las presunciones legales no vulneran el derecho al debido proceso pues simplemente se limitan a exonerar a una de las partes de la carga de demostrar cierto un hecho o un acto, en aquellos casos en que la experiencia demuestra que normalmente ese acto o hecho ha de ocurrir de una misma manera, y en consecuencia el tema de las presunciones ''se reduce simplemente a un problema de carga de la prueba''. Sobre el particular cita apartes de la sentencia C-388 de 2000.

Así mismo, advierte que una cosa es que la ley asuma que algo es cierto o probable y otra bien diferente que por ese sólo hecho el afectado se tenga por culpable. En esa medida, la presunción legal prevista en la expresión acusada es de aquellas que admite prueba en contrario, y por tanto el simple hecho de que se establezca la presunción de dolo en los casos previstos en la ley, no impide al responsable del hecho que demuestre que no procedió dolosamente.

Finalmente, aclara que: ''...la ley reconoce el derecho a la persona, en contra de la cual se pretende hacer surtir efectos a una presunción, de probar lo contrario. Advirtiendo que, en ejercicio del derecho de defensa, toda persona puede pedir pruebas para desvirtuar una presunción legal que pretende hacerse operar en su contra. Por ello, bajo esta óptica, la norma acusada lejos de vulnerar la Constitución Política, lo que hace es garantizar los derechos fundamentales allí establecidos...''.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Señor P. General de la Nación, allegó el concepto número 3766, recibido el 2 de marzo de 2005, en el que solicita a la Corte declarar exequibles las expresiones acusadas, de conformidad con las siguientes consideraciones.

La Vista Fiscal recuerda que de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del Código Civil, las presunciones no son otra cosa que hechos o situaciones que en virtud de la ley deben suponerse como ciertas siempre que se demuestren las circunstancias previas o hechos antecedentes.

Advierte que la característica importante de las presunciones legales a diferencia de las presunciones de derecho, es que aquellas admiten prueba en contrario y sus efectos reales se remiten al ámbito probatorio, especialmente a la carga de la prueba.

En esos términos, señala que: ''...Las presunciones por estar determinadas previamente por el legislador traen como consecuencia que se libera de la carga de la prueba a quién la alega pues se entiende que por la ocurrencia de los hechos y circunstancias previos previstos en la ley se produce el hecho o la situación presumida, aunque es lógico que en algunas oportunidades sea necesario demostrar que los hechos o circunstancias previas que dan origen a la presunción sí se sucedieron...''. Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-238 de 1997.

Aclara que en el análisis constitucional que ha efectuado la Corte respecto de la facultad que tiene el legislador para crear presunciones, ha dicho que las presunciones legales son constitucionales cuando son razonables y responden a las leyes de la lógica y de la experiencia reiterada y aceptada, y siempre que los bienes jurídicos a que hace referencia la presunción la justifiquen por la importancia que ellos representan persiguiendo un fin constitucionalmente valioso.

En ese entendido, reitera que: ''...el efecto que se deriva de las presunciones legales es específicamente de carácter probatorio y procesal y se refleja en que la carga de la prueba se invierte, lo que de ninguna manera atenta contra el derecho de defensa porque le permite al interesado interponer la prueba en contrario, por lo que no es de recibo pretender establecer que las presunciones legales atentan contra el debido proceso y la presunción de inocencia de la norma constitucional...''. Al respecto cita un aparte de la sentencia C-388 de 2000.

Recuerda, así mismo. que el artículo 63 del Código Civil define el dolo como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otra, lo considera además como uno de los vicios del consentimiento cuando se presenta como una conducta ilícita por parte de alguno de los contratantes con el propósito de inducir a la otra parte del negocio jurídico a error.

En ese sentido, precisa que la regla general es que el dolo no se presume y en esa medida debe probarse en desarrollo del principio de la buena fe previsto en el artículo 769 del Código Civil, de forma tal que quien alegue el dolo tiene la carga de la prueba, sin embargo en algunos casos de manera excepcional, la ley presume el dolo como en el caso de la expresión acusada y de los artículos 1025, 1358 y 2284 del Código Civil.

Señala que: ''...Una de las características del dolo es que generalmente se realiza mediante la materialización de un hecho externo susceptible de ser probado. Cuando el legislador acude a presumir, el dolo, lo que hace es exonerar de la carga de la prueba a quién pretenda alegar el dolo, por verificarse la sola ocurrencia externa de los hechos, circunstancias o antecedentes que comportan la conducta dolosa y representan maniobras mediante las cuales se logra el engaño o la intención positiva de inferir daño a otro o a sus bienes, lo que se aprecia en los artículos citados a manera de ejemplo...''.

Concluye entonces que cualquier presunción de carácter legal no atenta contra el derecho de defensa y el debido proceso, puesto que el interesado puede demostrar que los hechos, circunstancias o antecedentes previstos en las normas que dan origen a la presunción del dolo no ocurrieron, asumiendo así la carga de la prueba derivada de la presunción legal, demostrando precisamente en desarrollo del debido proceso que los hechos o antecedentes fundamentos de la presunción no existen y como tal no se puede tener la conducta como dolosa.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

  1. Competencia

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las expresiones acusadas hacen parte de una Ley de la República.

    La materia sujeta a examen

    Para el actor las expresiones ''sino en los casos especialmente previstos por la ley'' contenidas en el artículo 1516 del Código Civil desconocen el artículo 29 superior por cuanto al señalar que el dolo se presumirá en las circunstancias a que en ellas se alude se atenta contra el principio de presunción de inocencia que reconoce la Constitución.

    El interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia y el señor P. General de la Nación coinciden en afirmar que no asiste razón al actor en relación con la acusación que formula. Hacen énfasis en que i) las presunciones legales simplemente se limitan a exonerar a una de las partes de la carga de demostrar cierto un hecho o un acto, en aquellos casos en que la experiencia demuestra que normalmente ese acto o hecho ha de ocurrir de una misma manera; ii) el efecto que se deriva de las presunciones legales es específicamente de carácter probatorio y procesal y se refleja en que la carga de la prueba se invierte; iii) dado que el interesado puede demostrar que los hechos, circunstancias o antecedentes previstos en las normas que dan origen a la presunción del dolo a que aluden las expresiones acusadas no ocurrieron, en manera alguna se puede entender conculcado el derecho de defensa.

    Corresponde a la Corte examinar en consecuencia si con las expresiones ''sino en los casos especialmente previstos por la ley'' contenidas en el artículo 1516 del Código Civil se desconoce o no el artículo 29 superior.

  2. Consideraciones preliminares

    Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a: i) las presunciones establecidas en la ley y su alcance en la jurisprudencia constitucional; y ii) el contenido y alcance de la norma en que se contienen las expresiones acusadas, que resultan pertinentes para el análisis del cargo planteado en la demanda.

    3.1 Las presunciones establecidas en la ley y su alcance en la jurisprudencia constitucional

    Esta Corporación ha recordado de manera reiterada Ver entre otras las sentencias C-015/93 M.P.E.C.M., C-105/95 M.P.A.M.C., C-540/95 M.P.J.A.M., C-238/97 M.P.V.N.M., C-622/98 M.P.F.M.D., C-388/00 M.P.E.C.M. C-243/01 M.P.R.E.G., Su-1023/01 M.P.J.C.T., C-374/02 y C-389/02 M.P.C.I.V.H., C-423/02 M.P.Á.T.G.C.-778/03 M.P.J.A.R. que las presunciones previstas en la ley son mecanismos procesales mediante los cuales de un hecho conocido se deduce un hecho desconocido que guarda con el primero una relación de necesidad física o lógica. Así por ejemplo de la época del nacimiento se colige la de la concepción (Art. 92 Código Civil) y el hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre al marido (Art. 214 ibídem) Sentencia C-778/03 M.P.J.A.R...

    Al establecer una presunción, el legislador se limita a reconocer la existencia de relaciones lógicamente posibles, comúnmente aceptadas y de usual ocurrencia, entre hechos o situaciones jurídicamente relevantes, con el fin de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos Sentencia C-388/00 M.P.E.C.M.. .

    Ahora bien, con base en el grado de probabilidad o de certeza de la mencionada relación y la posibilidad o no de admitir prueba en contrario ha explicado la Corte que el artículo 66 del Código Civil ''Artículo 66- Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.

    Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal.

    Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias.

    Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias''. se refiere a dos clases de presunciones: las presunciones simplemente legales -iuris tantum- y las presunciones de derecho -iuris et de iure-

    La existencia de presunciones, ha señalado así mismo la Corporación, es asunto que toca de lleno con el aspecto probatorio de determinado supuesto de hecho. En efecto, al probarse los antecedentes o circunstancias conocidos, resulta probado el hecho al cual se refiere la presunción. Así pues, a quien favorece una presunción sólo corresponde demostrar estos antecedentes o circunstancias y la ley infiere de ellos la existencia del hecho presumido y del derecho consecuente, correspondiéndole a la parte que se opone demostrar la inexistencia del hecho que se presume o de los antecedentes o circunstancias de donde se infirió, si la presunción es simplemente legal, o solamente la inexistencia de estos últimos, si la presunción es de derecho Sentencia C-238/97 M.P.V.N.M...

    La Corte ha señalado que las presunciones establecidas por el Legislador no pueden considerarse en principio como violatorias del debido proceso y en particular del derecho de defensa. Ha señalado, no obstante, que para que una presunción legal resulte constitucional es necesario que la misma sea razonable -es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia-, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el mencionado fin.

    Al respecto la Corte señaló lo siguiente en la Sentencia C-388 de 2000 donde analizó la presunción establecida en materia de ingresos del alimentante en el artículo 155 del Decreto 2737 de 1997 ''por el cual se expide el Código del Menor''.

    ''(A)l, al beneficiar a una de las partes, la ley que establece la presunción termina por afectar a la parte contraria, que resulta finalmente compelida a demostrar la inexistencia del hecho presumido, bien directamente, ora desvirtuando los llamados hechos antecedentes. Por esta razón, un sector de la doctrina ha entendido que las presunciones tienen el efecto procesal de invertir la carga de la prueba.

    En las condiciones anotadas, es pertinente preguntarse si la distribución de las cargas procesales que se produce en virtud de la existencia de una determinada presunción legal, lesiona los derechos a la igualdad y al debido proceso - en particular el derecho de defensa y la presunción de inocencia - de la parte procesal que resulta finalmente afectada por la presunción.

  3. Como lo ha aceptado esta Corporación, la existencia de las presunciones legales no compromete, en principio, el derecho al debido proceso Sobre la legitimidad constitucional de las presunciones pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-015/93 (MP E.C.M.); C-109/95 (MP A.M.C.); C-540/95 (MP J.A.M.); C-238/97 (MP V.N.M.); C-622/97 (MP F.M.D.); C-665/98 (MP H.H.V.. . En efecto, nada obsta para que el legislador, con el fin de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes y de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos, respetando las reglas de la lógica y de la experiencia, establezca presunciones legales. En estos casos, la ley reconoce la existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes, comúnmente aceptadas, para elevarlas, por razones de equidad, al nivel de presunciones.

    En otras palabras, la razonable correspondencia entre la experiencia - reiterada y aceptada -, y la disposición jurídica, así como la defensa de bienes jurídicos particularmente importantes, justifican la creación de la presunción legal y la consecuente redistribución de las cargas procesales. Si bien, en principio, los sujetos procesales están obligados a demostrar los hechos que alegan como fundamento de su pretensión, lo cierto es que, en las circunstancias descritas y con el fin de promover relaciones procesales más equitativas o garantizar bienes jurídicos particularmente importantes, el legislador puede invertir o desplazar el objeto de la prueba. Es por lo anterior que un segmento importante de las presunciones legales tiende a corregir la desigualdad material que existe entre las partes respecto del acceso a la prueba y a proteger la parte que se encuentra en situación de indefensión o de debilidad manifiesta.

    Ahora bien, resulta evidente que el legislador no puede establecer presunciones que no obedezcan a las leyes de la lógica o de la experiencia, o que no persigan un fin constitucionalmente valioso. Ciertamente, cuando las presunciones aparejan la imposición de una carga adicional para una de las partes del proceso, es necesario que las mismas respondan, razonablemente, a los datos empíricos existentes y que persigan un objetivo que justifique la imposición de la mencionada carga. De otra manera, se estaría creando una regla procesal inequitativa que violaría la justicia que debe existir entre las partes y, en consecuencia, el derecho al debido proceso del sujeto afectado.