Sentencia de Tutela nº 1201/05 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43624123

Sentencia de Tutela nº 1201/05 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2005

Ponente:Alfredo BeltráN Sierra
Fecha de Resolución:24 de Noviembre de 2005
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Concedida
RESUMEN

Derecho al debido proceso, petición, garantia de acceso a la administración de justicia y el principio de igualdad de sociedad en conflicto por la declaratoria de cesación de funciones del tribunal de arbitramento por vencimiento de plazo estipulado en la ley sin proferir el correspondiente laudo arbitral y en consecuencia sin decidir la solucion al conflicto. Solicita se ordene al tribunal de arbitramento restablecer los terminos y proferir el laudo. La consolidada jurisprudencia de la corte señala que cuando la interpretación judicial de una norma no desborde el limite de lo razonable, la mera divergencia interpretativa o la sola inconformidad de las partes afectadas con la decision judicial no resulta suficiente para configurar un cargo de via de hecho. Para la sala si bien lo deseable seria que todo tribunal de arbitramento finalizara profiriendo el laudo correspondiente, es evidente que no siempre esto ocurre. En el presente caso no se demostro la existencia de una via de hecho en el proceso judicial. Negada

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia T-1201/05

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia excepcional

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Improcedencia cuando no se evidencia la existencia de perjuicio irremediable

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-La sola inconformidad de las partes afectadas con la decisión, no resulta suficiente para configurar una vía de hecho

ACCION DE TUTELA-Improcedencia para revivir términos

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO-Una vez llegado el plazo legal pierde competencia para continuar actuando

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO-Si no es proferido el laudo arbitral por vencimiento del término se puede acudir a la jurisdicción ordinaria

ACCION DE TUTELA-Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial

ACCION DE TUTELA-Improcedencia para dirimir conflictos de carácter económico

HONORARIOS DE ARBITRO-Pueden ser cobrados, así no se haya proferido el laudo arbitral

ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO-Los demandados terminaron el proceso, por vencimiento del término, sin proferir el respectivo laudo arbitral.

Referencia: expediente T-1171349

Acción de tutela instaurada por N.L.. contra los miembros del Tribunal de arbitramento que se integró para dirimir el conflicto suscitado entre N.L.. y P.L..

Magistrado Ponente :

Dr. A.B. SIERRA.

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil cinco (2005).

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

en el proceso de revisión del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 17 de junio de 2005, en la acción de tutela presentada por N.L.. contra los árbitros que integraron el Tribunal de arbitramento para dirimir el conflicto suscitado entre N.L.. y P.L.. Los árbitros son M.C.M.S., E.C.B. y D.M.J..

El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de la Corte, en auto de fecha 26 de agosto de 2005 eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia.

I. ANTECEDENTES

N.L., a través de apoderado, presentó acción de tutela el 20 de abril de 2005 ante el Tribunal Superior de Bogotá, en contra de los árbitros del Tribunal de arbitramento, nombrado por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que N.L. era la parte convocante y P. Ltda era la parte convocada. Considera el actor que los árbitros incurrieron en una o varias vías de hecho, lo que implicó el desconocimiento de los artículos 13, 29, 116, 228, 229, 23 y 230 de la Constitución, pues, los demandados terminaron el proceso arbitral sin proferir la solución al conflicto. Es decir, sin producir el laudo correspondiente.

1. Hechos.

Los hechos que expone el actor en el escrito de tutela, se tratan de resumir a continuación, conservando el orden en el que fueron presentados y las observaciones que hace el demandante a los mismos :

Los árbitros M.C.M.S., E.C.B. y D.M.J. fueron designados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. En auto de fecha 18 de agosto de 2004 se declararon competentes para conocer y resolver las diferencias surgidas entre N. Ltda y P. Ltda.

En el trámite del proceso arbitral, la empresa P. Ltda interpuso una acción de tutela contra la decisión de los árbitros de declarar extinguidos los efectos de la cláusula compromisoria pactada por las partes, en razón de la demanda de reconvención que P. promovió contra N..

Esta acción de tutela prosperó a favor de P.. En sentencia de segunda instancia, de fecha 10 de febrero de 2005, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resolvió amparar los derechos al debido proceso y defensa de la sociedad P.L., que fueron vulnerados por el Tribunal de arbitramento de declarar extinguida la cláusula compromisoria en virtud de la demanda de reconvención. Por consiguiente, el juez de tutela le ordenó al Tribunal ''que dentro del término de cinco (5) días contados a partir del momento en que tenga conocimiento de lo aquí resuelto, y tras dejar sin valor ni efecto la decisión que negó el trámite de la demanda de reconvención y declaró extinguidos los efectos de la cláusula compromisoria, en cuanto a ella se refiere, así como la actuación que de ella dependa, proceda a adoptar la que corresponda, en un todo de acuerdo con los lineamientos que se han dado expuestos en esta providencia.'' (copia de esta sentencia la aportó el actor y obra en el expediente a folios 9 a 29, con 2 salvamentos de voto)

El Tribunal de arbitramento acusó recibo de la decisión de tutela de la Corte Suprema de Justicia el día 14 de febrero de 2005. En acatamiento de este fallo, por Auto 59 del 14 de febrero de 2005, el Tribunal ordenó seguir adelante con el proceso arbitral, decisión que fue recurrida por P.L., sin que tal recurso prosperara.

A juicio del demandante de la actual tutela, el Tribunal debía, entonces, fallar tanto las pretensiones de la demanda principal como las de reconvención.

Mediante Auto 61 del 14 de febrero de 2005, el Tribunal se pronunció sobre las pruebas solicitadas por las partes dentro de la demanda de reconvención y en la contestación de la misma.

El 21 de febrero de 2005, P. propuso la nulidad de todo lo actuado entre el 14 y el 21 de febrero de 2005, solicitud que fue resuelta por Auto 67 del 25 de febrero, negando la petición de nulidad. Decisión que también fue recurrida por P., sin que fuera aceptado el recurso.

De este resumen de lo acontecido en el proceso arbitral, para el demandante de esta tutela es de especial importancia en la determinación de la vía de hecho en que incurrieron los árbitros, lo expresado en el Auto 68 del 25 de febrero de 2005, en la que consta que la ''oportunidad procesal que echa de menos el recurrente precluyó en la audiencia del día 14 de febrero de 2005 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil aplicable a este asunto.'' (fl. 72)

En Auto 70, el Tribunal citó a las partes a audiencia de conciliación respecto de la demanda de reconvención para el 28 de febrero de 2005, a las 11 a.m. P. a las partes que si no había conciliación total o parcial, a continuación se recibirían los alegatos de conclusión del proceso. Sin embargo, esta audiencia no se llevó a cabo porque, en opinión de N., el Tribunal tuvo como suficiente la excusa recibida vía fax de uno de los cuatro representantes legales de P., sin que se hubiese acreditado siquiera sumariamente como lo exige la ley, la causa justificada de su inasistencia. N. presentó recurso contra esta decisión, recurso que fue desestimado.

Señala el demandante que en la misma fecha, P. presentó un escrito de reforma a la demanda de reconvención, y en la misma fecha, la misma sociedad presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un incidente de desacato contra el Tribunal de arbitramento, pues, para P. la decisión de tutela implicaba que el proceso arbitral debió llegar a su fin, y esto no lo cumplieron los árbitros.

El Tribunal de arbitramento, en Auto 74 del 7 de marzo de 2005, declaró de oficio la nulidad de los autos 61 y 70, el primero de los cuales había decretado las pruebas de la demanda de reconvención y, el segundo, había citado a audiencia de conciliación y de alegatos de conclusión. Explicó el Tribunal en este Auto 74 que, en algunas ocasiones hay tomar determinaciones aunque no estén expresamente previstas en la ritualidad del proceso. De esta decisión del Tribunal, N. concluye que para los árbitros demandados es posible adoptar las determinaciones que mejor convienen a la buena marcha del proceso y, sin embargo, señala el actor, en los Autos 84 y 85 hicieron caso omiso a sus propias consideraciones.

A renglón seguido, el demandante pone de presente la contradicción que en su opinión existe entre los Autos 68 y 75, pues, en el primero, de fecha 25 de febrero de 2005 se dijo que la oportunidad para reformar la demanda de reconvención había precluído desde el 14 de febrero de 2005, y en el segundo, el Auto 75, de fecha 7 de marzo de 2005, se admite la reforma de la demanda de reconvención.

En términos del demandante, esta contradicción puso ''en evidencia el marcado desatino cometido contra la parte a la cual represento, contradicción que, dicho sea de paso, marcó el principio del fin del proceso como quiera que, al llevarse de calle su propia decisión materializada en el Auto No. 68, nada podía esperarse ya de los accionados como para pensar que su actividad se ceñirá a los preceptos legales y no los desbordaría de la forma tan grave como finalmente terminó sucediendo.'' (fl. 73, punto 24)

Así las cosas, consideró el demandante que ante la inminente preclusión del plazo de duración del proceso arbitral, que según él, ocurriría el 22 de marzo de 2005, renunció al término de traslado de la demanda de reconvención, renuncia que le permitió al Tribunal revocar el Auto 78 y proferir el nro.79 del 7 de marzo de 2005, por medio del cual se citó a las partes para audiencia de conciliación el día 14 de marzo de 2005. En Auto 80, el Tribunal aclaró que la citación a audiencia de conciliación no la hacía con fundamento en el artículo 430 del C. de P.C., sino en el 43 de la Ley 640 de 2001.

Advierte el actor que con fechas 2 y 11 de marzo de 2005, se dirigió al Tribunal mediante memoriales donde expresó su inconformidad con decisiones, en su concepto contradictorias, relacionadas con el desenvolvimiento del proceso. Y, sin embargo, tales memoriales no fueron respondidos.

El 14 de marzo de 2005, fecha señalada para realizar la audiencia de conciliación respecto de la demanda de reconvención, tal audiencia fue suspendida por los árbitros para continuarla el 18 de marzo del mismo año. Las razones que esgrimió el Tribunal para la suspensión, en concepto del demandante, fueron injustificadas, y sólo obedecieron a un memorial del apoderado judicial de P..

El 18 de marzo de 2005, los árbitros profirieron el Auto 83, en el que sostuvieron que la audiencia citada era con fundamento en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 y no el 101 del C. de P.C., y prosiguieron a agotar la etapa de conciliación, declarándola fracasada.

En la misma fecha el Tribunal profirió el Auto 84, mediante el cual el Tribunal declaró la cesación de funciones por vencimiento del plazo legal. En concepto del demandante, esta providencia constituye el más grave atropello de las garantías constitucionales de las partes.

Respecto de esta decisión, el actor señaló :

''32. Más adelante y en la misma fecha, el Tribunal profirió el Auto No. 84, cuyas consideraciones y resolución constituyen el más grave atropello de las garantías constitucionales de ambas partes, según a continuación se sintetiza : como consideraciones, los árbitros expresaron no tener facultades para prorrogar el proceso ni para suspenderlo, lo cual no escapa al conocimiento de nadie; indicaron, conforme al informe del secretario, que el trámite del proceso precluía el sábado 19 de marzo y no el siguiente día hábil como era forzoso entenderlo de acuerdo con la ley, por tratarse de un término de meses; y admitieron, por último, que para esa fecha aún ''... se encuentran varias actuaciones procesales pendientes por surtir y términos que cumplir, que hacen imposible proferir el laudo antes del vencimiento del plazo.''

33. La parte resolutiva el Auto 84, en lo pertinente dispuso que los árbitros cesaban en sus funciones a partir del sábado 19 de marzo de 2005; ordenó el depósito del expediente ante el centro administrador del trámite, e, insólitamente, ordenó la auto aplicación por parte de los árbitros y también al secretario, de la sanción prevista en el inciso segundo del artículo 168 del Decreto 1818 de 1998, de manera tal que los árbitros y el secretario conservaron para sí la primera mitad de los honorarios decretados a su favor y dispusieron la devolución de la segunda mitad a las partes; de igual manera los árbitros declararon en el numeral 5 del Auto No. 84, que se sustraerían de su deber de resolver sobre el memorial del 11 de marzo de 2005 presentado por N. a su consideración.'' (fl. 74, punto 32)

Contra esta decisión, la sociedad en mención interpuso recurso de reposición que fue desestimado, en Auto 85 de la misma fecha, que se constituyó en la última actuación de los árbitros.

El actor llama la atención que para el 18 de marzo de 2005, se encontraba en trámite el incidente de desacato promovido por P. contra el Tribunal de Arbitramento. Incidente del cual posteriormente P. desistió.

Califica como inexcusable el error de los árbitros de considerar que ''un término de meses puede precluir en un día inhábil y toda vez que rectamente aplicada la ley el término del proceso arbitral cuando menos debía extenderse hasta el 22 de marzo, por escrito radicado en la secretaría del Tribunal el lunes 21 de marzo de 2005, solicité la nulidad de lo actuado el 18 de marzo de 2005, escrito que, junto contra (sic) otras peticiones que adelante indicaré, no fue objeto de ningún trámite ni pronunciamiento por parte de los accionados.'' (fl. 75)

De los hechos narrados, el actor señala que la violación de derechos fundamentales ocurre así :

La violación del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta, porque en razón de la errática interpretación del alcance de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la acción de tutela fallada a favor de P. implicó que la justicia reclamada por N. en la demanda principal, nunca fue dispensada, no obstante haber asumido todas las cargas procesales y económicas inherentes al proceso arbitral.

El desconocimiento del artículo 29 de la Constitución, respecto del debido proceso se presentó porque los árbitros se sustrajeron injustificadamente del deber de administrar justicia entre las partes y de fallar. No resolvieron los memoriales presentados por la sociedad N., ni la solicitud de nulidad presentada el 21 de marzo de 2005, ni sobre la expedición de copias.

Además, la conducta de los árbitros de conservar la mitad de los honorarios, no sólo es impresentable sino que vulnera el debido proceso, porque conduce a las partes a la situación de haber asumido unos honorarios legales, sin haber cumplido con el deber de administrar justicia.

También vulnera el debido proceso el hecho de que habiendo transcurrido 16 meses de actividad del impulso del trámite arbitral y de haber asumido los costos económicos, para las partes ''no hay certeza sobre cuál es el juez de sus diferencias, si el permanente de la jurisdicción civil o el transitorio de la arbitral.'' (fl. 76)

La violación del artículo 116 de la Carta ocurre porque los árbitros no obstante tener las mismas cargas, deberes, atribuciones y responsabilidades de los jueces, deben dictar sentencia, lo que no ocurrió en este caso, ni se observaron los términos legales.

Se desconoció la garantía de la prevalencia del derecho sustancial contenida en el artículo 228 de la Constitución, pues consta en el Auto 85 que entre el 14 de febrero y el 18 de marzo de 2005, el Tribunal profirió 27 Autos, todos relacionados con la orden del juez de tutela. Autos incompletos, contradictorios y nocivos de los derechos de las partes. Entonces si ''a nadie le resulta válido alegar la ignorancia de la ley como excusa, la ignorancia inexcusable de la ley de los árbitros en su condición de jueces, necesariamente tiene que tener alguna consecuencia de orden constitucional, legal o, al menos, disciplinario''. Teniendo en cuenta, además, la posición de los árbitros sobre la duración del proceso arbitral.

La vulneración del artículo 23, para el demandante ocurrió porque el Tribunal no dio respuesta a las peticiones de la sociedad N..

Lo propio sucedió con la violación del artículo 229 de la Carta, ya que se negó el acceso a la administración de justicia, pues las partes no han obtenido la solución de sus pretensiones. Y el artículo 230 de la Constitución se vulneró porque se desconoció que los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley. En este caso hubo desatención del Código del Régimen Político y Municipal y del artículo 829 del Código de Comercio, sobre la fecha del vencimiento del plazo.

De lo narrado, el demandante le solicita al juez de tutela lo siguiente :

''Petición :

''Con fundamento en los antecedentes, disposiciones legales y constitucionales hasta aquí invocados solicito que se conceda el amparo constitucional previsto en el artículo 86 de la Carta y se tutelen las garantías y derechos fundamentales que los accionados desconocieron en perjuicio de mi poderdante y también de la Sociedad P., y como consecuencia de accederse a estas solicitudes, con el fin de restablecer el equilibrio que aquí se ha roto gravemente, se disponga el restablecimiento inmediato del término del proceso, se obligue a los accionados a cumplir su deber constitucional y legal de administrar justicia en los términos y bajo las condiciones que el Tribunal Superior de Distrito de Bogotá considere los más adecuados para el inmediato y urgente restablecimiento de los derechos constitucionales fundamentales de los sujetos del proceso.

Igualmente solicito que el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá tome las medidas disciplinarias que considere conducentes frente a la conducta de los accionados, que se pronuncie en forma expresa sobre la conducta de los mismos en punto a los honorarios y gastos del proceso y que si a bien lo tiene ponga los hechos aquí denunciados en conocimiento de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.'' (fl. 79)

Adicionalmente, pide la adopción de medidas provisionales, conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991.

Adjuntó documentos pertinentes a esta acción, entre otros, copia de la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, copia de la audiencia del 18 de marzo de 2005, de algunas Actas (fls. 1 a 82 del cuaderno principal)

2. Trámite procesal.

El 21 de abril de 2005, el Tribunal Superior de Bogotá admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar a cada uno de los integrantes del Tribunal de arbitramento, al secretario del mismo y al representante legal de la sociedad P., de la iniciación de esta acción.

3. Respuesta de los árbitros M.C.M.S., D.M.J. y E.C., miembros del Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir las diferencias entre N. y P..

Los demandados en un solo escrito se opusieron a esta acción de tutela. Señalaron que la mejor respuesta a esta acción está contenida en los Autos 84 y 85 del 18 de marzo de 2005. Además, esgrimieron las siguientes razones puntuales que resulta pertinente transcribir :

''1. El término legal de seis (6) meses para proferir el laudo hecho objetivo e incontrovertible, venció el 19 de marzo de 2005, aunque el tutelante equivocadamente sigue considerando que era el día 22 de marzo del mismo año. Los árbitros resolvieron en Auto No. 84 del día viernes 18 de marzo ''Declarar la cesación de funciones del Tribunal para conocer del presente proceso arbitral, a partir del día 19 de marzo de 2005, por vencimiento del plazo legal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167, numeral 5º del decreto No. 1818 de 1998'' porque en el día que faltaba no podía surtirse toda la actuación procesal pendiente de cumplirse sin lesionar el derecho de defensa de las partes, ya que faltaba, por ejemplo, audiencia de conciliación, práctica de las pruebas relacionadas con la reconvención y alegatos de conclusión. Así tuviera razón el accionante, que consideramos que no la tiene, sobre el vencimiento del plazo para fallar, en ese día hábil, como ya se dijo, no se podía surtir la actuación procesal. Siendo ello así, la restitución del término de un día pedida bajo la acción de tutela carece de utilidad.

2. Estudiadas las causales constitucionales invocadas por el accionante no consideramos que ellas sirvan de base para el decreto de tutela solicitado pero no entramos a controvertirlas en detalle puesto que las providencias por el extinguido Tribunal se explican por sí solas y por lo tanto dejamos a la sabiduría de ese Despacho su análisis.

3. En cuanto al tema de los honorarios a que se refiere el tutelante, el inciso 2º del artículo 167 del decreto 1818 de 1998 dispone que ''Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus honorarios cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del término fijado en el proceso o el de su prorroga, sin haberse expedido el laudo'', razón por la cual en el numeral 4 de la parte resolutiva del Auto No. 84 se resolvió ''Devolver a las partes en igual proporción, la segunda mitad de los honorarios a los árbitros y del secretario y el saldo de la partida de gastos que no se utilizó, junto con sus rendimientos ...''. Esta precisa decisión del Tribunal no fue protestada por el apoderado de la convocante, hoy tutelante, ni contra ella presentó recurso alguno, limitándose a decir, ''... pues ni que decirlo de la provisión que atañe a la devolución de una parte de los honorarios, eso no es una preocupación de nosotros por lo menos, no se, si de mi contraparte.''

4. (...)'' (fls. 164 y 165)

Acompañaron a este escrito copia de las Actas nros. 26 a 32, que contienen las audiencias y decisiones proferidas dentro de ellas.

4. Respuesta del señor R.A.D., secretario del Tribunal.

El señor A. manifestó que sólo fue secretario del Tribunal de arbitramento de Nikoday Ltda. contra P.L.. y en tal calidad no le corresponde dar ninguna explicación sobre las providencias de los árbitros, quienes son sus autores. (fl. 166)

5. Respuesta del Gerente General de P. Ltda.

El señor J.R.M.B. explicó que la acción de tutela anteriormente fallada de P. contra el Tribunal de arbitramento tuvo origen en una recomendación de N., como se ve en el Acta 18, página 4. Afirma que N. contribuyó eficazmente al vencimiento del plazo del tribunal de arbitramento. Para tal efecto, adjunta copia de la comunicación del 18 de marzo de 2005. Afirma que el plazo para proferir el laudo venció el 18 de marzo de 2005 y no el 19 como equivocadamente lo informó el secretario del Tribunal. Sobre este punto, contabiliza las fechas y el término en que estuvo suspendido el proceso. Acompañó copia de las Actas y de la comunicación que le dirigió al Tribunal de arbitramento, de fecha 18 de marzo de 2005, en el que se opone a la manifestación en el sentido de que P. dilato injustificadamente el trámite arbitral. (fls. 167 a 171)

4. Sentencia de primera instancia.

En sentencia de fecha 4 de mayo de 2005, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá denegó la tutela pedida.

Consideró que no encuentra que el Tribunal de arbitramento hubiere tomado unas decisiones que se aparten directamente de la ley. Las actuaciones no dependen únicamente de lo decidido por los árbitros, sino que son las previstas en la ley. No puede, entonces, exigirse a los árbitros que bajo ningún pretexto, procedan a proferir laudo o cualquier otra decisión por fuera de los perentorios términos prescritos para la expiración de su competencia. Lo propio sucede en materia de honorarios, pues es la ley la que establece la sanción para estos casos y sea o no justa la disposición, no corresponde a violación del debido proceso.

El juez constitucional no puede entrar a emitir órdenes contra legem, salvo cuando aparece una norma abiertamente inconstitucional, que no es el caso.

Considera que tampoco puede entrar a valorar la interpretación de los árbitros para la reforma de la demanda y la manera como deben contabilizarse los términos, en virtud del respeto a la independencia judicial, sin intromisiones ni valoraciones por fuera del proceso mismo, ya que no es función del juez de tutela convertirse en otra instancia judicial.

Para el Tribunal Superior, con esta acción de tutela se quiere plantear una inconformidad contra las decisiones y actuaciones del Tribunal de arbitramento, criticando la interpretación de las normas procesales en cuanto a términos y plazos para la reforma de la demanda, para proferir el laudo y las consecuencias de no haber llegado a decisión judicial, aduciendo que la vía de hecho consiste en la interpretación errónea que los árbitros le dieron a la ley. Considera que si bien es cierto que en este caso el Tribunal obró bajo el apremio de una sentencia de tutela anterior, proferida por la Corte Suprema de Justicia, ahora no es posible entrar a definir si se cumplió o no lo ordenado por la Corte, ya que se trata de hechos diferentes, y no es competencia de este juez de tutela entrar a valorar tales órdenes, ni la verificación de su cumplimiento o incumplimiento. Ni tampoco puede emitir órdenes que desconozcan la autonomía de los árbitros, que en este caso son jueces.

Precisó que la acción de tutela no es una instancia adicional y sólo procede por vía de excepción por hechos de arbitrariedad burda, como por ejemplo, la falta de motivación o de valoración directa de las pruebas, cuando se ha abandonado totalmente la juridicidad, pero no cuando simplemente el actor pretende que se le valoren nuevamente las situaciones jurídicas que no le prosperaron en las otras instancias.

En el presente caso, examinadas las copias de la actuación, sin entrar en el fondo del contenido, el Tribunal encontró que las decisiones se encuentran debidamente motivadas dentro de los parámetros válidos para la sana critica, lo que implica que no hay actuaciones arbitrarias o de hecho.

5. Impugnación.

Esta decisión fue impugnada por el demandante, en concreto por no compartir su motivación, por su pobreza jurídica y por no haberse pronunciado en los puntos que para el actor eran sustanciales de la demanda. Retoma puntos expuestos en el escrito de tutela.

6. Sentencia de segunda instancia.

En sentencia de fecha 17 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil confirmó la providencia del Tribunal que denegó la tutela. Observó que si bien los términos de la impugnación no fueron muy comedidos, el reclamo del impugnante se centró en la omisión de pronunciamiento del juez de primera instancia en puntos como la denegación de justicia, que no hubo pronunciamiento completo sobre quejas por falta de resolución, ni sobre los escritos de fechas 2, 11 y 21 de marzo de 2005, ni a los plazos judiciales.

En las consideraciones, la Corte analizó asuntos concernientes al pacto arbitral, a la función temporal de los árbitros para administrar justicia, lo que tiene respaldo constitucional y legal, a las características del arbitramento, a la naturaleza temporal y pública de la función jurisdiccional, al principio de habilitación, lo que implica que sin acuerdo de las partes directamente involucradas en la controversia, no es posible abrirle paso a la integración y funcionamiento de un tribunal de arbitramento. Señaló que

''la temporalidad es, pues, una particularidad o signo definitorio y emblemático del arbitramento, a diferencia de lo que acontece con los jueces del Estado, quienes ejercen jurisdicción en forma permanente y sistemática (art. 228 C.P., y sin necesidad de que las partes, ex ante o a posteriori, los faculten o autoricen para pronunciarse sobre un determinado litigio, o para hacerlo en determinado lapso de tiempo, pues el ámbito de su competencia está prefijado en la ley, muy al contrario de lo que sucede con los árbitros, que no sólo deben ceñirse estrictamente a los términos del pacto arbitral, su carta de navegación, sino que deben proferir el laudo respectivo dentro del preciso marco temporal que los litigantes les han señalado. Al fin y al cabo, como lo precisa la doctrina, en torno al tempus arbitral, ''la existencia de un plazo al que deben ajustarse los árbitros en el desempeño de su actividad, constituye toda una garantía para las partes de obtener la solución de un conflicto sin dilaciones indebidas, economía y eficacia''(A.M.C.G. Los principios procesarles en el arbitraje)'' (fls.