Sentencia de Tutela nº 1275/05 de Corte Constitucional, 6 de Diciembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43624197

Sentencia de Tutela nº 1275/05 de Corte Constitucional, 6 de Diciembre de 2005

Ponente:Humberto Antonio Sierra Porto
Fecha de Resolución: 6 de Diciembre de 2005
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Concedida
RESUMEN

Derecho de los niños y la protección a la familia y derecho a restaurar y consolidar lazos familiares de interno recluido en la penitenciaria de alta y mediana seguridad de giron, condenado por homicidio agravado, y a quien pese a las peticiones formuladas para su traslado al establecimiento penitenciario y carcelario de neiva, para que pueda ser visitado por sus tres hijos, no ha obtenido respuesta al respecto. Solicita se ordene el traslado al establecimiento penitenciario y carcelario de neiva para que pueda ser visitado por sus hijos quienes se encuentran bajo el cuidado de la abuela por haber sido abandonados por la madre. Los derechos fundamentales de los niños gozan de una especial protección tanto en el orden jurídico interno como en el ámbito internacional. La garantía que el orden jurídico constitucional les otorga a los niños es extensa. Se encuentra plasmada en distintos preceptos constitucionales y en especial en el artículo 44 superior. La protección que le otorga el orden constitucional a la familia (artículo 42 superior) se proyecta de manera especial en casos específicos como el de los niños y el de los reclusos. El amparo a la familia derivado de lo dispuesto en el artículo 42 superior se proyecta de modo especial sobre la situación de los reclusos. Los derechos fundamentales de los reclusos. La resocialización como meta principal de la política carcelaria. La lejanía en que se encuentran de su padre y la carencia de recursos económicos para poder ir a visitarlo, impide que puedan reestablecer unos lazos familiares seriamente debilitados. Concedida

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia T-1275/05

LEGITIMACION POR ACTIVA-Cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de los niños

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO-Protección constitucional

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Alcance

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Objeto

DERECHOS DE PROTECCION DEL MENOR-Medidas de carácter fáctico y normativo

DERECHO A LA FAMILIA-Protección constitucional especial

FAMILIA-Importancia en el desarrollo y protección de los menores

La familia desempeña, por lo general, un papel fundamental en el desarrollo y protección de los menores. Son los nexos familiares los primeros que se construyen y a partir de los mismos se apropian niñas y niños del lenguaje, construyen su propio mundo y comienzan a relacionarse con el mundo que los rodea. Gran parte de la autoestima de los menores y de la seguridad en sí mismos depende de la forma como se tejan los vínculos familiares. Un niño rodeado del amor y del bienestar que le pueda brindar su familia suele ser un niño abierto a los demás y solidario. De ahí la necesidad de procurar un ambiente propicio para que los vínculos familiares se construyan con fundamento en condiciones positivas para el desarrollo integral de las niñas y de los niños y de ahí también la importancia que le confiere la Constitución a la protección de la familia.

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO-Límites razonables y proporcionales/DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO-Condiciones mínimas de existencia

DERECHOS DEL INTERNO Y RELACIONES CON LA FAMILIA

TRATAMIENTO PENITENCIARIO-Objetivo

READAPTACION SOCIAL DEL INTERNO-Contacto con sus familiares

La reforma y readaptación social de los reclusos sería imposible si se priva al interno del contacto necesario y constante que debe tener con sus familiares y allegados. En este sentido, la Corte ha expresado que: ''la familia es el único referente seguro de libertad con el que cuentan las personas recluidas, la mejor forma de mantener contacto con la sociedad y con el mundo fuera del penal'', ante todo, por cuanto ''constituye el centro de los vínculos afectivos más importante y duradero, lo cual le permite al recluso sobreponerse a sus condiciones de penuria y guardar esperanzas para la libertad.''

AUTONOMIA DEL MENOR-Relevancia

La jurisprudencia de la Corte Constitucional le ha otorgado especial relevancia a la autonomía de los menores y a la necesidad de que los menores sean escuchados cuando se trata de adoptar aquellas decisiones que han de afectarlos. La situación trágica en que se encuentren los menores no trae como consecuencia la negación de su libertad y menos pasar por alto la necesidad de solicitar su consentimiento cuandoquiera que sus derechos fundamentales se vean vulnerados o amenazados de vulneración.

DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Inaplicación del artículo 75 del Código C. y Penitenciario/DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Traslado de interno cerca de donde residen sus hijos

El artículo 75 enumera las causales que dan lugar al traslado de internos y, en efecto, las razones familiares no están previstas allí, al menos no de manera expresa. No obstante, estima la Corte que en el caso concreto es preciso inaplicar el artículo 75 y solicitar el traslado inmediato del recluso a una cárcel ubicada en un lugar cercano al sitio donde residen sus hijos. Solo de esta forma podrán ampararse de manera efectiva los derechos constitucionales fundamentales de los menores. Únicamente de este modo se ofrecerá la opción a los niños de reestablecer el contacto con su padre y se dará oportunidad al padre de reanudar el contacto con sus familiares y allegados, contacto éste, que, como vimos, es clave en el proceso de crecimiento integral de los niños en todos los aspectos de su vida y es también significativo en la preparación del recluso para vivir el día de mañana su vida en libertad.

Referencia: expediente T-1164057

Acción de tutela instaurada por A.B.S. contra el Instituto Nacional Penitenciario y C. - INPEC - .

Magistrado Ponente:

Dr. H.A.S. PORTO.

B.D.C., seis (6) de diciembre de dos mil cinco (2005).

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados C.I.V.H., Á.T.G. y H.A.S.P., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

En el proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pitalito

I. ANTECEDENTES

La actora, A.B.S., interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y C. - INPEC - .

Sustenta su acción de tutela en los siguientes hechos:

Hechos

  1. - La peticionaria tiene 65 años de edad, es viuda, muy pobre y obra en representación de sus tres nietos menores de edad.

  2. - Sostiene que el 14 de agosto de 2003 capturaron a su hijo, R.S., quien fue condenado por homicidio agravado a pagar 25 años de prisión, luego redosificado a 13 años de prisión.

  3. - Afirma que luego de capturado el señor S., la esposa de su hijo ''fue dejando en completo abandono a sus pequeños niños''. Hoy no se tiene noticia alguna acerca del paradero de la madre de los niños.

  4. - Asevera que desde el momento de la captura de su hijo, esto es, desde hace 19 meses, está cuidando de los niños.

  5. - Asegura que el señor R.S. fue trasladado de la cárcel de Florencia C. hacia la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de G.S.. A partir del momento de la captura los niños no han podido volver a ver a su padre. Los niños, dice la señora S., establecieron una relación muy estrecha con el padre y lo extrañan cada día más. Lo llaman en la noche y experimentan una gran tristeza por no poder verlo.

  6. - Manifiesta que la situación económica en que se encuentran ella y los niños es muy precaria y que carecen por entero de recursos o posibilidades para que los niños puedan visitar a su padre. Lo anterior consta en el testimonio rendido por la peticionaria ante el Juzgado Promiscuo de Pitalito en el cual establece que carece por completo de bienes y reside en una vivienda arrendada en el barrio R.L.B. de la ciudad de Pitalito H.. Según lo afirmado por la señora S., el arrendamiento y, en general, los gastos de mantenimiento, los asume su hija. En el mismo documento se determina, igualmente, la no existencia de familiares de los niños que residan en un lugar cercano a G.S..

  7. - Estima que esta situación ha repercutido en un deterioro considerable de la calidad de vida de los niños quienes preguntan constantemente por el padre y, al no poder verlo, se han visto inmersos en un profundo sufrimiento, circunstancia ésta, que ha contribuido a retrasarlos en su desarrollo psíquico, intelectual, social y emocional.

  8. - Agrega, finalmente la peticionaria, que en varias oportunidades ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario y C. - INPEC - el traslado de su hijo y ha acudido, incluso, a la Presidencia de la República, pero su solicitud no ha tenido respuesta alguna, razón por la cual ha decidido acudir a la acción de tutela.

    Solicitud de tutela

    La peticionaria solicita que sean protegidos los derechos fundamentales de los niños de conformidad con lo establecido en el artículo 44 superior y exige, igualmente, la protección especial a la familia consignada en el artículo 42 de la Constitución Nacional. La accionante considera que la protección de los derechos de los niños y el amparo que la Constitución le concede a la familia ha sido desarrollada de manera especial por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Con miras a lograr la debida protección de los derechos de sus nietos, exige que se ordene a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y C. - INPEC - que su hijo sea trasladado, en el menor tiempo posible, a una de las siguientes tres cárceles: R., H., Pitalito, H.; G., H..

    Respuesta de la entidad demandada

    Mediante escrito fechado el día 27 de junio de 2005, la ciudadana O.B.R., Coordinadora del Grupo de Tutelas, responde a nombre del Instituto Nacional Penitenciario y C. - INPEC - la solicitud de tutela.

  9. - Estima la entidad demandada que la tutela es improcedente, en primer lugar, por cuanto la peticionaria carece de legitimidad en la causa por activa. Quien ha debido actuar en este caso, sostiene la entidad demandada, es el señor R.S., pues el hecho de que se halle privado de la libertad no le impide actuar en nombre propio para instaurar la tutela. A renglón seguido, cita la sentencia de la Corte Constitucional T-899 de 2001.

  10. - Considera que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley 65 de 1993, el traslado de los internos puede ser solicitado a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y C. (i) por el director del respectivo establecimiento; (ii) por el funcionario de conocimiento; (iii) por el interno. Insiste, en que el traslado de internos no puede ser presionado por terceras personas, toda vez, que el respectivo interesado debe solicitarlo por sí mismo. Afirma que la Corte Constitucional se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de impedir que ''actúen terceros de manera ilegítima en favor de otra persona.'' A propósito de lo anterior, cita la sentencia T-502 de 1994.

  11. - Recuerda que el interno R.S. se encuentra condenado a pena de trece años de prisión por el delito de Homicidio Agravado y está hoy en día recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G.S.. Expone, así mismo, que el interno fue trasladado a su actual sitio de reclusión en virtud de acto administrativo proferido por causa de la necesidad de descongestión del Establecimiento Penitenciario y C. de Florencia C. que fue el primer sitio de reclusión del señor S..

  12. - Asegura que de conformidad con las disposiciones vigentes, le compete al INPEC ''el manejo autónomo, eficaz e independiente de la gestión administrativa tendiente a desarrollar las políticas penitenciarias y lograr la readaptación y resocialización como fines legales de la pena.'' Y agrega, que es precisamente a los directores de los establecimientos de reclusión a quienes corresponde ejercer el control directo de los mismos con el propósito de ''preservar la seguridad, salubridad, tranquilidad y orden interno para beneficio de la población de internos y de los funcionarios '' que allí laboran.

  13. - Enumera las causales de traslado establecidas en el artículo 75 de la Ley 65 de 1993 y subraya, en especial, las causales 5 y 6. La causal 5 se refiere al traslado en razón de la ''necesidad de descongestión del establecimiento'' y la causal 6 hace alusión a la necesidad de trasladar al recluso a ''un centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad.'' Pone énfasis en que estas causales son taxativas y en que dentro de ellas no está previsto ''el acercamiento al núcleo familiar como circunstancia determinante para realizarlos.''

  14. - Recalca que en varias ocasiones la Corte Constitucional se ha manifestado en el sentido de que la tutela no puede ser utilizada como medio para oponerse a, o para presionar el traslado de internos. Esta es una función asignada al INPEC y los jueces de instancia no pueden contravenir la doctrina constitucional ''puesto que las decisiones de la Corte Constitucional incorporan una valor agregado, relativo a la interpretación auténtica de la preceptiva fundamental sobre los derechos básicos y su efectividad.''

  15. - Frente al argumento esgrimido en la solicitud de tutela en relación con el cual es preciso tener en cuenta el aspecto de arraigo familiar para considerar el traslado de internos, afirma la entidad demandada, que de ser esto así, solo podrían construirse cárceles alrededor de las ocho ciudades más densamente pobladas, ''en donde como es obvio se presenta un mayor índice de criminalidad.'' Añade, que la sanción o pena impuesta a quienes infringen el ordenamiento jurídico está ligada a ''circunstancias desagradables y normalmente rehusadas, son inseparables del ejercicio de la autoridad en beneficio colectivo y propiciadas como lo son por el mismo comportamiento de quien las padece.'' Estas sanciones no significan una violación de los derechos ni pueden calificarse de ilegítimas.

  16. Tampoco acepta la entidad demandada que se estén infringiendo el artículo 44 de la Constitución Nacional - los derechos fundamentales de los niños - ni el artículo 42 superior. Si bien es cierto estos artículos se pronuncian a favor de la necesidad de garantizar que los niños tengan una familia y procuran asegurar que los niños no sean separados de su familia, ''no por ello debe renunciar el Estado la salvaguarda de los derechos de otras personas.'' Por múltiples razones los establecimientos carcelarios no están en la posibilidad de garantizar que los reclusos se mantendrán cerca de sus familias. Pone énfasis, una vez más, en que la situación de alejamiento del entorno familiar es una circunstancia que obedece precisamente al comportamiento irregular o delictivo de los internos, y en el caso particular, del señor S..

  17. - Reconoce que el interno R.S. ha elevado, en efecto, varias peticiones de traslado y que tales solicitudes han sido resueltas por la Oficina de Asuntos Penitenciarios del INPEC. Menciona, por lo demás, que el INPEC adolece de graves restricciones presupuéstales y de cupos, lo que aclara por qué los traslados operan únicamente en situaciones excepcionales pues ''cada desplazamiento implica una enorme erogación en tiquetes, logística y seguridad, tanto para el interno como para el personal de Custodia y Vigilancia.''

  18. - Manifiesta por último la entidad demandada, que los hechos que han dado lugar a la presente acción de tutela ya habían sido objeto de juicio por la Rama Judicial cuando el señor R.S. obrando a nombre propio instauró acción de tutela ante el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, acción ésta, que se resolvió a favor de la entidad demandada. Opina que, en vista de lo anterior, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada.

    Pruebas relevantes que obran en el expediente

    Copia del Registro Civil de Nacimiento de los menores. (Folios 17-19)

    Copia de la cédula de ciudadanía de la señora A.B.S.T.. (Folio 20)

    Copia de la Diligencia de Recepción del Testimonio de la S.A.B.S.T. ante el despacho del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pitalito. (Folios 21-23)

    Copia de la respuesta emitida por el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G.S. el día 24 de junio de 2005 y firmada por el Asesor Jurídico, señor J.O.T. y por el Director, señor J.A.B., en donde se manifiesta que el interno R.S. ha solicitado traslado y que tal solicitud ha sido estudiada y respondida en dos oportunidades por la doctora L.A.A.P.. Allí se indica también que la señora A.B.S. no ha elevado ninguna solicitud de traslado. (Folio 36)

    Copia del memorando número 7103-APE- fechado el día 24 de junio de 2005 emitido por la doctora M.M.U. (Asesora de Dirección ,Grupo de Asuntos Penitenciarios) dirigido a la doctora O.B.R. (Coordinadora de Tutelas) mediante el cual se la pone en conocimiento acerca de que el traslado del interno, señor S., de la Cárcel de Florencia , C., hacia el Establecimiento C. y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., Santander, obedeció a motivos de descongestión del establecimiento carcelario. (Folio 37)

    Copia de la Resolución número 4357 de 19 de noviembre de 2003 por medio de la cual se ordena el traslado del Establecimiento Penitenciario de Florencia C. al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G.S..