Sentencia de Tutela nº 417/06 de Corte Constitucional, 25 de Mayo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43624766

Sentencia de Tutela nº 417/06 de Corte Constitucional, 25 de Mayo de 2006

Ponente:Rodrigo Escobar Gil
Fecha de Resolución:25 de Mayo de 2006
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Concedida
RESUMEN

Derecho de peticion de madre de lider estudiantil victima de la violancia que requiere ayuda humanitaria por parte de la red de solidaridad  social, por la omision de las autoridades demandadas al no certificar que su hijo, que habia sido amenazado por las autodefensas unidas de colombia, fallecio por motivos ideologicos y politicos en el marco del conflicto armado interno, certificacion que le exige la red de solidaridad para el tramite correspondiente.  solicita se ordene la expedicion de la constancia en tal sentido. La ayuda humanitaria prevista en la 418 de 1997. La ley no establece el deber de certificar en los terminos requeridos por la red de solidaridad social., lo que resulta violatorio del derecho de peticion, asi como la negativa a expedir el certifciado sin ahondar en las circunstancias del problema. Las autoridades publicas solo pueden expedir certificaciones sobre hechos de los que tienen noticia directa, por haberlos conocido en el ejercicio de sus competencias. Concedida

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia T-417/06

AYUDA HUMANITARIA-Condiciones y ámbito de aplicación previstos en la ley 418 de 1997

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL-Exige el deber de certificar como condición para la ayuda humanitaria, que los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado interno

DERECHO DE PETICION-Vulneración por cuanto la Red de Solidaridad Social exige certificación no establecida en la ley para acceder a la ayuda humanitaria

Es posible concluir que la exigencia de una certificación en los términos planteados por la Red de Solidaridad Social resulta violatoria del derecho de petición, por las razones que pasan a exponerse. En primer lugar, observa la Sala que las autoridades públicas sólo pueden expedir certificaciones sobre hechos de los que tienen noticia directa, por haberlos conocido en el ejercicio de sus competencias. De este modo se tiene que la exigencia de una certificación en los términos planteados por la Red de Solidaridad Social, no solamente no corresponde a los requisitos formales establecidos en la ley para acceder a la ayuda humanitaria de emergencia, sino que impone una condición imposible de cumplir para sus destinatarios, en la medida en que, particularmente tratándose de homicidios selectivos, las autoridades competentes de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 418 de 1997 para elaborar un censo de damnificados y expedir una certificación individual a los beneficiarios de las personas fallecidas, no están, sin que se haya agotado el correspondiente proceso penal, en capacidad de hacer una declaración de certeza en torno a los autores del hecho, los móviles de la conducta y su conexidad con el conflicto armado interno.

HOMICIDIO SELECTIVO-Si bien las autoridades locales no están obligadas a certificar, si deben informar sobre los hechos ocurridos

En el evento de un homicidio selectivo, si bien las autoridades locales no deben elaborar un censo de damnificados, sí pueden, cuando así se les requiera por parte interesada, hacer, cuando a su juicio a ello haya lugar, una descripción de los hechos y de las circunstancias conexas, a partir de la cual se pueda establecer si los mismos encajan o no en el ámbito de la Ley 418 de 1997. Ciertamente las autoridades locales no están en condiciones de certificar en los términos requeridos por la Red, pero si pueden informar, dándole un alcance razonable a la previsión legal, sobre los hechos acerca de los cuales han tenido noticia a través de medios fidedignos.

HOMICIDIO SELECTIVO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO-Competencia de la Personería Municipal para informar sobre los hechos ocurridos

Es la Personería Municipal aquella que, en principio, debería asumir la competencia cuando el asunto planteado consista en un homicidio selectivo. Esa autoridad, en una hipótesis tal -homicidio selectivo que se dice ocurrió en el marco del conflicto armado interno- debe hacer una valoración preliminar de los hechos, para lo cual, si es del caso, debe requerir la información que considere necesaria, del propio solicitante o de las autoridades competentes, y decidir en primera instancia. Si opta por presentar un informe afirmativo con destino a la Agencia Presidencial para la Acción Social, ello implica una ponderación inicial favorable, que debe ser sopesada por dicha agencia. Si, por el contrario, decide, a partir de la evidencia recolectada, producir un informe en sentido negativo, ello implica que considera que el hecho no se adecua a las condiciones de la Ley 418 de 1997. La decisión no puede basarse, entonces, en la imposibilidad jurídica de expedir una certificación sobre hechos respecto de cuyas circunstancias no se tiene certeza, sino en una objetiva valoración de los elementos que se haya podido establecer en relación con los mismos.

HOMICIDIO SELECTIVO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO-Personería Municipal debía presentar a la Red de Solidaridad Social un informe sobre los hechos ocurridos para que se pudiera decidir la solicitud

Referencia: expediente T-1209549

Accionante: L.M. P.C.

Demandados: Personería Municipal de Pasto y Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias y D.

Magistrado Ponente:

Dr. R.E. GIL

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil seis (2006).

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados R.E.G., M.G.M.C. y H.A.S.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

Dentro del proceso de tutela identificado con el número de radicación T-1209549 instaurado por L.M. P.C. contra la Personería Municipal de Pasto y la Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias y D..

I. ANTECEDENTES

  1. La solicitud

    L.M. P.C., obrando en su propio nombre, presentó acción de tutela en contra de la Personería Municipal de Pasto y la Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias y D., por una presunta violación de sus derechos fundamentales en la que considera han incurrido las autoridades demandadas al no certificar que sus difunto hijo falleció ''por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno''.

  2. Información a los demandados y a terceros eventualmente afectados

    Mediante auto de 27 de julio de 2005, el Juzgado 1º Civil del Circuito de Pasto dispuso poner la solicitud de tutela en conocimiento de las autoridades accionadas.

  3. Oposición a la demanda

    El Director de la Oficina para la Atención y Prevención de Emergencias y D. del Municipio de Pasto respondió a la solicitud del Juzgado señalando que su despacho dio respuesta al derecho de petición que originó la presente acción de tutela.

    En el mismo sentido se manifestó el Personero Municipal de Pasto, quien expuso, además, las razones por las cuales considera que es improcedente la tutela presentada por la señora P.C..

  4. Los hechos

    4.1. El 7 de enero de 2002 falleció en la ciudad de Pasto, víctima de homicidio, M.A.S.P., hijo de la accionante.

    4.2. Según constancia expedida el 15 de septiembre de 2004 por el Secretario Judicial de la Fiscalía Octava Especializada de Pasto, ese despacho ''... asumió el conocimiento de la Investigación Previa No. 46.329 por la conducta punible de HOMICIDIO CON FINES TERRORISTAS, en investigación de responsable, siendo occiso el señor M.A.S.P., en hechos ocurridos el siete (7) de enero de 2002.'' Agrega la constancia que ''[l]a citada investigación fue remitida a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía el doce (12) de julio de 2002.''

    4.3. En marzo de 2002 la accionante inició trámite ante la Red de Solidaridad Social, a través de la Coordinación de la Unidad Territorial Nariño de la Red, para obtener la ayuda humanitaria de emergencia prevista en la Ley 418 de 1997 para las víctimas de la violencia como producto del conflicto armado interno.

    4.4. Según se desprende del expediente, a dicha solicitud se acompañó certificación expedida por las autoridades municipales de Tumaco, lugar de residencia de la accionante, y conforme a la cual el señor MARCO A.S.P. falleció ''... víctima de masacre discriminada por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno.'' La solicitud de la accionante fue remitida por la Unidad Territorial Nariño de la Red a la Coordinadora del Programa de Atención Integral a Municipios Afectados por la Violencia Política en Colombia, oficina que, el 30 de abril de 2002, respondió que para poder continuar con los trámites de la Asistencia Humanitaria, se requería allegar, entre otros documentos, ''Original Certificado de Autoridad Competente, del sitio donde ocurrieron los hechos (Pasto Nariño).''

    4.5. En septiembre 5 de 2003 la Unidad Territorial de Nariño remitió a la Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia un paquete de documentos con el fin de adelantar el trámite iniciado por la accionante. Entre dichos documentos no se encontraba la certificación expedida por autoridad competente.

    4.6. Mediante comunicación de octubre 15 de 2003 la Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, responde que la documentación remitida está incompleta y que, en particular, hace falta: ''Original Certificación autoridad Competente donde exprese que fue `POR MOTIVOS IDEOLOGICOS Y POLITICOS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO' DEBE SER EXPEDIDA POR EL PERSONERO MUNICIPAL DE PASTO NARIÑO O EL COMITÉ DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES, YA QUE FUE ALLI DONDE OCURRIERON LOS HECHOS, NO SIRVE EL ENVIADO.'' También se solicita hacer llegar dos declaraciones extra proceso de estado civil y número de hijos al momento de fallecer la víctima, así como, si convivía en unión marital de hecho, tiempo de convivencia. La Unidad Territorial de Nariño dio traslado de la anterior comunicación a la accionante el siete de enero de 2004, mediante oficio dirigido a la residencia que ésta tenía en Tumaco.

    4.5. Aparece en el expediente que en Octubre de 2003 la accionante se dirigió por escrito a la Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, para informarle que por motivos de seguridad se había visto en la necesidad de desplazar su residencia y la de sus nietos a la ciudad de Cali.

    4.5. La Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, mediante comunicación dirigida a la accionante el 26 de noviembre de 2003 insiste en el envío de los documentos solicitados, y requiere, además, que se explique la razón por la cual al trámite se acompañó un certificado expedido por el personero de Tumaco si la víctima falleció en Pasto y quien debe certificar es la autoridad competente del lugar donde ocurrieron los hechos. A la comunicación se adjunta un modelo de certificación.

    4.6. Mediante oficio de noviembre 10 de 2004 Según referencia que aparece en la respuesta de la Personería Municipal de Pasto al Juzgado de primera instancia. (Folio 33 del expediente) la accionante solicitó a la Personería Municipal de Pasto expedir la certificación de que su hijo M.A.S.P. había sido asesinado por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno.

    4.7. En oficio de noviembre 16 de 2004 Según referencia que a él se hace en la respuesta de la Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia que obra a folio 39 del expediente. dirigido al Programa de Atención a Víctimas de la Violencia en la Presidencia de la República, la Personería Municipal de Pasto presentó ''... varios cuestionamientos referentes a la expedición de las certificaciones de víctimas de la violencia.'' Oficio 705363 de enero 5 de 2005 de la Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, despachado el 13 de enero de 2005

    4.8. En respuesta a los referidos cuestionamientos, el 5 de enero de 2005, la Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia se remitió a la definición de víctimas de la violencia que, para los efectos en ella previstos, se hace en la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, precisando que a la ayuda humanitaria prevista en la ley sólo pueden acceder ''... las víctimas de la violencia política, o sea, que los hechos en que fallecen se encuentren en el marco del conflicto armado interno y por motivos ideológicos y políticos (perpetrados por grupos de subversión o de de autodefensas). Agregó que ''... la autoridad competente debe expedir las correspondientes certificaciones de víctimas de la violencia cuando tienen pleno conocimiento de los hechos (que le consten), y no certificar con base en informes ni documentos de otras entidades, de lo contrario están sujetos a sanción por parte de las autoridades.'' Observa finalmente que, frente a una situación similar a la aquí planteada, en fallo de tutela, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Personería Municipal que constatase con la Fiscalía y certificase o no según el caso.

    4.9. En comunicación dirigida a J.M. Según se desprende de lo expresado por el Director de la Oficina para la Atención y Prevención de Emergencias y D. del Municipio de Pasto, el nombre correcto sería H.M., funcionario de de la Dirección de Gestión Pública de la Secretaría de Gobierno Departamental. -persona por cuyo conducto se habría tramitado la solicitud de la accionante- la Personera Municipal de Pasto respondió, el 16 de noviembre de 2004, que no puede certificar hechos que no han sido de su conocimiento, por cuanto la ocurrencia de los mismos es anterior a la fecha a partir de la cual se encuentra a cargo de la entidad y que dicha certificación debió solicitarse de manera oportuna, puesto que los hechos que dan lugar a la solicitud ocurrieron en enero de 2002 y, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, la asistencia humanitaria a las víctimas será prestada siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.

    4.10. Posteriormente, en febrero 18 de 2005 se remitió por la Personería nueva comunicación, al mismo destinatario, en la que, después de analizar el alcance de lo dispuesto en la Ley 418 de 1997, se expresa que la Personería se abstiene de expedir la certificación solicitada debido a que la muerte del señor S.P. no cumple con los requisitos previstos en esa ley, en la medida en que no están establecidos con certeza los móviles del crimen.

    4.11. En oficio de 7 de marzo de 2005, con fecha de radicación de 15 de abril, la accionante se dirige al Coordinador del Comité Municipal para la Prevención y Atención de D., para solicitarle que, como quiera que su hijo fue asesinado por integrantes de la agrupación ilegal Autodefensas Unidas de Colombia, expidiese con destino a la Red de Solidaridad Social la certificación en la que constase que su difunto hijo había sido asesinado por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno. Como soporte de su solicitud acompañó copia de la constancia de la Fiscalía de la que se da cuenta en el numeral 4.2 de esta providencia.

    4.12. El 3 de mayo de 2005 el Director de la Oficina para la Atención y Prevención de Emergencias y D. del Municipio de Pasto respondió que para dar trámite a la anterior solicitud, debía remitirse a esa oficina constancia de autoridad competente en la que se exprese que el crimen fue perpetrado por miembros de las AUC, puesto que en la constancia que se anexó a la solicitud se establece que está en proceso de averiguación el responsable del hecho. En su respuesta al Juzgado, la Oficina precisa que esta comunicación se remitió a través del señor H.M., funcionario de la Dirección de Gestión Pública de la Secretaría de Gobierno Departamental, puesto que fue por su conducto que se recibió la solicitud de la señora P.C..

    4.13. El 18 de julio de 2005 la señora P.C. acudió a la acción de tutela.

  5. Fundamento de la acción

    Considera la accionante que la negativa de las autoridades accionadas a expedir la certificación solicitada es violatoria de sus derechos fundamentales, por cuanto a partir de la documentación que acompañó a su solicitud es posible concluir que su hijo murió como consecuencia de un homicidio con fines terroristas. Esa conclusión señala, se desprende del informe del cuerpo técnico de Fiscalía No. 006 de enero 8 de 2002, de la constancia emitida el15 de septiembre de 2004 por el técnico judicial de la Fiscalía Octava especializada de Pasto y se corrobora con un comunicado en el que, en febrero de 2005, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño denuncia que el paramilitarismo ha amenazado a la comunidad universitaria y presenta como antecedentes los homicidios de varios líderes universitarios, entre los cuales se encuentra el de M.A.S. Prado.

    Expresa que de tiempo atrás la vida de su hijo estaba en riesgo, por su posición de líder estudiantil, y que en años anteriores él y toda su familia habían sido amenazados por la Autodefensas Unidas de Colombia. Agrega que en el año 2000, miembros de esa organización penetraron en la casa de habitación de su esposo (padre de la víctima) con el objetivo de asesinarlo y que éste se defendió, causando la muerte de dos de los agresores, razón por la cual, por consideraciones de seguridad debió desplazarse al exterior del país y se encuentra protegido con medidas de seguridad del Ministerio del Interior.

  6. Pretensión

    Para la protección de los derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados, la accionante solicita que se ordene a las autoridades tuteladas expedir una constancia en la que se exprese que su ''... difunto hijo MARCO A.S.P., fue asesinado producto de motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno.''

  7. La oposición

    Las autoridades accionadas manifestaron al juez de tutela que no resulta procedente la tutela interpuesta por la señora P.C., dado que respondieron oportunamente a su solicitud.

    La Oficina de Atención y Prevención de D. pone de presente que en su respuesta se le expresó a la solicitante que para poder tramitar su petición era necesario que se acompañara una constancia de autoridad competente en la que se aclarase que el crimen había sido perpetrado en las condiciones manifestadas por ella, puesto que a partir del informe del técnico judicial aportado, en el que se dice que el proceso se encuentra en averiguación de responsables, no se puede certificar que el homicidio fue cometido por las AUC.

    La Personería Municipal de Pasto, a su vez, señala que esa entidad respondió absteniéndose de expedir la certificación solicitada en el sentido de que el señor M.A.S.P. fue asesinado por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno, debido a que no se cumplían en su caso los requisitos previstos para el efecto en la Ley 418 de 1997. Agrega la Personería que, de acuerdo con concepto emitido por la Coordinación del Programa de Atención de víctimas de la violencia, la autoridad competente ''... debe expedir las correspondientes certificaciones de víctimas de la violencia cuando tienen pleno conocimiento de los hechos (que les consten) y no certificar con base en informes o documentos de otras entidades...''. Puntualiza la Personería que dio respuesta de fondo a la accionante y que ésta no puede exigir que la entidad expida un certificado sobre un hecho que no le consta y que no se ha podido verificar por los medios que están a su alcance, puesto que si bien no se pone en duda el fallecimiento del señor M.A.S.P., según la constancia de la Fiscalía Octava Especializada de Pasto, no les consta que su deceso obedezca a razones de tipo ideológico y político en el marco del conflicto armado interno.

II. TRAMITE PROCESAL

  1. Primera instancia

    El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, mediante Sentencia de 4 de agosto de 2005, resolvió negar el amparo solicitado, por considerar que ''... tanto la Personería Municipal de Pasto, como el Director de Protección y Atención de Emergencias y D. le dieron contestación a la solicitud de la accionante, explicando los motivos, la primera, por los cuales no puede expedir la certificación solicitada, y la segunda, pidiéndole a la señora PRADO CHURTA una constancia de la autoridad competente sobre la autoría de las Autodefensas en el crimen en el cual perdió la vida su hijo, como requisito previo para expedir la certificación que necesita.'' Agregó el Juzgado que satisfacer el derecho de petición no siempre significa que el peticionario ha de tener una respuesta favorable y que en el presente caso las autoridades accionadas tienen razones legales para no expedir la certificación pedida.

  2. Impugnación

    El anterior fallo fue impugnado por la accionante con base en las siguientes consideraciones:

    2.1. El juez de tutela se limita a considerar como posiblemente vulnerado el derecho de petición, sin tener en cuenta que la negativa a expedir la certificación solicitada impide que sus nietos accedan a la ayuda humanitaria prevista en la ley, y dado que ellos dependían económicamente de su difunto padre, esa situación afecta los derechos de los menores a la salud, a la alimentación, a la educación y a una vivienda digna.

    2.2. Las autoridades accionadas sí han desconocido el derecho de petición, puesto que han evadido su deber de dar una respuesta conforme a lo solicitado pese a que se les aportaron todos los soportes documentales necesarios para el efecto.

    Señala que si el homicidio de su hijo no se hubiese cometido con fines terroristas, el expediente no habría sido remitido a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, tal como se certificó por la Fiscalía Octava Especializada y agrega que para expedir la certificación no es preciso que se individualice a los actores materiales del delito, sino que de manera general el mismo pueda atribuirse a una organización al margen de la ley, en el marco del conflicto armado interno, como ocurre en este caso.

  3. Segunda instancia

    La Sala de Decisión Civil Familia del Distrito Judicial de Pasto, mediante Sentencia de 14 de septiembre de 2005, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia por considerar que es claro que las autoridades accionadas contestaron oportuna y fundadamente la petición impetrada, que su respuesta no fue evasiva sino razonable, en vista de que no pueden certificar sobre los hechos y los móviles que acompañan al homicidio. Agrega que no se vulneraron los derechos de la accionante pues las entidades accionadas resolvieron de fondo y en el término oportuno, señalando que no es posible certificar sobre hechos sobre los cuales no se tiene certeza, ''... siendo razón categórica de aquello, que la investigación adelantada en virtud de los mismos se encuentra en etapa de averiguación.''

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS

  1. Competencia

    La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991.

  2. Problema jurídico

    La accionante dirigió la acción de tutela contra la Personería Municipal y la Oficina de Atención y Prevención de Emergencias y D. de la ciudad de Pasto, porque considera que la negativa de estas entidades a expedir la certificación que requiere la Red de Solidaridad Social para el trámite de la ayuda humanitaria de emergencia que solicitó con motivo de la muerte violenta de su hijo MARCO A.S.P. es violatoria de sus derechos fundamentales.

    Esa pretensión de la accionante plantea, en principio, la necesidad de establecer si la referida negativa es violatoria de su derecho de petición. Sin embargo, como quiera que las entidades accionadas han expresado que la razón para no expedir la certificación reside en la imposibilidad jurídica de hacerlo, para la solución de la presente acción de tutela es necesario, además, resolver las siguientes cuestiones:

    ¿Cual es el ámbito de la ayuda humanitaria de emergencia prevista en la Ley 418 de 1997, a la que pretende acceder la accionante? ¿Resulta válido que en el contexto de esa ley, como presupuesto para el trámite de la ayuda se exija por la Red de Solidaridad Social una certificación según la cual el homicidio ''se produjo por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno''?

    Si se establece que las entidades accionadas estaban en incapacidad jurídica de expedir la certificación solicitada, ¿resulta suficiente a la luz de lo dispuesto en la Ley 418 de 1997 la respuesta conforme a la cual no estaban en condiciones de expedir la certificación, o debían esas entidades ampliar su respuesta de manera que se diese una orientación de fondo a la pretensión de la solicitante?

    De esta manera el problema jurídico que debe resolver la Corte en el presente caso es el siguiente: Cuando, como consecuencia del que considera un homicidio selectivo producido en el ámbito del conflicto armado interno, una persona que puede tenerse como víctima de ese delito, acude a la Red de Solidaridad Social, para solicitar la ayuda humanitaria prevista en los artículos 16 y 49 de la Ley 418 de 1997, ¿resulta violatorio del derecho de petición 1. Que la Red de Solidaridad Social exija una certificación sobre que el hecho se produjo ''... por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno'', 2. Que la Red de Solidaridad Social omita una respuesta de fondo a la peticionaria hasta tanto no se expida la mencionada certificación y, 3. Que las autoridades locales que de conformidad con la Red deben expedir esa certificación, se limiten a resolver negativamente la solicitud, argumentando la imposibilidad jurídica de expedir la certificación, sin incluir en su respuesta la referencia a los elementos que, de acuerdo con la ley, permitirían producir una respuesta de fondo a la solicitud del auxilio humanitario?

    Para resolver el problema la Sala procederá a establecer, (1) el ámbito y las condiciones de la ayuda humanitaria prevista en la Ley 418 de 1997, y, (2) el alcance de la certificación a la que alude el artículo 18 de la misma ley, para luego, (3) hacer el análisis del caso concreto.