Auto nº 128/06 de Corte Constitucional, 24 de Abril de 2006
| Ponente | Marco Gerardo Monroy Cabra |
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2006 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-999 |
Auto 128/06
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Superior jerárquico común/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Asunción por Corte Constitucional cuando no existe superior jerárquico común
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de la S.C. de la Corte Suprema de Justicia como superior jerárquico común
CORTE CONSTITUCIONAL-Conocimiento directo de conflictos de competencia para garantizar derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Competencia de jueces municipales
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Competencia por factor territorial del domicilio donde se presentó la vulneración
Referencia: expediente ICC-999
Conflicto de Competencia entre el Juzgado 9º Civil Municipal de Ibagué y el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr.- MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente
AUTO
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El 17 de febrero de 2006, el señor E.F.O.C., residente en el municipio de Ibagué, Tolima, interpuso acción de tutela contra la Central de Inversiones S.A. CISA S.A., ante los Juzgados laborales del Circuito de Tolima, por considerar vulnerado su derecho de petición debido a que a pesar de haber radicado hace varios meses una solicitud de expedición de paz y salvo la entidad demandada ha dilatado considerablemente la respuesta.
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El Juzgado 9º Civil Municipal de Ibagué, mediante auto del 23 de febrero de 2006, consideró que, toda vez que el domicilio del demandado está en Bogotá, son los juzgados municipales de Bogotá los que deben conocer del asunto de la tutela.
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Mediante providencia del 23 de marzo de 2006, el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, consideró que el lugar de la presunta vulneración del derecho fundamental era Ibagué, puesto que es allí donde el actor sufre el presunto menoscabo de su derecho fundamental. Por considerar que existía una colisión negativa de competencias, envió el expediente a la Corte Constitucional, para que la resolviera.
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En pronunciamientos anteriores, esta Corporación estableció que no está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con un superior jerárquico común. Ver auto A-044/98, M.P.J.G.H.G. (En esta ocasión la Corte se abstuvo de dirimir un conflicto de competencia entre el Juzgados 25 Civil del Circuito de Bogotá y 5 Civil del Circuito de Neiva y remitió el conflicto a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil para su solución)
Si bien no existe norma que lo disponga de manera expresa, los conflictos que se susciten en materia de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico común de los jueces o tribunales entre los cuales se presente la colisión. Sólo en caso de no existir superior jerárquico común, la Corte Constitucional tiene la competencia para conocer de tal diferencia. Ver auto del 14 de marzo de 2001 ICC-147 Magistrado ponente M.G.M.C.
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En el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común del Juzgado 9º Civil Municipal de Ibagué y el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá es la Corte Suprema de Justicia, S.C., toda vez que pertenecen a diferentes distritos judiciales. Es ésta quien en principio debería conocer del presente conflicto Tal afirmación se complementa y soporta con el artículo 18 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que contempla:
" Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. (...)''
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A pesar de que la Corte ha reconocido reiteradamente que su competencia es residual y que cuando los jueces en conflicto tengan un superior jerárquico común que pueda conocer del conflicto no le corresponde a esta Corporación hacerlo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad en el procedimiento de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales. Ha dicho la Corporación:
''No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), para lo cual es necesario -las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 C.P.), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales.
La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por que sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela.'' Ver ICC-720 del 30 de septiembre de 2003, M.P.E.M.L., en el cual esta Corporación conoció de manera directa un conflicto de competencia entre las salas Civil-Familia y Penal del Tribunal Superior de Buga, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia era la entidad que, en principio, debía resolverlo, toda vez que habían transcurrido más de tres meses desde la interposición de la tutela sin que esta pudiera haber sido resuelta en virtud de la colisión. Ver también ICC-711, M.P.E.M.L., en el cual la Corte asumió conocimiento del conflicto entre el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal- a pesar de que, en virtud de la competencia residual de esta Corporación debería conocer la Corte Suprema de Justicia. Para el momento de la resolución del conflicto de competencia ya habían transcurrido más de 6 meses desde la interposición de la tutela. Igualmente, ICC-764 e ICC-755, M.P.M.G.M.C..
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Dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que esta Corporación conoce del conflicto de competencia, la Sala considera necesario entrar a resolver de manera directa la presente colisión.
(i) Corresponde a los jueces municipales conocer de las acciones de tutela interpuestas contra particulares, según lo dispuesto en el artículo 1º numeral 1º, inciso 3º, del Decreto 1382 de 2000.
Central de Inversiones S.A. es una entidad de carácter privado. En esa medida, en principio, tanto el Juzgado 9º Civil Municipal de Ibagué, como el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, tendrían competencia. Para determinar a qué juez corresponde el conocimiento definitivo de la tutela se entrará a estudiar el factor territorial.
(ii) La Sala observa que el lugar de la vulneración del derecho fundamental no es Bogotá, así el domicilios de la entidad demandada se encuentre ahí En este sentido ver sentencias T-063/01, M.P.A.B.S., T-883/00, M.P.V.N.M. y auto A-051/03, M.P.C.I.V., sino Ibagué, puesto que allí se encuentra residiendo el accionante -según lo indicado en la acción de tutela Folio 3.-.
Teniendo en cuenta que un factor determinante de la competencia en materia de tutela es el territorial, según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 ''conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos (...)'', el competente es el Juzgado 9º Civil Municipal de Ibagué.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
PRIMERO: REMITIR el expediente de tutela al Juzgado 9º Civil Municipal de Ibagué para que se adelante la correspondiente actuación judicial.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto al Auto 128/06
Referencia: expediente ICC-999
Peticionario: E.F.O.C.
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
