Auto nº 149/13 de Corte Constitucional, 17 de Julio de 2013
| Ponente | Mauricio Gonzalez Cuervo |
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 2013 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-1896 |
A149-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Auto 149/13
(17 de julio)
Referencia: Expediente ICC-1896. Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de P. (Risaralda), y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de P., en la acción de tutela promovida por C.A.V.R. contra el rector de la Universidad Tecnológica de P. y otros.
Magistrado ponente: M.G. CUERVO.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre el conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de P. (Risaralda), y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de P., en la acción de tutela promovida por C.A.V.R. contra el rector de la Universidad Tecnológica de P. y otros.
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El señor C.A.V.R., instauró acción de tutela contra el rector de la Universidad Tecnológica de P. y otros funcionarios de la misma institución, al considerar que estos han vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, a la honra y al debido proceso, al calificarle su desempeño académico y práctico de manera subjetiva, apartándose de lo dispuesto en el reglamento de la Universidad.
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La presente demanda fue repartida al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de P., el cual se declaró incompetente para conocer de esta acción de tutela al considerar que la presente acción se encuentra dirigida en contra de los funcionarios de Universidad Tecnológica de P. y no la entidad misma, y por lo tanto quien debe conocer de ella son los jueces municipales en primera instancia. C. rechazó de plano la acción de tutela por falta de competencia y la remitió a la oficina judicial de P. para su reparto.
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Como corolario de lo anterior, le correspondió el conocimiento de la misma al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de P. (Risaralda) quien a su vez decidió declararse incompetente para conocer de la demanda de tutela. Esto por cuanto considera que las reglas contenidas en el decreto 1382 de 2000 son de reparto y no de competencia, por lo que el conocimiento de la presente acción le corresponde al juzgado Tercero Laboral del Circuito de P..
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Así entonces, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de P. no avocó el conocimiento del proceso al considerarse incompetente, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a esta Corporación.
En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un presunto conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de P. (Risaralda), y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de P..
Con el fin de resolver dicho conflicto, la Sala abordará los siguientes temas: (i) Las normas generales sobre conflictos de competencia en materia de tutela (ii) La competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela, para proceder a decidir (iii) el caso concreto.
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Las normas generales sobre conflictos de competencia en materia de tutela.
1.1 En relación con los conflictos de competencia, la Constitución Política dispone en el artículo 256 numeral 6°, que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
1.2 Cuando el conflicto de competencia se suscita en el marco de la acción de tutela, éste enfrenta a los jueces de una misma jurisdicción, la jurisdicción constitucional, bajo el entendido que desde el punto de vista funcional todos los jueces de tutela hacen parte de dicha jurisdicción. En estos casos, la jurisprudencia constitucional ha acudido a las normas de rango legal para identificar cuál es el superior funcional común entre los jueces de tutela a fin de determinar a quien le corresponde resolver un conflicto de competencia planteado en materia de tutela, y sólo excepcionalmente la Corte ha obrado como tribunal para dirimir conflictos de competencia de forma residual.
1.2.2 En ese orden de ideas, las reglas generales para resolver los conflictos de competencia, están establecidas principalmente en la Ley 270 de 1996 artículo 18- que establece:
Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.
Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación.
Igualmente, el Código de Procedimiento Civil artículo 28- consagra:
Los conflictos de competencia que se susciten entre los tribunales superiores, entre un tribunal y un juzgado de otro distrito o entre dos juzgados de distintos distritos judiciales, serán resueltos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Los que ocurran entre juzgados de igual o diferente categoría, de distintos circuitos, pero dentro de un mismo distrito, serán resueltos por la sala civil del respectivo tribunal; aquéllos que se presenten entre juzgados municipales de un mismo circuito, por el juez de éste; y los que no estén atribuidos a la Corte Suprema de Justicia ni a los jueces de circuito, por los tribunales superiores de distrito judicial.
1.2.3 Por su parte, el artículo 37 del Decreto 2195 de 1991[1] consagra la regla general de competencia en materia de tutela, según la cual corresponde conocer de la solicitud de amparo al juez del lugar donde ocurrió la vulneración o amenaza alegada. Asimismo, el inciso tercero del mentado artículo consagra que las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación o la prensa serán competentes en primera instancia, los jueces del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos.
1.3 Acorde con lo anterior, en el Auto 124 de 2009, la Sala Plena de esta Corporación estableció las siguientes reglas relativas a la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela. De la siguiente manera:
(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.
(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.
(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).
Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.
(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.
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Competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
2.1 Con respecto a las normas generales relativas a la solución de conflictos de competencia mencionadas en el acápite anterior, la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, norma en la cual se definía la atribución de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir conflictos de competencia. En esta oportunidad, consideró la Corte que era necesario establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional, estableciendo en la parte resolutiva de la providencia declarar exequible la norma en comento bajo las condiciones expuestas en la sentencia.
2.2 Sin embargo, a partir del Auto 170A de 2003 esta Corporación estableció que en aras de preservar los principios de celeridad, eficacia, prevalencia de lo sustancial sobre las formas y el acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte Constitucional conocería y resolvería directamente los conflictos que se presente entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos fundamentales. Lo anterior, con la intención de evitar la demora que supondría remitir el expediente a despacho judicial encargado para hacerlo, teniendo en cuenta que el procedimiento en materia de tutela es sumario e informal[2]. En dicho Auto se estableció lo siguiente:
No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), para lo cual es necesario las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 C.P.), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales.
La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por que sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela[3].
2.3 Así las cosas, la intervención excepcional de la Corte para dirimir los conflictos de competencia entre autoridades judiciales con un superior jerárquico común, tiene como fin observar los principios de celeridad y eficacia de los derechos fundamentales (C.P., art. 2º) de acuerdo con los objetivos de la Constitución Política[4], para que la resolución de conflictos de competencia no se conviertan en una forma de dilatar la protección efectiva de los derechos fundamentales.
En principio, debe establecerse la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto. Sobre el particular, se observa que los jueces no poseen un superior funcional común, razón por la que la Sala Plena de esta Corporación procede a dar solución al caso objeto de estudio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que en el presente asunto no existe un conflicto de competencia sino una controversia sobre las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000. Esto por cuanto, las razones que expuso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de P. para declararse incompetente para conocer de la presente acción de tutela no se relacionan con los elementos de competencia establecidos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).
En este orden de ideas, es necesario dar aplicación a la regla general contenida en el Auto 124 de 2009 según la cual las normas contenidas en el citado acto administrativo son de reparto y no de competencia y, en tal virtud, una equivocación en la aplicación de tales directrices no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente. En consecuencia, lo procedente es remitir el proceso al juez a quien se repartió en primer lugar, para que decida de forma inmediata.
Vale la pena resaltar, en gracia de discusión, que de considerarse que la acción de tutela se dirige contra la Universidad Tecnológica de P. y de ser aplicables las reglas de reparto establecidas en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000[5], el conocimiento de la presente acción de tutela le correspondería de todas maneras al Juez Tercero Laboral del Circuito de P., pues la Universidad Tecnológica de P. es una entidad pública descentralizada del orden nacional.
Por tal razón y reiterando el criterio acogido por esta Corporación, la Sala Plena dejará sin efectos el auto de fecha de 22 de mayo de 2013 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de P., mediante el cual se declaró sin competencia para tramitar la acción presentada por C.A.V.R. contra el rector de la Universidad Tecnológica de P. y otros; y, como consecuencia de lo anterior, ordenará la remisión del expediente de la referencia al mentado Juzgado para que le dé trámite y decida en forma inmediata.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013) proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de P., mediante el cual se declaró sin competencia para tramitar la acción presentada por C.A.V.R. contra el rector de la Universidad Tecnológica de P. y otros.
Segundo.- ORDENAR QUE SE REMITA el expediente de la acción de tutela presentada por C.A.V.R. contra el rector de la Universidad Tecnológica de P. y otros, al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de P. (Risaralda) para que de manera inmediata, tramite y proceda a proferir decisión de fondo respecto del amparo solicitado.
Tercero.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de P. (Risaralda) sobre la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.
N., comuníquese, publíquese y cúmplase.
J.I. PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
M.G. CUERVO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
LUÍS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Decreto 2591 de 1991: Artículo 37. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio. De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar.
[2] Auto 072 de 2004.
[3] Auto 170A de 2003. Reiterado en los autos: A-168 de 2005, A-157 de 2005, A-167 de 2005, A-081 de 2005, A-169 de 2006, A-095 de 2006, entre otros.
[4] Auto 075 de 2007.
[5] ARTICULO 1º-Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: [...] A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.
