Sentencia de Constitucionalidad nº 752/13 de Corte Constitucional, 30 de Octubre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 514046858

Sentencia de Constitucionalidad nº 752/13 de Corte Constitucional, 30 de Octubre de 2013

Número de sentencia752/13
Número de expedienteD-9568
Fecha30 Octubre 2013
MateriaDerecho Constitucional

Sentencia C-752/13

Referencia: Expediente D-9568

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículo y 37 (parciales) de la Ley 1592 de 2012 “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.

Demandante:

G.A.A.N.

Magistrado ponente:

Luis Guillermo Guerrero PérezBogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguienteI. ANTECEDENTES

El ciudadano G.A.A.N., presentó demanda de inconstitucionalidad contra de los artículos , , 19 y 37 (parciales) de la Ley 1592 de 2012 “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.

Mediante Auto del 1° de abril de 2013, el magistrado sustanciador decidió inadmitir la demanda contra los mencionados artículos, por no cumplir con las exigencias previstas en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y desarrolladas por la jurisprudencia constitucional.

Durante el término previsto en el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991 para la corrección de la demanda, el actor radicó el correspondiente escrito de subsanación.

Analizado por el Despacho el referido escrito, en Auto del 23 de abril de 2013, el magistrado sustanciador resolvió rechazar la demanda presentada contra los artículos y 19 de la Ley 1592 de 2012 y admitir la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8° y 37 de la misma ley.

En consecuencia, con respeto a la demanda formulada contra algunas expresiones de los artículos y 37 de la Ley 1592 de 2012, se dispuso fijar en lista el presente proceso en la Secretaría General de la Corte por el término de diez días, para efectos de permitir la intervención ciudadana y, simultáneamente, correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente. Igualmente, se dispuso comunicar la iniciación del presente proceso al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, a la F.ía General de la Nación, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia- y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Externado, J., R., Libre y Nacional, para que, si lo consideran conveniente, intervengan en el proceso con el propósito de impugnar o defender la disposición acusada.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.

II. NORMAS DEMANDADAS

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas:

“LEY 1592 DE 2012

(diciembre 3)

Diario Oficial No. 48.633 de 3 de diciembre de 2012

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

DECRETA:

ARTÍCULO 8º. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11D del siguiente tenor:

Artículo 11D. Deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las víctimas. Para efectos del cumplimiento de los requisitos contemplados en los literales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 y 11 respectivamente de la presente ley, los desmovilizados deberán entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona. Estos bienes serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso preferente a estos programas.

La F.ía General de la Nación tomará todas las medidas necesarias para perseguir los bienes a los que se refiere el presente artículo, que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado. El postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda.

PARÁGRAFO. En ningún caso se afectarán los bienes de los postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad a la desmovilización.

(…)

ARTÍCULO 37. POSTULACIÓN DE DESMOVILIZADOS AL PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL. Quienes se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente ley y pretendan acceder a los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, deberán solicitar su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación.

Quienes se desmovilicen de manera individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año contado a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso del que trata la Ley 975 de 2005, y el Gobierno tendrá un (1) año a partir de la solicitud para decidir sobre su postulación.

(Resaltado fuera del texto).

III. DEMANDA

En criterio del demandante, la expresión acusada del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 vulnera el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto establece una responsabilidad objetiva, al imponer una sanción de exclusión “sin agotar el proceso previo, y sin valorar la entidad de la omisión, las condiciones personales del desmovilizado y el grupo al cual perteneció, los errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias judiciales, y la oportunidad procesal para hacer entrega y ofrecimiento de bienes, generando una carga sospechosa y temeridad en cabeza del desmovilizado postulado y desconociendo la presunción de buena fe”.

En otros términos, la norma acusada no señala que el juez deba valorar el elemento subjetivo al momento de constatar la omisión en la denuncia de los bienes, pues no le permite evaluar si la omisión de la denuncia fue un hecho premeditado, doloso, negligente, malicioso o involuntario por parte del postulado, por lo que se debe precisar el componente subjetivo y el grado de culpabilidad del que se deriva la consecuencia jurídica, el cual debe ser doloso, para que no se deje a la discrecionalidad del operador jurídico la valoración o no del elemento subjetivo de la omisión de la denuncia de los bienes.

Asimismo, considera que el aparte subrayado del artículo 37 vulnera el artículo 13 de la Constitución Política, ya que introduce un trato diferencial entre quienes se postulan con anterioridad y quienes se postulan con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, pues respecto de los primeros el gobierno nacional tiene el plazo de dos años para definir lo referente a su postulación, mientras que para los segundos otorga el plazo de un año, lo cual afecta los derechos de quienes fueron primero en el tiempo y tendrán que esperar más para disfrutar de los beneficios jurídicos que trae la ley.

Agrega que se trata de sujetos iguales que se desmovilizaron y hacían parte de grupos armados al margen de la ley, por lo que no es justificable ni proporcional el trato diferente para la resolución de una situación jurídica particular.

IV. INTERVENCIONES

  1. Instituto Colombiano de Derecho Procesal

    El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a través de uno de sus miembros, intervino en el presente juicio para solicitarle a la Corte que declare exequibles los apartes demandados de los artículos y 37 de la Ley 1592 de 2012.

    1.1. Señala el interviniente que en la Sentencia C-370 de 2006, se estableció que quienes aspiran acogerse a la Ley de Justicia y Paz “deberían hacer entrega total de los bienes en cabeza suya o de terceros adquiridos directamente o como consecuencia de las actividades contrarias a la ley, para contribuir así a la conformación de un Fondo para la Reparación de las Víctimas”. Si incumplen, actúan en desmedro del propósito restaurativo de esa ley y, en consecuencia, no se encuentra razón de inexequibilidad para que a esa conducta se le asigne la consecuencia de perder el beneficio de la pena alternativa.

    El artículo 8° demandado no establece una responsabilidad objetiva, sino que asigna una consecuencia jurídica a quien no entregue ni ofrezca la totalidad de los bienes adquiridos por él en el curso de su pertenencia al grupo armado ilegal, para lo cual el juzgador puede acudir a cualquier medio de prueba, sin que ello implique imponer una pena por responsabilidad objetiva.

    1.2. Dice que el aparte acusado del artículo 37,unificó para el 31 de diciembre de 2014 la fecha máxima para decidir por parte del gobierno las postulaciones de quienes se desmovilizaron antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, pues para el primer grupo se fijó un plazo de dos años que vence el 31 de diciembre de 2014 y para el segundo grupo la facultad de postular del gobierno vence en un año a partir del mes de diciembre de 2013, esto es el 31 de diciembre de 2014.

  2. Ministerio del Interior

    El Ministerio del Interior, a través de apoderado, solicita “declarar EXEQUIBLES los apartes acusados en su integridad, por estar en armonía con la Constitución Política de 1991 y a los lineamientos de la Alta Corporación”.

    2.1. No obstante, previo a explicar las razones que apoyan su solicitud, el interviniente llama la atención de la Corte sobre los problemas de aptitud que presenta la demanda. Sobre este particular, sostiene que del hecho de que la demanda haya sido admitida no se desprende necesariamente que deba existir un pronunciamiento de fondo, pues los cargos de inconstitucionalidad carecen de carga argumentativa, al no derivarse de una realidad jurídica, sino de la propia percepción del demandante y de aspectos subjetivos e intelectivos. Además, la acusación no recae en una proposición jurídica completa, sino en palabras o expresiones que carecen de sentido al ser analizadas aisladamente.

    2.2. En lo que respecta al artículo 8° demandando, estima que la situación de los bienes dependerá de la valoración fáctica que haga la autoridad judicial competente en cada caso concreto, teniendo en cuenta que las actuaciones de los particulares y de las autoridades se deben ceñir a los postulados de la buena fe. Agrega que “no se puede hablar de responsabilidad objetiva, cuando muchos de los delitos perpetrados (…) consistieron (…) con la expropiación de bienes o con el aprovechamiento de la situación de la víctima para adquirirlos a precios irrisorios o en el mejor de los casos alcanzarlos con recursos provenientes de actividades ilícitas (…), pues sería lesivo para el orden jurídico que los bienes (…) queden al servicio de nuevas estructuras dentro de la espiral de la violencia (…), es así como el legislador lo que buscó precisamente cumplir con el deber de reparación a las víctimas (sic)”.

    2.3. Manifiesta que lo que busca el artículo 37 acusado, es que “exista un término para que se postulen quienes tengan la vocación frente al procedimiento penal especial previsto en la Ley 975 de 2005, y quien lo hiciere con posterioridad al término establecido por el legislador, estará sujeto a la decisión que en un termino adicional de dos años tome el Gobierno Nacional”.

  3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

    El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó a esta Corporación “se declare INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de las normas acusadas por ineptitud sustancial de la demanda”.

    3.1. Señala que el cargo contra el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 carece de certeza, pues la norma acusada no determina una responsabilidad objetiva, sino que establece, dentro de la amplia facultad que tiene el legislador, cómo se dará cumplimiento a los requisitos para acceder a los beneficios de la ley de justicia y paz de un grupo que decide desmovilizarse. La entrega, ofrecimiento o denuncia de todos los bienes adquiridos durante o con ocasión de la permanencia en el grupo armado al margen de la ley, permite cumplir con la condición de reparar a las víctimas y contribuye con los objetivos de justicia y paz.

    Afirma que el actor no corrigió la demanda, pues no es cierto que de la literalidad de la norma no se infiera que se deba valorar por parte del juez la denuncia, ya que por el contrario “la literalidad de la norma permite establecer que hay dos tipos de sanciones por omitir el deber consagrado en la disposición (‘será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa’) y que necesariamente la autoridad judicial competente debe valorar la actuación del postulado, para establecer ‘según corresponda’ si impone una u otra”.

    Agrega que no se advierte que la norma acusada sea contraria a la Constitución de manera objetiva, sino que el cargo acusado se basó en apreciaciones subjetivas e hipótesis no plasmadas en el texto de la norma.

    3.2. En lo que se refiere al artículo 37 acusado, sostiene que el cargo por vulnerar el artículo 13 de la Constitución Política no fue adecuadamente planteado en la demanda, ni tampoco en el escrito de corrección, pues “no resulta admisible que el argumento de un cargo de inconstitucionalidad se fundamente exclusivamente en la descalificación de la diversidad regulativa. No es posible, desde el punto de vista de la técnica de la demanda, que el cargo del libelo se limite a señalar que dos situaciones disímiles han sido reguladas de manera diversa por el legislador. El principio básico es que el legislador tiene libertad de configuración para establecer consecuencias jurídicas desiguales en situaciones de hecho no idénticas, por lo que, un argumento que ponga en entredicho la facultad misma, sin profundizar en la posible ilegitimidad de su ejercicio, es insuficiente”.

    Añade que la carga por violación del principio de igualdad es más exigente, porque persigue deslegitimar el principio general de libre configuración del legislador, por lo que el demandante no sólo debía poner en evidencia la diferencia que el considera existe en la norma, sino argumentar que la misma no tiene sustento fáctico o que es irrazonable o desproporcionada. De allí que la acusación carezca de razones suficientes que demuestren la oposición de la norma con la Constitución.

  4. Facultad de Derecho Universidad Libre

    El Coordinador del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Bogotá, solicitó “(…) respecto al artículo 8°, se declare la exequibilidad condicionada del aparte de la norma demandada a que se establezca el incumplimiento observando las garantías del debido proceso. Respecto al artículo 37 se declare inexequible el aparte de la norma demandada”. Para sustentar su petición argumenta que:

    4.1. Las expresiones demandadas del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, más que imponer una sanción, establecen una consecuencia jurídica por no cumplir con las condiciones necesarias fijadas por la ley para poder acceder al beneficio por ella dispuesto, pues sin la entrega de los bienes para reparar a las víctimas se incurriría en una desproporcionada afectación al valor de la justicia. En otros términos y haciendo referencia a la jurisprudencia constitucional, si el beneficiario incumple con las obligaciones impuestas se prescindirá de la pena alternativa y se aplicará la principal. No obstante, considera que en esos casos, el funcionario judicial competente, a la hora de evaluar el posible incumplimiento, debe observar el debido proceso con el fin de determinar si el mismo le es imputable al desmovilizado.

    4.2. En lo relacionado con las expresiones acusadas del artículo 37 de la Ley 1592 de 2012, comparte el interviniente la posición de la demanda, en el sentido de considerar que no hay un elemento que justifique un tratamiento desigual a personas que son iguales respecto a su condición jurídica de desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley, y cuya única diferencia es la fecha en la cual se desvincularon del grupo armado. Agrega que la Ley 975 de 2005 y la Ley 1592 de 2012 están sujetas al principio de no discriminación.

  5. Ministerio de Defensa

    El Ministerio de Defensa, a través de apoderada, solicita “declarar la exequibilidad de las normas acusadas”.

    5.1. Considera que el demandante, en virtud del principio de conservación del derecho, debe hacer una lectura sistemática del artículo 8° acusado de acuerdo con las normas, valores y principios constitucionales, y en concordancia con los tratados internacionales sobre derechos humanos que imponen la proscripción de la responsabilidad objetiva en materia penal y que ordenan a los operadores judiciales administrar justicia acorde con el debido proceso y la dignidad humana. Así, la eventual consecuencia que prevé la norma se materializará “cuando el operador judicial del caso concreto encuentre demostrado, más allá de cualquier duda razonable que pueda surgir a favor del desmovilizado y con plenas garantías de su derecho fundamental al debido proceso, que existe una responsabilidad subjetiva del desmovilizado”.

    5.2. Indica que el legislador, en el artículo 37 de la Ley 1592 de 2012, ejerció su facultad autónoma y soberana al momento de disponer los tiempos para dar trámite a las solicitudes de postulación, pues consideró conveniente y necesario establecer términos claros para que el gobierno decida sobre las postulaciones a Justicia y Paz de los desmovilizados antes y después de expedida la ley acusada. Agrega que no se afecta el principio de igualdad “dado que bajo los dos regímenes aplicables, los desmovilizados cuentan con oportunidades análogas aunque no iguales de postularse al proceso de Justicia y Paz”.

    Sostiene que “la solución adoptada por el poder legislativo, resulta ponderada y razonable frente al hecho de que no es constitucionalmente obligatorio dar un tratamiento idéntico a dos situaciones que, aunque similares –una, que la desmovilización sin postulación se haya surtido antes de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Justicia y Paz, y otra, que la desmovilización se surta después de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley 975 de 2005-, no son iguales. Por esto, el legislador consideró adecuado y conveniente dar un régimen de transición (…)”.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5583 del 7 de junio de 2013, solicita que la Corte “se declare INHIBIDA para pronunciarse sobre las expresiones demandadas de los artículos y 37 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados, en razón de la ineptitud sustancial de la demanda”. Al respecto, considera que:

  1. El reproche contra el aparte acusado del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 no se dirige contra el texto mismo, sino contra eventuales e hipotéticos problemas en su aplicación. En ese sentido, comparte lo dicho por el magistrado sustanciador en el auto inadmisorio de la demanda, en el sentido de sostener que el reproche de inconstitucionalidad radica básicamente en que no se tengan “en cuenta los errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias judiciales y la oportunidad procesal para hacer entrega, desconociendo la buena fe”.

    Afirma que no se estructura cargo de inconstitucionalidad por el hecho de alegar que la norma no es clara en su literalidad, y enfatiza en que la disposición acusada no establece un tipo penal ni una responsabilidad objetiva, de allí que no pueda contrariar el derecho fundamental al debido proceso. Aduce igualmente, que la disposición tampoco desconoce el principio de buena fe y, en caso de que hipotéticamente lo hiciera, se estaría desconociendo el artículo 83 constitucional y no el 29 que fue el invocado por el accionante.

    Concluye señalando que el cargo formulado contra el artículo 8° no es cierto, y que la decisión de excluir al postulado dependerá de la valoración fáctica que haga la autoridad judicial en cada caso concreto, tal como se definió en el auto inadmisorio del 1° de abril del 2013. Añade que no le corresponde a la Corte Constitucional declarar inexequible una norma por falta de claridad, afectando los derechos a la justicia, verdad y reparación de las víctimas del conflicto, ni tampoco le compete establecer cuáles son los elementos subjetivos que deben considerarse en cada caso para aplicar la consecuencia jurídica prevista en la norma.

  2. Con respecto a la acusación contra el artículo 37, sostiene que, al igual que se expuso en el auto inadmisorio del 1° de abril de 2013, el actor no satisface los requisitos exigidos para acusar una norma por violación al principio-derecho a la igualdad, pues no expresó los motivos y la razones que sustentan la medida cuestionada y su relación con la finalidad pretendida, y tampoco analizó la adecuación, necesidad y proporcionalidad de los medios empleados respecto del fin perseguido, pues no precisa por qué afecta los derechos de los que fueron primero en el tiempo.

    Además, considera que el demandante, para estructurar adecuadamente la acusación, debió tener en cuenta que:(i) para entender el plazo de dos años previsto en la norma, es necesario acudir a la expresión “con anterioridad al 31 de diciembre de 2012”, la cual no fue demandada; (ii) el plazo se fija para el gobierno nacional y no para las personas desmovilizadas; (iii) el plazo de los dos años se cuenta a partir del 31 de diciembre de 2012 y no a partir de la entrada en vigencia de la ley que fue el tres de diciembre de 2012; y (iv) la diferencia de trato se establece en todo el artículo 37 y no sólo en el aparte acusado, pues mientras que los que se desmovilizaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012 tuvieron hasta el 31 de diciembre de 2012 para solicitar su postulación, los que se desmovilicen con posterioridad a dicha fecha, tendrían un año contado a partir de la desmovilización para hacerlo.

    Finalmente, agrega que la norma pretende que para el tres de diciembre de 2014, dos años después de su entrada en vigencia, todas las personas que se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva de grupos armados al margen de la ley y deseen acceder a los beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005, hayan obtenido una respuesta definitiva del gobierno nacional sobre su postulación, sin perjuicio de cuándo fue el momento en que se desmovilizaron. Además, este plazo no es obligatorio, sino un límite máximo a favor del gobierno nacional en aras de la seguridad jurídica.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

  1. Competencia

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula contra algunos apartes de los artículos y 37 de la Ley 1592 de 2012, mediante la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005.

  2. Alcance de la presente demanda

    2.1. En el asunto bajo estudio, el actor acusa la inconstitucionalidad de la expresión “[e]l postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda”, contenida en el inciso tercero del artículo de la Ley 1592 de 2012. En su criterio, la citada expresión, al prever la exclusión del desmovilizado del proceso de justicia y paz, o la pérdida del beneficio de la pena alternativa, por no entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por él o por el grupo al margen de la ley al que pertenecía, desconoce el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto establece una especie de responsabilidad objetiva, derivada del hecho de adoptar tal decisión “sin agotar el proceso previo, y sin valorar la entidad de la omisión, las condiciones personales del desmovilizado y el grupo al cual perteneció, los errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias judiciales, y la oportunidad procesal para hacer entrega y ofrecimiento de bienes, generando una carga sospechosa y temeridad en cabeza del desmovilizado postulado y desconociendo la presunción de buena fe”.

    2.2. Por causas distintas, el actor también censura la constitucionalidad de la expresión “[v]encido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la citada Ley 1592 de 2012. Al respecto, sostiene que la citada expresión viola el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, pues, al definir los términos que tiene el Gobierno para decidir sobre la postulación de los desmovilizados a la ley de justicia y paz, la misma establece un tratamiento distinto entre quienes se postularon con anterioridad y quienes se postulan con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, ya que respecto del primer grupo la norma otorga un plazo de dos años, mientras que para los segundos dicho plazo es de un año. A juicio del actor, tal diferencia no responde a un criterio de proporcionalidad, toda vez que quienes se desmovilizaron antes de entrar en vigencia la citad ley, deben esperar más tiempo para que se resuelva sobre su postulación, lo cual afecta los derechos y beneficios de quienes fueron primero en el tiempo.

    2.3. En relación con la demanda, un grupo de intervinientes y el Ministerio Público le solicitan a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo, por considerar que el actor fundamenta la acusación en una interpretación errada de las normas acusadas, surgida de su propia percepción y de aspectos subjetivos que no se predican del texto de las mismas.

    2.4. Otro grupo de intervinientes considera que las normas acusadas deben ser declaradas exequibles. En relación con el artículo 8°, coinciden en señalar que el mismo no establece una responsabilidad objetiva, pues en cada caso concreto, el juzgador debe valorar la situación fáctica de acuerdo con los medios de prueba y en concordancia con los principios de buena fe, dignidad humana y debido proceso, como surge del propio texto de la ley de justicia y paz. Frente al artículo 37, aducen que el legislador hizo uso del amplio margen de configuración política a la hora de disponer los tiempos para dar trámite a las solicitudes de postulación, sin que ello afecte el principio de igualdad, pues bajo los dos regímenes aplicables, los desmovilizados cuenta con oportunidades análogas -aunque no iguales- de postularse al proceso de justicia y paz.

    2.5. Finalmente, quien interviene en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, S.B., le pide a la Corte que, respecto del artículo 8°, se declare su exequibilidad condicionada, para que se entienda que el funcionario judicial competente, a la hora de evaluar el posible incumplimiento, debe observar el debido proceso con el fin de determinar si el mismo le es en realidad imputable al desmovilizado. En lo que hace al artículo 37, comparte el interviniente la posición de la demanda, en el sentido de considerar que no hay un elemento que justifique un tratamiento desigual a personas que son iguales respecto a su condición jurídica de desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley, y cuya única diferencia es la fecha en la cual se desvincularon del grupo.

    2.6. Teniendo en cuenta el contenido de la solicitud acusatoria y los planteamientos esbozados por algunos de los intervinientes, debe iniciar la Corte por establecer si la demanda formulada contra los artículos y 37 de la Ley 1592 de 2012, es apta y cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad previstos en la ley y la jurisprudencia constitucional.

  3. Análisis sobre la aptitud de la demanda

    3.1. Requisitos de procedibilidad

    3.1.1. Como ya se mencionó, el Ministerio Público y algunos intervinientes le han solicitado a la Corte que se declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en la presente causa, tras considerar que el actor no formuló un verdadero cargo de inconstitucionalidad en contra de las normas impugnadas. Con respecto a al artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, la crítica se basa en que la demanda no busca atacar el contenido del citado precepto, como lo exige el requisito de certeza, sino los eventuales e hipotéticos problemas que pueden surgir de su aplicación. Frente a la acusación contra el artículo 37, aducen que ella no precisa por qué razón la medida cuestionada afecta los derechos de los desmovilizados que fueron primero en el tiempo, con lo cual la demanda no satisface los requisitos exigidos para impugnar una norma por violación del derecho a la igualdad.

    3.1.2. En acatamiento a lo previsto en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, esta Corporación ha dejado sentado que, para que exista demanda en forma y la Corte pueda adoptar la respectiva decisión de fondo, es necesario que el escrito de acusación contenga: (i) las normas que se acusan como inconstitucionales, (ii) las disposiciones superiores que se estiman violadas, y (iii) las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución.

    3.1.3. Con respecto a los dos primeros presupuestos, ha dicho la Corte, se busca definir e identificar dos aspectos esenciales del control constitucional: (i) lo que es objeto del mismo, es decir, las normas legales que se pretenden impugnar, lo cual se cumple, atendiendo las voces del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, con la trascripción literal de las mismas por cualquier medio, o con la inclusión en la demanda de un ejemplar de la publicación oficial; y, (ii) las disposiciones constitucionales que, según el razonamiento del actor, son las que a su vez se entienden desconocidas o vulneradas por las primeras.

    3.1.4. En punto al último de los requisitos, el que dispone señalar las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución, este Tribunal ha destacado que el mismo le impone al ciudadano que hace uso de la acción pública una carga de contenido material y no simplemente formal, en el sentido de exigirle la formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad en contra de la norma acusada, el cual a su vez debe estar sustentado en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[1], que permitan plantear una verdadera controversia de tipo constitucional.

    3.1.5. La propia jurisprudencia se ha ocupado de explicar el alcance de las referidas razones, señalando que las mismas son: (i) claras, cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y de fácil entendimiento; (ii) ciertas, si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor; (iii) específicas, en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política; (iv) pertinentes, cuando se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia; y (v) suficientes, en la medida en que la acusación contenga todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado[2].

    3.1.6. Atendiendo a las anteriores premisas, el pronunciamiento de fondo en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, depende de que quien presenta la demanda no solo identifique la preceptiva legal que acusa y las disposiciones constitucionales que estima violadas, sino también, de que formule por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad y lo apoye en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues, de no observar los referidos requisitos de procedibilidad, la demanda es sustancialmente inepta, debiendo la Corte proferir la respectiva decisión inhibitoria.

    3.2. Aptitud de la demanda formulada contra el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012

    3.2.1. A la luz de los citados presupuestos la Corte se aparta de la posición asumida por el Ministerio Público y algunos intervinientes en torno a la presunta ineptitud sustantiva de la demanda formulada contra el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012.

    3.2.2. Como ya ha sido señalado, el actor cuestiona la validez del aparte acusado del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, tras considerar que el mismo viola el derecho al debido proceso, en la garantía de proscripción de la responsabilidad objetiva, pues, al prever la exclusión del desmovilizado del proceso de justicia y paz, por omitir denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, aquél no precisa el componente subjetivo de la omisión ni tampoco el procedimiento que se debe seguir para adoptar la decisión.

    3.2.3. Con relación a tal planteamiento, no encuentra la Corte que el mismo surja de un entendimiento manifiestamente inadecuado o hipotético de la preceptiva legal acusada, o que el mismo sea imputable a un problema de aplicación, como lo entienden el Ministerio Público y algunos intervinientes. En efecto, independientemente de que esta Corporación, o incluso los propios intervinientes, compartan la tesis del peticionario sobre el sentido y alcance de la medida, lo cierto es que una determinada lectura de la misma puede conducir a apoyar la acusación. Ello es así, si se tiene en cuenta que, aun cuando la norma regula la figura de la exclusión del proceso de justicia y paz, señalando las circunstancias particulares en que procede, su texto no se ocupa directamente de precisar las exigencias subjetivas que deben acompañar tal proceder. En este sentido, de la acusación se puede extraer un verdadero problema de inconstitucionalidad, derivado de la necesidad de establecer cuál es en realidad el alcance de la norma impugnada, su adecuado entendimiento, y la posible incidencia sobre el derecho que se estima violado.

    3.2.4. Así, atendiendo al contenido de la norma y al alcance de la acusación, la Corte considera que la demanda cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad, en cuanto que, de los argumentos de la acusación, contenidos en la demanda y complementados y aclarados en el escrito de corrección, se puede extraer la formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad. A este respecto, habrá de agregarse que, si bien la demanda no abunda en razones y explicaciones, si cuenta con un nivel mínimo de coherencia en la argumentación que permite llevar a cabo una confrontación objetiva entre la ley acusada y la Constitución.

    3.2.5. Dando aplicación al principio pro actione, puede entonces concluirse que la acusación formulada contra el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 se ampara en razones claras, ciertas, pertinentes, suficientes y especificas, en la medida en que la misma (i) permite comprender el propósito perseguido con la demanda, (ii) está dirigida a controvertir el contenido material de la preceptiva acusada, (iii) los argumentos en que se basa son de naturaleza constitucional, (iv) contiene también un mínimo de elementos fácticos que buscan poner en duda la constitucionalidad de la medida, y, además, (v) pretende mostrar la forma como la norma acusada desconoce la Constitución Política.

    3.2.6. En los términos descritos, a juicio de la Corte, con respecto al artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, se está en presencia de una demanda en forma y, por tanto, le corresponde a la Corporación proferir pronunciamiento de fondo.

    3.3. Ineptitud de la demanda formulada contra el artículo 37 de la Ley 1592 de 2012

    3.3.1. En relación con la demanda formulada contra la expresión “[v]encido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la citada Ley 1592 de 2012, la Corte comparte lo señalado por el Ministerio Público y algunos intervinientes, en el sentido de considerar que la misma no satisface sustantivamente los requisitos de procedibilidad exigidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, en particular los presupuestos de suficiencia, claridad, certeza y especificidad.

    3.3.2. Al respecto, debe recordarse que el artículo 37 de la ley demandada se ocupa de regular el tema de la postulación de desmovilizados al procedimiento penal especial de justicia y paz. Con ese propósito, dispone en el primer inciso que: “[q]uienes se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente ley y pretendan acceder a los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, deberán solicitar su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”. A la manera de complemento de la anterior regla, la disposición citada señala en su inciso segundo que: “[q]uienes se desmovilicen de manera individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año contado a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso del que trata la Ley 975 de 2005, y el Gobierno tendrá un (1) año a partir de la solicitud para decidir sobre su postulación.

    3.3.3. En relación con el aparte acusado, los cargos de la demanda se estructuran a partir de considerar que los destinatarios de la medida cuestionada “son en principio sujetos que están en condiciones de igualdad”, desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, razón por la cual deben recibir un mismo tratamiento jurídico. Sobre tal supuesto, sostiene el demandante que la medida cuestionada viola el derecho a la igualdad, pues al definir los términos que tiene el Gobierno para decidir sobre la postulación de los desmovilizados a la ley de justicia y paz, la misma establece un tratamiento distinto entre quienes se postularon con anterioridad y quienes se postulan con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, ya que respecto del primer grupo la norma otorga un plazo de dos años, mientras que para los segundos dicho plazo es de un año. Concluye el actor sosteniendo que tal diferencia resulta desproporcionada, toda vez que quienes se desmovilizaron antes de entrar en vigencia la citada ley, deben esperar más tiempo para que se resuelva sobre su postulación, lo cual afecta los derechos y beneficios de quienes fueron primero en el tiempo.

    3.3.4. Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporación, para que un cargo por violación del principio de igualdad sea sustancialmente apto “se requiere que el demandante demuestre que las hipótesis distintamente reguladas debieron someterse a la misma regulación. En estos casos el impugnante soporta una carga de argumentación adicional, pues debe desvirtuar la premisa según la cual el legislador está autorizado para regular de manera diversa la realidad puesta a su consideración; al mismo tiempo, debe llevar al intérprete a la conclusión de que dicha diferenciación implica una verdadera discriminación, es decir, una violación al mandato de trato equitativo que impone la Carta. En últimas, se requiere que el demandante señale por qué una diferencia detectada en la ley carece de los elementos de proporcionalidad y razonabilidad necesarios para evitar calificar de discriminatoria esa diferencia de regulación.[3]”

    3.3.5. Conforme con dichas precisiones, la Corte encuentra que la acusación consistente en que el legislador consagró una medida discriminatoria que afecta un grupo de desmovilizados en relación con otro, resulta a todas luces insuficiente por ausencia de explicación del hecho discriminatorio.

    3.3.6. En efecto, el cargo de inconstitucionalidad presentado por el demandante carece del elemento de suficiencia exigido por la jurisprudencia constitucional, pues el impugnante no explica de manera clara, precisa y suficiente por qué es inconstitucional que en relación con la ley de justicia y paz, el legislador haya concedido al Gobierno Nacional plazos distintos para decidir sobre la postulación de los desmovilizados a dicha ley, a partir de la consideración del momento en que se llevaron a cabo las aludidas desmovilizaciones -antes o después de la expedición de la Ley 1592 de 2012-.

    3.3.7. De acuerdo con el contenido de la demanda, la Corte advierte que el actor no explica, más allá de plantear en forma simple su inconformidad de tipo constitucional, en el sentido de sostener que los destinatarios de la medida cuestionada “son en principio sujetos que están en condiciones de igualdad”, por qué resulta desproporcionado, irrazonable o discriminatorio, que el legislador establezca términos distintos al Ejecutivo para definir las solicitudes de postulación a justicia y paz, dependiendo del momento en que tuvo lugar la desmovilización. La aludida formulación es insuficiente, no solo porque omite profundizar en la supuesta discriminación subyacente, sino también, porque la medida que adopta el legislador en la norma acusada, por lo menos sumariamente, se lleva a cabo respecto de sujetos que se encuentran bajo condiciones fácticas distintas, esto es, haberse desmovilizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, y haberse desmovilizado después de expedida dicha ley.

    Sobre este particular, vale destacar que, si bien es cierto que quienes aspiran a ser postulados para acogerse a la Ley 975 de 2005, tienen en común su pertenencia a grupos armados al margen de la ley que han sido desmovilizados, el fundamento tenido en cuenta por el legislador al establecer los plazos que se conceden al Gobierno para decidir sobre su postulación, es la época o momento en que se produjo la desmovilización individual o colectiva, lo cual, en principio, justifica que se hayan atribuido consecuencias jurídicas diferentes en relación con dichos plazos, premisa que no fue desvirtuada por el actor.

    En relación con esto último, es menester destacar que, con respecto a los efectos de la presunta discriminación que se derivan de la expresión cuestionada, el actor se limita a señalar que “afecta los derechos y los beneficios de quienes fueron primero en el tiempo”, pero sin precisar cómo y porqué tiene lugar tal afectación.

    3.3.8. Por otra parte, también advierte la Corporación, como lo hizo el Ministerio Público y algunos intervinientes, que la demanda no cumple los requisitos de claridad, certeza y pertinencia, por cuanto la misma se ampara en apreciaciones puramente subjetivas, surgidas del entendimiento personal que el propio actor le atribuye a la norma acusada. En efecto, atendiendo al sentido de la acusación, la razón que llevó al actor a dirigir su demanda contra la expresión “Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, se relaciona con el hecho de considerar, que dos años es el tiempo que empleará el Gobierno para decidir sobre la postulación de quienes se hubieren desmovilizado con anterioridad a la vigencia de la Ley 1592 de 2012, el cual, al ser mayor al reconocido para decidir sobre la postulación de los desmovilizados con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley (un año), afecta los derechos y beneficios transicionales de quienes fueron primero en el tiempo.

    A juicio de la Corte, tal razonamiento no se desprende necesariamente del texto impugnado, pues el término de dos años comporta en realidad el plazo máximo con que cuenta el Gobierno para decidir la postulación de quienes se desmovilizaron antes de la vigencia de la Ley 1592 de 2012, lo que significa que el Gobierno se encuentra habilitado para tomar tal decisión desde el mismo momento en que fue expedida la ley, pudiendo aprobar postulaciones antes del vencimiento del periodo de un año reconocido al segundo grupo de desmovilizados (un año), caso en el cual no se cumple el supuesto de inconstitucionalidad que se le atribuye a la medida.

    3.3.9. Entiende la Corte, además, manteniendo el mismo razonamiento de la demanda, que la acusación tampoco resulta de fácil comprensión, pues la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte acusado no estaría llamada a producir el efecto perseguido por el actor, en cuanto que su retiro del ordenamiento jurídico implicaría dejar sin límite temporal al Gobierno Nacional para decidir sobre la postulación de quienes se desmovilizaron antes de la vigencia de la Ley 1592 de 2012, lo que terminaría por hacer más gravosa la situación jurídica de dicho grupo de desmovilizados.

    3.3.10. Así las cosas, al no cumplir con los requisitos mínimos de procedibilidad, la Corte debe inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la demanda formulada contra la expresión “[v]encido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la Ley 1592 de 2012.

    3.3.11. Definido como está el tema de la procedibilidad de la demanda, pasa la Corte a plantear el problema jurídico en relación con la acusación formulada contra el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012.

  4. Problema jurídico

    4.1. El actor sostiene que el aparte acusado del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 vulnera el artículo 29 de la Carta Política, en la garantía de la proscripción de la responsabilidad objetiva, al excluir al desmovilizado del proceso de justicia y paz por omitir entregar y denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, sin valorar ni la entidad de la omisión, ni el factor subjetivo de la misma, así como tampoco considerar el procedimiento que se debe seguir para adoptar tal decisión.

    4.2. De acuerdo con dicha acusación, le corresponde a la Corte determinar si la manera como está prevista en la disposición demandada la exclusión de los beneficios del proceso de justicia y paz por incumplimiento de la obligación de los desmovilizados de entregar los bienes adquiridos ilícitamente, conduce a que ello se lleve a cabo sin valorar el comportamiento del postulado y sin las garantías del debido proceso.

    4.3. Para abordar los problemas jurídicos enunciados, esta Corporación se referirá a los siguientes temas: (i) hará un breve recuento de las razones que tuvo en cuenta el legislador para expedir la Ley 1592 de 2012, haciendo especial énfasis en el tema regulado en la norma acusada; (ii) se referirá al fundamento jurídico de la ley de justicia y paz y al proceso que la desarrolla, dentro del propósito de definir el contexto en el que se inscribe la norma acusada; y, (ii) a la luz de tales elementos, realizará el estudio de constitucionalidad de la preceptiva demandada.

  5. Antecedentes de la Ley 1592 de 2012. Circunstancias que dieron lugar a la aprobación del artículo 8°

    5.1. Como se deduce de su propio texto, mediante la Ley 1592 de 2012, a la que se integra el artículo 8° parcialmente acusado, se introducen algunas modificaciones a la llamada Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005. El título de la ley demandada no deja dudas sobre ese particular: “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.

    5.2. El proyecto de ley que dio origen a la Ley 1592 de 2012, fue presentado ante el Congreso de la República por la F. General de la Nación de la época, V.M.H., con la pretensión de buscar soluciones a los diversos problemas surgidos de la aplicación de la Ley 975 de 2005, los cuales, a su juicio, venían afectando la eficacia y celeridad de los procesos de justicia y paz. En la exposición de motivos del referido proyecto, la entonces F. General de la Nación justificó su presentación, manifestando que:

    “En el tiempo que llevo al frente de la F.ía General de la Nación, y luego de analizar detenidamente la experiencia acumulada por la Unidad Nacional de F.ía para la Justicia y la Paz durante más de cinco años de aplicación de la Ley 975 de 2005, he podido confirmar la necesidad de introducir algunas modificaciones puntuales a la ley vigente, con el fin de agilizar el trámite de los procesos. Esto, a su vez, va a permitir agilizar la respuesta del ente investigador frente a las expectativas de justicia que provienen tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional, en particular, de los órganos internacionales de supervisión de derechos humanos encargados de hacer seguimiento a la situación de Colombia”[4].

    5.3. Aclaró la señora F., que el proyecto de ley propuesto, mantenía el propósito de “contribuir a la consolidación de la paz y a la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando, por una parte, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y, por la otra, los derechos de los postulados al debido proceso”.

    5.4. En la misma exposición de motivos, se identificaron los principales obstáculos que en la práctica afectaban el proceso de justicia y paz, señalando que los mismos estaban relacionados: “i) con la excesiva demora en el trámite de los procesos, derivada en gran medida de la multiplicidad de audiencias que es necesario celebrar a lo largo del trámite procesal; ii) con el volumen de casos y la complejidad que plantea su investigación integral; iii) con la falta de regulación de la persecución y el aseguramiento de los bienes destinados a la reparación de las víctimas así como de la restitución de bienes cuando estos les han sido despojados a aquellas; iv) con la complejidad de investigar y asegurar la reparación colectiva en el marco de la lógica individual de los procedimientos judiciales, lo cual, a su vez, genera importantes demoras; v) con la complejidad y demora en el trámite del incidente de reparación; [y] vi) con la ausencia de criterios para excluir a los postulados del proceso de justicia y paz, en ciertas circunstancias”.

    5.5. En punto a los problemas derivados de: “la falta de regulación de la persecución y el aseguramiento de los bienes destinados a la reparación de las víctimas” y de “la ausencia de criterios para excluir a los postulados del proceso de justicia y paz, en ciertas circunstancias”, se consideró necesario incluir en el texto de la ley disposiciones que, entre otros aspectos, permitieran “definir expresamente los bienes que son objeto de persecución en el marco del proceso de justicia paz”[5]. Con ese propósito, se propuso entonces establecer como obligación del postulado, la de indicar en la diligencia de versión libre los bienes de los cuales es titular real o aparente y que ofrece para la reparación de las víctimas, con lo cual se buscaba perseguir de manera efectiva los bienes con vocación cierta para reparar los derechos de las víctimas y determinar si el postulado honraba el compromiso adquirido de decir la verdad.

    5.6. En armonía con tal propósito, se propuso crear también la figura de la “exclusión”, con la finalidad de elevar a norma jurídica una práctica ya existente a partir de los desarrollos jurisprudenciales en la materia. En efecto, tal y como se mencionó en la exposición de motivos, la Ley 975 de 2005 no había consagrado expresamente la posibilidad de excluir a los postulados del proceso de justicia y paz, cuando éstos no cumplían los requisitos de elegibilidad previstos en sus artículos 10 y 11, razón por la cual, dicho vacío venía siendo llenado, por vía de interpretación, a través de la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, dada la dinámica y complejidad de los procesos de justicia y paz, la actividad de las autoridades judiciales competentes se había mostrado tímida y cauta frente a la depuración de los postulados que no cumplían los compromisos adquiridos, lo que hacía necesario la consagración legal de la exclusión con miras a unificar los criterios de aplicación, generar un mayor nivel de confianza en los operadores jurídicos y buscar la efectividad del proceso de justicia y paz y el enfoque del mismo en las personas que están dispuestas a cumplir con los requisitos de elegibilidad y contribuir a la reconstrucción de la paz, finalidad de la Ley 975 de 2005. Sobre este particular, se dijo expresamente en la exposición de motivos:

    “Ante el vacío de la Ley 975 de 2005 en esta materia, se propone incluir el instituto de la exclusión del proceso y el de finalización del mismo por renuncia voluntaria del postulado. Lo anterior, teniendo en cuenta los desarrollos jurisprudenciales en este sentido. En efecto, la jurisprudencia penal ha resuelto situaciones como las establecidas en los dos artículos que se proponen. En esta medida, la propuesta consiste en la consagración legal de una práctica ya existente. Habida cuenta que la actividad de los fiscales y magistrados ha sido evidentemente tímida y cauta al momento de depurar el universo de postulados, resulta necesario consagrar legalmente las directrices trazadas en la materia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”[6].

    5.7. Dentro de ese contexto, el propósito de incluir la “exclusión” en el proyecto de reforma, consistía “en [sacar] del procedimiento a los postulados que únicamente han figurado de manera formal en las listas enviadas por el Gobierno Nacional, pero que no ha sido posible ubicar ni lograr su comparecencia en el proceso. Así mismo, se hace necesario excluir a los que voluntariamente desisten de someterse al proceso de justicia y paz o expresan libremente su decisión de no continuar en el proceso. También se requiere excluir del proceso a quienes no satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley, tan pronto se acredita esta situación”.

    5.8. Con la implementación de la exclusión, se buscaba lograr una “mayor fluidez de las actuaciones, en la medida en que el esfuerzo de los diferentes equipos de trabajo de fiscales y magistrados de justicia y paz se podrá concentrar en aquellos casos en que los postulados realmente estén colaborando eficazmente con la reconstrucción de la verdad, a favor de la reparación de tantas víctimas que esperan, por fin, saber lo ocurrido con sus seres queridos”.

    5.9. Durante los debates surgidos en las distintas instancias legislativas, el tema de la exclusión adquirió particular relevancia frente al incumplimiento del requisito de elegibilidad relacionado con la entrega o denuncia de todos los bienes adquiridos por el postulado o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, pues se consideró que su consagración expresa podría contribuir al propósito de garantizar a las víctimas el derecho a la reparación, sobre la base de forzar una definición de los bienes que deben ser objeto de persecución en el marco del proceso de justicia y paz, aspecto éste que, en la práctica, venía afectando la efectividad y eficacia de dicho proceso. En esa dirección, durante el primer debate en Cámara, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, J.F.P.T., indicó “que cuando una persona en su versión libre no cuenta todo, no dice todo sobre los bienes, cuáles tiene en cabeza suya o por interpuesta persona, por supuesto que esto debe ser una causal de exclusión porque así como el Estado ha entregado prerrogativas a estas personas, el Estado debe exigir en cualquier momento, que ante el incumplimiento se puedan tomar medidas precisamente como la exclusión”[7].

    5.10. Con ese mismo criterio, en segundo debate en el Senado de la República, se dispuso incluir la regla no solo en la norma general referente a las causales de terminación del proceso, sino también en aquella llamada a regular lo relacionado con el deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las víctimas. Se mencionó sobre el particular en el señalado debate:

    “Este artículo nuevo da alcance a los requisitos de elegibilidad contemplados en los artículos 10 y 11 en relación con la entrega, denuncia y ofrecimiento de los bienes adquiridos por los postulados o por el grupo armado al que pertenecían, los cuales serán puestos a disposición de la Unidad de Víctimas o la Unidad de Tierras, según corresponda. Esta disposición no solo refuerza la obligación de los postulados de entregar, denunciar u ofrecer los bienes sino que además envía un mensaje claro de fortalecimiento del sistema de persecución de bienes por parte de la F.ía General de la Nación. Igualmente, establece que aquel postulado que no cumpla con esta obligación quedará excluido de Justicia y Paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda”[8].

    5.11. Atendiendo a la filosofía que inspiró la reforma a la llamada ley de justicia y paz -Ley 975 de 2005-, la figura de la exclusión quedó finalmente contenida, de manera particular y concreta, en los artículos y de la Ley 1592 de 2012. En esta última norma, prevista exclusivamente para el caso en que el postulado no cumple el compromiso de entregar, ofrecer o denunciar los bienes adquiridos ilícitamente.

    5.12. En efecto, mediante el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012, se introdujo a la Ley 975 de 2005 un nuevo artículo 11A, en el cual se regulan las causales de terminación del Proceso de Justicia y Paz y la exclusión de la lista de postulados, describiendo también el procedimiento a seguir en tales casos. Al respecto, la norma establece que los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan sido postulados por el Gobierno nacional para acceder a los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, serán excluidos de la lista de postulados previa decisión motivada, proferida en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los siguientes casos, sin perjuicio de las demás que determine la autoridad judicial competente:

    “1. Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley.

  6. Cuando se verifique que el postulado ha incumplido alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente ley.

    3. Cuando se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona.

  7. Cuando ninguno de los hechos confesados por el postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley.

  8. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha delinquido desde el centro de reclusión.

  9. Cuando el postulado incumpla las condiciones impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de que trata el artículo 18A de la presente ley.”

    5.13. Por su parte, a través del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, se introdujo a la Ley 975 de 2005 un nuevo artículo 11D, en el que se regula lo relacionado con el deber de los postulados de contribuir a la reparación integral. Con esa orientación, la norma prevé que, para los efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad relacionado con la entrega de los bienes producto de la actividad ilegal (arts. 10-10.2 y 11-11.5 de la Ley 975 de 2005), los desmovilizados deberán entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona. Destaca la misma norma que dichos bienes serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución Tierras Despojadas, para que sean destinados a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda.

    En el segundo inciso del citado precepto, al que se integra la expresión acusada, se le impone a la F.ía General de la Nación el deber de tomar todas las medidas necesarias para perseguir los bienes adquiridos por los desmovilizados o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado, precisando que “[e]l postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda”[9].

    5.14. Dentro del propósito de darle coherencia y solidez a la figura de la exclusión, particularmente en relación con el incumplimiento del compromiso del postulado de entregar, ofrecer o denunciar los bienes adquiridos ilícitamente, la Ley 1592 de 2012, adoptó, entre otras medidas, las siguientes:

    - (i) a través del artículo 14, modificó el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en el que se regula lo relacionado con la versión libre y confesión, en el sentido de establecer que en la diligencia de versión libre y confesión, los postulados a la ley de justicia y paz deberán indicar, entre otros aspectos, “la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron.”

    - (ii) En el artículo 26, modificó el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, que se refiere al tema de las condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad, en el sentido de señalar que, “si con posterioridad a la sentencia emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley, y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida, la autoridad judicial competente determinare que el beneficiario de la pena alternativa no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, perderá el beneficio de la pena alternativa”.

  10. La Ley de Justicia y Paz. Fundamento jurídico y estructura procesal

    6.1. Como ya ha sido destacado, la Ley 1592 de 2012, de la que hace parte el artículo 8° parcialmente acusado, introduce modificaciones a la llamada Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005.

    6.2. La ley de justicia y paz ha sido materia de estudio por parte de esta Corporación, particularmente, a través de la Sentencia C-370 de 2006, donde la Corte, al decidir sobre la exequibilidad de un número significativo de normas, sentó las bases para su interpretación y aplicación[10]. También la Corte Suprema de Justicia, en virtud de las competencias asignadas por la propia Ley 975 de 2005 a su Sala Penal, ha tenido oportunidad de pronunciarse en torno al alcance de las distintas instituciones que hacen parte de la ley de justicia y paz. En ese entendido, los enfoques fijados por las dos Corporaciones en sus respectivas decisiones, serán tenidos en cuenta en el presente caso para efectos de sustentar la decisión que corresponda adoptar.

    6.3. Tal y como lo puso de presente este Tribunal en la citada Sentencia C-370 de 2006, dentro de un contexto de justicia transicional, la Ley 975 de 2005 fue concebida como un instrumento para materializar la paz en el país, esto es, como un medio para superar el conflicto armado interno que afecta a Colombia desde hace ya varias décadas, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Así quedo consignado no solo en el título de dicha ley,“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, sino también en su artículo 1º, en el que se consagra que: “[l]a presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

    6.4. En palabras de esta misma Corporación, la ley de justicia y paz vino a constituir un “ingente esfuerzo político cuyo propósito es facilitar la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley que estén dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz[11]”.

    6.5. Dentro del objetivo de realizar el valor constitucional de la paz, a través de dicha ley, el Congreso fijó “diversas fórmulas que, en términos generales, implican una reforma al procedimiento penal con incidencias en el ámbito de la justicia -entendida como valor objetivo y también como uno de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos-”[14]. Conforme con ello, la ley establece “ciertos beneficios de tipo penal y un procedimiento especial ante ciertas autoridades específicas para quienes opten, individual o colectivamente, por desmovilizarse de los grupos armados al margen de la ley y reingresar a la vida civil”. Ello refleja una decisión de carácter político adoptada por el Legislador y plasmada en dicha ley, pues, en aras de lograr la paz, “se estableció un régimen específico y distinto de procedimiento penal, como forma de materializar la justicia”.

    6.6. Así, bajo las condiciones y términos del citado ordenamiento, los miembros de los grupos armados al margen de la ley que tomen la decisión de desmovilizarse, individual o colectivamente, son entonces investigados y juzgados conforme a un procedimiento penal especial, por cuenta de autoridades judiciales instituidas para ese efecto, y se harán acreedores a los beneficios fijados en la ley, en caso de cumplir los compromisos por ellos adquiridos con el Estado.

    6.7. Al respecto, cabe destacar que el beneficio previsto en la ley para quienes decidan acogerse al proceso de justicia y paz es la pena alternativa. Sobre el instituto de la alternatividad, en la Sentencia C-370 de 2006, esta Corporación precisó que se trata de un beneficio que “incorpora una rebaja punitiva significativa, al cual pueden acceder los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que se sometan a un proceso de reincorporación a la vida civil, y que hayan sido autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos. La concesión del beneficio está condicionada al cumplimiento de unos requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

    6.8. En el mismo fallo, la Corte explicó que tal beneficio consiste “en suspender la ejecución de la pena ordinaria aplicable en virtud de las reglas generales del Código Penal, para que en lugar de cumplir esta pena ordinaria, el condenado cumpla una pena alternativa menor, de un mínimo de 5 años y de un máximo de 8 años. En la sentencia condenatoria, primero, se fija la pena ordinaria (la principal y las accesorias), y, segundo, se reemplaza dicha pena, cuya ejecución es suspendida por ministerio de la ley, por la pena alternativa de 5 a 8 años, entre otras determinaciones que han de tomarse en la sentencia. En el concepto de alternatividad penal adoptado en la ley 975 de 2005 la pena ordinaria no desaparece, sino que es fijada en la sentencia. Lo que sucede es que el condenado que reúna los requisitos establecidos en dicha ley se beneficia con una pena alternativa inferior que también ha de ser fijada en la sentencia. Es esta pena alternativa la que efectivamente debe cumplir el condenado”.

    6.9. De acuerdo con la normatividad transicional, la jurisprudencia ha entendido que los beneficiarios del proceso de justicia y paz son tanto el Estado como las víctimas, pero también los propios ofensores. El “Estado por cuanto se consolida como Estado de Derecho y asume el monopolio de la fuerza y se aproxima a la concreción de una paz sostenible; las víctimas por conocer la verdad de la causa de su dolor y por ser reparadas integralmente; y los victimarios ya que en su favor, el Estado renuncia a una parte de la pena ordinaria, a cambio de que los postulados se comprometan con aquello que es exigido como requisito de elegibilidad, esto es, que suspendan su accionar armado, y en general que cambien su actitud en el futuro inmediato, a partir de su desmovilización[15]”.

    6.10. Debe señalarse, además, que al proceso de justicia y paz el desmovilizado accede libre y voluntariamente, lo cual significa que es él quien por iniciativa propia hace manifiesta su aspiración, mostrando plena disposición en el cumplimiento de los compromisos adquiridos a cambio de recibir la indulgencia de una disminución punitiva. Su ingreso, por ser libre y voluntario, exige, precisamente, un compromiso serio, inquebrantable y real para culminarlo, por lo que del cumplimiento de las exigencias impuestas en la ley depende la aplicación de la alternatividad. Sobre este particular, en la Sentencia C-370 de 2006, esta Corporación precisó que “[l]a alternatividad penal parecería una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas si la ‘la colaboración con la justicia’ no comprendiera la integralidad de los derechos de tales víctimas, y si no exigiera de parte de quienes aspiran a acceder a tal beneficio acciones concretas encaminadas a asegurar el goce efectivo de estos derechos, que parecen enunciados en la propia Ley 975 de 2005”.

    También la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento[16], se refirió al tema destacando que: “la materia prima con la cual se construyó la esperanza de un mejor país que subyace en la filigrana de la Ley de Justicia y Paz, es la voluntad de sus intervinientes, de tal forma que decidan escoger el camino de la paz en vez del sendero de la guerra; la voluntad, esa facultad intelectual en la que se concentra tanto la fuerza del querer como una motivación, esa tan importante para el devenir social que se identifica con la realización de la paz y la convivencia, presupuestos del orden, la seguridad, el progreso y la justicia”. En la misma decisión, aclaró la Corte que, no obstante, “esa voluntad debe tener elementos concretos de evaluación ya que no se puede quedar en vacías declaraciones de meras intenciones, sino que requiere manifestaciones externas, expresiones concretas, tangibles y por tanto evaluables de su sinceridad”. Y agregó que “los requisitos de elegibilidad son las exigencias iniciales, inmediatas, la expresión concreta de la voluntad, a cuyo cumplimiento se condiciona el acceso a la posibilidad de beneficiarse de los significativos descuentos punitivos contenidos en la ley”.

    6.11. En efecto, dentro del propósito de concretar la expresión de voluntad del postulado, la ley establece unos requisitos de elegibilidad, a cuyo cumplimiento se condiciona el otorgamiento del beneficio de la pena alternativa. Los requisitos de elegibilidad, para el caso de la desmovilización colectiva, se concretan en: (i) que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno Nacional; (ii) que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal[18]; (iii) que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados; (iv) que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita; (v) que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito; y (vi) que se liberen a las personas secuestradas, que se hallen en su poder (art. 10°).

    6.12. De igual manera, la desmovilización individual exige como requisitos de elegibilidad, (i) que el desmovilizado entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía; (ii) que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional; (iii) que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto; (iv) que cese toda actividad ilícita; y (v) que entregue los bienes producto de la actividad ilegal[19], para que se repare a las víctimas (art. 11).

    6.13. Si el postulado satisface los requisitos de elegibilidad, y da estricto cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en la ley e impuestas en la sentencia, relacionadas con la satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, se mantendrá en la transición y será beneficiario de la alternatividad. De manera general, en virtud de la ley transicional, el postulado tiene la obligación, (i) en el contexto de satisfacer la verdad, de dar a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos delictivos en los cuales participó; (ii) en el marco de la obligación de justicia, de permanecer privado de la libertad hasta que la autoridad competente así lo disponga, asistir a las audiencias, cumplir la sanción impuesta y los compromisos de comportamiento incluidos en el fallo; y (iii) en lo relacionado con el derecho a la reparación, entre otras obligaciones, de entregar al Estado los bienes para la reparación de las víctimas.

    6.14. Ahora bien, el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, en particular el relacionado con la entrega de los bienes producto de la actividad ilegal, da lugar a la exclusión del postulado del proceso de justicia y paz[20] o, en su defecto, a la pérdida del beneficio de la pena alternativa, según el momento procesal en el que se declare tal incumplimiento. Ello implica que el desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado y que sus delitos serán juzgados por los despachos judiciales ordinarios que lo requieran.

    6.15. Ya se había señalado que el proceso de justicia y paz se funda en la voluntad de los intervinientes, “en una confianza recíproca, en el principio de lealtad, en el compromiso del desmovilizado de contribuir a la reconciliación nacional, todo ello sometido a verificación en el proceso penal de Justicia y Paz”[22]. Por eso, “[c]uando no hay lealtad en el marco del acuerdo humanitario, lo propio es tramitar la exclusión del desmovilizado del programa de justicia transicional y la entrega del caso a la justicia ordinaria, porque se revela que la intención defensiva del desmovilizado es alcanzar impunidad (relativa) y nada más”.

    6.16. En lo que hace a la figura de la exclusión, ésta ha sido definida por la jurisprudencia como el mecanismo por medio del cual la autoridad judicial de conocimiento del proceso de justicia y paz expulsa al postulado de dicho trámite, previa solicitud que presenta la fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha precisado al respecto, que “[l]a exclusión del postulado de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, opera cuando éste no cumple con los requisitos generales y objetivos establecidos en la Ley 975 de 2005 para su vinculación al trámite especial, o cuando en curso del proceso o dentro de la ejecución de la pena alternativa dispuesta por la justicia, incumple con las obligaciones propias de su condición”.[23]

    6.17. El proceso de exclusión de quienes aspiran a ser beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, fue estructurado en el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012, que a su vez adicionó un artículo 11A de la Ley 975 de 2005. La formalización legal de la exclusión dentro del proceso de justicia y paz, propuesta en la Ley 1592 de 2012, se explicó en el apartado anterior, tenía como propósito específico no solo buscar una mayor efectividad de dicho proceso, sobre la base de unificar criterios y brindar confianza a los operadores jurídicos en sus decisiones, sino también, lograr que el proceso se enfocara en las personas que en realidad estuvieren dispuestas a cumplir con los requisitos de elegibilidad y a contribuir con la reconstrucción de la paz, que es la finalidad que persigue la Ley 975 de 2005.

    6.18. Y es que, conforme ya fue señalado, la Ley 975 de 2005 no consagró formalmente la figura de la exclusión, esto es, no elevó a la categoría de norma especial la posibilidad de excluir a los postulados del proceso de justicia y paz, cuando éstos no cumplen los requisitos de elegibilidad o cualquier otra obligación legal o judicial tanto en el curso del proceso como en la ejecución de la Sentencia. No obstante, ante la necesidad inaplazable de definir el futuro de quienes no honraran sus compromisos, dicho vacío legal fue entonces cubierto por vía de interpretación por la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,[26] con base en el parágrafo 1° del artículo 19 y el artículo 21 de la citada Ley 975 de 2005, que regulan las figuras de la aceptación de cargos y la ruptura de la unidad procesal.

    La aplicación de la exclusión por vía jurisprudencial, se extendió hasta la expedición de la citada Ley 1592 de 2012, que, se reitera, la reguló expresamente en el artículo 5°, al incluir un nuevo artículo 11A a la Ley 975 de 2005, titulado “Causales de terminación del Proceso de Justicia y Paz y exclusión de la lista de postulados”. En dicha norma se consagran las causales de exclusión y se establece el procedimiento que se debe seguir para su aplicación, el cual se ve complementado con otras disposiciones de la ley que le resultan a su vez plenamente aplicables.

    6.19. En relación con las causales de exclusión, para lo que es de interés a este juicio, debe señalarse una vez más que el citado artículo 5° de la Ley 1592 de 2012, que incluyó un nuevo artículo 11A a la Ley 975 de 2005, prevé que hay lugar a la exclusión, entre otras causas, “Cuando se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona”. En punto a dicha causal de exclusión, de destaca que la misma fue recogida por la norma acusada, el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 (que introdujo a la Ley 975 de 2005 un nuevo artículo 11D), el cual, al regular lo relacionado con el deber de los postulados de contribuir a la reparación integral, dispone que “[e]l postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda.”

    6.20. Con respecto al procedimiento a seguir, habrá de destacarse inicialmente, que la decisión de excluir a un postulado del proceso de justicia y paz debe ser adoptada en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud del fiscal del caso, y debe estar motivada fáctica, probatoria y jurídicamente (Ley 975, art. 11A y 13). Ciertamente, si el postulado incumple los requisitos de elegibilidad o alguna obligación legal o judicial, no obstante que el Gobierno lo haya incluido en lista, es obligación del fiscal delegado acudir ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, a fin de obtener la desvinculación de la persona en audiencia a través del mecanismo de la exclusión.

    6.21. La decisión de exclusión del proceso de justicia y paz, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, puede tener lugar en cualquier momento de la actuación, esto es, tanto en el curso del proceso (investigación y juzgamiento) como en la etapa de ejecución de la sentencia, una vez se ponga en evidencia la situación de incumplimiento (Ley 975, art. 11A). Como se mencionó, tal decisión le corresponde adoptarla a la Sala de Justicia y Paz con Funciones de Conocimiento de los Tribunales Superiores, lo cual se explica en el hecho de que dicha determinación privaría al postulado de gozar del derecho a la pena alterativa, esto es, de ser parte de los beneficios de la Ley 975 de 2005.

    6.22. En caso que el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad se verifique antes de proferirse sentencia, se dispondrá la exclusión del postulado del proceso de justicia y paz y se remitirá la actuación al funcionario competente para llevar el proceso conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas, en donde no tendrá valor la confesión del justiciable realizada en el expediente transicional (Ley 975 de 2005, art. 11A). Si el incumplimiento se verifica luego de proferido el respectivo fallo, la Sala de Conocimiento, de oficio o por solicitud del fiscal, deberá proceder a revocar la pena alternativa o el periodo de libertad a prueba y se harán efectivas las penas principales y accesorias ordinarias determinadas en la sentencia (Ley 975 de 2005, arts. 24, 25 y 26).

    6.23. Finalmente, contra la decisión de exclusión, adoptada en audiencia pública mediante auto, procede el recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Ley 975 de 2005, art. 26). Una vez en firme la decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado para acceder a un futuro trámite y a los beneficios establecidos en la ley de justicia y paz (Ley 975, art. 11A). Ello es así, pues el desconocimiento de los presupuestos establecidos desconoce los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y una decisión diferente conduciría a un trato desigual respecto de los postulados y generaría incertidumbre, desconfianza e inseguridad jurídica en el marco de la justicia transicional[27].

  11. Descripción básica del proceso de justicia y paz

    7.1. Dentro de marco jurídico descrito, el procedimiento penal especial fijado en la Ley 975 de 2005 para justicia y paz, esta integrado básicamente por dos fases: una administrativa y otra judicial. La primera corre por cuenta del Gobierno Nacional, en cuanto que a él le corresponde elaborar la lista con los nombres de los miembros de grupos armados al margen de la ley que aspiren a obtener los beneficios reconocidos. La segunda, la judicial, se encuentra a cargo de la Unidad Nacional de F.ía para la Justicia y la Paz y de los Tribunales de Justicia y Paz, a quienes corresponde, una vez recibida la lista correspondiente de postulados, llevar a cabo lo concerniente a la investigación, juzgamiento, imposición de la sanción y aplicación de los beneficios judiciales.

    7.2. En lo que hace a la etapa judicial, la citada ley prevé su desarrollo de la siguiente manera. Una vez recibida la lista de postulados remitida por el Gobierno Nacional, le corresponde al fiscal delegado, de acuerdo con los criterios de priorización que establezca el F. General de la Nación, asumir de manera inmediata la competencia para conocer: (i) de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley; (ii) de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros; y (iii) de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización (art. 16). En esta instancia, la fiscalía lleva a cabo una investigación preliminar con el fin de establecer la verdad material, determinar las conductas punibles, sus autores, identificar bienes, fuentes de financiación, entre otros elementos.

    7.3. Después de asumida la competencia para investigar, el fiscal delegado recibe la declaración de versión libre y confesión del postulado, en la cual lo interroga acerca de los hechos de que tenga conocimiento. Dicha diligencia se desarrolla en presencia del apoderado del postulado y éste tiene la obligación de confesar de manera completa y veraz los hechos delictivos en los que participó y de que tenga conocimiento, así como de indicar los bienes que entregará, ofrecerá o denunciará para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron, entre otros elementos (artículo 17[28]). Con base en la versión libre, el F. elabora un programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización. En esta fase es posible solicitar medidas cautelares sobre los bienes destinados a la reparación de las víctimas (art. 17).

    7.4. Teniendo en cuenta el alcance reconocido a la diligencia de versión libre y confesión, la misma constituye el momento procesal en el cual el postulado materializa y hace manifiesta su voluntad expresa de acogerse al procedimiento y beneficios de la ley, pues en ella se obliga a declarar la verdad, en particular, a declarar todos los bienes adquiridos ilícitamente, con los cuales se compromete a contribuir a la reparación integral de las víctimas. En ese sentido, es también el primer referente procesal con que cuenta la fiscalía para verificar si el postulado honra su compromiso, es decir, si actúa con la intención real de hacer entrega de bienes e indemnizar a sus víctimas, o si lo hace como una manera de dilatar el proceso penal, pues el ofrecimiento de los bienes es indicativo de que tan cierto es el propósito que tiene de reconciliación. En este escenario, es importante resaltar que la fiscalía, según surge de la propia ley y la jurisprudencia, es el ente encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la voluntad constante del postulado de ser beneficiario de la pena alternativa[29].

    7.5. Tal y como lo ha destacado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el “rol de la fiscalía en el contexto de la versión libre no es pasivo. Tiene el deber institucional de interrogar al desmovilizado para lograr el esclarecimiento de la verdad, que constituye un presupuesto de la investigación y de la labor de verificación que debe agotar con miras a consolidar una formulación de cargos. Sin embargo, antes de iniciar el cuestionario deberá inquirirlo sobre si es su voluntad expresa de acogerse al procedimiento y beneficios de la Ley, como requisito para adelantar las demás etapas del proceso judicial. El desmovilizado, por su parte, “está obligado a efectuar una confesión completa y veraz de los hechos delictivos en los que participó y de todos aquellos que tenga conocimiento durante y con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley, así como informar las causas y circunstancias de tiempo, modo y lugar de su participación en los mismos o de los que le conste, para asegurar el derecho a la verdad. Adicionalmente, deberá indicar la fecha de ingreso al respectivo frente o bloque y enumerar todos los bienes de origen ilícito que deberán ser entregados para efectos de reparar a las víctimas”[30].

    7.6. Cumplida la declaración de versión libre y confesión, se da paso a la audiencia de formulación de imputación ante el magistrado que ejerce la función de control de garantías (artículo 18[31]). Esta audiencia tiene como finalidad la iniciación formal de la investigación penal, y en ella el fiscal hace la imputación fáctica de los cargos investigados y confesados y solicita al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda. Igualmente, puede solicitar la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes para efectos de la contribución a la reparación integral de las víctimas.

    7.7. A partir de la audiencia de formulación de imputación, y dentro de los 60 días siguientes, la F.ía General de la Nación, con el apoyo de la policía judicial, adelanta las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia (art. 18). Finalizado dicho término de investigación, el fiscal del caso solicita a la sala de conocimiento la programación de una audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos. En ella, el postulado podrá aceptar los cargos que le fueron imputados por la F.ía General de la Nación. No obstante, la aceptación de cargos solo tendrá validez si se hizo de manera libre, voluntaria y espontánea, y siempre que el postulado haya estado asistido por su defensor (art. 19[32]).

    7.8. Aceptada la formulación de cargos por parte del imputado, se convocará a la audiencia de verificación de la aceptación de cargos, con el fin de examinar si la aceptación se efectuó de manera libre, voluntaria, espontánea y asistida por el defensor del imputado. Dicha audiencia se realiza ante los Magistrados con Funciones de Conocimiento de Justicia y Paz, quienes deben controlar la legalidad de la aceptación de cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos, en el sentido que aquella debe efectivamente corresponder a los que obran en el expediente (art. 19). Cabe destacar que, en la misma audiencia en la que se declara la legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, se da inicio de manera oficiosa al incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal.

    7.9. Finalmente, concluido el incidente de identificación de afectaciones, se procede a dictar sentencia, en donde se verificara el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad contenidos en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, entre otros aspectos, y, de encontrarse cumplidos, se suspenderá la ejecución de la pena que se imponga de acuerdo con el Código Penal y habrá lugar al beneficio de la pena alternativa. Una vez se cumpla la pena alternativa, se concede la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, en donde el condenado tiene la obligación de no reincidir en los delitos por los cuales fue penado, de presentarse periódicamente a la autoridad que corresponda y de informar el cambio de residencia de llegar a ocurrir, cumplido lo anterior, se declarará que se extinguió la pena ordinaria haciendo tránsito a cosa juzgada (art. 24[34]). En todo caso, en el evento en que el condenado incumpla alguno de los compromisos u obligaciones determinados en la sentencia se le revocará el beneficio de la pena alternativa y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción principal y las accesorias que le fueron impuestas. Cabe señalar que contra los autos interlocutorios y sentencias, procede el recurso de apelación cuya competencia esta en cabeza de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (art. 26).

    7.10. El proceso de justicia y paz al que se ha hecho expresa referencia, no obstante tratarse de un procedimiento penal especial, diseñado en un contexto de justicia transicional para investigar juzgar a las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decididamente a la reconciliación nacional, destaca la Corte, está llamado a desarrollarse con estricta sujeción a las garantías sustanciales y procesales propias del Estado de derecho. Al respecto, por fuera de las manifestaciones concretas previstas en las distintas instituciones procesales reguladas por la ley de justicia y paz para el cumplimiento de sus objetivos, de manera especial, el mismo compendio normativo deja en claro que la aplicación e interpretación de sus disposiciones deben llevarse a cabo con pleno acatamiento a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia, así como también, respetando el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y las garantías judiciales de los procesados.

    7.11. En relación con este aspecto, el artículo 2° de la Ley 975 de 2005 consagra expresamente que “[l]a interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. En esa misma orientación, el artículo 4° prevé que: “[e]l proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”. También el artículo 15 dispone que “la investigación se surtirá conforme a los criterios de priorización que determine el F. General de la Nación”, precisando al mismo tiempo que, “[e]n todo caso, se garantizará el derecho de defensa de los procesados y la participación efectiva de las víctimas”. Y el artículo 34 destaca que “[e]l Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho de defensa, mediante los mecanismos de de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley”.

    7.12 De acuerdo con dichos mandatos, es fácil entender que las medidas y decisiones que se adopten dentro del proceso de justicia y paz, incluyendo por supuesto las relacionadas con la exclusión de dicho proceso, están sujetas a los principios y garantías mínimas reconocidas por la Constitución y los tratados internaciones de derechos humanos, en favor del interés público y de todas las personas, entre ellos, los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la responsabilidad objetiva -nulla poena sine culpa-, la presunción de inocencia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la prohibición del non bis in idem y de la anología in malam partem.[35]

    7.13. Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en “en el ámbito de la justicia transicional la interpretación de las disposiciones legales no se satisface con los criterios interpretativos convencionales, sino que se nutre de los principios y valores constitucionales imbricados en Tratados Internacionales que propenden por debilitar el conflicto en aras de alcanzar el derecho a la paz, pero que también busca enjuiciar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario mediante el esclarecimiento de la verdad”[37]. Partiendo de tal presupuesto, la misma jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido enfática en señalar que la interpretación y aplicación de las normas de justicia transicional debe asegurar el derecho fundamental al debido proceso y las garantías judiciales de los postulados.

    7.14. Y no sobra recordar, que en el trámite de la reforma a la Ley 975 de 2005, por parte de la Ley 1592 de 2012, también se tuvo presente el propósito inobjetable de salvaguardar las garantías procesales de los sometidos en condición de procesados a la ley de justicia y paz. Sobre el particular, se recuerda que en el proyecto que culminó con la expedición de la última ley, en la exposición de motivos se manifestó, que el proyecto de ley propuesto, mantenía el propósito de “contribuir a la consolidación de la paz y a la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando, por una parte, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y, por la otra, los derechos de los postulados al debido proceso”.

  12. Constitucionalidad de la expresión acusada

    8.1. De conformidad con las consideraciones que han sido expuestas, la Corte encuentra que la acusación formulada contra el aparte acusado del artículo 8° de la Ley 1592 de 2012, no está llamada a prosperar, por cuanto la misma se estructura a partir de una visión aislada de la referida disposición, sin tener en cuenta el contexto normativo en el que ésta se inscribe.

    8.2. En efecto, la lectura que hace el actor de la regla que prevé la exclusión del proceso de justicia y paz, o la pérdida del beneficio de la pena alternativa, del “postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona…”, solo podría tener lugar si la citada regla se interpreta atendiendo exclusivamente a su tenor literal, desconociendo que la misma hace parte integral de un régimen jurídico especial, concebido exclusivamente como un instrumento para superar el conflicto armado interno que afecta a Colombia desde hace varias décadas, y cuyas instituciones sustanciales y procesales deben ser leídas y aplicadas atendiendo al contexto normativo al que se integran.

    8.3. Cabe recordar que, mediante la ley de justicia y paz, y en un ámbito de justicia transicional, el legislador adoptó una decisión de carácter político cuyo propósito es facilitar la reincorporación de miembros de los grupos armados al margen de la ley que estén dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz, estableciendo para tales efectos ciertos beneficios de tipo penal y un régimen específico y distinto de procedimiento penal, a cargo de autoridades judiciales especiales, cuya interpretación y aplicación requiere de una valoración sistemática y armónica de sus instituciones.

    8.4. A este respecto, en la Sentencia C-370 de 2006, la Corte dejó claro que la ley de justicia y paz debe ser juzgada, aplicada e interpretada con un criterio de ponderación y bajo una visión integral de sus instituciones sustanciales y procesales, en el entendido que las disposiciones que hacen parte de dicha ley constituyen un conjunto concatenado y armónico de normas relacionadas unas con otras. Bajo esa óptica, en dicho fallo la Corte sostuvo que: “una ley que -como la Ley 975 de 2005- ha sido concebida como un conjunto integral y específico de normas encaminadas a lograr la paz en un contexto determinado, el juicio de ponderación no puede dejar de valorar que una medida determinada está concatenada con otra, plasmada en una norma diferente. De tal manera que, por ejemplo, un instrumento que limita el alcance del derecho a la justicia, puede a su turno promover el derecho a la verdad. Esta visión integral es esencial al efectuar el juicio de ponderación…”.

    8.5. En consecuencia, no es posible considerar, como lo sostiene la demanda, que la decisión de exclusión del proceso de justicia y paz se adopta “sin agotar el proceso previo, y sin valorar la entidad de la omisión, las condiciones personales del desmovilizado y el grupo al cual perteneció, los errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias judiciales, y la oportunidad procesal para hacer entrega y ofrecimiento de bienes, generando una carga sospechosa y temeridad en cabeza del desmovilizado postulado y desconociendo la presunción de buena fe”.; pues, en realidad, los aspectos jurídicos que el actor hecha de menos, se encuentran expresamente regulados en distintas disposiciones de la Ley 975 de 2005, en la propia Constitución Política y en los tratados de derechos humanos a los cuales remite la propia ley de justicia y paz.

    8.6. Así entendido, lo primero que cabe resaltar, en punto a la acusación que formula el actor, es que la decisión de excluir a un postulado del proceso de justicia y paz se adopta siguiendo el procedimiento previamente establecido en distintas disposiciones de la precitada Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la Ley 1592 de 2012. Bajo esa óptica, la referida exclusión está sometida a las siguientes reglas: (i) procede cuando se cumpla alguna de las causales de exclusión definidas en la ley y las demás que determine la autoridad judicial competente (Ley 975, art. 11A)[38]; (ii) la decisión debe ser adoptada en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, mediante auto, a solicitud del fiscal del caso, y debe estar motivada fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o desestimación de las pretensiones de las partes (Ley 975, art. 11A y 13); (iii) durante la audiencia la defensa del postulado estará a cargo de su defensor de confianza o, en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública (Ley 975, art. 14); (iv) la audiencia puede solicitarse en cualquier momento de la actuación, esto es, tanto en el curso del proceso como en la etapa de ejecución de la sentencia, una vez se ponga en evidencia la situación de incumplimiento (Ley 975, art. 11A); (v) si la decisión se toma antes de proferirse sentencia, se dispone la exclusión del postulado del proceso de justicia y paz y se remite la actuación al funcionario competente para llevar el proceso conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas, en donde no tendrá valor la confesión del justiciable realizada en el expediente transicional (Ley 975 de 2005, art. 11A), si, por el contrario, la decisión se toma luego de proferido el respectivo fallo, la Sala de Conocimiento, de oficio o por solicitud del fiscal, procede a revocar la pena alternativa o el periodo de libertad a prueba y hará efectivas las penas principales y accesorias ordinarias ordenadas en la sentencia (Ley 975 de 2005, arts. 24, 25 y 26); (vi) finalmente, contra la decisión de exclusión procede el recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Ley 975 de 2005, art. 26), y una vez en firme la decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado para acceder a un futuro trámite y a los beneficios establecidos en la ley de justicia y paz (Ley 975, art. 11A).

    De este modo, contrario a lo sostenido en la demanda, sí existe un procedimiento previo para la adopción de la medida de exclusión, el cual, a su vez, le ofrece al afectado oportunidades procesales para hacer valer su versión de los hechos y para controvertir la decisión que le sea adversa.

    8.7. También es menester destacar que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, la diligencia de versión libre y confesión es la oportunidad procesal para que el postulado a la ley de justicia y paz confiese de manera completa y veraz los hechos delictivos en los que participó y declare los bienes que entregará, ofrecerá o denunciará para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció.

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