Sentencia de Constitucionalidad nº 385/14 de Corte Constitucional, 25 de Junio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 520086803

Sentencia de Constitucionalidad nº 385/14 de Corte Constitucional, 25 de Junio de 2014

Ponente:Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Fecha de Resolución:25 de Junio de 2014
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Inexequible
 
ÍNDICE
CONTENIDO

1. Norma acusada, literal b) del artículo 2º de la Ley 1641 de 2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la

calle y se dictan otras disposiciones

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes

definiciones:

  1. Política pública social para habitantes de la calle : Constituye el conjunto de principios, lineamientos,

    estrategias, mecanismos y herramientas que orientarán las acciones del Estado colombiano en la búsqueda de

    garantizar, promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de la calle, con el propósito

    de lograr su rehabilitación y su inclusión social;

  2. Habitante de la calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación,

    ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar;

  3. H. en calle: Hace referencia a las sinergias relacionales entre los habitantes de la calle y la

    ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales, tanto estructurales como individuales;

  4. Calle: Lugar que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual y que no cumple con la totalidad

    de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser humano.

2. Decisión

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y que ha roto vínculos con su entorno familiar”,

contenida en el literal b) del artículo 2º de la ley 1641 de 2013 “Por la cual se establecen los

lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se

dictan otras disposiciones”.

  1. Síntesis de los fundamentos

El problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte Constitucional en este proceso, consistió en determinar si la exigencia de haber roto vínculos con el entorno familiar, en

tanto requisito para ser calificado como habitante de la calle y ser beneficiario de las medidas que se adopten en desarrollo de la Ley 1641 de 2013, genera un desconocimiento del

derecho a la igualdad.

La Corte destacó la importancia de las definiciones legales de conceptos constitucionales y aun cuando constató que por no estar consignada en la Carta la correspondiente a la definición de “habitante de la calle”, señaló que al legislador le corresponde un margen de configuración para fijarla que no es tan amplio, porque el constituyente aportó criterios materiales para identificar los grupos vulnerables, relativos a la posición económica o con la Comunicado No. 25. Corte Constitucional. Junio 25 y 26 de 2014

2 marginalidad de personas o grupos sociales. Indicó, que una definición legal comporta la diferenciación entre el ámbito que queda cubierto por su alcance y lo que escapa a ese

ámbito, por lo cual el legislador al formular definiciones no debe incorporar ni más ni menos de lo indispensable, máxime cuando los términos se van a emplear en un contexto que

implica distinguir e identificar a las personas que van a ser titulares del derecho a obtener a protección estatal ordenada y aquellas que a causa de no reunir todos los elementos contemplados en la definición, quedan por fuera de la protección que la Carta dispone.

Del análisis jurisprudencial adelantado, la Corporación concluyó que tanto la noción de indigente, como la de habitante de la calle se sirven de un componente socioeconómico que hace énfasis en la situación de pobreza y de otro componente geográfico que advierte sobre su presencia en el espacio público urbano en donde transcurre la vida de esas personas o grupos, además que denota la falta de vivienda, circunstancia que distingue a quienes viven en la calle de otros grupos de indigentes. En cuanto a las relaciones familiares de estas personas, observó que pueden romperse o conservarse, sin que ello incida de manera decisiva en la calificación como habitante de la calle, puesto que esta situación se define a partir de criterios socioeconómicos y geográficos, lo cual queda demostrado cuando se repara en que en ocasiones, la familia carece de medios para brindar apoyo material, o todos sus miembros comparten la situación de indigencia, de modo que no en todos los casos el hecho de habitar en la calle está precedido de una ruptura abierta y radical con el entorno familiar.

Por consiguiente, la Corte consideró que el segmento normativo acusado del artículo 2º de la Ley 1641 de 2013, al prever como parte de la definición de habitante de la calle la exigencia de haber roto vínculo con el entorno familiar, distingue, sin una finalidad legítima desde la perspectiva constitucional, entre personas en una situación de vulnerabilidad merecedoras de protección, toda vez que propicia la privación de los beneficios derivados de las respectivas políticas públicas a quienes, aun habitando en la calle, mantienen algún nexo con sus familiares, lo cual reduce el ámbito de protección y releva al Estado de prestarla a la totalidad de quienes la merecen, obligación que de acuerdo con el principio de solidaridad, puede cumplir en concurrencia con la sociedad y la familia, en el supuesto en que esta se encuentre en condiciones de prestar alguna ayuda. En consecuencia, la expresión normativa “y que ha roto vínculos con su entorno familiar” que hace parte del literal b) del artículo 2º de la Ley 1641 de 2013, fue declara inexequible.

LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL PARA 2013, PARA REESTRUCTURAR LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y EL DAS EN LIQUIDACIÓN, DESCONOCIERON LOS PRINCIPIOS CONSECUTIVIDAD Y DE IDENTIDAD FLEXIBLE EXIGIDOS DE

TODO PROYECTO DE LEY