Auto nº 212/14 de Corte Constitucional, 16 de Julio de 2014

Auto 212/14Recurso de súplica contra el auto del 17 de junio de 2014, que rechazó la demanda presentada contra el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

Actor: D.A.G.E..

Magistrado ponente:Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil catorce (2014).

Procede la S. Plena de la Corte Constitucional a resolver el recurso de súplica interpuesto por el ciudadano D.A.G.E. en contra del auto calendado el diecisiete (17) de junio de 2014.

1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, mediante escrito del 23 de abril de 2014, el ciudadano D.A.G.E. presentó demanda contra el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que estableció los requisitos para obtener la pensión de vejez.

   En criterio del demandante esa disposición es contraria al artículo 48 de la Constitución debido a que “este precepto no contempla la posibilidad de que la pensión fuera voluntaria sino forzosa que desde esta perspectiva permite que el dinero que efectivamente va a recibir el futuro pensionado cada vez es un porcentaje menor por lo que se les obliga indirectamente a continuar trabajando si desean mantener su status de vida.”

   Puntualmente definió qué es la pensión de vejez y refirió quienes son sus beneficiarios. Luego precisó que la expresión “a) A partir del 1º de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre”, constituye una extralimitación de las funciones del legislativo en la medida en que ese requisito no está previsto en el artículo 48 superior, lo que conlleva la inexequibilidad de la disposición.

2. Efectuado el reparto por la S. Plena, su conocimiento correspondió al magistrado G.E.M.M., quien mediante auto del 23 de mayo de 2014 dispuso inadmitir la demanda ya que consideró que existe ineptitud en su fundamento por incumplir los requisitos para estructurar los cargos de inconstitucionalidad.

   Refirió que la demanda debe contener acusaciones claras, precisas, concretas, directas, específicas o determinadas conforme al artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, para lo cual citó un párrafo de la sentencia C-028 de 2009 y otros de la sentencia C-1052 de 2001.

   Bajo esas condiciones, concluyó que la demanda presentada por el ciudadano G.E. no es clara, específica ni pertinente. Indicó que los argumentos de la demanda son subjetivos y no contienen una oposición objetiva o verificable entre la norma demandada y la Constitución. Dedujo que sus reproches no logran configurar un cargo por inconstitucionalidad teniendo en cuenta que no existió una comparación para demostrar la incompatibilidad entre las normas o para establecer que la modificación de los requisitos para acceder a la pensión de vejez vulnere la Carta Política.

   Para probar sus argumentos se soportó en las sentencias C-663 de 2007 y C-288 de 2011, en las que se definió el poder que tiene el legislador para variar los requisitos para acceder a la pensión de vejez, siempre que se respeten los derechos adquiridos. Advirtió que el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 solo afecta a las personas que no hubieran cumplido las condiciones para disfrutar de esa prestación y concluyó que el actor debía corregir su demanda de manera que demostrara que la norma es regresiva, que afecta las prerrogativas de los afiliados del sistema y los derechos adquiridos.

3. Dentro del término concedido en la providencia de inadmisión, el actor presentó la corrección de la demanda. Manifestó que a pesar de ser una acción pública, los requisitos fijados impiden que cualquier ciudadano acceda a la justicia. Reprodujo buena parte de la demanda original y agregó varios argumentos en un capítulo que denominó “concepto de violación”. Allí planteó que la norma demandada vulnera el principio de progresividad de los derechos de segunda generación, teniendo en cuenta que el anterior requisito de edad para pensionarse era más favorable mientras que la reforma legislativa aumentó los años cumplidos para acceder a la prestación.

   Agregó que la disposición afecta los derechos adquiridos o las expectativas legítimas “toda vez que al tornar más pedregoso el camino para acceder a la pensión de vejez no creo (sic) mecanismos que protejan a quienes venían haciendo parte del anterior régimen de seguridad social en pensiones bajo otros requerimientos menos exigentes para causar a su favor el derecho a la pensión”. Estimó que también desconoce el principio de proporcionalidad porque establece restricciones para acceder al derecho y no hace parte de una técnica que busque “optimizar un bien para los asociados”. Adicionalmente, afirmó que afecta el principio de necesidad por la siguiente razón:

   “V. el principio de necesidad porque el legislador no ofreció alternativas que mejoren las condiciones de los futuros pensionados y resulta valido (sic) que el legislador establezca reglas o mecanismos tanto sustanciales como procesales encaminadas a corregir esta situación porque puede crearse una situación de desigualdad en perjuicio del futuro pensionado”

   Asimismo, el actor consideró que la norma vulnera el principio de idoneidad porque la norma acusada no brinda alternativas a lo futuros pensionados y reiteró que es inconstitucional debido a que “el dinero que efectivamente va a recibir el futuro pensionado cada vez sea un porcentaje menor por lo que se les obliga indirectamente a continuar trabajando si desean mantener su status de vida”. Finalmente insistió en que el requisito demandado no fue establecido por el constituyente en el artículo 48 Superior, lo que implica una extralimitación de funciones del legislativo que conlleva su inexequibilidad.

4. Mediante Auto del 17 de junio de este año, el magistrado sustanciador dispuso el rechazo de la demanda, por cuanto “persiste la falta de claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia en la formulación de los cargos, dado que el actor no logra explicar la vulneración constitucional por parte del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, tal como fue modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003”. Explicó que a pesar de los argumentos que agregó a en el escrito de corrección, no se logra establecer un “cargo convincente de inconstitucionalidad”, ni se explica por qué es contraria a la Carta una norma que pretende evitar el déficit pensional.

   Refirió que el actor invocó el desconocimiento de los derechos adquiridos y las meras expectativas sobre planteamientos subjetivos que desconocen el régimen de transición dispuesto por el legislador hasta julio de 2014. Concluyó que los argumentos del actor no satisfacen las exigencias del Auto de inadmisión y no son suficientes para desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

5. Dentro del término de ejecutoria del Auto del 17 de junio, el ciudadano G.E. interpuso el recurso de súplica contra el rechazo de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

   Para empezar el actor considera que cumplió con las exigencias contenidas en el Auto de inadmisión del 23 de mayo y plantea que sus argumentos son suficientes “por cuanto los raciocinios efectuados respecto la (sic) expresión acusada poseen la fuerza para despertar una mínima duda sobre la inexequibilidad de ésta”.

   Como fundamento de la inadmisión y el rechazo de la demanda el actor expuso lo siguiente:

   “El magistrado sustanciador exigió demasiado en esta demanda a mi juicio no se atrevió admitir la demanda desde el momento en que fue corregida para no enfrentarse con los gigantes, con los poderosos, y en este país desafortunadamente cada quien interpreta la ley a su manera por estas mismas razones no fue admitida la demanda en cambio el doctor J. pretelt (sic) tumbo (sic) las megapensiones millonarias de las altas cortes y senadores en sentencia C-258 de 2013 lo anterior causo (sic) muchas molestias entre el mismo gremio hubo salvamentos de votos sin razones poderosas, se amarro (sic) bien los pantalones por eso los colombianos y cordobeses estamos orgullosos de él. “Un aplauso”.”

   Como sustentación del recurso manifestó que la sostenibilidad financiera pensional es inconstitucional porque el ajuste fiscal se le aplicó a los ciudadanos y no al tratamiento responsable del gasto público por parte de las entidades del Estado. Razona que se aumentaron los requisitos pensionales para acumular más capital y evitarle más erogaciones al Estado.

1. Competencia.

   La S. Plena es competente para resolver el recurso de súplica de la referencia, con fundamento en el inciso 2, del artículo 6°, del Decreto 2067 de 1991.

2. El asunto sub-judice. Confirmación del proveído de rechazo de la demanda por incumplimiento de los requisitos de la acción de inconstitucionalidad.

   2.1. Corresponde a la S. entrar a resolver el recurso de súplica presentado oportunamente por el ciudadano D.A.G.E. en contra del Auto del 17 de junio de 2014, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

   Según el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución, compete a la Corte “Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. En tal virtud le corresponde a esta Corporación efectuar un control por vía de acción (art. 40-6 superior), lo cual significa que el mismo no tiene carácter oficioso. En otras palabras, “quien activa el control de constitucionalidad es el ciudadano con la presentación, en debida forma, de la demanda de inconstitucionalidad y no la Corte Constitucional”[1].

   Como lo ha expuesto esta Corporación, la acción de inconstitucionalidad a pesar de la naturaleza pública e informal que la caracteriza debe cumplir en su presentación con unos requisitos mínimos para su trámite y decisión de fondo. No corresponde a la Corte revisar oficiosamente las leyes sino examinar las que efectivamente hubieren sido censuradas por los ciudadanos. Esto significa que esta Corporación sólo puede adentrarse en el estudio de fondo de un asunto una vez se presente en debida forma la acusación[2].

   Así las cosas, debe recalcarse que la exigencia de una carga mínima de argumentación no implica caer en formalismos técnicos, ni en rigorismos procesales que puedan tornar inviable la demanda; más bien, su exigencia formal y material permite hacer un uso adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana por quienes activan el control de constitucionalidad, frente a la importancia de los actos expedidos por el legislador.

   2.2. El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, expone los requisitos formales que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad para que proceda su admisión. Dice la norma:

   “Artículo 2. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:

1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas;

2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas;

3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;

4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y

5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.”

   En cuanto al numeral 3 del mencionado artículo, la doctrina constitucional ha señalado que las razones de inconstitucionalidad deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Así lo ha expuesto esta Corte desde la sentencia C-1052 de 2001[3] hasta la fecha, indicando que dichas exigencias constituyen una carga mínima de argumentación que los ciudadanos deben cumplir al interponer las acciones de inconstitucionalidad para así evitar el rechazo de la demanda (previa su inadmisión) o una decisión inhibitoria. La Corte ha desarrollado tales requisitos bajo los siguientes parámetros:

   “La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”[4], no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

   Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[8] “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”.

   De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”[11]. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.

   La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales[16] y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.

   Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.

   De esta forma, no basta con que se alegue la vulneración de la Carta Política sino que resulta indispensable que se expongan argumentos que expliquen y justifiquen ese señalamiento y que conduzcan a desvirtuar la presunción de constitucionalidad[18]. La Constitución exige de los ciudadanos “un deber mínimo de diligencia, con el fin de que esta Corte pueda cumplir adecuadamente sus funciones”.

   2.3. Esos requisitos y principios de la acción pública de inconstitucionalidad también hacen parte del trámite y estudio del recurso de súplica que puede ser interpuesto en virtud del artículo 6º del decreto 2067 de 1991. La Corte ha señalado que esta etapa no constituye un examen integral del proceso que inicia con la demanda correspondiente, sino que únicamente se limita a la revisión del auto de rechazo. Por esta razón, la jurisprudencia ha requerido que dentro de la misma el actor observe la suficiente diligencia para demostrar el yerro en el que habría incurrido el magistrado sustanciador. Sobre el particular, vale la pena tener en cuenta el Auto 142B de 2004, en el que se explicó lo siguiente:

   “Para tal efecto, el demandante deberá responder con un mínimo de diligencia respecto a la exposición de la argumentación que deberá elevar en el recurso de súplica. De tal manera que el accionante debe efectuar “un razonamiento mediante el cual la S. Plena pueda constatar el yerro, el olvido o la actuación arbitraria que se endilga del Auto de rechazo”[19], pues de no ser así estaría incurriendo en una falta de motivación grave que impediría a esta Corporación referirse de fondo sobre el recurso.

   Como quiera que el objetivo primordial de este recurso es controvertir lo expuesto por el Magistrado Sustanciador en el auto de rechazo de la demanda, la argumentación debe estar orientada a atacar las motivaciones expresadas en el auto y no a corregir o modificar la demanda interpuesta originariamente. Al respecto, la Corte se ha manifestado en reiteradas ocasiones[21], dejando en claro que “el recurso de súplica no es una oportunidad para corregir o modificar la demanda rechazada, sino la ocasión para exponer ante la S. Plena las razones que el demandante estima válidas respecto de la providencia suplicada, con miras a obtener su revocatoria”.”

   En aquella oportunidad como ahora, la Corte estudió un recurso de súplica que fue sustentando lacónicamente por el actor insistiendo en que había cumplido con los requisitos de la acción de inconstitucionalidad y rechazando las exigencias del auto de rechazo. Al respecto, vale la pena tener en cuenta los siguientes razonamientos:

   “En conclusión, para la Corte es claro que el auto de rechazo adelantó una motivación basada no sólo en las normas que regulan el juicio de constitucionalidad sino que reiteró lo anotado en el auto inadmisorio respecto de la jurisprudencia actual en la materia. Este auto no impuso ninguna carga que no hubiese sido mencionada en el auto inadmisorio, pero el ciudadano, insistió en su argumento a pesar de que la abundante jurisprudencia actual desvirtúa su posición (ver folio 69 del expediente). Era necesario señalar el contenido material de cada disposición y justificar en cada caso la violación. No bastaba, como lo hizo el actor, hacer un listado de normas sin analizar el contenido material de cada una de ellas a fin de mostrar la oposición con la Carta. Como ya fue anotado, esto no es suficiente para edificar un cargo de inconstitucionalidad.

   Obviamente todo lo anterior se sustenta en importantes razones jurídicas. Una demanda indebidamente presentada conllevaría sólo al desperdicio de recursos, pues desembocaría inevitablemente en una sentencia inhibitoria. Así, debe reiterar la Corte que se exige del ciudadano un deber mínimo de diligencia, con el fin de que esta Corporación pueda cumplir adecuadamente sus funciones, ya que, tal y como se ha señalado en diversas sentencias[22], no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes, sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública, sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación de un ciudadano contra una norma legal con base en unas disposiciones constitucionales que se consideran infringidas y explicando además, para cada artículo, las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, pues lo contrario implicaría, usar recursos estatales inadecuadamente, para una labor que no beneficia a ninguna persona, pues la sentencia deberá ser inhibitoria por inepta demanda.”

   2.4. Para el caso sub-examine, la S. Plena encuentra que el recurso de súplica presentado contra el auto de rechazo no está llamado a prosperar toda vez que su sustento no logra demostrar la existencia de un yerro o una arbitrariedad en esa decisión.

   Es evidente que el auto de rechazo está sustentado en los requisitos que insistentemente ha desarrollado la jurisprudencia constitucional para hacer procedente la acción de inconstitucionalidad de conformidad al artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Más allá de las molestias que pueda causar, la complementación o el perfeccionamiento de una demanda no constituye un capricho de este Tribunal, sino que hace parte de la naturaleza de la acción, de su carácter rogado y de las obligaciones mínimas que debe satisfacer cualquier ciudadano para activar el derecho político, hacer efectivo el trámite judicial y evitar una decisión inhibitoria.

   Teniendo en cuenta que dentro del recurso de súplica el actor se limitó a afirmar que cumple con todos los requisitos de la demanda y a censurar la posición del Magistrado sustanciador en casos presuntamente similares a este, esta S. deduce que no existe un cargo de inconstitucionalidad contra el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 que haga procedente la acción. Enunciar que el precepto acusado perjudica a los afiliados, favorece las erogaciones a cargo del Estado o que la sostenibilidad fiscal es inconstitucional por aumentar el tiempo de las cotizaciones, no es suficiente para generar una duda sobre su validez con respecto a la Carta Política.

   2.5. En conclusión, la Corte confirmará el Auto de rechazo dictado el 17 de junio de 2014. No obstante, atendiendo que esta decisión no hace tránsito a cosa juzgada, se debe advertir que el actor cuenta con la posibilidad de presentar nuevamente la demanda con el cumplimiento de los requisitos necesarios para su admisión.

   En mérito de lo expuesto, la S. Plena de la Corte Constitucional