Sentencia de Tutela nº 169/08 de Corte Constitucional, 21 de Febrero de 2008

La señora L.D.W.T. presentó acción de tutela el 29 de mayo de 2007, ante el reparto de los Juzgados Penales Municipales de Bogotá, correspondiéndole al Séptimo, contra la Corporación Dios es Amor, CDA, por los hechos que a continuación son resumidos.

A.H. y relato contenido en la demanda.

1. L.D.W.T. asevera haber sido contratada por la Corporación Dios es Amor, CDA, para desempeñarse como docente mediante ''contratos escritos a término fijo'', desde el 20 de enero de 2002, siendo renovado continuamente hasta el 15 de diciembre de 2006. Afirmó que el 12 de diciembre, estando aún vigente su contrato, le informaron ''que el mismo fue prolongado para el periodo del 2007'', advirtiéndole que ''debía presentarme el 9 de enero de 2007, en la sede administrativa en horario de 2 a 5 de la tarde a trabajar''.

2. El 12 de diciembre de 2006 se practicó un examen de embarazo, con resultado positivo, lo cual asevera haber informado verbalmente el siguiente día, 13 de diciembre, al Director del Colegio J.P. y a la Coordinadora Académica G.L..

3. Agrega que el esposo E.H.T., por medio de correo electrónico le comunicó a la representante legal de la Corporación, M.L.P. de P., el estado de gravidez de su esposa.

4. Señala que en diciembre 15 de 2006 le entregaron la liquidación del año laborado y le dijeron que ''posiblemente no me iban a renovar mi contrato de trabajo''.

5. Añade que se presentó a trabajar el 9 de enero de 2007, con la documentación requerida por la corporación, tal como se lo ordenaron en el escrito de renovación del contrato, pero la Gerente de T.H.M.M.C. le informó que no la habían contratado nuevamente y me remitió donde C.S., ''quien me confirmó tal decisión, sin dejarme entrar a laborar'' (f. 1 cd. inicial).

6. En enero 31 de 2007 acudió al Ministerio de la Protección Social con el fin de solicitar conciliación con los directivos de Dios es Amor, para lo cual se celebró audiencia el día 16 de mayo siguiente, sin lograr acuerdo al afirmar el abogado de CDA que ''mi contrato se terminó el 23 de octubre de 2006 y que para esa oportunidad no estaba embarazada''.

7. Por lo expuesto, la actora solicita la protección de sus derechos a la vida digna, el trabajo, la seguridad social y el mínimo vital, al igual que los del niño, que prevalecen, los cuales considera vulnerado por la Corporación Dios es Amor, CDA, que no le renovó su contrato de trabajo como docente, después de haber informado su estado de embarazo.

   3. Documentación relevante cuya copia obra dentro del expediente.

1. Copia del Programa de Salud Materna Perinatal, en Colmédica, correspondiente a L.D.W.T. (f. 26 ib.).

2. Carta de octubre 23 de 2006, dirigida por la Gerente Administrativa y Financiera de la entidad accionada a L.D.W.T., comunicándole que el ''contrato laboral que CDA firmó con usted vence el próximo 30 de noviembre de 2006'' (f. 27 ib.).

3. Carta de diciembre 12 de 2006, enviada por la Coordinadora de Talento Humano de la entidad accionada a L.D.W.T., informándole que esa corporación ''ha decidido renovar el contrato laboral para el año 2007, la fecha para iniciar la recontratación es el día 9 de enero de 2007 en la Sede Administrativa en horario de 2:00 PM a 5:00 PM... Contar con esta aprobación nos permite incluirle dentro de la planta de personal, por lo tanto agradecemos informar con anticipación si cambia de decisión'', recordando que faltan unos documentos en su hoja de vida (f. 28 ib.).

4. Liquidación del contrato de trabajo de L.D.W. como ''auxiliar docente'' de la CDA, con motivo de retiro ''terminación contrato'', de fecha diciembre 15 de 2006 (f . 30 ib.).

5. Citación del Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial de Cundinamarca para el ''13 de abril de 2007 a las 9:40 horas INSPECCION CATORCE..., con el fin de realizar diligencia administrativa laboral con el representante legal'' de CDA, por la reclamación efectuada por L.D.W.T., para protección a la maternidad e indemnización por despido injusto (f. 31 ib.). La misma dependencia emitió una nueva citación, teniendo en cuenta querella administrativa laboral N° 52387, para el 16 de mayo de 2007, a las 11:40 (f. 33 ib.).

6. ''Acta no conciliada N° 37'', firmada en Bogotá el 16 días de mayo de 2007, comparecientes L.D.W.T. como reclamante y el apoderado de CDA, quien manifestó que no existe ánimo conciliatorio, por lo cual queda en libertad ''la reclamante para que si lo considera acuda ante la justicia laboral ordinaria'' (f. 34 ib.).

7. Contratos de trabajo a término fijo inferior a un año, celebrados entre L.D.W. Toro y CDA, por periodos de enero 21 a diciembre 5 de 2002; enero 20 de 2003, durante diez meses quince días; enero 21 de 2004, por el mismo lapso; enero 18 de 2005 a noviembre 30 de 2005 y enero 16 de 2006 a 30 de noviembre de 2006 (fs. 46, 50, 52, 55 y 59 ib).

8. Cartas dirigidas de CDA a L.D.W.T., notificándole que ''la Corporación Dios es Amor-CDA. ha decidido no renovar el contrato laboral celebrado con usted'', que se encuentran después de cada contrato, junto con la liquidación anual correspondiente al año laborado (fs. 47,51,53,56 y 60 ib).

   D.R. del apoderado de la Corporación Dios es Amor, CDA.

   En respuesta dada en junio 7 de 2007, le indicó al Juzgado del conocimiento que la sociedad que representa ''suscribió con la accionante contratos de trabajo a término fijo inferior a un año'' y que ''cada uno de esos años fueron liquidados en debida forma sus prestaciones sociales y salarios por el vencimiento del plazo fijo pactado y por ello no debe considerarse como una sola relación de trabajo'', como al parecer se presenta.

   Afirmó que ''el día 30 de noviembre de 2006 las partes acordaron prorrogar el contrato hasta el 15 de diciembre de 2006 y nuevamente reiteraron que a partir de esa fecha no se prorrogaría'', razón por la que sorprende la actitud de la actora al afirmar que ''el contrato se renovaría'' (f. 40 ib.).

   Es cierto que la demandante laboró hasta el día 15 de diciembre de 2006 y la comunicación a la que se refiere ''resulta ser la consecuencia de lo expresado en comunicación escrita del 23 de octubre de 2006, sin embargo por error se consignó una situación totalmente diferente'' (sin negrilla en el texto original, f. 41 ib). Concluye que la actora en ningún momento había comunicado su estado de embarazo y por ello mal hace al pretender el amparo ''después de 5 meses''.

   5. Sentencia de primera instancia.

      El Juzgado 7° Penal Municipal de Bogotá tuteló el derecho solicitado, mediante fallo de junio 15 de 2007, luego de considerar que aunque no obra prueba escrita de que hubiera comunicado el estado de gravidez, pues lo hizo verbalmente el 13 de diciembre al Rector y a la Coordinadora Académica, señores J.P. y G.L., respectivamente, como lo indicó en su declaración juramentada (f. 64 ib.), ''la comunicación suscrita por la señora M.M.C.R., coordinadora de talento humano de la accionada, fechada el 12 de diciembre y dirigida a la petente, informándole la renovación del contrato laboral para el año 2007 debiendo presentarse el 9 de enero de esa anualidad con los documentos pertinentes'' (f. 76 ib.), permite concluir ''sin dubitación alguna que se ha configurado la presunción del despido en razón del embarazo''.

      Refirió jurisprudencia de la Corte Constitucional y concluyó que ''en tal orden de cosas, resulta procedente la tutela'', por lo cual ordenó a la Corporación Dios es Amor, CDA, que ''en el término improrrogable de las cuarenta y ocho horas (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, reintegre a la señora L.D.W.T. al cargo que venía desempeñando al momento de su despido y se le garantice su derecho a gozar de la licencia de maternidad y al pago de la misma cuando nazca su hijo''. Aclaró que la entidad también debe hacerse cargo de la remuneración de la accionante (incluida la dejada de percibir desde el instante de la desvinculación) y del pago de sus cotizaciones a seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales), una vez sea revinculada en sus labores (f. 76 ib.).

      F.I..

      El apoderado de la entidad demandada impugnó esa decisión, al considerar que el Juzgado no observó que ''el día 30 de noviembre de 2006 las partes acordaron prorrogar el contrato hasta el día 15 de diciembre de 2006 y nuevamente reiteraron que a partir de esa fecha no se prorrogaría'' (f. 79 ib.).

      Adujo que ''el hecho de haber indicado a la demandante que se presentara el día 9 de enero para la renovación del contrato, no permite llegar a la conclusión que no se suscribió contrato por el estado de embarazo, pues como se reitera, ni siquiera en esa fecha la demandante lo informó'' y que la corporación empleadora no dio por terminado el contrato de trabajo por decisión unilateral, sino por el vencimiento del plazo fijo pactado, previo aviso escrito con no menos de 30 días de antelación a la fecha de vencimiento del contrato, lo cual indica que no hubo despido.

      Concluyó que lo expuesto se opone a la prosperidad de la acción, ''por ausencia de fundamento que demuestre la violación de algún derecho fundamental y por no ser procedente el trámite sumario'', por tener otro medio de defensa judicial en un procedimiento ordinario ante la jurisdicción laboral.

   7. Sentencia de segunda instancia.

      El 13 de agosto de 2007 el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá revocó el fallo impugnado y, en su lugar, declaró improcedente la tutela, al estimar que no se cuenta con elementos probatorios para inferir que la accionante, ''durante esos días previos a la culminación del contrato laboral, hubiese sido incapacitada o tuviera visitas médicas con ocasión de su estado de gravidez, como para suponerlo con base en esas circunstancias, de todo lo cual se concluye la ausencia de material probatorio que permita visualizar que la Corporación Dios es Amor, para el momento de cumplirse el contrato laboral (15 de diciembre de 2006), era conocedora de que la señora L.D.W. TORO estaba embarazada.''

      Concluyó que al no cumplirse uno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Corte Constitucional ''para la procedencia de la acción de tutela en casos como el presente, no había lugar a su concesión de la forma en que se hizo por parte del fallador de instancia''.

Primera. Competencia.

Esta Corte es competente para decidir, en Sala de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

Segunda. El asunto objeto de estudio.

La petición de la actora se encamina a obtener el reintegro al cargo de docente en la empresa demandada, que desempeñaba al momento de no ser renovado su contrato de trabajo, al igual que obtener el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Corresponde entonces a esta Sala de Revisión, determinar si ello procede mediante el ejercicio de la acción de tutela, cuando no se restableció su relación laboral al parecer a causa de su estado de embarazo.

Tercera. Procedencia de la acción de tutela contra particular y para la protección reforzada de los derechos laborales de la mujer embarazada. Reiteración de jurisprudencia.

Es claro que el amparo constitucional impetrado procede en este caso, aunque el accionado sea una corporación particular, en la medida que el debate gira en torno a una relación contractual laboral, uno de cuyos elementos es la continuada dependencia o subordinación del trabajador ante el empleador, que por ello resulta pasible de la acción de tutela (inciso final art. 86 Const. y art. 42.9 D. 2591 de 1991).

De otra parte, es en la jurisdicción ordinaria laboral donde se encuentra el mecanismo judicial regular para el restablecimiento en un empleo del sector privado, cuando se ha presentado un despido injusto o no es reiniciada una relación que normalmente ha debido reanudarse; sin embargo, es procedente excepcionalmente el amparo constitucional, en eventos como el de la desvinculación o no reanudación de una empleada en estado de embarazo, por razón de éste, siempre que se trate de proteger el mínimo vital de la futura madre, o de está y del recién nacido, a pesar de existir ese otro mecanismo ordinario de defensa de carácter judicial.

Al respecto, la corporación en la sentencia T-100 de marzo 9 de 1994, M.P.C.G.D., sobre la ''procedencia preferente de la acción de tutela, aún existiendo otro mecanismo de defensa judicial'', señaló:

''La Corte, empero, encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluidos TODOS los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y COMPLETA del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente...''

Tratándose de derechos de la mujer, el artículo 43 de la Constitución refiere que, además de su equiparación en derechos y oportunidades al hombre, durante el embarazo y después del parto gozará de la especial asistencia y protección del Estado, norma constitucional tiene su génesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 217 A (III), de diciembre 10 de 1948. Cfr. en Compilación de Instrumentos Internacionales, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sexta edición actualizada, 2005, pág. 18., según la cual tanto la maternidad como la infancia ''tienen derecho a cuidados y asistencia especiales'' (art. 25 num. 2º); fue mayormente desarrollado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 2200 A (XXI), de diciembre 16 de 1966, vigente desde marzo 23 de 1976 (ver Ley 74 de 1968), pág. 61 ib.. (art. 10 num. 2º), reconociendo los Estados Partes el deber de ''conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto'', además de la concesión de licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social dentro de ese período.

Igualmente, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 34/180, de diciembre 18 de 1979, vigente en Colombia desde febrero 19 de 1982 (ver Ley 51 de 1981), pág. 206 ib.., los Estados Partes se comprometieron a adoptar las medidas tendientes a impedir actos u omisiones contra las embarazadas y a asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, prohibiéndose el despido por motivo del embarazo e implementándose la licencia de maternidad, con ''sueldo pagado o prestaciones sociales similares'', sin que implique pérdida del empleo, ni efectos contra la antigüedad y los beneficios sociales (art. 11 num. 2°, literales a y b).

De la aplicación de los referentes internacionales y de la protección de la mujer consagrada constitucionalmente en el artículo 43, se ha consolidado que el amparo de quien se halle en estado de gravidez implica una estabilidad laboral reforzada, que conlleva ''la prohibición de ser despedida por razón del mismo'' T-872 de septiembre 9 de 2004, M.P.M.G.M.C., por ser un criterio discriminatorio que atenta contra el artículo 13 de la Carta y deviene en afectación de los derechos de quien está por nacer T-1030 de diciembre 3 de 2007, M.P.N.P.P...

Cuarta. Límites constitucionales a la facultad legal con que cuenta el empleador para no prorrogar contratos laborales a término fijo de trabajadoras en estado de gravidez. Reiteración de jurisprudencia.

El ordenamiento jurídico colombiano le confiere a los empleadores cierta libertad para no prorrogar los contratos a término fijo que suscriben con las y los trabajadores, facultad que, sin embargo, no es ilimitada ni puede entenderse con independencia de los efectos que la misma esté llamada a producir sobre la relación entre trabajadores y empleadores. Entonces, en aquellos eventos en los cuales el ejercicio de la libertad contractual trae como consecuencia la vulneración o el desconocimiento de valores, principios o derechos constitucionales fundamentales, la libertad contractual debe ceder T-701 de agosto 14 de 2003, M.P.C.I.V.H...

La Corte Constitucional ha indicado que la protección de la estabilidad laboral reforzada a favor de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez, se extiende también a las vinculadas por contratos a término fijo, donde ha reiterado la jurisprudencia T-426 de agosto 18 de 1998, M.P.A.M.C.; T-375 de marzo 30 de 2000, M.P.V.N.M.; T-1209 de noviembre 16 de 2001, M.P.R.E.G.; T-404 de abril 15 de 2005, M.P.J.C.T.; T-1210 de octubre 6 de 2005, M.P.A.B.S.; T-631 de agosto 3 de 2006, M.P.M.G.M.C., entre otras. que el solo hecho del vencimiento del plazo pactado no es motivo suficiente para convalidar la decisión del empleador de no renovar el contrato, por lo que el vencimiento del plazo pactado ''no constituye por sí mismo una causal objetiva para legitimar la desvinculación'' T-639 de junio 16 de 2005, M.P.R.E.G... En el evento descrito, ha de acudirse al artículo 53 de la Constitución, en aplicación de los principio de estabilidad laboral y de primacía de la realidad sobre las formas, así como la protección de la mujer y de la maternidad.

En la sentencia T-404 de abril 15 de 2005, M.P.J.C.T., se refirió la Corte en detalle a la aplicación prioritaria del principio de primacía de la realidad sobre las formas, derivando en mayor protección de los derechos de las y los trabajadores y refrendando la estabilidad laboral reforzada que le garantiza el ordenamiento jurídico a la mujer trabajadora que ha quedado en estado de gravidez o se encuentra en período de lactancia, derecho que también ha de extenderse a la relación que se origine en contratos a término fijo.