Sentencia de Constitucionalidad nº 811/14 de Corte Constitucional - Jurisprudencia - VLEX 545181355

Sentencia de Constitucionalidad nº 811/14 de Corte Constitucional

Ponente:Mauricio González Cuervo
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Inexequible
RESUMEN

La corte declaró inexequible la exigencia de acreditar la edad requerida para ingresar al cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC al momento del nombramiento, por dar lugar a una discriminación injustificada y restringir el derecho a concursar y ocupar cargos de carrera administrativa

 
ÍNDICE
CONTENIDO
  1. Norma acusada

    DECRETO 407 DE 1994

    (febrero 20)

    Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y C.

    ARTÍCULO 119. REQUISITOS. Para ingresar al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y

    Carcelaria Nacional, se requiere acreditar los siguientes requisitos:

  2. Ser colombiano.

  3. Tener más de dieciocho años y menos de veinticinco de edad, al momento de su

    nombramiento.

  4. Numeral INEXEQUIBLE

  5. Poseer título de bachiller en cualquiera de sus modalidades y acreditar resultado de los

    exámenes del Icfes.

  6. Tener definida su situación militar.

  7. Demostrar excelentes antecedentes morales, personales y familiares.

  8. No tener antecedentes penales ni de policía.

  9. Obtener certificados de aptitud médica y psicofísica expedido por la Caja Nacional de Previsión

    Social o su equivalente.

  10. Aprobar el curso de formación en la Escuela Penitenciaria Nacional.

  11. Ser propuesto por el Director de la Escuela Penitenciaria Nacional con base en los resultados de

    la selección al Director del Instituto Nacional Penitenciario y C., INPEC.

2. Decisión

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “al momento del nombramiento” contenida en el

numeral 2° del artículo 119 del Decreto Ley 407 de 1994.

  1. Fundamentos de esta decisión

La Corte comenzó por establecer si el precepto acusado se encontraba vigente, en razón a

su posible derogatoria tácita a partir de la expedición de la Ley 931 de 2004 “Por la cual se

dictan normas sobre el derecho al trabajo sin discriminación en razón de la edad”, y en

particular del mandato contenido en su artículo 2°. Sin embargo, después de precisar que

los regímenes especiales de carrera, como el del INPEC, constituyen excepciones válidas a

ese régimen general, reafirmó la vigencia de la norma y la posibilidad de decidir sobre su

constitucionalidad.

Para resolver sobre lo planteado, la Corte tuvo en cuenta que la posibilidad de participar

en los concursos y de ocupar cargos de carrera administrativa es una manifestación del

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, reconocido

por el artículo 40 superior. También estudió los alcances de la libertad de configuración

normativa del legislador respecto de la definición de los sistemas de carrera, y recordó la

triple trascendencia de la igualdad, como valor y principio constitucional y como derecho.

Con estos criterios, la Sala llevó a cabo un juicio integrado de igualdad, a partir del cual

encontró que si bien la exigencia de una determinada edad para el ingreso al Cuerpo de

Custodia y Vigilancia del INPEC resulta razonable y no es contraria a la Constitución, no

pasa lo mismo con el hecho de que se exija tener tal edad al momento del nombramiento.

Al examinar las demás reglas que componen el proceso de formación y selección regulado

por este decreto, la Corte encontró que este requisito se verifica también en una etapa

anterior del mismo, con lo cual puede ocurrir que aspirantes que iniciaron tal proceso

cumpliendo todos los requisitos pertinentes, vean frustrada su aspiración por superar la

edad máxima al momento del respectivo nombramiento, en razón al tiempo total que

transcurre mientras se surten todas las etapas necesarias. Concluyó entonces que esta

regla genera una situación de discriminación injustificada, que además lesiona el derecho

a participar en la convocatoria de un grupo de aspirantes que bien podrían tener el mérito

y las calidades requeridas, como consecuencia de circunstancias que escapan a su control

y voluntad, a partir de lo cual declaró inexequible el segmento normativo acusado.