Sentencia de Tutela nº 100/15 de Corte Constitucional, 11 de Marzo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 572614154

Sentencia de Tutela nº 100/15 de Corte Constitucional, 11 de Marzo de 2015

Ponente:GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Actor:MARIA CECILIA JARAMILLO CASTAÑO Y OTRA
Demandado:PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS
Fecha de Resolución:11 de Marzo de 2015
Expediente:T-4518544 Y OTRO ACUMULADOS
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

Seguridad social, vida en condiciones dignas, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En dos acciones de tutela presentadas de manera independiente, las actoras, por intermedio de la misma agente oficiosa, aducen que el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. vulneró sus derechos fundamentales, al tomar la determinación de negarles la devolución de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por intermedio del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, argumentando la aplicación del literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, cuando a ellas les asistía ese derecho, pero por el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 66 de la referida norma. Se abordan los siguientes temas: 1º. La procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 2º. La devolución de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y, 3º. La interpretación constitucional del literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993. Se TUTELAN los derechos invocados y se ordena la devolución de aportes solicitada.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia T-100/15

 

 

Referencia: Expedientes T-4.518.544 y 4.539.458 Ac

 

Demandantes: M.C.J.C. y A.C.D.H.

 

Demandado: Protección Pensiones y Cesantías

 

Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

 

Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil quince (2015)

 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados G.E.M.M., J.I.P.P. y G.S.O.D., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

 

SENTENCIA

 

En la revisión de la decisión judicial proferida por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Cali que, a su vez, confirmó la dictada por el Juzgado 29 Penal Municipal de la misma ciudad, dentro del expediente T-4.518.544, y la sentencia dictada por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali con Función de Conocimiento que, a su vez, confirmó la providencia dada por el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, dentro del expediente T-4.539.458.

 

Los presentes expedientes fueron escogidos para revisión por la Sala de Selección Número Diez, el primero, por medio de Auto del 6 de octubre de 2014 y, el segundo, por Auto del 20 de octubre de la misma anualidad, los cuales, por abordar una misma temática, fueron acumulados y repartidos a la Sala Cuarta de Revisión para que sean decididos en una misma sentencia.

 

I. ANTECEDENTES

 

  1. La solicitud

     

    Las señoras M.C.J.C. y A.C.D.H., por intermedio de la misma agente oficiosa, la señora B.L.H., promovieron acciones de tutela en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por dicha entidad al no reconocerles y devolverles los aportes efectuados a pensiones por intermedio de ellos habida cuenta que ya cuentan con la edad mínima requerida y que declinan de su deseo de consolidar su derecho pensional.

     

    -         Expediente T-4.518.544

     

  2. Hechos

     

    2.1. La señora M.C.J.C., tiene 78 años de edad y se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por intermedio del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección.

     

    2.2. Refiere que durante abril de 1997 hasta diciembre de 2004 realizó aportes pensionales al mencionado fondo alcanzando a completar un total de 296 semanas. Sin embargo, por su avanzada edad y por una serie de afecciones médicas que le sobrevinieron, se vio imposibilitada para continuar laborando y, consecuentemente, dejó de cotizar al sistema pensional.

     

    2.3. Por ende, el 21 de mayo de 2013, solicitó a la entidad demandada la devolución de los aportes pensionales, petición que le fue negada el 18 de octubre de 2013, aduciendo el fondo, que la demandante era excluida del RAIS según el literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 por lo que para que sea viable acceder a lo pretendido debía acreditar 500 semanas cotizadas, de conformidad con lo consagrado en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003.

     

    2.4. Inconforme con lo anterior, acudió en sede de tutela, en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social y, como consecuencia, se ordene la devolución de los aportes efectuados sin exigencia adicional alguna a las que prevé el artículo 66 la Ley 100 de 1993, habida cuenta que, por las circunstancias padecidas, no puede esperar las resultas de un proceso ordinario laboral.

     

  3. Pretensiones

     

    La demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, y a la seguridad social presuntamente transgredidos por el fondo privado con la negativa de efectuar la devolución de los aportes cotizados con fundamento en la exigencia de unos pedimentos distintos a los contenidos en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 y, en ese sentido, se ordene el reconocimiento y pago de los valores correspondientes.

     

  4. Pruebas

     

    En el expediente T-4.518.544 obran las siguientes pruebas:

     

    -         Copia de la solicitud de prestación económica (Folio 6 y 7 del cuaderno 2).

    -         Copia de la respuesta ofrecida por la entidad demandada a la solicitud prestacional presentada por la peticionaria (Folio 8 y 9 del cuaderno 2).

    -         Copia de una autorización autenticada conferida por la accionante a la señora B.L.H. quien agencia sus derechos dentro de la presente tutela a efectos de que adelante todos los trámites y procedimientos necesarios para obtener la devolución de aportes pensionales (Folio 10 del cuaderno 2).

    -         Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora M.C.J.C. (Folio 11 del cuaderno 2).

    -         Copia de la partida de bautismo de la accionante proferida por la Arquidiócesis de Manizales (Folio 12 del cuaderno 2).

    -         Copia de la cédula de ciudadanía de la señora B.L.H.M. (Folio 13 del cuaderno 2).

     

  5. Pruebas decretadas por la Corte en sede de revisión

     

    Esta Sala de Revisión, para mejor proveer, consideró necesario recaudar algunas pruebas a objeto de verificar hechos relevantes para la decisión. En consecuencia, resolvió lo siguiente:

     

    “PRIMERO.- Por Secretaría General, OFÍCIESE al Fondo de Pensiones del Departamento de Risaralda para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto, informe a esta Corporación si la señora M.C.J.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.680.277, es beneficiaria de alguna prestación económica por parte de ustedes y, en caso afirmativo, indique desde qué fecha y el monto reconocido.[1]

     

    Mediante respuesta ofrecida por la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación de Risaralda[2] se aportó una certificación en la que se da constancia que la señora J.C. goza de una mesada pensional por esa entidad territorial equivalente a $616.000 mensuales para el año 2014, la cual fue reconocida mediante Resolución No. 0921 del 5 de agosto de 1993.

     

    Del mismo modo, se procedió de la siguiente manera:

     

    “SEGUNDO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de P., para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta Corporación si a nombre de la señora M.C.J.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.680.277, se encuentra registrado algún inmueble y, en caso afirmativo, indique el número y su ubicación catastral.

     

    TERCERO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta Corporación si a nombre de la señora M.C.J.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.680.277, se encuentra registrado algún inmueble y, en caso afirmativo, indique el número y su ubicación catastral.”

    (…)

     

    Dentro de la etapa procesal probatoria, las Oficinas de Instrumentos Públicos de P. y de Santa Rosa del Cabal ofrecieron respuesta a los requerimientos elevados por esta Corporación y, al respecto, manifestaron que a nombre de la señora M.C.J.C. no se encuentra inscrito ningún inmueble[3].

     

    Del mismo modo, se requirió a la accionante, así:

     

    “SEXTO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la señora M.C.J.C., quien actúa como demandante dentro del expediente T-4.518.544, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta Sala, lo siguiente:

     

    ·        ¿Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos?

    ·        ¿Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos y si tienen alguna profesión, arte u oficio?

    ·        Si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos?

    ·        ¿Cuál es su situación económica actual?

    ·        Informe si se encuentra afiliada a alguna entidad de salud y, en caso afirmativo, indique si es en calidad de cotizante o beneficiario?

    ·        Indique cuál es su estado de salud actual y, en caso de padecer alguna enfermedad o imposibilidad física, allegue el material probatorio que la demuestre.

    ·        Indique su dirección actual de residencia.

    ·      Si ha adelantado proceso ordinario laboral tendiente a obtener la devolución de aportes pretendida. En caso afirmativo, señale cuándo y dónde lo realizó. Para el efecto, anexe los documentos que permitan corroborarlo. En caso negativo, manifieste por qué razón no lo ha adelantado.

     

    Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al presente requerimiento.

     

    Igualmente, allegue a esta S. lo siguiente:

     

    ·        La relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos, etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten.”

    (…)[4]

     

    La señora J., por intermedio de apoderado judicial, ofreció respuesta a los requerimientos expuestos[5] y, frente al particular, señaló:

     

    -                     Que tiene a cargo el núcleo familiar de su hermano, el cual lo compone la esposa y una hija, toda vez que este padece una serie de problemas cardiacos que lo obligaron a realizarse una cirugía a corazón abierto, encontrándose en espera para la instalación de un marcapasos, a quien le cancela mensualmente la afiliación al Sistema General en Salud por valor de ($77.000).

     

    -                     Sus recursos económicos los obtiene de una pensión que percibe como contraprestación a los servicios prestados al magisterio del Departamento de Risaralda.

     

    -                     No posee ningún inmueble y su situación económica no es la mejor como quiera que sus recursos se limitan a los obtenidos por el pago de la prestación económica reconocida por el magisterio.

     

    -                     Se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por intermedio de la EPS Saludcoop, en calidad de cotizante.

     

    -                     Padece A., situación que ha repercutido en la disminución de su memoria, para lo cual pone de presente que adjunta una copia de la epicrisis de la historia clínica dentro de los documentos anexos a su respuesta. No obstante, tal documento no fue aportado dentro del material adjunto.

     

    -                     Reside en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y no ha iniciado un procedimiento ordinario laboral por que no puede cancelar los honorarios de un profesional del derecho. Sin embargo, advierte que si bien es cierto que esta contestación la realiza por intermedio de un abogado, ello es así en tanto que el experto colabora con la comunidad religiosa “Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul”.

     

    -                     Sus gastos mensuales los estimó de la siguiente manera:

     

    CONCEPTO

    VALOR

    Vivienda: C. de arrendamiento mensual

    $200.000

    Alimentación, vestido y gastos médicos personales

    $180.000

    Pago de la EPS Salud Total a su hermano, esposa e hija

    $77.000

    Productos de aseo persona y de vivienda

    $100.000

    Transporte y recreación

    $100.000

    TOTAL

    $657.000

     

    Del mismo modo, se ofició a la señora B.H. a efectos de que informara lo siguiente:

     

    “NOVENO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la señora B.L.H.M., para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto, informe las razones por las cuales agencia los derechos de las señoras M.C.J.C. y A.C.D.H. y, del mismo modo, allegue sus direcciones de residencia y números telefónicos.”[6]

     

    Pedimento frente al cual guardó silencio. Adicionalmente, se ofició al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con la intención de obtener información respecto de la cuenta que indicó la señora H. ante el fondo privado para que le consignaran los valores a devolver.

     

    “DÉCIMO. Por Secretaría General, OFÍCIESE al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –BBVA a efectos de que indique a nombre de quién se encuentra registrada la cuenta de ahorros No. 703414284.

    (…)”[7]

     

    Sin embargo, a pesar de lo anterior, la corporación financiera guardó silencio respecto la solicitud.

     

  6. Respuesta de la entidad accionada

     

    Mediante oficio remitido por el representante legal judicial, el fondo de Pensiones y Cesantías Protección dio respuesta a los requerimientos esgrimidos por la demandante en su escrito de tutela y, sobre el particular, indicó:

     

    -                     La señora J.C. se afilió al sistema pensional, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, desde el 22 de mayo de 1997 por intermedio del fondo Colmena, hoy Protección.

     

    -                     Dentro del proceso de afiliación le fue informado por medio del ejecutivo comercial que la asesoró, las implicaciones que acarreaba en su calidad de excluida del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, adherirse al mismo habida cuenta que, de conformidad con las previsiones contenidas en el literal b, del artículo 61 de la Ley 100 de 1993[8], para poder acceder a una prestación económica en este sistema debe cotizar como mínimo 500 semanas y, a pesar de ello, decidió realizarlo de manera libre y voluntaria.

     

    -                     Efectivamente la accionante solicitó mediante petición escrita la devolución de aportes pero la misma le fue despachada de manera desfavorable pues solamente había cotizado 296 semanas de las 500 exigidas y, además, por cuanto, si bien el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 establece la figura de devolución de saldos en favor de las personas que, aunque han cumplido la edad mínima para acceder a la pensión de vejez, no tienen el número de semanas requerido, lo cierto es que dicha disposición no es aplicable al presente caso como quiera que la peticionaria hace parte de la categoría de afiliados excluidos y, por tanto, se torna necesario acreditar el mínimo de semanas descrito en el artículo 61 de la misma norma.

     

    -                     Lo anterior se acompasa con lo descrito en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003 el cual señala, de manera textual, lo siguiente: “Bonos pensionales para personas que deban cotizar 500 semanas. Las personas a que se refiere el literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 tendrán la obligación de cotizar quinientas (500) semanas en el nuevo régimen y no podrán negociar el bono pensional para solicitar pensión o devolución de saldos, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, antes de las 500 semanas mencionadas.” Por consiguiente, solo cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos mencionados, será viable acceder a lo pretendido por la demandante en sede de tutela.

     

    Así las cosas, solicitan que se deniegue el amparo, habida cuenta que le han dado respuesta de manera clara a la petición presentada por la demandante y que, de conformidad con los parámetros legales aplicables al caso en concreto, no es posible acceder a lo pretendido por el incumplimiento por parte de la actora de los requisitos mínimos establecidos. Finalmente, en caso de condenarlos, solicitan que el sentido del fallo sea transitorio hasta tanto el juez ordinario laboral dirima de fondo la controversia.

     

II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN

 

  1. Decisión de primera instancia

     

    El Juzgado Veintinueve Penal Municipal de Cali mediante providencia del 21 de marzo de 2014, declaró improcedente la medida de amparo pretendida por la señora J.C., como quiera que, a su juicio, no se configuró ninguna de las causales descritas en el artículo 42 del Decreto 2541 de 1991[9], que haga procedente la tutela contra particulares.

     

    Del mismo modo, indicó el operador judicial, que como el litigio se fundamenta en la negativa de la entidad demandada de realizar la devolución de aportes por el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, su naturaleza, permite inferir, que se trata de un asunto propio de ser dirimido por la jurisdicción ordinaria laboral, salvo que se encuentre la persona enfrentando un perjuicio irremediable, lo cual, a su parecer, se echa de menos en el caso concreto, como quiera que a pesar de que la accionante tiene 77 años de edad, “ y debido a su estado de salud y su probabilidad de vida no estaría en condiciones de iniciar y/o esperar un dilatado proceso laboral (…)” lo cierto es que no se aportaron dentro del expediente las pruebas siquiera sumarias que permitieran certificar las circunstancias apremiantes que justifiquen el desplazamiento de la competencia del juez común.

     

  2. Impugnación

     

    El anterior fallo fue impugnado por la demandante y, como soporte de su alzada, señaló que el simple hecho de acudir a la acción de tutela por medio de un agente oficioso denota su imposibilidad física para laborar y valerse por sí misma, como quiera que por su avanzada edad su calidad de vida se ha desmejorado y tiene problemas de movilidad. Por tanto, a su juicio, acredita unas condiciones notorias que hacen viable la prosperidad de la tutela, las cuales se refuerzan con la afectación a su mínimo vital por los escasos recursos financieros con que cuenta.

     

  3. Decisión de segunda instancia

     

    Dicha impugnación fue conocida por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento que, mediante pronunciamiento efectuado el 16 de mayo de 2014, decidió confirmar la decisión de primera instancia al considerar que la actora dispone de otro medio judicial al que puede recurrir como quiera que no encontró clara la existencia de un perjuicio irremediable pues dejó de cotizar al sistema pensional desde el año 2004 y solo 10 años después acude a la tutela para obtener la devolución de los saldos aportados.

     

    -         Expediente T- 4.539.458

     

  4. Hechos

     

    1.1.         La señora A.C.D.H., tiene 84 años de edad y se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por intermedio del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección.

     

    1.2.         Durante su vida laboral realizó aportes al SGP por intermedio de la entidad demandada y, a partir de su afiliación, cotizó 167 semanas, desde abril de 1997 hasta junio de 2000.

     

    1.3.         Debido a su avanzada edad y a la imposibilidad física para continuar laborando, se vio en la obligación de solicitar la devolución de aportes al fondo Protección, el 10 de abril de 2013, petición que le fue despachada de manera desfavorable por cuanto la actora hacía parte del grupo de personas excluidas del régimen de ahorro individual con solidaridad (artículo 61 de la Ley 100 de 1993) y, pese a lo anterior, decidió afiliarse. Por tanto, con su determinación le sobrevienen las exigencias que dicho régimen consagra que, para la devolución de saldos de personas excluidas, prevé un aporte mínimo de 500 semanas, las cuales la demandante no tiene. Pedimento que se reafirma con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003.

     

    1.4.         Inconforme con lo anterior, acudió en sede de tutela, en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social y, como consecuencia, se ordene la devolución de los aportes efectuados sin exigencia adicional alguna a las que prevé el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, habida cuenta que, por su avanzada edad no le es posible continuar laborando ni cotizando al sistema pensional, ni esperar las resultas de un proceso ordinario.

     

  5. Pretensiones

     

    La demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social presuntamente transgredidos por el fondo privado con la negativa en efectuar la devolución de los aportes cotizados con fundamento en la exigencia de unos pedimentos distintos a los contenidos en el artículo 66 la Ley 100 de 1993 y, en ese sentido, se ordene el reconocimiento y pago de los valores correspondientes.

     

  6. Pruebas

     

    En el expediente T-4.539.458 obran las siguientes pruebas:

     

    -         Copia de la cédula de ciudadanía de la señora D.H. (Folio 6 del cuaderno 2)

    -         Copia de la solicitud de la prestación económica pretendida (Folio 7 y 8 del cuaderno 2).

    -         Copia de la respuesta ofrecida por la entidad demandada a la solicitud prestacional presentada por la peticionaria (Folios 9 al 11 del cuaderno 2).

    -         Copia de la partida de bautismo de la accionante proferida por la Arquidiócesis de Manizales (Folio 12 del cuaderno 2).

    -         Copia de una autorización autenticada conferida por la accionante a la señora B.L.H. quien agencia sus derechos dentro de la presente tutela a efectos de que adelante todos los trámites y procedimientos necesarios para obtener la devolución de aportes pensionales (Folio 13 del cuaderno 2).

    -         Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora B.L.H.M. (Folio 14 del cuaderno 2).

     

  7. Pruebas decretadas por la Corte en sede de revisión

     

    Esta Sala de Revisión, para mejor proveer, consideró necesario recaudar algunas pruebas a objeto de verificar hechos relevantes para la decisión. En consecuencia, resolvió lo siguiente:

     

    “CUARTO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta Corporación si a nombre de la señora A.C.D.H., identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.323.560, se encuentra registrado algún inmueble y, en caso afirmativo, indique el número y su ubicación catastral.

     

    QUINTO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de T., para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta Corporación si a nombre de la señora A.C.D.H., identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.323.560, se encuentra registrado algún inmueble y, en caso afirmativo, indique el número y su ubicación catastral.” (…) [10]

     

    Dentro de la etapa procesal probatoria la Oficina de Instrumentos Públicos de T. ofreció respuesta a los requerimientos elevados por esta Corporación y, al respecto, manifestó que a nombre de la señora A.C.D.H. no se encuentra inscrito ningún inmueble en lo que respecta a esa jurisdicción[11]. Por otro lado, su homóloga de Cali, guardó silencio.

     

    Del mismo modo, se requirió a la accionante, así:

     

    “SÉPTIMO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la señora A.C.D.H., quien actúa como demandante dentro del expediente T-4.539.458, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta Sala, lo siguiente:

     

    · Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos?

    · ¿Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos y si tienen alguna profesión, arte u oficio?

    · Si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos?

    · ¿Cuál es su situación económica actual?

    · Informe si se encuentra afiliada a alguna entidad de salud y, en caso afirmativo, indique si es en calidad de cotizante o beneficiario.

    ·Indique cuál es su estado de salud actual y, en caso de padecer alguna enfermedad o imposibilidad física, allegue el material probatorio que la demuestre.

    ·Indique su dirección actual de residencia.

    ·Si ha adelantado proceso ordinario laboral tendiente a obtener la devolución de aportes pretendida. En caso afirmativo, señale cuándo y dónde lo realizó. Para el efecto, anexe los documentos que permitan corroborarlo. En caso negativo, manifieste por qué razón no lo ha adelantado.

     

    Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al presente requerimiento.

     

    Igualmente, allegue a esta S. lo siguiente:

     

    · La relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos, etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten.

     

    Para efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere pertinentes.”(…)[12]

     

    La señora D.H. por intermedio de apoderado judicial ofreció respuesta a los requerimientos[13] y, frente al particular, señaló:

     

    -                     No tiene personas a cargo, ni vive con ningún familiar como quiera que desarrolla la vida religiosa desde hace 50 años, haciendo parte de la comunidad de “Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul” en Cali.

     

    -                     No posee ningún inmueble y su situación económica es precaria pues por su avanzada edad, no puede desempeñarse en labores de enseñanza o misiones desarrolladas por la comunidad religiosa.

     

    -                     Se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por intermedio de la EPS Coomeva, en calidad de cotizante.

     

    -                     Su estado de salud no es bueno puesto que tiene 84 años de edad y sufre de osteoporosis generalizada, artrosis y enfermedades cardiacas (arritmia y extrasístoles).

     

    -                     Reside en el municipio de Palmira (Valle del Cauca) y no ha iniciado un procedimiento ordinario laboral por que no puede cancelar los honorarios de un profesional del derecho. Sin embargo, advierte que si bien es cierto que esta contestación la realiza por intermedio de un abogado, ello es así en tanto que el experto colabora con la comunidad religiosa “Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul”.

     

    -                     Respecto de su cuenta de ahorros señala que realizó su apertura con un monto mínimo, con ayuda de un grupo de personas que colaboran con la comunidad religiosa “Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul”.

     

    -                     Sus ingresos mensuales los fija en cero (0) pesos y su vida es meramente sostenible por la caridad de la comunidad religiosa a la que pertenece.

     

    Del mismo modo, se ofició a la señora B.H. a efectos de que informara lo siguiente:

     

    “NOVENO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la señora B.L.H.M., para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto, informe las razones por las cuales agencia los derechos de las señoras M.C.J.C. y A.C.D.H. y, del mismo modo, allegue sus direcciones de residencia y números telefónicos.”[14]

     

    Pedimento frente al cual guardó silencio. Adicionalmente, se ofició al Banco Bancolombia con la intención de obtener información respecto de la cuenta que indicó la señora D.H. ante el fondo privado para que le consignaran los valores a devolver.

     

    “UNDÉCIMO. Por Secretaría General, OFÍCIESE al Banco Bancolombia a efectos de que indique a nombre de quién se encuentra registrada la cuenta de ahorros No. 82376875152.(…)”[15]

     

    La corporación financiera en respuesta ofrecida indicó que dicha cuenta se encuentra a nombre de la señora A.C.D.H. y está activa.

     

  8. Respuesta de la entidad accionada

     

    Mediante oficio remitido por el representante legal judicial, el fondo de Pensiones y Cesantías Protección dio respuesta a los requerimientos esgrimidos por la demandante en su escrito de tutela y, sobre el particular, indicó:

     

    -                     La señora D.H. se encuentra afiliada en el régimen de ahorro individual con solidaridad, desde el 8 de abril de 1997 por intermedio del fondo ING, hoy Protección.

     

    -                     Efectivamente, la accionante solicitó mediante petición escrita, el 12 de abril de 2013, la devolución de aportes, la cual le fue negada por cuanto ella se encontraba excluida del régimen de ahorro individual con solidaridad (artículo 61 de la Ley 100 de 1993), como quiera que superaba la edad establecida por el legislador para vincularse a tal régimen, luego, como a pesar de lo anterior, como se mantuvo en su intención de afiliarse, se hace necesario, para obtener lo pretendido, acreditar un total de 500 semanas. Lo anterior en armonía con lo descrito en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003.

     

    En ese sentido, advirtieron que no se les puede endilgar transgresión alguna a las prerrogativas fundamentales de la actora y solicitaron declarar improcedente la tutela, en tanto es claro que cuenta con otro mecanismo judicial para obtener lo pretendido.

     

II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN

 

  1. Decisión de primera instancia

     

    El Juzgado Trece Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, mediante providencia del 27 de enero de 2014, denegó el amparo pretendido por la señora D.H., como quiera que, a su juicio, es claro que la norma establece unos requisitos que no cumple la demandante luego no es posible acceder a lo pretendido, ni siquiera de manera transitoria, a pesar de su avanzada edad.

     

  2. Impugnación

     

    El anterior fallo fue impugnado por la demandante y, como soporte de su alzada, indicó que requiere con urgencia la devolución de saldos habida cuenta que no se encuentra en capacidad para laborar y, por lo mismo, se padece un estado de vulnerabilidad que le imposibilita acudir a otros mecanismos de defensa toda vez que, por las vicisitudes propias del proceso ordinario laboral y su avanzada edad, no puede esperar las resultas de dicho litigio.

     

  3. Decisión de segunda instancia

     

    Dicha impugnación fue conocida por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento que, mediante pronunciamiento efectuado el 22 de abril de 2014, decidió confirmar la decisión de primera instancia al considerar que la actora no cumple los requerimientos contenidos en el artículo 61 de Ley 100 de 1993 y, adicionalmente, no acreditó siquiera sumariamente unas condiciones de vulnerabilidad que justifiquen el desplazamiento de las competencias del juez ordinario y “(…) el hecho que se diga que la señora A.C.D. es una persona que cuenta con 82 años de edad, no quiere decir que automáticamente se le deba reconocer el derecho fundamental al mínimo vital (..)”.

     

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN

 

  1. Competencia

     

    A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

     

  2.         Problema Jurídico

     

    En el presente caso le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión establecer si la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social de las demandantes con la determinación de negarles la devolución de saldos aportados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por intermedio del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en aplicación del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, pretensión que, a su juicio, les asiste como quiera que acreditan el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 66 de la referida disposición legal.

     

    Para ello, la Sala examinará: (i) la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, (ii) la devolución de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, (iii) interpretación constitucional del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 y, por último, (iv) el análisis del caso concreto.

     

  3. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Reiteración de jurisprudencia

     

    Por regla general, en numerosas ocasiones este Tribunal Constitucional ha enfatizado en el criterio según el cual la acción de amparo procede cuando el recurrente no cuente, dentro del ordenamiento legal, con un mecanismo judicial al que pueda acudir en procura de obtener solución a la problemática que padece o, existiendo, por las contingencias propias que afronta, no resulta idóneo.

     

    Así pues, para analizar la idoneidad de los procesos ordinarios para la solución de las contingencias padecidas por el recurrente, se debe observar si se encuentra frente a lo que el constituyente denominó “perjuicio irremediable” [16].

     

    En ese sentido, sólo cuando las vicisitudes descritas por el demandante, las cuales deben ser acreditadas siquiera sumariamente, denoten la necesidad de adoptar medidas prontas y eficaces para evitar la consumación del daño, es posible que el juez constitucional desplace la órbita de competencia de su homólogo común y profiera la decisión necesaria para evitar la afectación aducida.

     

    Luego le corresponde al juez constitucional analizar y evaluar las condiciones esgrimidas por el actor en su escrito de tutela, así como también el material probatorio allegado, de manera integral, para determinar si en el caso convergen todos los elementos necesarios para arribar a la necesidad de proferir una medida de amparo constitucional transitoria o definitiva, si el asunto así lo permite, ante lo desproporcionado que se le tornaría dirimirlo en sede ordinaria.

     

    De tal forma, que es deber del juez verificar que en el asunto confluyan la inminencia, la gravedad, la urgencia y la impostergabilidad[17] de la acción, elementos que, de presentarse, permiten afirmar con precisión la idoneidad de la tutela para salvaguardar las garantías fundamentales alegadas por el actor.

     

    Por tanto, en materia laboral y en tratándose de reconocimientos económicos o prestacionales sociales, es conocido que le corresponde asumir el conocimiento de las cuestiones litigiosas que en tal temática se planteen, a la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso administrativa, según la naturaleza de la controversia planteada.

     

    No obstante, en dicho campo es perfectamente viable el desplazamiento de competencias en tanto se advierta, como se indicó, la posibilidad de configurarse un perjuicio irremediable para las garantías fundamentales del actor.

     

    Posibilidad que ha sido reconocida por esta Corte en diversos pronunciamientos con el objetivo de clarificar el alcance de dicha excepción y evitar el desplazamiento de la competencia legal del juez ordinario de manera caprichosa, pues, de permitirse, se atentaría contra: (i) la tutela judicial efectiva, (ii) contra el derecho de quienes de manera diligente agotan los procesos comunes para el amparo de sus derechos y, además, (iii) conllevaría promover la congestión judicial.

     

    Del mismo modo, adicional a la constatación de los elementos referidos, se debe corroborar y ponderar la existencia de los requisitos que jurisprudencialmente se han dispuesto por esta Corte, los cuales permitirán concluir si resulta o no necesario amparar y reconocer, de manera transitoria o definitiva, un derecho de índole prestacional a quien por este mecanismo lo requiere. Tales exigencias, que se deben constatar por el juez constitucional, son descritas en abundante jurisprudencia y compiladas particularmente, entre otras, en la Sentencia T-115 de 2011[18], así:

     

    (i)                Que se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial protección;

    (ii)             El estado de salud del solicitante y su familia;

    (iii)           Las condiciones económicas del peticionario;

    (iv)           La falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular, del derecho al mínimo vital;

    (v)             El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y

    (vi)           El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.

     

  4. La devolución de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones

     

    Ante la disparidad de disposiciones legales en nuestro ordenamiento jurídico que consagraban diversos requerimientos a efectos de consolidar expectativas pensionales a cargo de varias entidades, el legislador colombiano optó por crear un Sistema General de Pensiones que unificara los criterios exigidos para adquirir el estatus de pensionado.

     

    Adicionalmente, la configuración de dicho sistema por parte del legislador obedeció a la necesidad de cumplir con los cometidos fijados por el constituyente en materia de seguridad social y, por consiguiente, prevenir contingencias propias del ser humano tales como la viudez, invalidez, vejez o muerte.

     

    En efecto, el Congreso de la República, acudiendo a las directrices constitucionales fijadas en el artículo 48 de la Carta Política, según las cuales la seguridad social es un servicio público obligatorio, irrenunciable, que debe ser ampliado de manera progresiva para asegurar sus beneficios a todos los habitantes del territorio nacional bajo los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad y cuya dirección, coordinación y control se está en cabeza del Estado, expidió la Ley 100 de 1993 que consagró el Sistema de Seguridad Social Integral.

     

    Así las cosas, dentro de los derroteros que la aludida disposición legal trazó se encontraban la intención de garantizar los derechos irrenunciables para la persona y para la comunidad a efectos de que obtengan una vida en condiciones de dignidad por medio de un sistema que procura protegerlas de las contingencias que las puedan afectar[19], así como también asegurar el pago de las prestaciones económicas a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse[20].

     

    En ese sistema, en tratándose de asuntos pensionales, se adoptaron dos regímenes, los cuales preveían un conjunto de prestaciones económicas y una serie de requisitos concretos que deben cumplir los afiliados para poder consolidar sus derechos económicos.

     

    En ese sentido, se dio paso, por un lado, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (en adelante RPMPD) administrado, en ese entonces, por el Instituto de Seguro Social y, por otro lado, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), en el que se cuenta con la participación de fondos privados administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones.

     

    Si bien, el conjunto de prestaciones económicas que estipuló el sistema general en ambos regímenes coinciden, en términos generales, en cuanto a su denominación y propósito, lo cierto es que para su consolidación se prevén requisitos y métodos diferentes.

     

    Dentro del conjunto principal de derechos económicos que contiene el sistema, con fines pensionales, tanto en el RPMPD como en el RAIS, concuerdan en el reconocimiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes. No obstante, en aquellos casos en los que el afiliado cotice al sistema con la expectativa de consolidar su derecho pensional y no pueda lograrlo por distintas razones, se estipuló en el RPMPD una indemnización sustitutiva de la pensión y en el RAIS la devolución de saldos.

     

    Partiendo de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la indemnización sustitutiva de la pensión constituye un método diseñado para aliviar la situación en la que se encuentran las personas que, habiendo cumplido la edad requerida para pensionarse, no logran cotizar la totalidad de las semanas exigidas en el RPMPD para obtener el reconocimiento pensional y, por diversas razones, se ven impedidas para continuar cotizando al sistema.

     

    Por otro lado, la devolución de saldos constituye en esencia lo mismo pues también fue creada como un mecanismo que pretende auxiliar a quien cotizó al sistema pensional pero por diversas razones no pudo consolidar su derecho. No obstante, difiere en parte de la indemnización sustitutiva en tanto que asegura la devolución de todos los aportes que el trabajador efectuó con fines pensionales, más sus rendimientos y no un porcentaje aproximado como ocurre en el RPMPD habida cuenta que en el RAIS las personas tienen sus cuentas individuales de ahorro y sus dineros no pasan a hacer parte de un fondo común.

     

    Dicha figura, fue reconocida en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y, puntualmente, en el artículo 66 el cual señala:

     

    “ARTICULO. 66.-Devolución de saldos. Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.”

     

    En ese sentido, fue enfático el Congreso de la República, al interior de los debates adelantados en las comisiones séptimas al afirmar que los aportes realizados por los trabajadores que no alcancen a consolidar su derecho pensional, a pesar del cumplimiento de la edad necesaria, les serán devueltos bajo alguna de las figuras previstas y ni los fondos ni el ISS (en ese entonces) se pueden quedar con esos dineros ni con sus rendimientos financieros.

     

    Así las cosas, fue reconocido por el legislador dentro del resumen de los puntos más importantes aprobados por las comisiones séptimas de Senado y Cámara, según se puede observar en la gaceta No. 254 del 30 de julio de 1993, página 7, que quien cotice y no alcance a pensionarse no va a perder los valores cotizados, aclarándose que dicha regla se aplica tanto para los afiliados al ISS como para los afiliados a los fondos privados.

     

    En esa misma oportunidad se enfatizó que quien se desafilie sin alcanzar a consolidar su pensión, debe necesariamente recibir la devolución en valor constante de los aportes efectuados al ISS o la participación que tenga acumulada en el respectivo fondo. Argumento reiterado en la gaceta No. 281 del 19 de agosto de 1993. Página 4.

     

    Resulta entonces claro para este Tribunal, que la devolución de saldos, al igual que la indemnización sustitutiva, constituye un auxilio económico para todas aquellas personas que, teniendo la edad para pensionarse no cuentan con el capital necesario o la cantidad de semanas mínimas requeridas para consolidar su derecho pensional y no tienen la posibilidad financiera de continuar cotizando al sistema para adquirir su estatus.

     

    Por tanto, dichas personas ven en esta figura legal, la posibilidad de recibir una suma de dinero en contraprestación al tiempo aportado y en sustitución de la pensión a la que pretendían inicialmente acceder, cifra de dinero que persigue, en parte, evitar la posible afectación de sus derechos fundamentales, principalmente, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.

     

    Igualmente, debe advertirse que la devolución de saldos, al igual que la indemnización sustitutiva constituye un derecho imprescriptible[21], irrenunciable[22] y suplementario[23], características que se derivan del contenido del artículo 48 Superior.

     

    A modo de colofón se puede afirmar que tal ahorro pertenece al trabajador, como quiera que fue este quien lo efectuó y, por ende, es a quien le asiste el derecho de gozar los dineros, habida cuenta que son el fruto de su tiempo laborado y cotizado y, por tanto, es inaceptable que se deniegue su disfrute, cuando se cumplan con los requisitos para su reconocimiento, aduciendo razones no contempladas por la ley y que lo único que logran, es afectar las garantías constitucionales del interesado en la prestación económica.

     

    Luego en aquellos casos en los que se advierte la imposibilidad física y económica del actor para continuar laborando y cotizando al sistema, y no ha aportado el mínimo o acumulado el capital necesario y ello es acreditado siquiera sumariamente, le corresponde a la administradora de fondos realizar la devolución de saldos como quiera que, no realizarlo, (i) transgrediría los derechos fundamentales del aportante, principalmente, el mínimo vital y la seguridad social e (ii) incurriría en un enriquecimiento sin causa habida cuenta que esos dineros, como se mencionó previamente, son un ahorro del trabajador y es a este al que le corresponde disfrutarlos máxime si se tiene en cuenta que son el fruto de su esfuerzo.

     

  5. Interpretación constitucional del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993

     

    5.1. El estudio de constitucionalidad del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, fue adelantado por la Corte en la sentencia C-674 de 2001[24]: En dicha oportunidad, se advirtió por el demandante que la disposición legal contrariaba la Carta Política de 1991 pues se tornaba discriminatoria para los jubilados por edad, habida cuenta que les impedía afiliarse al RAIS a pesar de que podía serles más beneficioso e incluso representar la única forma de consolidar su derecho pensional.

     

    Para ese entonces, dentro del proceso surtido en la Corte, el Ministerio de Hacienda intervino y señaló que la disposición demandada, corresponde, a su juicio, en una norma de transición, pues con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no existía el RAIS y, por ende, la gran mayoría de cotizantes, entre las edades señaladas, habían efectuado sus aportes al ISS, luego, si no se consagraba la exigencia de cotización de 500 semanas, muchas personas se hubiesen trasladado de régimen de forma inmediata, lo que hubiese significado que al RPMPD le tocara asumir el pago de cuantiosos bonos pensionales los cuales, seguramente, causarían traumatismos financieros por las diferencias radicales existentes entre los dos regímenes.

     

    Del mismo modo, agregó como soporte de su postura, que los dos sistemas son diametralmente opuestos en su forma de financiación, lo que significa que fácilmente se puede generar consecuencias directas para la entidad que recibió las cotizaciones y de la que se pretenden trasladar el afiliado, habida cuenta que tiene unos efectos patrimoniales distintos el hecho de redimir el bono pensional en un solo contado a realizar el pago diferido en el tiempo como ocurre con las mesadas pensionales.

     

    Por ende, a su parecer, se torna desproporcionado someter a una entidad a expedir múltiples bonos pensionales generados por el traslado masivo de régimen de sus aportantes como quiera que eso le implicaría la destinación y el desembolso inmediato de significativas sumas de dinero las cuales obstaculizarían la puesta en marcha del SGSSP, situación que quiso prevenir el legislador.

     

    Finalmente, concluyó, que no se le trunca la posibilidad de aplicar un régimen más beneficioso a dichas personas, como quiera que quien devengue un salario mínimo mensual para pensionarse debe cotizar más de 1000 semanas por lo que le resultaría más beneficioso hacer uso del régimen de transición en el sistema de PMPD.

     

    Así las cosas, la Corte, al entrar a decantar el fondo de la cuestión litigiosa analizó el principio de igualdad y la exclusión de personas de cierta edad de ingresar al RAIS y, en torno al tema, analizó la finalidad de la disposición acusada, lo cual le permitió concluir que ese artículo debe ser analizado dentro del marco de transición.

     

    En efecto, indicó que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 solamente existía el RPMPD y, por esta razón, aunado a que la mencionada disposición modificó sus requisitos para acceder a la pensión de vejez se tornó necesario consagrar un régimen transicional con el propósito de (i) evitar traumatismos en el funcionamiento del nuevo régimen de ahorro individual y (ii) proteger las expectativas de las personas que habían cotizado cierto tiempo mientras se encontraban vigentes reglas anteriores.

     

    Por tanto, el literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 debe ser analizado dentro del marco de transición habida cuenta que con la adopción del sistema pensional dual, se permitió a los afiliados el traslado a cualquiera de los dos regímenes, dinámica que necesariamente implica la expedición de un bono pensional en favor de quienes se cambien de método, el cual es endosable a la administradora a la que se pasa el afiliado (artículo 133 de la Ley 100 de 1993), lo que pondría en jaque el sistema.

     

    Dinámica que procuró regular el legislador en tanto que de permitirse de manera inmediata el cambio de régimen de personas prontas a adquirir el derecho pensional, se generaría en el RPMPD un impacto económico significativo que no podría soportar, pues no le supondría el pago de mesadas pensionales como es común en dicho método sino que, por el contrario, se realizaría un único pago a los nuevos fondos pensionales.

     

    Por tanto, para la Corte, el trato diferente deducido de la lectura del literal b, se encuentra plenamente justificado toda vez que persigue unos propósitos constitucionales claros como quiera que pretende evitar traumatismo financiero al sistema pensional.

     

    Medida que además es proporcionada pues en contrapartida, las personas excluidas del RAIS gozan de la posibilidad de consolidar su derecho pensional de vejez en el RPMPD bajo unas condiciones más favorables que los demás (art. 36 de la Ley 100 de 1993) pues les permite consolidar su derecho en aplicación a disposiciones legales previas que “eran más generosas para el trabajador en relación con la edad para acceder a la pensión, su monto, y el número requerido de semanas cotizadas.”[25]

     

    Además, en todo caso, si la persona insiste en ingresar al RAIS lo puede hacer pero solo si cotiza 500 semanas, prohibición que para la Corte no se tornó absurda sino que es condicionada, bajo el entendido que busca armonizar la filosofía que orienta el RAIS, pues dicha cotización suplementaria es la que permite que la persona trasladada pueda alcanzar y conformar el capital necesario para obtener una pensión digna.

     

    Así pues, a modo de colofón, la aludida exigencia legal de 500 semanas para las personas que se encontraban prontas al cumplimiento de la edad mínima exigida para pensionarse, no es contraria a derecho, bajo el entendido que pretende asegurar la conformación del capital necesario para financiar la pensión de vejez digna en el RAIS.

     

    5.2. Ahora, en sede de control concreto esta Corporación ha estudiado el literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 a efectos de determinar los fines estatales para los cuales fue creada, concluyendo, inicialmente, que frente a la exigencia de tal número mínimo de cotización para las personas excluidas del RAIS, en tratándose de quienes soliciten la devolución de saldos, se hace imperioso que el juez constitucional pondere y analice el caso concreto acudiendo, entre otras cosas, al principio constitucional de equidad, a la jurisprudencia, a los principios generales de derecho y a la doctrina para que, una vez analizado, dentro de ese contexto, el caso, determine la necesidad de imponer su cumplimiento.

     

    Por tanto, las personas que por diversas razones no puedan seguir cotizando al sistema pensional y cumplan los requisitos previstos en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, para hacer efectiva la devolución de saldos “no pueden ser compelidas, sin más, a trámites que de antemano se sabe no pueden cumplir.”[26]

     

    Al respecto, resulta importante tener en cuenta lo descrito en la sentencia     T-092 de 2012[27], en la que, con relación a la devolución de aportes para personas excluidas del RAIS, textualmente se indicó:

     

    “(…) la constitucionalidad del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 no es óbice para que su contenido se aplique atendiendo las particularidades de cada caso concreto, entre ellas, la incapacidad para cotizar, a efectos de evitar la negación de los derechos a una vida digna y al mínimo vital de las personas de que habla el mencionado artículo 61, las cuales cuentan con edades en las que les resulta especialmente difícil tener una relación laboral o poder cotizar como independientes. (…)”

     

    En ese sentido, exigirle a una persona que se afilió al RAIS, a pesar de encontrarse excluida por su edad, no solamente el cumplimiento de las exigencias descritas en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 sino que, además, cotice indefectiblemente las 500 semanas que señala el literal b del artículo 61 de la referida disposición, se puede tornar transgresor de sus prerrogativas constitucionales en tanto acredite unas condiciones particulares que permitan inferir con claridad que se encuentra expuesta a un perjuicio irremediable y que, por lo mismo, no puede continuar laborando ni cotizando.

     

    Por ende, no puede someterse al afiliado que por edad se encontraba excluido del RAIS a lo imposible para materializar la devolución de sus aportes, pues, se reitera, si el juez constitucional encuentra plenamente probadas las condiciones de vulnerabilidad que alega el actor y que le impiden continuar cotizando al sistema para cumplir las 500 semanas exigidas, puede obviar y liberar al afiliado de tal pedimento, haciendo uso de principios constitucionales como el de equidad, en aras de evitar la consolidación del daño a las prerrogativas fundamentales del actor.

     

    No obstante, resulta importante tener en cuenta que si bien el régimen de transición parecía que iba a tener una duración continua, lo cierto es que eso varió por medio del Acto Legislativo 01 de 2005, pues éste dispuso un periodo máximo de duración en el tiempo.

     

    En efecto, por medio de dicha enmienda constitucional, el Congreso de la República reformó el artículo 48 de la Constitución Política, y por esa vía eliminó definitivamente el régimen de transición. Al respecto, el Acto Legislativo, en lo que deviene pertinente, textualmente señaló:

     

    “(…)

    P. transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

     

    Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen

    (…)”[28].

     

    Sobre este punto, resulta importante destacar que la Corte Constitucional en sentencia T-652 de 2014[29], al estudiar una solicitud de traslado pensional enfatizó respecto el alcance de la disposición transcrita, lo siguiente:

     

    “ (…) significa entonces que el régimen de transición pensional perdió vigencia a partir del 31 de julio de 2010. Por lo tanto, las personas que siendo beneficiarias de dicho régimen no lograron acreditar, antes de la fecha señalada, los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez conforme con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, perdieron cualquier posibilidad de pensionarse bajo el régimen de transición y, en consecuencia, solo podrán adquirir su derecho de acuerdo con los lineamientos de la Ley 100 de 1993 y las demás normas que la complementan o adicionan.

     

    Cosa distinta sucede con los sujetos del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a 25 de julio de 2005, tenían al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, pues según el citado acto legislativo, no pierden el régimen de transición el 31 de julio de 2010, sino que el mismo se extiende “hasta el año 2014”, concretamente, hasta el 31 de diciembre de 2014[30]. En ese sentido, si cumplen con los requisitos pensionales del respectivo régimen anterior al cual se encontraban afiliados antes de esta última fecha, conservarán el régimen de transición; en caso contrario, perderán definitivamente dicho beneficio, de tal suerte que deberán someterse a las exigencias de la Ley 100 de 1993 para efectos de obtener su derecho pensional.

     

    5.7. Así las cosas, ha de concluirse que superado el primer plazo establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005 para su desmonte definitivo, el régimen de transición pensional estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, solo para los sujetos de dicho régimen que tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a 25 de julio de 2005 y, además, cumplan con los requisitos de pensión del régimen anterior al cual se encontraban afiliados antes del 31 de diciembre de 2014.” (S. propias)

     

    Concluyendo, la Sala de Revisión, en aquella oportunidad, que el régimen de transición estaba llamado a desaparecer el 31 de diciembre de 2014 y quienes son beneficiarios del dicho periodo transicional por tiempo de servicios cotizados que se hayan trasladado o se trasladen al RAIS, podrán conservar sus beneficios solo hasta el 31 de diciembre de 2014.

     

    Al respecto, la aludida providencia indicó:

     

    “Como ya se mencionó en el acápite precedente, en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición está llamado a desaparecer definitivamente a partir del 31 de diciembre de 2014. Por lo tanto, en materia de traslado de régimen pensional, puede decirse que sus efectos se extienden y repercuten sobre la única categoría de trabajadores que al trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, siguen conservando el régimen de transición, es decir, los beneficiarios por tiempo de servicios cotizados.

     

    Lo anterior significa entonces que, los sujetos del régimen de transición por tiempo de servicios cotizados que se hayan trasladado o se trasladen del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservarán dicho beneficio solo hasta el 31 de diciembre de 2014, de tal suerte que si antes de esa fecha no cumplen con los requisitos para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con las normas anteriores que los cobijaban, pese a su retorno al régimen de prima media con la expectativa de pensionarse en condiciones más beneficiosas, necesariamente les será aplicada la Ley 100 de 1993 para tales efectos.”

     

    Por consiguiente, resulta claro que en la actualidad no existe el régimen de transición y, por ende, ninguno de sus beneficios se aplica a los afiliados actuales del sistema pensional, salvo para aquellos sujetos que eran beneficiarios por el tiempo de servicio cotizado y que completaron los requisitos para acceder a la pensión antes al 31 de diciembre de 2014.

     

    En ese orden, las personas que se trasladen al RAIS en la actualidad necesariamente deben realizarlo, por tardar, faltándole 10 años para pensionarse, luego no se va a generar ningún impacto financiero en el RPMPD como ocurría durante el régimen de transición el cual permitía a sus beneficiarios el cambio inmediato al RAIS que, en personas ad portas de pensionarse, implicaba unas condiciones económicas desfavorables para ellos por las diferencias propias de los dos sistemas y para el RPMPD por el pago inmediato de innumerables y cuantiosos bonos pensionales, lo que hubiere afectado el funcionamiento del naciente sistema.

     

    Dicha dinámica, indudablemente genera un cambio en las justificaciones otorgadas al requisito de cotización para personas excluidas del RAIS por edad, habida cuenta que en la actualidad no existen beneficiarios del régimen de transición, luego quien se quiera trasladar del RPMPD debe hacerlo faltándole mínimo 10 años para el cumplimiento de la edad y, además, no puede realizarse la devolución de saldos hasta tanto acredite los pedimentos previstos en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993.

     

  6. Casos concretos

     

    Los asuntos objeto de estudio versan sobre circunstancias fácticas similares habida cuenta que las dos personas solicitan la devolución de saldos prevista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, la cual les fue negada por Protección S.A., en tanto que, a su juicio, como las accionantes se afiliaron al RAIS de manera voluntaria, a pesar de estar expresamente excluidas por edad según lo dispuesto en el literal b del artículo 61 de la referida disposición, deben cumplir con la exigencia que tal disposición prevé para gozar de sus beneficios, cual es que coticen 500 semanas. Requerimiento que las peticionarias no cumplen.

     

    En ese sentido, resulta importante tener en cuenta que las dos señoras se afiliaron al RAIS en el mes de abril de 1997, fecha en la que, para ese entonces, la señora M.C.J.C. contaba con 60 años y la señora A.C.D.H. con 66 años.

     

    Del mismo modo, las dos elevaron solicitudes ante la entidad demandada a efectos de obtener la devolución de saldos por intermedio de la religiosa S.B.L.H.M., las cuales fueron presentadas el 21 de mayo de 2013 y el 10 de abril respectivamente, siendo despachadas de manera negativa el 18 de octubre de 2013 y el 11 de diciembre respectivamente, aduciendo razones similares.

     

    En efecto, la entidad demandada señaló que las mentadas señoras no gozaban del derecho pretendido en tanto que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían más de 50 años de edad por lo que, en aplicación del literal b del artículo 61 de la aludida disposición, son excluidas del RAIS, luego como le explicaron las implicaciones de su decisión y, a pesar de ello, se mantuvieron en su deseo de ingresar, están obligadas a cumplir la segunda parte de la norma, la cual prevé una cotización mínima de 500 semanas, pedimento que no acreditan pues la primera tiene 296 y, la segunda, 167.

     

    Además adujo Protección que, en lo que se refiere al bono pensional, en caso de tener derecho a ello, el Decreto 3798 de 2003 en su artículo 18, reiteró la obligatoriedad de cotizar 500 semanas en el nuevo régimen y la prohibición de negociarlo para solicitar pensión o devolución de saldos, antes de las semanas mencionadas.

     

    Ante la discrepancia sobrevenida por la argumentación ofrecida por la entidad demandada, las accionantes acudieron a la acción de tutela a través de la figura de agencia oficiosa de derecho, por medio de la misma religiosa que las había representado ante la entidad, a la que le confirieron poder debidamente autenticado.

     

    Dentro de las motivaciones que esgrimieron en su escrito de demanda se advierte el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 y su incapacidad física para laborar y la económica para continuar cotizando como independiente la cantidad de semanas que les exige Protección.

     

    Sin embargo, sus pedimentos fueron denegados por los jueces de instancia argumentando, principalmente, que no demostraron la existencia de un perjuicio irremediable que justifique el desplazamiento de las competencias del juez común, habida cuenta que el simple estado de edad avanzado no constituye un motivo fuerte que lo permita.

     

    Para la Sala el asunto reviste de gran importancia como quiera que las demandantes son personas que por sus condiciones físicas y económicas son consideradas por la jurisprudencia como sujetos de especial protección constitucional y, en ese sentido, se les debe brindar un mayor y más acentuado amparo, quienes alegan que requieren el dinero que han aportado al RAIS en tanto que no cuentan con otra fuente de ingresos económicos de los que puedan suplir sus necesidades básicas.

     

    En efecto, la Corte Constitucional, como se indicó en la parte motiva de este fallo, consideró que el literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, el cual sirve de base para denegar el derecho prestacional pretendido, es exequible bajo el entendido que debe ser analizado dentro de un marco de transición.

     

    En ese sentido, justificó la exigencia de cotización de 500 semanas para las personas excluidas por edad en tanto que pretendía no desestabilizar financieramente el sistema y, principalmente, el RPMPD, como quiera que la Ley 100 de 1993, consagró un régimen de transición el cual le era aplicable a las personas que tuvieran, a la entrada en vigencia de esa disposición, 35 años si es mujer o 40 si es hombre, y que les permitía, entre otras cosas, trasladarse de régimen pensional en cualquier época luego, de permitirse su traslado inmediato encontrándose cerca de su pensión implicaría, entre otras cosas:

     

    (i) un desequilibrio para el ISS pues le tocaría expedir y cubrir innumerables y cuantiosos bonos pensionales lo que, a no dudarlo, lo expondría a un daño económico irreparable pues por sus características no está acondicionado para realizar un gran pago único al afiliado sino que emplea la modalidad pagos mensuales.

     

    (ii) una afección para quien está pronto a pensionarse toda vez que el régimen de transición le permitía pensionarse bajo disposiciones legales previas las cuales eran más favorables.

     

    Sin embargo, esta Sala de Revisión no puede desconocer la intención del legislador, el cual, de manera clara reiteró dentro de las discusiones adelantadas en el interior del Congreso para la adopción de SGSSS, que la persona que cotice a pensiones y, por diversas razones, no alcance a cumplir los requisitos exigidos para consolidar su derecho pensional, no perderá sus aportes pues ni los fondos privados ni el ISS podrán quedarse con ellos y, por el contrario, retornaran al afiliado bien por medio de la indemnización sustitutiva o por la devolución de saldos con sus respectivos rendimientos.

     

    Del mismo modo, no se puede obviar los múltiples preceptos jurisprudenciales en los que se ha reiterado que dichos valores corresponden al ahorro del trabajador en el sistema de ahorro individual por lo que le pertenecen a este y es él quien puede disponer de los mismos y gozar de ellos.

     

    En ese sentido, resulta contrario a derecho exigirle a una persona un pedimento que, por sus circunstancias fácticas particulares, a todas luces no va poder cumplir, para materializar la entrega de sus recursos y al retener esos dineros, el fondo de pensiones contraviene la intención del legislador, los postulados constitucionales e incurre en un enriquecimiento sin causa.

     

    Ahora, un nuevo hecho surge a la fecha y es la terminación de régimen de transición el cual justificaba la exigencia de tal pedimento por lo que, en la actualidad, quien pretenda trasladarse de régimen lo puede hacer de acuerdo con las directrices previstas en la Ley 100 de 1993 sin los beneficios que implicaba el periodo de transición, por tanto, quienes se encuentren próximos a consolidar su derecho pensional pueden cambiarse hasta antes de que le falten menos de 10 años para pensionarse.

     

    Variable que indudablemente evita el daño financiero al que iba ser sometido el RPMPD inicialmente y, además, el que podía recaer sobre los afiliados habida cuenta que ya no es posible aplicar disposiciones legales anteriores a la general pues a partir del 31 de diciembre de 2014 se da por terminado dicho régimen por lo que en la actualidad no tiene efectos, salvo para aquellos beneficiarios por el tiempo de servicio que alcanzaron a consolidar su derecho pensional al 31 de diciembre de 2014, los demás se encuentran sometidos a la Ley 100 y sus modificaciones.

     

    Adicionalmente, resulta acertado aclarar, que a las demandantes no se les puede exigir el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003, habida cuenta que no persiguen la expedición de un bono pensional fruto del traslado de régimen pensional sino que, por el contrario, únicamente pretenden la devolución de los saldos que cotizaron en el RAIS.

     

    Ahora respecto de las condiciones particulares que afrontan las demandantes, esta Sala advierte que no son de recibo los argumentos ofrecidos por los operadores judiciales según los cuales no se encuentran frente a un perjuicio irremediable pues el mismo no se puede derivar simplemente de su edad avanzada, sin que, hubiese analizado otros componentes que, aunado a lo anterior, permitían inferir, con meridiana claridad, que no pueden esperar las resultas de un proceso ordinario laboral.

     

    En efecto, la señora M.C.J.C. tiene 78 años y, aunque esta Corte pudo constatar que la misma percibe una pensión de jubilación por parte del Departamento de Risaralda, equivalente a un salario mínimo, la cual le fue reconocida desde el 5 de agosto de 1993, lo cierto es que según su relación de gastos personales, dicha mesada pensional no le permitiría continuar cotizando al sistema ni contratar los servicios de un abogado para que le adelante el procedimiento ordinario pertinente.

     

    A lo anterior se suma el hecho de que padece de A. y no tiene propiedades que le puedan derivar algún ingreso adicional[31].

     

    Por el otro lado, la señora A.C.D.H., tiene 84 años, y hace parte de una comunidad religiosa desde hace aproximadamente 50 años, tampoco posee inmuebles[32] y padece, entre otras enfermedades, de osteoporosis generalizadas, artrosis y enfermedades cardiacas (arritmia y extrasístoles), por lo que no le es posible desempeñarse en labores de enseñanza o en misiones y, por consiguiente, no tiene ingresos económicos y vive de la caridad de sus compañeras religiosas quienes fueron la que le ayudaron económicamente para abrir la cuenta de ahorro que le pedía el fondo para todos los casos.

     

    Por tanto, aunque la edad avanzada no siempre constituye un criterio que por sí solo permita inferir la necesidad del desplazamiento de las competencias del juez común, lo cierto es que cuando además de esta se acredita unas condiciones, siquiera sumarias, que denoten un estado de urgencia, gravedad e impostergabilidad que hagan inminente la adopción de una medida, se puede justificar dicho discurrir y proceder a dictar la medida de amparo pretendida.

     

    En estos casos, acudiendo al principio de equidad, dado que se acreditó con total claridad la procedencia excepcional de la tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas, se surtió el trámite administrativo por las demandantes, así como también la imposibilidad de seguir cotizando y laborando y la afectación que se genera a su mínimo vital con la negativa de retornarles sus ahorros, esta Corte restablecerá el orden jurídico y, en consecuencia, ordenará a la entidad demandada efectuar la devolución de saldos prevista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 a las demandantes a la cuentas que referenciaron en su solicitud[33], sin que para ello les sea exigido cotizar 500 semanas en el RAIS, ni se les imponga el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003, como quiera que este aplica para la expedición de bonos pensionales producto del traslado de régimen y no para la devolución de saldos como se pretende en los asuntos de la referencia.

     

VI. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales a seguridad social, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital de M.C.J.C. y A.C.D.H..

 

SEGUNDO. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento que, a su vez, confirmó el dictado por el Juzgado 29 Penal Municipal de Cali dentro del expediente de tutela T-4.518.544.

 

TERCERO. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento que, a su vez, confirmó el dictado por el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali dentro del expediente de tutela T-4.539.458.

 

CUARTO. ORDENAR a Protección S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a efectuar la devolución de saldos en favor de las señoras M.C.J.C. y A.C.D.H..

 

QUINTO. Por Secretaría, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

N., comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Secretario General (E)

 

 

 

[1] Folio 42 del cuaderno 1.

[2] Folios 27 y 28 del cuaderno 1.

[3] F. 29 y 46 del cuaderno 1.

[4] Folio 43 del cuaderno 1.

[5] Folios 9 al 26 del cuaderno1.

[6] Folio 46 del cuaderno 1.

[7] Folio 46 del cuaderno 1.

[8] Ley 100 de 1993. Artículo 61: “Personas excluidas del régimen de ahorro individual con solidaridad. Están excluidos del régimen de ahorro individual con solidaridad:

a)  Los pensionados por invalidez por el Instituto de Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público, y

b)  Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos quinientas (500) semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes.”

[9] Decreto 2591 de 1991. Artículo 42. “Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:

  1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.

    Sentencia C-134 de 1994.

    Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución", que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.

  2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.

    Sentencia C-134 de 1994.

    Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía", que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.

  3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.

  4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.

  5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución.

  6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.

  7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.

  8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas.

  9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.

    Sentencia C-134 de 1994.

    Declarar EXEQUIBLE el numeral 9o. del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "la vida o la integridad de".”

    [10] Folio 42 del cuaderno 1.

    [11] Folio 34 del cuaderno 1.

    [12] Folio 43 del cuaderno 1.

    [13] Folios 11 al 26 del cuaderno 1.

    [14] Folio 43 del cuaderno 1.

    [15] Folio 36 del cuaderno 1.

    [16] Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

    La protección consistirá en una orden para que aquel, respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

    Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

    En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de la tutela y su resolución.

    La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”(S. propias).

    [17] Al respecto, puede verse, entre otras, la Sentencia T-225 de 1993. V.N.M.. En dicho fallo, esta Corporación estudió el término “perjuicio irremediable”, considerando que:  “(…) El género próximo es el perjuicio; por tal, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ha de entenderse el ‘efecto de perjudicar o perjudicarse’, y perjudicar significa -según el mismo Diccionario- "ocasionar daño o menoscabo material o moral".  Por tanto, hay perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo material o moral injustificado, es decir, no como consecuencia de una acción legítima.  La indiferencia específica la encontramos en la voz ‘irremediable’.  La primera noción que nos da el Diccionario es ‘que no se puede remediar’, y la lógica de ello es porque el bien jurídicamente protegido se deteriora irreversiblemente hasta tal punto, que ya no puede ser recuperado en su integridad.”

    En la misma providencia se establecieron unos criterios que se deben presentar para que se configure un perjuicio irremediable. Ellos son:

    “(…) la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.”

    [18] M.P.H.A.S.P..

    [19] Al respecto, resulta importante observar el artículo 1º de la Ley 100 de 1993 el cual, textualmente, indicó: “Sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.

    El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro.”

    [20] Artículo 6º. Ley 100 de 1993. “Objetivos. El Sistema de Seguridad Social Integral ordenará las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos:

  10. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. (…)”

    [21] Al respecto, ver Sentencia T-972 de 2006. M.P.R.E.G..

    [22] Al respecto, ver Sentencia T-1046 de 2007. M.P.J.C.T..

    [23] Al respecto, ver Sentencia C-624 de 2003. M.P.R.E.G..

    [24] M.P.E.M.L..

    [25] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2001. M.P.E.M.L..

    [26] Corte Constitucional. Sentencia T-084 de 2006. M.P.Á.T.G..

    [27] Corte Constitucional. Sentencia T-092 de 2012. M.P.M.G.C..

    [28] P. transitorio cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005.

    [29] M.P.G.E.M.M..

    [30] Según el concepto No. 2194, del 10 de diciembre de 2013, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, C.P.W.Z.C., la expresión “hasta el año 2014” contenida en el parágrafo transitorio 4º del artículo 48 de la Constitución Política, “es comprensiva y no excluyente del año allí referido; además al no señalarse un día o un mes en ese año, se debe entender que la aplicación del régimen de transición se puede hacer efectivo hasta el último día de dicho año 2014”.

    [31] Dicha información se puede corroborar en el acápite de pruebas decretadas por la Corte.

    [32] Información que fue constata por esta Corte tal como consta en el acápite de pruebas decretadas.

    [33] Dentro del trámite de tutela esta Corte ofició a las entidades bancarias de las que provenían las cuentas referenciadas en la solicitud por parte de S.B.L.H.M. y pudo constatar que pertenecen a las señoras a las que agencia sus derechos.