Sentencia de Tutela nº 305/15 de Corte Constitucional, 22 de Mayo de 2015

1. Demanda de tutela.

   1.1. Elementos de la demanda.

   1.1.1. Derechos fundamentales invocados. Debido proceso, defensa, vivienda digna, seguridad jurídica e igualdad.

   1.1.2. Conducta que causa la vulneración. La Sentencia de segunda instancia del 7 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal accionado, en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario, que revocó la sentencia del juzgado de primera instancia y, en su lugar, condenó a la accionante, incurriendo en un defecto fáctico por omitir la valoración de un dictamen pericial y de una sentencia dictada en un proceso verbal de reducción o pérdida de intereses.

   1.1.3. Pretensión. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del 7 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal accionado y como consecuencia ordenar lo que en derecho sea procedente.

   1.2. Fundamentos de la pretensión.

   1.2.1. La señora D.B.G. y, su esposo, el señor H.B.Á.[1], suscribieron con el Banco Colpatria S.A. el pagaré No. 1000-01222-7, por valor de $15.700.000.00, equivalentes a 2974.1721 Unidades de Poder Adquisitivo Constante (en adelante UPAC), el cual se obligaron a pagar en 180 cuotas mensuales consecutivas. Para garantizar el cumplimiento de la obligación se constituyó hipoteca de primer grado mediante escritura pública No.48 del 4 de septiembre de 1993, en la cual aparece inscrita como propietaria la accionante[2].

   1.2.2. El saldo de la obligación al 31 de diciembre de 1999 era de 2.423.9883 UPAC, equivalentes en pesos a la suma de $40.266.930.04 y en Unidades de Valor Real (en adelante UVR) a 389.716.6769 unidades. El Banco Colpatria S.A. en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 546 de 1999[3] reliquidó el crédito y le aplicó un alivio de $6.663.581.61.[4]

   1.2.3. El 26 de agosto de 2003 venció el pagaré en mención[5] y el 3 de septiembre del mismo año se realizó el último pago por parte de la deudora[6], quedando en deuda con el Banco. Por esta razón, la entidad bancaria inició un proceso ejecutivo hipotecario en contra de la actora y de su esposo. En primera instancia, el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 9 de octubre de 2012, falló en contra de los intereses del Banco, dando por probadas las excepciones de “pago parcial al amparo de la Ley 546 de 1999, artículo 43” y “regulación y pérdida de intereses”, propuestas por la parte demandada. En consecuencia, dictó las siguientes órdenes:

   1) “Declarar probada la objeción planteada al primer dictamen pericial, o sea el rendido por el perito E.C.M..

   2) Declarar probadas las excepciones de fondo presentadas por la apoderada de los demandados (…)

   3) Declarar que el [Banco Colpatria S.A.] cobró a los demandados, señores H. (…) y D. (…) intereses en exceso, con relación a la obligación que se ejecuta en el presente proceso por la suma de $8.416.882, en período comprendido entre el 19 de enero de 1994 y 3 de septiembre de 2003, suma que al ser doblada, equivale a la suma de $16.833.764.

   4) Declarar la perdida de los intereses corrientes que se cancelaron en la obligación cobrada, [por la suma de] $17.378.838 menos el alivio aplicado por el Banco $6.663.851 para un saldo del alivio equivalente a la suma de $10.714.967.00.

   5) Ordenar al [Banco Colpatria S.A.] aplicar el alivio a la obligación cobrada. Suma que asciende a la cantidad de $17.378.838 menos el alivio aplicado por el Banco $6.663.851.61 para un saldo del alivio equivalente a la suma de $10.714.987.00.

   6) Ordenar al [Banco Colpatria S.A.] deducir de lo adeudado por los demandados, suma equivalente a $33.365.595.65 las siguientes cantidades: El alivio de la obligación cobrada, es decir la cantidad de $10.714.987.00 más la suma de intereses cobrados en exceso $16.833.764 más los intereses corrientes que suma $39.032.220 para un gran total deducible de $66.581.971 quedando un saldo final que el demandante devolverá a los demandados en la cuantía $33.216.375.35.

   7) Condenar a la parte demandante en costas y se señala la suma de $3.336.559.56 como agencias en derecho. (…)”

   1.2.4. Contra la anterior decisión el Banco presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la S. Primera de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 7 de octubre de 2013, en el sentido de revocar el fallo del a quo, con base en los argumentos que se exponen a continuación:

   - Señaló que en el proceso se recepcionaron 2 dictámenes periciales donde se aplicó como sustento de las operaciones y reliquidaciones allí efectuadas jurisprudencia y normas que se expidieron a partir del año 1999, tal y como se aprecia en lo textualmente expuesto en la experticia por el auxiliar M.P.V..

   - Adujo que esa Corporación ha estudiado casos similares, en los cuales se discute resultados de los dictámenes periciales que se recepcionaron al interior de los procesos ejecutivos donde se pretende el recaudo de las obligaciones convertidas o reliquidadas del sistema financiero de las UPAC al sistema financiero de las UVR, el nuevo régimen de estas últimas generado por la Ley 546 de 1999 y el régimen de transición entre los dos sistemas, llegando a la conclusión de la no operabilidad retroactiva del nuevo régimen contable (UVR) a desarrollo del crédito en la época en que existió legalmente el anterior (UPAC). Sostuvo que no es posible aplicarles, con efectos retroactivos, a los créditos para adquisición de vivienda concedidos bajo el régimen anterior a 1999, las normas legales y los conceptos jurisprudenciales que se han generado con posterioridad a esa fecha (Sentencia C-700 de 1999, Resolución externa 014 de septiembre de 2000 de la Superfinanciera[7]).

   - Manifestó que si bien es cierto que frente a las operaciones realizadas entre 1994 y 1999, ajustadas al sistema UPAC, se debió, a principios del año 2000, volver retroactivamente para reliquidar las imputaciones del pago (los abonos e intereses) del pasado con base en normas generadas después de 1999, también lo es que, dicha medida se adoptó exclusivamente para purgar del sistema la aplicación del “DTF” y generar el “alivio” correspondiente, que fue asumido por el Estado y no por el sistema financiero. Por lo tanto, no está autorizado aplicar esos procedimientos para discutir todas las incidencias de la aplicación financiera del sistema UPAC, entre la entidad financiera y el deudor cuando éste estuvo vigente.[8]

   - Concluyó que teniendo en cuenta que ambos dictámenes periciales, que soportan la decisión del juez de primera instancia, están fundamentados en la aplicación retroactiva de las formulas y características del sistema UVR a todo el desarrollo contractual comprendido el período de 1994 a 1999, en que rigió el sistema UPAC, y que consiguientemente las diferencias restantes entre sus operaciones matemáticas y las liquidaciones efectuadas por la entidad acreedora provienen de esa aplicación retroactiva del nuevo régimen financiero, debe llegarse a la conclusión de que en el presente caso no está debidamente acreditado que la acreedora realmente le hubiera cobrado sumas excesivas por encima de lo entonces autorizado y permitido por el sistema financiero de las UPAC. En ese orden de ideas, determinó que no puede reconocerse ningún tipo de excepciones que estén fundamentados matemáticamente de manera exclusiva en la aplicación entre los años 1994 a 1999 de los parámetros generados con posterioridad a este último año.

   En consecuencia, el Tribunal accionado dictó las siguientes ordenes: (i) declaró no probadas las excepciones de “pago parcial al amparo de la Ley 546 de 199 artículo 43” y “Regulación de intereses y pérdida total de intereses conforme al artículo 492 del C. de P.C.”; (ii) ordenó la venta en pública subasta del inmueble; (iii) decretó el avaluó y remate del bien embargado y secuestrado a la demandada; (iv) ordenó practicar la liquidación de los créditos; (v) condenó al pago de las costas de primera y segunda instancia a la parte demandada.

   1.2.5. De modo paralelo al proceso ejecutivo hipotecario, se tramitó un proceso verbal de reducción o perdida de intereses (art. 427 numeral 8º del C. de P.C.), en el que actuaron como parte demandante, el señor H.K.B.Á. y la señora D.B.G. y, como parte demandada, el Banco Colpatria S.A.[9]

   Luego de varias actuaciones procesales[10], el Juzgado Quinto (5) Civil Municipal de Barranquilla mediante sentencia del 13 de septiembre de 2010, negó las pretensiones de los demandantes, razón por la cual, impugnaron el fallo ante el Juzgado Once (11) Civil del Circuito de la misma ciudad, el cual resolvió revocar la sentencia de primera instancia, argumentando que la parte demandante no buscó la reliquidación del crédito, sino la reducción o pérdida de intereses cobrados en exceso y que con base en un peritaje aportado al proceso se pudo determinar que la entidad bancaria cobró intereses excesivos entre el período comprendido entre el 1º de enero de 2000 hasta el 3 de septiembre de 2003[11]. Aclaró el juzgado que se concentraría en el lapso de tiempo indicado, a pesar de que el peritaje se había hecho desde el momento del desembolso del crédito hasta el año 2003, por cuanto, era un hecho superado el período comprendido entre la fecha del desembolso y la fecha en la cual a la obligación se le abonó el alivio ordenado por la Ley 546 de 1999, además, señaló que “no puede considerarse en este proceso el exceso cobrado en ese lapso de tiempo, puesto que, esa falencia fue objeto de varios pronunciamientos y en su momento esos excesos de cobro de intereses estaba amparado por la ley”[12]. En consecuencia, resolvió: declarar probada la objeción contra el primer dictamen pericial; declarar no probada las excepciones de fondo planteadas por la demandada; declarar que el Banco cobró a los demandantes, intereses por encima de lo pactado, con relación al crédito contenido en el pagaré; declarar que el Banco, al superar la tasa de interés pactada cobró intereses en exceso por un monto de $2.635.874.00 en el período comprendido entre el 1º de enero de 2000 y septiembre 3 del 2003, suma que al ser doblada equivale a $5.271.748.00; declarar la pérdida de intereses corrientes que se cancelaron, dentro de esta obligación, en el período antes señalado, los cuales asciende a la suma de $16.770.271.00; ordenar al Banco devolver o cancelar a los demandantes dichas sumas de dinero[13].

   1.2.6. La señora D. interpuso acción de tutela contra el fallo del 7 de octubre de 2013 proferido por el Tribunal accionado, argumentando que en este se incurrió en un defecto fáctico, por cuanto, “no apreció las pruebas periciales arrimadas al expediente, lo que si debió tener en cuenta antes de fallar, era hacer una análisis sobre el tan anunciado fallo favorable del proceso de reducción o perdida de intereses.” En ese sentido, alegó que no entendía la posición asumida por el Tribunal accionado, quien al momento de proferir la sentencia atacada desconoció el fallo ejecutoriado del proceso verbal mencionado, a pesar de que se había pronunciado respecto de la misma obligación, violando la cosa juzgada y causando incongruencia entre ambas providencias judiciales. Por lo tanto, adujo que no podía haberse negado en el proceso ejecutivo la excepción de regulación y pérdida de intereses, debido a que, la misma ya se había probado en el proceso verbal.[14]

   Unido a lo anterior, la actora afirmó que los fallos del proceso verbal fueron aportados al proceso ejecutivo hipotecario el día 15 de julio de 2010 y 5 de mayo de 2011, sin embargo el Tribunal accionado al referirse a las mismas manifestó que no fueron aportadas al proceso, sin tener en cuenta que el expediente reposaba los oficios mediante los cuales se allegaron y, que en caso de que no estuvieran, podía haber oficiado al juzgado de origen para su remisión.

   Por otro lado, la actora sostuvo (i) que con los dictámenes periciales decretados en el proceso ejecutivo hipotecario se probó la excepción de regulación y perdida de intereses[15], controvirtiendo el saldo indicado por el Banco en la demanda ejecutiva; (ii) que tales experticias se elaboraron aplicando lo establecido en el artículo 41, numeral 2º de la Ley 546 de 1999[16]; y (iii) que dichos dictámenes del proceso ejecutivo, favorables a las pretensiones de la actora, coinciden con los dictámenes practicados en el proceso verbal de reducción o perdida de intereses. En ese sentido, manifestó que “el saldo que presenta la entidad demandante no es congruente frente a los saldos que determinaron las pruebas periciales obrantes tanto en el proceso verbal como en el proceso ejecutivo.”[17]

2. Respuesta del accionado y de los terceros vinculados.

   2.1. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, S. Civil-Familia. Guardó silencio frente a los hechos de la tutela.

   2.2. Terceros vinculados. Banco Colpatria Multibanca (Colpatria S.A.) Solicitó declarar improcedente la acción de tutela y negar las pretensiones de la actora, argumentando que no cumplió con el requisito de inmediatez, por cuanto, transcurrieron 7 meses entre la fecha de la sentencia atacada y la interposición de la acción constitucional. Además porque, la demanda de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad.

   Indicó que la sentencia del proceso verbal de reducción o perdida de intereses, fue incorporada en el proceso ejecutivo y decidida por el Tribunal accionado[18]. Reprochó que la accionante haya omitido (i) manifestar en la tutela que en el proceso verbal se declaró la perdida de los intereses cobrados entre el 1° de enero de 2000 y el 3 de septiembre de 2003 y, que en el proceso ejecutivo se pidió los intereses desde el 26 de agosto de 2003 hasta que se produzca el pago, por lo que en este último proceso no se estaba intentando cobrar intereses de aquellos que ordenaron perder en el proceso verbal; y (ii) reconocer que el Banco le pagó directamente la condena del proceso verbal, por lo cual quedó sin incidencia dicha sanción económica dentro del proceso ejecutivo hipotecario.

   2.3. Juzgado Primero de Ejecución Civil de Barranquilla. Informó que el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla remitió el 23 de enero de 2014, entre otros, el expediente correspondiente al proceso ejecutivo hipotecario promovido por el Banco Colpatria S.A. contra la accionante[19]. Señaló que las actuaciones que ha adelantado son avocar conocimiento, oficiar al Instituto G.A.C. para que remitiera avaluó catastral del inmueble dado en garantía, el cual se encuentra embargado y secuestrado[20].

   2.4. Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla. Informó que el Juzgado Quinto Civil Municipal, como consecuencia de una orden de tutela, profirió una nueva sentencia en el proceso de reducción o pérdida de intereses, que fue revocada en segunda instancia por este juzgado, mediante sentencia del 16 de marzo de 2011[21].

   2.5. Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla. Indicó que el proceso ejecutivo hipotecario fue remitido al Juzgado Primero de Ejecución Civil de Barranquilla. Así mismo, alegó que la acción de tutela no cumple con los requisitos de inmediatez, porque dejó transcurrir 7 meses para interponer la acción y, subsidiariedad, por cuanto, no se ha agotado el recurso extraordinario de casación[22].

   2.6. Juzgado 5 Civil Municipal de Barranquilla. Manifestó que estaba imposibilitado para pronunciarse respecto de la acción de tutela, por cuanto, las decisiones judiciales del proceso verbal de reducción o perdida de intereses fueron adoptadas por el juez que lo antecedió; sin embargo, adujo que tales pronunciamientos seguramente están ajustados a derecho.

   2.7. H.K.B.Á.. Alegó que en el proceso ejecutivo hipotecario se acreditó el cobro abusivo y desbordante de dinero por concepto de capital e intereses por parte del Banco ejecutante. Agregó que, teniendo en cuenta que el crédito objeto del proceso verbal de reducción o perdida de intereses promovido contra el banco es el mismo que se discute en el proceso ejecutivo, debe declararse probada la excepción de regulación y pérdida de intereses[23]. Informó que el 19 de junio de 2014 el Banco allegó al proceso ejecutivo la liquidación del crédito por la suma de $140.024.931.34[24], la cual fue objetada mediante otra liquidación que arrojó como resultado, que a corte 18 de junio de 2014, los demandados deben al acreedor la suma de $72.777.125.[25]

3. Decisiones de tutela objeto de revisión:

   3.1. Sentencia de primera instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil, el 11 de septiembre de 2014. El alto tribunal, fungiendo como juez de tutela, “negó la protección constitucional deprecada”[26]. Argumentó que no cumplió con el requisito de inmediatez, en tanto, interpuso la acción de tutela por fuera del término razonable, sin que de manera alguna justificara la tardanza de su presentación. Señaló que la demora en promover la acción era imputable a la desidia de la accionante. Por último, consideró que la decisión atacada no fue producto de un análisis arbitrario o antojadizo de la normatividad y de las pruebas recaudadas en el proceso ejecutivo.

   3.2. Impugnación. La actora sostuvo que no existió desidia de su parte en la interposición de la primera acción de tutela, sino que, por el contrario, esta recibió de forma tardía la notificación para subsanar dicha acción. Por otro lado, reiteró los argumentos que expuso en el líbelo de tutela, resaltando que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta los dictámenes periciales, ni tampoco la sentencia del proceso verbal de reducción o perdida de intereses pactados, que a pesar de haber sido aportada al trámite del proceso ejecutivo, el accionado manifestó que no aparecía en el expediente[27].

   3.3. Sentencia de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Laboral, el 12 de noviembre de 2014. Confirmó la negativa del amparo invocado, por las mismas razones que expuso el juez de tutela de primera de instancia.

1. Competencia.

   La Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas, con base en la Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36[28].

2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

   2.1. Requisitos generales de procedencia.

   La jurisprudencia constitucional ha indicado que al estudiar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, han de cumplirse unos requisitos formales que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales, a saber:

   2.1.1. Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional. El caso objeto de estudio reviste de relevancia constitucional, por cuanto, se estudia la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, causada por una providencia judicial, proferida en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario, mediante la cual se revocó la sentencia del a quo, y en su lugar, se ordenó continuar con la ejecución en contra de la accionante por el crédito tomado con el Banco Colpatria S.A.

   2.1.2. Legitimación activa. La señora D.R.B.G. titular del derecho que fue presuntamente lesionado con la providencia del Tribunal accionado, instauró acción de tutela a través de apoderada judicial (C.P. art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art.10°)[29].

   2.1.3. Legitimación pasiva. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, S. Primera de Decisión Civil-Familia, es una autoridad pública y como tal, resulta demandable en proceso de tutela (CP, art. 86; Decreto 2591/91, art. 1º y art. 5°)

   2.1.4. Inmediatez. Es un requisito para la procedibilidad de la acción, el que ésta sea interpuesta en forma oportuna, es decir que se realice dentro de un plazo razonable[30], dado que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales frente a su vulneración o amenaza, debiéndose presentar de esta forma dentro de un ámbito temporal razonable desde la ocurrencia de la misma.

   En el proceso de tutela, la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil, en primera instancia y, S. de Casación Laboral, en segunda instancia, negaron el amparo de los derechos invocados al considerar que no se acreditó el requisito de inmediatez, por cuanto, la acción de tutela fue interpuesta por fuera de un término razonable, sin que de manera alguna se justificara la tardanza de su presentación.

   2.1.4.1. Contrario a lo sostenido por los jueces de tutela de ambas instancias, la S. considera que la presente acción de tutela cumple con el requisito de la inmediatez, debido a que existen razones que justifican la demora en el ejercicio de la acción constitucional, a saber:

   - La apoderada de la accionante presentó el 25 de marzo de 2014 una primera acción de tutela contra la sentencia del 7 de octubre de 2013 del Tribunal accionado, por los mismos hechos y con las mismas pretensiones que ahora se estudian; sin embargo, la S. Civil de la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez de tutela de primera instancia, mediante auto del 27 de marzo de 2014, dispuso requerir a la apoderada de la accionante para que en el término de 3 días acreditara la calidad de abogada titulada para ejercer el derecho de postulación, esta decisión le fue notificada a la accionante el 16 de abril de 2014[31], junto con la comunicación de rechazo de la demanda, por no haber corregido el defecto mencionado[32], es decir, que se privó a la apoderada de la actora de la oportunidad procesal para que subsanara el supuesto error.

   - Ante ese error de la empresa de mensajería, la apoderada remitió la certificación correspondiente, pero la S. Civil de la Corte Suprema de Justicia, por medio de auto del 25 de abril de 2014, notificado el 30 de abril del mismo año, confirmó el rechazo de la acción, insistiendo en que se volviera a presentar la solicitud de amparo. Contra esta decisión se promovió incidente de nulidad, que fue negado en auto del 8 de mayo de 2014, notificado el 9 del mismo mes y año. Agotado lo anterior, la apoderada resolvió presentar, el 27 de mayo de 2014, nuevamente la acción de tutela objeto de revisión[33].

   2.1.4.2. A partir de lo anterior, se considera satisfecho el requisito de inmediatez, en tanto, (i) inicialmente la acción de tutela se interpuso dentro del término prudente de los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia atacada, (ii) la desatención al requerimiento del juez de tutela de allegar el certificado que acreditara la calidad de abogada de la apoderada de la actora, no es imputable a esta última sino a inconvenientes de la empresa de mensajería en el envío de las comunicaciones respectivas; y (iii) la apoderada de la accionante utilizó el mecanismo que consideró procedente para solicitar la nulidad de lo actuado por haberse cercenado su derecho a la defensa, lo que demuestra que no hubo inactividad de la misma para reclamar la protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, la S. estima procedente la acción de tutela, porque está justificada la fecha en que se presentó la acción constitucional.

   2.1.5. Subsidiariedad. Frente a este requisito en la tutela contra providencias judiciales se hace especialmente necesario establecer que el actor haya agotado previamente los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela[34]. La S. considera que en este caso se satisface el requisito de subsidiariedad por cuanto contra la providencia judicial proferida por el Tribunal accionado no existe la posibilidad de interponer recursos. Ello, debido a que el tipo de proceso en el que se dictó la sentencia y los argumentos o cargos formulados por el accionante, no se encuentran incluidos en las causales taxativas contempladas para acudir al recurso extraordinario de casación (art. 380 del C. de P.C.), ni al recurso extraordinario de revisión (art. 366 del C. de P.C.), lo cual habilita al juez constitucional para abordar el fondo del asunto.

   2.1.6. Que en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. Este presupuesto no es aplicable, en razón a que no se están alegando irregularidades procesales dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra la accionante.

   2.1.7. Que el actor identifique en forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible. La actora señaló en el escrito de tutela como hechos constitutivos de la violación de su derecho al debido proceso la omisión del Tribunal accionado de valorar dos pruebas: (i) la sentencia proferida en el proceso verbal de reducción o perdida de intereses pactados, por medio de la cual se condenó al Banco Colpatria S.A.; y (ii) el dictamen pericial que sirvió de fundamento al juez de primera instancia del proceso ejecutivo, para exonerar a la accionante y, por el contrario, imponer la sanción al Banco ejecutante por el cobro excesivo de intereses, entre otras. Sin embargo, no fue posible que la actora alegara al interior del proceso ejecutivo hipotecario los anteriores hechos, por cuanto la providencia atacada, que revocó el fallo de primera instancia favorable a las pretensiones de la actora, fue proferida en segunda instancia y contra ella no procedían recursos ordinarios ni extraordinarios.

   2.1.8. Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. La providencia judicial atacada por la actora fue proferida en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario.

2. Problema jurídico constitucional.

   A partir de lo anterior, le corresponde a la S. determinar si ¿El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, S. Civil-Familia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la actora, por haber incurrido en un defecto fáctico, en la sentencia del 7 de octubre de 2013, proferida en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario, al no haber apreciado o valorado las pruebas que fueron aportadas al proceso –dictamen pericial y sentencia de proceso de reducción o perdida de intereses-?

4. Causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia.

   Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, la Corte ha advertido que se debe probar la existencia de un defecto o irregularidad procesal de tal magnitud que vulnere de forma evidente el debido proceso y que resulte determinante para el sentido del fallo o la decisión plasmada en la providencia judicial. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional estableció que los presupuestos materiales que configurarían una vulneración al debido proceso, son: defecto orgánico[35], sustantivo[36], procedimental[37] o fáctico[38]; error inducido[39]; decisión sin motivación[40]; desconocimiento del precedente constitucional[41]; y violación directa de la Constitución[42].

   En efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando se comprueba la existencia de una de las causales materiales que se señalaron, se atenta contra uno o varios de los elementos constitutivos del debido proceso y, por lo tanto, no sólo se justifica sino que se exige la intervención del juez constitucional.

   4.1. Caracterización del defecto fáctico. Reiteración de Jurisprudencia.

   El defecto fáctico se encuentra relacionado con errores probatorios durante el proceso. La jurisprudencia constitucional ha señalado que se configura cuando la decisión judicial se toma (i) sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina; (ii) como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; (iii) de una valoración irrazonable de las mismas; (iv) de la suposición de una prueba; o (v) del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios”[43]

   La Corte Constitucional ha sido reiterativa en la protección al principio de la autonomía e independencia judicial, en el cual se incluye el amplio margen que recae sobre los operadores judiciales para valorar – de conformidad con las reglas de la sana crítica – las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. Sin embargo, la sentencia SU-159 de 2002, señaló que dicha independencia y autonomía “jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de la administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”[44].

   Así mismo, se ha señalado que el defecto fáctico tiene dos dimensiones; una positiva y una negativa. Mientras la primera hace referencia a circunstancias en las que se valoran pruebas vulnerando reglas legales y principios constitucionales, la segunda hace relación a situaciones omisivas en la valoración probatoria que pueden resultar determinantes para el caso. Dicha omisión se debe presentar de manera arbitraria, irracional y/o caprichosa[45].

   Esta Corporación ha establecido que la dimensión negativa se produce: “(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso;(ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo”[46]. Y una dimensión positiva, que tiene lugar “por actuaciones positivas del juez, en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia”[47] .

   Se ha concluido que, el defecto fáctico por no valoración de pruebas se presenta[48] “cuando el funcionario judicial omite considerar elementos probatorios que constan en el proceso, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión y, en el caso concreto, resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido habría variado sustancialmente”[49].

   Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal Constitucional ha reconocido que en la valoración del acervo probatorio el análisis que pueda realizar el juez constitucional es limitado, en tanto quien puede llevar a cabo un mejor y más completo estudio es el juez natural debido al principio de inmediación de la prueba[50].

   4.2. Marco normativo y jurisprudencial de la reliquidación de los créditos contraídos en UPAC.

   La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, resolvió declarar inexequibles todas las normas que, en el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), estructuraban el sistema UPAC. Así mismo, la Corte en las Sentencias C-383 del 27 de mayo de 1999[51] y C-747 del 6 de octubre del mismo año[52], declaró inconstitucionales, para los créditos que se habían otorgado con base en el UPAC, la inclusión de la DTF[53] y la capitalización de intereses[54], respectivamente.

   En respuesta a lo dispuesto por la Corte en las referidas providencias, el Legislador expidió la Ley 546 de 1999, con el objeto de establecer un sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo que fijara las condiciones que se requieren para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna y se protegiera a los usuarios del crédito de vivienda[55].

   Esa finalidad se desarrolló en la ley con la creación de la Unidad de Valor Real (UVR) como una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE[56] y mediante la fijación de criterios objetivos para el desarrollo del nuevo sistema[57].

   Para materializar el propósito expuesto, la Ley incluyó un régimen de transición (Capítulo VIII, arts. 38 a 49) para el paso del sistema de financiación UPAC al nuevo UVR, que permitiese, por un lado, la adquisición de vivienda a otras personas, y por el otro, que las que se vieron afectadas por el sistema anterior, declarado inconstitucional, pudieran conservarla.

   En dichas disposiciones transitorias, los artículos 41[58], para los créditos que se encontraban al día, y 42[59], para los créditos que se encontraban en mora, se encargaron de regular el tema de la reliquidación de los créditos adquiridos bajo el sistema UPAC, con el fin de que fuera aplicada a los créditos de vivienda individual a largo plazo que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 1999 sin importar el saldo, tomando como base la UVR -concepto ligado al índice de precios al consumidor- con el fin de eliminar el componente variable (DTF) que su fórmula de liquidación contenía.[60]

   Cabe mencionar que, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-955 de 2000, declaró la exequibilidad parcial de los artículos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999, por cuanto, algunas frases hacían referencia a una distinción injustificada entre los abonos que se debían aportar a los créditos que se encontraban al día y los que estaban en mora[61].

   En cuanto al tema de la reliquidación de los créditos contraídos en UPAC, esta Corporación en aplicación de la jurisprudencia constitucional; el cuerpo normativo que regula la materia; y el concepto expedido por la Superintendencia Financiera, ha señalado que: “en la práctica, los créditos de vivienda otorgados en UPAC o en pesos con tasa referida a la DTF que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 1999, fueron liquidados nuevamente tomando como base la UVR. Para tal fin, se consideraron todos los pagos realizados por el deudor y se aplicaron en las mismas fechas en que habían sido recibidos sobre un saldo en UVR, de manera que los valores que habían sido pagados por encima de la inflación se destinaban a reducir en cada fecha el saldo de capital. Así, el saldo en pesos reliquidado al 31 de diciembre de 1999 utilizando la UVR, se comparaba con el saldo en pesos que presentaban a esa misma fecha los créditos otorgados en UPAC o en pesos. En los casos en que éste último fuese superior al primero, se realizaba un abono o alivio al crédito equivalente a la diferencia entre ambos.”[62]

   Una vez realizada la reliquidación, si el deudor hipotecario afectado no estaba de acuerdo con la misma, podía solicitar a las instituciones financieras la revisión de la liquidación, a la Superintendencia Financiera la vigilancia respectiva, y a los autoridades judiciales competentes la revisión de sus contratos, la reliquidación de sus créditos y la devolución de lo que hayan cancelado en exceso.

   En conclusión, (i) la Ley 546 de 1999 ordenó la reliquidación frente a las obligaciones contratadas con establecimientos de crédito para la financiación de vivienda individual a largo plazo, en cuanto a los valores que fueron cancelados entre los años de 1993 a 1999[63]; lapso éste en que fueron aplicadas las normas declaradas contrarias al ordenamiento constitucional[64]; y (ii) el deudor afectado por el sistema UPAC que estuviere en desacuerdo con la reliquidación efectuada por las entidades bancarios por mandato de la ley, tenía la posibilidad de controvertir dicho procedimiento ante las autoridades competentes –judiciales o administrativas-.

   4.3. Caso concreto.

   En el asunto subexamine, la señora D.R.B.G. interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, S. Civil-Familia, por haber proferido, en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario, la sentencia de segunda instancia del 7 de octubre de 2013, que resolvió declarar no probadas las excepciones de la parte demandada de pago parcial al amparo de la ley 546 de 1999, artículo 43 y, de regulación de intereses y pérdida total de intereses conforme al artículo 492 del C.P.C.; ordenar la venta en pública subasta del inmueble; decretar el avaluó y remate del bien embargado y secuestrado a la demandada; ordenar la práctica de la liquidación de los créditos; y condenar al pago de las costas de primera y segunda instancia a la parte demandada.

   Teniendo en cuenta los hechos probados, así como la argumentación presentada en la demanda de tutela, le corresponde a la S. de Revisión determinar si el Tribunal accionado vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la actora, por haber incurrido en un defecto fáctico en la sentencia del 7 de octubre de 2013, al no haber valorado las pruebas que fueron aportadas al proceso ejecutivo, es decir, el dictamen pericial y la sentencia de proceso verbal de reducción o pérdida de intereses.

   4.3.1. En primer lugar, la actora alegó que el dictamen pericial realizado por el perito financiero M.P.V., con base en el cual el juez de primera instancia fallo a favor de la demandada, no fue apreciado por el Tribunal accionado al momento de proferir la sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo hipotecario.

   La accionante indicó que el dictamen pericial mencionado tenía por objeto probar la excepción de regulación y pérdida de intereses, en tanto, demostraba que el Banco cobró intereses en exceso desde el 14 de diciembre de 1993 hasta el 3 de septiembre de 2003, fecha del último pago. En ese sentido, manifestó que la experticia dejaba sin sustentó la reliquidación del saldo total del crédito hecha por el Banco en virtud de la Ley 546 de 1999, en el período comprendido entre 1993 y el 31 de diciembre de 1999 y, afirmó que dicho dictamen pericial coincidía con el resultado de los dictámenes practicados en el proceso verbal de reducción o perdida de intereses.

   A partir de las pruebas que reposan en el expediente de tutela, se puede resaltar lo siguiente acerca del peritaje mencionado: (i) reliquidó el crédito desde el 14 de diciembre de 1993 hasta el 3 de septiembre de 2003; (ii) determinó que el alivio que se debió aplicar al saldo al 31 de diciembre de 1999, era de $17.378.838, y no la suma de $6.663.851.61, que resultó de la reliquidación realizada por el Banco Colpatria S.A. en virtud de la Ley; (iii) para ello, utilizó el histórico de pagos suministrado por la entidad bancaria; (iv) señaló que al año 2003, los deudores habían aportado a la deuda la suma de $65.975.222; y (v) señala que los intereses cobrados en exceso en el período subrayado ascienden a $8.416.882.[65]

   Con base en este dictamen el juzgado de primera instancia del proceso ejecutivo concluyó que hubo cobro de intereses en exceso, indebida aplicación del alivio y que por parte del Banco no se realizó la reliquidación del crédito de conformidad con la Ley 546 de 1999[66].

   Por su parte, el Tribunal accionado revocó la sentencia del a quo¸ argumentando (i) que al estudiar casos en los que se discutía el resultado de este tipo de dictámenes periciales, esa Corporación había llegado a la conclusión de la no operabilidad retroactiva del nuevo régimen contable al crédito en la época en que existió legalmente el anterior; (iii) esto bajo el argumento que si bien frente a las operaciones realizadas entre 1994 y 1999, ajustadas al sistema UPAC, se volvió retroactivamente para reliquidar las imputaciones del pago (los abonos e intereses) del pasado con base en normas generadas después de 1999, dicha medida se adoptó exclusivamente para purgar del sistema la aplicación del “DTF” y generar el “alivio” correspondiente, que fue asumido por el Estado y no por el sistema financiero. Por lo tanto, concluyó que no está autorizado aplicar esos procedimientos reglados en la Ley 546 de 1999, para discutir todas las incidencias de la aplicación financiera del sistema UPAC, entre la entidad financiera y el deudor cuando este estuvo vigente.

   En ese sentido, el Tribunal accionado consideró que el dictamen pericial estaba fundamentado en la aplicación retroactiva de las formulas y características del sistema UVR a todo el desarrollo contractual comprendido entre el período de 1994 a 1999, en que rigió el sistema UPAC, y que consiguientemente las diferencias restantes entre sus operaciones matemáticas y las liquidaciones efectuadas por la entidad acreedora provenían de esa aplicación retroactiva del nuevo régimen financiero. Por esta razón, determinó que en el presente caso no estaba debidamente acreditado que la acreedora realmente le hubiera cobrado sumas excesivas por encima de lo entonces autorizado y permitido por el sistema financiero de las UPAC (antes de la Ley 546 de 1999). En ese orden de ideas, decidió que no podía reconocerse ningún tipo de excepciones que estén fundamentados matemáticamente de manera exclusiva en la aplicación entre los años 1994 a 1999 de los parámetros generados con posterioridad a este último año.

   Lo anterior, demuestra que el Tribunal valoró la prueba y la descartó con base en la aplicación que hizo de los efectos ex nunc de las sentencias de constitucionalidad y la normatividad que regula la materia de reliquidación de créditos adquiridos en UPAC. Tal razonamiento no se muestra como arbitrario ni irrazonable, si se tiene en cuenta que, en ese mismo sentido, como se explicó en el acápite anterior, la Corte ha determinado que la reliquidación de ese tipo de créditos, se aplica aquellos que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 1999 sin importar el saldo, tomando como base la UVR con el fin de eliminar el componente variable (DTF) que su fórmula de liquidación contenía.

   Por otro lado, llama la atención de la S. que la actora hubiera afirmado que dicho dictamen pericial coincidía con el resultado de los dictámenes practicados en el proceso verbal de reducción o perdida de intereses, por cuanto, olvida que el juez del proceso verbal señaló expresamente que no acogía la totalidad del peritazgo, al considerar que el perito inició su labor partiendo desde la fecha del desembolso del crédito (año 1993), hecho que no compartía porque el período comprendido entre el desembolso y la fecha en la cual se le hizo el abono del alivio ordenado por la Ley 546 de 1999 era un hecho superado y no podía considerarse en este proceso el exceso cobrado en ese período.[67] En ese sentido, manifestó que se tuvo en cuenta la preeminencia de la ley, dado que, los cobros efectuados por el Banco antes de la Ley de marco de vivienda fueron ajustados a las normas y disposiciones vigentes en su momento[68]. En este aspecto, dicha decisión coincide con la argumentación expuesta por el Tribunal accionado en la segunda instancia del proceso ejecutivo, como quedó expuesto con antelación.

   En todo caso, la S. observa que la reliquidación del crédito fue practicada por el Banco en cumplimiento del deber contenido en la Ley 546 de 1999 (numeral 2º del art. 41), dando como resultado un alivio de $6.663.851.61; y que el dictamen pericial de la señora M.P.V., que controvertía la reliquidación o la operación aritmética hecha por la entidad bancaria, fue valorado por el Tribunal accionado, determinando que no podía reconocerse ninguna excepción a partir del resultado de esta experticia porque habían errores en su elaboración. Cabe precisar que corresponde a los jueces ordinarios en desarrollo de las competencias que aquellos le son propias, y en ejercicio de la sana crítica, valorar los elementos probatorios de manera detallada, aplicando los conocimientos especializados que caracterizan su jurisdicción. Por ello, esta Corporación ha señalado que el juez de tutela no puede entrar a resolver discusiones sobre el monto de la liquidación, dado que, es un asunto que escapa de la órbita constitucional.[69]

   Es preciso recordar que el defecto fáctico tiene por fundamentó que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.”[70]

   Con base en lo anterior, la S. concluye que respecto de este cargo no se estructura el defecto fáctico, debido a que: (i) el Tribunal accionado en ejercicio de la sana crítica valoró el dictamen pericial; y (ii) no se observa que dicho juicio de valoración se hubiera hecho de manera arbitraria, irracional o caprichosa.

   4.3.2. En segundo lugar, la actora cuestionó la actuación del Tribunal accionado en el sentido de que no valoró la sentencia del 16 de marzo de 2011 proferida por el Juzgado Once (11) Civil del Circuito de Barranquilla, en el trámite del proceso verbal de reducción o pérdida de intereses. Alegó que esta providencia probaba la excepción de regulación y pérdida de intereses, debido a que el exceso en el cobro de intereses, y su consecuente pérdida habían sido declarados en dicho proceso verbal. De este modo, alegó que se causaba un desconocimiento de la cosa juzgada y una incongruencia entre ambos fallos (ejecutivo-verbal).

   Al respecto, el Banco en la impugnación del fallo de primera instancia del proceso ejecutivo, le reconoció al Tribunal que había sido condenado en el proceso verbal de reducción o perdida de intereses, el cual se tramitó de forma paralela al ejecutivo, a devolver o cancelar a los demandantes la suma de $2.635.874, por concepto de intereses cobrados en exceso en el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y 3 de septiembre de 2003[71], así como, la suma de $16.760.271, por concepto de pérdida los intereses corrientes cobrados en ese mismo tiempo; y que dichos valores no podían ser desconocidos ni compensados con el crédito hipotecario porque ya habían sido pagados a los demandantes: la señora B. y el señor B.[72]. Este hecho fue ratificado en el informe que rindió la entidad bancaria ante el juez de tutela, aclarando que dicha condena “fue cancelada en dinero directamente al demandante y no se permitió que fuera compensada contra el crédito, a pesar de que se alegó compensación”[73].

   Por su parte, el Tribunal manifestó que en la actuación procesal surtida en segunda instancia mediante auto de 28 de mayo de 2013, accedió a la solicitud de la parte demandante de solicitar las copias de las sentencias proferidas en el proceso verbal (reducción o pérdida de intereses)[74]. Luego, determinó que la providencia precitada no tenía repercusión en la decisión del proceso ejecutivo hipotecario dado que no se planteó oportunamente la excepción de compensación; no obstante, ordenó al a quo que tuviera en cuenta “los montos que el Banco afirmó haber abonado al saldo de la obligación y cualquier otro pago que hubiere efectuado la deudora después de vencido el término para excepcionar, si estaba debidamente acreditado en el expediente, al momento de realizar la liquidación del crédito en primera instancia.”[75].

   El artículo 555 del C. de P.C. establece las reglas a las que está sujeto el trámite de los procesos ejecutivos hipotecarios. El numeral 2º de dicha disposición normativa determina que: “El ejecutado podrá proponer excepciones previas y de mérito en el término de cinco días, en la forma que regula el artículo 509, las cuales se tramitarán como dispone el artículo 510”. Por su parte, el numeral 1º del artículo 509 del C. de P.C., modificado por el artículo 50 de la Ley 794 de 2003, dispone que las excepciones pueden proponerse: “Dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo o a la del auto que resuelva sobre su reposición, confirmándolo o reformándolo, el demandado podrá proponer en escritos separados excepciones previas y de mérito, expresando los hechos en que se funden. (…)”.

   Lo anterior, demuestra que la parte demandada en el proceso ejecutivo hipotecario no podía haber propuesto oportunamente la excepción de compensación, por cuanto, el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla dictó mandamiento de pago mediante providencia del 20 de mayo de 2004, notificado el 28 de junio del mismo año[76], mientras que la sentencia del proceso verbal de reducción o pérdida de intereses fue proferida mucho tiempo después por el Juzgado 11 Once Civil del Circuito de la misma ciudad. En otros palabras, la decisión judicial referida fue dictada luego de vencido el término legal para proponer la excepción de compensación, es decir, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo de pago. De ahí que, fuera imposible la presentación de dicha excepción en los términos señalados por el Tribunal.

   Aunque no es aceptable el argumento de la excepción de compensación expuesto por el Tribunal, la S. considera que el fallo del proceso verbal (reducción o pérdida de intereses) no fue desatendido arbitrariamente dentro del juicio de valoración probatoria que el accionado realizó, por cuanto, este en ejercicio de la sana critica, estimó que tal elemento probatorio no tenía repercusión sobre la decisión que debía adoptar. Dicha decisión del Tribunal no se encuentra caprichosa o irrazonable si se tiene en cuenta que en segunda instancia: (i) se analizaron los antecedentes del caso; (ii) se valoró de manera razonable, como quedo expuesto en el punto 4.3.1., las pruebas presentadas oportunamente por las partes, esto es, el dictamen pericial que pretendía demostrar la excepción de regulación y pérdida de intereses; llegando a la conclusión que, (iii) no era procedente reconocer dicha excepción; y (iv) que para efectos de determinar el valor real del crédito el Tribunal ordenó al a quo que deberá tener en cuenta “los montos que el Banco afirmó haber abonado al saldo de la obligación y cualquier otro pago que hubiere efectuado la deudora después de vencido el término para excepcionar, si estaba debidamente acreditado en el expediente, al momento de realizar la liquidación del crédito en primera instancia”. Lo que implica, a juicio de la Corte que la accionante se encuentra en todo caso habilitada para solicitar al juzgado de primera instancia del proceso ejecutivo, que actualice la liquidación del crédito y considere, si fuere relevante la sentencia de reducción o pérdida de intereses. En ese contexto, la autoridad judicial al amparo de su autonomía adoptará la decisión que corresponda.

   Además, la actora alegó en el escrito de tutela que en virtud de lo dispuesto en la sentencia de reducción o pérdida de intereses, no se podía haber negado en el proceso ejecutivo la excepción de regulación y pérdida de intereses. La S. considera que esa premisa no es cierta, porque (i) la sentencia del proceso verbal de reducción o pérdida de intereses no fue propuesta como fundamento de la excepción de regulación y pérdida de intereses, negada por el Tribunal; (ii) el dictamen pericial de la auxiliar M.P.V., fue valorado y descartado como prueba idónea para demostrar el hecho que sustenta la excepción, es decir, que el Banco hubiera cobrado intereses en exceso en el período comprendido entre el año 1993 y 2003.

   En conclusión, la S. considera que no se estructura el defecto fáctico, debido a que, el Tribunal accionado en ejercicio de la sana crítica, valoró de manera conjunta los elementos probatorios que se allegaron al proceso ejecutivo hipotecario, encontrando que la sentencia del proceso verbal de reducción o pérdida de intereses no repercutía en la decisión.

1. Síntesis del caso. La señora D.R.B.G. interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, S. Civil-Familia, por presuntamente haber incurrido en un defecto fáctico en la sentencia que profirió en segunda instancia, en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario, el 7 de octubre de 2013. La S. considera que no existe vulneración de los derechos fundamentales de la actora, por cuanto, el Tribunal accionado, en ejercicio de la sana crítica, valoró los elementos probatorios allegados al proceso -dictamen pericial y sentencia del proceso verbal de reducción o pérdida de intereses-. Además que, no se advierte que dicho juicio de valoración fuera arbitrario, irracional o caprichoso.

Confirmar, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela de segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Laboral, del 12 de noviembre de 2014, que confirmó la Sentencia de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil, del 11 de septiembre de 2014, que negó el amparo deprecado por la actora.

3. Regla de la decisión. No se vulnera el derecho fundamental al debido proceso, por la configuración de un defecto fáctico, en su dimensión negativa, cuando se observa que el juez de la causa hizo una valoración razonable de los elementos probatorios, que desvirtúa cualquier tipo de práctica arbitraria, irracional o caprichosa en la tarea de apreciación.

La Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,