Sentencia de Constitucionalidad nº 035/16 de Corte Constitucional, 8 de Febrero de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 594112090

Sentencia de Constitucionalidad nº 035/16 de Corte Constitucional, 8 de Febrero de 2016

Ponente:GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Actor:ALBERTO CASTILLA SALAZAR Y OTROS
Demandado:LEY 1450 DE 2011, LEY 1753 DE 2015
Fecha de Resolución: 8 de Febrero de 2016
Emisor:Corte Constitucional
Expediente:D-10864
RESUMEN

RESERVAS MINERAS ESTRATÉGICAS. SISTEMA NACIONAL PINES. CONTRATOS DE CONCESIÓN ESPECIAL PARA EXPLOTACIÓN MINERA. PRÓRROGAS. NO DEVOLUCIÓN DE PREDIOS A VÍCTIMAS EN ESTAS ZONAS E INDEMNIZACIÓN. SERVIDUMBRES. PROTECCIÓN Y DELIMITACION PARAMOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 108 de la ley 1450 de 2011, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y contra los artículos 20, 49, 59 (parcial), 51, 52 (parcial) y el parágrafo primero (parcial) del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Los cargos de inconstitucionalidad planteados se pueden agrupar en: 1º. vulneración de los derechos a la alimentación, soberanía y seguridad alimentaria. 2º. La trasgresión de los principios de autonomía de las entidades territoriales y el derecho a una representación política efectiva en lo local y, 3º. Violación del derecho al medio ambiente sano y de la protección de la riqueza natural a cargo del Estado. La Corte Constitucional concluyó, de acuerdo a cada uno de los cargos formulados, lo siguiente: 1º. Que al armonizar la organización unitaria del Estado con la autonomía territorial, en la definición de las áreas de reserva minera y en los procesos de selección objetiva para otorgar una concesión minera en dichas áreas, se deberá concertar con las autoridades locales de los municipios donde vayan a estar ubicadas. 2º. Que la facultad de clasificar ciertos proyectos como Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE) no desconoce las facultades de las entidades territoriales en materia de reglamentación del uso del suelo y de expropiación en los casos que determine la ley. Sin embargo, la facultad para adelantar expropiaciones judiciales o administrativas sobre bienes necesarios para adelantar dichos proyectos es inconstitucional, pues la falta de precisión respecto de la “causa expropiandi” desconoce los derechos de propiedad, acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa. 3º. Que la utilización de predios para PINES no puede considerarse una causal de imposibilidad jurídica para restituir las tierras despojadas a las víctimas del conflicto armado interno. 4º. Que excluir a las CAR del trámite de las licencias ambientales de los proyectos PINES vulnera el régimen de su autonomía y, 5º. Que la explotación minera y de hidrocarburos en páramos desconoce el deber de proteger áreas de especial importancia ecológica y vulnera el derecho fundamental al agua.


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