Sentencia de Tutela nº 275/17 de Corte Constitucional, 28 de Abril de 2017

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política,[3] el Decreto 2591 de 1991[4] y el Acuerdo 02 de 2015,[5] la S. de Selección Número Doce de la Corte Constitucional[6] escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta S. de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.

1. Solicitud y hechos

   El 26 de julio de 2016, el señor S.M.V. instauró acción de tutela contra la Inspección General de la Policía Nacional y la Coordinación de los Centros de Reclusión de la misma entidad, por considerar que dichas entidades vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y síquica, a la salud, a la dignidad, a la igualdad y a la unión familiar, al negarle el traslado a un centro penitenciario especial para miembros de la fuerza pública, sin tener en cuenta que perteneció a dicha institución y en la actualidad está clasificado en fase de tratamiento de mínima seguridad. Funda su solicitud en los siguientes hechos:

   1.1. Manifiesta que fue miembro de la Policía Nacional y que actualmente se encuentra recluido en la penitenciaría “D.J.”, en La Dorada C.. Comparte el espacio con internos pertenecientes a todo tipo de organizaciones delincuenciales, los mismos, dice, que en el pasado combatió, persiguió y capturó en cumplimiento de sus deberes. Los hechos por los que se encuentra privado de la libertad tuvieron lugar mientras estaba en servicio activo como miembro de la Policía Nacional. Además, que en la actualidad los vínculos con la institución se mantienen tal como lo certifica el formato de registro en el subsistema de salud, en el cual se evidencia que están pendientes unos exámenes especializados autorizados por un médico de la institución en las especialidades de optometría, audiometría y logo audiometría, entre otros.[7] A su juicio, este hecho lo ha convertido en el blanco perfecto de señalamientos, falsas acusaciones y maltratos físicos y verbales por los demás compañeros y de amenazas a su familia, motivo por el cual desde hace más de 2 años renunció a las visitas.[8]

   1.2. En una oportunidad anterior, indica, acudió a la acción de tutela junto con otros compañeros ex miembros de la Policía para solicitar el traslado a centros de reclusión de la Institución. Se negó el amparo en segunda instancia, entre otras razones por considerar el juez que estos centros eran de mínima seguridad y los accionantes no estaban calificados en dicha fase. En ese orden, señala que en la actualidad, de conformidad con el Acta No. 637-1071-2016 del 26 de abril de 2016, cumple con el requisito objetivo de estar calificado en fase de mínima seguridad, razón por la que solicitó ante la Coordinación de Asuntos Penitenciarios en la Dirección General del I., el traslado hacia los centros de reclusión de la Policía Nacional. Esta coordinación le respondió que para acceder a su requerimiento era necesario contar con un cupo previo que otorgaba la Coordinación de Centros de Reclusión de la Policía Nacional.[9] En virtud de la anterior respuesta, el 24 de mayo de 2016 elevó petición de cupo al Coordinador de los establecimientos de reclusión de la Policía Nacional, adjuntado el material probatorio que demostraba que está en fase de tratamiento de mínima seguridad.[10] No obstante, su solicitud fue negada.[11]

   1.3. Por las anteriores razones, el accionante considera que las entidades demandadas están desconociendo una decisión de tutela anterior, el mandato legal contenido en el artículo 27 de la Ley 65 de 1993 y el precedente jurisprudencial de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, relacionado con la posibilidad de que los miembros de la fuerza pública sean recluidos en centros especiales para ellos. Así, al mantener vínculos vigentes con la Institución y estar clasificado en fase de tratamiento de mínima seguridad tiene derecho a ser recluido en un centro carcelario para miembros de la fuerza policial. Adicionalmente, cita casos de ex miembros de la Policía Nacional que, como él, fueron condenados por delitos de alto impacto social y clasificados en fase de tratamiento de alta y mediana seguridad y que, a través de acciones de tutela fueron trasladados a centros de reclusiones de la entidad.

2. Contestación de la demanda[12]

   2.1. El Coordinador de Centros de Reclusión de la Policía Nacional[13] se opuso a los hechos y pretensiones de la demanda. Manifestó que el accionante “fue integrante de la Policía Nacional en el grado de Patrullero, sin embargo, actualmente se encuentra retirado del servicio activo de la institución policial hace más de 14 años por cuanto decidió apartase del cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, infringiendo particularmente el ordenamiento jurídico penal, al verse inmerso en una situación relacionada con hechos por los que resultó condenado por delitos de SECUESTRO EXTROSIVO, LESIONES PERSONALES, FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO, PECULADO POR USO Y HURTO.” Precisó que “los exámenes médicos a realizar por parte de la Policía Nacional a los que hace referencia el accionante en su escrito, no obedecen a un grave estado de salud como se pretende hacer entender, sino que muy por el contrario dichos exámenes médicos obedecen a los trámites administrativos que se adelantan en cualquier caso de retiro de servicio activo de la Policía Nacional, toda vez que cuando un funcionario de Policía es retirado del servicio cualquiera sea la razón es necesario adelantar exámenes médicos que sirven como soporte a la Junta Médica que adelanta en todos los casos”. Adicionó que los tratamientos de seguridad requeridos por el actor son asuntos propios del Instituto Nacional Penitenciario, entidad que debe salvaguardar la seguridad de los internos y que el interno está haciendo un uso indebido de la acción de tutela pues ha acudido al juez constitucional en dos oportunidades anteriores sin variar de fondo sus argumentos y sin prosperidad de sus pretensiones.

   2.1.1. De otra parte, resaltó que el accionante no puede estar recluido en el centro carcelario para miembros de la Policía Nacional en Facatativá toda vez que éste está catalogado como uno de mínima seguridad. Además, ante la gran cantidad de solicitudes de traslado de personas que han pertenecido a la institución, es obligación asignar un cupo en estos establecimientos, con el fin de evitar futuros hacinamientos y garantizar la seguridad de acuerdo al nivel que el interno requiera, estudio que ya se realizó al señor M.V. y fue negado. Recordó también que “el traslado de los internos hace parte de las facultades discrecionales del Director del I., evaluando aspectos como la seguridad, el impacto social frente a la conducta punible materializada, la gravedad de la imputación, antecedentes penales y disciplinarios, los delitos ejecutados con ocasión y relación con el servicio, entre otros”. Igualmente, señaló que uno de los requisitos exigidos por la Resolución 08777 de agosto de 2009[14] es que debe haber “un término de 10 años de antelación a la condición de empleado público para que se expida orden de privación de libertad en establecimiento especial a menos que su condición requiera evaluación especial, es decir, se determina que a un ex empleado público como en este caso ex funcionario de Policía con más de 14 años de retirado, debe realizarse una evaluación diferente a la de un funcionario activo, puesto que se infiere como regla general la situación especial de reclusión de un funcionario público corresponde a su nivel de seguridad o a los cuidados especiales a que debe ser sometido por la calidad especial que como funcionario público tenía en razón de las funciones a su cargo teniendo en cuenta que puede ser objeto de represalias por parte del restante de los internos. En este caso es imperativo poner de presente que el señor S.M.V. fue retirado hace más de 14 años, es decir que las razones de seguridad expuestas no ameritan un trato diferente a las que tiene cualquier otro interno.

   2.1.2. Con relación a la solicitud de cupo, indicó que la Policía Nacional una vez tuvo conocimiento de la solicitud, “inmediatamente adelantó un nuevo estudio del caso teniendo en cuenta la variación jurídica del nivel de seguridad del peticionario, junta en la que se determinó no acceder a las pretensiones del hoy accionante teniendo en cuenta que se consideró (i) los hechos por los que fue condenado nada tuvieron que ver con el servicio de policía Constitucionalmente encomendado y (ii) el interno excede el término temporal legal determinado legal, puesto que según lo determinado en la Resolución 08777 del 20 de agosto de 2009, por la cual se fija el perfil y el nivel de seguridad de los internos en los establecimientos de reclusión del orden Nacional en su artículo 9 determina de manera taxativa un término de 10 años de antelación a la condición de empleado público para que se expida orden de privación de libertad en establecimiento especial”.

   2.1.3. Finalmente explicó la finalidad de los centros de reclusión para miembros de la fuerza pública, los cuales “se concibieron para albergar exclusivamente a los miembros de la Fuerza Pública bien sean sindicados o condenados que hayan cometido delitos relacionados con ocasión, causa y función del servicio de policía, con lo que se quiere hacer ver que no por el simple hecho de ser miembro activo de la Policía Nacional, haber pertenecido a la institución policial y/o ser acreedor a una pensión y se cometa un hecho punible” se permitirá su ingreso. Al respecto, señala que no se pueden equiparar a aquellos policías que al estar cumpliendo con la misión encomendada incurren en un delito con aquellos miembros que de forma voluntaria optan por transgredir el ordenamiento penal fuera del servicio.

   2.2. En escrito del 10 de agosto de 2016, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, I.,[15] manifestó que mediante oficio del 26 de mayo de 2016 solicitó a la Coordinadora del Grupo Asuntos Penitenciarios el traslado del interno por encontrarse en fase de mínima seguridad en aras de generar nuevos cupos para recibir más internos,[16] recibiendo respuesta el 1 de julio del mismo año, la cual se notificó personalmente al actor, en la cual se indica que el asunto pasó a consideración de la Junta Asesora de Traslados, la cual a la fecha no ha dado respuesta. En tal virtud, solicita que se niegue el amparo pretendido por el accionante.

3. Decisión del juez de tutela en primera instancia

   La S. Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales,[17] negó el amparo solicitado en la presente acción de tutela al considerar que “al ser taxativas las causales de transferencia, obra la discrecionalidad en la autoridad encargada de autorizarlo y en este orden de ideas, el no traslado del interno a otro centro penitenciario no amenaza ni viola derecho fundamental alguno, puesto que no cumple los requisitos para ello.” Estimó que en este caso no se evidenciaba una violación inminente al no vislumbrarse una “situación concreta que ponga en peligro la vida del señor S.M.V. o vulnere una prerrogativa, ya que no existe prueba de una intimidación o peligro apremiante en su contra, aunado a que la Cárcel de La Dorada ostenta las mismas facultades que otros penales para gestionar los exámenes médicos requeridos por el recluso. En conclusión no se aprecia en el dossier algún elemento de juicio que permita concluir la configuración de las causales empleadas por la ley para acceder al traslado o alguna causa que justifique el cambio del centro penitenciario; especialmente cuando la negativa del traslado no es caprichosa o arbitraria, tal y como obra en el expediente”.[18]

4. Impugnación

   El accionante impugnó la decisión el primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Manifestó su inconformismo con la decisión adoptada por cuanto el juez de instancia “fue muy pobre en su labor investigativa, lo que significa que cumplió un papel meramente formal, que dejó como resultado una decisión meramente subjetiva”. Al respecto, expone que el fallador no tuvo en cuenta los derechos invocados como vulnerados y “solamente se limitó a referirse sobre la discrecionalidad que tiene el Director General del I. para otorgar o negar los traslados de los internos entre los penales, cuando ni siguiera es competencia de la Dirección resolver mis pretensiones”. Agregó que las pruebas que solicitó para evidenciar la vulneración de sus derechos, especialmente el de igualdad, fueron ignoradas por el juez, siendo entonces una decisión injusta y parcial. Que su vida está en riesgo al encontrarse albergado en el pabellón 10A de la penitenciaria La Dorada, lugar donde otros jueces, al analizar casos similares al suyo de ex miembros de la fuerza pública recluidos en el mismo lugar, encontraron que sí se vulneraban sus derechos fundamentales y ordenaron el traslado inmediato.[19] Por estos motivos, solicita que se revoque la decisión de primera instancia y se tutelen sus derechos fundamentales.

5. Decisión del juez de tutela en segunda instancia

   La S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[20] profirió sentencia de segunda instancia, confirmando el fallo recurrido. Consideró que la tutela no es la vía apropiada para solicitar el traslado “dado que ello corresponde en este caso al I., organismo que cuenta con la facultad otorgada por la ley y el conocimiento sobre la condición del interno para tomar la mejor decisión. (…) Precisado lo anterior, emerge una circunstancia particular que subsume el criterio de la subsidiariedad en este específico asunto; el I., en memorial visible a folio 60 del expediente informó que el traslado que tanto ha buscado el interno M.V., se encuentra en trámite ante la Junta Asesora de Traslados, según oficio n° 9857 de 1 de julio de 2016, gestión de la cual el recluso ya fue enterado, ‘en espera de una pronta y positiva respuesta’ entonces, es evidente que la aludida autoridad no ha tenido la oportunidad de emitir un pronunciamiento respecto de la petición, por lo que en ese aspecto la protección invocada se considera anticipada”.[21]

6. Actuaciones en sede de revisión

   6.1. Mediante auto del quince (15) de febrero de 2017, este Despacho ordenó al Director del INPEC y a la Dirección EPAMS La Dorada que informaran si el accionante S.M.V. fue trasladado a un centro de reclusión de Mínima Seguridad de conformidad con la solicitud de fecha 26 de mayo de 2016 remitida a la Coordinadora del Grupo de Asuntos Penitenciarios. Además, indicó que si la respuesta era negativa, se informaran las razones por las cuales no se accedió a la petición.

   6.2. El Director del Establecimiento Penitenciario de La Dorada, C. manifestó que en oficio del 1 de julio de 2016 emitido por la Coordinadora Grupo Asuntos Penitenciarios se le informó que la solicitud de traslado de internos en fase de mínima seguridad, entre los que se encuentra el accionante, S.M.V., “pasará a consideración de la JUNTA ASESORA DE TRASLADOS y cuyo resultado se le estará comunicando oportunamente”, y que a la fecha no ha sido resuelta.[22]

   6.3. La Coordinadora de Establecimientos de Reclusión de la Policía Nacional[23] reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la acción de tutela y resaltó que si bien el accionante “fue integrante de la Policía Nacional en el grado de Patrullero, actualmente se encuentra retirado del servicio activo de la institución policial hace más de 14 años, por cuanto decidió apartarse del cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, infringiendo particularmente el ordenamiento jurídico penal, al verse inmerso en una situación relacionada con hechos por los que resultó condenado por delitos de secuestro extorsivo, lesiones personales, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, peculado por uso y hurto. (…) que ha intentado en no menos de 3 oportunidades lograr un cupo en centro carcelario y penitenciario administrado por la Policía Nacional valiéndose de la acción constitucional”. Señala que en virtud de la solicitud de cupo por parte del accionante, el Comité de Asignación de Cupos de la Inspección General de la Policía Nacional ya realizó un estudio de seguridad del interno concluyendo “que el señor S.M.V. fue retirado hace más de 14 años, es decir que las razones de seguridad expuestas no ameritan un trato diferente a las que tiene cualquier otro interno.”[24]

   6.4. En auto del veintiocho (28) de marzo de 2017, el Magistrado sustanciador ofició al Director del I. y a la Junta Asesora de Traslados de la Dirección General del I. para que remitieran copia de la respuesta de la solicitud de fecha 26 de mayo de 2016 presentada por el Director del Establecimiento Penitenciario de La Dorada, C. y tramitada por la Coordinadora del Grupo de Asuntos Penitenciarios, relacionada con el traslado del interno S.M.V. a un establecimiento de mínima seguridad, indicando la fecha de notificación de la misma. Igualmente, señaló que en caso de no haber emitido respuesta, informaran cuándo se resolvería la mencionada solicitud.

   6.5. En respuesta al auto, la Coordinadora del Grupo Asuntos Penitenciarios manifestó que mediante oficio del 22 de agosto de 2016 “se dio respuesta al Director del EPAMS LA DORADA CAPITÁN ÁLVARO E.M.P., a quien se le indicó que el día 11 de agosto de 2016, mediante Acta No. 0037 se reunió la Junta Asesora de Traslados y recomendó no acceder a la solicitud de traslado”. Igualmente aclara que es obligación de la Dirección de ese establecimiento realizar la notificación personal al interno.

   6.6. El director del Establecimiento Penitenciario de La Dorada, C., allegó copias de los siguientes documentos: i) solicitud de traslado de internos en mínima seguridad, de fecha 26 de mayo de 2016; ii) respuesta del 13 de enero de 2016 debidamente notificada al interno en la que se informa que se estudiará la solicitud por la Oficina de Asuntos Penitenciarios, y iii) oficios de fechas 1 de julio, 22 de agosto y 20 de septiembre de 2016, debidamente notificados al interno donde se le informa lo referente a la solicitud de traslado.[25] En este último oficio, la Coordinadora Grupo de Asuntos Penitenciarios del I., da respuesta a la solicitud de traslado del 22 de agosto y manifiesta, luego de citar la Resolución 1203 de 2012 que “nos encontramos inmersos en una causal de improcedencia de traslado teniendo en cuenta que la misma dice ‘… cuando el interno no haya cumplido un (1) año de permanencia en el Establecimiento de Reclusión donde se encuentra…’ lo anterior toda vez que verificado el programa de sistematización integral del Sistema Penitenciario y Carcelario SISIPEC WEB se encontró que el interno ingresó al EPAMS PC ERE LA DORADA, el día 12/03/2016 para presentar solicitud de traslado debe cumplir un (1) año de permanencia en el Establecimiento de Reclusión.”[26]

   6.7. El señor S.M.V., solicita que se tengan en cuenta sus pretensiones y se encaminen “las actuaciones a obligar a los entes accionados a que se sirvan otorgarme un cupo en sus centros de reclusión, ya que como lo probé en la demanda, me asiste el pleno derecho de estar albergo en dichos centros de reclusión, pues la falta cometida tuvo lugar hallándome en servicio activo como miembro de la Policía. (…) es necesario en primer lugar ORDENAR a los entes de la Policía Nacional se sirvan expedir o disponer un cupo en sus centros de reclusión, para que una vez obtenido este, se pueda ORDENAR a la Junta Asesora de Traslados del I. efectuar mi traslado hacia el centro de reclusión indicado por la Policía Nacional”. Manifiesta también que tiene conocimiento de obras para ampliar el centro de reclusión de Facatativá y recibir a más de 200 internos adicionales, “por lo cual solicito a este Despacho que de ser necesario disponga una inspección judicial para que se verifique mi manifestación”. Finalmente, solicita que se adopte una medida provisional para proteger sus derechos fundamentales petición que dice, “tiene como fundamento múltiples pronunciamientos de esta Honorable Corte Constitucional en casos donde han adoptado dichas medidas provisionales, como por ejemplo en el expediente T-3.850.727 del 30 de julio de 2013 en un caso similar al que nos ocupa”.[27]

1. Competencia y procedibilidad

   1.1. La S. Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la S. correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.

   1.2. La jurisprudencia constitucional ha reconocido la acción de tutela como un mecanismo de defensa idóneo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en especial teniendo en cuenta el estado de cosas inconstitucionales en que se encuentra el sistema carcelario.[28] En este caso, considera la S. de Revisión que la acción de tutela es procedente, bajo el entendido que obligar al accionante a acudir a los mecanismos ordinarios de defensa judicial puede resultar una carga desproporcionada de cara a la posible vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y síquica, a la salud, a la dignidad, a la igualdad y a la unidad familiar, más aún cuando la petición de traslado por parte del director del centro penitenciario donde se encuentra recluido se fundamenta en razones de hacinamiento. Adicionalmente, se cumple con el presupuesto de inmediatez en la medida que la decisión de no acceder al requerimiento del traslado es del 1 de julio de 2016 y la presentación de la acción de tutela data del 18 de julio de 2016.

2. Problema jurídico

   2.1. Teniendo en cuenta la situación expuesta, corresponde a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿la Coordinación de Centros de Reclusión de la Policía Nacional vulnera los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y síquica, a la salud, a la dignidad, a la igualdad y a la unidad familiar de un ex miembro de la institución, recluido en una cárcel ordinaria de mediana seguridad, al negar el traslado a un centro de reclusión especial, por considerar que el mismo no es viable por cuanto su retiro de la institución se produjo hace más de 10 años?

   2.2. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la S. reiterará su jurisprudencia sobre (i) la reclusión de los miembros de la Fuerza Pública en establecimientos especiales; y (ii) la facultad discrecional del INPEC para trasladar a los internos a otros centros de reclusión ordinaria. Finalmente, se resolverá el caso concreto.

3. Reclusión de los miembros de la Fuerza Pública en establecimientos especiales. Reiteración de jurisprudencia

   3.1. El artículo 27 de la Ley 65 de 1993 establece que los miembros de la Fuerza Pública deben cumplir la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan, y en caso de condena, deben pasar a la respectiva penitenciaria en donde serán recluidos en pabellones especiales.[29] La finalidad de la norma es que los miembros de la fuerza pública condenados no compartan el espacio con internos que podrían atentar en su contra, como consecuencia de las actividades que desarrollaron en cumplimiento de su deber patriótico. Esto, con el fin de garantizar sus derechos a la seguridad, a la vida y a la integridad física.[30] De conformidad con lo anterior, esta Corporación en varias oportunidades ha tutelado los derechos fundamentales de miembros de la Fuerza Pública que fueron recluidos en cárceles ordinarias y requerían ser trasladados a centros especiales de reclusión para proteger su vida.

   3.2. Bajo dicho parámetro, la Corte ha reiterado que para analizar una solicitud de traslado de un integrante de la Fuerza Pública, cuya vida corre peligro, a un centro de reclusión especial, basta tener esa condición y en ese estudio resulta irrelevante (i) si los delitos por los que se le investiga o fue condenado se cometieron o no en razón del servicio, pues sólo debe verificarse si la persona ostenta la calidad de miembro de la Fuerza Pública[31] y (ii) si es miembro activo o retirado, ya que se enfrentaría al mismo peligro de ser detenido en centros penitenciarios comunes.[32]

   3.3. En ese contexto, el objetivo de la reclusión de los miembros activos o retirados de la Fuerza Pública en centros penitenciarios exclusivos, es garantizar sus derechos a la seguridad, a la vida y a la integridad física, ello, se reitera, en virtud de que debido a las actividades que desarrollaban en cumplimiento de su deber patriótico pueden ser víctimas de amenazas en un espacio compartido con delincuentes comunes.

4. La facultad discrecional del INPEC para trasladar a los internos a otros centros de reclusión no es absoluta. Reiteración de jurisprudencia

   4.1. El traslado de reclusos está regulado en el Código Penitenciario y Carcelario, principalmente en los artículos 73 a 75.[33] El artículo 73 establece que “corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella”. Por su parte, el artículo 75, señala las causales para que proceda el traslado de reclusos.[34]

   4.2. Desde sus inicios esta Corporación se pronunció sobre esta facultad del I. señalando que se trata de “un ejercicio razonable de la misión administrativa del Director del INPEC. Como es lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el orden en los establecimientos, y además prever con prudencia, que pueda presentarse el desorden por la presencia de un detenido o condenado en un sitio determinado. Empero, la Corte aclara que los eventos de que tratan estos tres artículos, deberán ajustarse a los límites establecidos por el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio de atribuciones discrecionales”[35] y entendiendo que en su ejercicio no debe existir arbitrariedad en la medida que se ajusta a los límites fijados por el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo[36] en lo referente al ejercicio de atribuciones discrecionales. Esta posición frente a la facultad discrecional del INPEC para conceder o negar el traslado de reclusos ha sido reiterada en varias oportunidades por la Corte.[37]

   4.3. De otra parte, sobre el carácter relativo de las facultades discrecionales, el Consejo de Estado ha señalado que “(…) la regla y medida de la discrecionalidad [de un instrumento como el retiro del servicio por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional] es la razonabilidad; en otras palabras la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad. || En este sentido, el artículo 36 del C.C.A., consagra la regla general de la discrecionalidad y señala la proporcionalidad entre los hechos que le sirven de causa, que no es otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto jurídico, la medida o razón que objetivamente debe existir entre la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión. || En armonía con las afirmaciones anotadas, la presunción de legalidad que ostenta la generalidad de los actos discrecionales, se mantiene intacta ante la sede jurisdiccional en tanto la decisión esté precedida de supuestos de hecho reales, objetivos y ciertos, haciendo de esta forma operante el postulado consagrado en el artículo 36 del C.C.A”[38]

   4.4. En este contexto, la regla general que ha operado en la jurisprudencia ha sido el respeto de la facultad discrecional del INPEC por parte del juez de tutela, a menos que se demuestre que su ejercicio fue irrazonable y desproporcionado o se desconocieron ciertos derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.[39] De manera que, siendo el I. el principal responsable de garantizar la seguridad y el orden en los establecimientos carcelarios, dentro de una discrecionalidad reglada, es el competente para decidir de forma razonable y proporcional sobre la procedencia de las peticiones de traslado de los reclusos.

5. La decisión de la Coordinación de Centros de Reclusión de la Policía Nacional es arbitraria y vulnera los derechos fundamentales del señor Sandro M.V.

   5.1. A juicio del actor, le asiste derecho a estar recluido en un centro especial por (i) ser ex miembro de la institución, (ii) recibir amenazas por parte de los demás reclusos como consecuencia de su pertenencia a la Policía y (iii) estar calificado en fase de mínima seguridad. Por el contrario, la entidad demandada considera que (i) el impacto social de las conductas punibles materializadas, la gravedad de la imputación, los antecedentes penales y disciplinarios y las condiciones de seguridad analizadas y evaluadas por el Comité de Asignación de Cupos de la Inspección General de la Policía Nacional[40] y (ii) el hecho de tener más de 14 años retirado del servicio y sobrepasar el término “de 10 años de antelación a la condición de empleado público para que se expida orden de privación de libertad en establecimiento especial” de conformidad con el artículo 9 de la Resolución 8777 de 2009,[41] no permiten que el señor M.V. acceda a un cupo dentro de estos centros de reclusión.

   5.2. En este caso está demostrado que (i) el señor S.M.V. fue patrullero de la Policía Nacional[42] y fue capturado en abril del año 2002 y condenado a 39 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo, lesiones personales, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, peculado por uso y hurto.[43] (ii) Que los primeros 9 años de su condena los cumplió en un centro de reclusión para miembros de la Policía Nacional en Facatativá, Cundinamarca y que, luego de ese periodo y por clasificar en fase de alta seguridad por la gravedad de los delitos cometidos, fue trasladado en varias oportunidades a un centro que ofrecía dichas condiciones, incluyendo en el que se encuentra actualmente, EPAMS La Dorada, al cual ingresó el 13 de marzo de 2012.[44] (iii) Que en el año 2015, a través de acción de tutela, solicitó traslado al centro de reclusión especial, la cual fue concedida en primera instancia y negada en segunda por el juez de tutela, al considerar que no existía vulneración de derechos fundamentales.[45] (iv) Que en la actualidad está calificado en fase de mínima seguridad.[46]

   5.3. Como se indicó anteriormente, el traslado de reclusos es una facultad discrecional de la autoridad competente, la cual, se reitera, no es absoluta pues la decisión debe ajustarse a la reglamentación y ser razonable. Bajo ese entendido, la S. de Revisión encuentra que los argumentos expuestos por la Coordinación de Centros de Reclusión de la Policía Nacional devienen en arbitrarios o irracionales, al hacer una interpretación incorrecta de la norma aplicable al señor M.V.. La Resolución 8777 de 2009, invocada por la accionada como argumento jurídico para rechazar la petición de traslado, fija “el perfil y el nivel de seguridad de los internos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional”. En ese contexto, establece tres (3) niveles de seguridad, determinados por la tipicidad del delito, la personalidad el infractor y el impacto del delito en la sociedad, entre otros[47] y la orden para diseñar una matriz genérica de riesgos, con el fin de “determinar los aspectos operacionales que deben desarrollarse en cumplimiento del objetivo misional de la seguridad para la asignación, fijación o traslado de un interno, ubicación en pabellón, celda, alojamiento comunitario, esquemas de seguridad aplicables a cada categoría y nivel”.[48] Ahora bien, el artículo noveno citado por la coordinación demandada, hace referencia al nivel de seguridad de exfuncionarios públicos cuenta y dispone lo siguiente:

   “ARTÍCULO NOVENO. NIVEL SEGURIDAD EXFUNCIONARIOS PÚBLICOS. Fíjese un período de diez (10) años, de antelación a la condición de empleado público, para que los exfuncionarios públicos, sobre los cuales se expida orden de privación de la libertad en Establecimiento de Reclusión, sean ubicados en los sitios de Reclusión Especial, ERE, salvo que por la gravedad de las imputaciones o estudios de seguridad, proporcionados por organismos de inteligencia del Estado, deban ser recluidos en pabellones o Establecimientos de Alta Seguridad.

   Los integrantes de la FUERZA PÚBLICA en retiro, serán ubicados en Establecimientos de Reclusión Especial, conforme con la clasificación en el correspondiente nivel de seguridad. Estos Establecimientos o pabellones, se categorizarán acorde a lo previsto en las disposiciones legales.”

   5.4. Como se puede observar, el citado artículo permite la reclusión en centros especiales, distinguiendo entre exfuncionarios públicos y ex miembros de la Fuerza Pública.[49] Con relación a los primeros, la norma exige la calidad de funcionario público hasta diez (10) años antes de la expedición de la orden de privación de libertad para poder ser ubicados en estos centros. Por el contrario, frente a los miembros retirados de la Fuerza Pública, no establece condición alguna y es claro en señalar que éstos serán ubicados en Establecimientos de Reclusión Especial de conformidad con el nivel de seguridad asignado.

   5.5. En este caso, si bien no encuentra la S. elementos suficientes para avizorar un riesgo en la vida del accionante, partiendo de sus afirmaciones relacionadas con amenazas pues en el expediente no hay mayor relación a tales hechos en la medida que el actor se limita a alegar vagamente que es víctima de acusaciones falsas por parte de sus compañeros, es evidente que el actor fue miembro de la Policía Nacional y que en la actualidad está recluido en un centro penitenciario ordinario, situación que no se ajusta a la norma transcrita con antelación. Bajo ese entendido, no es admisible el argumento de la Coordinación de Grupo de Centros de Reclusión de la Policía Nacional según el cual, el hecho de haber transcurrido más de catorce (14) años del retiro de servicio del señor S.M. implica que pierda el beneficio de cumplir su pena en un centro especial de la Policía.[50] Tampoco resulta aceptable el argumento relacionado con el impacto social de las conductas punibles, la gravedad de la imputación y la calificación de estos centros como mínima seguridad, ya que como quedó establecido, el accionante en la actualidad fue calificado en fase de mínima seguridad, razón por la cual cumple con los requisitos para acceder a un cupo en un establecimiento especial que cumpla con dichas características.

   5.6. Así las cosas, con la actuación de la Coordinadora Grupo de Centros de Reclusión de la Policía Nacional se advierte una vulneración de los derechos fundamentales del actor, en la medida que se desconoce su condición de ex miembro de la Fuerza Pública y su clasificación en fase de mínima seguridad, por lo que le asiste el derecho de ser trasladado a un centro penitenciario especial que cumpla con dichas características.

6. Conclusión

   En este caso, la S. de Revisión evidenció la vulneración del derecho fundamental a la igualdad del señor S.M.V. como consecuencia de la negativa de la Coordinación de Centros de Reclusión de la Policía Nacional para acceder al traslado a un centro de reclusión especial para miembros de la fuerza pública, en la medida que se interpretó de manera incorrecta la norma aplicable a su situación jurídica, negando así la posibilidad de que el accionante cumpla el tiempo restante de su pena en un establecimiento especial de mínima seguridad. En esa medida la S. de Revisión teniendo en cuenta que el accionante fue miembro de la Policía Nacional, ordenará a esta institución que en ejercicio de sus facultades legales, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, otorgue un cupo en un centro de reclusión especial que ofrezca condiciones mínimas de seguridad donde deberá ser trasladado el accionante S.M.V..

   En ese contexto, se revocará por las razones expuestas, la decisión adoptada por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

La Inspección General de la Policía Nacional vulnera el derecho fundamental a la igualdad de un miembro retirado de la institución, al negar su traslado a los centros especiales de reclusión por aplicarle un requisito que la norma no exige a los miembros retirados de la Fuerza Pública (tener la calidad de funcionario 10 años antes de la expedición de la orden de privación de libertad).

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,