Sentencia de Tutela nº 639/17 de Corte Constitucional, 17 de Octubre de 2017

1. Hechos y pretensiones comunes en los expedientes acumulados

   1.1. Las 88 ciudadanas anteriormente referidas formularon acciones de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en adelante ICBF, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y al principio de primacía de la realidad, con fundamento en los siguientes hechos comunes a los expedientes acumulados:

   Mediante Ley 89 de 1988, el Gobierno Nacional implementó los Hogares Comunitarios de Bienestar, cuya sostenibilidad económica se surte a través de becas del ICBF “a las familias con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto contenido de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos sociales pobres”.

   Las accionantes indicaron que las labores que desempeñaban como madres comunitarias son: (i) cuidar a los 15 o más niños y niñas asignados al hogar comunitario, (ii) alimentarlos, (iii) organizar y realizar actividades pedagógicas con ellos, y (iv) estar al tanto de su salud e higiene personal de los infantes.

   Explicaron que su jornada laboral diaria iniciaba a las 5:00 a.m. con el alistamiento de la casa y la preparación de los alimentos para las niñas y niños beneficiarios. A partir de las 8:00 a.m. los reciben para dar inicio con las actividades lúdicas, las cuales supuestamente deberían culminar a las 4:00 p.m. pero realmente finalizan horas más tarde, hasta que el último padre de familia recoge a su hijo.

   Manifestaron que han desempeñado su trabajo de manera personal, permanente, y con carácter de subordinación ante el ICBF, puesto que sus funciones (ya referidas) son asignadas y supervisadas por dicha entidad, conforme a los estándares establecidos por la misma. Algunas agregaron que, como prueba de ello, continuamente se han clausurado hogares comunitarios por incumplir las exigencias para su funcionamiento.

   Afirmaron que, desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, por sus servicios prestados como madres comunitarias han recibido el pago mensual de una suma de dinero denominada “beca”, la cual, por su continuidad y características se constituye en salario. Situación particular toda vez que sólo a partir del 1º de febrero de 2014 se igualó al monto de un salario mínimo mensual legal vigente. Sostuvieron que con la asignación y pago de la “beca” como salario, quedaba en evidencia la vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que, desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa, su jornada laboral diaria superó las 8 horas legales, negándoles el pago de un salario mínimo mensual legal vigente, desconociéndoles sus derechos laborales y sometiéndolas a una desigualdad económica por todos esos años.

   Alegaron que su vínculo con el ICBF constituía contrato realidad, por cuanto se encontraban reunidos los elementos esenciales establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio; (ii) la continua subordinación o dependencia; y (iii) un salario como retribución del servicio, el cual, según ellas, sería la denominada “beca” que recibían como pago de la labor desempeñada.

   Adujeron que, desde la creación de los hogares comunitarios, el ICBF se ha preocupado por crear diferentes estrategias jurídicas para desvirtuar la relación laboral existente entre las madres comunitarias y ese instituto. En esa medida, indicaron que ese instituto ha omitido pagar a su favor los aportes parafiscales al sistema de seguridad social en materia pensional.

   Señalaron que la omisión del deber legal del ICBF de realizar los correspondientes aportes a seguridad social lleva consigo al incumplimiento de las semanas cotizadas requeridas para que en el futuro puedan acceder a una pensión de vejez. Aunado a ello, manifestaron que lo que recibían por el pago de la beca no alcanzaba para sufragar los costos de sus necesidades básicas, menos para asumir el aporte a pensión.

   Advirtieron que sólo a partir del 1º de febrero de 2014 el ICBF, a través de las Entidades Administradoras del Servicio, empezó a pagar los correspondientes aportes a seguridad social.

   1.2. Con base en esos hechos, solicitaron que: (i) sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y al principio de primacía de la realidad; (ii) sea declarada la existencia de contrato realidad entre las accionantes y el ICBF, en aplicación del precedente constitucional de la sentencia T-480 de 2016; (iii) se ordene al ICBF pagar los aportes pensionales no pagados, junto con los intereses moratorios causados desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa; y (iv) se ordene al ICBF reconocer y pagar las acreencias laborales correspondientes (salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, subsidio, dotación, subsidio de transporte, sanciones moratorias, indemnizaciones, etc.).

2. Pruebas pertinentes y relevantes

   2.1. Expediente T-6.190.251

   Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 12 al 16 del cuaderno 1 del expediente:

   · Documento de identidad.

   · Certificaciones de capacitaciones como madre comunitaria.

   · Constancia por parte de la Coordinadora del Centro Preventivo Yariguies del ICBF en Barrancabermeja, acreditando su tiempo en ejercicio de la labor como madre comunitaria, así:

   NOMBRE

   DESDE

   HASTA

   G.S.

24. Jul. 1987

4. M.. 2004

   2.2. Expediente t-6.193.730

   Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 40 al 109 del cuaderno 1 del expediente:

   · Poderes y documentos de identidad de las 19 peticionarias.

   · Certificaciones del HOGAR respectivo sobre el tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de las 19 peticionarias. A continuación se relacionan las 4 no reportadas por el ICBF[1], así:

   NOMBRE

   DESDE

   HASTA

   1

   N. delC.A.A.

   1995

   1999

   2

   M.J.O.

   1991

   Oct. 1995

   3

   L.C.N. de la Hoz

   Jun. 2006

   Jun. 2007

   4

   M.Z.A.B.

1. A.. 1997

18. Jun. 2005

    · Según pruebas decretadas mediante auto del 2 de febrero de 2017 (visibles a folios 152 al 166 del cuaderno 1 del expediente), el ICBF certificó el tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de 15 peticionarias, así:

    NOMBRE

    DESDE

    HASTA

    1

    N.A.R. Rosado

1. A..1997

   Julio. 2012

   2

   L. delS.M. de Mejía

   Feb. 1995

   D.iembre. 2006

   3

   Yadis Mercedes Guerra Ustariz

   Noviembre. 1988

   Junio. 1992

   4

   Y.M.R.T.

   Enero. 1998

   Marzo. 2006

   5

   A.M.M.M.

9. Nov. 1984

15. D..2004

    6

    M.R.B.C.

    Febrero. 1995

    Junio. 2009

    7

    D.L.R.A.

2. Sep. 2002

14. Nov. 2007

    8

    A.M.P.P.

1. Mar. 1997

9. D.. 2011

   9

   D.R.B.T.

11. Ene. 1993

2. M.. 2000

   10

   M.R.M.G.

   Octubre. 1997

   Marzo. 2012

   11

   F.M.B.A.

   D.iembre. 1988

   Enero. 2001

   12

   Caridad M.M.

8. Nov. 1997

2. Sep. 2002

   13

   M.M.O.

   A.. 2004

   Jun. 2009

   14

   R.P.Z.

   Octubre. 1982

   D.iembre. 2000

   15

   Y.U.L.

   Jul. 2003

   A.. 2010

   2.3. Expediente T-6.196.094

   2.3.1. Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 1 al 268 (TOMO 1) del cuaderno 1 del expediente:

   · Poderes, documentos de identidad e historia Laboral emitida por Colpensiones de las 11 peticionarias.

   · Certificaciones de la Junta Administradora de Hogares Comunitarios del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de 2 peticionarias, así:

   NOMBRE

   DESDE

   HASTA

   F.E.V.S.

   Ene. 1997

25. A.. 2015

    M.O.G.

1. Jun.1997

   activa

   · Certificaciones de ASOPADRES DE FAMILIA del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de 5 peticionarias, así:

   NOMBRE

   DESDE

   HASTA

   S.P. de Cuervo

8. Feb. 1988

15. Feb. 2012

    M.A.C.C.

18. Sep. 1988

1. A.. 2014

   E.M.R.R.

2. Jun. 1987

   Activa

   Y.M.M.

2. A.. 1985

   Activa

   M.E.G.R.

2. Oct. 1987

   Activa

   · Informe de reporte de semanas cotizadas en pensiones de:

   NOMBRE

   DESDE

   HASTA

   M.P.H.R.

1. Feb.1997

31. M..2009

    · Declaración de personas naturales sobre el tiempo en ejercicio de labor como madre comunitaria en el Hogar Comunitario de S.P. (Motavita, Boyacá) de:

    NOMBRE

    DESDE

    HASTA

    A.S.V.

    Enero 1980

    Febrero 1996

    · Certificación del ICBF, de ASOPADRES DE FAMILIA y declaración de personas naturales que coinciden en el tiempo en ejercicio de labor como madre comunitaria de:

    NOMBRE

    DESDE

    HASTA

    M.E.G. de B.

1. Jul. 1989

31. A.. 2010

    2.3.2. Caso especial M.I.T. DE DESALVADOR. Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 269 a 300 (TOMO 1) y a folios 301 al 360 (TOMO 2) del cuaderno 1 del expediente:

    · Certificaciones de capacitaciones como madre comunitaria.

    · Historia Laboral emitida por Colpensiones.

    · Solicitud de Indemnización Sustitutiva elevada ante el ISS.

    · Resolución 00708 del 26 de agosto de 2002, emitida por el ISS.

    · Resolución 0210 del 8 de noviembre de 2007, proferida por el Concejo Municipal de Tunja, “Por la cual se hace un reconocimiento a una Madre Comunitaria de la ciudad de Tunja”, mediante la cual se exalta la labor desempeñada por M.I.T. De Desalvador como madre comunitaria por casi 22 años.

    · Peticiones suscritas por M.I.T. De Desalvador, de fecha abril de 2012, dirigidas al ISS solicitando el desarchive del expediente y reconocimiento de la indemnización sustitutiva por pensión de vejez.

    · Oficio del ISS, de fecha 27 de abril de 2012, en el que le informa que habiendo prescrito el tiempo para el cobro de la prestación reconocida en el 2002, deberá presentar una solicitud para la “realización de un nuevo estudio de indemnización sustitutiva por pensión de vejez”.

    · Certificación de la Asociación de Padres de Familia del sector Cooservicios, H. y Jordán, y carta de renuncia voluntaria, del que se determina los extremos de tiempo en ejercicio de labores como madre comunitaria, así:

    NOMBRE

    DESDE

    HASTA

    M.I.T. De Desalvador

16. ago.1988

1. Junio.2010

   2.4. Expediente T-6.201.064

   Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 19 al 63 del cuaderno 1 del expediente:

   · Poder y documento de identidad.

   · Historia laboral emitida por Colpensiones.

   · Contrato de trabajo a término fijo de 2014 con la Asociación de Padres de hogares de Bienestar el Futuro de Colombia y comprobantes de nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.

   · Constancia por parte de la Asociación de Padres de hogares de Bienestar el Futuro de Colombia, acreditando su tiempo en ejercicio de labor como madre comunitaria, así:

   NOMBRE

   DESDE

   HASTA

   C.M.P.

15. Sep. 2003

30. Ene. 2015

    2.5. Expediente T-6.203.162

    Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 1 al 415 del cuaderno 1 del expediente:

    · Poderes y documentos de identidad de las 13 peticionarias.

    · Certificaciones de ASOPADRES del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de 10 peticionarias, así:

    NOMBRE

    DESDE

    HASTA

    1

    M.E.G.R.

2. A.. 1991

31. D.. 2015

    2

    A.G.R.

    1992[2]

    Activa

    3

    M.E.M. de P.

10. abr. 1988

31. Ene. 2004

    4

    R.P.S.

4. Feb. 1989

4. Feb. 2011

   5

   M.R.N.C.

4. Feb. 1989

4. Feb. 2011

   6

   R.M.A. de Molina

25. Sep. 1989

27. Oct. 2000

    7

    B.E.A. de A.

18. Sep. 1989

30. Jun. 1998

    8

    M.I.R.B.

    15 años: No registra extremos

    9

    M.E.S.C.

2. A.. 1992

30. Sep. 2010

    10

    F.N.Y.V.

11. Mar. 1997

11. A.. 2011

    · Declaraciones de personas naturales sobre el tiempo en cumplimiento de labores como madres comunitarias de 3 peticionarias, así:

    NOMBRE

    DESDE

    HASTA

    1

    A.S.S. de Q.

8. A.. 1989

   D.iembre. 2003

   2

   M.C.V.M.

   Sept.1988

   Enero. 2004

   3

   Flor Avicena Sepúlveda

   Mar.1989

   Enero. 2004

   2.6. Expediente T-6.208.901

   Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 1 al 265 del cuaderno 1 del expediente:

   · Poderes, documentos de identidad e historias laborales emitidas por Colpensiones de las 43 peticionarias.

   · Certificaciones de ASOPADRES del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de las 43 peticionarias, así:

   NOMBRE

   DESDE

   HASTA

   1

   Á.P.G. (2 periodos)

7. Feb. 1997 Julio 2008

   D.iembre. 2006 D.iembre. 2010

   2

   A.L.R.V.

5. Mar. 2004

   Activa

   3

   G.S.H.A.

2. Feb. 2001

   Activa

   4

   Liliana Correa

2. Feb. 2009

   Activa

   5

   M.S.J.M.

16. Mar. 1998

    Activa

    6

    A.C.G.G.

18. M.. 1995

    Activa

    7

    Z.M.J.

5. Mar. 2012

   Activa

   8

   N.S.G.

15. Mar. 2011

    Activa

    9

    E.F.V.

    Septiembre. 1993

31. D.. 2003

    10

    F.A.O.

10. A.. 2009

31. D.. 2015

    11

    A.L.V.R.

    Febrero. 1994

    D.iembre. 1994

    12

    R.E.C.C.[3]

1. Mar. 1990

28. Feb. 2003

    13

    B.P.P.

2. A.. 1995 01. Ene. 2016

   D.iembre. 2015 31. Oct. 2016

   14

   L.Y.P.S.

22. Sep. 1989 01. Ene. 2016

    D.iembre. 2015 31. Oct. 2016

    15

    E.L.

5. Feb. 1995

5. M.. 2008

   16

   A.A.S.

   "durante el año 2001"

   17

   C.A.L.S.

   Febrero. 1996

   Junio. 1997

   18

   M.L.S.

   Julio. 1997

   Noviembre. 1999

   19

   E.M.V.B.

1. Nov. 1999

1. A.. 2003

   20

   M.H.V.

23. Feb. 2005

18. A.. 2011

    21

    M.R.S. Prada

11. A.. 1987

    D.iembre. 1992

    22

    Blanca C.B.H.

1. Oct. 1987

   D.iembre. 2001

   23

   G.M.Q.J.

2. Feb. 1992

10. Mar. 2013

    24

    Blanca C.B.G.

22. M.. 1995

24. Nov. 2006

    25

    O.V.R.

    1987

    1992

    26

    G.F.G. (2 periodos)

22. M.. 1995 18. A.. 2006

    Marzo. 2004 Febrero 2009

    27

    M.C. de Peña

    A.il. 1988

    A.il. 2003

    28

    N.O.Z.

1. A.. 1997

   Activa

   29

   O.O.Z.

19. feb. 2001

    Activa

    30

    J.M.L.A.

3. Jul. 2012

   Activa

   31

   M.L.V.P.

12. Feb. 1996

10. Feb. 2010

    32

    R.B.H. (3 periodos)

1. Nov. 1999 15 Sep. 2008 01 A.. 2011

15. A.. 2001 31 Mar. 2011 01 Feb. 2012

    33

    C.E.C.Q.

    2010

    2016

    34

    E.M.R.C.

    (2 periodos)

2. Feb. 2012 01. Ene. 2016

   D.iembre. 2015 31. oct. 2016

   35

   Norida Y.S.O.

17. Jul. 2007

    Activa

    36

    Alba Luz Contreras Contreras

1. Oct. 1995 30. Nov. 2004

1. Ene. 2006 31. D.. 2005

   37

   N.S.C.

   2004

   2007

   38

   V.V.D.C.

   Enero. 1989

   A.sto. 2004

   39

   S.M.V.L. (2 periodos)

1. Nov. 2000 01. ago. 2012

15. Ene. 2009 05. A.. 2015

    40

    O.M.R.

9. Mar. 2012

   Activa

   41

   M.E.V.R.

1. Sep. 1993

   Activa

   42

   Blanca E.D.M.

5. Feb. 2003

   2004

   43

   E.R.T.

1. A.. 2010

   Activa

3. Respuesta a la acción de tutela

   3.1. En los expedientes T-6.190.251[4], t-6.193.730[5], T-6.196.094[6], T-6.201.064[7], T-6.203.162[8] y T-6.208.901[9], los juzgados respectivos admitieron las acciones de tutela y ordenaron ponerla en conocimiento de las entidades demandadas y vinculadas para que se pronunciaran respecto de los hechos y las pretensiones planteadas en ella.

   3.2. En los expedientes T-6.190.251[10], t-6.193.730[11], T-6.196.094[12], T-6.203.162[13] y T-6.208.901[14], la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF dio respuesta a las respectivas acciones de tutela, en los siguientes términos comunes para los expedientes relacionados:

   · Precisó que en virtud del desarrollo legal y jurisprudencial en torno a los Hogares Comunitarios de Bienestar, la labor de las Madres Comunitarias no ha involucrado ninguna vinculación laboral con el ICBF, siendo las EAS (Entidades Administradoras del Servicio) quienes tienen la condición de único empleador, erigiéndose como trabajadoras dependientes de las mismas.

   · Por otra parte, advirtió que “las madres comunitarias no son funcionarias o empleadas del Instituto y ni siquiera contratistas, son nombradas y dependen de la Asociación de Padres de Familia de la cual hace parte su Hogar de Bienestar. Las Asociaciones de Padres de Familia que administran los hogares de bienestar tampoco hacen parte de la estructura administrativa del Instituto”. Seguidamente, señaló que “la madre comunitaria jamás podría tener la condición de empleado público o de trabajador oficial del Estado, al haber sido definida por la Ley una relación contractual entre dichas madres y la persona jurídica Asociación”.

   · Adicionalmente, realizó un recuento de la jurisprudencia constitucional consolidada respecto del reconocimiento de la existencia de un régimen jurídico especial aplicable a las madres comunitarias alrededor de la relación (surgida entre la Entidad sin ánimo de lucro de beneficio social y la madre) contractual de carácter civil, conmutativo, remunerado, no laboral -donde el ICBF no es parte-.

   Por lo argumentado, la entidad solicitó la declaratoria de improcedencia de las acciones de tutela acumuladas.

   3.3. En el expediente T-6.201.064, el ICBF guardó silencio.

   3.4. En el expediente T-6.201.064, la entidad vinculada Asociación de Padres de hogares de Bienestar el Futuro de Colombia, solicitó que se le desvinculara del proceso, en razón a que: (i) seguían “órdenes y lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”; (ii) la asociación no se encuentra en funcionamiento, ya que el contrato con el ICBF terminó el 31 de octubre de 2016 y (iii) en la actualidad, “es otro operador quien trabaja de la mano con el ICBF”.

4. Decisiones judiciales que se revisan en los expedientes acumulados

   Expediente

   Primera instancia

   segunda instancia

   T-6.190.251

   Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja; 4 de enero de 2017: Declara la improcedencia.

   Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Civil Familia; 14 de febrero de 2017: Revoca, tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones.

   t-6.193.730

   Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar; 3 de febrero de 2017: Tutela los derechos fundamentales de las 19 accionantes, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones.

   Sin impugnación.

   T-6.196.094

   Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja; 25 de enero de 2017: Declara la improcedencia de la acción de tutela presentada por las 11 accionantes.

   Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral; 3 de marzo de 2017: Revoca, tutela los derechos fundamentales de 10 accionantes[15], declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones.

   T-6.201.064

   Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento; 31 de enero de 2017: Tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones.

   AUTO INTERLOCUTORIO del 15 de marzo de 2017: Rechaza impugnación por no acreditar legitimación en la causa por pasiva[16].

   T-6.203.162

   Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja; 24 de enero de 2017: Tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones a las 13 accionantes.

   Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 5; 1º de marzo de 2017: Modifica la sentencia, amparando a seis[17] (deja por fuera una[18]) y declara improcedente a seis (por edad)[19].

   T-6.208.901

   Juzgado Civil del Circuito de los Patios (Norte de Santander); 13 de febrero de 2017: Tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones a las 43 accionantes.

   Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia; 29 de marzo de 2017: Confirma.

5. Escritos allegados en sede de revisión

   5.1. ICBF

   En el expediente T-6.201.064, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF, mediante escrito recibido el 31 de agosto de 2017, solicitó la adopción de medidas provisionales a efectos de suspender las órdenes impartidas en el fallo del 31 de enero de 2017 proferido por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento, quien -con fundamento en la sentencia T-480 de 2016- declaró la existencia de una relación laboral entre la madre comunitaria C.M.P. y el ICBF.

   Informó que luego del trámite del incidente de desacato, el 16 de agosto de 2017, el juzgado sancionó a la Directora de la Regional Antioquia con tres días de arresto y una multa de dos (2) S.M.L.M.V.

   Manifestó que, de cumplir y acatar el fallo señalado, se desconocería el precedente y los parámetros establecidos en el Auto 186 de 2017 y, además, afectaría gravemente el erario público, así como la seguridad jurídica y la igualdad.

   5.2. Apoderado L.C.E.G.

   Mediante oficio recibido el 11 de septiembre de 2017, el apoderado L.C.E.G. -en los expedientes T-6.196.094 y T-6.203.162- solicitó lo siguiente:

   · Que se decreten las pruebas solicitadas en sede de instancia y que se comisione a los juzgados de instancias respectivos, a fin de realizar la inspección judicial a los Centros Zonales del ICBF para verificar “los datos pertinentes en cuanto a los extremos de la relación laboral, jornada de trabajo y demás aspectos contentivos en la Base de Datos de las Madres Comunitarias de Boyacá”.

   · Que se declare la existencia de un contrato realidad entre sus poderdantes y el ICBF.

   En subsidio a lo anterior y en aplicación del Auto 186 de 2017 (que declaró la nulidad parcial de la sentencia T-480 de 2016) solicitó que se ordene al ICBF el pago de los aportes en seguridad social para pensión de todas las accionantes.

1. Competencia

   La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala, para revisar las sentencias que decidieron las controversias dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 30 de junio de 2017 proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional que ordenó la selección y acumulación respectiva.

2. Verificación, en conjunto, del cumplimiento de los requisitos de procedencia de las acciones de tutela acumuladas que se revisan

   La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es una herramienta procesal preferente, informal, sumaria y expedita que pretende el amparo de los derechos fundamentales de una persona que se ven vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o particular. Sin embargo, estas características no relevan el cumplimiento de unos requisitos mínimos para que la acción de tutela proceda, a saber: (i) legitimación en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) trascendencia iusfundamental del asunto; (iv) inmediatez; y (v) subsidiariedad.

   En consecuencia, de manera preliminar, la Sala analizará, de manera conjunta para los seis asuntos acumulados, si ¿Resultan procedentes las acciones de tutela instauradas por G.S. (T-6.190.251); N.A.A. y otros (t-6.193.730); F.V.S. y otros (T-6.196.094); C.M.P. (T-6.201.064); M.E.G. y otros (T-6.203.162) y Á.P.G. y otros (T-6.208.901); contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, con las cuales solicitan, principalmente, se ordene el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensión, en razón a la labor de madre comunitaria que realizaron desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?

   Para ello, se reiterará las reglas jurisprudenciales que determinan los requisitos que se deben acreditar para la procedibilidad del amparo pedido por personas que han desempeñado o cumplen la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF y, luego, se verificará, de forma conjunta, si en este caso acumulado se cumplen cada uno de esos presupuestos de procedibilidad.

   2.1. Legitimación en la causa por activa

   2.1.1. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona, cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier autoridad pública o un particular, en los casos específicamente previstos por el Legislador, y no exista otro mecanismo de defensa judicial que permita su protección efectiva. En este sentido, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela, determina que:

   “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

   También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

   También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

   En este orden de ideas, la legitimación en la causa por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de los representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial o (iv) mediante agente oficioso.

   2.1.2. Por un lado, la Sala observa que, (i) de las 88 accionantes, sólo la señora G.S. (T-6.190.251) presentó la acción de tutela de manera directa y (ii) en los escritos de tutela se indica que los abogados M.Z.D. y E.A.M.M., actúan como apoderados judiciales en los expedientes t-6.193.730 y T-6.201.064, respectivamente; que el abogado L.C.E.G., actúa como apoderado judicial en los expedientes T-6.196.094 y T-6.203.162; y que los abogados A.F.S.V., J.V.S.V. y I.V.C. de la sociedad Colectivo de Abogados Velasco Tarazona SAS, actúan como apoderados judiciales en el expediente T-6.208.901. Y, por otro, las poderdantes son las presuntas víctimas de la alegada vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo.

   También se advierte que, para cada caso, se anexaron los poderes especiales suscritos por las accionantes y los mencionados abogados[20]. En esa medida, es claro que tales circunstancias se enmarcan en una de las reglas fijadas por esta Corte para acreditar la legitimación por activa, esto es, cuando la acción de tutela es promovida por un tercero (apoderado judicial) en representación del titular del derecho fundamental presuntamente vulnerado. En consecuencia, se constata el cumplimiento de este requisito de procedibilidad.

   2.1.3. Respecto del expediente T-6.196.094, la Sala advierte que a folios 362, 366 y 367 del cuaderno 2, se enuncian como accionantes a las señoras L.O.G. (CC 40.018.331) y a MARÍA ELSA DESALVADOR TENZA (CC 40.013.122).

   Sin embargo, una vez revisados los anexos aportados, la Sala encuentra que no obra poder conferido al abogado L.C.E.L., ni las pruebas documentales señaladas en el escrito de la tutela o prueba documental alguna que respalde sus pretensiones; por lo tanto, la Sala Cuarta de Revisión se abstendrá de pronunciarse de fondo respecto de las ciudadanas señaladas.

   No obstante, se instará a que, en caso de acudir a la administración de justicia, a futuro, el operador judicial competente deberá aplicar las reglas jurídicas determinadas en esta providencia, condicionado al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y de que las accionantes logren acreditar los supuestos de hecho y de derecho que respaldan sus pretensiones.

   2.2. Legitimación en la causa por pasiva

   2.2.1. La legitimación pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada; la cual procede contra cualquier autoridad pública y contra particulares, según el artículo 86 superior.

   Inicialmente, se debe poner de presente lo siguiente: (i) todas las acciones de tutela están dirigidas contra el ICBF, y (ii) en algunos de los trámites de los asuntos acumulados de la referencia se vinculó a las siguientes entidades: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado[21]; a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones[22]; a la Asociación de Padres de Hogares de Bienestar el Futuro de Colombia[23]; a las Asociaciones de Padres de Hogares Comunitarios de Bienestar Once de Noviembre, La Sabana, Patio Centro, La Cordialidad, Tierra Linda, Doce de Octubre, La Esperanza, Las Cumbres y El Progreso[24]. De esta manera, se tiene una entidad pública como accionada y dos de esa misma naturaleza pero en calidad de vinculadas y varias personas jurídicas de carácter privado como vinculadas (Asociaciones de Padres de Hogares Comunitarios de Bienestar).

   2.2.2. La Sala advierte que en el marco normativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se establece taxativamente las funciones atribuidas a dicha entidad, entre las cuales, no se encuentra la de pagar los aportes en pensión a favor de las personas que hayan desempeñado la labor de madre o padre comunitario en desarrollo del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. En términos generales, la función de este ente público consiste en “el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de Defensa Jurídica de la Nación y del Estado; formular, evaluar y difundir las políticas de prevención de las conductas antijurídicas, del daño antijurídico y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren una adecuada defensa de los intereses litigiosos de la Nación”[25]. En esa medida, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado carecería de aptitud legal para responder por el presunto desconocimiento iusfundamental alegado en esta oportunidad, por lo que se dispondrá la improcedencia de la acción de tutela T-6.193.730 frente a la misma.

   2.2.3. La Sala observa que Colpensiones (anteriormente ISS), también vinculada en el trámite de la acción de tutela T-6.193.730, no tenía a su cargo el contenido obligacional de haber efectuado el pago de los aportes parafiscales, pues sólo se trata de uno de los fondos de pensiones al que supuestamente se debieron haber consignado las aludidas contribuciones, si ello hubiese sido del caso. Por tanto, igualmente se declarará improcedente la solicitud de amparo T-6.193.730 en lo que respecta a la mencionada entidad.

   2.2.4. En cuanto a las Asociaciones de Padres de Hogares Comunitarios de Bienestar, vinculadas en el trámite de las acciones de tutela T-6.201.064 y T-6.208.901, la Sala tampoco las encuentra con aptitud legal de ser efectivamente la llamada a responder por el amparo reclamado, por cuanto estas organizaciones se conforman por “los padres de los menores beneficiarios del programa o las personas que los tengan bajo su responsabilidad y las madres comunitarias”[26] y, así mismo, las Madres Comunitarias “podrán ser elegidas como delegadas a la Asamblea de D. y en consecuencia como miembros de las Juntas Directivas”[27]; lo cual podría implicar que se compartiría la calidad de demandante y demandado. Por ende, la Sala dispondrá la improcedencia de las acciones de tutela T-6.201.064 y T-6.208.901, en relación con las referidas asociaciones de padres.

   2.2.5. Frente al ICBF, cabe señalar que el numeral 5 del artículo 1.2.1.1. del Decreto 1084 de 2015 establece que dicho instituto es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (creado por la Ley 75 de 1968, reorganizado por la Ley 7 de 1979 y mediante Decreto No. 4156 de 2011 fue adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social); por lo tanto, de acuerdo con el artículo 5º y el numeral 2° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, lo cual, lo hace sujeto por pasiva tutelar si con su accionar (positivo o negativo) vulnera o amenaza cualquier derecho fundamental.

   Ahora bien, por un lado, el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 89 de 1988 señala que: “(…) Se entiende por Hogares Comunitarios de Bienestar, aquellos que se constituyen a través de becas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- a las familias con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto contenido de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos sociales pobres del país” y, por otro, el artículo 8º de ese cuerpo normativo dispone que el mismo “rige a partir de la fecha de su promulgación”, esto es, el 29 de diciembre de 1988[28]. De la lectura de esas normas legales, resulta válido afirmar que: (i) la labor de madre comunitaria que desempeñaron las accionantes se desarrolló de conformidad con la implementación del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar que efectuó el ICBF con base en lo previsto en la Ley 89 de 1988; y (ii) la implementación legal de dicho programa tuvo lugar el 29 de diciembre de 1988, es decir, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 89 de 1988.

   Estas circunstancias son suficientes para inferir que, dadas las particularidades verificadas en el presente caso acumulado, el ICBF podría haber tenido la obligación de realizar el pago de los aportes parafiscales en pensión que reclaman las accionantes. Por consiguiente, la Sala encuentra que esa entidad sí cuenta con aptitud legal de ser el posiblemente llamado a responder por el presunto desconocimiento de los derechos fundamentales invocados.

   2.2.6. En conclusión, la Sala constata el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por pasiva, pero únicamente respecto del ICBF, de conformidad con lo verificado anteriormente.

   2.3. Trascendencia iusfundamental del asunto

   2.3.1. Esta Corporación ha señalado en la sentencia SU-617 de 2014 que este presupuesto de procedibilidad se cumple cuando se demuestra que el caso involucra algún debate jurídico que gira en torno al contenido, alcance y goce de cualquier derecho fundamental. En cuanto a este aspecto, la Sala encuentra que el debate jurídico del presente asunto acumulado radica en que 88 ciudadanas solicitan, en común, la protección constitucional frente a la supuesta negativa del ICBF de pagar, durante un lapso prolongado, los aportes al sistema de seguridad social en pensión, en razón a la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa.

   2.3.2. Así las cosas, resulta evidente que el asunto en discusión se encuentra inmerso en una controversia iusfundamental que gira en torno al presunto desconocimiento sistemático por parte de una autoridad pública frente a los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo de personas que pertenecen a uno de los sectores más deprimidos económica y socialmente del país. Lo anterior sin duda alguna amerita un análisis detallado por parte del juez de tutela en cuanto al contenido, alcance y goce de dichos derechos.

   Dada esa importancia constitucional, para la Sala es claro que el proceso objeto de revisión de la referencia también se ajusta a lo establecido por esta Corporación respecto a la exigencia de procedencia en cuestión.

   2.4. Principio de inmediatez

   2.4.1. La Corte también ha considerado que para constatar el cumplimiento de este requisito, el juez de tutela debe comprobar cualquiera de estas situaciones:

   · si resulta razonable el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la amenaza de algún derecho fundamental y, el día en que el derecho de acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela; y/o

   · si resulta razonable el lapso comprendido entre el día en que cesaron los efectos de la última actuación que el accionante desplegó en defensa de sus derechos presuntamente vulnerados y el día en que se solicitó el amparo tutelar.

   Además de las dos pautas referidas en precedencia, tratándose de asuntos en donde se reclama el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas relacionadas con derechos pensionales, como es el caso de los aportes a pensión en el Sistema General de Seguridad Social, esta Corporación ha sido enfática al precisar lo siguiente:

   “en virtud de su naturaleza, los derechos prestacionales, como las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, son imprescriptibles[29]. Es decir, pueden ser reclamados en cualquier tiempo, por lo que se descarta la posibilidad de que un juez se abstenga de reconocerlos bajo el argumento de que la acción de tutela resulta improcedente por razones de inmediatez, al no haber sido instaurada en un término razonable, pues tales derechos siempre serán actuales.”[30] (Negrilla fuera del texto original).

   2.4.2. Como se dijo anteriormente, en esencia, las demandantes reclaman el reconocimiento y pago de los aportes a pensión en el Sistema General de Seguridad Social a cargo del ICBF, prestaciones periódicas que no fueron asumidas por dicha entidad durante un tiempo prolongado, lo cual, según ellas, trunca sus posibilidades de cumplir todos los requisitos necesarios para adquirir una pensión de vejez a futuro.

   Esta Sala observa que el presente caso se enmarca sin dificultad alguna en la referida regla constitucional y, bajo tal pauta jurisprudencial, la Sala considera que por ser un asunto acumulado donde se solicita el reconocimiento y pago de los aportes a pensión en el Sistema General de Seguridad Social, dicho reclamo puede efectuarse en cualquier tiempo, debido al carácter imprescriptible del derecho pensional involucrado (pensión de vejez) y por tratarse de una presunta afectación actual y continua de los derechos invocados por las 88 madres comunitarias, especialmente frente al derecho fundamental a la seguridad social.

   En vista de lo anterior y al igual que los tres requisitos analizados en precedencia, la Sala también halla satisfecha la exigencia de inmediatez.

   2.5. Subsidiariedad

   2.5.1. En cuanto a esta exigencia, la Corte ha reafirmado que, conforme al artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un medio de protección de carácter residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de lo invocado, o existiéndolo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[31]. En desarrollo de ello, este Tribunal ha precisado que la subsidiaridad implica agotar previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto[32], pues la acción tutelar no puede desplazar los mecanismos judiciales específicos previstos en la correspondiente regulación común[33].

   2.5.2. Respecto a las acciones de tutela promovidas por personas que han desempeñado o cumplen la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, en múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha encontrado procedentes dichas solicitudes de amparo, por cuanto ha considerado a las accionantes como sujetos de especial protección constitucional, al verificar cualquiera de las siguientes condiciones particulares:

   · Encontrarse en una situación económica precaria que afecte su mínimo vital, lo cual se configura por el simple hecho de devengar un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente[34];

   · ser parte de un segmento situado en posición de desventaja, como por ejemplo, los sectores más deprimidos económica y socialmente[35];

   · hallarse en el estatus personal de la tercera edad[36];

   · afrontar un mal estado de salud[37];

   · ser madre cabeza de familia y/o víctima del desplazamiento forzado[38].

   La sala precisa que tan sólo una de las anteriores circunstancias impone al juez de tutela el deber de implementar un examen flexible de procedibilidad de la acción de tutela instaurada por aquellas personas que han cumplido o realizan la labor de madre comunitaria en el ICBF, estudio que se debe ajustar a las condiciones físicas, sociales, culturales o económicas que han puesto en estado de debilidad manifiesta a ese grupo de personas por un tiempo considerablemente prolongado.

   2.5.3. Ahora bien, la Sala advierte que si bien las accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial para obtener la protección de sus derechos, lo cierto es que esta Sala de Revisión, siguiendo la postura adoptada por la Corte, considera que ese medio ordinario resulta ineficaz para resolver el reclamo iusfundamental que emerge de un contexto donde las demandantes, por sus condiciones físicas, sociales, culturales o económicas, se han encontrado en estado de debilidad manifiesta por un tiempo considerablemente prolongado. Así, someterlas bajo esas circunstancias a un trámite común resultaría riesgosamente tardío y desproporcionado para ellas.

   Tal determinación se debe a que no hay duda que las 88 madres comunitarias son sujetos de especial protección constitucional, por cuanto se verifica que todas ellas cumplen con las siguientes dos condiciones especiales:

   (i) Encontrarse en una situación económica precaria que afecte su mínimo vital, lo cual se configura por el simple hecho de devengar un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. En efecto, desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, por sus servicios prestados como madres comunitarias, las 88 accionantes recibieron el pago mensual de una suma de dinero denominada “beca”, la cual, únicamente a partir del 1º de febrero de 2014 se igualó al monto de un salario mínimo mensual legal vigente para quienes continuaban vinculadas. Es decir, recibieron un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, lo cual claramente constituyó una afectación a su mínimo vital que se perpetuó por todos esos años.

   (ii) Ser parte de un segmento situado en posición de desventaja, como por ejemplo, los sectores más deprimidos económica y socialmente. No existe dificultad alguna para demostrar que todas las madres comunitarias tienen esta condición especial, por cuanto, en los siguientes términos, así lo establece el artículo 2º del Acuerdo 21 de 1996[39]: “(…) Los Hogares Comunitarios de Bienestar deberán funcionar prioritariamente en los sectores más deprimidos económica y socialmente y definidos dentro del SISBEN como estratos 1 y 2 en el área urbana y en sectores rurales concentrados”.

   Esta segunda condición especial es quizá la razón principal que sustenta el válido reclamo iusfundamental que -en esta oportunidad- solicitan las madres comunitarias ante el juez de tutela, en aplicación del precedente sentado por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto 186 de 2017.

   (iii) Adicionalmente, algunas de las peticionarias se hallan en el estatus personal de la tercera edad. Como se evidenció en la tabla visible en la página 2 de la presente sentencia, algunas de las accionantes se hallan en el estatus personal de la tercera edad o adulto mayor, de conformidad con lo establecido y definido en los artículos 1 y 7 (literal b) de la Ley 1276 de 2009[40], toda vez que según las respectivas cédulas de ciudadanía obrantes en los expedientes acumulados, de las 88 demandantes en total, 19 cuentan con 60 años de edad o más. Incluso, de esas 19 madres comunitarias, 5 de ellas cuentan con 70 años o más.

   2.5.4. En conclusión, dado el cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa, legitimación en la causa por pasiva (únicamente respecto del ICBF), trascendencia iusfundamental, inmediatez y subsidiariedad, la Sala Cuarta de Revisión encuentra procedentes las seis solicitudes de amparo, por lo que, de forma conjunta para los casos acumulados, procederá con el análisis de los problemas jurídicos formulados en el siguiente acápite.

3. Problemas jurídicos a resolver y metodología de resolución

   De encontrar procedentes las acciones de tutela, la Sala de Revisión procederá con el estudio de los siguientes problemas jurídicos que a continuación se plantean:

   · ¿Es aplicable la solución jurídica resuelta en la sentencia T-480 de 2016 como precedente constitucional, tal como lo solicitan las accionantes? Particularmente en cuanto a que si ¿existió relación laboral entre el ICBF y las 88 demandantes que desempeñaron la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado al referido programa, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?

   · ¿Vulnera el ICBF los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital de G.S. (T-6.190.251); N.A.A. y otros (t-6.193.730); F.V.S. y otros (T-6.196.094); C.M.P. (T-6.201.064); M.E.G. y otros (T-6.203.162) y Á.P.G. y otros (T-6.208.901); al negarse a pagar durante un tiempo prolongado, los aportes al sistema de seguridad social en pensión, a favor de quienes adelantaron la labor de madres comunitarias desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, hasta el 12 de febrero de 2014[41], o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?

   Para resolverlos, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: (i) el derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas de las madres comunitarias: evolución normativa y jurisprudencial del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, implementado por el ICBF; y (ii) el alcance de la sentencia T-480 del 1º de septiembre de 2016 y del Auto 186 del 17 de abril de 2017 que declaró su nulidad parcial.

   Con base en lo anterior, se solucionará el caso concreto de forma conjunta para los asuntos acumulados.

4. El derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas de las madres comunitarias: evolución normativa del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF

   4.1. El derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas

   El alcance y contenido del derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas se han definido, de manera progresiva, con cada uno de los pronunciamientos (tutela y constitucionalidad) que esta Corte ha proferido al interpretar y aplicar sistemáticamente el preámbulo[42] y los artículos 1º[43] y 48 (seguridad social)[44] de la Constitución.

   La Corte Constitucional ha sido enfática al afirmar que la seguridad social es aquel derecho de todas las personas que se concreta en virtud del vínculo establecido con arreglo a la ley[45], el cual tiene una relación directa con el derecho fundamental al trabajo[46], por cuanto ella constituye una garantía a favor de quienes contraen o han mantenido una relación laboral[47].

   De igual manera, este Tribunal ha indicado que el derecho fundamental a la seguridad social ampara a las personas que se encuentran en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de contingencias como la vejez, el desempleo, la enfermedad, la incapacidad laboral y/o la muerte[48]; aclarando que, si bien el derecho a la seguridad social tiene un carácter prestacional o económico, ello no da lugar para excluirlo de su reconocimiento como fundamental, ya que todo derecho que esté consagrado en la Constitución, sin distinción alguna, ostenta esa calidad[49].

   4.2. Evolución normativa del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF

   El origen data del año 1972 cuando fueron creados los denominados centros comunitarios para la infancia CCI. Durante los años 1979 a 1981 fue responsabilidad de padres y vecinos y, mediante el CONPES (1986) se aprobó el proyecto Hogares Comunitarios de Bienestar.

   Mediante la Ley 89 de 1988 se asignaban recursos a los hogares comunitarios a través de Becas. Posteriormente, el Decreto Reglamentario 2019 de 1989 dispuso que el programa “Hogares de Bienestar” se fundamenta en el trabajo solidario de la comunidad encaminado a garantizar a los niños, la atención de sus necesidades básicas, especialmente en los aspectos de nutrición, protección y desarrollo individual.

   En efecto, el Decreto 1471 de 1990, estableció que los programas que adelante el ICBF, en cumplimiento del servicio público de Bienestar Familiar, se fundamentarán en: a) responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de sus hijos[50]; b) participación de la comunidad[51]; y c) determinación de la población prioritaria[52].

   El Decreto 1340 de 1995 estableció que la vinculación de las madres comunitarias (así como la de las demás personas y organismos de la comunidad, que participen en el programa de "Hogares de Bienestar"), mediante su trabajo solidario, constituye contribución voluntaria, por cuanto la obligación de asistir y proteger a los niños, corresponde a los miembros de la sociedad y la familia; por consiguiente, dicha vinculación no implica relación laboral con las asociaciones u organizaciones comunitarias administradoras del mismo, ni con las entidades públicas que participen.

   Ahora bien, la Ley 100 de 1993 creó el fondo de solidaridad pensional “como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario, las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la presente ley.”[53] El objeto de ese fondo es “subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.”[54] (Subraya fuera de texto original).

   En consonancia con las anteriores disposiciones legales se expidió la Ley 509 de 1999[55] y las madres comunitarias fueron vinculadas al SGSS en salud a través del régimen subsidiado, a partir del 3 de agosto de 1999. Posteriormente, la Ley 1023 de 2006[56] modificó la afiliación y dispuso que las madres comunitarias del programa de Hogares Comunitarios del ICBF se afiliarán con su grupo familiar al régimen contributivo, adquiriendo las mismas prestaciones asistenciales y económicas y obligadas al pago de una cotización mensual. De esta forma, se establecieron beneficios en materia de Seguridad Social en favor de las madres comunitarias. Entre tales prerrogativas se destacan las siguientes:

   · Las madres comunitarias serán titulares de las prestaciones asistenciales y económicas de que gozan los afiliados del régimen contributivo establecido por la Ley 100 de 1993.

   · El Fondo de Solidaridad Pensional subsidiará los aportes al régimen general de pensiones de las madres comunitarias, sin importar su edad y siempre que se acredite un (1) año de servicio como tales.

   · El valor del subsidio equivaldrá al ochenta por ciento (80%) del total de la cotización para pensión y su permanencia se mantendrá por el lapso en que la madre comunitaria realice esta actividad.

   · El Fondo de Solidaridad Pensional administrará los recursos que cubren el subsidio a los aportes de las madres comunitarias.

   Posteriormente, el artículo 2º de la Ley 1187 de 2008[57] dispuso que el Fondo de Solidaridad Pensional subsidiará los aportes al Régimen General de Pensiones de las madres comunitarias, sin importar su edad y tiempo de servicio. Adicionalmente, el referido precepto legal prevé: “El Gobierno Nacional garantizará la priorización al acceso de las Madres Comunitarias al subsidio de la Subcuenta de Subsistencia de que trata la Ley 797 de 2003, cuando no cumplan con los requisitos para acceder al Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta de Solidaridad, o cuando habiendo cumplido la edad en los términos de la ley no alcancen a completar el requisito de semanas de cotización exigido”. En su artículo 4º estableció que la bonificación mensual de las madres comunitarias se incrementaría al 70% del salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1° de enero de 2008, sin perjuicio de los posteriores incrementos que se realicen.

   Tres años después, se sancionó la Ley 1450 de 2011[58] con la cual el legislador dispuso: (i) las personas que dejen de ser madres comunitarias y no cumplan los requisitos para acceder a la pensión, ni sean beneficiarias del programa de asignación de beneficios económicos periódicos del régimen subsidiado en pensiones y por tanto reúnan las condiciones para acceder a la misma, tendrán acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional; (ii) el ICBF efectuará la identificación de las posibles beneficiarias a este subsidio; y (iii) las madres comunitarias que tuvieron esta condición entre el 29 de enero de 2003 y el 14 de abril de 2008 y no accedieron al fondo de solidaridad pensional durante este período, podrán beneficiarse del pago del valor actuarial de las cotizaciones para el citado período.

   Luego, con el Decreto Reglamentario 605 de 2013, el Ejecutivo estableció las “condiciones para el acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de las personas que dejen de ser madres comunitarias y no reúnan los requisitos para obtener una pensión, ni sean beneficiarias del mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS); y definir las reglas para la determinación del cálculo actuarial establecido en el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011”.

   Finalmente, a través de la Ley 1607 de 2012[59] se otorgó a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Allí se estipuló que -de manera progresiva- (en el 2013) se diseñarían y adoptarían diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que ello implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas.

   La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias inició en el 2014, el Gobierno atendió el compromiso en cuanto a que todas las madres comunitarias estarían formalizadas laboralmente y, a través del Decreto 289 del 12 de febrero de 2014[60], el Presidente de la República reglamentó que la vinculación laboral de las madres y padres comunitarios se llevaría a cabo mediante contrato de trabajo, el cual comprendería “todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social”.

5. Línea jurisprudencial del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF

   5.1. Sentencia SU-224 de 1998

   En esta providencia, la Sala Plena de la Corte constitucional reiteró lo dicho en la tutela T-269 de 1995, específicamente que “el vínculo existente entre las madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de Bienestar, es de naturaleza contractual, de origen civil”.

   El problema jurídico sometido a revisión en esa ocasión versaba sobre la eventual vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad y debido proceso de la demandante, quien venía desempeñándose como madre comunitaria dentro del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en relación con la orden de cierre del hogar que dirigía, por parte de la asociación comunitaria de familias de su barrio.

   Ante lo cual, la Sala examinó si las decisiones proferidas por los jueces de instancia, al negar la primera el derecho al trabajo y conceder el amparo respecto del derecho a la igualdad y al revocar la segunda esta decisión y, en su lugar, tutelar el derecho fundamental al debido proceso, se ajustan al material probatorio que aparece en el expediente y a la doctrina constitucional expedida sobre los mismos.

   En el análisis del caso concreto de la sentencia SU-224 de 1998, la Corte manifestó que los requisitos esenciales del contrato de trabajo (prestación personal del servicio, subordinación y salario) no se encontraban reunidos, lo cual descarta la existencia de “una vinculación contractual de carácter laboral”. Por consiguiente, con respecto al posible desconocimiento del derecho al trabajo, invocado por la peticionaria, por la terminación de la relación vigente y la suspensión de la actividad del hogar comunitario a su cargo, es pertinente concluir que, si de la relación existente entre la demandante y la accionada no se desprende una vinculación de carácter laboral, no es posible deducir la amenaza o violación de dicho derecho, razón por la cual no prospera la tutela para los efectos de la protección del mismo.

   De la posición de Sala Plena -que constituye precedente constitucional- se extracta lo siguiente:

   Dentro del marco de gestión de dicho Instituto, se debe propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos (D. 1471/90, art. 124), fundamentando los programas que adelanta en la responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de sus hijos, la participación de la comunidad y la determinación de la población prioritaria (art. 125 ibídem), todo lo cual debe guardar estrecha relación para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los niños (C.P., art. 44).

   De esta manera, en la reglamentación expedida respecto del “Programa Hogares Comunitarios de Bienestar” (D. 1340/95), a su Junta Directiva se le atribuyeron las funciones de establecer los criterios, parámetros y procedimientos técnicos y administrativos que permitan su organización y funcionamiento, con implementación gradual, según las condiciones sociales, económicas, geográficas y de participación comunitaria de cada región y con apoyo en la familia y la sociedad, para asistir y proteger al niño garantizando su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

   Por dicha razón, el programa debe ser ejecutado directamente por la comunidad, a través de las asociaciones de padres de familia de los menores beneficiarios del mismo o de otras organizaciones comunitarias, como las madres comunitarias, con una vinculación de trabajo solidario y de contribución voluntaria, puesto que se deriva de la obligación de asistir y proteger a los niños, la cual corresponde a toda la sociedad y la familia.

   Al entrar al análisis de las consideraciones para la solución del caso concreto se reiteró lo dicho en la sentencia T-269 de 1995 de esta Corporación, que determinó que el vínculo existente entre las madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de Bienestar, es “de orden civil; bilateral, en la medida en que los contratantes se obligaron recíprocamente”, así:

   Sin duda, alrededor de la relación surgida entre ambas partes -una entidad sin ánimo de lucro, de beneficio social, vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y un particular que nunca ostentó la calidad de empleado-, se puede decir que fue de orden civil; bilateral, en la medida en que los contratantes se obligaron recíprocamente: la madre, a la satisfacción del interés de su contraparte, o sea la adecuada prestación de una serie de servicios a los niños usuarios y a sus padres, y la asociación, al apoyo debido y al pago de la beca suministrada por el I.C.B.F.; consensual, puesto que no requirió de ninguna solemnidad; onerosa, porque daba derecho a la madre comunitaria para percibir parcialmente parte de la beca mencionada.

   (…)

   Como es sabido, para que exista una vinculación contractual de carácter laboral se requiere la prestación personal del servicio por parte del trabajador, la subordinación y el salario, este último como retribución del servicio; y si se trata de un empleado vinculado a través de una relación legal y reglamentaria, el respectivo nombramiento de la autoridad oficial nominadora, con la prestación personal del servicio con posterioridad a la posesión, unido a la subordinación y el respectivo salario, cuyos presupuestos no aparecen configurados en el asunto sub-examine.

   No sobra agregar que los anteriores razonamientos son obligatorios y por tanto vinculantes, por cuanto forman parte de la ratio de la sentencia, en la medida en que sujetan y constituyen la base de la decisión, adoptada en el fallo de Sala Plena SU-224 de 1998. En ese sentido, esta Corte ha señalado el carácter vinculante de la ratio, pues, al tener un nexo causal con la parte resolutiva, es obligatoria, debe ser observada por las distintas autoridades y corrige la jurisprudencia[61].

   En efecto, se puede concluir que el legislador en el ejercicio de sus competencias puede cambiar el régimen jurídico de las madres comunitarias, tal como se explicó en el acápite anterior. Sin embargo, la realidad fáctica y jurídica antes de la vigencia de esa ley resulta muy diferente. En atención a lo dispuesto en la sentencia SU-224 de 1998, en íntima conexidad con la sentencia T-269 de 1995, a la cual expresamente remite, al verificar los elementos del contrato realidad[62] se determinó que los presupuestos no se configuraban en los vínculos entre madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de Bienestar.

   5.2. Jurisprudencia en vigor

   5.2.1. jurisprudencia contenida en la sentencias T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001, T-1029 de 2001. En la citada línea jurisprudencial, la Corte Constitucional ha sostenido que no existe contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y, que el vínculo es de naturaleza contractual de origen civil.

   5.2.2. Jurisprudencia acorde al avance legislativo, contenido en las sentencias T-628 de 2012, T-478 de 2013, T-130 de 2015 y T-508 de 2015. A partir de la providencia T-628 de 2012, esta Corporación empieza a señalar las transformaciones que se han presentado en cuanto a la naturaleza de la relación entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones que hacen parte del mencionado programa, en los siguientes términos:

   Podría argumentarse que la diferencia que se acusa de discriminatoria tiene una justificación debido a que las madres comunitarias no tienen, por regla general, una relación laboral con el ICBF ni con las instituciones que participan en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y por esta razón el Estado no está obligado a tratarlas de la misma forma que a los trabajadores subordinados.

   Sin embargo, el anterior argumento no es de recibo al tener en cuenta que, como se vio, el régimen jurídico de las madres comunitarias no es el de las personas que trabajan por contrato de prestación de servicios, sino uno intermedio entre el trabajo subordinado y el independiente, el cual fue configurado autónomamente por el ICBF. Al hacerlo, esta entidad escogió dotarlo de una jornada máxima igual a la de los trabajadores subordinados y al hacerlo no podía, al mismo tiempo, excluir el salario mínimo mensual, sin incurrir en discriminación sexual en el sentido ya indicado.

   (…)

   Las características dadas a esta actividad por las normas legales y reglamentarias vigentes denotan que es una forma de trabajo que, aunque en principio no es subordinado y no genera relación laboral, sí permite a las personas que la ejercen dignificarse a través del desarrollo de un oficio y darse a sí mismas y a sus familias acceso a condiciones materiales de vida digna al percibir una retribución económica y acceso a la seguridad social a cambio de la prestación de sus servicios personales

   Explicó la Corte que el análisis del régimen jurídico actual de las madres comunitarias revela, de un lado, características propias del trabajo subordinado tales como la limitación de la jornada laboral a ocho horas diarias y, de otro, divergencias importantes con los trabajadores independientes en lo que toca con la seguridad social pues no están obligadas a asumir la totalidad de los aportes al sistema de salud y de pensiones sino que el Estado asume una parte de los mismos, lo cual obedece a la lógica misma del Programa, cual es la responsabilidad conjunta entre el Estado, la familia y la sociedad en la asistencia y protección de los niños y niñas. De modo tal que, hoy en día, las madres comunitarias tienen un régimen jurídico intermedio entre el trabajo subordinado e independiente.

   Lo dicho no contradice la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza jurídica de la relación de las madres comunitarias con las entidades y asociaciones que participan del Programa ya que las sentencias expedidas sobre el asunto se han limitado a indicar que no se trata de trabajo subordinado[63], lo que se reitera en esa decisión.

   En la sentencia T-478 de 2013, esta Corporación revisó los fallos de tutela proferidos dentro de la acción de tutela formulada por una madre comunitaria que exigía el restablecimiento de sus derechos que estimaba vulnerados, porque se le dejó de pagar el subsidio a los aportes a pensión. En ese caso, la Corte analizó el régimen legal aplicable a las madres comunitarias y encontró que el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 había establecido medidas progresivas tendientes a mejorar la situación de quienes realizan actividades como madres comunitarias, entre otras, la asignación gradual de una remuneración que llegue a equivaler al valor del salario mínimo legal vigente y finalmente, la formalización laboral.

   La Sala de Revisión encontró que el régimen jurídico de las madres comunitarias se encontraba en un período de transición, ya que en el año 2014 debe pasar de ser un régimen jurídico especial, a una relación laboral por la que devengarán un salario mínimo legal vigente. Finalmente, debe destacarse que durante 2013, la beca o bonificación que reciben las madres comunitarias debe ser equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

   Con la expedición de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 y el Decreto 289 del 12 de febrero de 2014 que reglamentó el artículo 36 de la mencionada ley, se contrajo que las madres comunitarias serían vinculadas mediante contrato de trabajo, que no tendrían la calidad de servidoras públicas, que prestarían sus servicios a las entidades administradoras del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y que no se podía predicar solidaridad patronal con el ICBF. Así lo explico la Corte en la sentencia T-130/2015:

   Dentro de esta secuencia, la Corte encuentra que entre los años 2013 y 2015 y particularmente, a partir del año 2014, el régimen jurídico de las madres comunitarias pasó de ser un régimen jurídico especial a convertirse en un régimen laboral con ciertas especificidades. El primer paso estuvo en la citada Ley 1607 de 2012 que dispuso que durante el año 2013 la beca o bonificación que recibían las madres comunitarias debía equivaler al valor de un salario mínimo legal mensual vigente; además, se mantuvo el subsidio especial otorgado a las madres comunitarias para sus aportes al Sistema General de Pensiones por medio del Fondo de Solidaridad Pensional. El segundo avance se produjo con la expedición del Decreto 289 de 2014 reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar[64], de manera que cuenten con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social[65].

   5.3. Conclusiones

   De lo expuesto, la Sala concluye -reiterando lo precisado por esta Corporación en la sentencia T-508/2015- que:

   i) si bien, inicialmente, se aceptó la exclusión de las madres comunitarias de la relación laboral por mandato legal, desde las primeras medidas diferenciadas se advertía la intención legislativa de conceder a esa actividad prerrogativas particulares,

   ii) la actividad de madre comunitaria ha sufrido una transformación progresiva en su tratamiento legal, en procura de acercarla a la relación laboral,

   iii) en el escenario actual, la actividad de las madres comunitarias se formalizó laboralmente y tienen asegurado un ingreso correspondiente a un salario mínimo legal vigente.

   En efecto la jurisprudencia constitucional ha evolucionado, de cara al desarrollo legislativo: En un principio, la Corte consideraba que se trataba de un vínculo contractual de índole civil entre las madres y el operador y que no se trata de trabajo subordinado ante el ICBF (T-269/1995, SU-224/1998, T-668/2000, T-978/2000 T-990/2000 y T-1173/2000).

   Luego, determinó que se trataba de un contrato intermedio entre el subordinado y el independiente, “que no genera relación laboral” (T-628 /2012); para finalmente ir acorde al avance legislativo de formalizar la vinculación laboral a partir de febrero de 2014, regulada con la Ley 1607 de 2012 y Decreto 289 de 2014 (T-130/2015 y T-508/2015).

6. Alcance de la sentencia T-480 del 1º de septiembre de 2016 y de su declaratoria de nulidad parcial y de las medidas adoptadas en el Auto 186 de 2017

   6.1. Sentencia T-480 de 2016

   En la providencia T-480 de 2016, la Sala Octava de Revisión estudió el asunto acumulado de 106 madres comunitarias que instauraron acción de tutela contra el ICBF, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo, ante la negativa del pago de los aportes pensionales, con ocasión de la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad estuvieron vinculadas a dicho programa.

   Para resolverlo, la Sala abordó varios ejes temáticos, a saber: (i) el alcance y contenido de los derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social en condiciones dignas y justas; (ii) los elementos esenciales del contrato de trabajo y la primacía de la realidad sobre las formalidades como uno de los principios constitucionales más relevantes en materia laboral; (iii) la prohibición de discriminación de género en el trabajo como garantía constitucional de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras; (iv) los aspectos generales del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF; (v) el marco normativo y jurisprudencial de la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF; (vi) los desarrollos legales y jurisprudenciales que dan cuenta del avance progresivo en materia de seguridad social de las personas que desempeñan la labor de madre o padre comunitario del ICBF; (vii) la prohibición de invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva, como una de las garantías constitucionales que erigen el modelo de Estado Social de Derecho; y (viii) el alcance del principio de progresividad en el derecho fundamental a la seguridad social.

   En la Sentencia T-480 de 2016 la Sala encontró que entre el ICBF y las 106 madres comunitarias sí se cumplieron los elementos del contrato de trabajo realidad, demostrando que: (i) las actoras sí prestaron personalmente sus servicios como madres comunitarias; (ii) sí recibieron por parte del ICBF el pago de una suma de dinero periódica, fija y constante como retribución (sin importar su denominación); y (iii) el ICBF siempre tuvo poder de dirección para condicionar el servicio personal que prestaron las demandantes (lugar de trabajo, jornada y horario, medidas y sanciones). Bajo el postulado de que el pago de los aportes a pensión es una obligación inherente a una relación laboral, la Sala Octava de Revisión observó que el ICBF había vulnerado sistemáticamente los derechos fundamentales de las 106 madres comunitarias, ante la negativa de pagar los aportes pensionales, resultando en un trato discriminatorio de género teniendo connotaciones particulares por ser de índole público, compuesto, continuado, sistemático y de relevancia constitucional.

   De conformidad con lo evidenciado, la Sala Octava de Revisión dispuso revocar los fallos de única instancia proferidos en los procesos de tutela acumulados, para en su lugar, otorgar el amparo de los derechos fundamentales invocados. Con la finalidad de materializar la efectividad de los derechos de las 106 madres comunitarias, se adoptaron varias medidas protectoras sintetizadas a continuación:

   (i) Se declaró la existencia de contrato realidad entre el ICBF y las 106 accionantes;

   (ii) se ordenó al ICBF adelantar el respectivo trámite administrativo para que reconociera y pagara a favor de cada una de las demandantes los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir durante un tiempo determinado, en cuanto no estuvieren prescritos;

   (iii) se ordenó al ICBF adelantar el correspondiente trámite administrativo para que reconociera y pagara a nombre de cada una de las accionantes los aportes pensionales causados y dejados de pagar en un lapso específico;

   (iv) se exhortó al ICBF promover e implementar medidas idóneas y eficientes, con las cuales se obtuviera, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la efectividad de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación como garantías de las personas que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario durante un tiempo determinado; y

   (v) se remitió copia de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que brindaran la asesoría jurídica y el acompañamiento legal adecuado que llegaren a requerir las demandantes, para el cumplimiento de ese fallo, a efecto de materializar la eficacia de los derechos fundamentales.

   6.2. Auto 186 de 2017, proferido por la Sala Plena

   Inconforme con la decisión contenida en la Sentencia T-480 de 2016, el 30 de noviembre de 2016, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF solicitó se declarara su nulidad[66].

   Mediante Auto 186 de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió la solicitud de nulidad presentada, declarando la nulidad parcial de la T-480 de 2016, por configurarse la violación al derecho al debido proceso, bajo la causal denominada cambio de jurisprudencia, por desconocimiento de la sentencia de unificación 224 de 1998, en relación con la inexistencia de un contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar; así como de la jurisprudencia en vigor (línea jurisprudencial sostenida, uniforme y pacífica sobre el tema[67]); sin haber observado los requisitos que le permiten apartarse del precedente.

   Esto es, la Sala Plena concluyó que tal circunstancia conduce a la declaratoria de nulidad de la providencia T-480 de 2016, decisión con alcance parcial, toda vez que la Corte consideró que era necesario mantener el amparo del derecho de las 106 madres comunitarias a que se realicen los aportes faltantes al sistema de seguridad social, con el propósito de permitirles acceder a pensión, de conformidad con los términos de la legislación aplicable, en los siguientes términos:

14. En virtud de la anterior normatividad [Ley 100 de 1993, Ley 509 de 1999 y Ley 1187 de 2008], es claro entonces que a las 106 accionantes les asiste el derecho a la seguridad social en materia pensional con las especificaciones previstas en ese régimen jurídico especial. Al respecto, en providencia T-130 de 2015 la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de una madre comunitaria y, en consecuencia, ordenó al ICBF que realizara los trámites necesarios para cancelar a Colpensiones, fondo al cual estaba afiliada la accionante, los aportes faltantes al Sistema de Seguridad Social causados en un tiempo determinado.

15. Descendiendo al asunto sub examine, el Tribunal advierte que las 106 demandantes son sujetos de especial protección constitucional, por cuanto se verifican las siguientes condiciones especiales:

    15.1. Ser parte de un segmento situado en posición de desventaja, como por ejemplo, los sectores más deprimidos económica y socialmente. (…)

    15.2. Hallarse en el estatus personal de la tercera edad. (…)

    15.3. Afrontar un mal estado de salud. (…)

    En consecuencia, dada la situación de vulnerabilidad y desprotección en la que se encuentran todas las 106 demandantes y ante la ausencia del pago de los aportes pensionales que se hubieren causado entre el 29 de diciembre de 1988[68] y el 12 de febrero de 2014[69], para la Sala Plena resultó imperativo mantener la protección concedida a las 106 accionantes en el fallo T-480 de 2016, pero sólo en relación con los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital. Explicó la Corte que “dicho amparo no puede extenderse respecto del derecho al trabajo invocado por las demandantes, en la medida que como se ha dicho no se acreditó la existencia de una relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar”[70].

    En virtud de la protección iusfundamental mantenida en la decisión del Auto 186 de 2017, la Sala Plena ordenó al ICBF adelantar el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las ciento seis (106) demandantes relacionadas en la providencia T-480 de 2016, los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con lo establecido en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008, desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa, sin menoscabo de su petición por vía ordinaria.

    A la luz del precedente constitucional expuesto, la Sala Cuarta de Revisión analizará los casos concretos acumulados a la presente acción de tutela a fin de resolver los problemas jurídicos planteados.

7. Análisis de los casos concretos acumulados

   7.1. Primer problema jurídico:

   ¿Es aplicable la solución jurídica resuelta en la sentencia T-480 de 2016 como precedente constitucional, tal como lo solicitan las accionantes? Particularmente en cuanto a que si ¿existió relación laboral entre el ICBF y las 88 demandantes que desempeñaron la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado al referido programa, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?

   En primera medida, la Sala advierte que las accionantes solicitaron a esta Corporación que al amparar sus derechos fundamentales, declare la existencia de un contrato-realidad de trabajo entre ellas y el ICBF y, en consecuencia, ordene el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones, en aplicación del precedente determinado en la sentencia T-480 de 2016.

   Al respecto, la Sala precisa que el precedente constitucional vinculante en esa materia, ha de ser comprendido y aplicado acorde con la posición sentada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 186 del 17 de abril de 2017, que declaró la nulidad parcial de la sentencia T-480 de 2016. Así lo explicó la Corte:

   9.3. De conformidad con las reglas establecidas en el presente Auto relacionadas con los presupuestos que deben acreditarse para que se configure un cambio de jurisprudencia, es claro que los fallos T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001 y T-1029 de 2001 sí constituían precedente aplicable al asunto resuelto en la sentencia T-480 de 2016.

   (i) En efecto, los referidos pronunciamientos realmente componen una línea jurisprudencial en vigor sobre un determinado tema, esto es, la inexistencia de contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y, que el vínculo es de naturaleza contractual de origen civil.

   (ii) En oposición a lo anterior, en la sentencia T-480 de 2016 se determinó que entre el ICBF y las accionantes sí existió contrato de trabajo realidad durante un lapso específico, toda vez que, con ocasión de la observancia y aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, se encontraban reunidos los tres elementos esenciales del contrato realidad. Aunado a ello, en la providencia censurada tampoco se expuso razón alguna que diera cuenta del apartamiento de la mencionada línea jurisprudencial sostenida, uniforme y pacífica en la materia.

   (iii) En suma, este Tribunal encuentra que la Sala Octava de Revisión de esta Corporación vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que al proferir la tutela T-480 de 2016 también desconoció la jurisprudencia en vigor contenida en los fallos T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001 y T-1029 de 2001. (Negrilla fuera de texto original)

   Como ya se explicó, pese a que la realidad jurídica ha cambiado drásticamente desde el 12 de febrero de 2014, con la formalización del vínculo laboral entre las madres comunitarias, la Sala no puede aplicar la solución jurídica resuelta en la sentencia T-480 de 2016, en razón a la declaratoria parcial de nulidad contenida en el Auto 186 de 2017. En otras palabras, la Sala Cuarta de Revisión concluye que no resulta procedente extender la protección respecto del derecho al trabajo invocado por las demandantes, en la medida en que las accionantes -entre el 29 de diciembre de 1988 y el 12 de febrero de 2014- no lograron acreditar el elemento de subordinación (relación de dependencia o subordinación) como uno de los requisitos sine qua non que permite configurar la existencia de una relación laboral (contrato realidad) entre las madres comunitarias y el ICBF.

   No obstante lo anterior, en aplicación del precedente sentado por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto 186 de 2017 y en procura de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala advierte que en eventuales y futuras resoluciones de casos que involucren circunstancias fácticas y probatorias distintas a las que ahora son objeto de decisión en los asuntos acumulados, y en virtud de los efectos inter partes de esta providencia, los operadores judiciales podrán valorar la eventual existencia de contrato realidad entre el ICBF y las demás ciudadanas y ciudadanos que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario antes del 12 de febrero de 2014, con la estricta observancia de los elementos materiales de prueba a que haya lugar.

   Ahora bien, en lo que respecta a la protección de las 88 accionantes, en relación con los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, la Sala Cuarta de Revisión encuentra que la vulneración iusfundamental alegada por las demandantes específicamente se enmarca en la falta de pago de contribuciones pensionales causadas en un tiempo específico (desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa), por lo que resulta apropiado e imperativo la observancia del marco normativo que para esa época regulaba el sistema de seguridad social en pensiones de las madres comunitarias, lo cual será estudiado a continuación.

   7.2. Segundo problema jurídico:

   ¿Vulnera el ICBF los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital de G.S. (T-6.190.251); N.A.A. y otros (t-6.193.730); F.V.S. y otros (T-6.196.094); C.M.P. (T-6.201.064); M.E.G. y otros (T-6.203.162) y Á.P.G. y otros (T-6.208.901); ante la negativa de pagar, durante un tiempo prolongado, los aportes al sistema de seguridad social en pensión, en razón a la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?

   7.2.1. A partir de la reseña fáctica expuesta y de las pruebas que obran dentro del expediente, la Sala Cuarta de Revisión encuentra acreditado lo siguiente:

   En el expediente T-6.190.251

   NOMBRE

   CÉDULA DE CIUDADANÍA

   DESDE

   HASTA

   CERTIFICADO POR

   G.S.

   37.934.508

24. Jul. 1987

4. M.. 2004

   ICBF

   En el expediente t-6.193.730

   NOMBRE

   CÉDULA DE CIUDADANÍA

   DESDE

   HASTA

   CERTIFICADO POR

   1

   N.A.R. Rosado

   42.403.505

1. A..1997

   Julio. 2012

   ICBF

   2

   L. delS.M. de Mejía

   26.877.461

   Feb. 1995

   D.iembre. 2006

   ICBF

   3

   Yadis Mercedes Guerra Ustariz

   26.877.854

   Noviembre.1988

   Junio. 1992

   ICBF

   4

   Y.M.R.T.

   26.877.769

   Enero. 1998

   Marzo. 2006

   ICBF

   5

   A.M.M.M.

   42.403.512

9. Nov. 1984

15. D..2004

    ICBF

    6

    M.R.B.C.

    49.749.730

    Febrero. 1995

    Junio. 2009

    ICBF

    7

    D.L.R.A.

    49.742.226

2. Sep. 2002

14. Nov. 2007

    ICBF

    8

    A.M.P.P.

    26.877.812

1. Mar. 1997

9. D.. 2011

   ICBF

   9

   D.R.B.T.

   36.516.185

11. Ene. 1993

2. M.. 2000

   ICBF

   10

   M.R.M.G.

   42.404.498

   Octubre. 1997

   Marzo. 2012

   ICBF

   11

   F.M.B.A.

   42.403.628

   D.iembre.1988

   Enero. 2001

   ICBF

   12

   Caridad M.M.

   41.789.534

8. Nov. 1997

2. Sep. 2002

   ICBF

   13

   M.M.O.

   42.404.177

   A.. 2004

   Jun. 2009

   ICBF

   14

   R.P.Z.

   42.496.587

   Octubre.1982

   D.iembre.2000

   ICBF

   15

   Y.U.L.

   36.516.148

   Jul. 2003

   A.. 2010

   ICBF

   16

   N. delC.A.A.

   49.691.027

   1995

   1999

   Hogar

   17

   M.J.O.

   49.749.712

   1991

   Oct. 1995

   Hogar

   18

   L.C.N. de la Hoz

   22.590.133

   Jun. 2006

   Jun. 2007

   Hogar

   19

   M.Z.A.B.

   49.737.305

1. A.. 1997

18. Jun. 2005

    Hogar

    En el expediente T-6.196.094

    NOMBRE

    CÉDULA DE CIUDADANÍA

    DESDE

    HASTA

    CERTIFICADO POR

    1

    F.E.V.S.

    23.781.254

    Ene. 1997

25. A.. 2015

    Hogar

    2

    M.O.G.

    40.017.925

1. Jun.1997

   A.. 2015

   Hogar

   3

   S.P. de Cuervo

   23.271.965

8. Feb. 1988

15. Feb. 2012

    Hogar

    4

    M.A.C.C.

    40.023.942

18. Sep. 1988

1. A.. 2014

   Asopadres

   5

   E.M.R.

   24.078.440

2. Jun. 1987

   Enero. 2014

   Asopadres

   6

   Y.M.M.

   40.013.943

2. A.. 1985

   No Registra

   Asopadres

   7

   M.P.H.R.

   40.021.388

1. Feb.1997

31. M..2009

    Colpensiones

    8

    M.E.G.R.

    21.200.436

2. Oct. 1987

   Activa

   Asopadres

   9

   A.S.V.

   40.014.782

   Enero 1980

   Febrero 1996

   Declaración

   10

   M.E.G. de B.

   23.272.482

1. Jul. 1989

31. A.. 2010

    ICBF

    11

    M.I.T. de DeSalvador

    24.068.209

16. A.. 1988

1. Jun. 2010

   Asopadres

   En el expediente T-6.201.064

   NOMBRE

   CÉDULA DE CIUDADANÍA

   DESDE

   HASTA

   CERTIFICADO POR

   C.M.P.

   39.208.514

15. Sep. 2003

30. Ene. 2015

    Hogar

    En el expediente T-6.203.162

    NOMBRE

    CÉDULA DE CIUDADANÍA

    DESDE

    HASTA

    CERTIFICADO POR

    1

    M.E.G.R.

    40.025.746

2. A.. 1991

31. D.. 2015

    Asopadres

    2

    A.G.R.

    40.023.480

    1992[71]

    Activa

    Asopadres

    3

    M.E.M. de P.

    23.267.340

10. abr. 1988

31. Ene. 2004

    Asopadres

    4

    R.P.S.

    24.069.244

4. Feb. 1989

4. Feb. 2011

   Asopadres

   5

   M.R.N.C.

   23.544.417

4. Feb. 1989

4. Feb. 2011

   Asopadres

   6

   A.S.S. de Q.

   40.010.214

8. A.. 1989

   D.. 2003

   Declaración

   7

   R.M.A. de Molina

   23.262.903

25. Sep. 1989

27. Oct. 2000

    Asopadres

    8

    Blanca E.A. de A.

    23.399.349

18. Sep. 1989

30. Jun. 1998

    Asopadres

    9

    M.I.R.B.

    24.201.652

    15 años: No registra extremos

    Asopadres

    10

    M.E.S.C.

    40.022.878

2. A.. 1992

30. Sep. 2010

    Asopadres

    11

    M.C.V.M.

    40.014.590

    1988

    Enero. 2004

    Declaración

    12

    F.N.Y.V.

    51.624.451

11. Mar. 1997

11. A.. 2011

    Asopadres

    13

    Flor Avicena Sepúlveda

    40.008.629

    1989

    Enero. 2004

    Declaración

    En el expediente T-6.208.901

    NOMBRE

    CÉDULA DE CIUDADANÍA

    DESDE

    HASTA

    CERTIFICADO

    POR

    1

    Á.P.G. (2 periodos)

    60.317.036

7. Feb. 1997 Julio 2008

   D.. 2006

   D.. 2010

   Asopadres

   2

   A.L.R.V.

   60.442.353

5. Mar. 2004

   Activa

   Asopadres

   3

   G.S.H.A.

   60.400.179

2. Feb. 2001

   Activa

   Asopadres

   4

   Liliana Correa

   60.443.898

2. Feb. 2009

   Activa

   Asopadres

   5

   M.S.J.M.

   60.318.708

16. Mar. 1998

    Activa

    Asopadres

    6

    A.C.G.G.

    60.369.983

18. M.. 1995

    Activa

    Asopadres

    7

    Z.M.J.

    27.897.484

5. Mar. 2012

   Activa

   Asopadres

   8

   N.S.G.

   60.441.815

15. Mar. 2011

    Activa

    Asopadres

    9

    E.F.V.

    60.250.169

    Septiembre.1993

31. D.. 2003

    Asopadres

    10

    Feglei A.il Otálora

    60.378.740

10. A.. 2009

31. D.. 2015

    Asopadres

    11

    A.L.V.R.

    60.422.188

    Febrero. 1994

    D.iembre. 1994

    Asopadres

    12

    R.E.C.C.

    60.321.290

1. Mar. 1990

28. Feb. 2003

    Junta MC

    13

    B.P.P.

    27.673.304

2. A.. 1995 01. Ene. 2016

   D.iembre. 2015 31. Oct. 2016

   Asopadres

   14

   L.Y.P.S.

   27.897.796

22. Sep. 1989 01. Ene. 2016

    D.. 2015 31.Oct.2016

    Asopadres

    15

    E.L.

    63.321.180

5. Feb. 1995

5. M.. 2008

   Asopadres

   16

   A.A.S.

   60.422.498

   "durante el año 2001"

   Asopadres

   17

   C.A.L.S.

   60.440.671

   Febrero. 1996

   Junio. 1997

   Asopadres

   18

   M.L.S.

   60.252.670

   Julio. 1997

   Noviembre. 1999

   Asopadres

   19

   E.M.V.B.

   60.303.171

1. Nov. 1999

1. A.. 2003

   Asopadres

   20

   M.H.V.

   60.385.400

23. Feb. 2005

18. A.. 2011

    Asopadres

    21

    M.R.S. Prada

    28.677.803

11. A.. 1987

    D.iembre. 1992

    Asopadres

    22

    Blanca C.B.H.

    37.234.216

1. Oct. 1987

   D.iembre. 2001

   Asopadres

   23

   G.M.Q.J.

   60.275.018

2. Feb. 1992

10. Mar. 2013

    Asopadres

    24

    Blanca C.B.G.

    37.243.836

22. M.. 1995

24. Nov. 2006

    Asopadres

    25

    O.V.R.

    60.285.396

    1987

    1992

    Asopadres

    26

    G.F.G. (2 periodos)

    27.847.614

22. M.. 1995 18. A.. 2006

    Marzo. 2004 Febrero 2009

    Asopadres

    27

    M.C. de Peña

    60.250.790

    A.il. 1988

    A.il. 2003

    Asopadres

    28

    N.O.Z.

    60.365.348

1. A.. 1997

   Activa

   Asopadres

   29

   O.O.Z.

   60.400.263

19. feb. 2001

    Activa

    Asopadres

    30

    J.M.L.A.

    1.093.753.159

3. Jul. 2012

   Activa

   Asopadres

   31

   M.L.V.P.

   60.404.125

12. Feb. 1996

10. Feb. 2010

    Asopadres

    32

    R.B.H. (3 periodos)

    60.382.812

1. Nov. 1999 15 Sep. 2008 01 A.. 2011

15. A.. 2001 31 Mar. 2011 01 Feb. 2012

    Asopadres

    33

    C.E.C.Q.

    31.915.849

    2010

    2016

    Asopadres

    34

    E.M.R.C.

    (2 periodos)

    60.440.727

2. Feb. 2012 01. Ene. 2016

   D.iembre. 2015 31. oct. 2016

   Asopadres

   35

   Norida Y.S.O.

   1.093.736.612

17. Jul. 2007

    Activa

    Asopadres

    36

    Alba Luz Contreras Contreras

    60.422.762

1. Oct. 1995 30. Nov. 2004

1. Ene. 2006 31. D.. 2005

   Asopadres

   37

   N.S.C.

   1.093.734.128

   2004

   2007

   Asopadres

   38

   V.V.D.C.

   60.421.539

   Enero. 1989

   A.sto. 2004

   Asopadres

   39

   S.M.V.L. (2 periodos)

   60.441.048

1. Nov. 2000 01. ago. 2012

15. Ene. 2009 05. A.. 2015

    Asopadres

    40

    O.M.R.

    60.385.237

9. Mar. 2012

   Activa

   Asopadres

   41

   M.E.V.R.

   60.349.666

1. Sep. 1993

   Activa

   Asopadres

   42

   Blanca E.D.M.

   60.344.474

5. Feb. 2003

   2004

   Asopadres

   43

   E.R.T.

   60.379.174

1. A.. 2010

   Activa

   Asopadres

   7.2.2. La Sala encuentra que la vulneración iusfundamental alegada por las 88 demandantes específicamente se enmarca en la falta de pago de contribuciones pensionales causadas en un tiempo específico, por lo que resulta apropiado e imperativo la observancia del marco normativo que para esa época regulaba el sistema de seguridad social en pensiones de las madres comunitarias. Si bien para el lapso comprendido entre el 29 de diciembre de 1988[72] y el 12 de febrero de 2014[73] tanto la ley como la jurisprudencia no establecieron una relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, lo cierto es que el ordenamiento jurídico sí prevé el derecho a la seguridad social de las madres comunitarias bajo unas particularidades especiales, tal como se explicó en el fundamento jurídico N° 4 de esta providencia.

   En virtud de la anterior normatividad, en aplicación del derecho a la igualdad, es claro entonces que a las 88 accionantes se les podría extender excepcionalmente las especificaciones previstas en dicho régimen jurídico especial con el fin de garantizarles su derecho a la seguridad social en materia pensional. Al respecto, en providencia T-130 de 2015 la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de una madre comunitaria y, en consecuencia, ordenó al ICBF que realizara los trámites necesarios para cancelar a Colpensiones, fondo al cual estaba afiliada la accionante, los aportes faltantes al Sistema de Seguridad Social causados en un tiempo determinado.

   7.2.3. Descendiendo al asunto sub examine, la Sala observa que las 88 demandantes son sujetos de especial protección constitucional y se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desprotección ante la ausencia del pago de los aportes pensionales que se hubieren causado entre el 29 de diciembre de 1988[74] y el 12 de febrero de 2014[75].

   En consecuencia, para la Sala Cuarta de Revisión resulta imperativo conceder la protección a las 88 accionantes, pero sólo en relación con los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, tal como se explicó al resolver el primer problema jurídico.

   7.2.4. En virtud de la protección iusfundamental contenida en esta decisión, se ordenará al ICBF que adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las ochenta y ocho (88) demandantes relacionadas en esta providencia, los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con lo establecido en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008, desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa, sin menoscabo de su petición por vía ordinaria.

   Para efectuar lo anterior, sin más condiciones que las verificadas en esta providencia y en aplicación del precedente sentado por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto 186 de 2017, el ICBF deberá gestionar los trámites necesarios para que:

   · Las ochenta y ocho (88) accionantes sean reconocidas como beneficiarias del subsidio pensional previsto en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008. D.ha afiliación tendrá cobertura para el período comprendido desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al mencionado programa.

   · El Fondo de Solidaridad Pensional, en ejercicio de su deber legal, transfiera a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones -AFP- en la que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada una de las ochenta y ocho (88) demandantes según la legislación aplicable, los aportes pensionales faltantes al Sistema de Seguridad Social causados en el período comprendido desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Para tal efecto, se deberán observar las siguientes precisiones:

   (i) Dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las ochenta y ocho (88) accionantes, aunado al propósito de evitar cargas económicas desproporcionadas que generen mayores traumatismos y que obstaculicen la obtención de su pensión, y con la finalidad de que efectivamente se materialice plenamente la protección iusfundamental contenida en el presente pronunciamiento, para la Sala Cuarta de Revisión resulta razonable que el monto del subsidio pensional a reconocer y transferir no sea equivalente al 80% sino al 100% del total de las cotizaciones pensionales faltantes y causadas en ejercicio efectivo y comprobado de su labor de madre comunitaria, en el período comprendido entre la fecha en que se hayan vinculado como tales al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al mencionado programa.

   (ii) Esas cotizaciones pensionales faltantes deberán realizarse tomando como referencia el salario mínimo legal mensual vigente con la respectiva indexación en los casos en que hubiere lugar.

   (iii) En atención a las excepcionales y especiales circunstancias que rodean el presente asunto, se advierte que la transferencia de los recursos correspondientes al subsidio pensional que se realizará a las respectivas administradoras de pensiones con ocasión de esta decisión no causará intereses moratorios de ninguna índole.

   D.ho trámite administrativo (Esquema de financiamiento del subsidio pensional) fue ilustrado por la Sala Plena de esta Corporación, en el ya citado Auto 186 de 2017, de la siguiente manera:

   Una vez se efectúe lo anterior, cada una de las ochenta y ocho (88) accionantes podrán adelantar ante la correspondiente administradora de pensiones las gestiones pertinentes a fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales establecidos para ello. En la eventualidad en que alguna o algunas de ellas no reúnan las exigencias para acceder al referido derecho pensional, y si así lo llegaren a considerar, deberán seguir cotizando al sistema de seguridad social hasta que las cumplan a cabalidad, para lo cual, serán beneficiarias de todas las prerrogativas habidas en el ordenamiento jurídico para tal efecto, en especial, las establecidas en las Leyes 509 de 1999, 1187 de 2008 y 1450 de 2011.

13. Conclusiones

    La Sala concluye que el ICBF sí vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital de G.S. (T-6.190.251); N.A.A. y otros (t-6.193.730); F.V.S. y otros (T-6.196.094); C.M.P. (T-6.201.064); M.E.G. y otros (T-6.203.162) y Á.P.G. y otros (T-6.208.901); al negarse a pagar los aportes al sistema de seguridad social en pensión, a favor de quienes adelantaron la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa.

    En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión (i) En el Expediente T-6.190.251: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Civil Familia, de fecha 14 de febrero de 2017 que revocó el fallo del 4 de enero de 2017 proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, que declaró improcedente la acción de tutela; en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de la accionante G.S., revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo.

    (ii) En el Expediente T-6.193.730: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, de fecha 3 de febrero de 2017; en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:

    NOMBRE

    CÉDULA DE CIUDADANÍA

    FECHA NACIMIENTO

    1

    N. delC.A.A.

    49.691.027

26. M..1964

    2

    N.A.R. Rosado

    42.403.505

8. Mar.1963

   3

   L. delS.M. de Mejía

   26.877.461

1. Nov.1953

   4

   Yadis Mercedes Guerra Ustariz

   26.877.854

3. Jun.1964

   5

   Y.M.R.T.

   26.877.769

28. Oct. 1961

    6

    A.M.M.M.

    42.403.512

31. Jul.1955

    7

    M.J.O.

    49.749.712

30. Oct.1966

    8

    M.R.B.C.

    49.749.730

13. D.. 1972

    9

    D.L.R.A.

    49.742.226

28. Jul. 1968

    10

    A.M.P.P.

    26.877.812

20. Jun. 1962

    11

    D.R.B.T.

    36.516.185

23. Nov. 1966

    12

    M.R.M.G.

    42.404.498

29. Nov. 1978

    13

    F.M.B.A.

    42.403.628

4. Jun. 1968

   14

   Caridad M.M.

   41.789.534

12. Jun. 1959

    15

    M.M.O.

    42.404.177

17. M.. 1971

    16

    R.P.Z.

    42.496.587

31. Mar. 1952

    17

    L.C.N. de la Hoz

    22.590.133

3. Nov. 1978

   18

   Y.U.L.

   36.516.148

11. Jun. 1969

    19

    M.Z.A.B.

    49.737.305

26. Jun. 1962

    (iii) en el expediente T-6.196.094: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral, de fecha 3 de marzo de 2017, que revocó el fallo pronunciado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja; de fecha 25 de enero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:

    NOMBRE

    CÉDULA DE CIUDADANÍA

    FECHA NACIMIENTO

    1

    F.E.V.S.

    23.781.254

4. Ene. 1967

   2

   M.O.G.

   40.017.925

1. M.. 1957

   3

   S.P. de Cuervo

   23.271.965

   No Registra

   4

   M.A.C.C.

   40.023.942

   No Registra

   5

   E.M.R.R.

   24.078.440

21. A.. 1958

    6

    Y.M.M.

    40.013.943

8. D.. 1956

   7

   M.P.H.R.

   40.021.388

1. Ene. 1964

   8

   M.E.G.R.

   21.200.436

26. A.. 1953

    9

    A.S.V.

    40.014.782

4. Sep. 1960

   10

   M.E.G. de B.

   23.272.482

19. Mar. 1950

    11

    M.I.T. de DeSalvador

    24.068.209

28. M.. 1935

    En cuanto a la señora M.I.T. de DeSalvador, la Sala advierte que su eventual derecho a recibir la pensión de vejez por los casi 22 años en ejercicio de labores como madre comunitaria deberá prevalecer sobre el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a la que podría tener derecho. Así las cosas, en caso de que haya iniciado el trámite para su reconocimiento, Colpensiones deberá suspenderlo. En caso de que la señora Tenza de DeSalvador haya recibido la suma consistente al reconocimiento de la indemnización sustitutiva, Colpensiones no podrá exigirle la devolución de la suma recibida y, en su lugar, deberá descontarlo periódicamente, en procura de la garantía a su mínimo vital.

    (iv) En el expediente T-6.201.064: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento, de fecha 31 de enero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de la accionante C.M.P., revocando lo concerniente al amparo a su derecho al trabajo.

    (v) En el expediente T-6.203.162: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, de fecha 1º de marzo de 2017, que modificó el fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, de 24 de enero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:

    NOMBRE

    CÉDULA DE CIUDADANÍA

    FECHA NACIMIENTO

    1

    M.E.M. de P.

    23.267.340

20. Nov. 1945

    2

    R.P.S.

    24.069.244

6. Sep. 1950

   3

   M.R.N.C.

   23.544.417

19. A.. 1946

    4

    A.S.S. de Q.[76]

    40.010.214

17. Ene. 1954

    5

    R.M.A. de Molina

    23.262.903

18. M.. 1944

    6

    Blanca E.A. de A.

    23.399.349

3. abr. 1953

   7

   M.I.R.B.

   24.201.652

8. Oct. 1954

   De otra parte, revocará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, de fecha 1º de marzo de 2017, que modificó el fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, de 24 de enero de 2017, en cuanto a que declaró improcedente la acción de tutela; para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, decisión que cobija a las siguientes accionantes:

   NOMBRE

   CÉDULA DE CIUDADANÍA

   FECHA NACIMIENTO

   1

   M.E.G.R.

   40.025.746

15. Feb. 1966

    2

    A.G.R.

    40.023.480

6. Ene. 1963

   3

   M.E.S.C.

   40.022.878

10. Jul. 1963

    4

    M.C.V.M.

    40.014.590

    No Registra

    5

    F.N.Y.V.

    51.624.451

8. M.. 1961

   6

   Flor Avicena Sepúlveda

   40.008.629

27. Mar. 1957

    (vi) En el expediente T-6.208.901: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia, de fecha 29 de marzo de 2017, que confirmó el fallo pronunciado por el Juzgado Civil del Circuito de los Patios (Norte de Santander), de fecha 13 de febrero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:

    NOMBRE

    CÉDULA DE CIUDADANÍA

    FECHA NACIMIENTO

    1

    Á.P.G.

    60.317.036

6. D.. 1966

   2

   A.L.R.V.

   60.442.353

19. Feb. 1977

    3

    G.S.H.A.

    60.400.179

20. Jun. 1963

    4

    Liliana Correa

    60.443.898

8. A.. 1983

   5

   M.S.J.M.

   60.318.708

31. D.. 1964

    6

    A.C.G.G.

    60.369.983

18. A.. 1973

    7

    Z.M.J.

    27.897.484

11. Feb. 1970

    8

    N.S.G.

    60.441.815

19. A.. 1979

    9

    E.F.V.

    60.250.169

26. Oct. 1958

    10

    Feglei A.il Otálora

    60.378.740

8. A.. 1976

   11

   A.L.V.R.

   60.422.188

26. Jun. 1972

    12

    R.E.C.C.

    60.321.290

18. Oct. 1965

    13

    B.P.P.

    27.673.304

25. A.. 1964

    14

    Luz Y.P.S.

    27.897.796

25. Mar. 1971

    15

    E.L.

    63.321.180

5. M.. 1964

   16

   A.A.S.

   60.422.498

28. Mar. 1974

    17

    C.A.L.S.

    60.440.671

5. Jul. 1976

   18

   M.L.S.

   60.252.670

29. M.. 1961

    19

    E.M.V.B.

    60.303.171

26. A.. 1964

    20

    M.H.V.

    60.385.400

5. Feb. 1978

   21

   M.R.S. Prada

   28.677.803

7. Sep. 1943

   22

   Blanca C.B.H.

   37.234.216

11. Nov. 1950

    23

    G.M.Q.J.

    60.275.018

12. D.. 1959

    24

    Blanca C.B.G.

    37.243.836

22. Nov. 1957

    25

    O.V.R.

    60.285.396

10. Oct. 1959

    26

    G.F.G.

    27.847.614

13. D.. 1967

    27

    M.C. de Peña

    60.250.790

14. Jul. 1958

    28

    N.O.Z.

    60.365.348

17. Jul. 1974

    29

    O.O.Z.

    60.400.263

19. Feb. 1965

    30

    J.M.L.A.

    1.093.753.159

2. A.. 1990

   31

   M.L.V.P.

   60.404.125

12. Oct. 1970

    32

    R.B.H.

    60.382.812

15. Oct. 1977

    33

    C.E.C.Q.

    31.915.849

16. Jul. 1964

    34

    E.M.R.C.

    60.440.727

6. D.. 1976

   35

   Norida Y.S.O.

   1.093.736.612

13. Jun. 1986

    36

    Alba Luz Contreras Contreras

    60.422.762

28. A.. 1975

    37

    N.S.C.

    1.093.734.128

30. A.. 1985

    38

    V.V.D.C.

    60.421.539

17. M.. 1971

    39

    S.M.V.L.

    60.441.048

27. A.. 1977

    40

    O.M.R.

    60.385.237

1. Feb. 1978

   41

   M.E.V.R.

   60.349.666

10. Jul. 1972

    42

    Blanca E.D.M.

    60.344.474

10. Feb. 1970

    43

    E.R.T.

    60.379.174

10. Feb. 1977

    Consecuentemente, se ordenará al ICBF que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las ochenta y ocho (88) accionantes relacionadas en este proveído, los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres comunitarias, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada madre comunitaria.

En mérito de lo expuesto, la Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,