Sentencia de Tutela nº 130/17 de Corte Constitucional, 28 de Febrero de 2017

1. Solicitud y hechos

   La Flota Fluvial Carbonera S.A.S., a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por haberse inadmitido el recurso de apelación que formuló contra la sentencia del 31 de julio de 2013, proferida en el marco de un proceso ordinario laboral instaurado por el señor A.M.A.Á. y otros contra la empresa accionante. Basa su solicitud en los siguientes hechos:

   1.1. El señor A.M.A.Á. y otros presentaron demanda ordinaria laboral contra la Flota Fluvial Carbonera S.A.S y C.d.C.S., cuyo conocimiento correspondió, en un principio, al Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico. En virtud de la implementación de una serie de Acuerdos para la descongestión de los juzgados laborales de esa circunscripción, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura,[4] el conocimiento del expediente pasó al Juzgado 6º Laboral Adjunto de Barranquilla, llegó al Juzgado 2º Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla y finalmente retornó al Juzgado 6º Laboral del Circuito de la misma ciudad.

   1.2. Cuando el expediente estaba en cabeza del Juzgado 2º Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla, éste fijó la audiencia de juzgamiento para el 31 de julio de 2013 a las 5:50 pm, es decir, diez minutos antes de que se extinguiera el mandato legal que lo habilitaba para ejercer jurisdicción; lo cual le impidió a la parte accionante tener la posibilidad de examinar el expediente, conocer el contenido de la decisión y recurrirla.[5] Una vez estuvo de vuelta el expediente en el despacho de origen (Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla), éste avocó conocimiento y tuvo por ejecutoriado el fallo del 31 de julio de 2013; además ordenó proseguir con la liquidación de la obligación,[6] decisión contra la cual se presentó recurso de reposición por parte de la empresa tutelante.[7] El Juzgado resolvió reponerla parcialmente.[8]

   1.3. La empresa tutelante interpuso recurso de apelación contra el fallo del 31 de julio de 2013, dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto por medio del cual el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla, asumió conocimiento.[9] El recurso fue admitido en el efecto suspensivo por el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla,[10] tras considerar que la sentencia no se encontraba ejecutoriada, ya que la parte demandante había solicitado su aclaración. Posteriormente, el recurso fue inadmitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla con fundamento en que fue presentado extemporáneamente. La ejecutoria de la decisión, se consideró, corrió los primeros tres días hábiles de agosto y no se presentó situación de interrupción o suspensión de los términos, además sobre los interesados recaía la carga de ubicar el expediente.[11] También consideró que la parte demandante no había solicitado aclaración de la sentencia, sino su corrección, la cual pidió cuando la sentencia ya había cobrado firmeza. La accionante presentó recurso de reposición contra esta decisión, el cual fue resuelto en forma negativa.[12]

   1.4. Considera que el Tribunal accionado, al inadmitir el recurso de apelación, desconoció los efectos propios de la supresión de las medidas de descongestión, el consecuente cierre del juzgado y la necesidad de desplazar el expediente al juzgado de origen, lo cual le impidió recurrir el fallo en tiempo, pues éste no estuvo a disposición de las partes dentro del término de la ejecutoria. En este sentido, solicita dejar sin efectos las siguientes decisiones judiciales: (i) auto del 03 de noviembre de 2015, que inadmitió el recurso de apelación propuesto contra la sentencia del 31 de julio de 2013; (ii) auto del 02 de febrero de 2016, que rechazó de plano el recurso de reposición propuesto contra el auto del 03 de noviembre de 2015; (iii) auto del 23 de mayo de 2016, que rechazó de plano el recurso de reposición propuesto contra el auto del 02 de febrero de 2016.

2. Contestación de la demanda[13]

   2.1. Respuesta individual del ciudadano O.J.B.P.[14]

   Uno de los demandantes en el proceso ordinario laboral consideró que la tutela de la referencia es temeraria, sin decir porqué. Alegó además que no se han agotado los recursos ordinarios, pues “(…) el a-quo no ha obedecido todavía lo resuelto por el Tribunal, y no le ha dado traslado de la nulidad a la parte demandada, hoy accionante”.[15]

   2.2. Respuesta conjunta de los ciudadanos O.J.B.P. y R.P.P.[16]

   Para estos dos demandantes en el proceso ordinario, las normas procesales son de orden público, por lo que no pueden ser derogadas, suspendidas o modificadas a raíz de la implementación de un Acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura. Así, consideran que el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico, no debió admitir el recurso de apelación formulado contra la sentencia del 31 de julio de 2013, pues no justificó por qué la expedición del Acuerdo No. PSAA13-99-62 suspendía los términos hasta que avocara conocimiento nuevamente. Por el contrario, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico, se pronunció con “ecuanimidad, con imparcialidad, con argumentos (lo que no hizo el juez) y demostró de manera sencilla y clara, porqué razón la sentencia proferida el 31 de julio de 2013 había adquirido firmeza material y formal”.[17] Manifiestan que no se pueden revivir los términos para prolongar un proceso que ya lleva más de diez años en litigio, tiempo durante el cual los trabajadores, muchos adultos, han esperado una pronta y cumplida justicia.

3. Decisiones judiciales objeto de revisión

   3.1. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[18] decidió amparar los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, resolvió dejar sin valor y sin efecto la providencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 3 de noviembre de 2015, dentro del proceso ordinario laboral promovido por A.M.A.Á. y otros contra la empresa accionante, junto con las actuaciones que se desprendan de ella. Ordenó al Tribunal accionado que realice todos los trámites tendientes a dictar una nueva decisión, en la que se resuelva de fondo sobre el asunto debatido, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia de tutela. Consideró que la aplicación de las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, no puede ir en detrimento de los derechos de las partes. Según el criterio del juez de instancia, la providencia acusada es una clara vía de hecho, pues la accionante no conocía ante qué juzgado continuaba el trámite y sin este conocimiento no podía formular el recurso de alzada. Indicó que esta omisión no puede considerarse superada con el auto proferido el 31 de julio de 2013, porque “al ser de cúmplase, no fue notificado a las partes, a mas que su contenido denota que lo que contiene es una orden al secretario”.[19] Por último precisó que: “en una evidente tensión entre el derecho de defensa que le asiste a las partes y el aparente respeto por las formas procesales, que fue el pilar sobre el cual el despacho accionado soportó su negativa, debe primar aquel cuando, como en el presente evento, resulta indiscutible que se presentaba una imposibilidad a las partes para acceder al expediente”. [20]

   3.2. Los señores O.B.P. y R.P.P., por medio de apoderado judicial, impugnaron el fallo del juez de primera instancia. Consideraron que en el trámite de tutela, el juez de instancia no fue garante de los derechos de los accionados, pues se fijó un plazo de un día para rendir informe sobre los hechos expuestos en la tutela, sin consideración a que los 22 demandantes dentro del proceso ordinario laboral viven en distintos municipios. Por otra parte, manifestaron que la defensa de la empresa accionante no acudió a la Audiencia de Juzgamiento que se llevó a cabo el 31 de julio de 2013, y que fue esta conducta la que les impidió recurrir en tiempo la providencia acusada. Por último, precisaron que los términos procesales son perentorios y de orden público, por lo que no pueden estar sujetos al capricho de las partes. En este sentido, los demandantes en su impugnación señalaron que la providencia judicial acusada no incurrió en defecto alguno que amerite la intervención del juez constitucional.

   3.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar el fallo de tutela impugnado.[21] Consideró que era razonable conceder el término adecuado a la persona cuyo derecho fundamental al debido proceso había sido violado, para que pudiera presentar el recurso de apelación desde cuando se avocó conocimiento por el Juzgado de origen, que prosiguió con el trámite del proceso ordinario laboral adelantado y fallado por el extinto juzgado laboral de descongestión.

1. Competencia

   La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia.

2. Cuestión previa, examen de procedibilidad bajo las reglas de la acción de tutela contra providencias judiciales

   Previo a adentrarse en el problema jurídico que plantea el asunto, la Sala debe revisar si la tutela solicitada cumple con los requisitos de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales. Al respecto, desde el inicio de sus labores, al examinar la constitucionalidad del decreto que regula las competencias en materia de la Acción de Tutela, la jurisprudencia constitucional sostuvo que, la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede en aquellos casos “en que se haya incurrido en una vía de hecho”.[22] Se distinguen entonces dos tipos de requisitos, aquellos referidos a las cuestiones de procedibilidad (requisitos de procedibilidad) y aquellos relacionados con el fondo del asunto que determinan si se debe conceder la protección de tutela (causales de procedencia). Esta posición fue unificada y consolidada en el año 2005, con ocasión de una acción pública de constitucionalidad,[23] en la que dijo: “[…] los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad […]”.[24] Por lo tanto, la función de la acción de tutela cuando se adelanta contra providencias judiciales o actos administrativos, no es la de restringir el legítimo espacio de deliberación y disentimiento judicial, sino el de evitar que los jueces de la República profieran decisiones arbitrarias o irrazonables “en abierta o abultada contradicción”[25] con el orden constitucional y legal vigente.

   2.1. La Corte ha identificado los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuyo cumplimiento determina si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela. Estos requisitos han sido enumerados por la Corporación así:[26]

   1. Que el tema sujeto a discusión sea de evidente relevancia constitucional.[27]

   2. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental,[28] o de un sujeto de especial protección constitucional que no fue bien representado.[29]

   3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez.[30]

   4. En el evento de hacer referencia a una irregularidad procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

   5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[31]

   6. Que no se trate de sentencias de tutela.[32]

   2.2. El presente asunto cumple con todos los requisitos generales exigidos. a) El tema ventilado es la supuesta vulneración del derecho al debido proceso como efecto de la imposibilidad de acceder al recurso judicial efectivo, en razón a una serie de obstáculos interpuestos por la administración judicial: la hora en que se falló (10 minutos antes del cierre de la hora judicial), el pasar a un despacho indeterminado, las dificultades para acceder al expediente; todo lo que resulta en un asunto de relevancia constitucional. b) Se agotaron todos los medios judiciales disponibles por el accionante, pues solo estaba disponible la reposición del auto que inadmitió la apelación, y el mismo fue rechazado. c) El auto del 2 de febrero de 2016 fue aquel que negó la reposición de la decisión impugnada, y la tutela se presentó el día 9 de junio de 2016, lo cual quiere decir que transcurrió un tiempo que resulta razonable dadas las complejidades del proceso. d) El asunto versa sobre la inadmisión del recurso de apelación como efecto de la interpretación del Tribunal sobre la aplicación de los términos en el caso concreto. e) La accionante identificó en el debate judicial los elementos fácticos y los derechos constitucionales vulnerados en el asunto que ahora se reclaman por tutela. Y f) la decisión impugnada es un auto que niega el recurso de apelación sobre una decisión laboral, no se trata de una tutela contra un fallo de tutela.

3. Problema Jurídico

   3.1. Como se indicó, una vez un J. de tutela verifica que está ante una providencia judicial puede ser objeto de revisión por su parte (esto es, que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad), debe considerar si en efecto se materializó una violación contra el derecho al debido proceso (esto es, que se verificó al menos una de las causales “especiales”, o “causales de procedibilidad propiamente dichas”).[33] De acuerdo con la Sala Plena de la Corporación (C-590 de 2005), los defectos en materia del derecho constitucional al debido proceso en que una providencia judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto orgánico;[34] (ii) defecto procedimental;[35] (iii) defecto fáctico;[36] (iv) defecto material y sustantivo;[37] (v) error inducido;[38] (vi) decisión sin motivación;[39] (vii) desconocimiento del precedente;[40] (viii) violación directa de la Constitución. Son varios los casos en los que se ha desarrollado esta jurisprudencia,[41] así como los casos en los que se ha reiterado recientemente.[42]

   3.2. En el presente caso se aborda un problema jurídico relativo a un defecto por exceso ritual manifiesto, que puede plantearse así: ¿cometió una violación al debido proceso por exceso ritual manifiesto el Juez que negó la admisión del recurso de apelación, al aplicar el término ordinario de ejecutoria de la decisión, sin tomar en cuenta que la sentencia fue proferida por un juzgado de descongestión el último día de sus funciones y en consecuencia, durante los días siguientes, no hubo certeza sobre el juzgado competente sino hasta que se profirió el auto de avocar conocimiento? Para responder este problema, la Sala se ocupará del estudio de los siguientes temas: i) El acceso al expediente y el derecho de defensa en el caso concreto, y ii) el exceso ritual manifiesto en el caso concreto, para luego referirse a i) la orden a impartir.

4. Causales de procedencia de la tutela contra decisión judicial

   4.1. Desde el comienzo de siglo XXI, la Corte decantó su jurisprudencia respecto de las situaciones en que una acción de tutela sirve como medio de protección contra providencias judiciales. Así, el concepto de “violación flagrante y grosera de la Constitución”, dio pasó a una serie de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que describen de forma más precisa los ámbitos de protección reconocidos. De esta manera se buscó superar el equívoco término de “vía de hecho”. En la sentencia T-774 de 2004 (MP M.J.C.E.) se describe este punto de la siguiente manera:

   “(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’[4] En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.”[43]

   Como se dijo, este desarrollo jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar el uso de la expresión vía de hecho por la de ‘causales especiales de procedencia’.

   4.2. Para el caso bajo estudio, la causal especial invocada es el denominado defecto procedimental, que tiene soporte en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política referentes a los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. A su vez, según lo ha determinado la Corporación ha identificado dos modalidades de defecto procedimental: (i) Absoluto, en el que el juez, al desconocer completamente el procedimiento legal, profiere un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales.[44] Este defecto se produce bien sea porque: a) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto,[45] b) porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso.[46] Y (ii) un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario utiliza argumentos puramente formales, que se convierten en un impedimento para hacer efectiva una garantía judicial y en consecuencia sobreviene una denegación de justicia o una afectación significativa del derecho fundamental.[47]

   4.3. En el asunto bajo estudio, el defecto procedimental argumentado se da por un exceso ritual manifiesto, en el que habría incurrido el juez colegiado al declarar improcedente por extemporáneo el recurso de apelación presentado (el 13 de noviembre de 2013), por contabilizar los términos para presentar el recurso de apelación a partir del día en que se profirió la sentencia (el 31 de julio de 2013) y no tomar en consideración que el mismo día en que dictó su sentencia el juzgado de Descongestión cesaron sus funciones, de tal manera que la sentencia no fue conocida por las partes – que no estuvieron presentes en la audiencia- ni pudo ser conocida sino tiempo después, hasta el 6 de noviembre de 2013, cuando el Juzgado 6º Laboral del Circuito avocó conocimiento del proceso, y puso a disposición de las partes el expediente.

   4.4. En suma, el asunto sometido a consideración controvierte una providencia judicial por considerar que con ella se cometió un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Procede la Sala a examinar si en el caso concreto la decisión judicial impugnada violó los derechos fundamentales de la accionante por la aplicación de una regla de procedimiento sin tener en cuenta las circunstancias fácticas del proceso.

5. Sobre el derecho a acceder al expediente

   Conocer el expediente es un elemento constitutivo del debido proceso, condición necesaria para el ejercicio del derecho de defensa y componente del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia. Este derecho, sujeto a restricciones razonables y proporcionales como cualquier otro derecho, encuentra sustento en la Constitución y en el Bloque de Constitucionalidad. Enterarse de las razones por las cuales una persona es investigada por una autoridad pública o ha sido demandada judicialmente constituye un presupuesto para ejercer los derechos de contradicción y defensa, ya que sólo de esta forma puede diseñar una estrategia para controvertir las imputaciones en su contra, decidir cuáles son los aspectos probatorios relevantes con el fin de afrontar una controversia, o hacer las precisiones pertinentes sobre un determinado asunto. En este sentido es apenas natural que para ejercer plenamente sus derechos el implicado deba conocer las razones por las cuales es llamado a un proceso y las diligencias que dentro del mismo se han adelantado. Y para ello, la forma usual de conocer las diligencias es teniendo acceso al expediente, donde están signadas las razones por las cuales alguien considera que tiene derecho a algo y activa el aparato judicial del Estado.

   5.1. Para la Corte Constitucional, el acceso al expediente es un derecho para todos los trámites judiciales, con especial atención a aquellos de carácter penal. El acceso al expediente es un derecho que hace parte del debido proceso en tanto éste comprende cualquier tipo de actuación, sea esta judicial o administrativa, como lo prevé el artículo 29 Superior.[48] Pero más aún, esa facultad constituye un componente básico del derecho de acceso a la administración de justicia, inspirado en el principio según el cual, salvo las excepciones que establezca la ley, las actuaciones de los jueces son públicas y permanentes, en ellas prevalece el derecho sustancial y tienen como norte la búsqueda de la verdad material, como ya ha tenido oportunidad de explicarlo esta Corporación. Se trata de un derecho expresamente reconocido por la jurisprudencia constitucional,[49] que ha evolucionado en su amplitud de protección de forma importante incluso en materia penal,[50] y que tiene desarrollo expreso también en la legislación.[51]

   5.2. El derecho de acceder al expediente supone que el conocimiento del mismo debe ser integral, porque de lo contrario no podría ejercerse en toda su dimensión el derecho de defensa del implicado, ni el derecho al trabajo de quien lo representa, y, por el contrario, sería altamente nocivo no sólo para sus intereses, sino también para los de la administración de justicia en su tarea por alcanzar la verdad y hacer prevalecer el derecho sustancial. Por supuesto, este derecho puede ser sometido a restricciones razonables y proporcionadas, fundadas en la ley. Por eso, el derecho de acceso a las diligencias judiciales puede ser objeto de restricciones como lo reconoce la propia Constitución para aquellos casos en los cuales el legislador así lo disponga,[52] atendiendo objetivos constitucionalmente admisibles, como la necesidad de no entorpecer la actividad judicial, afectar la práctica de pruebas, poner en riesgo la integridad de algunos sujetos u obtener un pronunciamiento judicial inocuo, entre otras razones.

   5.3. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en adelante Corte IDH -al interpretar lo establecido por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha manifestado que, si bien el Estado debe ceñirse a los límites legales con respecto al desarrollo de los procedimientos, para así conservar la seguridad jurídica, también debe enfocarse en la protección de los derechos fundamentales de la persona humana. Así, en el Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, la Corte IDH determinó que se presentaron diferentes situaciones en las que se le impidió a la procesada que el derecho a su defensa se desarrollara de manera adecuada, por ejemplo:

   “La escasa posibilidad de presentar pruebas de descargo durante el proceso seguido en el fuero militar han quedado demostradas en este caso (supra párr. 88.27). Efectivamente, la presunta víctima no tuvo conocimiento oportuno y completo de los cargos que se le hacían; se obstaculizó la comunicación libre y privada entre la señora L.B. y su defensor; los jueces encargados de llevar los procesos por traición a la patria tenían la condición de funcionarios de identidad reservada o "sin rostro", por lo que fue imposible para la señora L.B. y su abogado conocer si se configuraban causales de recusación y poder ejercer una adecuada defensa; y el abogado de la presunta víctima sólo tuvo acceso al expediente el día anterior a la emisión de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de la defensa fueron meramente formales. No se puede sostener que la presunta víctima contara con una defensa adecuada.” [53]

   5.3.1. De igual manera, en el caso Barreto Leiva vs Venezuela, la Corte determinó que se había vulnerado “[...] El derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2.c de la Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra”.[54] Lo anterior, puesto que en el proceso no se notificó previamente a la presunta víctima los delitos que le iban a imputar, sino que el procesado tuvo acceso al expediente únicamente desde el momento en el que fue privado de su libertad.

   5.3.2. Reiterando esta posición, en el caso B.R. y otros vs Panamá,[55] la Corte IDH determinó que estas reglas no son exclusivas del proceso penal, sino que: “En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos”.

   5.3.3. Es por lo tanto claro que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, - parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto-, ha sido interpretada por el órgano autorizado en el sentido de que cualquier persona que esté sometida a un proceso debe tener acceso a su expediente, como condición indispensable para hacer efectivas las garantías del debido proceso, en particular el derecho a controvertir una decisión judicial. Para la Corte IDH, la limitación de acceso al expediente, impide saber ante quién se debe interponer el recurso, durante qué periodo de tiempo se puede interponer o por qué razón se va a interponer este, lo cual convertiría cualquier recurso de impugnación, en uno ilusorio, una mera formalidad incapaz de producir un efecto útil, y, en segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, se estaría violando al imputado, el derecho fundamental al debido proceso, en varias de sus dimensiones.

   5.4. En el presente caso, una vez cesaron las funciones del Juzgado 2º de Descongestión Laboral, -que tenía a su cargo el proceso-, el expediente, que incluía la providencia dictada el último día de funciones, (esto es el 31 de julio de 2013) fue remitido al juzgado 01 Laboral del Circuito de Barranquilla, pero solo el 2 de noviembre de ese año, el juzgado 06 Laboral notificó el auto por el cual avocó conocimiento del proceso. Esto significa que, durante los días consecutivos a la fecha en que se profirió la sentencia, y especialmente durante los tres días siguientes que eran el término para presentar la apelación, no existía una autoridad judicial determinada ante la cual podría allegarse una solicitud para acceder al expediente, revisar la sentencia, los demás documentos que en ella obraban y solicitar las copias a que hubiera lugar a fin de instruir una posible apelación.

   5.4.1. La sentencia fue proferida en una audiencia a la que no asistió la parte demanda y se notificó por estrados, de tal manera que la única forma de conocer su contenido era solicitar al juez que la dictó, tener acceso al expediente. Sin embargo, el juez que la profirió cesó sus funciones, y el expediente fue remitido a un juzgado que nunca asumió competencia sobre el mismo, y quien lo asumió, el juez 6º, solo avocó conocimiento del expediente en el mes de noviembre. Pese a ello, el Tribunal inadmitió la apelación, por no haberla presentado dentro de los tres días siguientes al fallo. En consecuencia, la notificación de la decisión, indispensable para que opere la ejecutoria de la misma no fue efectiva.

   Al respecto, como bien lo sostuvo la Corte Suprema actuando como juez de tutela en el presente asunto: “La notificación de las decisiones, no es un acto meramente formal y desprovisto de razón sino que, por el contrario, ella viene impuesta por el principio de publicidad cuyo objetivo es que las partes y terceros en contienda tengan conocimientos de las decisiones que dentro del trámite adopten las autoridades judiciales”[56] y en el presente caso, el expediente solo estuvo disponible cuando el juzgado 6º notificó a las partes que avocaba conocimiento del proceso y en consecuencia, era él la autoridad a quien debían acudir para acceder al expediente y conocer la decisión.

   5.4.2. La situación excepcional del caso que se estudia, evidentemente no fue prevista por el legislador a la hora de enlistar las causales de interrupción y suspensión del proceso, y fue esta la razón para que el Tribunal inadmitiera la apelación. Pero es claro que la finalización de la medida de descongestión, el mismo día y momento en que se profirió la sentencia, generó una incuestionable indefinición legal, que restringió el acceso al expediente, en particular dentro de los días inmediatamente posteriores. Por tanto, exigir del condenado la presentación de la impugnación en los tres días siguientes, sería desconocer abiertamente el sentido del derecho a la contradicción y a la defensa, así como vaciar de contenido la garantía de la doble instancia en materia laboral.

   5.4.3. Las medidas de descongestión judicial, tan útiles y necesarias para superar las dificultades de la justicia, no pueden convertirse en una dificultad adicional para lograr la justicia material, ni mucho menos, en herramientas que despojen de seguridad jurídica a los procesos y conviertan el trasegar de un expediente en un laberinto kafkiano en el que los retrasos y las indefiniciones vayan en contra de los ciudadanos. Los derechos fundamentales, y entre ellos las garantías propias del debido proceso, están por encima de cualquier dificultad procedimental que pueda surgir como efecto de una medida de descongestión, y esa debe ser la razón de la decisión de toda autoridad judicial, garantizar la seguridad jurídica y el pleno ejercicio de los derechos de las partes en un proceso judicial.

   5.5. En conclusión, para esta Corte las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, por las cuales se concedió el amparo constitucional al accionante, responden efectivamente a la necesidad de proteger el derecho al debido proceso de la accionante y se acompasan con la jurisprudencia en materia de tutelas contra decisiones judiciales. En el caso concreto, la inadmisión del recurso de apelación bajo el argumento de que el mismo resultaba extemporáneo por no haberse presentado dentro de los 3 días posteriores al fallo, constituye una transgresión al debido proceso, en la categoría de vicio fáctico por exceso ritual manifiesto, al haber aplicado una norma procedimental sin tener en cuenta las circunstancias del caso, en particular el hecho de que como efecto de la terminación de la medida de descongestión del juzgado que dictó la sentencia, desde el día siguiente a haberse proferido y hasta el 6 de noviembre de 2013, no existió seguridad jurídica respecto de la autoridad judicial a cargo del proceso, el acceso al expediente estaba limitado y en consecuencia, el derecho de defensa y contradicción no podían ejercerse a plenitud. El derecho al debido proceso, en sus dimensiones de derechos de acceso al expediente, de contradicción, de defensa y de doble instancia en materia laboral.

6. La providencia judicial controvertida incurrió en exceso ritual manifiesto

   6.1. Una de las sentencias fundadoras de la línea sobre exceso ritual manifiesto es la T-1306 de 2001, en la cual se dijo que si bien los jueces deben regirse por un marco jurídico preestablecido en el que se solucionen los conflictos de índole material que presentan las partes, no lo es menos que “si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material”. En esa sentencia, se definió el exceso ritual manifiesto como “aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material”.[57] Posteriormente, en 2003, en un caso en que el juez aplicó una regla procedimental en contravía de las circunstancias del caso sostuvo la Corte:

   “(…) aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho material emerge clara y objetivamente su existencia.” [58]

   6.2. Así, es claro para la Corte que el modelo constitucional que impera en Colombia, deja en los hombros de los jueces la misión de ejercer la justicia y para ello los dota de un amplio margen de apreciación en la valoración de las pruebas y en la interpretación del derecho. El Juez, en el caso concreto, es el llamado a valorar cómo se han de aplicar los diferentes referentes jurídicos aplicables de forma armónica y coherente, según los hechos específicos que se hayan valorado. Por supuesto, dicha apreciación no resulta proporcional cuando su ejercicio supone el sacrificio significativo de principios o derechos constitucionales importantes, como sucede, por ejemplo, con una interpretación formalmente restrictiva de la prevalencia de los derechos sustantivos en litigio desconociendo que en las decisiones independientes de la justicia, “prevalecerá el derecho substancial” (art. 228 CP) y se debe respetar que la Constitución es “norma de normas” (art. 4 CP). El principio de la prevalencia del derecho sustancial ha sido sostenido por esta Corte desde su jurisprudencia temprana, y rige tanto para los procedimientos administrativos como para los judiciales, de tal manera que las reglas procedimentales, cuya importancia no se pone en duda, no pueden aplicarse de forma tal que se conviertan en barrearas para lograr la justicia material, o como el caso en concreto, que atropellen los derechos de quien pretende defenderse en un proceso.[59]

   6.3. Uno de los objetivos del derecho procesal es la realización de los derechos sustanciales y la garantía de imparcialidad y equilibrio en el proceso. No obstante, cuando la aplicación de la norma va en contravía de dicho objetivo, pierde su sentido y el juez debe dar prevalencia a la protección de los derechos afectados. De otra forma, el juez puede incurrir en un defecto procedimental que amenace los derechos en juego. La Corporación ya ha sostenido que la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio no puede servir al propósito de hacer que las ritualidades procesales se conviertan en un fin en sí mismas, pues la prevalencia del derecho sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos de las partes y demás intervinientes en los procesos.[60]

   6.4. Esta Corporación precisó que puede “producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las formas” se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos. Igualmente, la jurisprudencia constitucional se ha referido al defecto por “exceso ritual” en eventos en los cuales el juez vulnera el principio de prevalencia de derecho sustancial o el derecho al acceso a la administración de justicia por: (i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.[61]

   6.5. Estas reglas han sido reiteradas y aplicadas en diversas ocasiones por la Corte Constitucional,[62] y en el presente asunto se ajustan claramente a lo sucedido. En el presente caso el Tribunal Superior, al estudiar el recurso de apelación presentado, consideró que el mismo era extemporáneo por cuanto “la sentencia de primera instancia se encontraba debidamente ejecutoriada, ya que se profirió el día 31 de julio de 2013, sin que las partes hubiesen hecho uso del recurso de apelación que contra ella procedía, luego entonces, al haber cobrado ejecutoria el día 5 de agosto de 2013, (…)”.[63] Frente al alegato de la apelante respecto de no haberse surtido la ejecutoria sino a partir del momento en que se notificó haber asumido conocimiento por parte del Juzgado 6º Laboral del Circuito, el Tribunal rechazó el argumento, asumiendo que las conocían el lugar al que fue remitido al expediente y que dicha remisión operó a cabalidad desde el mismo momento en que se profirió la sentencia. Al respecto sostuvo el tribunal:

   “Tal razonamiento no resulta ajustado a derecho, toda vez que esta, desde el inicio del juicio conocía que la competencia fue radicada en el Juzgado Sexto Laboral del circuito de esta ciudad, despacho judicial este, que atendiendo lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, dispuso la remisión del expediente para descongestión. (…) Por tanto, no encuentra la Sala justificable esperar para tener acceso a un expediente en el cual se profirió sentencia, que el funcionario judicial profiriera alguna decisión en este, como lo expone la apelante.” [64]

   Posteriormente, el Tribunal rechazó de plano el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de inadmitir la apelación, cerrando definitivamente la posibilidad de controvertir la decisión.

   6.6. En el asunto examinado el Tribunal tomó, entre otras, dos decisiones importantes: (i) Aplicó la disposición procesal del término de ejecutoria, (que evidentemente se opone a la vigencia del derecho constitucional a ejercer los recursos para controvertir la decisión) pese a que su deber constitucional e incluso legal (art. 48 del CPTSS), es el de adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes. (ii) Exigió a la parte accionante el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, cual es haber presentado el recurso de apelación en los tres días siguientes a la fecha en que se profirió la sentencia, sin tener en cuenta las circunstancias del caso. (iii) Constituyó una carga excesiva y difícil de cumplir, puesto que no existía seguridad jurídica alguna del juzgado al que había sido remitido el expediente, como efecto de la terminación de funciones del Juzgado de descongestión. Por un lado, el acta de entrega se dirigía al Juzgado 1º y no al Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla, donde inició el proceso y, por el otro, el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura ordenaba remitir el proceso al juzgado de origen o en su defecto, al que determinara el Consejo Seccional. En tales circunstancias exigir del accionante que tuviera plena certeza sobre un asunto que claramente estaba indefinido, es una exigencia irreflexiva. El accionante no conocía la sentencia, por lo tanto no estaba en la posibilidad de saber si había o no argumentos en dicha decisión respecto de los cuales quisiera oponerse, además, no había ninguna certeza sobre cuál era el Juez competente, por lo tanto, el accionante no tenía argumentos para saber si debía o no apelar, y tampoco podía saber quién era el J. a quien dirigir sus solicitudes y recursos. Exigir a la parte afectada por una decisión judicial que interponga recuso de apelación sin conocer siquiera la decisión y sin saber ante qué Juez debe actuar, es claramente contrario al debido proceso.

   6.7. Además, la jurisprudencia constante de la Corte, incluida la Sentencia de Unificación SU-770 de 2014, ha sostenido, que la tutela del derecho al debido proceso, se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos, que constatan una afectación material y no solo formal, a saber: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales.[65] Todo ello sin perjuicio de que, según la jurisprudencia de esta Corte en ciertos casos el juez de tutela deba guardar un respeto extraordinario hacia el juez ordinario, mucho más riguroso que lo normal, por estar en juego, no solo los derechos de las personas involucradas a tener un juez natural, sino el adecuado y armónico funcionamiento de las diferentes ramas del poder público. [66]

   6.8. Evidentemente el caso bajo estudio se amolda a la perfección en los requerimientos que esta Corporación exige para conceder la protección. (i) El auto dictado el 3 de noviembre de 2015 por el cual el Tribunal Superior niega la admisión del recurso de apelación, no admite recursos. Esa fue justamente la razón para que se rechazará de plano el recurso de reposición interpuesto por el accionante en auto del 2 de febrero de 2016. Por lo tanto, no existe posibilidad jurídica para corregir la irregularidad. (ii) La aplicación de la regla sobre el plazo de ejecutoria de la sentencia de primera instancia es la razón por la cual el Tribunal consideró que el recurso de apelación se había presentado de forma extemporánea y en consecuencia negó la admisión de la demanda. (iii) Las circunstancias que dieron lugar a la fecha de interposición de la apelación fueron manifestadas por la accionante y rechazada por el Tribunal, tanto en la consideración de la admisibilidad de la apelación como en el auto que rechazó la reposición sobre su decisión. (iv) Como consecuencia de todo lo anterior, es claro que se presentó, como lo corroboró la Corte Suprema de Justicia, una vulneración de los derechos al debido proceso de la accionante.

   6.9. Según se plantea en la acción, la decisión del juez colegiado al estudiar la procedencia del recurso se fundamentó en que “al haber cobrado ejecutoria el 5 de agosto de 2013” no debía concederse la apelación de la sentencia y se apartó de toda consideración respecto del acceso al expediente, la indeterminación del juzgado en donde se encontraba el proceso y la imposibilidad del accionante de presentar una impugnación sobre una sentencia cuyo contenido desconocía. La decisión así proferida, dejó en firme la sentencia de primera instancia y negó la posibilidad al accionante de ejercer su defensa en el proceso, por una circunstancia que, a primera vista, no se puede atribuir al ciudadano, (quien habría presentado su recurso en el término a partir del cual el Juzgado 6º Laboral del Circuito manifestó a las partes avocar conocimiento el expediente). La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al estudiar los argumentos respecto del término de presentación de la apelación, sostuvo que según lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura, una vez cesadas las funciones de los juzgados de descongestión, los expedientes debían retornar al juzgado de origen, “como efectivamente sucedió”. En consecuencia, concluye que “no encuentra la sala justificable esperar para tener acceso a un expediente en el cual se profirió sentencia, que el funcionario judicial profiera alguna decisión en este, como lo expone el demandante.” Además, fortalece su argumento sosteniendo que “no obra en el expediente prueba de acción alguna por parte de la demandada, para tener acceso al mismo, luego de culminada la medida de descongestión para este juicio, que eventualmente, pudiera justificar el retardo en la interposición del recurso de apelación por imposibilidad de conocer la decisión objeto del recurso”.[67] Sin embargo, al estudiar el expediente es posible verificar una serie de elementos que dan cuenta de la incertidumbre respecto del lugar en que se radicaba el expediente y en consecuencia, de las dificultades que planteaba el acceso a la sentencia y a la posibilidad de recurrirla.

   6.9.1. En primer lugar, si bien el Acuerdo PSAA 13-962 del Consejo Superior de la Judicatura, al que hace referencia el Tribunal, ordena en su artículo 4, que por finalización de la medida de descongestión se deben remitir los procesos directamente al juzgado de origen, en el expediente consta que, en el Acta de Entrega del 31 de julio de 2013 (misma fecha de la sentencia, se remitió el proceso al Juzgado 1º Laboral del Circuito de Barranquilla[68] y no al Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla de dónde provenía, y donde finalmente se avocó competencia por auto del 6 de noviembre de 2013.[69]

   6.9.2. En segundo lugar, desde el día 31 de julio de 2013 en que se dictó la sentencia y se profirió el Acta que remite el proceso al Juzgado 1º Laboral del Circuito de Barranquilla, y hasta el día 6 de noviembre del mismo año, en que se profirió la comunicación en la cual el Secretario del Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla pasó al Juez y éste avocó conocimiento del proceso, no existió ningún otro pronunciamiento que diera cuenta de que, en efecto, el Juzgado 6º tenía bajo su conocimiento el proceso.

   6.9.3. En tercer lugar, el Acuerdo PSAA13-9962 del Consejo Superior de la Judicatura, que dio fin a las funciones del Juzgado de Descongestión, sostenía en el parágrafo de su Artículo 4 “PARÁGRAFO.- Los despachos judiciales que no se prorrogan devolverán los procesos directamente al despacho judicial de origen, o en su defecto, serán sometidos a reparto según las recomendaciones de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales con el efecto de equilibrar las cargas.”[70] Sumados los dos elementos anteriores, existen razones suficientes para concluir que, en efecto, no se puede exigir de la demandante, como lo hizo el Tribunal, haber tenido la certeza del Juzgado en que se encontraba el expediente.

   6.9.4. En cuarto lugar, si bien la parte beneficiada con la decisión envió varios escritos pidiendo corrección aritmética de la sentencia y alegando la ejecutoria de la misma, durante el lapso que transcurrió entre el envío del expediente y la comunicación de conocimiento del mismo (el 9 de agosto, el 13 de septiembre del 2013, el 20 de septiembre y el 15 de octubre), el informe secretarial que dio traslado de dichos documentos al despacho del Juez fue del 2 de diciembre de 2013, esto es, con posterioridad al auto por el cual el Juez 6º avocó conocimiento. No hubo por lo tanto, ninguna actuación procesal que diera cuenta de que, antes que el juez avocara conocimiento, se hubiesen activado los términos de ejecutoria de la decisión impugnada.

   6.9.5. Finalmente, y en quinto lugar, el término de ejecutoria de la sentencia según la norma aplicable (Artículo 66 del Código Procesal del Trabajo en su redacción original)[71] es de tres días, lo que implica un término justo para quienes conocen la sentencia y quieren oponerse a ella. Bajo la interpretación del Tribunal, los tres días debían contarse entre los días 1, 2 y 5 de agosto del 2013. Sin embargo, en esos días, el juez que había dictado la sentencia había dejado de funcionar. Ningún otro juez había avocado conocimiento del proceso, como se ha mostrado antes. Ni el Acta de Entrega del Expediente ni el Acuerdo del CS de la J. permitían conocer con certeza que el expediente se encontraba en el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla. Por lo tanto, la accionante no conocía ante quién debía solicitar acceso y copias del expediente, para leer la sentencia que aún no conocía y que debía apelar en un término de tres días.

   6.10. Visto todo lo anterior, es claro para la Sala que no es posible endilgar a la accionante una falta de debida diligencia que hubiese dado lugar a la extemporaneidad del recurso de apelación. La accionante presentó el recurso dentro del término legal de ejecutoria de la decisión contado a partir del primer acto jurídico que generó certeza sobre la autoridad judicial a cargo. Por lo tanto, el asunto cumple con todos los requisitos exigidos por esta Corporación para poder adelantar el amparo contra una decisión judicial.

   6.11. Esta posición coincide a la perfección con aquella tomada por las salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia que, en este caso, en primera y segunda instancia, pese a la excepcionalidad del amparo contra decisiones judiciales, consideraron que las características del asunto daban lugar a la admisión del recurso. Estas decisiones resultan de suma importancia como antecedentes de la decisión a tomar por la Corte Constitucional, en particular por la rigurosidad que ha caracterizado a la Corte de cierre de la jurisdicción ordinaria, a la hora de verificar los requisitos de las tutelas contra sentencias. Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en otras ocasiones:[72]

   “Para la Sala no está por demás indicar que cuando el aludido mecanismo constitucional se dirige contra providencias judiciales, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales específicas de procedibilidad que esta Corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional de la siguiente manera:

   La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar.[73] (N. y subrayas fuera del original)”

   6.11.1. Valga la pena reiterar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al igual que la de la Corte Constitucional, a través de los diferentes casos, ha ido precisando las posibilidades de conceder el amparo contra decisiones judiciales. En primer lugar, únicamente respecto de las decisiones claramente arbitrarias a la luz de las reglas aplicables. Decía la Corte Suprema: “Tan sólo resultaría viable el amparo cuando en ejercicio de esa labor [judicial] se desconociera de manera protuberante el ordenamiento jurídico y en consecuencia se lesionara en forma injustificada un derecho fundamental. […] La tutela no puede convertirse en una tercera instancia cuando dentro del proceso ordinario no se accedió a las pretensiones hechas en la demanda y la interpretación del funcionario es razonable.”[74]

   6.11.2. Desde el año 2013, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido, en consonancia con la amplia y reiterada jurisprudencia constitucional aplicable, la posibilidad de amparar el derecho de los ciudadanos frente a decisiones judiciales que, al aplicar reglas procedimentales sin consideración a los elementos propios del caso, termina negando la justicia material o el derecho a la defensa del ciudadano. Así lo reconoce la Corte Suprema en reciente sentencia al manifestar:

   “En lo concerniente con la esencia y espíritu de este amparo constitucional (escrito de impugnación sin rúbrica, seguido de la negativa a conceder ese recurso por la presunta ignorancia del juez acerca de quién es su autor), la jurisprudencia de esta Corporación y la Corte Constitucional[75] ha denominado a esa circunstancia como ‘exceso ritual manifiesto’”.[76]

   6.12. En el presente asunto, la Sala de Casación Laboral, al analizar la tutela presentada contra la decisión del Tribunal, valoró las consideraciones del juez a la hora de aplicar la regla procedimental, y concluyó, en sincronía con lo que ha sostenido esta Corporación que: “en una evidente tensión entre el derecho de defensa que le asiste a las partes y el aparente respeto por las formas procesales, que fue el pilar sobre el cual el despacho accionado soportó su negativa, debe primar aquel, cuando, como en el presente evento, resulta indiscutible que se presentaba una imposibilidad a las partes para acceder al expediente.”[77] Esta decisión refleja la postura de la Corte Suprema de Justicia a la hora de interpretar las vías de hecho: dar preminencia a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La decisión fue reiterada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.[78]

   6.13. Ahora, bien, no desconoce la Corte que el problema jurídico que plantea el presente asunto, no se reduce simplemente a un caso aislado ni se concreta únicamente en la inadmisión del recurso de apelación. La actuación judicial que se reprocha no fue la alteración del procedimiento, sino que se trató de la aplicación del juez de una regla formal que no se atenía a las circunstancias especiales del caso y, en consecuencia, se transformó en una denegación del acceso a la justicia, en el marco de una medida de descongestión de la jurisdicción laboral.

   6.14. La Corte Suprema de Justicia, en el fallo de primera instancia del amparo estudiado, tuvo en cuenta y se refirió a esta circunstancia, valorando la importancia que han tenido las medidas de descongestión, pero reiterando que las mismas no pueden convertirse en ambientes idóneos para la vulneración del derecho al debido proceso. Al respecto sostuvo el alto tribunal, en su decisión:

   “No es desconocida la congestión en la que se ha visto inmersa la Rama Judicial, y que ha llevado a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a adoptar medidas tendientes a superar o menguar tal situación, las cuales se han concentrado en la creación de jueces de descongestión y adjuntos que apoyen el represamiento existente en los juzgados titulares o de planta. Sin embargo, la aplicación y efectos de tales medidas no pueden ir en detrimento de los derechos de las partes.”[79]

   6.15. En conclusión, de todo lo revisado, la Corte encuentra que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia por las cuales se concedió el amparo constitucional al accionante, responden efectivamente a la necesidad de proteger el derecho al debido proceso de la accionante y se acompasan con la jurisprudencia en materia de tutelas contra decisiones judiciales. En el caso concreto, la inadmisión del recurso de apelación bajo el argumento de que el mismo resultaba extemporáneo por no haberse presentado dentro de los 3 días posteriores al fallo, constituye una vulneración al debido proceso, en la categoría de vicio fáctico por exceso ritual manifiesto, al haber aplicado una norma procedimental sin tener en cuenta las circunstancias del caso. Como consecuencia de que la medida de descongestión por la cual se creó el juzgado que dictó la sentencia había cesado, desde el día siguiente al que se profirió el fallo y hasta el 6 de noviembre de 2013, las partes no estaban informadas respecto de quién era el Juez a cargo del proceso, para que pudiera, entre otras cosas, permitir el acceso pleno al expediente, o dar trámite a las solicitudes que se presentaran. En consecuencia, el derecho de defensa y contradicción no podían ejercerse a plenitud.

   6.16. El derecho al debido proceso, en sus dimensiones de derechos de acceso al expediente, de contradicción, de defensa y de doble instancia en materia laboral, prevalecen sobre las disposiciones procedimentales que imponen los términos de caducidad de la acción, cuando en dichos términos, las dificultades propias a la remisión del expediente surtido en sede de descongestión, imposibilita a las partes acceder al expediente sin obstáculos y barreras irrazonables y con ello ejercer a plenitud su derecho de defensa. Por estas razones, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, concederá el amparo en el presente asunto.

7. Un juez de tutela, por evitar la violación al debido proceso en que incurrió una decisión judicial laboral, no puede afectar gravemente el goce efectivo de derechos laborales

   Para la Corte no es indiferente el hecho de que el asunto ventilado en la justicia laboral ordinaria se refería a la reclamación de derechos por parte de una serie de trabajadores, y que la decisión cuya impugnación se pretende reclamar, favorece las pretensiones de estos trabajadores. La Corte no puede tomar una decisión que afectará grave e irrazonablemente los derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores.

   7.1. En el caso concreto, la reclamación atañe la existencia de un contrato de trabajo realidad entre 22 demandantes y la empresa C.I. Carbones del Caribe S.S. y Flota Fluvial Carbonera Ltda., “en virtud de haber incurrido en la prohibición de contratación mediante el uso del envío de personal en misión por medio de cooperativas de trabajo asociado y con posterior despido injusto y si hay lugar al pago de prestaciones sociales, indemnización por despido injusto, sanción moratoria e intereses legales”.[80]

   7.2. Para esta Corte, el trabajo cuenta con una triple dimensión, en tanto es un valor fundante, un principio rector y también un derecho que cuenta con aspectos de nivel fundamental. [81] Al respecto ha sostenido esta Corporación:

   “(…) la lectura del preámbulo y del artículo 1º superior muestra que el trabajo es valor fundante del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una directriz que debe orientar tanto las políticas públicas de pleno empleo como las medidas legislativas para impulsar las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesión u oficio. En segundo lugar, el trabajo es un principio rector del ordenamiento jurídico que informa la estructura Social de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de configuración normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas mínimas laborales que deben ser respetadas por la ley en todas las circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, el trabajo es un derecho y un deber social que goza, de una parte, de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga carácter de fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo progresivo como derecho económico y social.”[82]

   7.2.1. Esta Corte ha sido clara en sostener que la protección constitucional del trabajo no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo. Incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestación acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeñada.[83] Muchas de las prerrogativas laborales que se derivan del orden legal no alcanzan el nivel de derechos fundamentales, y, por tanto, no son susceptibles de protección por vía de tutela. Sobre este particular, la Corte señaló:

   “Es cierto que el derecho al trabajo es fundamental, y, por tanto, su núcleo esencial es incondicional e inalterable. Pero lo anterior no significa que los aspectos contingentes y accidentales que giran en torno al derecho al trabajo, sean, per se, tutelables, como si fueran la parte esencial”.[84]

   7.2.2. En ese sentido, en reiteradas oportunidades esta Corporación ha manifestado, por ejemplo, que la acción de tutela procede solo excepcionalmente para el cobro de acreencias laborales, puesto que para ello el afectado dispone de las acciones legales correspondientes ante la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral o la jurisdicción contencioso administrativa, según la forma de vinculación laboral[85]. Al respecto dijo la Corte en sentencia de unificación:

   “(…) El amparo laboral, en lo que concierne al pago oportuno de los salarios adeudados, tiene carácter excepcional. En primer término, la vía de la tutela sólo se reserva para situaciones límite en las que la falta de pago del salario expone al trabajador a sufrir una situación crítica económica y psicológicamente. En segundo término, la tutela es procedente, “siempre que concurran las condiciones de procedibilidad de la misma”, esto es, “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (C.P. art., 86). Estas dos condiciones de fondo no le restan eficacia ni validez a los derechos de los trabajadores, cuya defensa se garantiza a través de los procedimientos ordinarios y especiales diseñados por el Legislador, y por conducto de la jurisdicción ordinaria. De otro lado, se reconoce el carácter subsidiario de la acción de tutela, que no puede desconocerse a riesgo de que la jurisdicción constitucional olvide su verdadero cometido institucional y termine por invadir de manera ilegítima e inconveniente la competencia constitucional y legal de la jurisdicción ordinaria. Ni la Corte Constitucional, ni los jueces de tutela, pueden ni deben sustituir a los jueces de la jurisdicción ordinaria encargados de ordenar la ejecución y pago de las deudas laborales y demás derechos de los trabajadores”[86]

   Así, esta Corporación ha sostenido que el cobro de acreencias laborales es un asunto ajeno a la acción de tutela, y solo “de manera excepcional puede acudirse a ella [la tutela] para obtener la cancelación de salarios, siempre y cuando éstos constituyan la única fuente de recursos económicos que le permitan al trabajador asegurar su vida digna y cuando su no percepción afecte su mínimo vital”[87]. En este orden de ideas, el juez de tutela puede resolver una reclamación sobre el pago de acreencias laborales solo en los casos en que se demuestre que las acciones ordinarias no brindan la protección requerida a los derechos fundamentales frente a la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable[88] o cuando dicho pago de salarios constituya el único medio para que el accionante y su núcleo familiar desarrollen una vida en condiciones dignas. En ese caso, “el mencionado pago [se constituye] en un derecho fundamental de aplicación inmediata destinado a suplir el mínimo vital de las personas en aras de evitar un perjuicio irremediable”[89].

   La regla general establece que el Juez de tutela no puede invadir las competencias de los jueces ordinarios. La protección del mínimo vital se configura como una excepción a la regla general, permitiendo actuar al J. en aquellos casos en que los recursos ordinarios son improcedentes o ineficaces para proteger el derecho fundamental. En tal sentido, cuando un juez de tutela restringe o anula el efecto de una providencia judicial laboral que haya protegido los derechos de algún trabajador, el Juez debe proceder de tal manera, que la protección al derecho al debido proceso no afecte gravemente la protección laboral dada, en especial se debe evitar cualquier afectación al derecho a un mínimo vital en dignidad.[90] En este contexto, la jurisprudencia se ha referido al mínimo vital en los siguientes términos,

   “(…) aquella parte del ingreso del trabajador destinado a solventar sus necesidades básicas y del núcleo familiar dependiente, tales como alimentación, vivienda, salud, educación, recreación, servicios públicos domiciliarios, entre otras prerrogativas que se encuentran previstas expresamente en la Constitución Nacional y que, además, posibilitan el mantenimiento de la dignidad del individuo como principio fundante del ordenamiento jurídico constitucional”. [91]

   7.2.3. Como se observa, el derecho al mínimo vital ajeno a la pobreza, es un elemento estructural de la dignidad humana y un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales. Ello, explica el por qué la Corporación le ha prodigado tanta atención a esta garantía constitucional[92] bajo el entendimiento que ella implica entre otras, que en el ámbito laboral:“[e]l pago oportuno y completo de un salario garantiza el goce de lo que se ha denominado el mínimo vital, considerado éste como aquellos recursos absolutamente imprescindibles para solucionar y satisfacer no solamente las necesidades primarias de alimentación y vestuario, sino aquellas relacionadas con la salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, factores insustituibles para la preservación de calidad de vida”.[93] Por eso, la reclamación de cesantías a través de la acción de tutela, está limitada a aquellos casos en que el retraso o la denegación en el pago de este auxilio laboral afecte o ponga en riesgo grave el mínimo vital y las condiciones de vida digna del trabajador y su familia. Solo en esas circunstancias se activaría la protección constitucional.

   7.3. Ahora bien, en un caso como el ahora analizado, corresponde al Juez de tutela estudiar algunos elementos a fin de evitar que su decisión pueda afectar de forma irrazonable y desproporcionada los derechos fundamentales de los trabajadores que participaron en el proceso laboral ordinario. Al respecto, del análisis de la sentencia que se pretende impugnar es posible concluir los siguientes elementos:

   7.3.1. En primer lugar, es importante recalcar que los contratos sobre los que versa la reclamación tuvieron lugar a partir de los meses de julio y octubre de 2003 y su duración que fue, según cada caso, entre 151 y 334 días, habiendo terminado el último de ellos el día 31 de julio de 2004. Esto significa que las cesantías y primas causadas, reclamadas en el proceso ordinario, corresponden a un periodo de entre 6 meses y un año, y que tuvo lugar hace más de 13 años. En otras palabras, lo que se reclama puntualmente son las cesantías, intereses a las cesantías, primas e indemnizaciones por despido sin justa causa, que debían haber sido pagados en el año 2004, pero que, dada la falta de reconocimiento de la naturaleza laboral del contrato, la empresa no ha pagado hasta la fecha. Este largo lapso de tiempo que ha transcurrido hasta la fecha, deja entrever que no se trata de una cuestión que atañe el riesgo de un perjuicio irremediable. Tampoco es posible sostener con claridad un nexo causal entre las cesantías que se reclaman y una afectación actual del mínimo vital, porque es dado presumir que durante los 13 años posteriores a la acusación del auxilio reclamado, han sido otras las labores de donde los reclamantes obtuvieron los ingresos para suplir las necesidades propias y las de sus familias.

   7.3.2. En cuanto al problema que se genera por el largo lapso de tiempo trascurrido y aquel que seguiría transcurriendo en caso de que el proceso continúe, la normatividad laboral protege al trabajador frente a los efectos del retardo que pueda surgir de la negatoria del empleador a pagar lo debido, y parte importante de esa protección se traduce en la sanción moratoria y los intereses que debe pagar el empleador, lo que significa que el paso del tiempo incrementa ostensiblemente la acreencia del trabajador. Eso se puede ver con claridad en el presente caso, pues el monto total a que fue condenada la empresa en la decisión judicial, está principalmente conformado por la sanción moratoria, como se muestra a continuación:

   Cesantías

   $ 44.863.652

   2.36%

   Intereses de cesantías

   $ 6.967.400

   0.36%

   Primas

   $ 44.863.622

   2.36%

   Indemnización por despido

   $ 29.921.399

   1.57%

   Sanción moratoria

   $1.558.600.800

   82.01%

   Intereses moratorios

   $ 215.123.564

   11.32%

   Total

   $1.900.340.437

   100.00%

   Es claro que, como efecto del tiempo que ha transcurrido, más del 93% de la suma a que fue condenada la empresa a pagar, en realidad corresponde a los conceptos de sanción moratoria e intereses moratorios.

   Así: (i) la falta de un perjuicio irremediable, alegado en el proceso, (ii) el amplio lapso de tiempo transcurrido y (iii) en particular el hecho de que el concepto principal de las sumas adeudadas corresponda principalmente a la sanción e intereses moratorios por el no pago de las cesantías y primas de contratos que culminaron hace más de 13 años, y no al pago de salarios, por ejemplo, son elementos que le sirven a la Corte para concluir que en este caso, los aspectos nucleares y fundamentales del derecho al trabajo y de la vida digna, no estarían siendo afectados en caso de que se conceda la posibilidad de recurrir la decisión. Por supuesto, una vez resuelta la apelación, los trabajadores tienen derecho al justo reclamo de las acreencias que sean reconocidas. En el caso de que los derechos de los trabajadores en el proceso ordinario involucraran de forma clara su carácter fundamental, el Juez de tutela se vería obligado a tomar medidas de protección como por ejemplo, conceder la apelación, con efecto devolutivo.

8. Órdenes a impartir

   Como consecuencia de la vulneración del derecho al debido proceso identificada en este caso, la Corte Constitucional (i) reiterará la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que concede la protección constitucional del derecho al debido proceso de la accionante FLOTA FLUVIAL CARBONERA S.AS. y como consecuencia dejará sin valor y sin efecto la providencia del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, en su reemplazo, (ii) ordenará que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente acción, realice todos los trámites tendientes a dictar una nueva decisión dentro del proceso ordinario laboral promovido por A.M.A.Á. y otros c. Flota Fluvial Carbonera S.A.S., en la que se resuelve de fondo el asunto allí debatido, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído, y (iii) ordenará al Consejo Superior de la Judicatura incluir la regla judicial de esta sentencia en los Acuerdos proferidos sobre medidas de descongestión a fin de que en los expedientes afectados por dichas medidas se garantice el debido proceso de las partes.

Comete una violación al derecho al debido proceso por exceso ritual manifiesto, el Juez que inadmite el recurso de apelación por extemporáneo, sin tomar en cuenta que la sentencia apelada fue proferida por un juzgado de descongestión el último día y en los últimos minutos de sus funciones y en consecuencia, no hubo certeza sobre el Juez competente ante el cual apelar, sino hasta que se profirió el auto de avocar conocimiento.

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,