Auto nº 377/14 de Corte Constitucional, 24 de Agosto de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 701354221

Auto nº 377/14 de Corte Constitucional, 24 de Agosto de 2017

Ponente::CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Actor:MINISTERIO DE TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y OTROS
Fecha de Resolución:24 de Agosto de 2017
Emisor:Corte Constitucional
Expediente:SU.377/14
RESUMEN

Solicitud de verificación de cumplimiento de la Sentencia SU.377/14. En este caso se analizan solicitudes formuladas tanto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como por la Apoderada del PAR TELECOM. Teniendo en cuenta las referidas peticiones y que por lo menos 50 ciudadanos exfuncionarios y extrabajadores de la liquidada Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM-, han requerido de la Corte Constitucional asumir la competencia para verificar el cumplimiento de la providencia de la referencia, la Sala Plena concluye que existe una situación límite en el cumplimiento parcial de la providencia de la referencia, en tanto compromete la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Esto, en virtud de varias razones, Una, por cuanto la manera en que fueron concebidas las órdenes de amparo impartidas en los artículos vigésimo noveno y trigésimo de la parte resolutiva del referido fallo, estaría dando lugar a serios inconvenientes de orden material y jurídico que, de no ser superados, harían nugatoria la protección otorgada en su momento a los peticionarios. Otra, porque esa misma premisa haría explicable que los jueces de primera instancia, competentes en cada uno de los casos, no adopten medidas suficientes y eficaces para lograr el cumplimiento de estas medidas que fueron previstas directamente por la Corporación en su sentencia de unificación. En consecuencia, la Corte reasumirá la competencia para verificar las órdenes impartidas en los precitados numerales, para lo cual adelantará, por conducto del Despacho del Magistrado Ponente del presente auto los trámites a que haya lugar.Recibo Relatoria:

 
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CONTENIDO

NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 503 de fecha 22 de octubre de 2015, el cual se anexa en la parte final de esta providencia, se aclara el numeral vigésimo octavo de su parte resolutiva y se corrige el error mecanográfico que se presentó en el párrafo 184.25 de su parte motiva

Sentencia SU377/14

LIQUIDACION DE TELECOM Y ASUNCION DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR-Contexto jurídico y fáctico

PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR-Creación y funciones/PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR-Duración no es indefinida

TELECOM fue liquidada en enero de dos mil seis (2006), pero el proceso de liquidación se inició desde junio de dos mil tres (2003), y las razones para llevarlo a cabo habían surgido incluso antes. Para la liquidación de TELECOM se constituyó un Patrimonio Autónomo de Remanentes, por medio de un contrato de fiducia mercantil, el cual quedó encargado de cumplir diversas funciones. Entre ellas, le correspondió atender las obligaciones remanentes y contingentes, así como los procesos judiciales en curso al momento de terminarse la liquidación. Pero el PAR no se configuró con vocación de permanencia. Una vez cumpliera su propósito, está llamado a desaparecer. El contrato de fiducia que lo constituyó decía que el PAR tenía inicialmente dos (2) años de duración, pero luego ese término se prorrogó sucesivamente. Los actores de este proceso de tutela podían conocer todas estas circunstancias desde cuando se fueron presentando, ya que todos los actos de liquidación y de asunción por el PAR del pasivo remanente fueron públicos.

PENSIONES ANTICIPADAS DE TELECOM-Marco normativo

DESVINCULACION DE AFORADOS SINDICALES EN PROCESOS DE LIQUIDACION DE ENTIDADES-Marco normativo

AFORADOS SINDICALES EN PROCESOS DE LIQUIDACION DE ENTIDADES-Garantía derivada del fuero sindical no desaparece durante el proceso de liquidación de TELECOM

Los aforados sindicales tienen también derecho a no ser desvinculados sin autorización del juez laboral al final de una liquidación. A quienes se les vulnere esta garantía, el ordenamiento les reconoce el derecho a interponer la acción de reintegro. Esta acción prescribe en dos (2) meses, contados -según la ley- “desde la fecha de despido, traslado o desmejora” (CPT art. 118A). Ahora bien, cuando esta acción se interpone oportunamente, pero se decide una vez concluida la liquidación, y entonces deviene física y jurídicamente imposible un reintegro, el juez debe limitarse a ordenar una indemnización integral y abstenerse de decretar el reintegro. Sin embargo, el tipo de indemnización cambia, según el momento en el cual se haya desvinculado irregularmente al trabajador. Cuando se lo haya desvinculado antes de la clausura definitiva, y en la medida en que sea la decisión más favorable, procede ordenar una indemnización que comprenda “los salarios, con sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto legales como convencionales, a partir de la fecha del despido y hasta la terminación de la existencia jurídica de la [entidad]”. Cuando la terminación del vínculo ocurra con el cierre definitivo de la compañía (o después), lo procedente es ordenar una indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116). Con todo, si el juez laboral no toma en cuenta el fin de la liquidación, por ejemplo por desconocer la ocurrencia del hecho, y ordena el reintegro del trabajador aforado, el ente condenado o el encargado de adelantar la liquidación deben iniciar un proceso judicial con el fin de que en este se declare si el reintegro es posible. La entidad condenada al reintegro no puede decidir motu proprio si es posible cumplir la orden. Tampoco puede hacerlo un juez laboral en un proceso ejecutivo iniciado por los trabajadores para asegurar el acatamiento de la orden de reintegro.

DESVINCULACION DE TRABAJADORES AMPARADOS POR EL RETEN SOCIAL-Marco jurídico para la desvinculación de padres y madres cabeza de familia y prepensionados de Telecom

LEY 790 DE 2002-Creó un límite de estabilidad laboral para madres y padres cabeza de familia, discapacitados y prepensionados

PROTECCION DEL RETEN SOCIAL PARA MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA-Unificación de jurisprudencia en sentencia SU388/05 y SU389/05

Qué padres pueden ser considerados ‘cabeza de familia’? En la sentencia SU-389 de 2005, esta Corte sostuvo que era en principio válido extrapolar los criterios normativos usados para calificar a una madre como cabeza de familia. En ese sentido, juzgó aceptable tener en cuenta la definición que al respecto está contenida en el artículo 1° del Decreto 190 de 2003. Pero además la Corte enunció algunas situaciones típicas o claras de padres cabeza de familia, precisando que no eran las únicas posibles o válidas pues podrían llegar a probarse otras. Puede por lo tanto, haber otras hipótesis distintas de padres cabeza de familia, pero en todo caso para definir si las hay debe “siempre tenerse en cuenta la proyección de tal condición a los hijos como destinatarios principales de tal beneficio”.

RETEN SOCIAL-Limitación temporal del beneficio/RETEN SOCIAL-Fecha hasta la cual debe extenderse protección laboral

DESVINCULACION DE TRABAJADORES AMPARADOS POR EL RETEN SOCIAL-Orden para plan de reubicación de las personas cabeza de familia que hubieran sido desvinculadas de TELECOM

LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA EN TUTELA-Reglas y subreglas

LEGITIMACION POR ACTIVA DE PERSONERO MUNICIPAL PARA INTERPONER ACCION DE TUTELA

LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Abogado con poder para actuar

LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Caso de PAR de TELECOM

LEGITIMACION POR PASIVA DE PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

LEGITIMACION POR PASIVA DE PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR DE TELECOM-Puede ser sujeto pasivo de acción de tutela e incluso responder por obligaciones de una entidad ya liquidada

A juicio de esta Corte, el PAR debe considerarse legitimado por pasiva incluso en estos últimos procesos de tutela, en los cuales los ex trabajadores de TELECOM reclamen prestaciones de orden laboral o pensional, en la medida en que ello sea preciso para establecer si tiene para con estos obligaciones remanentes o contingentes. Incluso si un ex trabajador de TELECOM no tenía procesos o reclamaciones en curso cuando se puso fin al trámite liquidatorio de la compañía, el PAR está legitimado por pasiva en los procesos de tutela que aquellos inicien, con el fin de determinar dentro del proceso si le corresponde en esos casos atender –como lo dispone el Decreto 4781 de 2005- “las obligaciones remanentes y contingentes” de TELECOM. Al final del proceso puede llegarse a la conclusión de que la obligación cuyo cumplimiento se pretende no tiene el carácter de remanente o contingente, y en esa hipótesis, si no hay otros elementos que conduzcan a una solución distinta, se debe concluir que el PAR no está legitimado por pasiva. Pero si se estima que sí es una obligación remanente o contingente, y están dadas las demás condiciones para ello, es viable pronunciarse de fondo sobre la tutela.

FACTOR TERRITORIAL DE COMPETENCIA EN LA ACCION DE TUTELA DE PAR TELECOM

REGLAS DE COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA-Establecidas solamente en el artículo 86 Superior y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991/PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO HOMINE-Factor territorial

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar “ante los jueces” la protección de sus derechos fundamentales “en todo momento y lugar”. Este último fragmento no establece sin embargo una regla de competencia territorial, en virtud de la cual cualquier juez de la República sea siempre competente para conocer de todas las acciones de tutela con independencia del lugar donde hubiesen ocurrido los hechos que la motivan o los efectos de los mismos. El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dice que corresponde conocer de la acción de tutela a los jueces o tribunales “con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido que fijar el sentido de esta disposición en varias ocasiones y ha concluido que a partir del principio pro homine, en virtud del cual cuando hay más de una interpretación de un texto normativo debe acogerse la que asegure en mayor medida la realización de los derechos fundamentales, de la misma pueden deducirse razonablemente los siguientes criterios de competencia territorial. Primero, la tutela puede ser conocida por el juez o tribunal del lugar donde se presenta la amenaza del derecho fundamental. Segundo, por el juez o tribunal del lugar en que se presenta efectivamente la violación del derecho. Tercero, por el juez o tribunal del lugar donde se producen los efectos de la amenaza o violación

FACTOR TERRITORIAL DE COMPETENCIA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos para no anular lo actuado cuando se presenta falta de competencia territorial

Las consecuencias de desconocer estos factores de competencia son distintas, en función del momento en el cual se detecte el vicio. La advertencia de este último vicio, en sede de revisión ante la Corte Constitucional, debe en principio acarrear la anulación de todo lo actuado. Pero esta solución, en ciertos casos, puede ser distinta si: (i) no ha habido indefensión; (ii) la Corte conoce del asunto, no en virtud de un conflicto negativo de competencia, sino de un proceso de tutela en el estadio de la revisión (CP art. 241 num. 9); (iii) la anulación del proceso puede hacer nugatorios los principios de economía, celeridad y eficacia, e incluso el de prevalencia del derecho sustancial, que gobiernan el trámite de tutela; y (iv) si además de los requisitos anteriores la Corte valora como necesario y urgente un fallo inmediato, como órgano de cierre de la justicia constitucional.

ACCION DE TUTELA CONTRA PAR TELECOM-Ordenes proferidas por el juez de tutela en el marco de procesos de reestructuración o liquidación de entidades

ORDENES DEL JUEZ DE TUTELA-Simples y complejas

ORDENES DEL JUEZ DE TUTELA-No está facultado para decretar embargos por cuantiosas sumas de dinero en acciones de tutela contra PAR Telecom

La Corte Constitucional encuentra que por la naturaleza de los conflictos planteados los jueces estaban en la posibilidad de adoptar órdenes de reconocimiento y pago de salarios y prestaciones laborales o pensionales, y en ciertos casos incluso indemnizaciones, de acuerdo con la posibilidad de decretar un reintegro o con las propiedades en concreto de cada controversia. Una orden de embargo habría podido tener el propósito admisible de contribuir al cumplimiento de las demás órdenes de protección. Pero eso no es suficiente para juzgarlas aceptables en el marco de principios dentro del cual debe obrar el juez de tutela. En su jurisprudencia, esta Corte no ha procedido de ese modo. No lo ha hecho por varias razones, que se exponen a continuación. Primero, porque el adelantamiento de liquidaciones en materia prestacionales es impropio de un proceso de tutela, el cual no posee propósitos exclusiva o primordialmente patrimoniales o dinerarios. El contexto procedimental del amparo no está además previsto para adelantar una discusión probatoria lo suficientemente amplia como para proceder a una liquidación apropiada de prestaciones económicas. Segundo, porque en principio es válido presumir la buena fe del destinatario de las órdenes y, en ese sentido, asumir de antemano que tiene vocación de cumplirlas (CP art. 83). Con lo cual, el embargo resulta injustificado a menos que se pruebe un temor fundado de incumplimiento frente a las resoluciones del juez. Tercero, porque una orden así resulta prima facie innecesaria, en vista de que hay instrumentos para asegurar el cumplimiento o perseguir el desacato a las órdenes del juez, tales como los incidentes de cumplimiento o desacato (Dcto 2591 de 1991 arts. 27, 52 y ss). Finalmente, es desproporcionado embargar sumas de un patrimonio autónomo de remanentes que debe responder por obligaciones pendientes. El congelamiento de sus recursos limitados, puede obstaculizar la satisfacción de obligaciones, de las cuales podría a su turno depender el goce efectivo de derechos incluso fundamentales de terceros.

COSA JUZGADA Y ACCION DE TUTELA TEMERARIA EN PROCESOS CONTRA PAR TELECOM

ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Buscan evitar la presentación sucesiva, además de múltiple de las acciones de tutela

ACTUACION TEMERARIA EN TUTELA-Presentación de varias tutelas conlleva al rechazo o decisión desfavorable conforme al art. 38 del Decreto 2591/91

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la presentación de acciones de tutela sucesivas idénticas sin justificación constituye una conducta temeraria, y que quien incurra en temeridad está sujeto a las sanciones previstas en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil. En el caso de los abogados que cometan tal infracción, se prevé incluso la suspensión de la tarjeta profesional. Pero para que se presente esta infracción no basta con constatar una triple identidad entre dos acciones de tutela. Esto ciertamente se requiere, pero además debe desvirtuarse la presunción de buena fe del actor (CP art. 83). Si lo último no ocurre, pero se da la triple identidad, lo procedente es sin embargo, estarse a lo resuelto en la decisión anterior sobre la tutela, pues entonces se está en presencia de un caso amparado por la cosa juzgada.

ABUSO DEL DERECHO POR ACCION TEMERARIA/ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Para que se configure temeridad debe evidenciarse la mala fe en el actuar del peticionario

La temeridad es el resultado de un ejercicio abusivo del derecho, y de un comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a satisfacer intereses individuales sin fundamento legal o constitucional, y en desmedro de los derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso efectivo de la jurisdicción. Resulta razonable asumir que la temeridad se configura únicamente si el actor ha obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si su actuación infringe el deber de moralidad procesal. Por tanto, las sanciones sólo podrían imponerse una vez se desvirtúe la buena fe del accionante, pues ésta en principio se presume por mandato de la Constitución (CP art. 83).

ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Obligación de prestar juramento

Tomando en cuenta la importancia de evitar la coexistencia de acciones de tutela idénticas, que afecten el adecuado ejercicio de las funciones de la jurisdicción constitucional, así como una conducta sancionable por temeridad, el Legislador consideró que, pese al carácter informal de la acción de tutela, debía imponerse un requisito formal. Este se concreta en la obligación del peticionario o peticionaria de prestar su juramento, junto con toda acción de tutela, en el sentido de no haber presentado previamente una tutela para resolver un problema jurídico idéntico.

ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Configuración

Cuando se ha resuelto definitivamente una tutela no puede decidirse el fondo de otra, presentada consecutivamente, que cuente con las mismas partes, los mismos fundamentos e idéntico objeto o pretensión. Cuando no hay mala fe, la segunda tutela debe declararse improcedente. Si existen dos o más tutelas iguales en estos aspectos, que se interponen simultáneamente o en todo caso antes de que alguna se haya fallado con carácter definitivo, los jueces que adviertan esta circunstancia deben asimismo abstenerse de fallar sobre el fondo del problema en cada caso. En el evento de que no haya mala fe, las solicitudes de amparo deben declararse improcedentes. Si se desvirtúa debidamente la presunción de buena fe del actor (CP art. 83), en una hipótesis así, además habría lugar a declarar la temeridad y a imponer, observando el debido proceso, las consecuencias establecidas en la ley. Si sólo se ha interpuesto una acción de tutela, pero además una acción ordinaria, y entre ambas hay identidad material de partes, fundamentos y objeto o pretensión, para definir cómo debe resolverse la tutela es preciso identificar si la acción ordinaria fue resuelta mediante fallo que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada. Cuando lo haya sido, y ese fallo o el proceso al que le puso fin no se hayan demandado en la tutela, es principio que el juez constitucional debe estarse a lo resuelto en esa decisión ordinaria, pues también en esa hipótesis hay cosa juzgada.

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo

La Corte ha sostenido, empero, que es el “[…] el juez” el que “está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone”. Esto significa que no es exclusivamente una carga del actor mostrar la ineficacia del otro medio. El juez es ante todo quien conoce el derecho, y debe definir ese punto. En ese sentido, la procedencia de las tutelas contra entidades en liquidación, o encargadas de administrar los remanentes de estas últimas, depende en buena medida de la eficacia de las acciones ordinarias para tramitar ese tipo de controversias. Pero la eficacia o ineficacia de estos medios le corresponde determinarla razonablemente al juez de tutela.

ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Procedencia frente a patrimonio autónomo de remanentes próximo a extinguirse en el caso de trabajadores con fuero sindical y la acción ordinaria de reintegro

Para juzgar la procedencia de acciones de tutela como las que provocan este proceso, no sería suficiente señalar que en abstracto hay otros medios de defensa judicial no ejercidos por los demandantes. Tampoco bastaría con manifestar que los demandantes dejaron de probar la ineficacia de los otros medios de defensa. En las sentencias que resolvieron acciones de tutela de ex empleados de TELECOM contra el PAR, la Sala Plena advierte empero que las Salas de Revisión no se detuvieron a determinar si los demás medios de defensa judicial, disponibles en abstracto para los demandantes, eran eficaces en sus circunstancias particulares, pues opinaron que era una carga exclusiva de los actores. En esta ocasión la Corte considera que es necesario adelantar, con suficiencia, el examen de efectividad de las acciones ordinarias, disponibles en abstracto, cuando se instauran contra un patrimonio autónomo dispuesto para atender obligaciones remanentes de una entidad ya liquidada, por hechos imputados a esta última.

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Reglas generales

ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Término razonable debe valorarse en cada caso concreto cuando se interpone después que la entidad en liquidación ha desaparecido

Respecto de entidades que han concluido procesos de liquidación pueden presentarse distintos tipos de casos. Es posible que al final de su existencia jurídica la entidad hubiese desconocido algún derecho fundamental. T. puede ocurrir que la supuesta vulneración se haya presentado mucho antes de que definitivamente se liquidara. En esta última hipótesis, puede que haya quienes interpongan sus tutelas sólo después de clausurada la compañía, y dentro de estos puede haber personas que hubiesen intentado gestiones –judiciales y administrativas- para defender sus derechos, y otras que hayan permanecido completamente inactivas. De cualquier modo, dentro de estos contextos, es en principio irrazonable dejar trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para reclamar prestaciones patrimoniales. En estos casos se cumple con la inmediatez cuando la tardanza se justifique suficientemente. Es decir, si por ejemplo el actor ha obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha estado sometido a fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de interdicción, incapacidad física, entre otros. En función de las condiciones de debilidad de algunos sujetos, y del contexto en el cual se inscribe el problema, es posible adaptar estos principios con el fin de resolver cuestiones de inmediatez en función de una solución constitucionalmente admisible del caso concreto.

ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM-Improcedencia por falta de legitimación por activa por cuanto no se demostró calidad de abogado y no allegó poderes debidamente diligenciados

ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM-Improcedencia por falta de legitimación por activa por cuanto no se acreditó la agencia oficiosa

ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM-Improcedencia por existir cosa juzgada y temeridad

ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM-Improcedencia por incumplir requisito de inmediatez

Referencia: expedientes T-2587255 y acumulados T-2451880, T-2471216, T-2471345, T-2471346, T-2475114 T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2492726, T-2500881, T-2501214, T-2507052, T-2531642, T-2531654, T-2537041, T-2537070, T-2537078, T-2546795, T-2564079, T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2587286, T-2597351 y T-2871322.

Acciones de tutela instauradas por R.V.M. y otros contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM -en lo sucesivo PAR- y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones -en adelante CAPRECOM-.

Magistrada ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil catorce (2014)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

En el trámite de revisión de las decisiones dictadas en los asuntos de tutela de la referencia, escogidos por diferentes Salas de Selección de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES[1]

  1. Trámite interno

    Las sentencias de tutela objeto de revisión fueron seleccionadas y repartidas entre diferentes Salas de Revisión de la Corte Constitucional. En algunos casos, dichas S. dispusieron como medida provisional la suspensión de la ejecución de los fallos que ordenaban pagos por cuantiosas sumas de dinero. Así ocurrió en los procesos contenidos en los expedientes T-2531654 y T-2537041.[2] En otros, las Salas decretaron la práctica de algunas pruebas, como por ejemplo en los expedientes T-2471216, T-2501214, T-2537041.[3] Mediante auto del doce (12) de mayo de dos mil diez (2010), la Sala Plena de esta Corte asumió el conocimiento de todos los asuntos similares en curso, con el fin de dictar un fallo de unificación (Acuerdo 05 de 1992, art. 54A).[4] Posteriormente la Sala Plena resolvió suspender, mientras se dictara la sentencia, las órdenes impartidas por los despachos judiciales en los expedientes T-2451880, T-2471226, T-2471345, T-2471346, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2492726, T-2500881, T-2501214, T-2507052, T-2531642, T-2531654, T-2537041, T-2537070, T-2537078, T-2546795, T-2564079, T-2566146, T-2581607, T-2587255, T-2587286 y T-2597351.[5]

    La acumulación de estos procesos significa que en esta ocasión veintiséis (26) expedientes, contentivo cada uno de una acción de tutela con uno o más accionantes. En total hay seiscientos nueve (609) nombres de actores, algunos de los cuales se repiten en distintos expedientes. Durante la revisión de los fallos que resolvieron las tutelas, la Corte Constitucional decretó pruebas y solicitó informes que consideraba relevantes para adoptar la presente decisión. Hay ocho (8) cuadernos de pruebas, y un total de cuatro mil quinientos doce (4512) folios relacionados. Se aportaron seis (6) cuadernos de anexos, con un total de mil ochocientos cincuenta y cinco (1855) folios.[6]

  2. Precisiones metodológicas preliminares

    En esta ocasión la Corte adoptará una metodología particular para exponer los casos y resolverlos. El objeto de esta sentencia no es solamente decidir cada uno de los mismos, sino también y sobre todo unificar criterios que permitan solucionar controversias similares en el futuro, y asegurar el mayor nivel posible de certeza y predictibilidad en torno a la aplicación de la Constitución. Por ende, es importante aclarar sintéticamente cuáles son los procesos, y cómo los resuelve la Corte. Con ese fin, en el cuerpo de esta providencia la Sala no expondrá con detalle, como sí lo hará en un anexo, el contenido puntual de cada uno de los expedientes acumulados. En el cuerpo de esta sentencia, al principio la Corte sólo expondrá una síntesis de cada controversia, para mostrar lo más relevante, luego precisará cuáles son los criterios a ser tenidos en cuenta para asuntos así y finalmente resolverá cada solicitud de tutela, no sólo con base en la exposición general que se haga al inicio, sino también con fundamento en los hechos narrados en el correspondiente anexo.

    La Corte Constitucional pasará a continuación a presentar, en primer término, los grupos de temas planteados por los expedientes. En segundo término, expondrá una síntesis de las acciones de tutela, las contestaciones y las decisiones de instancia. En la parte correspondiente a las consideraciones y fundamentos, la Corte Constitucional planteará las cuestiones jurídicas que deberá resolver. Finalmente, procederá a solucionar dichas cuestiones, así como cada uno de los casos concretos, y adoptará las decisiones congruentes con los motivos expuestos. En el anexo a esta providencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional hará, de un lado, una presentación pormenorizada del contenido de cada expediente acumulado dentro de este proceso y, de otro lado, una exposición detallada de las pruebas decretadas por la Corte, así como de las respuestas e informes obtenidos en el ejercicio de esta facultad.

  3. Breve síntesis de los temas planteados por las acciones de tutela

    En los expedientes referidos hay tres clases de acciones de tutela, si se las clasifica en atención al tema central comprometido en cada una. En primer término, hay un grupo de demandas que plantean problemas relacionados con el plan de pensión anticipada que ofreció TELECOM a sus trabajadores. En segundo término, hay otro conjunto de acciones de tutela en las cuales los demandantes reclaman una protección de sus derechos, por considerar que se les desconocieron las garantías del fuero sindical. En tercer lugar, hay un grupo en el que los actores piden protección a sus derechos, los cuales juzgan conculcados por no habérseles reconocido y garantizado el retén social. A continuación se precisan algunos de estos datos.

    En la primera clase de tutelas los demandantes están distribuidos en dieciocho (18) expedientes. Entre todos buscan la protección de sus derechos a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, a la protección especial por ser personas de la tercera edad, al debido proceso y a la garantía de los derechos adquiridos. La gran mayoría de ellos – tutelantes en los expedientes T-2451880, T-2471216, T-2471345, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2507052, T-2537070, T-2537078, T-2564079, T-2566146, T-2579968, T-2587255, T-2587286 y T-2597351- solicitan principalmente el reconocimiento y pago de la pensión anticipada. Otros dos (2) accionantes piden la pensión de jubilación con las mesadas dejadas de percibir desde el momento en el que dejaron de prestar sus servicios en la extinta empresa TELECOM, hasta que les sea reconocida, así como el pago de los aportes a seguridad social. Todo ello, con el incremento salarial e indexación correspondiente. Otro peticionario solicita la reliquidación de la pensión anticipada, incluidos los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 -expediente T-2581607-, y el actor restante pretende el pago de las mesadas de la misma prestación económica dejadas de percibir como consecuencia de la suspensión unilateral efectuada por el PAR -expediente T-2871322-.

    En el segundo tema, el total de demandantes está distribuidos en seis (6) expedientes -T-2471216, T-2471346, T-2492726, T-2501214, T-2531654 y T-2537041-. Solicitan protección para sus derechos a la dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso, a la seguridad social, a la asociación sindical, al trabajo, a la remuneración mínima vital y móvil, a prestaciones convencionales, a la estabilidad familiar y al acceso a la administración de justicia. Consideran que TELECOM se los desconoció al desvincularlos de la extinta entidad, sin respetar su condición de aforados sindicales.

    En el tercer grupo de tutelas, los demandantes están distribuidos en tres (3) expedientes - T-2531642, T-2546975 y T-2475114-. Pretenden la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, al trabajo, a la familia, a la seguridad social y a los derechos de los niños. Entre estos demandantes, hay quienes piden el pago de los salarios y demás beneficios convencionales dejados de percibir desde la fecha de desvinculación de la liquidada TELECOM, por considerar que ostentaban la condición de padres o madres cabeza de familia, lo cual los hace destinatarios del retén social. Una actora pide ser incluida en el retén social, porque a su juicio ostenta la condición de prepensionada.

    La Corte pasará a exponer los antecedentes de cada uno de estos de grupos.

  4. Casos sobre el plan de pensión anticipada (PPA)

    Las acciones de tutela relacionadas con el Plan de Pensión Anticipada están agrupadas en dieciocho expedientes. Pero no todas las demandas plantean los mismos casos. Hay cuatro sub grupos de casos distintos. A continuación, la Corte presentará los hechos, fundamentos de derecho y peticiones comunes a cada uno de esos sub grupos (conjuntos), así como las respuestas de las entidades demandadas y las decisiones judiciales de tutela bajo revisión.

    4.1. Primer conjunto: inclusión en el Plan de Pensiones Anticipadas

    a. Las acciones de tutela

    En la mayoría de los expedientes mencionados los tutelantes plantean el siguiente caso. Todos ellos tienen entre cincuenta (50) y sesenta (60) años de edad, y trabajaron para TELECOM, cuando más, hasta que se liquidó definitivamente. Dicen que TELECOM debió incluirlos en un Plan de Pensión Anticipada que ofreció en el año 2003, pero no lo hizo. Todos sostienen que debió hacerlo, porque no había justificación suficiente para excluirlos de ese beneficio. En unos casos, se dice, los demandantes cumplían con los requisitos exigidos para acceder al Plan. En otros casos no lo hacían pero, a su juicio, era innecesario porque desde su punto de vista se trataba de un requisito injusto o no indispensable. Los detalles del PPA se exponen a continuación:

    De acuerdo con las pruebas, a comienzos del año dos mil tres (2003), TELECOM ofreció un Plan de Pensión Anticipada. Los pormenores del mismo fueron explicados por la entidad, en su momento, mediante un ‘Instructivo’. El Instructivo decía que el PPA estaba dirigido puntualmente a dos grupos de funcionarios: primero, a los trabajadores oficiales de la entidad cubiertos por alguno de los regímenes especiales de pensión, a los cuales el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) les faltaran siete (7) años o menos para adquirir la pensión; segundo, a los trabajadores en cargos de excepción,[7] siempre y cuando al treinta y uno (31) de marzo de dos mil cuatro (2004) tuvieran “veinte (20) años de servicio a Telecom en uno de esos cargos”. Textualmente disponía al respecto:

    “[…] 2. A quiénes va dirigido el plan de pensión anticipada

    El plan de pensiones anticipadas está dirigido a los trabajadores oficiales de la Empresa cobijados por alguno de los regímenes especiales de pensión y que les falten 7 años o menos para cumplir con los requisitos de pensión al 31 de marzo de 2003, si el trabajador ocupa un cargo ordinario.

    Para los trabajadores en cargos de excepción, se requiere que cumpla hasta el 31 de diciembre de 2004, veinte (20) años de servicio a Telecom en uno de esos cargos.

    No pueden acogerse al plan de pensión anticipada los trabajadores que tengan reconocida su pensión de jubilación por medio de resolución expedida por la Caja de Previsión Social de las Telecomunicaciones – CAPRECOM”.[8]

    El Instructivo precisaba quiénes estaban cobijados por regímenes especiales, y definía dos condiciones específicas. Por una parte, para estarlo, el trabajador oficial debía estar cubierto por el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, haber tenido el 1° de abril de 1994 treinta y cinco (35) años o más de edad en el caso de las mujeres, cuarenta (40) años o más de edad en el caso de los hombres, o quince (15) años o más de servicios en cualquier caso. Y finalmente, cada aspirante al PPA debía haber estado vinculados a la planta de personal de TELECOM al momento de su transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado (lo cual ocurrió con el Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992, ‘Por el cual se reestructura la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TELECOM-’).

    El Instructivo decía literalmente, sobre este particular:

    “3. ¿Cuáles trabajadores se encuentran cobijados por los regímenes especiales de pensiones de Telecom y cuáles son las modalidades de pensión?

    El trabajador que cumpla con los siguientes requisitos:

    · Estar cubierto por el régimen de transición de la ley 100 de 1993, es decir, quien al 01 de abril de 1994, tenía 40 años si es hombre ó 35 años si es mujer o haber cotizado o trabajado durante más de quince (15) años; y,

    · Estar vinculado a la planta de personal de Telecom al momento de su transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado (Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992).

    De acuerdo a lo establecido en la Addenda extra convencional, en la Empresa se vienen reconociendo a la fecha los siguientes regímenes especiales de pensiones:

    · 20 años al servicio del Estado y 50 años de edad;

    · 25 años al servicio del Estado y cualquier edad;

    · 20 años en cargos de excepción y cualquier edad”.[9]

    Ese manual Instructivo traía también otras precisiones. Decía, en uno de sus apartados, “[c]uáles son los factores considerados para el cálculo de la pensión”. Establecía en ese capítulo que a quienes se acogieran al PPA por la modalidad de los 20 años al servicio del Estado y 50 de edad, o por 25 años al servicio del Estado en cualquier edad, se les debía liquidar la pensión con base en el promedio de los “factores legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003, indexados anualmente con los índices de precios al consumidor causadas, hasta el 31 de diciembre de 2002”. A su turno, quienes se acogieran al PPA por la modalidad de 20 años de servicio “en cargos de excepción” y en cualquier edad, se les debía liquidar la pensión sobre la base del “promedio de los factores legales y extralegales devengados en los últimos doce meses, es decir, el promedio de los valores legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003, indexados al 31 de diciembre de 2002”.

    Igualmente, incluía las pautas regulatorias de otros aspectos del PPA. Por ejemplo, señalaba lo que debía hacer un trabajador, que no hubiese obtenido una vinculación automática al PPA, para ser incluido en dicho Plan. Para acogerse al PPA, el trabajador que considerara reunir los requisitos debía “suscribir el Acta de Audiencia Pública Especial de Conciliación ante el representante del Ministerio de Protección”, y luego entregar el puesto de trabajo de conformidad con las demás instrucciones definidas para el efecto.[10] Además, una de las preguntas que resolvía el Instructivo era la siguiente: “[…] 10. Existe un compañero en la Empresa al cual no se le ha enviado comunicación de invitación para acogerse al plan de pensión anticipada y que considera puede acogerse al mismo. ¿Qué puede hacer ese trabajador?”. En el apartado correspondiente, se encontraba contestación a esa pregunta de la siguiente manera:

    “[…] Para estos casos, el trabajador debe enviar una solicitud al Vicepresidente de Gestión Humana, con los soportes correspondientes, los cuales serán revisados y en caso de ser procedente se realizarán las evaluaciones económicas respectivas y se invitará al trabajador a acogerse al plan de pensión anticipada”.[11]

    Aparte de esa información, el Instructivo en comento también se refería a lo que podía ocurrir si los trabajadores de cargos de excepción no cumplían uno de los requisitos fijados para acceder al PPA. Si un trabajador en un cargo de excepción no contaba con veinte años de servicio a Telecom el 31 de diciembre de 2004, el Instructivo precisaba que aun así eventualmente podría acceder al PPA si cumplía con las condiciones previstas para que los cargos ordinarios accedieran a ese mismo beneficio. En sus propias palabras:

    “[…] En este caso se verificó si al trabajador le faltaban menos de 7 años al 31 de marzo de 2003 y se le está ofreciendo plan de pensión anticipada como si estuviera en cargo ordinario. Si el trabajador no cumple con los veinte años de servicio en el cargo de excepción hasta el 31 de diciembre de 2004 y le faltan más de 7 años al 31 de marzo de 2003 para reunir los requisitos para pensión, no se le ofrece propuesta para plan de pensión anticipada”.[12]

    Los peticionarios –dentro de los cuales hay quienes ocuparon cargos ordinarios y de excepción- sostienen en este proceso que al no habérseles reconocido el derecho a ser incluidos en el PPA, la hoy extinta compañía TELECOM les violó todo un haz de derechos fundamentales, por la satisfacción de los cuales a su juicio tendría que responder el PAR. Entre ellos mencionan especialmente los derechos a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, a una protección especial por ser personas de la tercera edad, al debido proceso y a la garantía de los derechos adquiridos.

    En cuanto a la procedibilidad de la tutela, no todos los demandantes están en la misma situación. Algunos presentaron demanda ante la justicia ordinaria, con el fin de que se les reconociera el derecho a ser incluidos en el PPA. Otros en cambio no lo hicieron. Pero todos consideran que la acción de tutela es procedente como mecanismo de protección de sus derechos. Para sustentar esa idea, los peticionarios invocan una interpretación de una línea jurisprudencial integrada por las sentencias SU-519 de 1997,[13] SU-547 de 1997,[14] SU-388 de 2005[15] y T-567 de 2005 de la Corte Constitucional. Manifiestan que el PAR tiene vocación de existir durante un período muy escaso. Esto, en su concepto, justifica la interposición de la tutela para reclamar el PPA, toda vez que una respuesta proveniente de la justicia ordinaria resultaría demasiado tardía.

    Los demandantes sostienen que sus acciones de tutela no carecen por lo demás de inmediatez, ya que la alegada afectación de sus derechos fundamentales es a su juicio permanente. En todos los procesos, las tutelas se interpusieron por lo menos después de tres (3) años, contados desde el momento de la desvinculación, y en algunos casos después de seis (6) años. En uno de ellos, después de catorce (14).[16] Contando desde que se ofreció el PPA, las tutelas se promovieron después de seis (6) años en todos los casos. Algunos actores intentaron, antes de la tutela, otras acciones o formularon peticiones para ser incluidos en el Plan. Otros demandantes no adelantaron ninguna gestión distinta a la interposición de la tutela que da lugar a este pronunciamiento.

    Las peticiones no son iguales en todos los expedientes de este grupo, aunque son semejantes en que se suponen derivadas del derecho al PPA. En algunos de estos, los actores pidieron la tutela definitiva o transitoria de sus derechos fundamentales, el reconocimiento y pago de la pensión anticipada en adelante, y además el pago de las mesadas dejadas de percibir, con el incremento salarial y debidamente indexadas, teniendo en cuenta el promedio de los factores legales y extralegales devengados desde la fecha de retiro del empleo de la extinta TELECOM. También solicitan el pago de los aportes a seguridad social desde el momento de la desvinculación y hasta que sean incluidos en la nómina del plan de pensión anticipada. En otro expediente el tutelante solicita el reconocimiento de derechos convencionales. En unos expedientes, los demandantes piden embargar y retener las siguientes sumas de las cuentas corrientes o de ahorros administradas por el PAR: diez mil noventa y cuatro millones setecientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos ($10.094.786.954), seis mil ochocientos veintiún millones seiscientos treinta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos ($6.821.632.535) y veinte mil seiscientos catorce millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos doce pesos ($20.614.255.912). Estos montos corresponden a lo que los demandantes consideran aproximado de los valores que reclaman.

    b. Contestaciones a las tutelas

    En los escritos de contestación, el PAR solicitó la declaratoria de improcedencia de las acciones de tutela. En su criterio, esta Corte ha sostenido que las solicitudes de reconocimiento, pago y reliquidación de pensiones deben ser resueltas por la justicia ordinaria laboral, y no por el juez de tutela. Entonces para empezar sostienen que las tutelas son improcedentes porque hay otros medios de defensa judicial. Pero además, dice, que estas tutelas en específico carecen de otra condición necesaria para ser consideradas procedentes. Según el PAR, todas las acciones de tutela se presentaron tres (3) y más años después de la desvinculación de los demandantes. Razón por la cual las tutelas son improcedentes también por falta de inmediatez.

    El PAR precisó que fue TELECOM quien ofreció el PPA. No obstante, hizo énfasis en que TELECOM ya no existe jurídicamente. El PAR sostiene que no está obligado a reconocer y pagar las prestaciones solicitadas por los tutelantes, en vista de que no ha tenido relación laboral con ellos. Aseveró asimismo, que los errores en la resolución de estos casos, en las instancias de los procesos de tutela, han tenido significativas repercusiones económicas para el Estado. En ese sentido, aseguró que en su opinión las acciones de tutela deben resolverse de conformidad con el modo como se han decidido demandas similares en la Corte Constitucional. Según el PAR, en su jurisprudencia la Corte ha declarado improcedentes las acciones de tutela, en la medida en que no se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, se desconozca el principio de inmediatez y no se encuentren cumplidos los requisitos para acceder al PPA.

    En cuanto al trasfondo del asunto, el PAR explicó en qué consistía el PPA. De acuerdo con el PAR, los trabajadores de la extinta TELECOM tenían derecho a beneficiarse del PPA siempre y cuando se encontraran en alguno de los regímenes especiales de pensión establecidos en la adenda extra convencional. Es decir, si tenían derecho a pensionarse con (i) veinte (20) años de servicio al Estado y cincuenta (50) años de edad; o con (ii) veinticinco (25) años de servicio al Estado, sin consideración de edad; o bien con (iii) veinte (20) años de servicio al Estado en cargos de excepción y cualquier edad. Ahora bien, además era necesario cumplir con otros requisitos específicos, contenidos en la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1996-1997. Para los cargos ordinarios se requería estar cubiertos por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, haber estado vinculado a la planta de personal de TELECOM cuando se transformó en empresa industrial y comercial del Estado (Decreto 2123 de 1992), y faltarles menos de siete (7) años para obtener la pensión. En cambio, para los cargos de excepción, se requería estar vinculado a la planta de personal de TELECOM al momento de su transformación en empresa industrial y comercial del Estado, y cumplir los veinte (20) años de servicio en dichos cargos antes del 31 de diciembre de 2004, fecha en la cual se terminaban los cargos de excepción de conformidad con el artículo 14 del Decreto 1835 de 1994.

    El PAR sostuvo que los accionantes no tienen derecho a beneficiarse del PPA. Desde su punto de vista, ninguno cumple con todos los requisitos. Por lo demás, cada uno de los actores fue destinatario del pago de la indemnización y de las prestaciones sociales a las que tenían derecho, siguiendo los lineamientos de la convención colectiva de trabajo y de los Decretos 1615 y 2062 de 2003 y 4785 de 2005. El PAR precisó que si la pensión anticipada no fue ofrecida a alguno de los accionantes, eso se debió a que no cumplían las condiciones previstas en la convención colectiva de trabajo. Aunque si los trabajadores consideraban les asistía el derecho, debieron enviar la solicitud correspondiente a la Vicepresidencia de Gestión Humana de la entidad con los soportes pertinentes, “para en caso de ser procedentes hacer la evaluación económica respectiva y proceder a la invitación del trabajador para que se acogiera al Plan.”

    c. Decisiones judiciales objeto de revisión

    En la gran mayoría de los casos, las tutelas fueron concedidas en ambas instancias, si bien con diferencias en cuanto a la fundamentación o en cuanto a las órdenes. Pero en unos pocos, la tutela fue negada o declarada improcedente en primera instancia, y luego revocada en apelación. Así que en todos los casos, las acciones de tutela promovidas en cada uno de los expedientes vienen concedidas por, al menos, los jueces de segunda instancia. Ciertamente, en cada fallo hay algunas diferencias en cuanto a las órdenes, y a los fundamentos para impartirlas, que conviene sintetizar para efectos de asegurar una mejor unificación de criterios en la jurisprudencia.

    En las decisiones judiciales que conceden las tutelas, los jueces de instancia imparten órdenes distintas al PAR. En unos casos, durante el proceso y antes del fallo, decretaron embargar determinadas sumas de dinero del PAR. En las providencias, le ordenan al PAR que ofrezca el PPA a los tutelantes, que evalúe de nuevo si reúnen los requisitos, y en caso de ser así que les garantice las prestaciones correspondientes. En muchos otros casos, se le ordena al PAR que reconozca el derecho de los actores a ser incluidos en el PPA y, además, que les pague todo lo que habrían percibido por cuenta de este plan desde su desvinculación de TELECOM, y hasta que se les reconozca otra pensión en el sistema de seguridad social. Algunos jueces agregaron especificaciones a estas órdenes. En ciertas sentencias los jueces ordenaron el pago de todas las mesadas pensionales, y de todas las otras prestaciones y prerrogativas dejadas de disfrutar desde la terminación del vínculo laboral con TELECOM. En ciertos expedientes, los jueces de tutela conminaron al PAR a pagar estas prestaciones indexadas, sin más descuentos que los permitidos por la ley. En algunos, los jueces le ordenan al PAR pagar sumas de dinero precisadas por ellos (por ejemplo, en uno dice que el PAR debe pagarles a los actores la suma de ocho mil doscientos cincuenta y dos millones ochocientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos (“$ 8.252.883.637”).[17]

    Estas órdenes las apoyaron en diversos fundamentos. En primer término, la gran mayoría de los jueces consideraron que las acciones de tutela instauradas cumplían con el requisito de subsidiariedad. Así, unas veces sostuvieron que dicha acción era el único medio idóneo de defensa judicial, dada la limitada existencia jurídica, en el tiempo, del PAR. Otras veces, manifestaron que era procedente en vista del perjuicio irremediable que pretendía evitarse. En segundo lugar, los jueces que se pronunciaron sobre la alegada falta de inmediatez, adujeron que en materias como esta no opera tal figura debido a que se trata de violaciones continuadas o permanentes de derechos. En tercer lugar, en un fallo de instancia que abordó un cuestionamiento por posible temeridad o cosa juzgada en materia de tutela, el juez manifestó que la temeridad dependía esencialmente del caso, pues “las decisiones que un día lo fueron de una forma, en otro día, bien pueden serlo de forma distinta y contraria, por lo cual y frente a la presente tutela, no se vislumbra en lado alguno la transgresión de dicha norma sancionadora”.

    En lo que atañe al fondo del asunto, en los fallos en los cuales se tutelan los derechos invocados algunos jueces sostienen que para acceder al PPA no podía exigírseles a los trabajadores estar cubiertos por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Uno de ellos manifestó que ese es un ““requisito a todas luces, injusto e ilegal, por cuanto por normas posteriores a las ya establecidas en los convenios convencionales, no es dable cambiar requisitos de adquisición de derechos”, y esta opinión es representativa de los fundamentos de los demás fallos que conceden las tutelas. En un grupo de fallos se dice que el solo hecho de hacer esta exigencia viola el derecho a la igualdad de los trabajadores que no la cumplen. En otro grupo, lo que se dice es que ya ha habido otros casos de tutela en los cuales se ha fallado a favor de trabajadores de TELECOM que no reúnen determinados requisitos, y en virtud del derecho a la igualdad debe dárseles el mismo trato a los demás. Igualmente, en un grupo adicional de fallos, se alega que los demandantes ven amenazados sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la protección especial, por estar próximos a la tercera edad.

    4.2. Segundo conjunto de tutelas PPA. Reliquidación de la Pensión Anticipada

    a. La acción de tutela

    Este conjunto está integrado por un expediente, que contiene la tutela de una persona.[18] En efecto, uno de los tutelantes había iniciado, antes de este, otro proceso de tutela con el fin de que se lo incluyera en el PPA. El proceso concluyó el quince (15) de enero de dos mil nueve (2009) y la decisión final fue favorable a sus intereses. El juez de tutela ordenó incluirlo en el PPA, y pagarle las mesadas pensionales dejadas de percibir desde abril de dos mil tres (2003). En cumplimiento de los mencionados fallos, el PAR incluyó al tutelante en la nómina de pensiones anticipadas, y liquidó las mesadas pensionales con base en el promedio de los factores salariales devengados por el tutelante desde el 1° de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil nueve (2009), con fundamento en el instructivo de pensiones anticipadas elaborado por Telecom. El demandante no estuvo de acuerdo con esa liquidación.

    Por eso, mediante un derecho de petición el actor le pidió al PAR, el catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009), que reliquidara su mesada pensional teniendo en cuenta los factores salariales por él percibidos al treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual se retiró de la entidad. La pensión anticipada, en su opinión, no podía liquidarse con base en los factores salariales que se habían promediado. También pidió que se le pagaran los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. No obstante, en oficio del nueve (09) de octubre de dos mil nueve (2009), el PAR contestó el derecho de petición, informándole que no había lugar a la reliquidación. La liquidación de su pensión anticipada, según el PAR, se había hecho con base en el Instructivo adoptado por Telecom para liquidar las mesadas del PPA, y con estricto apego al fallo de tutela que le concedió el derecho ser incluido en tal plan. Y en cuanto al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aseguró que no operaba ya que la suya no es una pensión de vejez regida por dicha ley, sino una pensión de jubilación en sentido estricto.

    El actor considera que esta actuación del PAR le violaba sus derechos fundamentales. Por lo mismo, mediante acción de tutela solicitó que se ordenara al PAR la reliquidación de la mesada derivada del PPA, tomando como base los ingresos salariales percibidos por él a 31 de enero de 2006, y que se ordene al PAR el pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) hasta el veintiuno (21) de marzo de dos mil nueve (2009).

    b. La contestación de la acción de tutela

    El PAR se opuso a las peticiones de la tutela. Señaló que la petición elevada por el actor obtuvo una respuesta íntegra mediante oficio N° PARDS 000797-09 del 11 de septiembre de 2009. En ella se le informó que la pensión anticipada había sido liquidada teniendo en cuenta los respectivos factores legales y extralegales devengados desde el 1° de abril de 1994 hasta el 31 de marzo de 2003, incluido el IPC de todos los años. De otra parte, sostuvo que el demandante de manera previa había impetrado idéntica acción de tutela, con el fin de que fuera protegido el derecho fundamental de petición, la cual fue decidida por el mismo funcionario judicial de manera favorable, dando lugar a la expedición del mencionado oficio. En tal virtud, estimó que el peticionario “falta a la verdad (…) con el juramento realizado con la presentación de la actual acción de tutela, por lo que el señor J. deberá proceder de conformidad con los designios del Decreto 2591 de 1991”. Señaló que después de haberse respondido el derecho de petición, lo que sobreviene es declarar improcedente la tutela, por hecho superado.

    c. Decisiones judiciales objeto de revisión

    En primera instancia el demandante obtuvo un pronunciamiento favorable. El Juzgado tuteló el derecho fundamental a la igualdad y ordenó reliquidar la pensión anticipada, tomando como ingreso base lo devengado a treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), junto con los demás derechos legales y extralegales, “todo lo cual no se tuvo en cuenta para la liquidación de la pensión”. Precisó que para el efecto, debían incluirse como factores salariales el porcentaje correspondiente a la prima de retiro, la prima técnica y la prima de antigüedad, las cuales se le cancelaron en vigencia de su contrato de trabajo, así como el respectivo porcentaje por la remuneración o recargo laboral que recibían los trabajadores en el mes de diciembre (prima por recargo de trabajo en diciembre). También dispuso el pago de los intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre todas y cada una de las mesadas causadas desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta el veintiuno (21) de marzo de dos mil nueve (2009), fechas en las cuales el demandado reconoció y pagó los valores derivados del plan de pensión anticipada.

    El Juzgado de primera instancia advirtió que el PAR debía abstenerse de hacer cualquier tipo de descuento a la suma sujeta a reliquidación, para destinarlo al sistema de seguridad social en salud y pensiones. Por lo demás, señaló que el PAR debía especificar lo que habría de ser objeto de reliquidación por concepto de intereses moratorios y de pensión anticipada. Finalmente, precisó que el accionante adquirió el estatus de pensionado a partir del primero (1°) de abril de dos mil tres (2003), pero que su retiro efectivo se dio el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), razón suficiente para liquidar la pensión anticipada con el sueldo básico y demás factores legales y extralegales devengados al momento en el que se desvinculó de TELECOM, lo cual garantiza que la mesada recibida no pierda poder adquisitivo, tal como lo prevé el artículo 53 de la Constitución. El fallo fue impugnado, pero en segunda instancia fue confirmado. Al resolver la apelación, el Juzgado de segunda instancia se apoyó fundamentalmente en los argumentos expuestos en la providencia recurrida. Sostuvo: “se ha dado una violación flagrante del derecho constitucional fundamental a la igualdad del actor M.A.G., por cuanto ha existido una discriminación entre iguales, frente a situaciones fácticas idénticas”.

    4.3. Tercer conjunto de tutelas PPA. Suspensión unilateral del pago de la pensión anticipada

    a. La acción de tutela

    Este conjunto está integrado por un expediente, en el cual obra la acción de tutela instaurada por una persona.[19] Sostiene el actor que como consecuencia de decisiones judiciales adoptadas en un proceso de tutela anterior, fue incluido en el PPA. Pero a partir del treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), el PAR decidió suspender el pago de las mesadas, por cuanto en su criterio este era un asunto pendiente de resolver por la Corte Constitucional. Afirma que instauró un derecho de petición ante el PAR y le solicitó el pago de las respectivas mesadas. Pero asegura que no obtuvo respuesta. Desde su punto de vista, estas actuaciones del PAR suponen una extralimitación en el ejercicio de sus funciones. La suspensión del pago de la pensión anticipada, afecta su subsistencia digna, en tanto se trata del ingreso económico que le permite sufragar los gastos de arriendo, servicios públicos, y alimentación. Agrega que la decisión del PAR igualmente afecta su derecho a la salud, pues no se están haciendo aportes al sistema general de salud.

    El demandante hace hincapié además en que es responsable de la manutención de su familia. Precisa que su compañera es discapacitada, debido a una artrosis y trastorno depresivo. De hecho, afirma que esta última ya fue calificada con una discapacidad del 57,83%. Asegura que debe velar por su madre, quien tiene alrededor de ochenta y un (81) años de edad. Aparte, es él quien cuida y ve por un hermano discapacitado que padece esquizofrenia paranoide. Y finalmente, es quien sostiene a su hijo, estudiante universitario. Justifica la procedencia de la acción de tutela en que la falta de pago de la pensión anticipada lo pone en una situación de indefensión, y en riesgo inminente de sufrir un perjuicio irremediable.

    El accionante pide, en consecuencia con lo anterior, el restablecimiento de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la salud, a la vida, a acceder a la administración de justicia y a los derechos adquiridos. Por contera, solicita que se reanude el pago de las mesadas de pensión anticipada dejadas de percibir durante los meses de junio (mesada adicional), julio y agosto de dos mil diez (2010), así como las demás que se generen en el futuro, y los aportes al sistema de seguridad social en salud, durante los mismos períodos.

    b. Contestación de la acción de tutela

    La apoderada del PAR solicitó declarar improcedente la tutela. Sustentó su petición en los siguientes motivos. Primero, dijo que el actor incurrió en temeridad, en tanto promovió con anterioridad una acción de tutela que fue decidida por los Juzgados Promiscuo Municipal y de Familia, ambos de Lorica (Córdoba), los cuales ordenaron el reconocimiento y pago de la pensión anticipada. Segundo, manifestó que la suspensión de las mesadas tuvo origen en la orden y el requerimiento realizado por la Corte Constitucional, que tenía por objeto determinar en qué casos el reconocimiento de la pensión anticipada se había efectuado de manera irregular, encontrándose entre ellos el demandante, teniendo en cuenta que no cumplía las exigencias para estar incluido en el plan correspondiente de pensiones. De igual modo, puso de presente que de acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se presentaron irregularidades en la concesión de tales derechos.[20] Finalmente, de conformidad con el reporte expedido por el FOSYGA, el peticionario cotizó ininterrumpidamente al sistema de seguridad social en salud hasta el mes de agosto de 2010.

    c. Decisión judicial objeto de revisión

    La tutela fue decidida en una única instancia. Al demandante no le tutelaron los derechos invocados. El Juzgado que conoció del amparo lo declaró improcedente, por considerar que el actor puede acudir a las instancias pertinentes, las que en este caso no pueden ser desplazadas por la acción de amparo constitucional. La acción ordinaria, agregó, es el medio de defensa judicial idóneo en este caso, y para poder ser desplazada se requiere probar el daño impetrado, “e igualmente que al tramitar el litigio por el otro mecanismo de defensa se haría nugatorio el ejercicio y disfrute de los derechos, haciendo mucho más gravosa la situación particular del afectado.”[21] Por lo demás, a juicio del Juzgado, el PAR podía legítimamente suspender el pago al actor de la pensión anticipada sin violar su derecho al debido proceso, toda vez que tuvo como fundamento una orden impartida por la Corte Constitucional.

    4.4. Cuarto conjunto de tutelas PPA. Reconocimiento y pago de pensión de jubilación

    a. La acción de tutela

    Dos personas integran este conjunto.[22] La situación fáctica expuesta en este asunto no se diferencia de la que se expone en las tutelas sobre fuero sindical. Sin embargo, los demandantes piden a CAPRECOM que les reconozca y pague retroactivamente la pensión de jubilación a que creen tener derecho.

    b. La contestación de la tutela

    Caprecom contestó estas tutelas y pidió no concederlas. Dijo que uno de ellos cuenta con veinticinco (25) años, tres (3) meses y tres (3) días de servicio, pero no se encuentra en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 pues al 1° de abril de 1994, no tenía ni cuarenta (40) años de edad, ni quince (15) años de servicio y por eso la entidad le negó la pensión mediante la resolución No. 2719 del 19 de diciembre de 2006. Aseguró que el otro tutelante de este grupo laboró en la entidad veinticinco (25) años y siete (7) días, pero no se encuentra en el régimen de transición porque tampoco tenía quince (15) años de servicio o cuarenta (40) años de edad al 1° de abril de 1994. Entonces, a juicio de Caprecom, a los dos peticionarios se les debe aplicar la Ley 797 de 2003, que dispone como mínimo mil trescientas (1300) semanas de cotización y sesenta y dos (62) años de edad. Pero ninguno cumple con ambos requisitos, según Caprecom. Para mostrarlo, señala que al 1° de abril de 1994 ninguno (siendo hombres) tenía cuarenta (40) años de edad, ni tampoco quince (15) años de servicio.

    c. Decisiones objeto de revisión

    En primera instancia se les negó el amparo a todos los tutelantes de este expediente. El Juzgado que lo resolvió consideró que los peticionarios no acreditaron un perjuicio irremediable pues, pese a que fueron desvinculados de sus cargos, la administración les reconoció y pagó las prestaciones sociales que les correspondían, así como la indemnización a que tenían derecho, cancelándoles en consecuencia sumas altas de dinero. En segunda instancia, se revocó esa decisión y se ordenó a Caprecom proceder al reconocimiento y pago de mesadas, incluyendo el retroactivo correspondiente. El Tribunal que fungió como segunda instancia consideró que los peticionarios pertenecen a la tercera edad, ya que “son personas con que oscilan entre los 40 y 60 años”,[23] y por tanto merecen especial protección constitucional.[24] Consideró acreditado un perjuicio irremediable que, sumado al hecho de que el PAR estuviera a punto de cumplir su ciclo, hacía procedente el amparo. En cuanto al fondo del asunto, señaló que se evidencia la afectación al mínimo vital de los actores, pues el solo hecho de quedar sin salario era un claro y evidente desconocimiento de este derecho fundamental. Adicionalmente, estimó que a los accionantes no se les debía aplicar el régimen de transición, porque “estos están cobijados por un régimen especial que no se debe desconocer”,[25] y tienen la edad y cumplen con los requisitos de tiempo laborado, de acuerdo a la adenda convencional”,[26] condiciones que consideró suficientes para proteger los derechos fundamentales de los actores y ordenar el reconocimiento y pago de la pensión.[27]

  5. Casos sobre fuero sindical

    Los casos relacionados con la supuesta garantía del fuero sindical están contenidos en seis expedientes.[28] A continuación se expondrán las acciones de tutela, las contestaciones y las decisiones judiciales bajo revisión.

    a. Las acciones de tutela

    Un grupo de accionantes presentó tutela por considerar vulnerada su garantía de fuero sindical durante la liquidación de TELECOM. Estas solicitudes de amparo presentan aspectos comunes, pero también algunas diferencias. Los actores afirman haber sido trabajadores oficiales de TELECOM, y además haber sido aforados sindicales, por haber integrado el sindicato de primer grado y de industria denominado Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones ‘USTC’, en el cual hacían parte de la junta directiva o de algunas de sus seccionales, o de otros organismos de la misma naturaleza.[29] En su criterio, por tener esa condición contaban con fuero sindical. Por tanto, dicen que en virtud de la Constitución, la ley, los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, tal como estos han sido interpretados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tenían derecho a no ser desvinculados sino con previa autorización judicial. Lo cual a su modo de ver estaba reforzado por el artículo 17 del Decreto 1615 de 2003, que ordenó la liquidación de TELECOM.[30] No obstante, sostienen que este derecho no se les respetó.

    En algunos de los casos, los trabajadores fueron desvinculados sin siquiera iniciarse procesos de levantamiento de fuero sindical. En otros, la desvinculación se produjo después de que se iniciaran procesos de este tipo, pero antes de que concluyeran con la autorización del juez natural para levantar el fuero y terminar el vínculo. En controversias adicionales los trabajadores fueron desvinculados después de que los procesos de levantamiento llegaran a su fin, aun cuando en estos se hubiese resuelto negar la solicitud. Y finalmente hay también algunos casos en los cuales la terminación de la relación de trabajo se dio en virtud de autorización de juez competente. Los actores subrayan que la responsabilidad de iniciar los respectivos procesos de levantamiento del fuero sindical, de acuerdo con la normatividad que regulaba la liquidación, debía ejercerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del Decreto 1615 de 2003.

    Con fundamento en estos hechos, los peticionarios de las acciones de tutela explican que interpusieron la solicitud de amparo a sus derechos, y no otra acción disponible para casos de este orden, debido a que la manutención de sus familias dependía del ingreso económico que percibían de la extinta TELECOM. En vista de esto, y de que se encuentran en imposibilidad de acceder a otro empleo por su avanzada edad, en su criterio la acción de tutela es el único medio idóneo para lograr el restablecimiento de sus derechos fundamentales, en tanto que el PAR, al momento de promover sus solicitudes de amparo, debía dejar de funcionar a partir del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil nueve (2009).

    En unos casos, los actores solicitan: i) que el PAR efectúe el pago de los salarios, prestaciones sociales, incluidas aquellas de naturaleza convencional y los aportes al sistema de seguridad social, dejados de percibir como consecuencia del despido ilegal, y ii) una indemnización, materializada en un incremento en los salarios a su juicio causados entre el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y la fecha de ejecutoria de la sentencia que ordene el levantamiento del fuero sindical, con la respectiva indexación. En otros casos, piden: i) el pago de una indemnización distinta a la que obtuvieron quienes no gozaban de la garantía foral, ii) el pago de salarios, prestaciones sociales (incluidas las de naturaleza convencional) y los aportes al sistema de seguridad social, debidamente indexados a partir del despido y de los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación hasta el pago de la misma, iii) el embargo de las cuentas a nivel nacional que posea el PAR, y iv) que los procesos de fuero sindical se desarchiven o, si se negó el permiso para terminar los contratos laborales a los aforados, se disponga que es preciso iniciar nuevamente las respectivas acciones judiciales, con el fin de alcanzar la respectiva autorización judicial que convalida el despido.

    b. Contestación de las acciones de tutela

    El PAR solicitó la declaratoria de improcedencia de las peticiones de tutela, porque a su juicio en recientes pronunciamientos sobre casos similares la Corte Constitucional ha concluido que solicitudes como estas (i) desconocen el principio de inmediatez y (ii) la subsidiariedad, en tanto existe otro mecanismo de defensa judicial para ventilar la controversia. Sostuvo que todos los contratos de trabajo se dieron por terminados conforme lo dispone el artículo 8° del Decreto Ley 254 de 2000, sin que hubiera mediado algún tipo de actuación arbitraria.[31] Agregó que es un ente distinto de la extinta TELECOM, que sus funciones y obligaciones se circunscriben al contrato de fiducia mercantil, y que el objeto de esta es la administración de los bienes fideicomitidos. De tal manera, adujo que no resultaría razonable imponerle una carga prestacional, surgida durante la existencia de TELECOM y supuestamente ocasionada por esta última, máxime cuando los accionantes no han tenido ningún tipo de vínculo laboral con el PAR.

    Manifestó que la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que la continuidad laboral, incluso en materia de fuero sindical, solo se garantiza mientras la empresa exista jurídicamente, lo cual para el caso de TELECOM se dio hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). En consecuencia, hizo hincapié en que a los demandantes se les informó de la terminación de sus contratos, y el levantamiento del fuero sindical obedeció entonces a que se extinguió la vida jurídica de la mencionada entidad. Lo cual de suyo conllevaba, en su criterio, la supresión de los cargos, en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1615 de 2003 ‘por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena su liquidación’; 2062 de 2003 ‘Por el cual se modifica la planta de personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en liquidación’, y 4781 de 2005 ‘por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1615 de 2003’. Agregó a esto que a los actores se les pagó la liquidación de prestaciones definitivas e indemnización, en los términos de la Convención Colectiva de Trabajo y la normatividad vigente.

    Indicó, aparte de lo anterior, que para la existencia del fuero sindical se requerían varios presupuestos, entre los cuales destacó el vínculo laboral y la existencia de un sindicato, aspectos legales que no se dan en el presente asunto teniendo en cuenta que la entidad, empresa o patrono llamada a garantizar dichos privilegios dejó de existir. Al desaparecer TELECOM se extinguió la relación laboral y la obligación de esta de mantener el fuero sindical. En ese contexto, a su modo de ver deviene imposible pretender el reintegro de los trabajadores que estuvieron en otro momento aforados. Quedaría únicamente, de acuerdo con el PAR, la posibilidad de determinar la procedencia de una indemnización plena, cuestión que le corresponde dirimir al juez ordinario, en tanto la acción de tutela tal como lo consideró la Corte Constitucional en sentencia T-729 de 1998, no es el medio judicial idóneo para tal efecto.

    Estos argumentos expuestos por el PAR son generales, y no versan sobre hechos particulares planteados en una o más acciones de tutela en específico. Pero el PAR también se opone a las solicitudes con hechos o argumentos que versan particularmente sobre puntos de una o más acciones de tutela, no comunes a todas ellas. El PAR sostiene que en algunos casos los actores habían presentado con anterioridad acciones de tutela por los mismos hechos, iguales fundamentos jurídicos y pretensiones, con lo cual en su concepto se configuraría una actuación temeraria. Alega también que en otros asuntos los demandantes habían promovido anteriormente acciones de reintegro, y que en esos eventos hay una decisión ejecutoriada que ha hecho tránsito a cosa juzgada. Finalmente, dijo que en otro tema los demandantes han adquirido la condición de prepensionados, y así en su opinión se hace inviable un pronunciamiento del juez de tutela sobre el fondo de sus pretensiones de amparo por violación de las garantías de fuero sindical.

    Para terminar, el PAR asevera que en casos similares a algunos de los que se analizan en este proceso la Corte Constitucional ha resuelto de modo desfavorable las acciones de tutela. Así, según el PAR, esta Corporación ha sostenido que en asuntos parecidos a los que se plantean en esta ocasión, hay un ejercicio abusivo del amparo, y que este debe acarrear para los accionantes las consecuencias jurídico-sancionatorias fijadas en el ordenamiento, según lo establecido en la sentencia T-538 de 2009.[32] Ha dicho que en algunos eventos como los que se presentan en las tutelas sólo es viable ordenar el reintegro de un trabajador cobijado por la garantía foral, mientras exista jurídicamente la entidad (sentencia T-383 de 2007).[33] También indicó que el desconocimiento del requisito de inmediatez debe implicar la declaratoria de improcedencia de la tutela (sentencia T-1062 de 2007).[34] Finalmente, dijo que los contratos laborales de los aforados sindicales pueden darse por terminados sin necesidad de autorización judicial (sentencia T-592 de 2006).[35]

    c. Decisiones judiciales objeto de revisión

    Al igual que sucedió con los procesos del PPA las decisiones judiciales relacionadas con el fuero sindical acogieron en su mayoría las pretensiones de los accionantes con particularidades y matices, tanto en las consideraciones como en las órdenes, que se expondrán en el anexo correspondiente. Tan sólo dos de los negocios fueron declarados improcedentes en primera instancia, pero luego las decisiones fueron revocadas y se concedió el amparo. Sin embargo, no todos los peticionarios fueron beneficiados con las decisiones que condenaron al PAR de TELECOM porque los jueces y tribunales excluyeron de tales beneficios a algunos trabajadores (a los pensionados, a los peticionarios que a su juicio no eran aforados y a quienes habían sido indemnizados conforme a ciertos criterios que juzgaron adecuados). Por lo tanto, las acciones de tutela promovidas en cada uno de los expedientes vienen concedidas por los jueces de instancia.

    En cuanto se refiere al análisis de procedencia, los jueces de instancia sostuvieron uno o más de los siguientes argumentos. En unos casos, que la tutela procedía en tanto se configuraba un perjuicio irremediable en personas de la tercera edad (grupo en el cual ubicaron a peticionarios que tenían edades entre 40 y 60 años). La tutela era procedente, según algunos jueces, además porque había un riesgo para el mínimo vital de los peticionarios, o porque la vida jurídica de TELECOM era exigua y su desaparición dejaba sin fundamento el eventual reclamo de sus derechos por parte de los trabajadores en un proceso ordinario. En otros fallos, se dijo que el amparo debía proceder, en fin, porque la supuesta vulneración a los derechos fundamentales persistía.

    En lo que atañe al fondo de los asuntos resueltos, las decisiones se sustentaron de modos diversos. En algunos fallos los jueces concluyeron que el PAR tenía la obligación de levantar el fuero sindical de los trabajadores aforados por el mecanismo judicial legalmente dispuesto para tal fin, conforme lo enunciaba la Ley 362 de 1997, el Decreto Ley 254 de 2000 y la jurisprudencia constitucional, y que al no haberlo hecho o no haber obtenido en ese contexto autorización judicial para desvincular a los aforados se les habían desconocido sus derechos fundamentales. A esto, en ciertos eventos, se agregó que la indemnización plena estaba empero justificada, según su interpretación de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-1108 de 2005. Adujeron, al respecto, que este era el modo de proceder en procesos de liquidación de entidades en los que se torna imposible reintegrar a los trabajadores aforados que hubiesen sido desvinculados de manera indebida.

    Finalmente, los jueces y tribunales en algunos casos ordenaron que se les pagara a los demandantes afectados, y a título de indemnización, los salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social dejados de percibir entre el momento de su desvinculación y el de la expedición de la respectiva autorización judicial. En una de las decisiones el juez consideró necesario embargar dineros del PAR de TELECOM en un monto equivalente a mil doscientos treinta y tres millones cien mil trescientos treinta y cinco pesos ($1.233.100.335). Este embargo tenía un fin cautelar, y se libró con el propósito de garantizar el pago de las acreencias adeudadas a los peticionarios. Como se dijo, las autoridades judiciales competentes denegaron sin embargo algunas de las peticiones de amparo a ciertos peticionarios, sobre la base de que en su criterio no reunían los requisitos suficientes para ser protegidos judicialmente.

  6. Casos sobre retén social (RS)

    Los casos sobre retén social están contenidos en tres expedientes.[36] Entre estos hay dos grupos de asuntos distintos: uno corresponde a madre o padres cabeza de familia, y otro a prepensionados. A continuación, la Corte presentará las acciones de tutela, las respuestas de las entidades demandadas y por último las decisiones judiciales de instancia.

    6.1. Primer conjunto RS: madres o padres cabeza de familia

    a. Las acciones de tutela

    Un conjunto de demandantes asegura haber ingresado a trabajar para TELECOM antes de que esta compañía hubiera entrado en proceso de liquidación, lo cual ocurrió a partir de la expedición del Decreto 1615 del 12 de junio de 2003. Dicen que en el curso de la liquidación fueron desvinculados de sus cargos, sin tener en cuenta que son madres o padres cabeza de familia, y que todos superan los treinta y cinco (35) años de edad, etapa en la cual a su juicio las personas “no cuentan con oportunidades de trabajo”. Esta desvinculación desconoce, según su punto de vista, el sistema de protección ofrecido por el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y sus normas complementarias, el cual en su opinión les aseguraba el derecho a continuar vinculados a la compañía, por tratarse de madres o padres cabeza de familia.

    Con lo cual, según afirman, se les violaron sus derechos y los de sus hijos a la estabilidad familiar, a la seguridad social, a la educación y al trabajo. Esto, según los accionantes, tiende a ser más claro si se tiene en cuenta que otros ex trabajadores de TELECOM sí han recibido protección, y que en sus propias familias hay quienes tienen que continuar con tratamientos médicos, “pues sufren de enfermedades que requieren de costosos tratamientos, que son imposibles de sufragar ante la cruel y difícil situación económica que atraviesan”. Además, debe tomarse en consideración que hay niños de por medio, y la desvinculación de sus padres genera la desafiliación de los menores del sistema de seguridad social, y que no tendrían las mismas condiciones de recreación, “provocando en ellos retardos e inhibición social que impiden su libre desarrollo de la personalidad dentro del núcleo social”.

    En su criterio, las madres y padres cabeza de familia son sujetos de especial protección constitucional y, en esa medida, están en condiciones de debilidad manifiesta. Eso, sumado al hecho de que el PAR está próximo a extinguirse o a quedar sin fondos para hacer los pagos derivados de la protección correspondiente a sus derechos, es desde su punto de vista suficiente para concluir que la tutela se justifica como medio para solicitar una protección urgente e impostergable. Piden, en este contexto, que se condene al PAR a pagar a todos los accionantes, en el término de las cuarenta y ocho horas (48), todos los salarios, beneficios convencionales y prestaciones laborales dejadas de pagar desde cuando fueron desvinculados y hasta la fecha en que se efectúe íntegramente el pago. El monto de esos pagos se debe ajustar –según las acciones de tutela- a lo dispuesto en la Ley 790 de 2002 y “al Monto Indicado en las Liquidaciones anexas, suscritas por Contador Público”.

    b. Contestación de las acciones de tutela

    El PAR se opuso a las pretensiones y solicitó declarar improcedentes las acciones de tutela. Sostuvo al respecto que entre quienes interpusieron las tutelas hay dos grupos diferentes. Uno está integrado por personas que en su momento lograron demostrar apropiadamente su condición de madres o padres cabeza de familia, y por lo mismo fueron reintegradas a TELECOM. No obstante, el otro está compuesto por ex trabajadores de TELECOM que no lograron probar oportunamente y con suficiencia pertenecer a una de estas dos categorías. Los actores de ambos grupos, sin embargo, asegura el PAR que carecen actualmente de derecho a recibir una protección especial derivada del retén social, toda vez que desde el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) se terminó el proceso de liquidación de TELECOM, y una vez concluye una liquidación se termina la protección derivada del retén social. Aparte, el PAR sostiene que todos los actores recibieron una liquidación por los servicios prestados, la cual incluyó –según el demandado- salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1615 de 2003, 2062 de 2003 y 4781 de 2005.

    Además el PAR aduce que las peticiones de amparo fueron presentadas después de un lapso irrazonable. Dice, en uno de los expedientes, que los actores fueron desvinculados justo al terminarse el proceso de liquidación de TELECOM y sin embargo instauraron sus tutelas a mediados del año dos mil nueve (2009), con lo cual tardaron aproximadamente tres (3) años y diez (10) meses para reclamar sus derechos. Y en el otro expediente el PAR asegura que los demandantes fueron desvinculados tiempo antes de que TELECOM se liquidara definitivamente, y a pesar de ello sólo promovieron la tutela seis (6) años y tres (3) meses después, cuando ya la compañía se había extinguido por completo. De cualquier forma, aduce el demandado, las acciones de tutela no cumplen con el requisito de inmediatez, razón por la cual deben ser declaradas improcedentes.

    Esta solicitud la respalda también en la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para plantear las reclamaciones que ahora elevan. A esto agrega argumentos relacionados con la desaparición jurídica de TELECOM desde el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), con la falta absoluta de relación entre el PAR y los demandantes, con la idea de que el PAR no es sucesor ni tampoco subrogatario de TELECOM, con la apreciación de que los actores alegan una violación por parte de TELECOM y no específicamente del PAR, entre otros puntos. Finalmente el PAR aduce que el juez de tutela no puede ordenar el reintegro, la reinstalación o reubicación de los accionantes, toda vez que una orden en ese sentido sería imposible de cumplir física y legalmente debido a la extinción de la compañía para la cual trabajaban.

    c. Decisiones judiciales objeto de revisión

    Los jueces de instancia en términos generales concedieron la tutela a todos los peticionarios, salvo a dos. A estos últimos, se les negó finalmente la solicitud de protección con base en que no acreditaron su condición de padres o madres cabeza de familia. A los demás, les tutelaron sus derechos, si bien con argumentos variados y órdenes diferentes. En cuanto a las órdenes, en una decisión se dispuso vincular a los demandantes al PAR hasta que se terminara la existencia jurídica de este. En las otras, se impartió la orden de pagar a los actores salarios, prestaciones legales y convencionales, así como cualquier otro reajuste, emolumento o derecho dejado de cancelar desde cuando fueron desvinculados de la compañía. En una de ellas se resolvió poner a órdenes del respectivo despacho judicial el monto de las correspondientes liquidaciones, en una cuenta de depósito judicial.

    Los argumentos en los que se fundaron estos fallos tienen que ver de un lado con la procedencia de la tutela y, de otro, con la prosperidad de la misma. En cuanto a la procedencia de la tutela, los jueces de instancia pretendieron justificarla de distintas maneras. El requisito de subsidiariedad, uno de ellos lo juzgó cumplido porque a su juicio los actores buscaban protección de un derecho fundamental y remitirlos a la justicia ordinaria sería tanto como negarle rango fundamental al derecho invocado. En otro de los fallos la subsidiariedad se consideró superada por cuenta de la escasa vida jurídica del PAR y de la situación crítica de los peticionarios. En lo atinente a la inmediatez, todos los jueces consideraron que las tutelas se instauraron en un término razonable. Uno de ellos expresó que la violación a los derechos era continua y permanente, de modo que la tutela no era tardía o extemporánea.

    Entre los argumentos para fallar de fondo, uno de los jueces sostuvo que el sistema de garantías conocidas como retén social no tiene un término de duración. Para sustentar este aserto, hizo referencia a la sentencia C-991 de 2004. Dijo que en esta decisión la Corte Constitucional declaró inexequible el literal d) del artículo 8° de la Ley 812 de 2003, que establecía un límite temporal previsto para los beneficiarios del retén social. Con base en lo cual concluyó que la calidad de favorecidos por tal retén, en su condición de madres o padres cabeza de familia, no puede ser “objeto de limitación en el tiempo”. En lo que atañe a la demostración, por parte de los accionantes, de su calidad de padres y madres cabeza de familia, en los fallos se dice que todos los peticionarios salvo dos acreditaron serlo con suficiencia, en tanto allegaron declaraciones extra juicio, en las cuales manifiestan que sus hijos menores de edad, cónyuges o compañeras permanentes, dependían de ellos al momento de terminarse sus vínculos con TELECOM.

    6.2. Segundo conjunto RS: prepensionada

    a. La acción de tutela

    Hay una acción de tutela, en la cual la peticionaria asegura tener derecho a los beneficios del retén social por ser prepensionada.[37] Dice haber estado vinculada a TELECOM desde el dos (2) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual se terminó el proceso de liquidación de dicha compañía, y que a partir de entonces quedaron sin trabajo y sin recursos suficientes.[38] Considera que cuando fue desvinculada de la entidad ya tenía los requisitos suficientes para beneficiarse con el retén social contemplado en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, en consideración a su tiempo de servicio a favor de la entidad, a sus cargos y su edad. Sostiene que por ser prepensionada tenía derecho al retén social incluso después de la liquidación definitiva de TELECOM. Con fundamento en estos hechos, pide protección para sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la favorabilidad. Como consecuencia, solicita el reintegro a la planta de personal, en un cargo igual o mejor que el ocupado antes de la desvinculación, el pago de salarios dejados de percibir desde que se le terminó el vínculo con TELECOM y el de los que se causen hasta cuando adquiera su derecho a la pensión de jubilación, y se la incluya en el plan de pensión anticipada en las mismas condiciones en las que se les ofreció a los demás trabajadores de TELECOM.

    b. Contestación de la acción de tutela

    El PAR solicitó negar la tutela. Sostuvo que la accionante no cumple los requisitos necesarios para beneficiarse con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Aparte, manifestó que una de las tutelantes no estaba vinculada a la entidad cuando esta se transformó en empresa industrial y comercial del Estado. Esto lo consideró suficiente para sostener que no tiene derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada. También lo expuso como argumento para concluir que carecía de derecho a considerarse prepensionada, pues quien no estuvo vinculado a la compañía cuando esta se convirtió en empresa industrial y comercial del Estado, no tiene tampoco derecho a ser beneficiaria del retén social, en calidad de prepensionada, en tanto para la fecha en la cual fue desvinculada de la entidad, no estaba próxima a cumplir los requisitos para pensionarse con alguno de los regímenes aplicables a los servidores de TELECOM.

    El PAR alegó que la tutela se interpuso después de mucho tiempo de haber sido desvinculada la peticionaria de la entidad, por lo cual debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez. Manifestó también que existen otros medios de defensa judicial para plantear las reclamaciones que ahora se elevan. A esto agrega argumentos relacionados con la desaparición jurídica de TELECOM desde el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), con la falta absoluta de relación entre el PAR y los actores, con la idea de que el PAR no es sucesor o subrogatario de TELECOM, con la opinión de que los actores no alegan una violación específica del PAR sino de TELECOM, con el hecho de que los tutelantes han sido indemnizados por la liquidación, entre otros. Finalmente el PAR aduce que el juez de tutela no puede ordenar el reintegro, la reinstalación o reubicación de accionantes, toda vez que una orden en ese sentido sería imposible de cumplir física y legalmente debido a la extinción de la compañía para la cual trabajaban.

    La Fiduciaria Popular intervino para contestar la tutela. Indicó al respecto que el consorcio remanentes de TELECOM está conformado por la sociedad Fiduagraria S.A., como representante del consorcio, y la fiduciaria Popular S.A., el cual que fue creado para celebrar un contrato de fiducia mercantil con la fiduciaria La Previsora, entidad que actuó en calidad de liquidador de Telecom y Teleasociadas. En razón de estas circunstancias, la Fiduciaria Popular adujo que no puede actuar de manera independiente y, en esa medida, que no debe ser considerada como sujeto pasivo de lo solicitado en la tutela. Manifestó finalmente que no cuenta con los soportes documentales ni con la información pertinente, “que pueda dar solución y/o viabilidad a lo pretendido por la accionante, ya que ésta Entidad no tienen vínculo de ninguna clase con la señora M.”.[39]

    c. Decisiones judiciales objeto de revisión

    La acción de tutela fue concedida en primera instancia como mecanismo transitorio, y se ordenó el reintegro de la peticionaria a un cargo igual o mejor al que venía desempeñando, así como el pago de los salarios dejados de percibir hasta que la justicia ordinaria dispusiera algo distinto. Esta decisión fue luego revocada en segunda instancia, sobre la base de la improcedencia del amparo debido a que no cumplía con la inmediatez, en tanto había sido interpuesto tres (3) años y cuatro (4) meses después de la supuesta violación a los derechos fundamentales.

  7. Actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional

    7.1. Auto 241 de 2010

    En virtud del artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, y tras advertir que la medida a adoptar no implicaba de manera alguna prejuzgamiento o anticipación del sentido de la sentencia definitiva, la Sala Plena de la Corporación profirió el Auto 241 de 2010, el catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), ordenando suspender las decisiones proferidas por los jueces de tutela de los expedientes objeto de revisión que se enlistan a continuación: T-2451880, T-2471345, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2507052, T-2537070, T-2537078, T-2564079, T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2587255, T-2587286 y T-2597351.

    7.2. Auto del veintiséis (26) de noviembre de dos mil diez (2010)

    Mediante auto del veintiséis (26) de noviembre de dos mil diez (2010), la Corte Constitucional se dirigió al Gerente del consorcio Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM – PAR- y le ordenó remitir un informe sobre los casos sometidos a revisión de aquellas personas que alegaban ser aforados, el cual debía contener los siguientes datos: (i) fecha de desvinculación de la empresa; (ii) si para darles por terminado el contrato adelantó proceso de levantamiento de fuero. En caso afirmativo, se instó para que: (1) indicara la fecha de presentación de la acción ; (2) remitiera copias de las providencias; y (3) se manifestara sobre si hubo desistimiento, por qué razón y en qué fecha; (iii) si se promovieron acciones de reintegro o de tutela, anteriores a las que está revisando la Corte, encaminadas a preservar el vínculo laboral; y finalmente, (iv) si recibieron a título de indemnización alguna suma de dinero y, de ser así, el monto que le correspondió a cada uno de los ex trabajadores.

    En relación con quienes pedían ser incluidos en el Plan de Pensión Anticipada de TELECOM se solicitó: (i) indicar si el PPA se ofreció a todos los trabajadores oficiales de la empresa que reunían las condiciones exigidas para su aplicación; (ii) presentar el listado de los trabajadores oficiales a los cuales se les ofreció éste plan; (iii) presentar una certificación en la cual se indicara la denominación del cargo de los actores a los que no se les habría ofrecido el PPA; (iv) indicar si se trataba de cargo ordinario o de excepción; y (v) señalar el tiempo que faltaba al trabajador para el reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a su historia laboral. Además se solicitó (vi) enviar copia del depósito de la adenda al artículo 2 de la convención colectiva de trabajo (1996-1997), ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, suscrita entre TELECOM y el Sindicato de Trabajadores de Telecom y el Sindicato de Trabajadores de Telecom SITTELECOM y el Sindicato de Trabajadores de Industria de las Telecomunicaciones.

    La Corte Constitucional también le pidió al PAR que informara si los demandantes que alegan la violación de los derechos fundamentales, porque no se les ofreció el plan de pensión anticipada han presentado acciones de tutela diferentes a las que se encuentran en revisión, con la pretensión de ser incluidos en el PPA. En caso de que la respuesta sea positiva, remitir las decisiones de instancia. Aparte lo instó para que remitiera el listado de las personas que estaban dentro del retén social, especificando cuáles eran cabezas de familia, cuáles prepensionados o en situación de discapacidad.

    El catorce (14) de diciembre del año dos mil diez (2010), la apoderada general del consorcio Patrimonio Autónomo de Remanentes, PAR, remitió parcialmente a la Corte Constitucional la información requerida. Le solicitó además la ampliación del término que inicialmente se le había concedido para enviar toda la información, debido a la magnitud de la información y a su ubicación en diferentes dependencias del PAR. Esta solicitud fue concedida a través del auto de dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010), en el cual se amplió el término probatorio inicialmente establecido.

    7.3. Auto 105 de 2011

    El veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011), por medio del Auto 105 de 2011, la Sala Plena de esta Corte extendió la suspensión provisional decretada en el Auto 241 de 2010 a los expedientes T-2471216, T-2471346, T-2492726, T-2500881, T-2501214, T-2531642, T-2531654, T-2537041 y T-2546795, referentes al tema de fuero sindical. En consecuencia, resolvió suspender de inmediato las órdenes impartidas por los jueces que habían fallado las acciones de tutela de tales procesos hasta tanto la Sala Plena de la Corte adoptara una decisión definitiva.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

Competencia

  1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 54A del Reglamento Interno (Acuerdo N° 05 de 1992), la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para estudiar los asuntos objeto de revisión.

    El objetivo de esta sentencia, las cuestiones que abordará y el orden de estas consideraciones

  2. El propósito central de esta providencia es unificar los criterios de procedencia que deben tener en cuenta los jueces de la República, al resolver tutelas por derechos fundamentales supuestamente conculcados en el desenvolvimiento de procesos de liquidación de entidades públicas. En efecto, como más adelante se expondrá con detalle, en los expedientes acumulados hay diferentes opiniones, sostenidas por jueces y partes, en torno al modo de definir, en contextos de esta naturaleza, (i) la legitimación en la causa (por activa y por pasiva), (ii) la competencia territorial de los jueces de tutela, (iii) la competencia de estos últimos para ordenar embargos o liquidaciones de sumas concretas de dinero, (iv) la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre un caso ya resuelto por otros jueces (en procesos ordinarios o de tutela), (v) la subsidiariedad y, finalmente, (vi) la inmediatez. La unificación pretende contribuir a que esta disparidad no se presente de nuevo en el futuro.

    2.1. Legitimación en la causa. La Sala advierte, por una parte, que algunas acciones de tutela fueron presentadas por abogados a nombre de personas que no les confirieron poder directamente. En unos casos no hay poder en absoluto. En otros, el poder lo extendió una persona a nombre del trabajador de TELECOM, aduciendo obrar en calidad de agente oficioso. Este hecho amerita que la Corte reitere las reglas que determinan la legitimación por activa en materia de tutela. Pero además debe resolver si como lo planteó el PAR en diversas oportunidades, este patrimonio tiene legitimación en la causa por pasiva en aquellos procesos de tutela en los que se invoca un derecho supuestamente conculcado por TELECOM en su momento. En consecuencia, la Sala Plena resolverá la siguiente cuestión: ¿tiene legitimación por pasiva en procesos de tutela un patrimonio autónomo encargado de cancelar obligaciones remanentes de una entidad liquidada, por hechos que los tutelantes le imputan a esta última y no al patrimonio?

    2.2. Competencia territorial de los jueces de tutela. En algunos expedientes acumulados, la Corte Constitucional constata que se instauraron y resolvieron acciones de tutela en juzgados pertenecientes a municipios o circuitos judiciales en los cuales no se prestaron los servicios. La Sala considera que estas decisiones exigen un pronunciamiento de unificación en torno a los siguientes puntos: ¿podían los peticionarios interponer sus tutelas en sitios distintos de aquellos donde prestaron sus servicios?, y ¿existe alguna excepción al decreto de nulidad, en sede de revisión ante la Corte, cuando se desconocen los criterios de competencia territorial en materia de tutela?

    2.3. Competencia de los jueces de tutela para ordenar embargos o liquidaciones de sumas concretas de dinero. En un grupo de decisiones sometidas a revisión de esta Corte dentro del presente proceso, los jueces de tutela impartieron órdenes de embargo y posterior pago de significativas sumas de dinero, a partir de liquidaciones concretas efectuadas por contadores públicos y allegadas a los distintos trámites por los accionantes. Por su magnitud y naturaleza, es importante que la Sala Plena precise si los jueces constitucionales tienen competencia para impartir órdenes de esa índole. En esa medida, la Corte debe resolver el siguiente interrogante: ¿puede un juez de tutela embargar sumas determinadas y puntuales de dinero, integradas a un patrimonio autónomo encargado de cancelar las obligaciones remanentes de una entidad liquidada, con el propósito de asegurar órdenes de protección?

    2.4. Cosa juzgada y temeridad en tutela. Los expedientes acumulados contienen también acciones de tutela y decisiones judiciales, en las cuales se reconoce que algunos demandantes ya habían interpuesto otras acciones ordinarias e incluso solicitudes de amparo con anterioridad por los mismos hechos, y con iguales fundamentos de derecho. No obstante, en unos casos se adujo que resultaba posible emitir un nuevo pronunciamiento sobre las controversias planteadas, bien porque no había cosa juzgada ni temeridad, o bien porque había trascurrido un período de tiempo entre una y otra acción. Estas decisiones justifican que la Corte responda la siguiente pregunta: ¿puede un juez de tutela estudiar y decidir de fondo una acción de tutela que ya había sido resuelta con carácter definitivo en otro proceso, sólo con fundamento en el paso del tiempo o en que no hay mala fe o temeridad de los accionantes?

    2.5. Subsidiariedad. La gran mayoría de jueces de instancia y de peticionarios sostuvieron que las acciones de tutela en este caso cumplen con el requisito de subsidiariedad, en tanto las acciones ordinarias son ineficaces cuando se dirigen contra una entidad que está próxima a extinguirse, como es el caso del PAR. No obstante, el PAR alega algo distinto, y es que los demandantes pueden acudir a los otros medios de defensa judicial, a menos que pretendan evitar un perjuicio irremediable, lo cual a su juicio no está probado en estos casos. La Corte considera que hay distintos tipos de casos, y en cada uno debe hacerse una consideración diferente. Por tanto, se referirá en el correspondiente acápite, en primer término, a los asuntos de fuero sindical, a solicitudes de cumplimiento de fallos de tutela, a reclamaciones pensionales contra CAPRECOM, y en segundo lugar a los demás casos. A propósito de estos últimos, abordará en especial la siguiente cuestión, para efectos de unificar la jurisprudencia: ¿es procedente la tutela para pedir el reconocimiento de derechos pensionales y laborales, de los cuales dependa un derecho fundamental, cuando se instaura contra un patrimonio autónomo de remanentes (de un ente liquidado) próximo a extinguirse?

    2.6. Inmediatez. Finalmente, en las decisiones bajo revisión en las cuales se estudió el fondo del asunto y se adoptó una decisión sobre los problemas de presentación tardía del amparo, alegados por el PAR, puede observarse que los jueces de tutela juzgaron cumplido el requisito de inmediatez de solicitudes instauradas tres (3) o más años después de ocurridas la acción u omisión que los accionantes aducen como violatorias de sus derechos. En consecuencia, la Corte debe definir esta cuestión: ¿puede considerarse que una acción de tutela es presentada en un término razonable, cuando su objeto es proteger derechos supuestamente conculcados por una entidad hace más de tres años, en un contexto en el cual esta ya se liquidó y los actores tuvieron la oportunidad de plantear esos problemas antes de la liquidación del ente?

  3. Las consideraciones que se exponen a continuación resolverán estos problemas. Pero no se limitarán a ello. También es importante, con miras a resolverlos adecuadamente, presentar el contexto en el cual se originaron las tutelas acumuladas, que está integrado por el marco jurídico y fáctico de la liquidación de TELECOM y de la asunción de obligaciones por el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR). Además, si se tiene en cuenta que posiblemente algunas de esas tutelas superarán las condiciones de procedencia y deberán ser resueltas de fondo, es entonces necesario establecer el marco normativo que regula las pensiones anticipadas de TELECOM, las garantías en la desvinculación de aforados sindicales y la protección por retén social. Luego de exponer estos puntos, la Corte abordará en el orden en que se enunciaron las cuestiones mencionadas en el numeral anterior. Por último, resolverá los casos concretos, y adoptará las decisiones y órdenes pertinentes.

    El contexto jurídico y fáctico de la liquidación de TELECOM, y de la asunción de obligaciones por parte del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR)

  4. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM - se liquidó definitivamente el treinta y uno (31) de enero del año dos mil seis (2006). Su liquidación no fue repentina sino que obedeció a un complejo proceso, cuyos antecedentes vale la pena conocer para comprender adecuadamente los conflictos que dieron origen a este fallo. La liquidación de TELECOM empezó el doce (12) de junio de dos mil tres (2003), cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1615 de ese año, ‘por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena su liquidación’. El artículo 2° de ese Decreto disponía específicamente que la liquidación debía “concluir a más tardar en un plazo de dos (2) años” contados a partir de su entrada en vigencia. Esos dos años eran prorrogables por el Gobierno “por un acto debidamente motivado hasta por un plazo igual”. Cerca de cumplirse el plazo inicial, el Gobierno expidió el Decreto 1915 de 2005 ‘por medio del cual se prorroga el término del proceso de liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación […] hasta el 31 de diciembre de 2005’. Este Decreto luego fue reformado mediante el Decreto 4781 de 2005 ‘por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1615 de 2003’, en el cual se dispuso que la liquidación se debía extender “hasta el 31 de enero de 2006”. En esta fecha, efectivamente, concluyó la liquidación.[40]

  5. De acuerdo con la exposición de motivos del Decreto 1615 de 2003, antes incluso de que iniciara el trámite de liquidación ya se habían expedido los Documentos Conpes número 3145 de diciembre de 2001 y 3184 de julio de 2002, en los cuales la empresa se había valorado como inviable. La conclusión de dichos documentos, acogida por el Gobierno Nacional, fue que luego de un plan de ajuste que resultó infructuoso, se advirtió que la entidad no era viable ni solvente. Por este motivo, el Gobierno asumió que la existencia jurídica de la compañía implicaba un riesgo para la prestación eficiente del servicio y para el patrimonio de la Nación. En el año dos mil dos (2002), la Contraloría General de la República había revelado problemas estructurales de TELECOM y denunciado sus dificultades de sostenibilidad a futuro. La exposición de motivos precisaba también que el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comunicaciones habían expedido, pocos días antes de ese Decreto, un documento técnico en el que mostraban las razones por las cuales la estructura operacional de TELECOM generaba –en su concepto- una serie de ineficiencias y de problemas económicos y gerenciales, que aconsejaban incluso la liquidación de la empresa.[41]

  6. Con la liquidación de TELECOM, algunas obligaciones y derechos remanentes fueron asumidas por el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR). Este PAR se constituyó por medio de un contrato de fiducia mercantil celebrado el treinta (30) de diciembre de dos mil cinco (2005) entre el liquidador de TELECOM (la Fiduciaria La Previsora S.A.), obrando en representación del ente en liquidación, y el Consorcio de Remanentes de Telecom, integrado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. (Dcto 1615 de 2003 art. 12.2). La constitución del PAR estaba cargo del liquidador de TELECOM desde el Decreto 1615 de 2003, y que luego se precisó y prorrogó sucesivamente en otros decretos. Uno de ellos fue el Decreto 4781 de 2005, que en su artículo 3° especificó el objeto del PAR. El PAR, según esa norma, debía encargarse de: i. La administración, enajenación y saneamiento de los activos no afectos al servicio; ii. La administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos de la compañía; iii. La atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales en curso al momento de terminarse la liquidación; y iv. Cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o cometidos indicados en la ley.

  7. Por sus funciones, el PAR no se configuró con vocación de permanencia y, en ese sentido, su vida jurídica no sería indefinida. El régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, contemplado en el Decreto Ley 254 de 2000, así lo ratifica. Dicho régimen establece en su artículo 35, tal como fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, que los liquidadores de las entidades públicas del orden nacional pueden celebrar contratos de fiducia mercantil con entidades fiduciarias, si bien con propósitos específicos. De acuerdo con la norma en cita, la entidad fiduciaria construye un patrimonio autónomo, y destina el producto de los activos que le transfiera el liquidador, puntualmente, “a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación, en la forma que hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo, de conformidad con las reglas de prelación de créditos previstas en la ley”.[42] Una vez cumpla con ese fin, debe desaparecer el sentido del patrimonio autónomo.

  8. El propio contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Consorcio de Remanentes tenía una cláusula específica de duración del Patrimonio Autónomo de Remanentes. La cláusula décima primera del contrato decía que “[e]l término de duración del presente contrato es de dos (2) años, contados a partir de la fecha del cierre del proceso liquidatorio. Sin perjuicio de ello el contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes. El presente contrato será prorrogable por acuerdo entre las partes”. El período inicial de existencia del PAR estaba llamado a ser de dos (2) años. Y luego, ese período se fue prorrogando sucesivamente a través de otrosíes al contrato de fiducia inicial. En efecto, primero se suscribió el Otrosí No. 2 que extendió la duración del PAR hasta el 31 de mayo de 2008, y luego vinieron los demás otrosí, que han prorrogado la duración del PAR en general semestralmente.[43] Cuando los demandantes de este proceso interpusieron sus acciones de tutela; es decir, en el segundo semestre de dos mil nueve (2009), el contrato de fiducia mediante el cual se constituyó el PAR estaba llamado a durar únicamente hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil nueve (2009).[44] Pero luego la vigencia de este acuerdo mercantil se ha prorrogado sucesivamente.[45]

  9. Las partes del contrato de fiducia que constituyó el PAR no han sido siempre las mismas. El Decreto 274 del 31 de enero de 2006, expedido justo el día en que se terminó definitivamente la liquidación de TELECOM, decía en su artículo 1° que una vez terminado el trámite de liquidación de TELECOM el Ministerio de Hacienda ocuparía la posición de fideicomitente “y exclusivamente respecto a sus derechos”. Ese Ministerio había de ocupar dicha posición sólo con el fin de que el PAR cumpliera su finalidad, y únicamente hasta el 31 de julio de 2006. Luego, por virtud de los Decretos 2526 de 2006, 280 de 2007 y 2908 de 2007, esa misma posición la ocupó el Ministerio de Hacienda consecutivamente hasta el 31 de enero de 2007, después hasta el 31 de julio de 2007 y finalmente hasta el 31 de julio de 2008. Concluido este término, asumió esa posición el Ministerio de Comunicaciones, en virtud de los Decretos 2823 y 4736 de 2008, primero hasta el 31 de diciembre de 2008 y luego hasta el 31 de diciembre de 2009. El nuevo Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones ocupó ese sitio después, de acuerdo con los Decretos 4912 a 4925 de 2009, 4783 de 2010 y 4947 de 2011. Actualmente es fideicomitente, pero sólo hasta el 31 de diciembre de 2013, por cuenta del Decreto 2788 de 2012.

  10. En suma, T. fue liquidada en enero de dos mil seis (2006), pero el proceso de liquidación se inició desde junio de dos mil tres (2003), y las razones para llevarlo a cabo habían surgido incluso antes. Para la liquidación de TELECOM se constituyó un Patrimonio Autónomo de Remanentes, por medio de un contrato de fiducia mercantil, el cual quedó encargado de cumplir diversas funciones. Entre ellas, le correspondió atender las obligaciones remanentes y contingentes, así como los procesos judiciales en curso al momento de terminarse la liquidación. Pero el PAR no se configuró con vocación de permanencia. Una vez cumpliera su propósito, está llamado a desaparecer. El contrato de fiducia que lo constituyó decía que el PAR tenía inicialmente dos (2) años de duración, pero luego ese término se prorrogó sucesivamente. Los actores de este proceso de tutela podían conocer todas estas circunstancias desde cuando se fueron presentando, ya que todos los actos de liquidación y de asunción por el PAR del pasivo remanente fueron públicos. Y en este contexto, los demandantes instauraron sus tutelas tiempo después de la liquidación, y de que se hubiese configurado el PAR.

  11. Una vez mencionado el panorama general en que se realizó la liquidación de TELECOM, la Sala procederá a enunciar cuál era el marco normativo al que debían sujetarse TELECOM y su liquidador en su momento y después se referirá a los problemas de los casos de tutela específicamente.

    Marco normativo de las pensiones anticipadas de TELECOM

  12. Antes de que se decretara el inicio del proceso liquidatorio, TELECOM ofreció un Plan de Pensión de Anticipada para un grupo de trabajadores de la compañía. Los demandantes y el PAR aportaron pruebas suficientes para concluir que las discusiones sobre el Plan de Pensión Anticipada ocurrieron en el siguiente contexto general. TELECOM era a comienzos de dos mil tres (2003) una empresa industrial y comercial del Estado, que no se encontraba aún en proceso de liquidación. En esas condiciones, y concretamente en marzo del año dos mil tres (2003), TELECOM ofreció un Plan de Pensión de Anticipada. ¿En qué consistía dicho Plan? Básicamente, en ofrecer una pensión anticipada a un grupo de trabajadores relativamente próximos a pensionarse –proximidad que se determinaba tomando como punto de partida el mes de marzo de 2003-. El conjunto de potenciales beneficiarios estaba conformado por personas que habían prestado sus servicios por amplios períodos o en ocupaciones de especial relevancia para la compañía. La pensión anticipada había de pagarse hasta que un ente del sistema de seguridad social les reconociera definitivamente la pensión regular. Los requisitos para ser incluidos en el PPA los precisó TELECOM en un ‘Instructivo’ aportado al proceso, cuyo contenido se señala a continuación.

  13. El instructivo que elaboró TELECOM decía que el PPA estaba dirigido: primero, a los trabajadores oficiales cubiertos por alguno de los regímenes especiales de pensión, si además el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) les faltaban siete (7) años o menos para adquirir la pensión; y segundo, a los trabajadores en cargos de excepción, si al treinta y uno (31) de marzo de dos mil cuatro (2004) tenían “veinte (20) años de servicio a Telecom en uno de esos cargos”. Los regímenes especiales eran tres (3), de acuerdo con el instructivo. Uno permitía pensionarse con veinte (20) años al servicio del Estado y cincuenta (50) años de edad; otro con veinticinco (25) años al servicio del Estado y cualquier edad; y uno más con veinte (20) años en cargos de excepción y cualquier edad. Estos eran los grupos a los cuales en principio se dirigía el Plan. Pero el instructivo aclaraba que la pertenencia a estos grupos no bastaba para ser incluido en el PPA.

  14. Para estar en uno de estos grupos, y beneficiarse del PPA en calidad de trabajador en cargo ordinario, era indispensable cumplir con otros requisitos. Por una parte, el trabajador oficial debía estar cubierto por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; es decir, haber tenido al primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) treinta y cinco años o más de edad en el caso de las mujeres, o cuarenta años o más de edad en el caso de los hombres, o quince (15) años o más de servicio en cualquier caso. Y por otra parte, cualquier aspirante debía haber estado vinculado a la planta de personal de TELECOM al momento de su transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado, lo cual ocurrió el veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992), por virtud del Decreto 2123 de esa misma fecha. Quienes incumplían uno o más de esos requisitos, quedaban fuera del ámbito del PPA.

  15. El instructivo preveía el procedimiento para que un trabajador con todas las condiciones estipuladas fuera incluido en el PPA. El procedimiento consistía en suscribir un Acta de Audiencia Pública Especial de Conciliación ante el representante del Ministerio de Protección Social, y luego en entregar el puesto de trabajo conforme las otras instrucciones definidas en dicho documento. El Acta Especial de Conciliación debía contener en esencia la ratificación de las partes de que terminaban por acuerdo el contrato de trabajo, la voluntad de la Empresa de otorgarle al trabajador una pensión de jubilación anticipada y la del trabajador de aceptarla, la suma que debía recibir el trabajador por concepto de bonificación, los beneficios adicionales derivados del plan de pensión anticipada, y la obligación de la persona de presentar ante Caprecom o la entidad que haga sus veces solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, dentro de los treinta (30) días siguientes a que cumpla con los requisitos de edad y tiempo de cotización dentro del régimen especial de TELECOM.

  16. El mencionado instructivo también disponía la posibilidad de que uno de los trabajadores de la compañía no hubiera sido enterado de su derecho a ser incluido en el PPA. Por lo mismo, en el instructivo estaba consignado qué podía hacer un trabajador en caso de que tuviera derecho al PPA pero no hubiera sido informado del mismo. En esa hipótesis, el trabajador debía remitir una solicitud de inclusión en el PPA al Vicepresidente de Gestión Humana, con las pruebas y soportes pertinentes, para que este decidiera si reunía las condiciones necesarias y suficientes requeridas para obtener ese beneficio. Luego de ser estudiada dicha solicitud por TELECOM, el empleado podía o no ser incluido en el Plan. De cualquier forma, el instructivo precisaba que la información sobre el PPA se había suministrado a los trabajadores que aparecían en las bases de datos y en los registros internos de TELECOM, que eran a la vez potenciales destinatarios del Plan, con lo cual pretendían que la información llegara a todos los trabajadores interesados de la empresa.

  17. Ese manual instructivo traía también precisiones en torno a la liquidación de las pensiones a las que se refiere dicho Plan. Decía, en uno de sus apartados, “[c]uáles son los factores considerados para el cálculo de la pensión”. Establecía en ese capítulo que a quienes se acogieran al PPA por la modalidad de los 20 años al servicio del Estado y 50 de edad, o por 25 años al servicio del Estado en cualquier edad, se les debía liquidar la pensión con base en el promedio de los “factores legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003, indexados anualmente con los índices de precios al consumidor causadas, hasta el 31 de diciembre de 2002”. A su turno, quienes se acogieran al PPA por la modalidad de 20 años de servicio “en cargos de excepción” y en cualquier edad, se les debía liquidar la pensión sobre la base del “promedio de los factores legales y extralegales devengados en los últimos doce meses, es decir, el promedio de los valores legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003, indexados al 31 de diciembre de 2002”.

    Marco normativo sobre la desvinculación de aforados sindicales en procesos de liquidación de entidades

  18. Algunos accionantes dicen haber sido trabajadores de TELECOM con fuero sindical, y no haber sido desvinculados conforme las garantías que derivan de este fuero. Por lo mismo, es importante hacer referencia a las normas que regulan la desvinculación de aforados sindicales, sobre todo en procesos de liquidación de entidades públicas. En cuanto a lo primero debe recordarse que a los representantes sindicales se les reconoce “el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión” (CP art. 39). Este fuero es definido por la ley laboral como “[…] la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo”. La misma ley enuncia cuáles trabajadores gozan de este fuero.[46] Y la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia prohíben excluir de esta garantía a los empleados públicos, o a los trabajadores oficiales y particulares que desempeñen puestos de dirección, confianza o manejo.[47]

  19. Las garantías derivadas de este fuero sindical no desaparecen durante los procesos de liquidación de entidades públicas. Por lo mismo, los aforados sindicales de estas entidades tienen entre otros derechos el de no ser despedidos sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo (CST arts. 405 y 406). Así lo reconoce el Decreto Ley 254 de 2000, “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”, que en su artículo 7 establece el deber de los jueces laborales de adelantar con prelación a cualquier otro proceso, salvo el de tutela, las acciones de levantamiento de fuero sindical, necesarias para desvincular a los aforados sindicales.[48] También lo ha reconocido la Corte en su jurisprudencia. Lo ha hecho por ejemplo en la sentencia T-029 de 2004, con ocasión del despido sin autorización judicial de una aforada del Instituto de Mercadeo Agropecuario, I., en liquidación;[49] en la sentencia T-253 de 2005, en el caso de unos trabajadores con fuero sindical desvinculados sin previa autorización judicial de la Industria Licorera del Huila en liquidación;[50] en la sentencia T-285 de 2006, al tutelar los derechos de un aforado a quien se despidió sin levantarle el fuero en un procesos laboral.[51] Un patrón de estos fallos es que las tutelas interpuestas cuestionaban providencias judiciales, que concluían procesos ordinarios de reintegro de trabajadores aforados despedidos sin levantamiento del fuero. Por tal motivo, y en cada caso, optaban por cuestionar el carácter de cosa juzgada de dichas providencias.

  20. La regulación especial para la liquidación de TELECOM contiene a su vez normas relacionadas con las garantías del fuero sindical. El artículo 17 del Decreto 1615 del 2003 dispuso expresamente que para “[…] la desvinculación del personal que goza de la garantía de fuero sindical” el liquidador de TELECOM debía adelantar “los procesos de levantamiento de fuero sindical”. Y el artículo 5 transitorio del Decreto 2062 del 2003 estableció que “a partir de la ejecutoria de la sentencia que autorice el levantamiento del fuero sindical o el vencimiento del término de este fuero contemplado en la ley o en los estatutos sociales, quedarán automáticamente suprimidos los cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero sindical”. Como se ve, los aforados sindicales de TELECOM tenían derecho a no ser desvinculados sin previa autorización del juez laboral.

  21. Lo mismo debe decirse de la prescripción de la acción de levantamiento del fuero sindical. El artículo 118A del Código Procesal del Trabajo, tal como fue modificado por el artículo 49 de la Ley 712 de 2001, establece que las acciones emanadas del fuero sindical, y la de levantamiento del fuero es una de ellas, prescriben en dos (2) meses. Cuando se trata de contextos de liquidación de entidades, según la reglamentación sobre la materia, estos dos meses empiezan a contarse “a partir del día siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo” (Dcto 2160 de 2004 art. 1).[52] Según lo ha sostenido la Sección Segunda del Consejo de Estado, esta reglamentación no desconoce la legislación laboral sobre prescripción de estas acciones.[53] Tampoco vulnera los derechos a la igualdad (CP art. 13) y a la protección del fuero sindical (CP art. 39). Al contrario, ha dicho la corporación mencionada, lo que hace la norma es establecer “el cómputo del término de prescripción una vez se tenga certeza sobre el momento en que los cargos van a ser suprimidos y no antes”, porque considerar ese término, por ejemplo, desde el momento en que se decide sobre la liquidación sí acarrearía en cambio una violación de estos preceptos.[54]

  22. Los aforados sindicales tienen también derecho a no ser desvinculados sin autorización del juez laboral al final de una liquidación. A quienes se les vulnere esta garantía, el ordenamiento les reconoce el derecho a interponer la acción de reintegro. Esta acción prescribe en dos (2) meses, contados -según la ley- “desde la fecha de despido, traslado o desmejora” (CPT art. 118A). Ahora bien, cuando esta acción se interpone oportunamente, pero se decide una vez concluida la liquidación, y entonces deviene física y jurídicamente imposible un reintegro, el juez debe limitarse a ordenar una indemnización integral y abstenerse de decretar el reintegro. Sin embargo, el tipo de indemnización cambia, según el momento en el cual se haya desvinculado irregularmente al trabajador. Cuando se lo haya desvinculado antes de la clausura definitiva, y en la medida en que sea la decisión más favorable, procede ordenar una indemnización que comprenda “los salarios, con sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto legales como convencionales, a partir de la fecha del despido y hasta la terminación de la existencia jurídica de la [entidad]”.[55] Cuando la terminación del vínculo ocurra con el cierre definitivo de la compañía (o después), lo procedente es ordenar una indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).[56] Con todo, si el juez laboral no toma en cuenta el fin de la liquidación, por ejemplo por desconocer la ocurrencia del hecho, y ordena el reintegro del trabajador aforado, el ente condenado o el encargado de adelantar la liquidación deben iniciar un proceso judicial con el fin de que en este se declare si el reintegro es posible. La entidad condenada al reintegro no puede decidir motu proprio si es posible cumplir la orden.[57] Tampoco puede hacerlo un juez laboral en un proceso ejecutivo iniciado por los trabajadores para asegurar el acatamiento de la orden de reintegro.[58]

    Marco jurídico sobre la desvinculación de trabajadores amparados por el retén social (padres y madres cabeza de familia y prepensionados)

  23. Otro conjunto de trabajadores está integrado por personas que consideran haber sido desvinculadas de TELECOM sin que se les respetara la garantía de estabilidad derivada del denominado retén social. Este retén social está regulado básicamente en la Ley 790 de 2002 ‘Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República’. El artículo 12 de esa Ley dice que en desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública “no podrán ser retirados del servicio” las siguientes personas: i.) “las madres cabeza de familia sin alternativa económica”, ii.) “las personas con limitación física, mental, visual o auditiva” y iii.) “los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley”. El alcance de esta disposición se ha ido fijando mediante otras normas legales y reglamentarias, y parcialmente a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. A continuación se desarrolla este punto en lo relevante para esta sentencia.

  24. Como se acaba de mencionar, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 prohíbe retirar del servicio público a tres grupos de empleados. El primero de ellos está compuesto por las madres y los padres cabeza de familia sin alternativa económica. Ciertamente, el tenor literal de la Ley 790 de 2002 no se refiere a los padres cabeza de familia sino a las “madres cabeza de familia sin alternativa económica”. No obstante, en las sentencias C-1039 de 2003[59] y C-044 de 2004,[60] al examinar la constitucionalidad del vocablo “madres” contenido en ese precepto, la Corte Constitucional lo declaró exequible con la condición de que se entendiera “que la protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen”. Fue entonces en virtud de los derechos de los niños (CP art. 44) y del derecho de toda persona a recibir protección integral para su grupo familiar (CP art. 42) que la Corporación extendió el derecho al retén social a los padres cabeza de familia. Conviene precisar quiénes pueden ser considerados padres o madres cabeza de familia, para efectos del retén social.

  25. ¿Qué madres pueden ser consideradas ‘cabeza de familia’? El Decreto 190 de 2003 reglamentó parcialmente la Ley 790 de 2002, y estableció que madres cabeza de familia sin alternativa económica son aquellas mujeres “con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos” o con “hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas”, y aquellas “cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada” (Dcto 190 de 2003 art. 1). La Corte Constitucional ha señalado, empero, por ejemplo en la sentencia SU-388 de 2005,[61] que la condición de madre cabeza de familia no se adquiere solo por el hecho de tener a su cargo la dirección del hogar. Además, “es presupuesto indispensable”, examinar y ponderar la concurrencia de otros factores. La Corporación los enunció del siguiente modo:

    “[…] Al respecto la Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar”.[62]

  26. ¿Qué padres pueden ser considerados ‘cabeza de familia’? En la sentencia SU-389 de 2005, esta Corte sostuvo que era en principio válido extrapolar los criterios normativos usados para calificar a una madre como cabeza de familia.[63] En ese sentido, juzgó aceptable tener en cuenta la definición que al respecto está contenida en el artículo 1° del Decreto 190 de 2003. Pero además la Corte enunció algunas situaciones típicas o claras de padres cabeza de familia, precisando que no eran las únicas posibles o válidas pues podrían llegar a probarse otras. Puede por lo tanto, haber otras hipótesis distintas de padres cabeza de familia, pero en todo caso para definir si las hay debe “siempre tenerse en cuenta la proyección de tal condición a los hijos como destinatarios principales de tal beneficio”. Entre esas situaciones mencionó:

    “(i) Que los hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a su cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea una persona que les brinda el cuidado y el amor que los niños requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales compromisos.

    (ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre.

    (iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los mismos requisitos formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la madre cabeza de familia para demostrar tal condición. En efecto, de conformidad con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993: “esta condición (la de mujer cabeza de familia y en su caso, la del hombre cabeza de familia) y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto, se causen emolumentos notariales a su cargo””.[64]

  27. El segundo grupo protegido por el retén social lo conforman “las personas con limitación física, mental, visual o auditiva” (Ley 790 de 2002 art. 12). La reglamentación define quiénes tienen tal tipo de limitaciones (Dcto 190 de 2003 art. 1° numeral 1.4). En general dice que son todo aquel que tiene “comprometida de manera irreversible la función de un órgano, tiene igualmente afectada su actividad y se encuentra en desventaja en sus interacciones con el entorno laboral, social y cultural”. Pero también estipula específicamente quiénes puede considerarse que cuentan con limitaciones auditivas (literal a), visuales (literal b) o físicas o mentales (literal c).[65] La Corte ha sostenido que en virtud del derecho a una protección especial, con el cual cuenta toda persona que por sus condiciones físicas o mentales se encuentre en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13), y del derecho a contar con una política de previsión e integración social a favor de “los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (CP art. 47), en esta categoría debe ser incluido todo “trabajador con discapacidad o que padezca una seria y ostensible disminución de su salud” . [66] Así lo sostuvo en la sentencia T-849 de 2010:

    “[…] de acuerdo con las normas expedidas para el efecto en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública adoptado en el año 2002, en un principio, esta Corporación estimó que los trabajadores con discapacidad debían cumplir estrictos requisitos para acceder a los beneficios del derecho a la estabilidad laboral reforzada[67]. Sin embargo, en posterior jurisprudencia, la Corte Constitucional ha sostenido que, de manera general, en procesos de reestructuración y reforma institucional, los trabajadores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta como consecuencia de la grave afectación de su estado de salud, tienen derecho a conservar su empleo -o a ser reubicados según la prescripción del médico tratante-[68] hasta el último acto de liquidación de la entidad, previo el cumplimiento de estos requisitos: (i) tener debidamente acreditada la grave y ostensible disminución de su salud; y (ii) haber comunicado oportunamente a la entidad accionada esa situación[69]”.[70]

  28. La Corte Constitucional, en la sentencia C-174 de 2004, juzgó que esta protección especial a favor de los trabajadores con limitaciones físicas, mentales, visuales o auditivas no desconoce el derecho a la igualdad de quienes no tienen ese tipo de limitaciones (CP art. 13), ni tampoco su derecho al trabajo (CP art. 25) y asimismo, que respeta los fines esenciales del Estado (CP art. 2) tanto como el principio de eficiencia que rige la función pública (CP art. 209). La decisión del legislador de proteger especialmente a estas personas se justifica como un desarrollo valioso del derecho constitucional a recibir un trato especial que tienen “aquellas personas que por su condición […] física o mental, se encuentr[a]n en circunstancias de debilidad manifiesta” (CP art. 13, inc. 3). Además, es el modo como el legislador quiso configurar un orden justo (CP art. 2), y de asegurarles a personas en circunstancias de debilidad manifiesta un trabajo digno (CP art. 25).

  29. Finalmente, el último grupo de trabajadores amparados por el retén social es el de los llamados prepensionados. De acuerdo con la formulación inicial de la Ley 790 de 2002, estos eran únicamente quienes en el término de tres (3) años, “contados a partir de la promulgación de la presente ley” (es decir, contados desde el 27 de diciembre de 2002),[71] cumplieran “con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez”. Inicialmente aplicaba entonces a quienes al 27 de diciembre de 2005 reunieran los requisitos para pensionarse por vejez o jubilación. Pero, luego de una evolución jurisprudencial, en la sentencia SU-897 de 2012, la Corte unificó su jurisprudencia para sostener que también tienen derecho al retén social en calidad de prepensionados quienes en el término de tres (3) años, contados “a partir del momento en que se determine la efectiva y real supresión del cargo”, cumplan la totalidad de requisitos necesarios para adquirir el derecho a una pensión de vejez o de jubilación.[72]

  30. El retén social tenía inicialmente una duración definida en la Ley 790 de 2002. El artículo 13 dispuso que debía durar “hasta el vencimiento de las facultades extraordinarias que se conceden en la presente ley”.[73] No obstante, como lo sostuvo la Corte en la sentencia C-991 de 2004, esa norma fue tácitamente derogada por el artículo 8, literal d), de la Ley 812 de 2003, en tanto esta última dispuso que la protección especial del retén social se aplicaría hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil cuatro (2004) “salvo en lo relacionado con los servidores próximos a pensionarse, cuya garantía deberá respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez”.[74] En esa misma sentencia la Corte declaró inexequible el aparte del artículo 8, literal d), de la Ley 812 de 2003, que limitaba en el tiempo la vigencia del retén social.[75] Una Sala de Revisión ya había inaplicado esa norma en un caso concreto.[76] Pero esta vez fue la Sala Plena de la Corporación la que consideró que esta restricción interfería de un modo desproporcionado en los derechos de “las madres y padres cabeza de familia y los disminuidos físicos, mentales y psíquicos”.

  31. También el Decreto 190 de 2003, reglamentario de la Ley 790 de 2002, contemplaba un término de duración del retén social (Dcto 190 de 2003 art. 14 y 16).[77] Y luego el Decreto 1615 de 2003, que ordenó el inicio de la liquidación de TELECOM, se remitió a ese término para definir la duración del retén social en esa entidad (art. 16).[78] De acuerdo con estos preceptos, el retén debía aplicarse hasta la culminación del Programa de Renovación de la Administración Pública, y en cualquier caso sin exceder el treinta y uno (31) de enero de dos mil cuatro (2004). La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló, sin embargo, esta normatividad mediante sentencia del diecinueve (19) de abril de dos mil cinco (2005).[79] Luego de tomar en cuenta lo resuelto por esta Corte en la sentencia C-991 de 2004, el Consejo de Estado decidió declarar que se daba una inconstitucionalidad por consecuencia, toda vez que el sustento de las disposiciones entonces demandadas como nulas eran las que habían sido encontradas inexequibles por la Corte Constitucional. Por consiguiente, declaró nulos un fragmento del artículo 14 y todo el artículo 16. Luego, en la sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), la Sección Segunda decidió estarse a lo resuelto en la primera providencia, al resolver la acción de nulidad instaurada contra el mismo objeto normativo.[80]

  32. Esto no quiere decir que en virtud del retén social las personas tengan derecho a una estabilidad laboral reforzada más allá de la conclusión de un proceso liquidatorio. La estabilidad laboral del retén social se traduce en el “derecho a permanecer en el cargo hasta el último acto de liquidación de la entidad, salvo que se configure una justa causa de despido y ésta sea verificada por la autoridad laboral correspondiente”.[81] Las tutelas que persiguen estabilidad laboral especial más allá de la liquidación, han sido negadas por la jurisprudencia en ese aspecto.[82] El retén social trasciende la extinción definitiva del ente, pero en formas distintas a la estabilidad laboral reforzada, y en determinadas circunstancias. Según la sentencia SU-897 de 2012 los prepensionados conservan -incluso después de la liquidación del ente- el derecho a que se sigan haciendo “los aportes al correspondiente régimen pensional, hasta tanto se cumpla el tiempo mínimo de cotización requerido para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, así dicho término se cumpla luego de liquidada la entidad”.[83] Las madres y padres cabeza de familia, y las personas con limitación física, mental, visual o auditiva tienen derecho a la indemnización, pues según la sentencia SU-388 de 2005, “la indemnización debe ser concebida como la última alternativa para reparar el daño derivado de la liquidación de la empresa”.[84]

  33. Esta indemnización, tal como se aplica hasta la fecha, es la misma que para los demás ex trabajadores de TELECOM. La forma de liquidarla está prevista en el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003 ‘por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena su liquidación’.[85] No obstante, cuando las personas desvinculadas son sujetos de especial protección constitucional, esta indemnización ha sido considerada insuficiente, tanto por la ley como por la Constitución, tal como esta ha sido interpretada por la Corte. En lo que respecta a los prepensionados, además de la indemnización, la Constitución les reconoce el derecho a la continuidad en la cotización para pensiones.[86] En lo que atañe a las personas con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales, aparte de la indemnización, la Carta les reconoce su derecho a gestiones para reubicación y traslado, y a políticas que les aseguren una pensión adecuada.[87] Las madres y padres cabeza de familia, que son o están al cuidado de sujetos de especial protección, deben recibir también un trato especial (CP arts. 13, 43, 44, 46 y 47). Lo que debe resolver esta Sala es entonces en qué consiste esa protección especial.

  34. La Corte ha señalado que una vez liquidada la entidad esa protección especial no se traduce, en el caso de quienes son cabeza de familia, en estabilidad laboral reforzada; es decir, en la posibilidad de permanecer en el cargo.[88] Tendría por lo tanto que implicar un amparo especial de otro tipo. Sin embargo, la propia reglamentación sobre el proceso liquidatorio de TELECOM prevé que la indemnización para los ex trabajadores de esa compañía, es incompatible con cualquier otra indemnización establecida para la terminación unilateral del vínculo sin justa causa (Dcto 1615 de 2003 art. 25).[89] Esa limitación está, por lo demás, en principio justificada para la generalidad de los eventos, por las condiciones financieras que llevaron al ente a su liquidación. Pero entonces, ¿cuál es el trato especial al que tendrían derecho los miembros cabeza de familia, de acuerdo con la Constitución, una vez concluya el proceso de liquidación?

  35. En estos casos, a juicio de la Corte, si bien las personas cabeza de familia no tienen derecho a conservar su empleo en la entidad, pues esta se está liquidando y mantenerlas afectaría el programa de liquidación, sí tienen derecho a más que la indemnización de la cual son titulares los trabajadores, en general, de la compañía. Cuando menos, tenían derecho a que durante el proceso de liquidación, pero antes de que terminen sus vínculos al final del trámite, se adoptara una política de reubicación ocupacional,[90] con el fin de garantizar los derechos de las madres y padres cabezas de familia a ser apoyadas especialmente (CP art. 43 inc. 2), a recibir protección reforzada en el empleo (CP art. 53 inc. 2), a su adecuada y efectiva participación en la administración pública (CP art. 40), a que el Estado promueva las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (CP art. 13 inc. 2), a la protección de la familia y sus integrantes (CP arts. 5 y 42), y a la salvaguarda de los derechos fundamentales de otros sujetos de especial protección constitucional, que en ocasiones conforman el grupo familiar, como niños, personas de la tercera edad, e individuos que presentan disminuciones físicas, síquicas y sensoriales, a quienes debe prestárseles atención especializada (CP arts. 44, 46 y 47). La Sala estima, empero, que en el contexto de la liquidación de TELECOM, ni las normas que regularon el proceso de liquidación de TELECOM, ni por su parte los entes que intervinieron en la ejecución del mismo, adoptaron una política de tal naturaleza, u ordenaron su adopción. Por ende, en concepto de la Corte, el Gobierno Nacional, en cabeza de las entidades que participaron de la liquidación de TELECOM, incumplió una obligación constitucional.

  36. Este derecho a contar con un plan de reubicación, se infiere razonablemente del derecho de las madres y padres cabeza de familia, y de los integrantes del grupo familiar, a recibir un trato especial de parte de las autoridades estatales. Está previsto en la Constitución de diversas maneras, en los artículos 5, 13 inc. 2°, 40 último inciso, 42, 43 inc. 2°, 44, 46, 47 y 53 inc. 2°, y ha tenido desarrollo legal específico recientemente (Ley 1444 de 2011 art. 18 pár. 3). Si bien este desarrollo legal no fue aplicado a la liquidación de TELECOM, por la prioridad cronológica de esta última, lo cierto es que los derechos que se concretan con esa ley son en parte de aplicación inmediata, según el artículo 85 de la Carta (como los consagrados en los artículos 13 y 40), y no se requería que hubiera una ley para considerarlos exigibles desde entonces. En definitiva, no se ajusta a la claridad del mandato constitucional, que se deriva de las normas citadas, una decisión como la de las entidades a cargo de liquidar a TELECOM, quienes en la conclusión del proceso liquidatorio les dieron a las madres y padres cabeza de familia exactamente el mismo trato, homogéneo y uniforme: los desvincularon, y les pagaron la indemnización reglamentaria, junto con la liquidación de prestaciones. La jurisprudencia ha sostenido que las cabezas de familia no tienen derecho a permanecer en sus puestos más allá de la liquidación de la entidad, pues en ese contexto sus empleos deben desaparecer. Pero está previsto en la Constitución, su derecho a una protección y apoyo especial (por ejemplo en materia de empleo), y este se traduce en este caso en el derecho a no ser tratados de la manera uniforme y homogénea en la que lo fueron las demás personas, quienes no tenían una condición especial de esta naturaleza.

  37. En definitiva, el que no se hubiera asegurado su permanencia en los cargos está justificada, por la clausura de la empresa; pero que no se adoptara ni al menos un plan de reubicación, para las madres y padres cabeza de familia, sin detenerse en sus especiales circunstancias, resulta inconstitucional. En consecuencia, la Corte les ordenará a los integrantes del Consorcio de Remanentes de TELECOM, conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A., que en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones -que es el Fideicomitente-, y en el término máximo de tres (3) meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, adopten un plan de reubicación de las personas cabeza de familia que hubieran sido desvinculadas de TELECOM como consecuencia del proceso liquidatorio. En dicho plan, deben ser incluidos con prioridad quienes obtengan protección específica en esta sentencia, en virtud del retén social. El plan deberá asegurarles, a todas esas personas, en el plazo máximo de un (1) año contado desde el momento en que se notifique este fallo, un derecho preferencial a ingresar a un empleo en condiciones al menos iguales a las que tenían en la hoy liquidada TELECOM. Por lo cual, si se presenta una vacante para un empleo con tales condiciones, tengan preferencia sobre candidatos que no cuenten con sus mismas condiciones constitucionales. Ello no obsta para que en los casos en que los empleos estén sujetos al ingreso por carrera administrativa, tales personas deban, mientras no se haya convocado concurso, ser nombradas en provisionalidad, o cuando sea convocado el concurso de méritos, presentar las pruebas correspondientes para ser vinculadas.

    Primera cuestión. Legitimación en la causa por activa. Legitimación por pasiva del patrimonio autónomo de remanentes de una entidad liquidada, cuando la tutela se fundamenta en hechos imputados a esta última

  38. La primera de las cuestiones planteadas por las acciones de tutela acumuladas en el presente proceso es la de si las partes de la controversia tienen legitimación en la causa. Esta cuestión debe sin embargo dividirse inicialmente en dos. Por una parte, está el asunto de la legitimación en la causa por activa, que se traduce en la pregunta por la capacidad para demandar mediante tutela que tenían quienes instauraron las solicitudes de amparo aquí acumuladas. Por otra, está la cuestión de la legitimación en la causa por pasiva del PAR, que equivale a establecer si este último tiene capacidad para ser parte demandada en un proceso de tutela como este. A continuación, la Corte expondrá los criterios para responder la primera de las cuestiones, sobre la legitimidad para demandar, y luego al examinar los casos concretos aplicará esos criterios. Sin embargo, en este mismo acápite expondrá la respuesta al problema de la legitimación por pasiva del PAR.

  39. El punto uno es la legitimación por activa. Para desarrollarlo es importante resaltar que la tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales, que toda persona puede instaurar “por sí misma o por quien actúe a su nombre” (CP art. 86). No es necesario, que el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre. El tercero debe sin embargo tener una de las siguientes calidades: (i) representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso, o (iii) Defensor del Pueblo o personero municipal.[91] En específico: (i) representante puede ser, por una parte, el representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y por otra el apoderado judicial (en los demás casos). Para ser apoderado judicial, la persona debe ser abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo.[92] (ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero “cuando el titular de los mismos [es decir, de los derechos] no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se los solicite o esté indefenso.[93]

  40. Entre los casos que se presentan dentro de este proceso, como más adelante se mostrará, hay unos en los cuales la tutela es interpuesta mediante apoderado judicial, pero que actúa en virtud de un poder no otorgado directamente por el titular de los derechos fundamentales, sino por alguien más que dice obrar en calidad de agente oficiosa de este último. En ciertos casos, cuando está debidamente justificado, esta forma de otorgar el poder judicial para actuar en procesos de tutela es legítima y debe considerarse admisible por los jueces. Lo es por ejemplo cuando el titular de los derechos invocados es un incapaz absoluto.[94] No obstante, quien extiende el poder judicial en calidad de agente oficioso de otra persona debe demostrar, así sea tácitamente,[95] como tendría que hacerlo quien interpone la tutela en calidad de agente oficioso de otra persona, que a su agenciado le resulta fáctica o jurídicamente imposible extender directamente el poder.[96] No basta entonces con que demuestre que le resulta difícil hacerlo.[97]

  41. Estos criterios son suficientes a juicio de la Sala para resolver los problemas puntuales de legitimación en la causa por activa que se presentan en las acciones de tutela acumuladas. Por tanto, procede a preguntarse si el PAR está legitimado en la causa por pasiva dentro de este proceso. Esa pregunta se puede responder mejor si se abordan tres asuntos interrelacionados, y que sin embargo son conceptualmente diferenciables. Primero, es necesario definir si un patrimonio autónomo tiene en general capacidad para ser parte en un proceso judicial. Segundo, si un patrimonio autónomo de remanentes puede ser parte en algún proceso de tutela, o si no puede serlo en absoluto. Por último –en caso de que las respuestas a las anteriores cuestiones sean afirmativas- corresponde establecer si particularmente el PAR de TELECOM puede ser demandado para responder por hechos que los demandantes no le imputan a este ni al fiduciario, sino a TELECOM. La Corte pasa a desarrollar cada uno de estos asuntos enseguida.

  42. El primer interrogante es entonces si un patrimonio autónomo tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial. Esta cuestión es más general, pero importante debido a que el proceso de tutela es a su vez un proceso judicial, y en ese sentido mutatis mutandis se le aplica lo pertinente a los demás procesos. La normatividad general sobre la materia está actualmente regulada en el Código de Procedimiento Civil, y específicamente en su artículo 44, en lo que respecta a la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. La evaluación de este caso con esa norma provoca una cuestión inicial, toda vez que el mencionado artículo 44 del Código de Procedimiento Civil dice que “[t]oda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso”, pero literalmente no les reconoce esa misma capacidad a los patrimonios autónomos, que no son personas naturales ni jurídicas en sentido estricto. No obstante, la jurisprudencia colombiana ya ha ofrecido criterios para resolver esta cuestión de modo preciso, como pasa a mostrarse.

  43. Por ejemplo en sentencia del tres (3) de agosto de dos mil cinco (2005), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que los patrimonios autónomos tienen capacidad para ser partes en un proceso judicial, en la medida en que cuentan con una entidad fiduciaria a cargo de responder por “las relaciones jurídicas que demanda el cumplimiento de la finalidad prevista por el constituyente”. En esa ocasión debía decidir si casaba una sentencia, en la cual se había resuelto declarar la falta de legitimación por pasiva de una entidad fiduciaria, para responder por la prórroga de un contrato que había celebrado como vocera del patrimonio autónomo que administraba. La falta de legitimidad por pasiva de la entidad fiduciaria se había justificado, en la sentencia recurrida, en que no se había demandado puntualmente al patrimonio autónomo, representado por la fiduciaria, sino a la fiduciaria directamente. La Sala de Casación Civil no casó el fallo, pues en su criterio en esa ocasión la fiduciaria sí carecía de legitimación por pasiva. Para estar legitimada, debía ser demandada no directamente y en cuanto tal, sino como vinculada o responsable de la administración del patrimonio autónomo.[98] Lo importante, según la Corte Suprema, es cómo se demanda al patrimonio autónomo, el cual tiene capacidad para ser parte “por conducto del fiduciario”. Al respecto indicó:

    “[…] que sea autónomo el patrimonio que se integra a propósito de la constitución de una fiducia mercantil -como igual puede ocurrir con otras especies del mismo-, y que no tenga personalidad jurídica, no significa a su vez que no está al frente de él ninguna persona que intervenga y afronte justamente las relaciones jurídicas que demanda el cumplimiento de la finalidad prevista por el constituyente. A ese respecto, no puede pasarse por alto que por tal fiducia “se transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario”, y que “solamente los establecimientos y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria pueden tener la calidad de fiduciarios (artículo 1226 C. Co.), lo cual significa, ni más ni menos, que quien como persona jurídica ostenta esa calidad, es quien se expresa en todo lo que concierne con el patrimonio autónomo, al cual, desde esa perspectiva, no le falta entonces un sujeto titular del mismo así lo sea de un modo muy peculiar.”[99]

  44. En el ámbito del proceso civil, que tiene sus especificidades, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido entonces que los patrimonios autónomos tienen capacidad para ser parte, aunque esta capacidad la ejerciten por conducto del fiduciario. Es este último, en su condición de fiduciario, quien debe ser demandado en tales procesos. Las preguntas siguientes son entonces, por una parte, si un patrimonio autónomo de remanentes puede ser parte en procesos de tutela, y por otra si puede serlo para responder por las obligaciones contraídas por una entidad ya liquidada, cuyos remanentes administra. Respecto de lo primero, ante todo es importante aclarar que por ser el de tutela un proceso informal, en el cual hay un mandato específico de prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228 y Dcto 2591 de 1991 art. 4), debe entenderse que cuando el demandado es un patrimonio autónomo, quien lo está siendo en el fondo es el fiduciario o administrador de ese patrimonio. En este caso, por lo tanto, debe definirse quién es el realmente demandado cuando se dice que las tutelas se dirigen en contra del PAR de TELECOM.

  45. El PAR es fruto de un contrato de fiducia mercantil celebrado en su momento entre TELECOM en liquidación, quien obró por intermedio de su liquidador (la Fiduciaria La Previsora S.A.), y el Consorcio de Remanentes de TELECOM, conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. Este contrato de fiducia mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, es un negocio jurídico en virtud del cual una persona (el fiduciante o fideicomitente) trasfiere uno o más bienes debidamente especificados a otra (fiduciario), y esta última se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir con una finalidad determinada por el constituyente y en su beneficio, o en el de un tercero (fideicomisario).[100] En el caso TELECOM obró entonces como fiduciante o fideicomitente, y el Consorcio se constituyó en fiduciario. Por lo mismo, cuando en el proceso de tutela el PAR es demandado, debe entenderse que se está instaurando una pretensión contra el Consorcio de Remanentes de TELECOM, integrado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.

  46. Ahora bien, en lo que respecta a la legitimidad por pasiva incluso de este Consorcio en un proceso como el que provoca este fallo, debe decirse lo siguiente. En la sentencia T-798 de 2006,[101] una Sala de Revisión de esta Corte abordó una cuestión como la que aquí está siendo objeto de análisis. Entonces debía decidir si un patrimonio autónomo, constituido para administrar los remanentes de una entidad liquidada, tenía legitimación por pasiva en un proceso de tutela para responder por las obligaciones de esta. En tal contexto, la Corte estableció –asumiendo que el demandado era en el fondo el fiduciario- que lo relevante era examinar las normas entonces aplicables a la liquidación de la entidad, así como las que a la sazón regulaban el proceso de liquidación y administración de remanentes. Tras tenerlas en cuenta, concluyó que entre las finalidades de constituir un PAR estaba, en esa ocasión, la de atender las condenas emitidas en procesos judiciales en curso al momento de liquidarse definitivamente la entidad. Sostuvo entonces que el patrimonio autónomo –su fiduciario- en esa oportunidad estaba legitimado por pasiva, en tanto se trataba de atender procesos que estaban en curso cuando se produjo la liquidación. Al respecto sostuvo:

    “[…] 3.1.5. Existencia de legitimación en la causa por pasiva, en virtud de la subrogación automática operada en cabeza del “Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidación”. De lo anterior la Sala concluye que las normas generales contenidas en el Decreto-ley 254 de 2000 que regulan la liquidación de entidades administrativas, así como las especialmente expedidas para la liquidación de Tele-Nariño, contenidas en el Decreto 1607 de 2003 modificado por el 4773 de 2005, regulan lo qué debe suceder en el evento en cual, para el momento en el cual termina la existencia jurídica de la entidad liquidada, existan procesos judiciales en curso de resultas de los cuales puedan surgir obligaciones a cargo suyo. Para este evento, la solución provista por tales normas es la constitución de un Patrimonio Autónomo de Remanentes, con cargo al cual se deben atender las condenas derivadas de los procesos judiciales en curso al momento en que expiró la existencia jurídica de Tele-Nariño. || Así pues, la Sala estima que para efectos de determinar la legitimación en la causa por pasiva en la presente oportunidad, debe entenderse que, desde el 31 de enero de 2006, fecha en la cual se terminó la existencia jurídica de Tele-Nariño en liquidación, por ministerio de la ley se produjo una subrogación automática del Patrimonio Autónomo de Remanentes en la situación procesal de la mencionada entidad, que actuaba como demandada dentro del presente proceso. || Determinada así la legitimación en la causa por pasiva, radicada desde el 31 de enero de 2006 en el mencionado Patrimonio, la Sala observa que desde entonces el proceso debió continuar con él en la posición de demandado, a través de su gerente. No obstante, detecta que así fue, pues ciertamente, como se relató anteriormente, el 7 de febrero de 2006 el gerente del “Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidación” acudió al proceso para impugnar la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Quince Laboral del Circuito de Bogotá. || Así las cosas, se verifica que se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por pasiva, de manera tal que, por este aspecto, la presente acción resulta procedente”.[102]

  47. A partir de esta decisión es por lo tanto razonable asumir que los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones de tutela, e incluso responder por obligaciones de una entidad ya liquidada, en los casos en que así lo dispongan las normas que regulen la liquidación de la entidad y la liquidación y administración de remanentes. En este caso, por lo mismo, la Corte tiene en cuenta que el Decreto 4781 de 2005, que reglamenta en parte la liquidación de TELECOM y lo atinente a sus remanentes, estableció en el artículo 3° que el contrato de fiducia, por medio del cual debía constituirse el PAR, tenía entre otros fines el de atender “las obligaciones remanentes y contingentes, así como [l]os procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio”. Esto tiene una primera implicación, y es que si bien las acciones de tutela no estaban en curso cuando se terminó el proceso liquidatorio, algunas reclamaciones de otro orden (administrativo por ejemplo) sí lo estaban. Por lo cual, es válido concluir que el PAR está legitimado por pasiva al menos respecto de las tutelas interpuestas por quienes tenían reclamaciones –incluso administrativas- en curso al momento de liquidarse definitivamente TELECOM. Pero queda la pregunta de si el PAR está legitimado por pasiva en las tutelas de quienes no tenían reclamaciones en curso al término de la liquidación de TELECOM.

  48. A juicio de esta Corte, el PAR debe considerarse legitimado por pasiva incluso en estos últimos procesos de tutela, en los cuales los ex trabajadores de TELECOM reclamen prestaciones de orden laboral o pensional, en la medida en que ello sea preciso para establecer si tiene para con estos obligaciones remanentes o contingentes. Incluso si un ex trabajador de TELECOM no tenía procesos o reclamaciones en curso cuando se puso fin al trámite liquidatorio de la compañía, el PAR está legitimado por pasiva en los procesos de tutela que aquellos inicien, con el fin de determinar dentro del proceso si le corresponde en esos casos atender –como lo dispone el Decreto 4781 de 2005- “las obligaciones remanentes y contingentes” de TELECOM. Al final del proceso puede llegarse a la conclusión de que la obligación cuyo cumplimiento se pretende no tiene el carácter de remanente o contingente, y en esa hipótesis, si no hay otros elementos que conduzcan a una solución distinta, se debe concluir que el PAR no está legitimado por pasiva. Pero si se estima que sí es una obligación remanente o contingente, y están dadas las demás condiciones para ello, es viable pronunciarse de fondo sobre la tutela.

  49. Todo este punto debe, por cierto, leerse como una solución que resulta obligada en parte por lo que dispone la Constitución. Para la Carta no es indiferente que obligaciones contraídas por entidades en liquidación se reclamen, por uno u otro motivo suficiente, sólo después de que se ha terminado el proceso liquidatorio. La Constitución establece de forma precisa el deber de garantizar la efectividad de los principios y derechos contemplados en ella (CP art. 2), y de asegurar el acceso a una administración de justicia efectiva (CP art. 229). Estas obligaciones, que vinculan al juez constitucional, no se neutralizan ni dejan de ser exigibles cuando los que se creen afectados por una entidad en liquidación instauran sus acciones ante la justicia después de que esta se ha liquidado definitivamente. Pueden hacerlo por diversos motivos, y algunos de ellos pueden lógicamente estar justificados de manera suficiente. Las normas que regulan el funcionamiento del PAR y le asignan deberes concretos deben interpretarse en el sentido que mejor realicen los derechos de quienes por una u otra circunstancia reclaman una protección por derechos supuestamente desconocidos por la entidad, una vez liquidada.

  50. El que sean obligaciones remanentes o contingentes es entonces algo a ser determinado por los jueces de tutela en los casos concretos, luego de estudiar el asunto de fondo. La circunstancia de que las tutelas acumuladas en este proceso no estuvieran en curso cuando se terminó la liquidación de TELECOM, y que algunos accionantes no estuvieran adelantando una reclamación de derechos como los que piden en esta oportunidad, no significa que el PAR carezca de legitimación por pasiva. Los ex trabajadores de TELECOM, dentro de los lineamientos de la Constitución y la ley, tienen derecho a acceder a una administración de justicia efectiva. Para que este derecho sea realizable, es preciso interpretar las normas que condicionan la legitimación por pasiva de quienes responden por entidades liquidadas en el sentido que mejor garantice una responsabilidad por la cancelación de los derechos invocados. Por ende, la Corte estima que el PAR sí está legitimado en la causa por pasiva en los casos que plantea este proceso judicial.

    Segunda cuestión. El factor territorial de competencia en la acción de tutela

  51. La Sala Plena constata que en este proceso algunas acciones de tutela fueron promovidas ante juzgados pertenecientes a municipios o circuitos judiciales en los cuales se produjo la supuesta violación, o al menos donde tuvieron lugar los presuntos efectos de la misma. No obstante, en otros casos las tutelas se presentaron ante autoridades judiciales que no pertenecían al municipio o al circuito judicial donde efectivamente ocurrió la violación alegada. La Corte Constitucional considera que estas circunstancias justifican reiterar su jurisprudencia en torno a los factores que determinan la competencia territorial en materia de tutela, y en especial definir cuál debe ser la solución para las acciones de tutela resueltas en este proceso.

  52. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar “ante los jueces” la protección de sus derechos fundamentales “en todo momento y lugar”. Este último fragmento no establece sin embargo una regla de competencia territorial, en virtud de la cual cualquier juez de la República sea siempre competente para conocer de todas las acciones de tutela con independencia del lugar donde hubiesen ocurrido los hechos que la motivan o los efectos de los mismos. Cuando la Carta estatuye el derecho a interponer tutelas en todo lugar, no hace otra cosa que establecer que en ningún lugar del territorio donde haya jueces puede negársele a una persona su derecho a interponer acciones de tutela en defensa de sus derechos fundamentales sobre la base de que ese tipo de acciones sólo pueden intentarse en otro sitio de la geografía. La competencia territorial en materia de tutela la define el legislador, y lo hizo mediante el Decreto 2591 de 1991.

  53. El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dice que corresponde conocer de la acción de tutela a los jueces o tribunales “con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido que fijar el sentido de esta disposición en varias ocasiones y ha concluido que a partir del principio pro homine, en virtud del cual cuando hay más de una interpretación de un texto normativo debe acogerse la que asegure en mayor medida la realización de los derechos fundamentales, de la misma pueden deducirse razonablemente los siguientes criterios de competencia territorial. Primero, la tutela puede ser conocida por el juez o tribunal del lugar donde se presenta la amenaza del derecho fundamental. Segundo, por el juez o tribunal del lugar en que se presenta efectivamente la violación del derecho. Tercero, por el juez o tribunal del lugar donde se producen los efectos de la amenaza o violación.[103]

  54. ¿Qué ocurre cuando una tutela es resuelta por jueces incompetentes, de acuerdo con el factor territorial? En el auto 196 de 2011, la Sala Plena de la Corte sostuvo que el irrespeto a las reglas de competencia territorial en tutela implica una violación del debido proceso (CP art. 29). No obstante, la consecuencia de desconocer este principio en el proceso judicial no es siempre la misma, y el remedio a esta violación cambia en función de la instancia en la cual se advierta el vicio, de las características del caso y, también, del proceso de tutela. En primera instancia, la falta de competencia territorial en procesos de tutela debe implicar la remisión de las diligencias al juez competente, respetando las reglas de reparto; en segunda instancia, debe darse aplicación a lo previsto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, si la nulidad es saneable, se pone en conocimiento de la parte afectada la situación, y si dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación la parte no alega la nulidad, ésta queda saneada y el proceso continua su curso; en caso contrario, el juez la declara la nulidad. Si el vicio se constata en sede de revisión, en principio debe declarar la nulidad de lo actuado:

    “(i) Cuando el mencionado vicio es advertido en la primera instancia del trámite de tutela, se debe remitir la demanda y sus anexos al juez competente, en cualquier lugar del país y respetando las reglas de reparto, de forma tal que se garantice la protección oportuna de los derechos fundamentales.

    (ii) Cuando es el juez de segunda instancia el que observa la carencia de competencia del que asumió el conocimiento en un primer momento, la Corte ha indicado que debe seguirse el procedimiento previsto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil que establece que si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada. Si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará.

    (iii) Cuando la falta de competencia es advertida en sede de revisión, la Corte ha procedido a declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda. A esta solución ha llegado la Corporación en eventos en que se ha advertido una censurable tergiversación del factor territorial de competencia previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, con el velado o manifiesto propósito de menguar las posibilidades de defensa de los demandados o terceros interesados, o de seleccionar arbitraria o caprichosamente al juez de conocimiento”.[104]

  55. Ahora bien, aunque en sede de revisión los problemas de competencia territorial deben, en principio, conducir a la anulación del proceso, lo cierto es que en algunos casos, en los cuales concurren determinados elementos fácticos y procedimentales específicos, la solución puede no ser la anulación de las actuaciones. No puede perderse de vista, en primer lugar, que la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela, y que la norma en la cual se funda esa atribución (CP art. 241 num. 9) no hace diferencias en torno a si los expidió un juez competente en lo territorial o no, razón por la cual tiene la facultad de revisar incluso las decisiones de tutela expedidas por un juez incompetente según el factor territorial.[105] En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la Corte, en su jurisprudencia, ha sostenido que cuando un juez es competente para conocer de una acción de tutela, sus atribuciones competenciales tienden a perpetuarse (perpetuatio jurisdictionis). Y finalmente, es preciso resaltar que el trámite de la acción de tutela debe desarrollarse conforme a los principios de “prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia” (Dcto 2591 de 1991 art. 3).

  56. Por lo anterior es que en ciertos casos, como por ejemplo en el resuelto en la sentencia T-087 de 2012, aunque la Corte advirtió que en ese proceso de tutela “existió un deplorable desconocimiento de regulaciones claras sobre la competencia [territorial]”, la Sala de Revisión decidió “descart[ar] un pronunciamiento de nulidad por incompetencia, en acatamiento de los principios de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia propios de la acción de tutela”.[106] Igualmente, en la sentencia T-675 de 2010, pese a que la Sala de Revisión advirtió un problema de desconocimiento de las normas sobre competencia territorial en materia de tutela, consideró que como en ese caso “(i) […] no se presentó conflicto negativo de competencia; (ii) que no se evidenció un reparto caprichoso de la acción y, además (iii) en aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis”, la Corte podía “convalida[r] la actuación”.[107]

  57. No obstante, esta posibilidad de no anular lo actuado es, como se dijo, excepcional. Para que pueda aplicarse, deben concurrir cuatro condiciones: (i) primero, es indispensable que el ente demando no hubiera sufrido indefensión, pues en caso contrario la nulidad es imperativa; (ii) segundo, la Corte debe conocer del asunto, no en virtud de un conflicto negativo de competencia, sino de un proceso de tutela en el estadio de la revisión ante la Corte, pues en ese momento la Corporación tiene atribución constitucional expresa para revisar incluso los fallos expedidos por un juez no competente según el factor territorial (CP art. 241 num. 9), y su competencia tiende a perpetuarse (‘perpetuatio jurisdictionis’); (iii) tercero, debe estar claro en el caso que una eventual anulación del proceso haría nugatorios los principios de economía, celeridad y eficacia, que gobiernan el trámite de tutela, pues supondría su prolongación excesiva; y (iv) puede no anularse el proceso, si además la Corte valora como necesario y urgente un fallo inmediato del órgano de cierre de la justicia constitucional, como un modo de evitar que se menoscabe la integridad y supremacía de la Constitución (CP art. 241).

  58. En síntesis, la acción de tutela puede ser promovida en todo lugar, pero hay unas reglas de competencia territorial (Dcto 2591 de 1991 art. 37). En virtud de estas, son competentes por el factor territorial, para conocer de las solicitudes de amparo, a prevención, el juez o tribunal del lugar donde se presentan la amenaza o la violación del derecho fundamental, o los efectos de las mismas. Las consecuencias de desconocer estos factores de competencia son distintas, en función del momento en el cual se detecte el vicio. La advertencia de este último vicio, en sede de revisión ante la Corte Constitucional, debe en principio acarrear la anulación de todo lo actuado. Pero esta solución, en ciertos casos, puede ser distinta si: (i) no ha habido indefensión; (ii) la Corte conoce del asunto, no en virtud de un conflicto negativo de competencia, sino de un proceso de tutela en el estadio de la revisión (CP art. 241 num. 9); (iii) la anulación del proceso puede hacer nugatorios los principios de economía, celeridad y eficacia, e incluso el de prevalencia del derecho sustancial, que gobiernan el trámite de tutela; y (iv) si además de los requisitos anteriores la Corte valora como necesario y urgente un fallo inmediato, como órgano de cierre de la justicia constitucional.

    Tercera cuestión. Órdenes proferidas por el juez de tutela en el marco de procesos de reestructuración o liquidación de entidades

  59. Como antes se mencionó, en algunas de las acciones de tutela los ex trabajadores de TELECOM pidieron a los jueces decretar el embargo de cuentas o dineros pertenecientes al PAR, con el fin de asegurar el cumplimiento de las demás órdenes de protección que a su juicio debían impartir. Estas solicitudes de embargo fueron aceptadas por un grupo de jueces de tutela en sus providencias. Por lo mismo, en algunos de los fallos que ahora están bajo revisión de la Corte, se aprecia que hay órdenes puntuales de congelamiento de sumas o cuentas bancarias de las cuales es titular el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM. La Corte Constitucional considera que es relevante revisar si estas decisiones se ajustan a los límites que le depara el ordenamiento constitucional al juez de tutela.

  60. Para resolver ese asunto, conviene no perder de vista que cuando una sentencia de tutela protege el derecho fundamental invocado, el juez debe en principio y por mandato expreso de la Constitución dictar una “orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo” (CP art. 86). Como lo ha explicado la Corte Constitucional, esas órdenes de protección pueden ser sin embargo más o menos complejas en función del caso. En algunos eventos las órdenes pueden ser simples, y concretarse en mandatos dirigidos a la parte accionada para que suspenda la acción violatoria de un derecho, o realice aquella que impide su eficacia. En otros, han de ser complejas e involucrar distintos tipos de obligaciones, hasta incluir órdenes de prevención o de seguimiento por parte de los órganos de control e incluso, promover el diseño de políticas públicas, especialmente cuando ello es necesario para asegurar facetas prestacionales de un derecho.[108] El juez de tutela posee en principio un amplio margen de apreciación para determinar cuál es el mejor remedio para la situación que se le presenta:

    “[..] 3.1. La misión primordial que la Constitución encomienda al juez de tutela es decidir si en cada caso concreto el derecho invocado por el accionante ha sido violado o amenazado y, en caso de que así sea, es su deber tutelarlo y, en consecuencia, tomar las medidas necesarias para que cese la violación o la amenaza. Entonces, se pueden distinguir dos partes constitutivas del fallo: la decisión de amparo, es decir, la determinación de si se concede o no el amparo solicitado mediante la acción de tutela, y la orden específica y necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho amparado. (…)

    Como ya se anotó, las órdenes que imparte el juez de tutela pueden ser de diverso tipo y, por lo tanto, su simplicidad o complejidad es una cuestión de grado. No obstante, se puede decir que una orden de tutela es simple cuando comprende una sola decisión de hacer o de abstenerse de hacer algo que se encuentra dentro de la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden y se puede adoptar y ejecutar en corto tiempo, usualmente mediante una sola decisión o acto. Por el contrario, una orden de tutela es compleja cuando conlleva un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo superior a cuarenta y ocho (48) horas para que el cumplimiento sea pleno.

    La posibilidad de alterar las órdenes impartidas originalmente dentro de un proceso de tutela, tiene sentido, en especial, cuando el juez adoptó una orden compleja para asegurar el goce efectivo de un derecho. En estas situaciones el remedio adoptado suele enmarcarse dentro de una política pública del estado y puede significar plazos, diseños de programas, apropiación de recursos, elaboración de estudios o demás actividades que no puedan realizarse de forma inmediata y escapan al control exclusivo de la persona destinataria de la orden original. En ocasiones, por ejemplo, el juez de tutela se ve obligado a vincular a un proceso a varias autoridades administrativas, e incluso a particulares, para que todas las personas, conjuntamente, logren adoptar una serie de medidas necesarias para salvaguardar el goce efectivo del derecho”[109].

  61. Actuando dentro de ese margen, y con miras a unificar la jurisprudencia sobre derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha decidido, por ejemplo, extender el alcance de sus órdenes a quienes se encuentran en la misma situación de hecho, o hacen parte de un grupo inmerso en un estado de cosas idéntico al analizado (efectos inter pares e inter communis).[110] En oportunidades en que se percibe la existencia de problemas constitucionales de singular importancia o se hacen evidentes divergencias de criterios entre las salas de revisión, la Sala Plena emite fallos de unificación, cuyo propósito es dotar de un alto grado de certeza a los jueces de instancia y los ciudadanos sobre el alcance de la jurisprudencia constitucional, propiciando así la eficacia del principio de igualdad y la confianza de los ciudadanos en una administración de justicia que se desenvuelva sobre criterios predecibles.[111]

  62. Finalmente, en escenarios de violación estructural de diversos derechos constitucionales, no atribuibles de manera específica a una sola autoridad o responsable, la Corporación ha constatado y declarado la existencia de estados de cosas inconstitucionales. Con base en los principios de eficacia de los derechos, normatividad de la Constitución Política y colaboración armónica, esta Corte ha implementado en esos casos medidas particularmente amplias y complejas, que trascienden los supuestos del conflicto o conflictos particulares analizados, y que tienen por objeto superar esos estados de cosas, con el concurso de todas las autoridades públicas, en un plazo amplio, y en el marco institucional de sus competencias legales y constitucionales.

  63. La amplitud y diversidad de órdenes de protección que puede dictar el juez de tutela no se traduce en una facultad sin límites constitucionales. Las órdenes son el medio de protección del derecho; no un campo de poder autónomo del juez constitucional. Por ese motivo, deben hallar sustento en la motivación del fallo, guardar relación con el problema jurídico resuelto, y ser proporcionales para lograr la superación de la amenaza o violación del derecho constatada por el juez, sin limitar injustificadamente derechos o inclusive intereses de terceros. Como ocurre con todas las actuaciones de las autoridades públicas, las órdenes deben tener en cuenta si afectan o no derechos constitucionales de terceros, aspecto que debe analizarse principalmente a partir de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Finalmente, el juez de tutela debe respetar al máximo la distribución de competencias establecidas por el Congreso en las leyes.

  64. Sin que pueda establecerse un listado taxativo de órdenes legítimas en el contexto de la acción de tutela, lo cierto es que el juez constitucional no está autorizado para impartir cualquier tipo de órdenes. La pregunta es entonces si en casos como los acumulados dentro de este proceso era válido decretar embargos por cuantiosas sumas de dinero? En principio, la Corte Constitucional encuentra que por la naturaleza de los conflictos planteados los jueces estaban en la posibilidad de adoptar órdenes de reconocimiento y pago de salarios y prestaciones laborales o pensionales, y en ciertos casos incluso indemnizaciones, de acuerdo con la posibilidad de decretar un reintegro o con las propiedades en concreto de cada controversia. Una orden de embargo habría podido tener el propósito admisible de contribuir al cumplimiento de las demás órdenes de protección. Pero eso no es suficiente para juzgarlas aceptables en el marco de principios dentro del cual debe obrar el juez de tutela. En su jurisprudencia, esta Corte no ha procedido de ese modo. No lo ha hecho por varias razones, que se exponen a continuación.

  65. Primero, porque el adelantamiento de liquidaciones en materia prestacionales es impropio de un proceso de tutela, el cual no posee propósitos exclusiva o primordialmente patrimoniales o dinerarios. El contexto procedimental del amparo no está además previsto para adelantar una discusión probatoria lo suficientemente amplia como para proceder a una liquidación apropiada de prestaciones económicas. Segundo, porque en principio es válido presumir la buena fe del destinatario de las órdenes y, en ese sentido, asumir de antemano que tiene vocación de cumplirlas (CP art. 83). Con lo cual, el embargo resulta injustificado a menos que se pruebe un temor fundado de incumplimiento frente a las resoluciones del juez. Tercero, porque una orden así resulta prima facie innecesaria, en vista de que hay instrumentos para asegurar el cumplimiento o perseguir el desacato a las órdenes del juez, tales como los incidentes de cumplimiento o desacato (Dcto 2591 de 1991 arts. 27, 52 y ss). Finalmente, es desproporcionado embargar sumas de un patrimonio autónomo de remanentes que debe responder por obligaciones pendientes. El congelamiento de sus recursos limitados, puede obstaculizar la satisfacción de obligaciones, de las cuales podría a su turno depender el goce efectivo de derechos incluso fundamentales de terceros.[112]

    Cuarta cuestión. Cosa juzgada y temeridad en los procesos de tutela

  66. Algunas de las acciones de tutela que originaron este proceso fueron presentadas por personas a las que previamente se les habían resuelto otras solicitudes de amparo semejantes, edificadas sobre fundamentos de hecho y de derecho también similares. Otras acciones de tutela fueron promovidas por personas que nunca antes habían intentado una solicitud de amparo por hechos iguales, pero a quienes antes de este fallo se les resolvió una solicitud análoga aunque en la justicia ordinaria. Este último es el caso de varios actores a quienes con anticipación a esta sentencia se les negaron solicitudes equivalentes a las que formulan en las acciones de tutela ahora enjuiciadas. En muchos de estos casos, los jueces de instancia en las decisiones que ahora se revisan consideraron que no había obstáculos para un pronunciamiento de fondo ni para conceder las tutelas. La Corte Constitucional debe unificar criterios para resolver solicitudes de amparo con estas características.

  67. Lo primero que debe decirse al respecto, es que la Constitución estatuye como deberes de toda persona y del ciudadano los de no abusar de los propios derechos y de “[c]olaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (CP art.95 nums. 1 y 7). Estos deberes implican, de acuerdo con la regulación legal de la acción de tutela y la jurisprudencia de esta Corte, el deber de no presentar acciones de tutela sucesivas originadas en los mismos hechos, entre las mismas partes y con idénticas pretensiones. Tal práctica, congestiona injustificadamente los despachos judiciales, y se traduce en un obstáculo para asegurar el cumplimiento de los términos procesales (CP art. 228), en una dificultad para respetar el derecho a una justicia oportuna (CP art. 228), y en obstáculo para que esta Corte ejerza de un mejor modo su competencia de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, por la vía de la revisión eventual de los fallos de tutela (CP art. 241 num. 9).

  68. Para contribuir a que no se produzcan estos efectos, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991[113] establece que la presentación de acciones de tutela sucesivas idénticas sin justificación constituye una conducta temeraria, y que quien incurra en temeridad está sujeto a las sanciones previstas en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil. En el caso de los abogados que cometan tal infracción, se prevé incluso la suspensión de la tarjeta profesional. Pero para que se presente esta infracción no basta con constatar una triple identidad entre dos acciones de tutela. Esto ciertamente se requiere, pero además debe desvirtuarse la presunción de buena fe del actor (CP art. 83). Si lo último no ocurre, pero se da la triple identidad, lo procedente es sin embargo, estarse a lo resuelto en la decisión anterior sobre la tutela, pues entonces se está en presencia de un caso amparado por la cosa juzgada.

  69. Estos aspectos fueron ampliamente desarrollados por la Sala Plena de esta Corte en la sentencia SU-713 de 2006,[114] en la cual se especificó el sentido de la temeridad en materia de tutela, sin que a la fecha se haya modificado, o tenga por qué variarse en lo relevante, la jurisprudencia de la Corporación. Por su importancia para resolver los casos acumulados a este proceso, la Corte hará una exposición detenida de sus consideraciones pertinentes. Lo primero que debe destacarse es el fundamento de la temeridad. La temeridad es un desarrollo de los mandatos de moralización del proceso y colaboración con la administración de justicia. La temeridad es entonces, el resultado de un ejercicio abusivo del derecho, y de un comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a satisfacer intereses individuales sin fundamento legal o constitucional, y en desmedro de los derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso efectivo de la jurisdicción.[115]

  70. En vista de que es ese el fundamento, resulta razonable asumir que la temeridad se configura únicamente si el actor ha obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si su actuación infringe el deber de moralidad procesal. Por tanto, las sanciones sólo podrían imponerse una vez se desvirtúe la buena fe del accionante, pues esta en principio se presume por mandato de la Constitución (CP art. 83). En el evento de que se compruebe la temeridad del peticionario, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 le confiere al juez la facultad de rechazar o decidir desfavorablemente “todas las solicitudes” del actor temerario. Y los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil,[116] que pueden aplicarse a los procesos de tutela en virtud del artículo 4° del Decreto 306 de 1992, autorizan al juez para sancionar pecuniariamente a los responsables,[117] además si en el contexto de la actuación temeraria se comprueba debidamente alguna de las siguientes causales:

    “[…] que la presentación de más de una acción de amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto (i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones[118]; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”[119]; (iii) deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”[120]; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”[121]. Es precisamente en la realización de estos comportamientos, en que -a juicio de este Tribunal- se está en presencia de un actuar temerario”.[122]

  71. En sentido negativo, puede decirse que la duplicidad de acciones de tutela semejantes no debe dar lugar a la imposición de sanciones por temeridad, cuando no ha logrado demostrarse que al actor lo hubiese movido mala fe o deslealtad procesal. La actuación del demandante no es entonces temeraria, según doctrina de esta Corte, por ejemplo cuando “el ejercicio simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”.[123] En el mismo sentido, precisó la Corporación, el juez tiene la obligación de no declarar la temeridad mientras exista un argumento válido que justifique la duplicidad de acciones.

  72. Tomando en cuenta la importancia de evitar la coexistencia de acciones de tutela idénticas, que afecten el adecuado ejercicio de las funciones de la jurisdicción constitucional, así como una conducta sancionable por temeridad, el Legislador consideró que, pese al carácter informal de la acción de tutela, debía imponerse un requisito formal. Este se concreta en la obligación del peticionario o peticionaria de prestar su juramento, junto con toda acción de tutela, en el sentido de no haber presentado previamente una tutela para resolver un problema jurídico idéntico.[124]

  73. De otra parte, como se indicó al comienzo de este acápite, incluso si no hay temeridad, las acciones de tutela sucesivas conllevan la improcedencia del segundo amparo. Con lo cual se persigue garantizar la efectividad de las decisiones judiciales, pero además seguridad a quienes se someten a esta y coherencia en la respuesta de las instituciones a los conflictos. Los tutelantes y los entes demandados pueden plantear los desacuerdos en el marco del proceso, y a ese derecho se debe que en el trámite de tutela esté contemplada la posibilidad de impugnar las decisiones de instancia, y además de ello la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional de las decisiones que en esta materia adopten los jueces de la República. Si la acción de tutela es resuelta en sentido desfavorable al peticionario, y los fallos que decidan la solicitud no son seleccionados para revisión por esta Corte, debe considerarse que la providencia de última instancia adoptada en ese proceso queda ejecutoriada y que hace tránsito a cosa juzgada. Lo decidido en ella no puede entonces volverse a juzgar en el contexto de otra acción de tutela.[125]

  74. En el contexto liquidatorio de TELECOM se han producido diversos pronunciamientos relevantes sobre la temeridad y la cosa juzgada constitucional en materia de tutela. Lo cual se ha debido a que en la sentencia SU-389 de 2005[126] la Sala Plena de esta Corte, al decidir las tutelas instauradas por varios ex trabajadores de TELECOM, quienes aducían una violación de sus derechos en el proceso liquidatorio por cuanto se les había irrespetado el retén social con el que a su juicio contaban por ser padres cabeza de familia, dictó un fallo con orientación protectora y dispuso que sus efectos no sólo se aplicaban a los demandantes que hacían parte del proceso sino en general a quienes se hallaren en la misma situación de hecho que las madres cabeza de familia afectadas por la liquidación de TELECOM. Y admitía también, por virtud del derecho a la igualdad (CP art. 13), que a quienes se les hubiera negado el amparo previamente por estos hechos, les asistía el derecho a interponer una nueva tutela, sólo una, para pedir la aplicación de las reglas sentadas por la Corte en esa decisión.

  75. Con base en esta jurisprudencia, la Corte llegó a conceder la tutela a personas que previamente habían promovido el amparo con fundamento en hechos materialmente semejantes. Por ejemplo, en la sentencia T-592 de 2006, al conocer una acción que cumplía con esas características, la Corte Constitucional advirtió que el peticionario había acudido al juez constitucional antes de proferirse los fallos de unificación en materia de retén social de TELECOM, y que había recibido respuesta negativa a sus pretensiones. El demandante interpuso una nueva acción de tutela, y a pesar de sus identidades la Corte la consideró procedente y, de hecho, concedió el amparo. Entre una y otra acción había pues similitudes innegables. Pero se diferenciaban en que la segunda había sido interpuesta después de las sentencias de unificación de esta Corte, y pedían un derecho expresamente reconocido en estas últimas. Esta diferencia era relevante y suficiente para desvirtuar la cosa juzgada.

  76. En definitiva, los efectos extendidos de la sentencia SU-389 de 2005 únicamente habilitaron la presentación de una segunda acción de tutela, y a quienes estuvieran en las hipótesis definidas dentro de esa decisión. De ello no puede inferirse válidamente, ni siquiera con arreglo a lo resuelto en sentencia T-592 de 2006, que quienes consideren afectados sus derechos por la liquidación de Telecom tengan la libertad ilimitada de acudir sucesiva e indefinidamente ante los jueces de tutela para promover reclamos por los mismos hechos y basándose en los mismos derechos, cuando ya han obtenido un pronunciamiento definitivo en discusiones previamente abordados por la justicia constitucional.[127] La cosa juzgada a la cual hacen tránsito los fallos de tutela, cuando se dan las demás condiciones mencionadas, no desaparece en el contexto de liquidación de TELECOM. Tampoco lo hace el deber de obrar con lealtad dentro de los procesos de tutela.

  77. Ahora bien, lo dicho hasta este punto se refiere fundamentalmente a los efectos que debe tener la cosa juzgada a la que hacen tránsito ciertos fallos de tutela en la resolución de nuevas acciones de igual naturaleza, que presenten además la triple identidad a la que antes se aludió. No obstante, también es relevante para este proceso hacer alusión a los efectos que debe tener sobre un asunto de tutela, la existencia de un fallo ordinario, que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada, al momento de resolver acciones de tutela con las mismas partes, que versen sobre los mismos hechos y fundamentos jurídicos materiales, y la misma petición. ¿Podría el juez de tutela, en un caso así, emitir un fallo de fondo sobre una controversia (originada, por ejemplo, en una violación del fuero sindical), aun cuando (i) ese mismo litigio hubiese sido previamente resuelto por la justicia ordinaria en una sentencia con fuerza de cosa juzgada, (ii) dicha providencia no haya sido demandada en el amparo, (iii) ni exista tampoco una circunstancia relevante o nueva que diferencie suficientemente una controversia de otra?

  78. La jurisprudencia de la Corte Constitucional indica que una decisión judicial adoptada por la justicia ordinaria, incluso si ha hecho tránsito a cosa juzgada, puede ser cuestionada excepcionalmente mediante acción de tutela con el fin de obtener una protección a derechos fundamentales conculcados en la misma o en el proceso judicial con el que esta concluye.[128] No obstante, esto es diferente a hablar de acciones de tutela promovidas para ventilar un litigio ya resuelto en una decisión judicial con fuerza de cosa juzgada, y con partes, fundamentos y peticiones materialmente iguales. Si no se demanda la sentencia ordinaria que le puso fin al litigio, por una vía de hecho, el juez de tutela está por principio en el deber de no pronunciarse de fondo al respecto.[129] En un caso así, como el actor no estaría cuestionando el fallo ordinario, no habría preliminarmente una razón para desconocer la inmutabilidad de la cosa juzgada a la cual ha hecho tránsito, y debe respetarse lo decidido en ella.

  79. En síntesis, cuando se ha resuelto definitivamente una tutela no puede decidirse el fondo de otra, presentada consecutivamente, que cuente con las mismas partes, los mismos fundamentos e idéntico objeto o pretensión. Cuando no hay mala fe, la segunda tutela debe declararse improcedente. Si existen dos o más tutelas iguales en estos aspectos, que se interponen simultáneamente o en todo caso antes de que alguna se haya fallado con carácter definitivo, los jueces que adviertan esta circunstancia deben asimismo abstenerse de fallar sobre el fondo del problema en cada caso. En el evento de que no haya mala fe, las solicitudes de amparo deben declararse improcedentes. Si se desvirtúa debidamente la presunción de buena fe del actor (CP art. 83), en una hipótesis así, además habría lugar a declarar la temeridad y a imponer, observando el debido proceso, las consecuencias establecidas en la ley. Si sólo se ha interpuesto una acción de tutela, pero además una acción ordinaria, y entre ambas hay identidad material de partes, fundamentos y objeto o pretensión, para definir cómo debe resolverse la tutela es preciso identificar si la acción ordinaria fue resuelta mediante fallo que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada. Cuando lo haya sido, y ese fallo o el proceso al que le puso fin no se hayan demandado en la tutela, es principio que el juez constitucional debe estarse a lo resuelto en esa decisión ordinaria, pues también en esa hipótesis hay cosa juzgada.

    Quinta cuestión. La subsidiariedad de la tutela frente a un patrimonio autónomo de remanentes próximo a extinguirse. Los casos de fuero sindical y la acción ordinaria de reintegro como casos distintos

  80. En este proceso, el PAR, CAPRECOM y algunas autoridades judiciales han sostenido, según el caso, que la tutela es improcedente para solicitar la inclusión de los demandantes en el PPA, o la reliquidación de su pensión anticipada, o el reconocimiento de una pensión de vejez o jubilación, o la continuidad en el pago de mesadas pensionales, o para pedir reintegro, indemnización y pago de prestaciones derivadas de un supuesto desconocimiento del fuero sindical y del retén social. Estas alegaciones de improcedencia las justifican en que hay otros medios de defensa judicial, y en que en casos así la tutela es procedente si se acredita la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, lo cual en su concepto no fue probado por los demandantes. Los actores, por el contrario, sostienen principalmente que la tutela procede en supuestos como esos, en vista de la ineficacia de los otros medios de defensa judicial. Esta ineficacia, en las tutelas contra el PAR, se sustenta en el período limitado de existencia de este último, que estaría próximo a fenecer. Los procesos ordinarios no serían eficaces a su juicio pues podrían terminarse cuando ya no exista el PAR. La Corte debe decidir cómo resolver los problemas de la subsidiariedad en contextos como este.

  81. La Sala Plena considera que esta pregunta tiene una respuesta en la jurisprudencia, para los asuntos asociados a una presunta violación del fuero sindical. Un trabajador que se juzgue amparado por el fuero sindical y sea despedido sin previa autorización judicial, dispone de la acción ordinaria de reintegro para exigir sus derechos. Esta acción es por regla general eficaz, ya que se surte por un procedimiento en principio suficientemente expedito y puede proveer una protección integral.[130] La tutela es entonces en principio improcedente en esos casos.[131] Pero la Corte ha identificado dos excepciones, en las cuales el amparo procede: i. cuando se plantea la vulneración del derecho de asociación sindical por la irregular terminación del contrato de trabajo de un cierto número de trabajadores sindicalizados, y además se prueba una conducta antisindical por parte del empleador (p.ej. sentencia T-764 de 2005),[132] y ii. cuando media la vulneración grave de otros derechos fundamentales que no pueden ser protegidos a través de la acción de reintegro, situación que supone la existencia de un perjuicio irremediable concreto y plenamente probado (p.ej. sentencia T-845 de 2008).[133]

  82. Otra es la situación de aquellos trabajadores con fuero sindical que previamente han instaurado acciones ordinarias de reintegro. En casos así es posible distinguir tres (3) hipótesis. Por una parte, están quienes interponen tutela mientras está en curso el proceso laboral ordinario de reintegro sindical, y no han obtenido una respuesta con carácter definitivo en ese otro proceso, que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada. En esa hipótesis, la tutela es en principio improcedente, aunque puede proceder como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (p.ej. sentencia T-326 de 1999).[134] Por otra parte, se encuentran quienes han obtenido una respuesta favorable definitiva en la justicia laboral, y a sus empleadores se les ha ordenado el reintegro o la indemnización, o ambas, pero estos dejan de cumplir las órdenes. En ese caso, los aforados pueden promover acción de tutela con el fin de que se proteja su derecho al cumplimiento de la resolución judicial (p.ej. sentencia T-323 de 2005).[135] Finalmente, están quienes obtuvieron una decisión judicial desfavorable pero definitiva en la jurisdicción ordinaria. En esos casos, si el fallo es demandado apropiadamente mediante tutela, debe concederse el amparo cuando las autoridades judiciales incurren en un defecto de los indicados en la jurisprudencia y violan derechos de los trabajadores aforados, al aceptar la desvinculación de estos últimos sin autorización previa del juez competente (p.ej. sentencia T-205 de 2004).[136] Estas reglas no cambian en contextos de liquidación de entidades, ni de administración de remanentes de una entidad ya liquidada (p. ej. Sentencia T-538 de 2009).[137]

  83. También es claro el sentido en el que debe resolverse una solicitud de amparo en la cual se pretenda exigir el cumplimiento de órdenes impartidas por un juez de tutela en un caso anterior. El incumplimiento de una orden de tutela no es un caso de violación de derechos fundamentales que pueda en principio distinguirse de aquel que dio origen a las órdenes supuestamente desacatadas. Existe un medio prima facie expedito para obtener el obedecimiento de estas últimas, y puede intentarse ante el juez que en primera instancia conoció del proceso en que se impartió esa resolución. Es este quien mantiene la competencia al respecto (Dcto 2591 de 1991 arts. 23 y 27), y ante quien puede solicitarse el cumplimiento de un fallo de tutela anterior. Una nueva acción de tutela, que sea igual en lo relevante, debe declararse improcedente o temeraria según el caso.[138] En cuanto a las tutelas asociadas al reconocimiento de pensiones, o a reliquidación de mesadas, contra un fondo administrador de pensiones que no está próximo a extinguirse, son aplicables los principios generales de procedencia. Es entonces preciso estar ante un perjuicio irremediable, o ante la ineficacia en concreto de los medios de defensa judicial disponibles en abstracto.[139]

  84. En lo que atañe a los demás casos, la Corte Constitucional ha resuelto acciones de tutela dirigidas contra el PAR de TELECOM, y un grupo significativo de ellas las ha juzgado improcedentes por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. Lo ha hecho por ejemplo en las sentencias T-551 de 2009,[140] T-134a de 2010[141] y T-274 de 2010,[142] respecto de algunos ex trabajadores de TELECOM que pidieron su inclusión en el PPA. También lo ha hecho en la sentencia T-589 de 2009,[143] cuando un ex trabajador pretendió una reliquidación pensional. Y lo propio decidió en la sentencia T-302 de 2009,[144] al declarar improcedente la tutela de quienes reclamaban continuidad en la prestación de un plan complementario de salud. Esta solución para los casos parece en principio plausible, pero debe decirse que en la sentencia T-645 de 2009 la Corte juzgó procedente y estudió de fondo la tutela promovida por una ex trabajadora de TELECOM que pedía protección por ser cabeza de familia.[145] La pregunta es qué implicaciones debe tener esa jurisprudencia para los casos de quienes solicitan prestaciones de orden pensional no subsumibles en las hipótesis antes mencionadas.

  85. Para resolver esa cuestión, debe decirse que en las providencias precitadas, las tutelas dirigidas contra el PAR se declararon improcedentes por no cumplir con la subsidiariedad, sobre la base de tres (3) razones esencialmente. En primer lugar, se sostuvo que los demandantes interpusieron la acción de tutela sin previamente haber intentado las otras acciones ordinarias dispuestas por el ordenamiento para obtener los mismos efectos, y que eso debía conducir a su improcedencia. En segundo lugar, se dijo que los actores no demostraron en concreto la ineficacia de los otros medios judiciales de defensa judicial, a pesar de que esa era una carga de los peticionarios, y no un deber de los jueces. Y en tercer término, se fundaron en que no estaba acreditada la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, con lo cual la tutela carecía en sus casos particulares de subsidiariedad en vista de que había otros medios de defensa judicial para salvaguardar sus derechos fundamentales.

  86. La Sala Plena, tras revisar estos fundamentos, considera que es necesario precisarlos del siguiente modo. Por una parte, es importante tener en cuenta que según el texto de la Constitución, la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” (CP art. 86). Si efectivamente dispone de otros medios de defensa, entonces la tutela procede cuando “se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. La Constitución Política no dice entonces que si el afectado dispone de otras acciones judiciales la tutela proceda sólo una vez las haya empleado o instaurado efectivamente. Por lo mismo, para definir la procedencia de una acción de tutela desde el enfoque del requisito de subsidiariedad, no hace falta establecer si el demandante ha instaurado o no otras acciones antes de la tutela. Lo relevante, a la luz del texto constitucional, es determinar si el afectado dispone de otro medio de defensa. Es de ello que depende el examen de si la tutela se usa para evitar un perjuicio irremediable.

  87. Pero en todo caso, para definir ese punto, debe estar claro si el demandante dispone de otro medio de defensa judicial. ¿Cómo determinar si lo hace? Para ello no basta con revisar en abstracto el ordenamiento jurídico. Es necesario además, examinar cuál es la eficacia que, en concreto, tiene dicho instrumento de protección.[146] Y para determinar esto último la jurisprudencia de esta Corte ha señalado dos pautas generales: primero, debe verificarse si los otros medios de defensa proveen un remedio integral, y segundo si son expeditos para evitar un perjuicio irremediable.[147] La Corte ha sostenido, empero, que es el “[…] el juez” el que “está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone”.[148] Esto significa que no es exclusivamente una carga del actor mostrar la ineficacia del otro medio. El juez es ante todo quien conoce el derecho, y debe definir ese punto. En ese sentido, la procedencia de las tutelas contra entidades en liquidación, o encargadas de administrar los remanentes de estas últimas, depende en buena medida de la eficacia de las acciones ordinarias para tramitar ese tipo de controversias. Pero la eficacia o ineficacia de estos medios le corresponde determinarla razonablemente al juez de tutela.

  88. Ahora bien, para contextos como este, la eficacia de los otros medios de defensa se ha de definir en parte con arreglo al referente jurisprudencial establecido en la sentencia SU-388 de 2005.[149] Ese fallo resolvía varias acciones de tutela instauradas por trabajadores desvinculados de una entidad en liquidación, puntualmente TELECOM. Los tutelantes pedían protección para sus derechos fundamentales, sin haber instaurado antes otros medios de defensa judicial disponibles en abstracto. Uno de los problemas que debía decidir la Corte era si las solicitudes de amparo resultaban procedentes, aunque hubiera otros medios de defensa judicial. La Corte señaló que sí lo era, pese a que los actores dispusieran en abstracto de otros mecanismos de defensa y no los hubieran instaurado, por ser el medio eficaz en contextos de liquidación de entidades próximas a suprimirse definitivamente:

    “[…] En primer lugar, la Corte considera que por tratarse de un proceso de liquidación cuya fecha límite es relativamente próxima (a más tardar el 12 de junio de 2007), la acción de tutela se proyecta como el mecanismo apropiado para asegurar un verdadero respeto de los derechos fundamentales. Al respecto, conviene recordar que en algunos casos el factor temporal cobra especial relevancia para determinar la procedencia de la tutela,[150] como ocurre precisamente en los procesos liquidatorios de cercana culminación. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-1169 de 2003, MP. Clara I.V.H., la Corte concedió la tutela invocada por un ex trabajador de una empresa a quien se le negaba la reliquidación de su primera mesada pensional. En aquella oportunidad, además de encontrar vulnerados sus derechos fundamentales la Corte concluyó que la empresa estaba en un avanzado estado de liquidación y por ello la tutela constituía el mecanismo idóneo de defensa.[151]”.

  89. Aparte de lo anterior, cuando la Constitución establece que la tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, simplemente fija una regla general. Pero luego agrega una excepción: “salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (CP art. 86). Con lo cual, si el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, puede interponer la tutela para la defensa de sus derechos cuando la utilice para evitar un perjuicio irremediable. Este último, como lo ha sostenido la Corte Constitucional desde sus inicios, se caracteriza por ser un perjuicio inminente o actual, y además ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables.[152] Al respecto ha señalado:

    “[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.[153]

  90. En definitiva, para juzgar la procedencia de acciones de tutela como las que provocan este proceso, no sería suficiente señalar que en abstracto hay otros medios de defensa judicial no ejercidos por los demandantes. Tampoco bastaría con manifestar que los demandantes dejaron de probar la ineficacia de los otros medios de defensa. En las sentencias antes citadas, que resolvieron acciones de tutela de ex empleados de TELECOM contra el PAR, la Sala Plena advierte empero que las Salas de Revisión no se detuvieron a determinar si los demás medios de defensa judicial, disponibles en abstracto para los demandantes, eran eficaces en sus circunstancias particulares, pues opinaron que era una carga exclusiva de los actores. En esta ocasión la Corte considera que es entonces necesario adelantar, con suficiencia, el examen de efectividad de las acciones ordinarias, disponibles en abstracto, cuando se instauran contra un patrimonio autónomo dispuesto para atender obligaciones remanentes de una entidad ya liquidada, por hechos imputados a esta última.

  91. Para resolver ese punto, conviene tener en cuenta lo siguiente. Los patrimonios autónomos de remanentes de una entidad liquidada pueden tener diferentes periodos de duración. En algunos casos la magnitud y complejidad de las obligaciones remanentes justifica una existencia prolongada. En otros no. La eficacia de las acciones judiciales que se dirijan contra este tipo de patrimonios debe ser por tanto evaluada teniendo en cuenta si hay suficiente tiempo para resolverlas antes de que dichos patrimonios se extingan. En este caso, eso implica que la eficacia de las acciones ordinarias con las que cuentan los ex trabajadores de TELECOM, se define en parte con base en el tipo y duración de existencia jurídica del PAR. La cláusula décima primera del contrato de fiducia, por el cual fue constituido, dispuso que su duración fuera de dos (2) años. El contrato se ha ido prorrogando sucesivamente a través de otrosíes. Pero cuando los demandantes de este proceso instauraron sus tutelas; es decir, en el segundo semestre del año dos mil nueve (2009), la vigencia del contrato iba sólo hasta el mes de diciembre de ese mismo año. Dicen entonces muchos demandantes, y también algunos jueces de tutela, que en estas condiciones las acciones ordinarias o contenciosas devinieron ineficaces pues no aseguraban un fallo con verdadera vocación de cumplimiento. La Corte Constitucional se pregunta si esta tesis es aceptable.

  92. Como antes se mencionó, en la sentencia SU-388 de 2005[154] la Corte sostuvo que la procedencia de la tutela, en contextos de liquidación de entidades, depende de la eficacia de los otros medios de defensa, disponibles en abstracto. La eficacia de esos medios, dijo, debe medirse en función de cuán próxima está la extinción de la entidad demandada. Por lo mismo, en dicho fallo las acciones de tutela fueron declaradas procedentes, entre otras razones por dirigirse contra una entidad en “proceso de liquidación cuya fecha límite es relativamente próxima”. De dicha providencia podría extraerse entonces un principio de decisión para los casos aquí acumulados, de acuerdo con el cual si al momento de interponerse y resolverse una tutela la entidad demandada está próxima a extinguirse, entonces el amparo de derechos fundamentales cumple en principio el presupuesto de subsidiariedad. La cuestión más concreta es entonces si dicho principio es aplicable a estas tutelas y, si lo es, qué implicaciones tiene.

  93. La Corte considera que sí es aplicable, en buena parte de los asuntos aquí acumulados, pues las similitudes con el caso resuelto en la sentencia SU-388 de 2005 son más relevantes que las diferencias, y en virtud de los derechos a la igualdad (CP art. 13) y a la confianza legítima (CP art. 83) debe dárseles el mismo trato. En efecto, nótese que entre la sentencia SU-388 de 2005 y una gran parte de los casos ahora bajo examen hay una similitud decisiva y es que se demanda un ente próximo a extinguirse, según la información disponible al momento de interponerse la tutela, y de resolverla. Es cierto que hay también ciertas diferencias pues el PAR no es una entidad en liquidación, como sí lo era TELECOM cuando se expidió la sentencia SU-388 de 2005. Pero esta misma Corte ha considerado esa diferencia irrelevante, como lo muestra el hecho de que incluso en tutelas contra el PAR (contra sus administradores) –y no contra TELECOM- ha aplicado la doctrina de procedencia usada en la sentencia SU-388 de 2005.[155] También es verdad que no en todos los asuntos aquí acumulados se pide protección por el retén social, como sí ocurría en principio en la sentencia SU-388 de 2005. Pero lo cierto es que también esa diferencia ha sido considerada irrelevante por esta Corte, como se infiere del hecho de que había aplicado esa misma jurisprudencia en casos en los que no se invocaba el retén social, ni eran siquiera de padres o madres cabeza de familia, sino, por ejemplo, de reliquidación de mesadas pensionales.[156]

  94. La sentencia SU-388 de 2005 resolvía por tanto casos puntuales, relacionados con el derecho al reintegro de mujeres cabeza de familia, en el retén social. Pero eso no significa que en esta ocasión, debido a que se piden prestaciones adicionales al reintegro laboral o la protección de miembros cabeza de familia, y a que se demanda un patrimonio autónomo de remanentes, la Corte no esté vinculada por los criterios entonces fijados para determinar la eficacia de los medios de defensa ordinarios y, en esa medida, la procedencia del amparo. ¿Cuál sería la razón para aplicar la jurisprudencia en cita a las tutelas por prestaciones derivadas del retén social, pero no a las que persiguen otras prestaciones con títulos de otra denominación? Más aún, ¿cuál podría ser la razón para aplicar esa jurisprudencia a las tutelas contra entidades próximas a liquidarse, pero no a las que se dirigen contra patrimonios autónomos de remanentes cerca de extinguirse? En concepto de la Corte no habría ninguna. Los casos resueltos en la sentencia SU-388 de 2005 tienen en común, con algunos de los resueltos en este proceso, la preliminar ineficacia de los medios de defensa judiciales ordinarios, derivada no sólo de la proximidad de la extinción del ente demandado, sino incluso del progresivo decremento patrimonial de los bienes, natural en todo proceso de liquidación de entidades y de cancelación de remanentes de empresas ya liquidadas, pues en este último caso la regular duración de los procesos ordinarios conducen a la parcial ineficacia de estos medios de defensa judicial.

  95. Ciertamente, podría ocurrir que en el trascurso de los procesos ordinarios o contenciosos la entidad demandada desaparezca jurídicamente. En ese caso, la entidad declarada extinta (inicialmente demandada) no podría cumplir con las órdenes impartidas por el juez ordinario en su fallo. Esto afecta también, en buena medida, la eficacia de estas últimas. Las órdenes judiciales que reconocen prestaciones laborales o pensionales a favor de un particular, cuando se dictan contra una entidad del Estado y de ellas depende un derecho fundamental, han de ser acatadas. Por eso deben ser asumidas incluso si la entidad que adquirió tales obligaciones desapareció. Los fallos judiciales no deben ser inocuos. Incluso el ente posteriormente encargado de cumplir con lo dispuesto en una providencia, podría no ser el destinatario directo de las órdenes dictadas por el juez aunque debe acatarlas y cumplirlas.[157]

  96. De lo anterior, se infiere entonces que la tutela es en principio el medio eficaz para solicitar la protección de derechos fundamentales, asociados a relaciones laborales o prestaciones pensionales, frente a un patrimonio autónomo de remanentes próximo a extinguirse. El PAR no se extinguió a finales del año dos mil nueve (2009), como se pensaba cuando fueron instauradas las acciones de tutela que provocan este proceso. Pero la información disponible al momento de promover y resolver las solicitudes de amparo en instancia, indicaba que así era. Cuando se tiene una información así, lo correcto es juzgar la procedencia del amparo con arreglo a los criterios precedentemente señalados. Hoy, por cierto, sabemos que luego del año dos mil nueve (2009) los plazos de vigencia del contrato que constituyó el PAR se han prorrogado sucesivamente. No obstante, en este momento el PAR está cerca de su extinción. Las prórrogas se han hecho por el término máximo de un (1) año. Subsiste entonces la razón para juzgar procedentes, al menos en lo que atañe a la subsidiariedad, las acciones que originaron este proceso.

  97. En síntesis, la tutela es improcedente frente a la desvinculación de aforados sindicales, excepto cuando se plantea la violación del derecho de asociación sindical por la irregular terminación del contrato de trabajo de un cierto número de trabajadores sindicalizados, y además se prueba una conducta antisindical, o cuando media la vulneración grave de otros derechos fundamentales no susceptibles de protección mediante la acción de reintegro, ante la existencia de un perjuicio irremediable.[158] Procede a su vez en ciertos casos para que se cumplan órdenes judiciales ordinarias de reintegro de aforados, o para cuestionar sentencias –que no sean de tutela- que concluyan procesos derivados del fuero, si se dan las demás condiciones establecidas para ello. Procede excepcionalmente para solicitar el reintegro o la indemnización por fuero sindical mientras está en curso un proceso ordinario de reintegro y se acredite la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Es a su vez improcedente en principio el amparo que se endereza hacia el cumplimiento de una orden emitida a su vez por otro juez de tutela, si no presenta ninguna diferencia relevante con la acción constitucional que lo provocó. No es procedente prima facie para pedir una pensión de jubilación a una entidad administradora de pensiones que sigue existiendo y no está en liquidación, salvo perjuicio irremediable. Y es en principio procedente en los demás casos que plantea este proceso si se persigue una prestación, de la cual dependa el goce efectivo de derechos fundamentales, cuando la entidad a cargo de asegurarla se encuentre próxima a extinguirse, y se den los demás requisitos definidos en esta providencia.

    Sexta cuestión. Inmediatez de las tutelas por derechos supuestamente conculcados por una entidad en liquidación, cuando se interponen después de que la entidad ha desaparecido

  98. En el proceso hay otro problema de procedencia. Las tutelas se promovieron después de la extinción de TELECOM, por hechos supuestamente ocurridos antes de su liquidación definitiva. El PAR aduce que entre el momento de ocurrencia de esos hechos y la presentación del amparo los actores dejaron trascurrir, sin embargo, un lapso demasiado amplio. En ese sentido, sostiene que las demandas deben declararse improcedentes por falta de inmediatez. Los actores en cambio parten de la base de que sus acciones son oportunas. La Corte Constitucional se pregunta entonces si puede considerarse improcedente una acción de tutela debido a falta de inmediatez en su interposición, cuando el objeto de la misma sea solicitar el amparo de derechos supuestamente conculcados por una entidad liquidada hace más de tres (3) años, y se fundamenta en acciones u omisiones ocurridas mientras esa entidad existía. La Sala Plena considera que la respuesta a esta pregunta no puede darse en términos absolutos, sino que debe tener en cuenta algunas variables relevantes. Pasa a exponerlas a continuación.

  99. Diversas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han resuelto tutelas contra el PAR, tanto por solicitudes asociadas al PPA, como a las garantías del retén social o del fuero sindical. En algunas de esas oportunidades, la Corte ha concluido que existían problemas de inmediatez. En cuanto al PPA, en la sentencia T-551 de 2009 la Corte consideró que no cumplía con la inmediatez una tutela contra el PAR, entre otras razones, porque los actores habían dejado trascurrir injustificadamente cerca de tres (3) años o más, contados desde su desvinculación, para presentarla.[159] Respecto del retén social, en la sentencia T-1062 de 2007 se juzgó improcedente por falta de inmediatez una tutela interpuesta contra el PAR de TELECOM cuatro (4) años después de la desvinculación de los accionantes, hecho que era la supuesta causa de vulneración de los derechos.[160] En lo que atañe al fuero sindical, la sentencia T-135a de 2010 juzgó también improcedentes varias acciones de tutela, interpuestas cerca de dos (2) o más años después de la desvinculación de los actores, o de que concluyeran los procesos ordinarios iniciados por ellos.[161]

  100. En otros casos, en cambio, aunque eran también de tutelas dirigidas contra el PAR de TELECOM, la Corte no sostuvo que hubiera problemas de inmediatez, a pesar de que había trascurrido un término amplio antes de intentarlas. Sobre el retén social, en la sentencia T-645 de 2009, la Corte estudió de fondo, y en consecuencia no declaró improcedente por falta de inmediatez, una tutela presentada por una mujer contra el PAR, tres años después de su desvinculación, y considerando que en esta se le habían violado sus derechos.[162] En lo referente al PPA, en la sentencia T-274 de 2010 se declararon improcedentes tutelas instauradas cerca de seis (6) años después del ofrecimiento del citado Plan, pero no por falta de inmediatez, sobre lo cual no hubo pronunciamiento, sino porque la tardanza indicaba ausencia de perjuicio irremediable.[163] En cuanto al fuero sindical, en la sentencia T-538 de 2009, la Corte no consideró que hubiese falta de inmediatez en tutelas instauradas en octubre de 2008, por su desvinculación en enero del 2006.[164]

  101. No hay como se ve, un término fijo y definitivo, a partir del cual se pueda considerar una solicitud de amparo improcedente por falta de inmediatez. Eso se debe a que las acciones de tutela, como se ha dicho en numerosas ocasiones en la jurisprudencia de esta Corte, no están sujetas a un término de caducidad, según lo sostuvo la Sala Plena de la Corte en sentencia C-543 de 1992:

    “[…] Resulta palpable la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991. Apartándose de la tesis sostenida por el Procurador General de la Nación, no cree la Corte que esta contradicción entre el texto legal y el mandato de la Constitución pueda considerarse saneada en razón de las facultades confiadas al legislador para reglamentar la acción de tutela, pues, por una parte, las competencias para reglamentar o desarrollar un precepto superior jamás pueden incluir las de modificarlo y, por otra, en el caso que nos ocupa, la amplitud del Constituyente en cuanto al tiempo para acudir a este instrumento resulta ser tan clara que no da lugar ni admite forma alguna de regulación legal en contrario. Aceptar en este caso la generosa interpretación del Ministerio Público equivaldría a sostener que las leyes ostentan la misma jerarquía normativa de la Constitución”. [165]

  102. A pesar de lo anterior, la procedencia de la acción de tutela debe determinarse conforme a su propósito de obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales. Por ese motivo, una acción que no se interpone dentro de un plazo razonable, resulta improcedente. Esta subregla, también expuesta por la Sala Plena en la sentencia de unificación SU-961 de 1991, da origen al principio de inmediatez.[166] En esa oportunidad, la Sala Plena sostuvo que, pese a no existir un término de caducidad en el amparo, existen escenarios en los cuales la tardanza en la presentación de la acción tendría consecuencias indeseables desde el punto de vista constitucional, por lo que, una tardanza excesiva en su interposición podría dar lugar a su improcedencia. En esa dirección explicó que (i) la superación del hecho u omisión que ocasiona la amenaza o lesión del derecho; y (ii) la afectación de derechos de terceros, derivada de la modificación de las situaciones jurídicas que se presentaría al conceder una acción de tutela pasado un amplio período desde la amenaza o violación de un derecho,[167] constituyen circunstancias que deben ser tomadas en cuenta por el juez de tutela.

  103. A partir de las anteriores consideraciones, la Sala Plena infirió tres (3) reglas centrales en el análisis de la inmediatez. En primer término, la inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta al artículo 86 de la Carta Política. En segundo lugar, la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable, y en atención a las circunstancias de cada caso.[168] Finalmente, esa razonabilidad está dada por los fines de la acción, que se asocian a la protección urgente e integral de un derecho constitucional, mientras que la proporcionalidad en su ejercicio se debe analizar a la luz de los posibles principios que se vean afectados por la concesión del amparo. En ese orden de ideas, la ponderación entre la necesidad de protección de un derecho, la estabilidad de las relaciones jurídicas y la evaluación sobre la intensidad de las cargas de diligencia y argumentación que deben satisfacer las personas en la defensa de sus derechos, deberá llevar a una respuesta sobre el cumplimiento de esta exigencia, siempre en el marco del caso concreto.

  104. La exigencia de inmediatez también debe entonces cumplirse en procesos contra entidades en liquidación,[169] y contra las ya liquidadas cuyas obligaciones remanentes estén en tránsito de cancelación, pues los mismos principios están en juego ante una tutela tardía.[170] Pero la inmediatez, en esta clase de contextos, tampoco debe examinarse como si se tratara de una exigencia rígida de oportunidad o caducidad, sino como un principio encaminado a impedir que acciones de tutela demasiado morosas afecten los programas de liquidación y de administración de remanentes. Una solicitud que se deja, sin justificación suficiente, para los últimos momentos de un programa liquidatorio, no sólo puede impactar de modo adverso las proyecciones y presupuestos hechos previamente, sino que incluso podría afectar derechos de terceros, cuando el goce efectivo de estos últimos dependa de los activos remanentes. Estas consecuencias a veces se justifican, en casos de tardanza, en atención por ejemplo a las circunstancias de especial vulnerabilidad del actor o de sus familiares, o en sus propias actuaciones precedentes. La función del juez no es entonces sólo constatar que ha trascurrido un término, sino evaluar si está justificado en el caso concreto.

  105. Pero primero debe definirse si ha habido tardanza en la presentación del amparo. En principio es válido que ese punto se determine contando el tiempo trascurrido desde el momento en el cual ocurrió la acción u omisión que se acusa de violar los derechos fundamentales hasta la interposición de la acción. Si entre ambos pasó demasiado tiempo, puede decirse que la acción es tardía. No obstante, en ciertos casos el punto de partida ha de ser distinto. En algunos eventos la inmediatez no se debe contar desde el acto que niega determinada prestación. Esto ocurre, por ejemplo, si al expedirse ese acto no estaba claro que el demandante tuviera tal derecho pero después se profiere una sentencia de unificación novedosa de esta Corte que resuelve la cuestión a su favor. En ese evento el término se contaría desde la fecha de proferirse la sentencia de unificación.[171] En otros supuestos, el lapso que determina la inmediatez se ha de contar desde cuando surge uno de los fundamentos de la acción.[172] Y en ciertas ocasiones, el término no se cuenta desde la expedición del acto cuestionado sino desde que este se le dio a conocer al afectado, quien no lo conocía pese a que tenía derecho a hacerlo.[173]

  106. Con todo, incluso si se comprueba que ha habido tardanza para impetrar la tutela, hay algunas razones que justificarían la demora. En principio, justificaciones de este tipo son todas aquellas que la Corte ha considerado tales en sus precedentes.[174] Pero hay ciertos estándares generales a ser tomados en consideración. Para empezar, la tardanza puede justificarse por fuerza mayor o caso fortuito. La interposición tardía de una acción de tutela implica prima facie su improcedencia si la concesión de esta implica “una eventual violación de los derechos de terceros”.[175] Por otra parte, es razonable la demora cuando resulta claro que el demandante ha obrado con diligencia para reclamar sus derechos.[176] Se justifica asimismo cuando la especial situación del titular de los derechos, convierte en desproporcionado adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, como ocurre por ejemplo con las personas en estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad e incapacidad física.[177] En ciertos eventos, se justifica además si “a pesar del paso del tiempo, la supuesta vulneración de derechos fundamentales permanece, es decir, continúa y es actual”.[178]

  107. Esta última causal de justificación fue invocada en este proceso por un numeroso grupo de accionantes. Aun cuando los hechos en que se fundan y las peticiones que plantean son a menudo diversas, aducen supuestas violaciones continuadas y actuales a sus derechos fundamentales para sustentar la oportunidad de su amparo. En tal virtud, esgrimieron que a sus casos no podía aplicarse la inmediatez. La Sala Plena, luego de examinar la jurisprudencia dictada por esta Corte dentro de procesos de liquidación de entidades y de administración de remanentes, concluye que esta causal de justificación no ha sido aplicada en términos uniformes en el sentido en el que la invocan los accionantes. En algunos casos, como los resueltos en la sentencia T-381 de 2012, pese a ser específicamente de pensiones, la Corte consideró improcedentes las tutelas instauradas cerca de dos (2) años después del acto supuestamente violatorio de los derechos, sin considerar relevante la doctrina sobre la continuidad y actualidad del menoscabo.[179] En otros, como en el estudiado en la sentencia T-385 de 2012, resolvió de fondo una tutela de pensiones instaurada dos (2) años y medio después del acto invocado como vulneratorio de derechos fundamentales, precisamente con base en que la infracción era continua, y actual al momento de adoptarse la decisión.[180]

  108. Hace falta, como se ve, univocidad de criterios en esta materia. La Corte estima que el carácter continuado y actual de una violación a derechos fundamentales –como el que se predica por ejemplo en los casos de pensiones- es relevante incluso en tutelas contra entes en trámites de liquidación o de administración de pasivos o remanentes. Pero justo por el modo como se desenvuelve esa clase de trámites, que exige planeación, así como por los objetivos que se trazan, que son esencialmente los de gestionar derechos y obligaciones remanentes con activos por principio limitados; por esas circunstancias, en estos procesos el carácter continuado de la violación tiene implicaciones circunscritas, y no amplias. Los tutelantes en esos casos, aunque planteen desconocimientos continuados de sus derechos, no se ven necesariamente desprovistos de la carga de instaurar sus solicitudes con inmediatez. Sin embargo, por las características de la conculcación que invocan, la inmediatez debe estudiarse de un modo menos estricto.

  109. En suma, respecto de entidades que han concluido procesos de liquidación pueden presentarse distintos tipos de casos. Es posible que al final de su existencia jurídica la entidad hubiese desconocido algún derecho fundamental. T. puede ocurrir que la supuesta vulneración se haya presentado mucho antes de que definitivamente se liquidara. En esta última hipótesis, puede que haya quienes interpongan sus tutelas sólo después de clausurada la compañía, y dentro de estos puede haber personas que hubiesen intentado gestiones –judiciales y administrativas- para defender sus derechos, y otras que hayan permanecido completamente inactivas. De cualquier modo, dentro de estos contextos, es en principio irrazonable dejar trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para reclamar prestaciones patrimoniales. En estos casos se cumple con la inmediatez cuando la tardanza se justifique suficientemente. Es decir, si por ejemplo el actor ha obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha estado sometido a fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de interdicción, incapacidad física, entre otros. En función de las condiciones de debilidad de algunos sujetos, y del contexto en el cual se inscribe el problema, es posible adaptar estos principios con el fin de resolver cuestiones de inmediatez en función de una solución constitucionalmente admisible del caso concreto.

    Resolución de los casos concretos

  110. Como antes se anunció, el propósito central de esta sentencia es unificar los criterios que los jueces deben tener en consideración, cuando les corresponda resolver si es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre tutelas instauradas para invocar derechos supuestamente conculcados en el desarrollo de procesos de liquidación de entidades públicas. En vista de ello, con el fin de darle mayor claridad al alcance de los criterios antes mencionados, la Corporación expondrá a continuación la solución de los casos concretos, previos párrafos de síntesis de los fundamentos antes referidos, dentro del siguiente orden. i. Primero, mostrará cuáles de las acciones de tutela debieron ser negadas por falta de legitimidad en la causa por activa de quienes las interpusieron. ii. Segundo, expondrá en cuáles casos hay cosa juzgada (ordinaria o constitucional) o incluso temeridad. iii. Tercero, presentará los casos en los cuales no se cumplió el requisito de inmediatez. iv. Cuarto, definirá si las tutelas cumplen con la subsidiariedad. v. Quinto, estudiará y resolverá de fondo las tutelas que superen tales requisitos con éxito. vi. Se referirá a las alegaciones por supuesta falta de competencia territorial y a las órdenes de embargo. vii. Finalmente, adoptará las decisiones e impartirá las órdenes correspondientes.

    i. Falta de legitimación por activa

  111. Como se mencionó en el fundamento jurídico 39 de esta sentencia, toda persona puede interponer acción de tutela “por sí misma o por quien actúe a su nombre” (CP art. 86). No es entonces necesario que el titular de los derechos interponga el amparo. El tercero, debe sin embargo tener una de las siguientes calidades: (i) representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso, o (iii) Defensor del Pueblo o personero municipal. (i) Representante puede ser, por una parte, el representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y por otra el apoderado judicial (en los demás casos). Para ser apoderado judicial, la persona debe ser abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo. (ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero cuando el titular de los derechos no esté en condiciones de promover su propia defensa, siempre que tal circunstancia se manifieste en la solicitud (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo y los personeros pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se los solicite o esté indefenso. Con fundamento en estos criterios, la Sala advierte lo siguiente en los expedientes acumulados.

  112. En los expedientes T-2492726 y T-2597351, la tutela es instaurada por personas que dicen ser apoderadas judiciales de ex trabajadores de TELECOM. En el primer caso, entre los titulares supuestamente representados judicialmente se mencionó al señor P.M.R.. Y en el segundo caso los supuestos representados eran Á.I.S.V., J.F.A.G., C.A.R., P.M.C., G.A.E.R., F.G.M., E.M.H., R.A.S.D., O.R.Y.B., A.O.R.V., U.C.V., J.A.A.P., A.F.M., M.G.C., J.H.R.B., Á.H.O.Z., J.L.V.O., V.M.B.H., Á.E.P.B., J.P.B.T., U.A.N., C.A.H.A., M.A.C.T., C.L.M., E.E.G.R., J.A.A.V., F.G.P., R.P.G., L.F.A.J., J.G.H., J.A.C.M., L.N.G., S.A.C.D., R.R.G.F., P.V.M., G.V.A., R. de J.C.V., A.M.E.L., R.C.M., C.R.L., A.Q.P., C.A.C.C., H.G., L.S.R.G., J.G.M.C., Á.T.G., Orlando Moreno Real, J.C.M.C., P.E.P., L.M.R.C., L.F.A.G. y J.M.O.P. y las señoras L.A.S.M., E.M.M., L.A.C.P., L.O.L., G.Y.R.C., M.P.G., M.C.M.P., G.M.G.C., Y.M.M., R.L.O.C., M.J.P.M., L.E.O.S., A.E.M.D., M.R.O.Q., G.M.P.G., L.A.R.G., B.C.G.G., L.F.E.O., M.H.T. y G.R.A..

  113. No obstante, las pruebas recaudadas durante el proceso permiten inferir lo siguiente. Por una parte, en el expediente T-2492726 el propio señor P.M.R. manifestó ante esta Corte, en escrito remitido durante la revisión de los fallos de tutela,[181] que nunca otorgó poder a persona alguna para interponer acción de tutela a nombre suyo. Y por otra parte, en el expediente T-2597351, esta Corporación comprobó que quien se postuló como abogada de un grupo amplio de ex trabajadores de TELECOM, además de no acreditar debidamente su condición de abogada inscrita y de limitarse a sólo afirmar que lo era, omitió por completo allegar poderes especiales, o en su defecto los poderes generales respectivos, que la facultaran para promover la tutela a nombre de los titulares de los derechos invocados.[182] Esta deficiencia no fue luego subsanada dentro del proceso, ni siquiera durante la revisión adelantada por esta Corte. Por lo mismo, en la parte resolutiva de esta providencia y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,[183] la Sala Plena de la Corporación negará las acciones de tutela referidas.

  114. Aparte de esos casos, la Corte encuentra que en los expedientes T-2531642, T-2546795, T-2507052 y T-2587286 obran sendas acciones de tutela interpuestas por quienes dicen ser apoderados de ex trabajadores de TELECOM. No obstante, algunos de esos ex trabajadores no otorgaron directamente el poder a esos abogados, sino que fueron otras personas quienes los extendieron a su nombre invocando la condición de agentes oficiosos de los ex empleados de TELECOM. En específico, quienes no otorgaron directamente el poder para actuar fueron los siguientes. En el expediente T-2546795, los señores S.A.Á.B., C.S.Á.D., J.C.A.Á., T.B.L., E.B.G., G.J.C.Á., A.G.P., C.E.L.S., H.A.L.V., J.M.G., M.G.O.P., J.G.P.C., A.M.P.P., C.O.M.P.G. y A.A.U.O.. En el expediente T-2531642 fueron los señores N.B.P., G.Á.C.C., F.R.V. delV., J.J.G.F., C.A.S.C., G.P.C.H., J.M.D.V., Ó.E.S.M., H.D.G., É.C.F.D. y E. de J.M.Y.. En el expediente T-2507052, en esta situación se encuentra el caso del señor G.J.R.Á.. Y en el expediente T-2587286, fue el señor J.P.S.H..

  115. Para resolver estos casos, debe reiterarse lo sostenido en el fundamento jurídico 40 de esta providencia. Un poder para actuar en procesos de tutela puede ser otorgado directamente por el titular de los derechos, y en ciertos eventos por un agente oficioso. No obstante, la agencia oficiosa en esta última hipótesis debe estar también debidamente justificada. Por ejemplo, en la incapacidad absoluta o en la imposibilidad jurídica o fáctica del titular de los derechos fundamentales para otorgar directamente el poder. No basta entonces, en definitiva, con que se extienda el poder a nombre de otro, pues esa situación no activa la legitimación para que una tercera persona actúe a nombre del titular de los derechos fundamentales invocados.

  116. Con base en estas consideraciones, es preciso concluir que no resultan válidos los poderes para actuar extendidos en esos expedientes por quienes dijeron ser agentes oficiosos de los ex empleados de TELECOM, porque en estos casos no constan las razones por las cuales los titulares de los derechos estaban imposibilitados incluso para otorgar directamente el respectivo poder judicial. Por ende, en la parte resolutiva de esta sentencia, la Corte procederá a declarar improcedentes las tutelas de estos casos, debido a que quien interpuso las solicitudes a su nombre carecía de legitimación por activa para ello. El siguiente es el listado de nombres de personas que aparecen como tutelantes en algunos de los expedientes acumulados, que no actuaron a nombre propio, respecto de los cuales no hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo ya que quien actuó a nombre suyo no tenía las calidades (de representante o de agente oficioso) para hacerlo adecuadamente –se relacionan los nombres de los supuestos accionantes, junto con el tema de fondo planteado en sus tutelas y números de los expedientes-:

    Nombres – Falta de legitimación por activa

    N..

    Nombre del tutelante

    Expediente

    Tema de fondo

    1

    1. P.S.H.

      T-2587286

      PPA

      2

      Á. I.S.V.

      T-2597351

      PPA

      3

    2. F.A.G.

      T-2597351

      PPA

      4

    3. A.R.

      T-2597351

      PPA

      5

    4. M.C.

      T-2597351

      PPA

      6

    5. A.E.R.

      T-2597351

      PPA

      7

    6. G.M.

      T-2597351

      PPA

      8

    7. M.H.

      T-2597351

      PPA

      9

      Rafael Antonio Sánchez Díaz

      T-2597351

      PPA

      10

    8. R.Y. Bueno

      T-2597351

      PPA

      11

      Arnulfo Orlando Rojas Velandia

      T-2597351

      PPA

      12

      Ulpiano Corzo Velandia

      T-2597351

      PPA

      13

      Jesús Adolfo Arias Pérez

      T-2597351

      PPA

      14

      Alberto Forero Medellín

      T-2597351

      PPA

      15

    9. G.C.

      T-2597351

      PPA

      16

    10. H.R.B.

      T-2597351

      PPA

      17

      Á. H.O.Z.

      T-2597351

      PPA

      18

    11. L.V.O.

      T-2597351

      PPA

      19

      Víctor Manuel Bogotá Huérfano

      T-2597351

      PPA

      20

      Á. E.P.B.

      T-2597351

      PPA

      21

    12. P.B.T.

      T-2597351

      PPA

      22

      Uriel Arias Núñez

      T-2597351

      PPA

      23

      Carlos Arturo Hernández Arenas

      T-2597351

      PPA

      24

      Marco Antonio Cortes Triana

      T-2597351

      PPA

      25

    13. L.M.

      T-2597351

      PPA

      26

    14. E.G.R.

      T-2597351

      PPA

      27

    15. A.A.V.

      T-2597351

      PPA

      28

    16. G.P.

      T-2597351

      PPA

      29

    17. P.G.

      T-2597351

      PPA

      30

      L. F.A.J.

      T-2597351

      PPA

      31

    18. G.H.

      T-2597351

      PPA

      32

      José Antonio Casallas Moreno

      T-2597351

      PPA

      33

      Libardo Niño González

      T-2597351

      PPA

      34

      Siervo Alonso Cañón Daza

      T-2597351

      PPA

      35

    19. R.G.F.

      T-2597351

      PPA

      36

      Plutarco Vargas Mesa

      T-2597351

      PPA

      37

    20. V.A.

      T-2597351

      PPA

      38

      Roberto de Jesús Correa Villadiego

      T-2597351

      PPA

      39

      Antonio Manuel Espitia Llorente

      T-2597351

      PPA

      40

      Raúl Clavijo Mantilla

      T-2597351

      PPA

      41

      César Rodríguez López

      T-2597351

      PPA

      42

      Alonso Quintero Pérez

      T-2597351

      PPA

      43

    21. A.C.C.

      T-2597351

      PPA

      44

    22. G.

      T-2597351

      PPA

      45

      L. S.R.G.

      T-2597351

      PPA

      46

    23. G.M.C.

      T-2597351

      PPA

      47

      Álvaro Torres Guarín

      T-2597351

      PPA

      48

      Orlando Moreno Real

      T-2597351

      PPA

      49

      Julio César Matiz Cruz

      T-2597351

      PPA

      50

    24. E.P.

      T-2597351

      PPA

      51

      L. M.R.C.

      T-2597351

      PPA

      52

      L. F.A.G.

      T-2597351

      PPA

      53

      José Miguel Ortega Pitalua

      T-2597351

      PPA

      54

      Luz Amparo Sánchez Martínez

      T-2597351

      PPA

      55

    25. M.M.

      T-2597351

      PPA

      56

      Luz Amanda Cuadrado Pérez

      T-2597351

      PPA

      57

      L. O.L.

      T-2597351

      PPA

      58

      Gloria Yubi Rincón Cadena

      T-2597351

      PPA

      59

    26. P.G.

      T-2597351

      PPA

      60

    27. C.M.P.

      T-2597351

      PPA

      61

      Geny Madred Grimaldo Carrascal

      T-2597351

      PPA

      62

      Yoni Mora Molina

      T-2597351

      PPA

      63

      Ruby Liliana Osorio Caycedo

      T-2597351

      PPA

      64

    28. J.P.M.

      T-2597351

      PPA

      65

      Luz Edith Otálora Sierra

      T-2597351

      PPA

      66

      Aida Esperanza Mendoza Dueñas

      T-2597351

      PPA

      67

    29. R.O.Q.

      T-2597351

      PPA

      68

    30. M.P.G.

      T-2597351

      PPA

      69

      Luz Astrid Rojas Galvis

      T-2597351

      PPA

      70

      Blanca C.G.G.

      T-2597351

      PPA

      71

      Luisa Fernanda Espinosa Ocampo

      T-2597351

      PPA

      72

    31. H.T.

      T-2597351

      PPA

      73

      Graciela Romero Acuña

      T-2597351

      PPA

      74

      G.J. R.Á.

      T-2507052

      PPA

      75

      Polibio Montenegro Rojas

      T-2492726

      Fuero sindical

      76

      Narciso Blanco Pertuz

      T-2531642

      Retén social

      77

    32. Á.C.C.

      T-2531642

      Retén social

      78

    33. R.V. del Valle

      T-2531642

      Retén social

      79

      Édgar Ceferino Fragozo Díaz

      T-2531642

      Retén social

      80

      Jhon Jairo Gómez Freja

      T-2531642

      Retén social

      81

      Carlos Alberto Solórzano Cárdenas

      T-2531642

      Retén social

      82

      Giovanni Pompilio Cáceres Hernández

      T-2531642

      Retén social

      83

      Juan Manuel Daza Velaides

      T-2531642

      Retén social

      84

      Ómar Elías Salgado Mora

      T-2531642

      Retén social

      85

      Hernán Díaz Gutiérrez

      T-2531642

      Retén social

      86

    34. de Jesús Mendoza Yepes

      T-2531642

      Retén social

      87

    35. A.Á.B.

      T-2546795

      Retén social

      88

      Carlos Segundo Álvarez Díaz

      T-2546795

      Retén social

      89

      Juan Carlos Anaya Álvarez

      T-2546795

      Retén social

      90

      Tomás Baena López

      T-2546795

      Retén social

      91

      Efraín Ballesteros Garcés

      T-2546795

      Retén social

      92

      Guillermo José Coneo Álvarez

      T-2546795

      Retén social

      93

      Anastacio García Paternina

      T-2546795

      Retén social

      94

    36. E.L.S.

      T-2546795

      Retén social

      95

      Herme Antonio Luna Villalba

      T-2546795

      Retén social

      96

      Jairo Moreno Garcés

      T-2546795

      Retén social

      97

    37. G.O.P.

      T-2546795

      Retén social

      98

      José Gabriel Padilla Castro

      T-2546795

      Retén social

      99

      Arturo Manuel Petro Pérez

      T-2546795

      Retén social

      100

      Oswaldo Manuel Puente Gómez

      T-2546795

      Retén social

      101

      Ales Adalberto Urueta Ortiz

      T-2546795

      Retén social

      ii. Cosa juzgada y temeridad

  117. También hay un amplio número de casos, en los cuales el PAR sostiene que a los accionantes no puede concedérseles la protección que solicitan porque los asuntos que plantean han sido ya resueltos previamente por la justicia. En algunos, dice que estos pronunciamientos se dictaron en el contexto de procesos de tutela, y en otros que se obtuvieron en procesos ordinarios. Aduce además, que en ciertas solicitudes de amparo los actores obraron con temeridad, pues a sabiendas de que ya habían obtenido una respuesta judicial sobre el mismo asunto decidieron obrar con mala fe e instaurar una nueva acción con iguales fundamentos de hecho y de derecho, y con una petición también igual. Por añadidura, el PAR dice que las decisiones previas sobre estos mismos litigios, adoptadas definitivamente en procesos ordinarios, no fueron impugnadas en las acciones de tutela, razón por la cual en esta ocasión no se trataría de una hipótesis de tutela contra sentencias, sino de un supuesto en el que resulta obligatorio respetar la cosa juzgada. La Corte debe decidir si al PAR le asiste razón en sus alegatos, y en qué medida.

  118. Para resolver este punto debe reiterarse lo dicho en el fundamento jurídico 79 de esta sentencia. Cuando se ha resuelto definitivamente una tutela no puede decidirse el fondo de otra, presentada consecutivamente, que cuente con las mismas partes, los mismos fundamentos e idéntico objeto o pretensión. Cuando no hay mala fe, la segunda tutela debe declararse improcedente. Si existen dos o más tutelas iguales en estos aspectos, que se interponen simultáneamente o en todo caso antes de que alguna se haya fallado con carácter definitivo, los jueces que adviertan esta circunstancia deben asimismo abstenerse de fallar sobre el fondo del problema en cada caso. En el evento de que no haya mala fe, las solicitudes de amparo deben declararse improcedentes. Si se desvirtúa debidamente la presunción de buena fe del actor (CP art. 83), en una hipótesis así, además habría lugar a declarar la temeridad y a imponer, observando el debido proceso, las consecuencias establecidas en la ley. Si sólo se ha interpuesto una acción de tutela, pero además una acción ordinaria, y entre ambas hay identidad material de partes, fundamentos y objeto o pretensión, para definir cómo debe resolverse la tutela es preciso identificar si la acción ordinaria fue resuelta mediante fallo que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada. Cuando lo haya sido, y ese fallo o el proceso al que le puso fin no se hayan demandado en la tutela, es principio que el juez constitucional debe estarse a lo resuelto en esa decisión ordinaria, pues también en esa hipótesis hay cosa juzgada.

  119. A partir de las anteriores precisiones, la Corte Constitucional concluye, por una parte, que hay un grupo de casos en los cuales debe declarar improcedente la tutela, debido a que el asunto planteado en ella es razonable asumir que se encuentra amparado por la cosa juzgada a la cual ha hecho tránsito una sentencia de la justicia ordinaria. Y por otra parte, concluye que hay otro grupo de casos, en los cuales la solicitud de protección se debe declarar también improcedente, esta vez a consecuencia de que plantea un asunto que es razonable considerar cubierto por la cosa juzgada constitucional a la cual ha hecho tránsito una sentencia de un juez de tutela, o en el cual existe manifiesta temeridad del solicitante de amparo. A continuación pasa a referirse separadamente a estos grupos, y a quienes los integran, haciendo al paso algunas distinciones dentro de cada uno cuando resulte útil para efectos de claridad, o cuando considere que podría resultar relevante con el fin de hacer más transparentes las razones de la decisión.

  120. Primer grupo. Cosa juzgada ordinaria. Este primer grupo está integrado por los demandantes que, según los elementos de juicio obrantes en el proceso, plantean en sus acciones de tutela asuntos ya resueltos por la justicia ordinaria mediante sentencias con efectos de cosa juzgada. En los casos que se referirán a continuación, como pertenecientes a este grupo, obran copias de los correspondientes fallos que resolvieron las acciones respectivas. Debido a que no se demandan específicamente las providencias que contienen esas decisiones ordinarias, sino que se replantea el asunto ya resuelto en ellas, la Sala considera que debe estarse a lo resuelto en las respectivas sentencias.

  121. En el expediente T-2471345, la acción de tutela interpuesta por el señor J.H.J.D. plantea una controversia que ya fue decidida por la justicia ordinaria. En efecto, esta tutela se dirige contra el PAR de TELECOM, con base en que el demandante era trabajador de esta entidad con derecho a ser incluido en el PPA y en que, sin embargo, se lo excluyó del listado de beneficiarios de dicho Plan. Por lo mismo, pide ahora que se le ordene al PAR, de un lado, incluirlo en el PPA y, de otro, pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir por cuenta de no haberle reconocido ese derecho, con el incremento salarial y debidamente indexados, desde la fecha de su desvinculación real y hasta que se le notifique el reconocimiento efectivo de la pensión de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados; teniendo en cuenta el promedio de los factores legales y extralegales devengados hasta la fecha de su desvinculación. Como se mostrará a continuación, esta misma controversia ya había sido planteada por el tutelante ante la justicia ordinaria, sede en la cual obtuvo una decisión.

    El señor J.H.J.D. había interpuesto previamente acción laboral ordinaria contra Caprecom y el PAR, con base en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y sin embargo fue excluido del grupo de beneficiarios del mismo. Pedía en esa acción que se condenara a las demandadas a reconocer el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cada uno de los demandantes cumpla con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitaba el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras a favor de cada uno de los demandantes desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Sus pretensiones se las negó en primera instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante fallo del once (11) de junio de dos mil nueve (2009). No hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra. Como tampoco fue cuestionada en esta tutela tal decisión. Por ello la Sala Plena de la Corte concluye que hay cosa juzgada y se atendrá a ella.

  122. En el expediente T-2484301, la tutela interpuesta por el señor A.C.A. plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, esta tutela se dirige contra el PAR de TELECOM, con base en que el demandante –quien hace parte de un grupo amplio de tutelantes- era trabajador de esta última entidad con derecho a ser incluidos en el PPA y en que, sin embargo, fue excluido del listado de beneficiarios de dicho Plan. Por lo mismo, pide ordenarle al PAR incluirlo dentro del PPA, y en consecuencia que se le reconozca, liquide y cancele la pensión a quienes tienen derecho, aunque no se encuentren en el régimen de transición previsto por la Ley 100 de 1993. Como se mostrará a continuación, esta misma controversia material ya había sido planteada por este tutelante ante la justicia ordinaria, y en ella obtuvo una decisión judicial adversa.

    Según las pruebas, el señor A.C.A. promovió antes de esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM, con fundamento en que era trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA. En ese contexto, pedía condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta que cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo Además, solicitaba el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente, pretendía el pago de la pensión convencional de jubilación. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Las pretensiones las negó en primera instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante fallo del treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009). En su sentencia el juzgado argumentó que “el único régimen no tocado por la Ley 100 de 1993 es el de los trabajadores que ocupen cargos de excepción, para todos los demás se aplica aquella y en consecuencia de manera ineludible debe usarse el artículo 36, si el trabajador no entra en el régimen de transición, no puede darse aplicación a las normas especiales que regulaban su pensión antes de la entrada en vigencia del Régimen de Seguridad Social”.[184] Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el actor no era beneficiario del régimen de transición, porque al primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) no contaba con la edad requerida para ello, ni se desempeñó en un cargo de excepción, negó el reconocimiento del plan de pensión anticipada. En segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11 de junio de 2009 confirmó la sentencia impugnada, sosteniendo que “la pretensión e los demandantes a la pensión especial de jubilación con veinte (20) años de servicios sin tener en cuenta la edad, pero sin acreditar haber desempeñado uno de los cargos [de excepción], resulta infundada, con lo cual la súplica fracasa y conduce a confirmar la absolución de la primera instancia”.[185] No hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra. Como tampoco fue cuestionada en esta tutela, la Corte concluye que hay cosa juzgada y se atendrá a ella.

  123. En el expediente T-2566146, la tutela interpuesta por el señor W.M.B. plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, esta tutela es interpuesta contra el PAR de TELECOM con base en que el demandante era trabajador de TELECOM, a su juicio con derecho a ser incluido en el PPA, y sin embargo se omitió incorporarlo en la lista de beneficiarios de dicho Plan. Solicita que se ordene al PAR incluirlo en la nómina de beneficiarios del PPA, y pagarle las mesadas pensiónales derivadas de esa inclusión, así como las demás prestaciones sociales, legales y convencionales dejadas de percibir desde el momento de la desvinculación, hasta ser incorporado en la nomina correspondiente. Finalmente, pide que se le ordene cancelar los aportes a seguridad social dejados de realizar desde la desvinculación laboral. Como se mostrará enseguida, esta controversia material ya había sido planteada por este actor ante la justicia ordinaria, y en ella obtuvo una decisión judicial adversa.

    Según las pruebas, el señor W.M.B. había interpuesto antes de esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la entidad con derecho a ser incluido en el PPA y en que, a pesar de eso, fue excluido del listado de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba en consecuencia que se condenara al demandado a reconocerle el PPA desde el treinta y uno (31) de julio de dos mil tres (2003) y hasta cuando cada uno de los demandantes cumpla con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pedía el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras a favor de cada uno de los demandantes, hasta que CAPRECOM asuma el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaba el pago de la pensión convencional de jubilación. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Sus pretensiones se las negó en primera instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante fallo del once (11) de junio de dos mil nueve (2009). No hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra. Como tampoco fue cuestionada en esta tutela, la Corte concluye que hay cosa juzgada y se atendrá a ella.

  124. En el expediente T-2587255, la tutela interpuesta por los señores H.E.A.M., S.P.A.A., B.B.S., M.C.E. y C.S.M.B. plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, esta tutela se dirige contra el PAR de TELECOM, con base en que los demandantes eran trabajadores de esta última compañía con derecho a ser incluidos en el PPA y en que, sin embargo, se los excluyó del listado de beneficiarios de dicho Plan. Por lo mismo, piden ahora que se ordene al PAR incluirlos en el PPA, pagarles las mesadas dejadas derivadas de su inclusión en dicho Plan y dejadas percibir, con el incremento salarial y debidamente indexadas, desde la fecha de su desvinculación real y hasta que se les notifique el reconocimiento de la pensión de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados. También solicitan ordenarle al PAR que cancele lo correspondiente a los aportes a la seguridad social dejados de realizar desde el momento del despido y hasta cuando se los incluya en la nómina del PPA. Como se mostrará enseguida, esta controversia material ya había sido planteada por estos mismos actores ante la justicia laboral ordinaria, y en ella todos obtuvieron una decisión judicial adversa a sus intereses.

    Según las pruebas, los señores H.E.A.M., S.P.A.A., B.B.S., M.C.E. y C.S.M.B. habían interpuesto antes de esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que eran trabajadores de TELECOM con derecho a ser incluidos en el PPA y en que, a pesar de eso, fueron excluidos del listado de beneficiarios de dicho Plan. S. en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumplieran los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pedían el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaban el pago de la pensión convencional de jubilación. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Sus pretensiones se las negó en primera instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante fallo del once (11) de junio de dos mil nueve (2009). No hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra. Como tampoco fue cuestionada en esta tutela, la Corte concluye que hay cosa juzgada y se atendrá a ella.

  125. En el expediente T-2537041, la tutela interpuesta por los señores G.A.Á.L., J.C.C.S., J.C.C.G., C.H.C., León Albeiro Colorado, J.H.D.T., N.A.G.F., M.J.G., C.J.M.B., E.V.M. y N.M.B.F. plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión interponen la tutela sobre la base de que eran trabajadores de TELECOM amparados con fuero sindical, y de que no fueron desvinculados en virtud de autorización judicial, como es lo debido en sus casos. Por lo mismo, piden que se ordene al PAR reintegrarlos a sus cargos sin solución de continuidad, y pagarles salarios, prestaciones legales y convencionales, así como los aportes a la seguridad social, dejados de cancelar desde su desvinculación. También solicitan desarchivar los procesos de fuero sindical, o promoverlos de nuevo, y ordenar todo lo anterior hasta que estos últimos se decidan. Como se mostrará enseguida, esta controversia material ya había sido planteada por estos mismos actores ante la justicia laboral ordinaria en su momento.

    125.1. En sentencia del veintitrés (23) de junio de dos mil nueve (2009), el Tribunal Superior de Armenia rechazó las pretensiones de los señores G.A.Á.L., J.C.C.S., J.C.C.G., C.H.C., León Albeiro Colorado, J.H.D.T., N.A.G.F., M.J.G., C.J.M.B. y E.V.M., elevadas en un proceso de reintegro sindical. El Tribunal confirmó parcialmente el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Civil del Circuito de C.. Ratificó que la garantía foral de que gozaban los demandantes fue vulnerada por su desvinculación sin el cumplimiento de los requisitos de ley, pero que no es viable el reintegro cuando la empresa se ha liquidado. Declaró probada la excepción de falta de presupuestos de hecho y de derecho para la acción de reintegro. Como se aprecia, lo resuelto en esa oportunidad definió la suerte de las pretensiones defendidas en la presente acción de tutela por estos trabajadores. La defensa no estuvo dirigida a demostrar la afectación que ocasionaba la sentencia de segunda instancia a sus derechos fundamentales, sino a presentar una tutela con los mismos hechos y pretendiendo las mismas conductas que ya habían sido desestimadas por la administración de justicia.

    125.2. En lo relativo a la señora N.M.B.F., el Tribunal Superior de Bogotá le negó el reintegro y los salarios dejados de percibir mediante providencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil ocho (2008). En dicha providencia el Tribunal confirmó el fallo de instancia con fundamento en que no hay lugar a la pretensión de reintegro porque la supresión y liquidación definitiva de la entidad constituye una situación trascendental que supera la necesidad de la autorización judicial para terminar los contratos de trabajo que se impone por sus propias consecuencias, entre otras, porque la protección especial del fuero pierde razón de ser.[186] Por consiguiente, la Corte no está facultada para conocer sobre las pretensiones acá planteadas en tanto el factor central de las mismas ya fue decidido por la mencionada providencia de la jurisdicción ordinaria, en conocimiento de la acción legal dispuesta para tal fin, y preservando un elemento de identidad entre las dos (2) demandas, aspecto que le permiten inferir a esta Corporación que se resolvía el mismo problema jurídico y por lo cual no se tiene competencia para cuestionar lo allí resuelto.

  126. En el expediente T-2537041 también obran como accionantes los señores J.H.P.S., J.J.F.G., R.D.G.G., D.A.E. y la señora A.M.T.V., y su acción de tutela plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En esta oportunidad su tutela se dirige contra el PAR y se edifica sobre la base de que eran aforados sindicales, y de que fueron desvinculados de TELECOM sin que se les levantara apropiadamente su fuero mediante un proceso judicial. En ella, pretenden el reintegro a las labores sin solución de continuidad, y como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de su desvinculación solicitan el pago de salarios, prestaciones sociales y convencionales, aportes a la seguridad social desde la remoción del cargo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia de tutela, todo debidamente indexado más los intereses moratorios correspondientes. Como se mostrará a continuación, esta controversia material ya había sido planteada ante la justicia laboral ordinaria en su momento.

    En el proceso consta copia de un fallo de segunda instancia, emitido el dos (2) de julio de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral el Tribunal Superior del Armenia, en el cual negó a estos mismos actores sus pretensiones ordinarias de reintegro sindical. El PAR de Telecom fue entonces absuelto, por considerar que se había probado la excepción de falta de presupuestos de hecho y de derecho para la prosperidad de la acción de reintegro, en tanto la empresa se había liquidado definitivamente. Tal decisión, no fue cuestionada mediante la acción de tutela que provoca este proceso. En consecuencia, dado que hay identidad de partes, de fundamentos y de peticiones, y en consideración a que la Corte Constitucional no encuentra razones para reabrir el debate judicial entonces concluido en la justicia ordinaria, la Sala Plena se atendrá a lo dispuesto en ese contexto y por tanto declarará improcedente esta acción de tutela.

  127. En el expediente T-2531654, la tutela instaurada por los señores U. de J.B.C., C.M.T.P. y L.A.D.M. plantea una controversia que es razonable considerar cubierta por la cosa juzgada. En efecto, la acción de tutela que dio inicio a este proceso fue interpuesta el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009) y, al igual que en las demás demandas comentadas en este acápite, no cuestionó las decisiones que pusieron fin a los procesos ordinarios de reintegro en segunda instancia. Se fundó en que los mencionados tutelantes eran trabajadores aforados sindicales al servicio de TELECOM, y en que fueron desvinculados de la compañía sin que se les respetaran las garantías asociadas a dicho fuero. Pretendían que se les protegieran los derechos fundamentales vulnerados, y que como consecuencia de ello, se le ordenara al PAR de Telecom pagarles salarios y prestaciones sociales debidamente indexados dejados de cancelar por la ocurrencia del despido injusto, efectuado el treinta y uno (31) de marzo de dos mil seis (2006); cancelarles intereses moratorios desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el pago total de la misma; y todo hasta que se restableciera el debido proceso, es decir, hasta que se acudiera a la vía ordinaria laboral o administrativa. Como se mostrará, esta controversia ya había sido planteada por estos mismos actores ante la justicia laboral ordinaria en su momento.

    127.1. Los señores U. de J.B.C. y C.M.T.P. habían interpuesto antes de esta tutela una acción de reintegro. El dieciséis (16) de octubre de dos mil nueve (2009), pocos días antes de la interposición de la acción de tutela en mención, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia del Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, cuya decisión había sido inhibitoria por falta de legitimación por pasiva, y absolvió al PAR. Consideró inviable acceder al reintegro pues era un hecho incontrovertible que la empresa para la cual prestaban sus servicios desapareció de la vida jurídica con base en la facultad constitucional que tiene el Estado para restructurar sus instituciones en procura de una buena calidad y eficiencia en los servicios que prestan. En esa ocasión, también se solicitó el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir causados desde cuando fueron despedidos hasta cuando fueran reintegrados, y que se declarara la solución de continuidad en la prestación de los servicios de los demandantes. También esta pretensión fue denegada. Como se evidencia de las pruebas recaudadas por la Corte Constitucional, las pretensiones expuestas en el proceso de reintegro y las ventiladas en el proceso de tutela guardan identidad sustancial. Por lo mismo, la Corte habrá de atenerse a lo resuelto en el citado fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en vista de que todo indica que hizo tránsito a cosa juzgada ordinaria y no fue demandado en la presente acción de tutela.

    127.2. El señor L.A.D.M. había instaurado antes de esta tutela una acción de reintegro. Pero el Tribunal Superior de Montería confirmó mediante providencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil ocho (2008), el fallo emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería el catorce (14) de septiembre de dos mil siete (2007), en el que se había decidió absolver al PAR, y denegar las pretensiones, dirigidas de manera principal a obtener el reintegro en el cargo correspondiente, y en forma subsidiaria el reconocimiento de los salarios que venían devengando hasta cuando se le levantara el fuero sindical del que gozaba. En los fallos de primera y segunda instancia del proceso ordinario de reintegro sindical, se sostuvo que una vez liquidada definitivamente la entidad deviene inviable no sólo el reintegro, sino también el pago de prestaciones y salarios, en los términos solicitados por la demanda laboral.[187] Esta Corte concluye que este actor incurrió en el mismo defecto que aquí se ha narrado, pues tramitó las mismas pretensiones, contra la misma entidad demandada y basada en los mismos hechos, guardando una identidad sustancial que conduce a la Corte a declarar improcedente la tutela.

  128. En el expediente T-2471216, la tutela instaurada por los señores G.M.M.M., N.E.G.M. y R.A.L.V. plantea una controversia que es razonable considerar cubierta por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión interponen tutela basándose en que eran trabajadores de TELECOM, a su juicio con fuero sindical. No obstante, aducen haber sido desvinculados sin que se les respetaran a plenitud las garantías derivadas de dicho fuero. En ese sentido, piden que se ordene al PAR pagarles salarios, prestaciones sociales y convencionales, y aportes a la seguridad social dejados de percibir a causa del despido, con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) hasta la fecha en que quedara en firme la sentencia que ordene el levantamiento del fuero sindical, exceptuando las prestaciones sociales e indemnizaciones ya pagadas a los accionantes. Como se mostrará, esta controversia ya había sido planteada por estos mismos actores ante la justicia laboral ordinaria en su momento.

    128.1. Tal pretensión es la misma que le denegaron a G.M.M.M. en un proceso ordinario previo. Mediante providencia proferida por el Tribunal Superior de Montería el seis (6) de marzo de dos mil siete (2007), la cual a su vez confirmó una decisión del Juez Segundo Laboral del Circuito de Montería, se negaron las pretensiones de la actora relacionadas con el reintegro y la indemnización dependiente del despido indebido, por encontrar fundada la excepción de prescripción de la acción de reintegro. De esta manera, se pone de presente la triple identidad sustancial que se presenta entre la entidad demandada, que es el PAR de Telecom, el demandante que es la señora Montes Montiel, los fundamentos de hecho y de derecho y las pretensiones de ambas acciones interpuestas, que son equivalentes. Por lo anterior, la Corte se estará a lo resuelto en la sentencia ordinaria expedida por el Tribunal Superior de Montería, que hizo a tránsito a cosa juzgada.

    128.2. En los casos de los señores N.E.G.M. y a R.A.L.V., se les denegaron sus pretensiones en sentencias expedidas por el Tribunal Superior de Montería el diecisiete (17) de abril de dos mil ocho (2008) y el dieciséis (16) de agosto de dos mil siete (2007), respectivamente. En el caso del señor G.M. dicho Tribunal confirmó la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica adoptada el cuatro (4) de marzo de dos mil ocho (2008), en la cual declaró probada la excepción de mérito denominada imposibilidad para proferir sentencia de fondo contra el PAR y, en consecuencia, lo absolvió de las pretensiones de la demanda también relacionada con los salarios y prestaciones derivadas del indebido despido de una persona que es titular del fuero sindical, por cuanto consideró que no tenían lugar en contextos de cierre definitivo de una entidad. Acerca del caso del señor L.V., el Tribunal de Montería confirmó el fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Sahagún, C. el veintiséis (26) de junio de dos mil siete (2007) en el cual se declaró probada la excepción perentoria de falta de legitimación en la causa por pasiva y absolvió al PAR de los cargos que le fueron formulados. La Corte tiene que ratificar el carácter de cosa juzgada de las decisiones adoptadas en la jurisdicción ordinaria acerca de la situación jurídica de los tutelantes citados por cuanto no se cuestionan, y por ende el efecto vinculante de las mismas queda vigente.

  129. En el expediente T-2471346 está como tutelante el señor C.A.G.G., y su controversia puede razonablemente considerarse amparada por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión interpone tutela contra el PAR con base en que era trabajador de TELECOM beneficiado con fuero sindical, y de que resultó desvinculado de esa compañía sin que se le respetaran debidamente las garantías derivadas de su condición de aforado. Pide entonces, y a título de indemnización, que se ordene a TELECOM pagarle los salarios, prestaciones sociales y convencionales dejadas de percibir, por causa del despido que a su juicio fue ilegal y con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta la fecha en que quede en firme la sentencia que autorice el levantamiento del fuero sindical. Además, solicita ordenarle el pago de aportes a salud, pensiones y ARP, dejados de cancelar desde que se dio el despido injusto hasta la fecha de presentación de la demanda. Como se mostrará, precisamente esta controversia ya había sido planteada por este actor ante la justicia ordinaria.

    En el proceso consta que el señor C.A.G. fue desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). La compañía solicitó autorización judicial de levantamiento del fuero sindical del peticionario, la cual obtuvo pero después de prescindir de sus servicios, pues se dio en providencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil siete (2007) del Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil, Laboral y Familia. El accionante ejerció la acción de reintegro contra el PAR, para que se lo reintegrara y se le pagara una indemnización por violación de su garantía sindical. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil, Laboral y Familia, mediante sentencia del veintidós (22) de mayo de dos mil nueve (2009), declaró la imposibilidad jurídica del reintegro aunque ordenó la indemnización. El mencionado trabajador presentó acción de tutela el veinte (20) de agosto de dos mil nueve (2009), mas no contra esa providencia. Otra vez instaura una acción con el objeto de que se le reconozca el derecho al pago de determinadas prestaciones dejadas de cancelar desde que fue removido del cargo, a título de indemnización integral. Este asunto ya fue resuelto, mediante proveído que hizo tránsito a cosa juzgada, y la Sala Plena de la Corte Constitucional se atendrá al sentido de aquel.

  130. En el mismo expediente T-2471346, también la tutela interpuesta por los señores A.B.P., H.D.V.C., M.J.C.Y., F.A.L. y N.C.D.G., A.A.S., C.A.H.M., J. delC.R.G., O.A.R.A., C.E.V.P., O.M.I. y J.K.C.P. plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión interponen tutela sobre la base de que eran trabajadores beneficiados con fuero sindical, y de que resultaron desvinculados de TELECOM sin que se les respetaran debidamente las garantías derivadas de ese fuero. Piden, en ese contexto, y a título de indemnización, que se ordene a TELECOM pagarles salarios, prestaciones sociales y convencionales dejadas de percibir, por causa del despido ilegal y con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta la fecha en que quede en firme la sentencia que autorice el levantamiento del fuero sindical. Además, solicitan pagar aportes a salud, pensiones y ARP, dejados de cancelar desde que se dio el despido injusto hasta la fecha de presentación de la demanda. Como se mostrará, esta controversia había sido planteada por estos actores ante la justicia ordinaria.

    130.1. En el caso del señor A.B.P., el Juzgado Segundo Civil del Circuito de M., Tolima, mediante sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006) declaró que el actor se encontraba aforado al momento del despido. Señaló que la acción no había prescrito porque fue interpuesta el veintidós (22) de junio de dos mil seis (2006) y el procedimiento de reclamación administrativa de reintegro se había agotado el 4 de mayo de ese mismo año. El J. señaló que como la liquidación de la empresa era definitiva, entonces el reintegro resultaba improcedente y en consecuencia procedía reconocer a favor del actor la respectiva indemnización. Sin embargo, sostuvo que sí tenía derecho a la indemnización integral, y que esta ya había sido recibida por el actor al momento de la terminación de su contrato, sin hacer reparo alguno sobre la misma. El Tribunal Superior de Ibagué confirmó esa decisión el primero (1) de marzo de dos mil siete (2007). Por tal consideración, la solución adoptada en la jurisdicción ordinaria tiene carácter de cosa juzgada y rige la situación del señor B.. El asunto examinado en esta oportunidad guarda identidad material con el problema resuelto en esa ocasión por la jurisdicción ordinaria, pues las pretensiones fueron en esencia las mismas, dirigidas contra el PAR de Telecom, presentadas por el mismo actor e inspiradas en los mismos hechos y fundamentos de derecho.

    130.2. La señora H.D.V.C. había interpuesto antes de esta tutela una acción de reintegro. Acerca de su caso, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá por medio de fallo del seis (6) de febrero de dos mil ocho (2008), resolvió condenar al PAR a pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la ejecutoria de la sentencia debidamente indexados, a título de sanción por incumplimiento de las garantías laborales que cobijaban a la peticionaria, pago que es independiente de las indemnizaciones canceladas por terminación del contrato de trabajo. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, S.L., por medio de fallo del doce (12) de febrero de dos mil diez (2010), decidió revocar la sentencia de instancia y absolver al PAR de todas las pretensiones, con el argumento de que la entidad había adelantado el proceso de levantamiento de fuero sindical, aunque no obtuvo la autorización. La garantía foral –dijo- sólo permanecía mientras subsistieran las partes de la misma. Como el despido ocurrió en la liquidación definitiva de la empresa, se tornaba imposible reintegrar a la ex trabajadora a las funciones que venía desempeñando.[188] Por lo explicado, la Corte concluye que el problema jurídico de la señora V. ya tuvo una solución definitiva ante la jurisdicción ordinaria, aspecto que, sumado a la peculiaridad de que no cuestionó dicha sentencia, reviste su caso de las características de la cosa juzgada.

    130.3. La señora M.J.C.Y. había presentado antes de esta tutela una acción de reintegro. En las pruebas allegadas a esta Corte consta que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santander de Quilichao, en sentencia del veintiocho (28) de julio de dos mil nueve (2009), ordenó el reintegro de la demandante al cargo que venía desempeñando en Telecom o a uno de igual o superior categoría, pagarle los salarios dejados de percibir a título de indemnización a partir del primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta cuando se llevara a cabo el reintegro, o la ejecutoria de la sentencia dentro del proceso ordinario laboral que adelantara el PAR para demostrar la imposibilidad de reintegro. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil, Familia y Laboral, en fallo del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009), decidió revocar integralmente la sentencia de primer grado. Adujo imposibilidad material y jurídica para practicar el reintegro en virtud de la liquidación de la empresa. También indicó que no procedía la indemnización alternativa, en tanto la fecha de desvinculación de la demandante coincidió con la de la liquidación final de la entidad. La controversia que propone la señora C.Y. fue entonces resuelta con antelación por parte de la justicia ordinaria. Esta decisión hizo tránsito a cosa juzgada y puso fin al litigio expuesto ante la Corte.

    130.4. Los señores F.A.L. y N.C.D.G. habían obtenido, en un proceso ordinario anterior al de tutela, una decisión judicial desfavorable, en la medida en que establecía que no eran titulares de la garantía foral. Revivir este debate en sede de tutela, sin haber demandado la sentencia que hizo esa declaración, es contravenir la cosa juzgada. El señor A.L. acreditó como fecha de terminación de su vínculo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), mientras la señora D.G. demostró que fue desvinculada el primero (1°) de febrero de ese mismo año. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante fallo del ocho (8) de marzo de dos mil seis (2006) decidió no levantar el fuero sindical de los actores porque estableció que no eran titulares de tal derecho. Una determinación igual fue adoptada en un proceso de reintegro que estos peticionarios iniciaron, en el cual el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia emitida el treinta y uno (31) de enero de dos mil ocho (2008), estimó que los demandantes hicieron parte de la Junta Directiva del sindicato para el periodo 2002-2004, lo que indica que para la época en que fueron despedidos; es decir, el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), no contaban con fuero sindical. Además, añadía que dada la inexistencia jurídica de la entidad empleadora, concurría entonces la causal legal de terminación del contrato de trabajo por la liquidación o clausura definitiva de la empresa. De suerte que desaparecida del mundo jurídico la entidad que hizo las veces de empleadora, y al no existir ningún vínculo con la accionada, difícilmente se podía pregonar el ejercicio del derecho de asociación sindical, que es el que goza de protección y obtiene eficacia por la presente vía.

    De manera semejante a lo acaecido en otros procesos en los que se omitió cuestionar de manera debida la cualidad de cosa juzgada de las sentencias adoptadas en la jurisdicción ordinaria, en estos casos los accionantes no expresaron en su demanda que mediante tales sentencias, tanto en los procesos de levantamiento del fuero sindical como en razón de los de reintegro, se les hubieran vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso o al acceso a la administración de justicia, en virtud de los cuales la acción de tutela sería un medio idóneo y eficaz para invocar la protección de los presuntos derechos vulnerados. A esto se suma que el interés jurídico buscado por los accionantes en esa ocasión es el mismo al pretendido por la vía de tutela en esta oportunidad, ya que en los dos caminos jurídicos acogidos se buscaba resarcir un presunto despido ilegal que, a la luz de los supuestos del caso, carece de sustento.

    130.5. Respecto de los señores A.A.S., C.A.H.M., J. delC.R.G., O.A.R.A., C.E.V.P., O.M.I. y J.K.C.P., se observa que a cada uno se le levantó judicialmente el fuero sindical. A los primeros cinco se les levantó el fuero mediante sentencia proferida el dos (2) de noviembre de dos mil cinco (2005), expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, Sala Única de Decisión. Y al último se le levantó el veintitrés (23) de agosto de dos mil cinco (2005), mediante providencia expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó. Como consecuencia todos fueron desvinculados el treinta (30) de enero de dos mil seis (2006). No presentaron la acción de tutela contras las providencias que decidieron, en cada caso, autorizar el levantamiento del fuero. La cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los fallos que autorizaron su desvinculación, está en firme. La S. se atendrá a ella.

  131. Finalmente, en el expediente T-2492726, la tutela interpuesta por el señor A.O.S. plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión instaura la acción de tutela contra el PAR, sobre la base de que era trabajador al servicio de TELECOM, con fuero sindical. Pero, sostiene, se lo desvinculó de la compañía sin observar las garantías asociadas a dicho fuero. En ese contexto, pide ordenarle al PAR el pago de salarios, prestaciones sociales y convencionales, y aportes a la seguridad social, dejados de percibir o cancelar desde la desvinculación, con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), y hasta cuando quede en firme la sentencia que autorice el levantamiento de fuero. Como se mostrará, esta controversia ya había sido planteada por este actor ante la justicia laboral ordinaria en su momento.

    El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, S.L., resolvió por medio de sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil ocho (2008) que no procedía el reintegro del señor A.O.S. con fundamento en que se había levantado el fuero sindical del trabajador. Con esta decisión el Tribunal confirmó la que había emitido el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá el nueve (9) de junio de dos mil siete (2007), en la que había absuelto a las demandadas de las pretensiones de reintegro y pago de salarios porque la empresa obtuvo permiso para despedir al actor mediante sentencia del diecisiete (17) de junio de dos mil cinco (2005) del Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Bucaramanga. Por consiguiente, el accionante solicitó tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, y omitió que su caso había sido decidido en sentido negativo por la justicia especializada, basándose para dar inicio a dicho trámite en los mismos hechos y cuestionando también al PAR de Telecom. Por ende, la Corte se atendrá a la cosa juzgada de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el veintiocho (28) de marzo de dos mil ocho (2008).

  132. En el mismo expediente T-2492726, se advierte que aparecen como peticionarios los señores A.B.L., W.E.G. de la Rosa, M.E.H., M.J.O. y E.E.P.V.. Su tutela plantea, sin embargo, una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada constitucional. En efecto, en esta ocasión su amparo es instaurado contra el PAR sobre la base de que eran trabajadores al servicio de TELECOM, con fuero sindical. No obstante, sostienen haber sido desvinculados de la compañía sin observar las garantías asociadas a dicho fuero. En ese contexto, solicitan ordenarle al PAR el pago de salarios, prestaciones sociales y convencionales, y aportes a la seguridad social, dejados de percibir o cancelar desde la desvinculación, con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), y hasta cuando quede en firme la sentencia que autorice el levantamiento de fuero. Como se mostrará enseguida, esta controversia ya había sido planteada por estos mismos peticionarios ante la justicia laboral ordinaria en su momento.

    En este proceso obran pruebas de que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Andrés expidió un fallo el siete (7) de mayo de dos mil ocho (2008), mediante el cual revocó una decisión de primera instancia expedida por el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés el veintinueve (29) de febrero de dos mil ocho (2008), en el que negó la acción de reintegro instaurada por estos peticionarios contra el PAR. Esa acción se edificaba sobre la base de que eran aforados sindicales y de que no se les habían respetado las garantías propias de tal condición, y con fundamento en ello pedían el reintegro y unas prestaciones a título de indemnización. Hay, pues, como puede apreciarse, similitud suficiente de partes, de fundamentos y de peticiones. En el caso de estos demandantes, el citado Tribunal concluyó que no había lugar sino al pago de una indemnización por despido sin justa causa, mas no a reintegro, ni a indemnización por desconocimiento de sus garantías de fuero pues esta en su criterio “la fecha [de] efectiva disolución de Telecom es el límite para pagar la indemnización, y como los demandantes laboraron hasta esa fecha no hay lugar al pago por ese concepto”.[189] Con todo, la controversia que los actores plantean ahora, ya se resolvió, y por tratarse de una decisión judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada, y que no fue demandada en le tutela, la Corte Constitucional se atendrá a ella, en la parte resolutiva de este fallo.

  133. En definitiva, los que se relacionan en la siguiente tabla son los peticionarios cuya tutela debe declararse improcedente, en la medida en que, según las pruebas obrantes dentro del expediente, plantean una controversia que razonablemente puede considerarse amparada por la cosa juzgada a la que ha hecho tránsito un fallo de segunda instancia adoptado en el contexto de la justicia laboral ordinaria:

    Accionantes – Cosa juzgada ordinaria 1

    Nro.

    Nombre del tutelante

    Expediente

    Tema de fondo

    1

    J.H.J.D.

    T-2471345

    PPA

    2

    Albeiro Cruz Agudelo

    T-2484301

    PPA

    3

    W.M.B.

    T-2566146

    PPA

    4

    H.E.A.M.

    T-2587255

    PPA

    5

    S.P.A.A.

    T-2587255

    PPA

    6

    B.B.S.

    T-2587255

    PPA

    7

    Martha Camacho Esteban

    T-2587255

    PPA

    8

    C.S.M.B.

    T-2587255

    PPA

    9

    G.M. Montes Montiel

    T-2471216

    Fuero sindical

    10

    Naver Emelson Garrido Martínez

    T-2471216

    Fuero sindical

    11

    Rodrigo Antonio López Villegas

    T-2471216

    Fuero sindical

    12

    Norma Díaz García

    T-2471346

    Fuero sindical

    13

    Fernando Aguirre López

    T-2471346

    Fuero sindical

    14

    A.B.P.

    T-2471346

    Fuero sindical

    15

    Haidy Danith Vargas Céspedes

    T-2471346

    Fuero sindical

    16

    M.J.C.Y.

    T-2471346

    Fuero sindical

    17

    Carlos Alonso Garcés Guauña

    T-2471346

    Fuero sindical

    18

    A.A.S.

    T-2471346

    Fuero sindical

    19

    Clímaco Antonio Hinestroza Moreno

    T-2471346

    Fuero sindical

    20

    1. del Carmen Rentería Gamboa

      T-2471346

      Fuero sindical

      21

      O.A.R. Asprilla

      T-2471346

      Fuero sindical

      22

      Carlos Emilio Vélez Parra

      T-2471346

      Fuero sindical

      23

      O.M.I.

      T-2471346

      Fuero sindical

      24

      J.K.C.P.

      T-2471346

      Fuero sindical

      25

      A.O.S.

      T-2492726

      Fuero sindical

      26

      Antonio Boiga Lemus

      T-2492726

      Fuero sindical

      27

      W.E.G. de la Rosa

      T-2492726

      Fuero sindical

      28

      M.E.H.

      T-2492726

      Fuero sindical

      29

      M.J. O’Neil

      T-2492726

      Fuero sindical

      30

      E.E.P.V.

      T-2492726

      Fuero sindical

      31

    2. de J.B.C.

      T-2531654

      Fuero sindical

      32

      L.A.D.M.

      T-2531654

      Fuero sindical

      33

      C.M.T.P.

      T-2531654

      Fuero sindical

      34

      E.V.M.

      T-2537041

      Fuero sindical

      35

      Carlos Julio Muñoz Bermúdez

      T-2537041

      Fuero sindical

      36

      M.J.G.

      T-2537041

      Fuero sindical

      37

      N.A.G.F.

      T-2537041

      Fuero sindical

      38

      J.H.D.T.

      T-2537041

      Fuero sindical

      39

      Albeiro Colorado León

      T-2537041

      Fuero sindical

      40

      C.H.C.

      T-2537041

      Fuero sindical

      41

      Julio César Cardona Granada

      T-2537041

      Fuero sindical

      42

      J.C.C. Sierra

      T-2537041

      Fuero sindical

      43

      Gustavo Alberto Ángel López

      T-2537041

      Fuero sindical

      44

      N.M.B.F.

      T-2537041

      Fuero sindical

      45

      Jorge Hernán Palacio Salazar

      T-2537041

      Fuero sindical

      46

      J.J.F.G.

      T-2537041

      Fuero sindical

      47

      R.D.G.G.

      T-2537041

      Fuero sindical

      48

      Diego Acevedo Echavarrya

      T-2537041

      Fuero sindical

      49

      Adriana María Taborda Vargas

      T-2537041

      Fuero sindical

  134. Ahora bien, aunque la Sala Plena no se pronunciará sobre el fondo de estas solicitudes de amparo, advierte un tratamiento desigual en las distintas decisiones ordinarias sobre reintegro sindical, de casos que sin embargo guardan similitudes relevantes. Estos fallos no fueron demandados mediante tutela, y por eso no son objeto de escrutinio constitucional. Llama la atención de la Corte que algunos de ellos presenten interpretaciones de las garantías de fuero sindical que, en principio y sin que esto suponga un juicio de fondo, podrían llegar a ser consideradas contrarias al entendimiento que les ha dado la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, se sostiene en algunas que el aforado sindical no puede ser desvinculado sino en virtud de autorización del juez competente, pero al mismo tiempo que la violación de esa garantía en los casos de cierre definitivo de una empresa no acarrea consecuencias; que el deber de proteger a las personas con fuero sindical desaparece con la extinción de la empresa, razón por la cual carecen entonces del derecho a no ser desvinculadas sino por autorización judicial; que cuando no cabe hacer el reintegro, por imposibilidad física o jurídica, tampoco es viable condenar al pago de una indemnización integral o especial, distinta de la que se paga por despido injusto; que una vez concluye el proceso liquidatorio, desaparecen los presupuestos de hecho y de derecho para la prosperidad de la acción de reintegro, entre otras tesis semejantes.

  135. La Corte debe reiterar lo dicho en el fundamento jurídico 18 y siguientes de esta sentencia. La Constitución les reconoce a los representantes sindicales “el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión” (CP art. 39). Este fuero es definido por la ley laboral como “[…] la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo”. La misma ley enuncia cuáles trabajadores gozan de este fuero.[190] La Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia prohíben excluir de esta garantía a los empleados públicos, o a los trabajadores oficiales y particulares que desempeñen puestos de dirección, confianza o manejo.[191] Estas garantías no desaparecen durante los procesos de liquidación de entidades públicas. Así lo reconoce el Decreto Ley 254 de 2000, “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”, que en su artículo 7 establece el deber de los jueces laborales de adelantar con prelación a cualquier otro proceso, salvo el de tutela, las acciones de levantamiento de fuero sindical, necesarias para desvincular a los aforados sindicales.[192] También lo ha reconocido la Corte en su jurisprudencia. La regulación especial para la liquidación de TELECOM contiene a su vez normas relacionadas con las garantías del fuero sindical (Dcto 1615 de 2003 art. 17, Dcto 2062 de 2003 art. 5 trans).

  136. A quienes se les vulnere esta garantía, el ordenamiento les reconoce el derecho a interponer la acción de reintegro. Esta acción prescribe en dos (2) meses, contados -según la ley- “desde la fecha de despido, traslado o desmejora” (CPT art. 118A). Ahora bien, cuando esta acción se interpone oportunamente, pero se decide una vez concluida la liquidación, y entonces deviene física y jurídicamente imposible un reintegro, el juez debe limitarse a ordenar una indemnización integral y abstenerse de decretar el reintegro. Sin embargo, el tipo de indemnización cambia, según el momento en el cual se haya desvinculado irregularmente al trabajador. Cuando se lo haya desvinculado antes de la clausura definitiva, y en la medida en que sea la decisión más favorable, procede ordenar una indemnización que comprenda “los salarios, con sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto legales como convencionales, a partir de la fecha del despido y hasta la terminación de la existencia jurídica de la [entidad]”.[193] Cuando la terminación del vínculo ocurra con el cierre definitivo de la compañía (o después), lo procedente es ordenar una indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).[194] Todo esto, según el principio de favorabilidad (CP art 53). Pero si el juez laboral no toma en cuenta el fin de la liquidación, por ejemplo por desconocer la ocurrencia del hecho, y ordena el reintegro del trabajador aforado, el ente condenado o el encargado de adelantar la liquidación deben iniciar un proceso judicial con el fin de que en este se declare si el reintegro es posible. La entidad condenada al reintegro no puede decidir motu proprio si es posible cumplir la orden.[195] Tampoco puede hacerlo un juez laboral en un proceso ejecutivo iniciado por los trabajadores para asegurar el acatamiento de la orden de reintegro.[196]

  137. Con fundamento en estas consideraciones, y tras comparar entre sí las distintas decisiones sobre reintegro sindical, adoptadas a propósito de la liquidación de TELECOM, la Sala Plena adoptará la siguiente resolución en la parte dispositiva, con el fin de guardar la integridad y supremacía de la Constitución (CP art. 241). Para evitar que se perpetúe una eventual cadena de afectaciones a las garantías sindicales, reconocidas como derecho fundamental en la Constitución, la Sala Plena establecerá, por una sola vez para este contexto de liquidación de TELECOM, la posibilidad de que los actores que cuenten con una providencia laboral en firme, dictada en un proceso de levantamiento de fuero sindical o de reintegro, instauren una acción de tutela contra esa providencia, en caso de que no la hayan presentado previamente y se den las condiciones jurisprudenciales que justifican la tutela contra sentencias. Y prevendrá a los jueces de la República, para que en los procesos instaurados de conformidad con esta decisión, cuenten la inmediatez desde la publicación de la presente sentencia, y no desde antes. Asimismo, les dará efectos inter comunis a estas órdenes. Estas decisiones, se justifican por dos razones. Primero, por las características específicas que la jurisprudencia ha advertido en el tratamiento de algunos grupos de trabajadores especialmente protegidos en la liquidación de TELECOM, las cuales la han conducido a adaptar su jurisprudencia para resolver problemas singulares derivados de ese proceso administrativo.[197] Segundo, por la conclusión de que los derechos posiblemente desconocidos en las sentencias laborales ordinarias, se podrían proteger mejor en un proceso específico destinado a cuestionarlas, lo cual según la jurisprudencia de esta Corporación permite reabrir oportunidades procesales previamente cerradas. [198]

    Dicho esto, la Corte Constitucional pasa a referirse a los demás casos.

  138. Los anteriores son, a juicio de la Sala, los únicos asuntos cubiertos por la cosa juzgada ordinaria. Debe aclararse que según las contestaciones aportadas por el PAR en los diferentes expedientes hay más actores en la misma situación antes descrita. No obstante, en todos los casos restantes en que hace esa observación, el PAR se limita a decir que estos otros peticionarios presentaron antes de esta tutela una acción ordinaria igual, e informa ante cuál juzgado la promovieron, y aparte suministra otros datos asociados a su trámite. El problema es que se abstiene de adjuntar pruebas de que esas acciones versaban sobre el mismo asunto ahora planteado. No sólo no anexa las providencias que le pusieron fin, sino que tampoco remite siquiera las copias de las demandas recibidas, o de los autos admisorios. Obran por lo tanto sólo afirmaciones suyas. La Sala no encuentra, como en los numerales anteriores, elementos de juicio suficientes hacer una comparación justa entre el contenido de las tutelas bajo examen y el asunto resuelto en el proceso ordinario anterior. A falta de pruebas, la Corte no puede concluir que los asuntos planteados por estos accionantes se encuentren amparados por la cosa juzgada. Las siguientes personas se hallan en esta situación:

    Accionantes – No cosa juzgada ordinaria (falta de pruebas)

    Nro.

    Nombre del tutelante

    Expediente

    Tema de fondo

    1

    E.R.C.P.

    T-2471345

    PPA

    2

    Dulfary Elena Echavarría Parra

    T-2471345

    PPA

    3

    Tulio Enrique Galindo Bozón

    T-2471345

    PPA

    4

    1. de J.G.R.

      T-2471345

      PPA

      5

      Rafael Patiño Usquiano

      T-2471345

      PPA

      6

      María Sussan Pérez Quintero

      T-2471345

      PPA

      7

      J.M.V.S.

      T-2471345

      PPA

      8

      R.D.A.Á.

      T-2471345

      PPA

      9

      Nataly Victoria Mejía Geovo

      T-2471216

      Fuero sindical

      10

      Carlos Eduardo López Millán

      T-2471216

      Fuero sindical

      11

      Diógenes Antonio Guerra Almario

      T-2471216

      Fuero sindical

      12

      Luz Amparo Ortega Pineda

      T-2471216

      Fuero sindical

      13

    2. de J.C.C.

      T-2471216

      Fuero sindical

      14

      Clarivel Arias Gaviria

      T-2471346

      Fuero sindical

      15

      J.L.C.

      T-2471346

      Fuero sindical

      16

      F.A.D. Claros

      T-2471346

      Fuero sindical

      17

      Eucardo Vinicio Hurtado Urbano

      T-2471346

      Fuero sindical

      18

      G.A.I.N.

      T-2471346

      Fuero sindical

      19

      Zulmary Pabón Rodríguez

      T-2471346

      Fuero sindical

      20

      Clara Stella Correa Arango

      T-2537041

      Fuero sindical

      21

      H.G.L.

      T-2537041

      Fuero sindical

      22

      L.C. mejía Alvarado

      T-2537041

      Fuero sindical

      23

      J.H.M.A.

      T-2537041

      Fuero sindical

      24

      É.M.C.

      T-2537041

      Fuero sindical

      25

      Jesús maría Patarroyo Puentes

      T-2537041

      Fuero sindical

      26

      Jorge Enrique Sandino Macías

      T-2537041

      Fuero sindical

      27

      Gerardo Vargas Pérez

      T-2537041

      Fuero sindical

  139. Segundo grupo. Cosa juzgada constitucional o temeridad. La Sala encuentra también un grupo de tutelas interpuestas por personas que, o bien interpusieron simultáneamente otras solicitudes de amparo idénticas y cuyos procesos aún no han concluido definitivamente, o bien tienen a la fecha un fallo con carácter definitivo, emitido por la justicia constitucional (es decir, por jueces de tutela) sobre la misma controversia, entre las mismas partes, por los mismos fundamentos e igual pretensión. En cualquiera de estos casos, esta sería entonces cuando menos su segunda acción de tutela sobre la misma controversia, con identidad de partes, de causa y de pretensión. A todos los que la presentaron, por razones de seguridad jurídica, y en algunos casos de buena fe, debe declarárseles improcedente su tutela. Estas personas son las que se enlistan a continuación:

  140. En el expediente T-2451880, la tutela interpuesta por la señora Libia del C.T.C. plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión la demandante instaura su tutela contra el PAR de TELECOM con base en que era trabajadora de TELECOM, a su juicio con derecho a ser incluida en el PPA, y en que sin embargo se le excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Por eso mismo, pide ahora que se ordene al PAR incluirla en el PPA, y cancelarle las mesadas dejadas de percibir desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) hasta que CAPRECOM le reconozca la pensión de jubilación. Igualmente pide que se inicien las gestiones para el reconocimiento de la pensión definitiva dentro de los treinta (30) días siguientes al cumplimiento de los requisitos. Como se mostrará enseguida, esta controversia ya la habían planteado estos mismos peticionarios en otro momento ante la justicia constitucional.

    Obra copia de otra tutela anterior a esta, instaurada por la señora Libia del Carmen Trujillo contra el PAR. En ella solicitaba también ser incluida en el PPA, sobre la base de que era trabajadora de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, había resultado excluida del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Pedía entonces, en ese contexto, ordenarle al PAR que la incluyera en el PPA, y le cancelara las mesadas derivadas de ello, desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) hasta el día en que se le reconociera la pensión definitiva. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Esta otra acción de tutela fue declarada improcedente en primera instancia por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería el trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009)[199] y, en segunda instancia, luego confirmada por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Montería mediante fallo del doce (12) de junio de dos mil nueve (2009).[200] En vista de estos elementos, la Sala Plena concluye que hay cosa juzgada constitucional y se atendrá a ella.

  141. En el expediente T-2476358, la tutela interpuesta por el señor J.O.J.C. plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión el demandante instaura su acción contra el PAR de TELECOM con base en que era trabajadora de TELECOM, a su juicio con derecho a ser incluido en el PPA, y en que sin embargo se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Por eso mismo, pide ahora ordenarle al PAR que lo incluya en el PPA, y que le pague los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la desvinculación, con los incrementos salariales respectivos, y la indexación de las sumas, hasta que se le notifique el reconocimiento de la pensión definitiva de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados. Solicita también que se hagan los aportes a la seguridad social dejados de realizar desde entonces. Como se mostrará enseguida, esta controversia ya la había planteado este mismo peticionario en otro momento ante la justicia constitucional.

    Obran pruebas de que este mismo actor había instaurado, antes de esta, una tutela contra el PAR. En ella pedía también ser incluido en el PPA sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, había resultado excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Pedía entonces, en ese contexto, ordenarle al PAR que lo incluyera en el PPA, y le cancelara las mesadas derivadas de ello, desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) hasta el día en que se le reconociera la pensión definitiva. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Esta otra tutela fue declarada improcedente, en primera instancia, por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería mediante providencia del trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009).[201] Esta decisión fue confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería mediante fallo del doce (12) de junio de dos mil nueve (2009).[202] En vista de estos elementos, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que el asunto está cubierto por la cosa juzgada y se atendrá a ella.

  142. En el expediente T-2579968, la tutela interpuesta por los señores O.L.R., J.L.D.L. y E.C.O. plantea una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión los demandantes instauran su acción contra el PAR de TELECOM con base en que eran trabajadores de TELECOM, a su juicio con derecho a ser incluidos en el PPA, y en que sin embargo se los excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitan ahora que se ordene al PAR incluirlos en el PPA desde el momento de su desvinculación de TELECOM y hasta su inclusión en la nómina de pensionados. También piden que se le ordene pagar las mesadas pensionales derivadas del PPA, y demás prestaciones sociales e indemnizaciones, legales o convencionales, dejadas de percibir desde su desvinculación y hasta ser incluidos en nómina de pensionados. Las mesadas y prestaciones sociales dejados de recibir por los accionantes deberían, de acuerdo con esta solicitud, ser liquidados y cancelados con el incremento salarial y prestacional debidamente indexados, teniendo en cuenta el promedio de los factores legales y extralegales devengados hasta la fecha de su desvinculación. Finalmente, pidieron ordenarle que cancele los aportes a la seguridad social, dejados de cancelar durante todo este período. Como se mostrará enseguida, esta controversia ya la habían planteado estos mismos peticionarios en otro momento ante la justicia constitucional.

    142.1. Obra prueba de que el señor O.L.R. había presentado, antes de esta, otra tutela contra el PAR de TELECOM. En ella pedía ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se le ordenara al PAR incluirlo en el grupo de beneficiarios del PPA y pagarle las mesadas pensionales dejadas de percibir. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Esta acción fue concedida, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arboletes mediante sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009)[203] y, en segunda instancia, esta última fue revocada mediante fallo del dieciséis (16) de febrero de dos mil diez (2010) expedido por el Juzgado Promiscuo de Familia de T..[204] Asimismo, en el expediente obra copia de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira, Valle, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil ocho (2008), dentro de la acción promovida, entre otras personas, por el señor O.L.R.. En esta, el actor de acuerdo a de estos elementos, la Sala Plena de la Corte concluye que el asunto está cubierto por la cosa juzgada y se atendrá a ella.

    142.2. Obran pruebas de que el señor J.L.D.L. había interpuesto, antes de esta, otra tutela contra el PAR. En ella pedía ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se le ordenara al PAR incluirlo en el grupo de beneficiarios del PPA y pagarle las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) (fecha de la desvinculación definitiva) hasta el día en que se les reconozca la pensión definitiva. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Esta acción fue declarada improcedente, en primera instancia, por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería mediante sentencia del trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009).[205] En el expediente obra copia de un oficio proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, por medio del cual le informa al director del PAR que mediante fallo del doce (12) de junio de dos mil nueve (2009) confirmó la sentencia antes mencionada.[206] Asimismo, en el expediente obra copia de la sentencia proferida el primero (1°) de octubre de dos mil nueve (2009) por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté, Córdoba, dentro de la acción promovida por el señor J.L.D.L. en contra el PAR, con la que pretendía ser incluido dentro del Plan de Pensión Anticipada de Telecom. En esta sentencia, el Juzgado declaró la improcedencia de la acción de tutela porque no cumplía con el requisito de inmediatez y porque el actor contaba con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos.[207] Por ello, en este asunto se presenta cosa juzgada.

    142.3. Obra prueba de que la señora E.C.O. había interpuesto, antes de esta, otra tutela contra el PAR. En ella pedía ser incluida en el PPA, sobre la base de que era trabajadora de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se la había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se ordenara al PAR brindarle la seguridad social necesaria, por haber laborado dieciocho (18) años, ocho (8) meses y trece (13) días, al servicio de la empresa TELECOM y hacer extensiva esta protección a sus beneficiarios. Además, pedía que se la incluyera en la nómina de beneficiarios del PPA y se le cancelaran todas las mesadas dejadas de pagar desde julio veintiséis (26) del año dos mil tres (2003), hasta cuando fuera incluida definitivamente en la nómina de pensiones de CAPRECOM. Por último pretendía que se le ordenara al PAR pagarle una indemnización por la supresión del cargo que desempeñaba, equivalente a los valores retenidos desde el momento en que se le dejó de pagar sus derechos laborales, así como los intereses moratorios, todo debidamente actualizado. Hay entonces, como se ve, identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Por ello, la Corte considera razonable concluir que el asunto está cubierto por la cosa juzgada y se atendrá a ella.

  143. En el expediente T-2471216, la acción de tutela instaurada por los señores Á.E.A.O., G.A.A.A., I.M.C.S., C.E.L.M., N.V.M.G. y L.S.P.O. plantea una controversia que debe considerarse bajo el amparo de la cosa juzgada. En efecto, la tutela bajo revisión fue instaurada por ellos con base en que eran trabajadores de TELECOM, a su juicio con fuero sindical. Aducen haber sido desvinculados sin que se respetaran las garantías derivadas de dicho fuero. En ese sentido, piden que se ordene al PAR pagarles salarios, prestaciones sociales y convencionales, y aportes a la seguridad social dejados de percibir a causa del despido, con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) hasta la fecha en que quedara en firme la sentencia que ordene el levantamiento del fuero sindical, exceptuando las prestaciones sociales e indemnizaciones ya pagadas a los accionantes. Como se mostrará, esta controversia ya había sido planteada por ante la justicia constitucional.

    Estos mismos actores presentaron previamente otra acción de tutela contra el PAR ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, C.. En esa oportunidad, invocaban también su condición de aforados sindicales, y alegaban la violación a su derecho, fundados en el hecho de haber sido despedidos sin justa causa y sin previo levantamiento del fuero sindical. El Juzgado referido, mediante sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008), decidió tutelar los derechos fundamentales relacionados con el fuero sindical y ordenó el pago de mil trescientos millones de pesos ($1.300.000.000), adicionados a un embargo en la suma de doscientos veintisiete millones setecientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y nueve pesos ($227.789.369), por “concepto de salarios”.[208] No obstante, ese fallo fue revocado en segunda instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, Córdoba, mediante providencia del dieciocho (18) de diciembre de dos mil ocho (2008), por considerar que no se cumplía con la inmediatez, y que el embargo le resultaba “muy irregular”. Estas decisiones fueron seleccionadas por la Corte Constitucional para revisión y confirmada la de segunda instancia mediante sentencia T-538 de 2009.[209] En este último fallo la Corporación resolvió la misma controversia que ahora se presenta, y su decisión hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. Hay, como se ve, entre esa controversia y la que ahora se propone identidad de partes, de fundamentos y de peticiones. Por ende, el asunto está cubierto por la cosa juzgada y a ella se atendrá la Corte.

  144. Situación similar se presenta en el mismo expediente T-2471216, respecto de la tutela promovida por los señores D.A.G.A., H.E.C.V., A. de J.C.C. y L.A.O.P., y también en el expediente T-2531654 respecto de los señores N.J.V.B., B.I.M.M. y G.P.C.P.. Todas estas personas interponen tutela en esta ocasión, con base en que eran trabajadores de TELECOM y en que, pese a tener fuero sindical, fueron desvinculadas sin que se les respetaran a cabalidad las garantías derivadas de dicho fuero. Piden ahora –lo que tienen en común- ordenarle al PAR pagarles salarios, prestaciones sociales y convencionales, y aportes a la seguridad social dejados de percibir a causa del despido, con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) hasta la fecha en que quede en firme la sentencia que ordene el levantamiento del fuero sindical, exceptuando las prestaciones sociales e indemnizaciones ya pagadas a los accionantes. Como se mostrará, esta controversia ya había sido planteada ante la justicia constitucional.

    De acuerdo con las pruebas obrantes respecto de ambos expedientes, la Sala advierte que antes de esta tutela los accionantes referidos habían interpuesto otra, fundándose también en su condición de aforados sindicales, y en que su fuero se les había desconocido al momento de desvincularlos de la compañía. Pedían principalmente que se les pagara los salarios y prestaciones sociales dejadas de cancelar desde la ocurrencia del despido injusto, los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación hasta el pago total de lo debido y la cancelación de sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social hasta que por la vía ordinaria laboral el juez decidiera levantar el fuero sindical. Hay, como se ve, entre ambos procesos identidad de partes, de fundamentos y de peticiones. Esta primera solicitud se resolvió mediante providencia de segunda instancia el cuatro (4) de noviembre de dos mil ocho (2008), expedida por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté, C..[210] En vista de que el fallo con el cual concluyó esta controversia hizo tránsito a cosa juzgada, la Sala Plena se atendrá a ella.

  145. Otro caso comprobado de cosa juzgada es el de los señores L.A.D.M., E.K.G.G. y V.P.H.. Son peticionarios en el expediente T-2531654. En esta ocasión, interponen tutela sobre la base de que eran trabajadores de TELECOM, a su juicio con fuero sindical, y de que fueron desvinculados de la compañía sin que se les respetaran plenamente las garantías derivadas de dicho fuero. Piden, en este proceso, que se ordene al PAR pagarles las obligaciones referentes a salario y prestaciones sociales debidamente indexados dejados de cancelar por la ocurrencia del despido injusto efectuado el treinta y uno (31) de marzo de dos mil seis (2006), y asimismo que se cancelen los intereses moratorios desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el pago total de la misma. Finalmente solicitan ordenarle al PAR la cancelación de salarios y demás prestaciones sociales correspondientes a cada mes hasta que se restablezca el debido proceso, es decir, hasta cuando la justicia ordinaria laboral levante su fuero sindical. Esta controversia, como se mostrará enseguida, ya había sido planteada ante la justicia constitucional.

    145.1. De acuerdo con las pruebas acopiadas por la Corte, los señores L.A.D.M., E.K.G.G. habían impetrado otra tutela antes de la que ocupó a la Corte. En primera instancia se pronunció el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté. Esta autoridad concedió el amparo a los tutelantes de sus derechos de asociación sindical, porque sus contratos de trabajo fueron terminados sin que se hubiera formalizado el levantamiento de fueron sindical, razón por la cual ordenó al PAR “cancelar los salarios dejados de percibir durante lapso de tiempo que han estado cesantes los demandantes, provocado por el despido sin justa causa y no declarado mediante sentencia judicial, además de repararlos de manera integral, lo cual incluye también el pago de los reajustes y prestaciones, así como cualquier otro valor dejado de percibir o pagado por el trabajador, como consecuencia directa del despido injusto, los cuales deberán ser liquidados mediante un incidente, en un término que no supere cinco (5) días, contados a partir de la ejecutoria de éste”.[211] De igual manera, también se allegó a la Corte la sentencia de segunda instancia dictada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cereté el diecisiete (17) de febrero de dos mil nueve (2009),[212] mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia, porque consideró que Telecom debió adelantar los procesos de levantamiento de fuero sindical aunque estuviera en liquidación.[213] Por lo mismo, la Corte Constitucional concluye que en este caso también se causa una cosa juzgada pues se demuestra la triple identidad de partes, pretensiones y fundamentos. En consecuencia, la Sala se estará a lo resuelto en ese proceso.

    145.2. La señora V.P.H. había instaurado una tutela, antes de esta contra el PAR, y alegaba que se le había violado todo un haz de derechos a consecuencia de haberla desvinculado sin que se le respetara el fuero sindical del que a su juicio gozaba. En dicha acción pedía, según se infiere de las pruebas, que le cancelaran los salarios y prestaciones, reajustes y demás conceptos dejados de percibir desde su desvinculación. Hay, como puede notarse, identidad de partes, fundamentos y peticiones. Del amparo anterior conoció el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, quien mediante sentencia del cuatro (4) de mayo de dos mil nueve (2009) concedió la tutela. El Juzgado Octavo Penal decidió revocar el fallo. En vista de todo esto, la Corte Constitucional concluye que en este caso también hay cosa juzgada. Por lo tanto, la Sala Plena se estará a lo resuelto en ese proceso.

  146. En la tutela del expediente T-2471346, el señor F.H.C.C. también se plantea una controversia amparada por la cosa juzgada constitucional. En esta acción, el demandante alega que era trabajador de TELECOM con fuero sindical, y que resultó desvinculado sin que se le respetaran sus garantías. Pide que se ordene al PAR pagarles salarios, prestaciones sociales y convencionales dejadas de percibir desde la desvinculación, con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta cuando quede en firme la sentencia que ordene el levantamiento de su fuero, todo debidamente indexado. Asimismo, solicita que se ordene a la accionada pagarles aportes a salud, pensión y ARP, dejados de cancelar desde que se lo removió del cargo hasta la presente fecha. Como se mostrará, esta controversia ya había sido planteada por este mismo actor ante la justicia constitucional.

    El demandante instauró, antes de esta, otra tutela contra el PAR con el fin de que se le protegieran los derechos fundamentales que estimaba conculcados a consecuencia de su desvinculación de TELECOM sin que se le respetara su garantía foral. En ella, pedía también que se le ordenara al demandado pagarle salarios y prestaciones caídos desde la desvinculación a su juicio irregular. Hay, por lo que puede apreciarse, identidad de partes, de fundamentos y de peticiones. En esta nueva tutela el actor alega que hay un hecho nuevo, y es que tanto él como su hijo tienen problemas de salud. Sin embargo, al estudiar el caso particular del actor la Corte no encontró que hubiese acreditado no siquiera mínimamente la circunstancia fáctica narrada como hecho nuevo: su condición de salud. Por lo tanto, tal manifestación no tiene la entidad suficiente para desvirtuar la cosa juzgada en un proceso asociado a garantías sindicales, y es en cambio claro en este asunto, que el fuero sindical del señor C.C. ya había sido levantado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, S.L. por medio de fallo del veinte (20) de agosto de dos mil ocho (2008). En definitiva, hay un litigio ya resuelto por una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, y la Corte Constitucional se atendrá a ella.

  147. En consideración de todo lo anterior, la Corte debe decidir cuáles de los mencionados accionantes incurrieron en temeridad. Al respecto, debe reiterar que la temeridad es un obrar de mala fe. No obstante, dado que la buena fe se presume (CP art. 83), es necesario que haya razones suficientes para sostener que alguien incurrió en temeridad o de lo contrario simplemente debe declararse que hay cosa juzgada y que la tutela es improcedente. De los anteriores casos, a juicio de la Sala Plena de la Corte Constitucional, no hubo mala fe en los siguientes: señora Libia del Carmen Trujillo Coronado (T-2451880); señores J.O.J.C. (T-2476358); R.N.N.P. (T-2566146); J.L.D.L. y E.C.O. (T-2579968); D.A.G.A., H.E.C.V., A. de J.C.C. y L.A.O.P. (T-2471216); N.J.V.B., B.I.M.M., G.P.C.P., E.K.G.G. y V.P.H. (T-2531654); y F.H.C.C. (T-2471346). A continuación se exponen las razones para llegar a esa conclusión.

    147.1. Partiendo de la buena fe de todos los actores, debe decirse primero, que en ninguno de los anteriores casos se advierte que hubiesen obtenido una respuesta de una autoridad judicial de cierre (Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura) sobre sus puntos de derecho. Esto podía dejar en ellos una incertidumbre en torno a sus peticiones, que trataron de satisfacer con una nueva tutela, impróspera como atrás se mencionó. Su segunda actuación, no carece entonces de explicación, aunque no haya razones jurídicas suficientes para abrir la posibilidad de un nuevo pronunciamiento. Por otra parte, los actores relacionados no presentaron, además de la otra acción de tutela, una tercera acción con la misma controversia. Lo cual indica que no hay una evidencia de clara y ostensible voluntad de afectar el buen funcionamiento de la administración justicia, que es uno de los motivos para declarar la temeridad (CP art. 95). En el caso de la señora Libia del C.T. se nota que interpuso la tutela a nombre propio. Los demás peticionarios obraron mediante abogado, pero en el contexto de un grupo amplio de accionantes, y esto puede ser una causa para no comprender cabalmente las implicaciones de una nueva tutela sobre los mismos hechos.

    147.2. Algo distinto ocurre con los señores O.L.R. (T-2579968) y L.A.D.M. (T-2531654). No sólo presentaron otra acción de tutela con identidad de partes, de fundamentos materiales y de peticiones, como se refirió en los párrafos precedentes, sino que además instauraron otra acción igual en lo relevante ante la justicia laboral ordinaria. Y en el caso del señor L.A.D.M. debe agregarse que había iniciado previamente una acción de reintegro, la cual fue negada por medio de sentencia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil siete (2007), proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería,[214] y confirmada por la Sala de Decisión Civil Familia Laboral de Montería el cuatro (4) de febrero de dos mil ocho (2008).[215] En ambas sentencias, la decisión se basó en que una vez liquidada definitivamente la entidad deviene inviable no sólo el reintegro, sino también el pago de prestaciones y salarios, en los términos solicitados por la demanda laboral.[216] Esto ya muestra una tendencia hacia obstaculizar el buen funcionamiento de la justicia, pues pretenden que esta aborde dos y hasta tres veces un mismo punto de derecho. Por lo mismo, en el caso de los señores O.L.R. (T-2579968) y L.A.D.M. (T-2531654) la Sala Plena de la Corte Constitucional compulsará copias de este fallo a las autoridades disciplinarias, para lo de su competencia.

    147.3. La Sala advierte que el señor S.A.C.D. también incurrió en temeridad. Casi simultáneamente promovió dos peticiones de amparo contra el PAR, por los mismos hechos, con idéntico fundamento jurídico y solicitando las mismas prestaciones. En efecto, obra prueba de que el señor S.A.C.D. presentó, además de la tutela del expediente T-2566146, otra acción de igual naturaleza contra el PAR de TELECOM. Los fallos que resolvieron este último amparo fueron también seleccionados para revisión por la Corte, y se acumularon a este proceso bajo el expediente T-2537078. En esta otra acción pide también ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicita, en ese contexto, que se le ordene al gerente del PAR incluirlo en el PPA, y cancelarle las mesadas correspondientes derivadas de esa incorporación. Hay entonces, como se ve, identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. De acuerdo con las pruebas, el mismo día de expedición de la sentencia de primera instancia en el expediente T-2537078; es decir, el doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009), estaba interponiendo una tutela igual, que ahora aparece en el expediente T-2566146. El actor no esperó entonces una solución definitiva, sino que se adelantó a interponer una nueva solicitud para perseguir, por varias vías, una decisión favorable. En concepto de la Corte, este comportamiento es indicativo de un obrar que merece reproche, y que es suficiente para concluir que actuó con temeridad. Por ende, en la parte resolutiva la Sala Plena decidirá desfavorablemente sus solicitudes de amparo y ordenará compulsar copias de este fallo a las autoridades disciplinarias para lo de su competencia.

    147.4. Algo similar a lo que acaba de mencionarse ocurrió con el señor R.N.N.P.. Obra prueba de que este peticionario presentó de forma simultánea dos acciones de tutela contra el PAR de TELECOM. En ambas, pedía ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba en ambas ser incluido en el PPA (e incorporarlo en la nómina de beneficiarios del mismo), y pagarle además las mesadas dejadas de percibir, con el incremento salarial y debidamente indexadas desde la fecha de la desvinculación hasta que se le notificara el reconocimiento de la pensión de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados, y aparte realizar los aportes a seguridad social dejados de cancelar desde el despido hasta la inclusión en la nómina del PPA. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. La primera tutela la promovió el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009), y mientras cursaba instauró la segunda el doce (12) de noviembre del mismo año. Los fallos que resolvieron ambas solicitudes de amparo fueron seleccionados por la Corte para revisión, y se acumularon en este proceso dentro de los expedientes T-2587255 y T-2566146, respectivamente. En vista de estos elementos, la Sala Plena de la Corte concluye que este comportamiento es indicativo de un obrar que merece reproche, y es suficiente para sostener que el peticionario actuó con temeridad. Por ende, en la parte resolutiva la Sala Plena decidirá desfavorablemente sus solicitudes de amparo y ordenará compulsar copias de este fallo a las autoridades disciplinarias para lo de su competencia.

    147.5. Lo propio debe decirse de los accionantes Á.E.A.O., G.A.A.A., I.M.C.S., C.E.L.M., N.V.M.G. y L.S.P.O. (T-2471216). Estos últimos no sólo obraron mediante apoderado, como lo hicieron los tutelantes precitados, sino que además interpusieron una nueva tutela después de conocer una sentencia de tutela de la Corte Constitucional (la T-538 de 2009), [217] que es el órgano de cierre de la justicia constitucional (CP arts. 86 y 241), en la cual se resolvió que los mismos casos ahora planteados no procedía resolverlos a través de la tutela, porque la acción fue interpuesta en forma extemporánea, no se había acreditado que se hubiera intentado para evitar un perjuicio irremediable, y los actores no demostraron que el medio de defensa judicial fuera ineficiente. Estos elementos, en concepto de la Sala Plena de la Corte Constitucional, indican mala fe, al menos en cabeza de quien se supone tenía el conocimiento del derecho. Por lo mismo, en la parte resolutiva no sólo decidirá desfavorablemente estas solicitudes de amparo sino que aparte compulsará copias a las autoridades disciplinarias para lo de su competencia.

    Accionantes – Cosa juzgada constitucional o temeridad

    N..

    Nombre del tutelante

    Expediente

    Tema de fondo

    1

    Libia del Carmen Trujillo Coronado

    T-2451880

    PPA

    2

    J.O.J.C.

    T-2476358

    PPA

    3

    Siervo Alfonso Cañón Daza

    T-2566146

    PPA

    4

    R.N.N.P.

    T-2566146

    PPA

    5

    Olmedo López Rojas

    T-2579968

    PPA

    6

    E.C.O.

    T-2579968

    PPA

    7

    J.L.D.L.

    T-2579968

    PPA

    8

    Glenda Patricia Correa Pacheco

    T-2531654

    Fuero sindical

    9

    Luis Armando Duque Marchena

    T-2531654

    Fuero sindical

    10

    E.K.G.G.

    T-2531654

    Fuero sindical

    11

    Bertha Inés Marchena Mendoza

    T-2531654

    Fuero sindical

    12

    Néstor José Vanegas Buelvas

    T-2531654

    Fuero sindical

    13

    Vivian Portillo Hernández

    T-2531654

    Fuero sindical

    14

    G.A.A.A.

    T-2471216

    Fuero sindical

    15

    Nataly Victoria Mejía Geovo

    T-2471216

    Fuero sindical

    16

    Lisipo Segundo Puche Olivero

    T-2471216

    Fuero sindical

    17

    Iván Manuel Castillo Salgado

    T-2471216

    Fuero sindical

    18

    Carlos Eduardo López Millán

    T-2471216

    Fuero sindical

    19

    D.A.G.A.

    T-2471216

    Fuero sindical

    20

    Hugo Enrique Cordero Vega

    T-2471216

    Fuero sindical

    21

    Luz Amparo Ortega Pineda

    T-2471216

    Fuero sindical

    22

    Álvaro Enrique Araújo Ortega

    T-2471216

    Fuero sindical

    23

    1. de J.C.C.

    T-2471216

    Fuero sindical

    24

    Freddy Habit Cacabelo Candia

    T-2471346

    Fuero sindical

    iii. Falta de inmediatez

  148. El PAR alega en este proceso, respecto de la gran mayoría de casos (de PPA, de fuero sindical o de retén social), que deben declararse improcedentes por falta de inmediatez. En específico, sostiene que los demandantes dejaron trascurrir un lapso demasiado amplio para reclamar la protección judicial de sus derechos fundamentales, y que no está justificado el paso de tanto tiempo. Para resolver este punto, la Corte debe reiterar lo dicho en el fundamento jurídico 109 de esta providencia. En efecto, dentro de estos contextos, es en principio irrazonable dejar trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para reclamar prestaciones patrimoniales. Los trámites de liquidación, de gestión de pasivos y de remanentes avanzan. Y con el tiempo los entes concernidos experimentan un progresivo decremento en sus capacidades para cumplir obligaciones; por ejemplo de reintegro, y en especial las que exigen desembolosos patrimoniales. Por ende, la tutela en estos casos cumple con la inmediatez cuando la tardanza se justifique suficientemente. Es decir, si por ejemplo el actor ha obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha estado sometido a fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física.

  149. Sobre la base de esta consideración, la Sala Plena de la Corte Constitucional estima que hay un grupo amplio de peticionarios sin problemas de legitimación en la causa o de cosa juzgada, que sin embargo dejaron trascurrir un lapso prima facie demasiado extenso para interponer sus acciones de tutela. Esto plantea un problema de inmediatez, cuya solución no se determina sólo con un cómputo del tiempo que dejaron trascurrir para reclamar judicialmente sus derechos, aunque el tiempo es un factor relevante. Sobre todo es necesario verificar y valorar si hay suficientes elementos de juicio en el proceso para explicar o justificar su tardanza, y hacerla razonable. A continuación la Corte Constitucional se referirá individual y específicamente a los casos en los que advierte prima facie dificultades de improcedencia del amparo asociadas a su inmediatez, y en los que además hay una circunstancia particular que amerite consideraciones puntuales, agrupándolos por tema (primero, se referirá a los casos que presentan estos problemas dentro del grupo de solicitantes de PPA, luego a los casos de este tipo que se hallan en el grupo de peticionarios de protección para el fuero sindical, y finalmente a los casos ídem que se advierten en el grupo de los que solicita amparo por considerar que pertenecen al retén social).

    iii.i. Problemas de inmediatez en los casos de PPA

  150. En todos los casos de PPA, y no sólo en los que se considerarán a continuación, se observa para empezar lo siguiente. El PPA fue ofrecido por TELECOM a sus trabajadores a comienzos del primer semestre del año dos mil tres (2003). No obstante, las acciones de tutela con esta pretensión se interpusieron en el segundo semestre del año dos mil nueve (2009). Trascurrieron entonces, entre el ofrecimiento del Plan y el de la promoción de las tutelas, por lo menos seis (6) años. Estas personas fueron ciertamente trabajadoras de una empresa que sólo se liquidó en enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual fueron desvinculados muchos de los actores. En algunas de las tutelas se alega que la inmediatez debe contarse desde ese momento. Pero conviene precisar, primero, que no todos fueron desvinculados cuando se liquidó la empresa, y que algunos lo fueron años antes (en 2003); y segundo, que incluso contando el tiempo desde esa fecha, los actores tardaron cuando menos tres (3) años para presentar sus tutelas, y ese es un término prima facie irrazonable para efectos de determinar su inmediatez. En efecto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que no cumple con la inmediatez una tutela contra el PAR, en la cual se solicita inclusión en el PPA, cuando los actores dejan trascurrir, sin justificación razonable, cerca de tres (3) años o más, contados desde su desvinculación, para presentarla (p.ej. sentencia T-551 de 2009).[218] Con todo, en algunos eventos, esa impresión de irrazonabilidad se puede desvirtuar. La Sala pasa a considerar los casos en los que se aportó algún elemento adicional, con el fin de establecer si se alcanzó a desvirtuar esa conclusión preliminar.

    150.1. En el proceso obran pruebas de que el señor L.E.M.S. interpuso a comienzos del segundo semestre de dos mil ocho (2008) una acción de tutela para proteger sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social y sus derechos laborales, en la cual solicitaba el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación. En ella no pedía, como ahora, ser incluido en el PPA. Dicha tutela fue declarada improcedente por el Juzgado Promiscuo de Cereté por medio de sentencia del dos (2) de octubre de dos mil ocho (2008),[219] decisión que fue revocada en segunda instancia por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté mediante fallo del cuatro (4) de noviembre de dos mil ocho (2008).[220] Teniendo en cuenta que su desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), se advierte que el demandante adelantó gestiones para defender sus derechos al año y medio. Esta nueva tutela, distinta en lo relevante de la anterior, fue interpuesta por el actor menos de un año después de la primera –el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009)-. Por lo que si bien la Corte considera que hay un pequeño lapso entre una y otra tutela, el que media entre su desvinculación de la compañía y la reclamación judicial de sus derechos es extenso. Y lo es más aún, el que media entre el ofrecimiento del PPA y la interposición del segundo amparo. A falta de una justificación suficiente al respecto, esta tutela debe considerarse entonces improcedente por falta de inmediatez.

    150.2. En el proceso obran elementos de prueba, que indican que el señor H.R.R.L. fue intervenido de un tumor cerebral el veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998),[221] y él dice que a causa de ello no ha conseguido trabajo, y simultáneamente funge desde su planteamiento como una justificación de la tardanza en la interposición del amparo. Asimismo, obra copia de una solicitud presentada por él ante el PAR el tres (3) de marzo de dos mil seis (2006), con el fin de que se lo reconociera como beneficiario del PPA. La Corte advierte que el señor H.R.R. fue desvinculado de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que sólo el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009) instauró la tutela. Entre tanto, de acuerdo con las pruebas obrantes, no promovió otras acciones o gestiones para defender sus derechos, salvo la actuación antes mencionada. Su sola historia médica, en conjunto con la petición referida, no es, en concepto de esta Corte, suficiente para justificar el trascurso de seis (6) años o tres (3) años respectivamente para interponer la tutela. De modo que, a la luz de lo antes expuesto, esta tutela es improcedente por falta de inmediatez.

    150.3. Obra también prueba en este proceso de que el señor B.J.D.J. elevó ante el PAR un derecho de petición, por medio del cual solicitó que se le ofreciera el PPA. Este fue respondido por la entidad el veinticuatro (24) de abril de dos mil seis (2006) señalándole que su petición era extemporánea, porque el plazo fijado para acogerse al PPA venció el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003).[222] La Corte advierte que el señor B.J.D.J. fue desvinculado de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Esto significa que presentó su derecho de petición poco después no sólo de que concluyera el proceso liquidatorio, sino también de habérsele terminado la relación laboral con TELECOM. Pero luego de eso no aparece ninguna otra actuación de su parte, hasta la promoción de la tutela que provoca este proceso, lo cual ocurrió tres (3) años después, en el mes noviembre del año dos mil nueve (2009). La sola presentación de una solicitud administrativa para ser incluido en el PPA no es, en concepto de esta Corte, suficiente para justificar los tres (3) años que dejó trascurrir después para reclamar judicialmente protección a sus derechos. De modo que, a la luz de lo antes expuesto, esta acción constitucional debe entonces juzgarse improcedente por falta de inmediatez.

    150.4. En este proceso obran pruebas de que el señor E.J.G. elevó dos peticiones antes de esta tutela, para reclamar sus derechos. Hay copia de una petición que le hizo al PAR, con el fin de que este Patrimonio lo incluyera en el PPA, y de la respuesta que se le dio el veinte (20) de diciembre de (2007) a su solicitud. También hay copia de un escrito presentado por este mismo actor el quince (15) de abril de dos mil ocho (2008) ante esa misma entidad, mediante el cual le solicitaba reliquidar la indemnización que había recibido al ser desvinculado de TELECOM. La Corte advierte que la desvinculación del señor E.J.G.A. de TELECOM ocurrió el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que la tutela la interpuso el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009). Hay, como puede verse, un amplio lapso entre la fecha de su desvinculación y el momento de interposición de las peticiones relacionadas. Como en el escrito de tutela no hay afirmaciones ni pruebas que justifiquen haber dejado pasar tanto tiempo para reclamar sus derechos (más de 4 años). A la luz de lo expuesto, esta acción debe juzgarse improcedente por falta de inmediatez.

    150.5. Se aportó copia al proceso, de una respuesta que el dio el PAR a una solicitud presentada por el señor H. de J.N.G. en el sentido de que se le reconociera el derecho a ser incluido en el PPA. Esa respuesta data del veinticinco (25) de marzo de dos mil seis (2006). La Corte advierte que el señor H. de J.N.G. fue desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Hay, por lo tanto, un corto plazo entre este momento y el de la elevación de la solicitud ante el PAR. No obstante, el intervalo entre el ofrecimiento del PPA y la presentación de la solicitud es de aproximadamente tres (3) años. Y el tiempo trascurrido entre la respuesta del PAR y la promoción de la presente tutela es también similar. El actor no expone ningún motivo que justifique, siquiera mínimamente, la tardanza inicial para solicitar la inclusión en el PPA, y luego la mora en la interposición de acciones judiciales en defensa de los derechos que consideraba desconocidos. De modo que, a la luz de lo antes expuesto, esta Corte considera que la presente acción constitucional debe entonces juzgarse improcedente por falta de inmediatez.

    150.6. Obran copias, asimismo, de las Resoluciones No. 250 y 2787, expedidas por TELECOM el diecinueve (19) de julio y el dieciocho (18) de octubre de dos mil cinco (2005) respectivamente, en las cuales se le niega al señor G.P. Fuentes su derecho a ser incluido en el PPA que había ofrecido dicha compañía, por no reunir los requisitos necesarios para gozar de ese beneficio. La Corte constata que el señor G.P.F. fue desvinculado de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que interpuso su tutela el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009). Hay, como se ve, un amplio período entre la fecha de desvinculación de la entidad (coincidente con el contexto temporal en que se ofreció el PPA) y la interposición de la tutela, que aparece mediado por la solicitud de inclusión en el PPA. No obstante, se advierte que también existe un amplio lapso entre las resoluciones que le negaron esta petición y la promoción del amparo que provoca el presente proceso. Y no hay motivos que justifique el trascurso de tanto tiempo para reclamar la protección judicial de los derechos. Según lo expuesto, la acción es pues improcedente por falta de inmediatez.

    150.7. Al proceso se allegó también copia de una de respuesta que le dio TELECOM al señor W.M.R.C., en la cual le niega una solicitud que este había prestado en el sentido de ser incorporado al grupo de beneficiarios del PPA. La respuesta data del cuatro (4) de abril de dos mil tres (2003). La Corte constata que el señor W.M.R.C. fue desvinculado de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y que interpuso su tutela el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009). Trascurrieron por lo tanto seis (6) años entre la respuesta a su petición, y la interposición del amparo, y ese lapso no está justificado con suficiencia en el expediente. Asimismo, se presentó un lapso de más de tres (3) años entre la fecha de terminación de su vínculo con TELECOM y la promoción de la tutela, y este lapso tampoco está justificado. De modo que, a la luz de lo antes expuesto, la presente acción debe entonces juzgarse improcedente por falta de inmediatez.

    150.8. Se aportó copia al proceso, de una respuesta que el dio el PAR a una solicitud presentada por el señor al señor A.S.M. para que se le reconociera el derecho a ser incluido en el PPA. Esa respuesta data del veinticuatro (24) de abril de dos mil seis (2006), y la entidad negó su petición señalando que no reunía los requisitos exigidos para ser sujeto de este beneficio. La Corte advierte que el señor A.S.M. fue desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Hay, por lo tanto, un corto plazo entre este momento y el de la elevación de la solicitud ante el PAR. No obstante, el intervalo entre el ofrecimiento del PPA y la presentación de la solicitud es de aproximadamente tres (3) años. Y el tiempo trascurrido entre la respuesta del PAR y la promoción de la presente tutela es también similar. El actor no expone ningún motivo que justifique, siquiera mínimamente, la tardanza inicial para solicitar la inclusión en el PPA, y luego la mora en la interposición de acciones judiciales en defensa de los derechos que consideraba desconocidos. A la luz de lo antes expuesto, esta Corte considera que la acción debe juzgarse improcedente por falta de inmediatez.

    150.9. Obra copia también de una petición formulada por el señor Julio de J.S.M., en la cual le solicita al PAR incluirlo en el PPA. El escrito no tiene fecha, ni constancia de recibido por alguna autoridad que tuviera vínculos con la administración del PPA. La Corte considera que esto no es prueba de que el señor J. de J.S.M. hubiese obrado con diligencia en la defensa de sus derechos fundamentales. Por lo demás, la Corte advierte que este demandante fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que promovió su tutela el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009). Es decir, que trascurrieron seis (6) años para interponer la acción, contados desde el ofrecimiento del PPA, y tres (3) años, contados desde la terminación de su vínculo. Una sola petición en el medio de cualquiera de esos extremos es insuficiente para justificar la tardanza en la reclamación tutelar de sus derechos. De modo que, a la luz de lo antes expuesto, la solicitud de protección es improcedente por falta de inmediatez.

    150.10. Al expediente se adjuntó copia de la respuesta dada por el PAR a una petición que había presentado el señor J.R.S.S., en el sentido de que se lo incluyera en el grupo de beneficiarios del PPA. No es legible la fecha de expedición de esa respuesta. La Corte advierte que este demandante fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que promovió su tutela el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009). Es decir, que trascurrieron seis (6) años para interponer la acción, contados desde el ofrecimiento del PPA, y tres (3) años para los mismos efectos, contados desde la terminación de su vínculo. Una sola petición en el medio de cualquiera de esos extremos es insuficiente para justificar la tardanza en la reclamación tutelar de sus derechos. La fecha de expedición de la respuesta no altera entonces la resolución de su tutela. De acuerdo con lo antes expuesto, la Sala Plena de la Corte considera que la solicitud de protección judicial de este accionante es improcedente por falta de inmediatez.

    150.11. Obra copia de una respuesta dada por TELECOM a una solicitud de la señora S.I.S.E., en la que pedía información sobre las razones por las cuales no fue incluida en el PPA. La respuesta data del veintiséis (26) de octubre de dos mil cuatro (2004). La Corte constata que esta accionante fue desvinculada de la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que interpuso el amparo que provoca este proceso el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009). Trascurrieron entonces seis (6) años desde que fue desvinculada (momento coincidente con el del ofrecimiento del PPA) y cinco (5) años desde que se le dio respuesta a su solicitud de información sobre la inclusión en dicho Plan. Sin embargo, esta actora no expone motivos que justifiquen la tardanza que se percibe en la reclamación de amparo de sus derechos. De modo que, conforme con lo antes expuesto, la Sala Plena considera que esta solicitud resulta improcedente por falta de inmediatez.

    150.12. En el expediente reposan también pruebas de que el señor C.R.O.C. presentó ante el PAR en dos mil nueve (2009) una serie de documentos para el trámite de su pensión. La Corte constata que este demandante fue desvinculado de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que interpuso la tutela que provoca este proceso el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009). Hay entre ambos extremos, como se puede apreciar, un amplio lapso. La petición data del mismo año en que interpuso el amparo. El tiempo trascurrido entre los extremos antes mencionados no está justificado en los medios de prueba aportados al proceso. De tal suerte, conforme con lo antes expuesto, la Corte Constitucional considera que la acción de tutela presentada por el señor C.R.O.C. es improcedente por falta de inmediatez.

    150.13. El señor J.A.G., de acuerdo con las pruebas, obtuvo el veinte (20) de abril de dos mil seis (2006) una respuesta del PAR a su solicitud de ser incluido en el PPA. En ella se le informó que el plazo para ser incorporado en dicho Plan vencía el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003). La Corte advierte que este peticionario fue desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). En consecuencia, tardó un total de seis (6) años para interponer la tutela, contados desde el momento en que se ofreció el PPA, y de tres (3) años para los mismos efectos, computados desde cuando obtuvo la respuesta del PAR antes reseñada. Dejó entonces pasar, como se ve, un amplio lapso para reclamar la protección de sus derechos constitucionales. Por lo mismo, conforme con lo antes expuesto, la Corte Constitucional considera que la acción de tutela presentada por el señor J.A.G. debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez.

    150.14. En el expediente reposa copia de una solicitud elevada por el señor Severo Ramírez Abril ante Fiduagraria – Fidupopular en el mes de abril del año dos mil seis (2006). En ella reclamaba el derecho, que a su juicio tenía, de ser incluido en el PPA. Esta Corte advierte que el señor R.A. fue desvinculado de la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que presentó su tutela el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009). Hay, como puede verse, un amplio lapso entre la fecha de ofrecimiento del PPA o de la terminación del vínculo laboral del actor y la de promoción del amparo. No obstante, no hay motivos en que justifiquen la inacción durante tanto tiempo. Por lo mismo, conforme con lo antes expuesto, la Corte Constitucional considera que la tutela presentada por el señor Severo Ramírez Abril debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez.

    150.15. Obra copia de una respuesta dirigida por el PAR a la señora M.B.R. el tres (3) de noviembre de dos mil seis (2006), que versa sobre una solicitud de esta última de ser incluida en el grupo de beneficiarios del PPA. La Corte advierte que esta misma peticionaria interpuso la presente acción de tutela el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009). Según las pruebas, había sido desvinculada de TELECOM en la fecha de terminación del proceso liquidatorio; es decir, el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). De modo que dejó trascurrir, para promover el amparo, un término de seis (6) años contados desde que fue ofrecido el PPA, uno de tres (3) años computado desde que se le acabó el vínculo laboral con la compañía, y uno de dos (2) años contados desde que se le dio respuesta a su solicitud de inclusión al PPA. La tutelante no expone motivos que justifiquen con suficiencia el trascurso de tan amplio período de tiempo para reclamar la protección judicial de sus derechos. Por lo mismo, conforme con lo antes expuesto, la Corte Constitucional considera que la tutela presentada por la señora M.B.R. debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez.

    150.16. En el caso del señor J.A.G.V. se aportó copia de una comunicación que le remitió TELECOM, en el sentido de que no podía ingresar en calidad de prepensionado al retén social. Esa comunicación data del cuatro (4) de noviembre de dos mil tres (2003). La Corte advierte que este tutelante promovió el amparo el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009), y que fue desvinculado desde el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Así, para interponer la acción que provoca este proceso, el demandante dejó pasar un término aproximado de seis (6) años, contados desde cualquiera de estos tres puntos: desde su desvinculación, desde el ofrecimiento del PPA o desde que se le envió la comunicación. Sin embargo, en el expediente no hay motivos que justifiquen el trascurso de tan amplio períodos. Por lo cual, según lo antes expuesto, la Corte Constitucional considera que la tutela presentada por el señor J.A.G.V. debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez.

    150.17. Obra copia en el expediente de una respuesta enviada por el PAR al señor W.G., en la cual se refiere a la solicitud de este último de que se le relacionara el tiempo de servicios a favor del TELECOM. Esta respuesta data del doce (12) de junio de dos mil ocho (2008). No obra la fecha de interposición de la solicitud. La Corte constata que este peticionario interpuso su tutela el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009), y que fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Es decir, que para promover la acción que provoca este proceso, el demandante dejó trascurrir un término de seis (6) años, contados desde cuando se ofreció el PPA, y uno de tres (3) años desde cuando fue desvinculado. Este último estuvo mediado por una reclamación ante el PAR. Aunque es verificable la fecha de respuesta a esta última, no lo es la de interposición de la solicitud. Esto, aunque debe interpretarse a favor de una resolución de fondo de la tutela (pro actione), no es sin embargo suficiente para desvirtuar el problema de inmediatez. Pasaron seis (6) años entre el momento en que TELECOM ofreció el PPA a sus trabajadores y la fecha en que se instauró esta tutela. Sólo la presentación de una única petición no es argumento suficiente para justificar un lapso tan amplio. Por tanto, según lo expuesto, la tutela debe ser declarada improcedente.

    150.18. Al proceso también se allegó copia de una respuesta dada por el PAR al señor J.I.M., en la cual se refiere a la solicitud presentada por este último de que se le informara cuál fue el tiempo de servicios a favor de TELECOM. La respuesta data del veintiocho (28) de agosto de dos mil siete (2007). La Corte constata que este peticionario presentó su tutela el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009), y que fue desvinculado de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Es decir, dejó trascurrir, para interponer la tutela, un término de seis (6) años contados desde el ofrecimiento del PPA, y uno de dos (2) años desde cuando se le dio respuesta a su solicitud. Sin embargo, en el expediente no expone motivos que justifiquen con suficiencia el trascurso de tan amplio períodos. Por lo cual, de acuerdo con lo antes expuesto, la Corte considera que la tutela presentada por el señor J.I.M. debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez.

    150.19. De acuerdo con las acciones de tutela, los señores L.I.P., L.A.B. y F.J.S.M. tienen a la fecha en que se profiere esta sentencia, respectivamente, 62, 61 y 60 años de edad. Esto los haría, según una postura jurisprudencial no pacífica, adoptada por la Corte Constitucional, sujetos de especial protección por ser personas de la tercera edad (CP arts. 13 y 46), categoría en la cual que quedarían incluidos los individuos que cuenten con sesenta (60) o más años de edad.[223] Ahora bien, la pregunta relevante debe ser entonces esta: ¿sería suficiente esa sola circunstancia para justificar la tardanza de tres o más años para interponer la tutela que se advierte en cada uno de sus casos?[224] La Sala Plena considera que no. En primer lugar, porque durante el tiempo que dejaron trascurrir para presentar sus solicitudes de amparo tenían menos de 60 años de edad, lo cual indica que no era desproporcionado para ellos adelantar gestiones, incluso judiciales, para obtener protección judicial a sus derechos. En segundo lugar, porque de acuerdo con las pruebas estos demandantes no tenían ningún otro motivo para dejar de interponer la tutela durante todo ese tiempo, y aún después de cumplidos los sesenta (60) años requerirían de otra razón diferente a su edad para justificar su tardanza.

    150.20. Obra copia en el proceso de que el señor J.L. De Oro Mejía presentó una petición ante TELECOM el veintidós (22) de octubre de dos mil tres (2003) en la que solicitó el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación, la cual había sido a su juicio ilegal, o que se lo reintegrara o se le reconociera como prepensionado, o se le pagara una indemnización. El trece (13) de febrero de dos mil seis (2006) presentó una nueva solicitud, pero esta vez en el sentido de que se le reconociera una pensión de jubilación. El doce (12) de mayo de dos mil seis (2006) se le contestó este último. Entre tanto, el veintidós (22) de marzo intentó una nueva reclamación con el propósito de ser incluido en el retén social. La Corte advierte que este peticionario fue desvinculado definitivamente de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y esto se debió de acuerdo con lo que puede inferirse de las pruebas, a que fue reintegrado luego de su primera petición. La tutela la interpuso en agosto de dos mil nueve (2009,) de modo que dejó trascurrir más de tres (3) años para ello. Después de su desvinculación final, y de la liquidación de la entidad, presentó ciertamente dos derechos de petición, pero luego de mayo de dos mil seis (2006) no adelantó gestiones en defensa de sus derechos. Son entonces tres (3) años de inactividad, sin otros motivos que justifiquen la tardanza. Este término es irrazonable, y por tanto la Corte declarará improcedente su tutela.

    150.21. Al proceso se allegaron también pruebas de que el PAR reconoció, en oficio del veintisiete (27) de octubre de dos mil seis (2006), que el señor I.R.R. era beneficiario del retén social, aunque no se precisa en qué condición. Obra asimismo copia de una petición presentada por él ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encaminada a obtener determinadas prestaciones de orden social. Esa solicitud la formuló el veintidós (22) de mayo de dos mil seis (2006). El demandante fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), instauró la tutela en agosto de dos mil nueve (2009), dejando trascurrir, como se ve, un término de seis (6) años para promover el amparo, contados desde el ofrecimiento del PPA, y de tres (3) años, computados desde cuando se produjo su desvinculación. Una sola solicitud no es suficiente para considerar que hubiese actuado con diligencia. Su calidad de beneficiario del retén social no contribuye tampoco a desvirtuar la irrazonabilidad prima facie de un período tan amplio de inactividad en pro de sus derechos, pues no está claro en qué condición adquirió esa calidad. Podría ser en calidad de prepensionado, por ejemplo. Pero ese factor no ha sido dirimente para amortiguar una impresión inicial de improcedencia por falta de inmediatez. En definitiva, la Corte Constitucional concluye que en este caso debe declarar improcedente la tutela.

    150.22. Obra copia en el proceso de que los señores J.E.S.G. y J.C.H.P. promovieron reclamación administrativa ante el PAR el veintisiete (27) y el nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006) respectivamente, con el propósito de que se le reconociera el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte constata que los demandantes fueron desvinculados el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) el primero, y el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) el segundo, y que ambos instauraron la tutela en agosto de dos mil nueve (2009). El señor Salamanca dejó trascurrir un término de seis (6) o tres (3) años para interponer el amparo, según se cuente el término desde el ofrecimiento del PPA o desde cuando se produjo su desvinculación. Con independencia del evento que se tome como punto de partida, este término es en principio irrazonable, y esa impresión no resulta derrotada por un derecho de petición. Los actores tampoco exponen motivos de otra índole en esa dirección, en virtud de los cuales sea posible concluir que fueran sujetos de especial protección constitucional, que hubiesen estado sometidos a fuerza mayor, o que haya sido imposible para ellos acudir en el interregno a la justicia o la administración a reclamar sus derechos. Con fundamento en ello, la Corte Constitucional declarará improcedente sus acciones de tutela.

    150.23. Obra copia de que el señor J.E.S.G. presentó dos reclamaciones antes de esta tutela: el veintiocho (28) de febrero y el cuatro (4) de marzo de dos mil seis (2006). En ambas, pedía solicitaba que se le reconociera su derecho a ser incluido en el PPA. La Corte constata que el demandante fue desvinculado del TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que instauró su tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, como se ve, seis (6) años para interponer el amparo, con independencia de si estos se cuentan desde cuando fue desvinculado o desde que se ofreció el Plan. Las reclamaciones que adelantó en el dos mil seis (2006) no son suficientes para desvirtuar la conclusión prima facie de irrazonabilidad que pesa sobre un término tan amplio para promover el amparo. No hay justificación para haber dejado trascurrir antes y después de esos trámites ante la administración sendos períodos de aproximadamente tres (3) años. Tampoco obran elementos suficientes que lleven a la Sala a pensar que el tutelante sea una persona en especiales circunstancias de vulnerabilidad, que hubiese estado sometido a una fuerza mayor, o algo del mismo rigor. En ese contexto, a juicio de la Corte Constitucional la tutela debe declararse improcedente.

    150.24. En lo que se refiere al señor R.N.T.V. la Sala observa que obra copia de una petición del primero, elevada con el fin de que se lo incluyera como beneficiario del PPA. No es legible la fecha de radicación, ni la entidad. Se puede apreciar en el proceso que el demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró la tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, como se ve, seis (6) años aproximadamente para interponer su amparo, con independencia de si estos se cuentan desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó una reclamación, y eso resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del intervalo que dejó pasar antes de promover el amparo. De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Corte considera que la tutela es improcedente.

    150.25. El señor J.M.T.B. presentó también, según puede inferirse del acervo probatorio del proceso, una reclamación administrativa ante el PAR el trece (13) de marzo de dos mil seis (2006). La Corte Constitucional observa que este demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que instauró la tutela que provoca esta sentencia en agosto de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, por lo tanto, seis (6) años aproximadamente para interponer su amparo, con independencia de si estos se cuentan desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó un derecho de petición. Eso, en concepto de la Sala Plena, resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge del intervalo que dejó pasar antes de promover la presente solicitud amparo. De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Corte Constitucional considera que la tutela es improcedente.

    150.26. En lo que atañe al señor F.J.S.F., hay también evidencia de que interpuso una petición en marzo de dos mil seis (2006) ante el PAR, pero no es legible el día específico de ese mes en que lo hizo. En ella solicitaba que se lo incluyera en el PPA. La Corte constata que este demandante fue desvinculado de la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró la tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Esto indica que dejó trascurrir seis (6) años aproximadamente para interponer su amparo, con independencia de si estos se cuentan desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó una reclamación, y eso resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del intervalo que dejó pasar antes de promover el amparo. De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Corte considera que la tutela debe declararse improcedente.

    150.27. Obra copia de una petición presentada por el señor V.J.S.C. ante el PAR, que data del seis (6) de marzo de dos mil seis (2006). En ella solicitaba se le reconociera su derecho a ser incluido en el PPA. La Corte Constitucional observa que este demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que instauró la tutela que provoca esta sentencia en agosto de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, por lo tanto, seis (6) años aproximadamente para interponer su amparo, con independencia de si estos se cuentan desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó un derecho de petición. Eso, en concepto de la Sala Plena, resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge del intervalo que dejó pasar antes de promover la presente solicitud amparo. De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Sala Plena de la Corte considera que la tutela es improcedente.

    150.28. De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, el señor L.F.R.M. presentó antes de esta tutela un derecho de petición ante el PAR el seis (6) de marzo de dos mil seis (2006). En él solicitaba que se lo incluyera dentro del grupo de beneficiarios del PPA. La Sala observa que este demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que el actor instauró la tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Lo cual indica que dejó trascurrir seis (6) años aproximadamente para interponer el amparo, con independencia de si este término se cuenta desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno sólo presentó entonces una reclamación, y eso resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del intervalo que dejó pasar antes de promover el amparo. De conformidad con lo antes expuesto en cuanto a los criterios de inmediatez, la Corte Constitucional considera que la acción de tutela debe ser declarada improcedente.

    150.29. En el caso del señor E.P.R.R. se advierte que el once (11) de septiembre de dos mil tres (2003) elevó derecho de petición ante TELECOM para que lo reconociera como beneficiario del retén social. Las respuestas a esta solicitud también reposan en el proceso, y datan del ocho (8) de octubre y del doce (12) de noviembre de dos mil tres (2003). La Sala constata que este accionante fue desvinculado de la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que instauró su tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, por lo tanto, seis (6) años aproximadamente para interponer su amparo, con independencia de si estos se cuentan desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó un derecho de petición. Eso, en concepto de la Sala Plena, resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge del intervalo que dejó pasar antes de promover la presente solicitud amparo. De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Sala Plena de la Corte considera que la tutela es improcedente.

    150.30. La señora E.P.R.C. presentó reclamación administrativa y agotó la vía gubernativa, iniciando este trámite el veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009), con el fin de que se le reconociera su derecho a ser incluida en el PPA. La demandante fue desvinculada de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) e instauró esta tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Es decir, dejó pasar seis (6) años aproximadamente, no sólo para interponer su amparo, sino también para adelantar una gestión administrativa. Este término es igual, con independencia de si se cuenta desde que la actora fue removida de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó un derecho de petición, pero en el mismo año en el que promovió la tutela. Eso resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge del intervalo que dejó pasar antes de promover la presente solicitud amparo. De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Corte Constitucional considera que la tutela es improcedente.

    150.31. En lo que se refiere al señor J.R.A., se advierte que presentó derecho de petición ante el PAR el seis (6) de marzo de dos mil seis (2006), con el fin de que ser reconocido como beneficiario del PPA. No obra copia de la contestación. La Corte observa que este peticionario fue desvinculado de la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que instauró su tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, por lo tanto, seis (6) años aproximadamente para interponer su amparo, con independencia de si estos se cuentan desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó un derecho de petición. Eso, en concepto de la Sala Plena, resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge del intervalo que dejó pasar antes de promover la presente solicitud amparo. De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Sala Plena de la Corte considera que la tutela es improcedente.

    150.32. Al proceso se aportaron también sendas copias de dos peticiones elevadas por el señor J.R.R.: la primera data del ocho (8) de julio de dos mil tres (2003) y la segunda del seis (6) de marzo de dos mil seis (2006), pero en ambas pedía que se le reconociera el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte Constitucional advierte que este actor fue desvinculado de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que presentó esta tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Lo cual indica que dejó trascurrir seis (6) años aproximadamente para interponer el amparo, con independencia de si este término se cuenta desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno sólo presentó entonces dos reclamaciones, y eso resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del intervalo que dejó pasar antes de promover el amparo. El actor no expone ninguna otra circunstancia que justifique un lapso tan amplio para exigir protección judicial a sus derechos constitucionales. De conformidad con lo antes expuesto en cuanto a los criterios de inmediatez, la Corte Constitucional considera que la acción de tutela del señor R.R. debe ser declarada improcedente.

    150.33. La señora D.P. y el señor C.A.A.G. presentaron una petición el ocho (8) de julio de dos mil tres (2003) con el propósito de que se les reconociera su derecho a ser incluidos en el PPA. No obra la contestación de TELECOM. La Corte constata sin embargo que la primera peticionaria fue desvinculada de su cargo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que el segundo, lo fue el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). En ninguno de los casos, la petición referida logra desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge de dejar trascurrir términos de tres (3) o seis (6) años, según el caso, contados incluso desde su desvinculación, para intentar una defensa de los derechos fundamentales que se estiman conculcados. El anterior aserto se refuerza, una vez se advierte que no hay elementos para concluir que los demandantes sean personas en especiales condiciones de vulnerabilidad, que hubiesen estado sometidos a una fuerza mayor en ese interregno o que para ellos resultara desproporcionado interponer una tutela. Por lo mismo, la Corte declarará improcedentes sus amparos.

    150.34. En el expediente T-2500881 se encuentra como tutelante el señor A.C.G.. Este peticionario trabajó para TELECOM, primero, hasta el mes de julio de dos mil dos (2002), pero luego fue vinculado y laboró para esta compañía hasta el treinta (30) de enero de dos mil seis (2006). Instauró su tutela el veinticuatro (24) de julio de dos mil nueve (2009) para pedir que se lo incluya en el PPA. En su caso, la petición referida no logra desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge de dejar trascurrir términos de tres (3) o seis (6) años, según el caso, contados incluso desde su desvinculación, para intentar una defensa de los derechos fundamentales que se estima conculcados. El anterior aserto se refuerza, una vez se advierte que no hay elementos para concluir que el demandante sea una persona en especial condición de vulnerabilidad, que hubiese estado sometido a fuerza mayor en ese interregno o que resultara desproporcionado para él interponer una tutela oportunamente. La Sala Plena de la Corte Constitucional declarará entonces improcedente su acción de tutela por falta de inmediatez.

  151. En definitiva, en el cuadro que se expone a continuación se relacionarán las personas que solicitan PPA y cuyas tutelas son improcedentes por falta de inmediatez. En esa tabla están incluidos los nombres de otros accionantes que piden ser incluidos en el PPA y no fueron enunciados en los párrafos anteriores, pues sus solicitudes de amparo son también improcedentes por falta de inmediatez. En sus casos no habrá, sin embargo, una consideración específica, similar a la que se hizo en los párrafos precedentes, debido a que no sólo tardaron también un periodo demasiado extenso para presentar sus amparos, sino que aparte dejaron de aportar –teniendo oportunidad de hacerlo- elementos de juicio adicionales para desvirtuar la impresión inicial de falta de inmediatez. La Corte advierte asimismo que tienen menos de sesenta (60) años y, por tanto, no son personas de la tercera edad, según la jurisprudencia. No hay pruebas de que hubiesen obrado con suficiente diligencia para solicitar lo que ahora reclaman. Tampoco está acreditado que hayan estado sometidas a fuerza mayor, o que sea desproporcionado adjudicarles la carga de acudir a un juez con prontitud, debido por ejemplo a su estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física. En esa medida, la Corte declarará improcedentes las tutelas de PPA de todos los siguientes actores:

    Accionantes – Tutelas improcedentes por falta de inmediatez PPA

    Nro.

    Nombre del tutelante

    Expediente

    Tema de fondo

    1

    L.E.M.S.

    T-2471345

    PPA

    2

    E.R.C.P.

    T-2471345

    PPA

    3

    Dulfary Elena Echavarría Parra

    T-2471345

    PPA

    4

    J.C.F.V.

    T-2471345

    PPA

    5

    1. de J.G.R.

      T-2471345

      PPA

      6

      D.M.L.M.

      T-2471345

      PPA

      7

      Ángel María Mora Lastra

      T-2471345

      PPA

      8

      E.P.A.

      T-2471345

      PPA

      9

      R.P.U.

      T-2471345

      PPA

      10

      Luz Eugenia Quintero Tello

      T-2471345

      PPA

      11

      Á. delC.R.G.

      T-2471345

      PPA

      12

      Luis Eduardo Santos Escobar

      T-2471345

      PPA

      13

      Juan María Verdecia Sarmiento

      T-2471345

      PPA

      14

      O.A.Y.T.

      T-2471345

      PPA

      15

      R.D.Á.A.

      T-2471345

      PPA

      16

      Ruth Milena Gómez Hernández

      T-2476358

      PPA

      17

      A.Y.M.R.,

      T-2476358

      PPA

      18

      Gloria Stella Hincapié Guzmán

      T-2476358

      PPA

      19

      Lupe Cecilia Serrano Moreno

      T-2476358

      PPA

      20

      M.P.G.

      T-2476358

      PPA

      21

    2. de J.G. Villada

      T-2476358

      PPA

      22

      Alicia Zabala

      T-2476358

      PPA

      23

      E.D.T.G.

      T-2476358

      PPA

      24

      L.H.G.Á.

      T-2476358

      PPA

      25

      Libardo Antonio Moreno Pineda

      T-2476358

      PPA

      26

      A.C.V.

      T-2476358

      PPA

      27

      H.R.Z.

      T-2476358

      PPA

      28

      J.R.C.A.

      T-2476358

      PPA

      29

      F.M.L.

      T-2476358

      PPA

      30

      Jisela del P.R.J.

      T-2476358

      PPA

      31

      Álvaro José Morales Ezqueda

      T-2476358

      PPA

      32

      Floralba Sánchez Pérez

      T-2476358

      PPA

      33

      Flor Emilia Campo Vargas

      T-2476358

      PPA

      34

      Miriam Avendaño Amaya

      T-2476358

      PPA

      35

      Cristo Rafael Pájaro Almanza

      T-2476358

      PPA

      36

      L.F.C.O.

      T-2476358

      PPA

      37

      J.A.M.V.

      T-2476358

      PPA

      38

      María del Socorro Restrepo Gómez

      T-2476358

      PPA

      39

      C.E.B.A.

      T-2476358

      PPA

      40

      Eduardo Antonio Acosta Luna

      T-2476359

      PPA

      41

      C.Z.B.P.

      T-2476359

      PPA

      42

      N.Y.C. Granados

      T-2476359

      PPA

      43

      J.L. De Oro Mejía

      T-2476359

      PPA

      44

      J.C.H.P.

      T-2476359

      PPA

      45

      Omaira Infante Suárez

      T-2476359

      PPA

      46

      Doris Consuelo Jaimes de Barreto

      T-2476359

      PPA

      47

      Ismael Rincón Ramírez

      T-2476359

      PPA

      48

      Juan Emiliano Salamanca Guzmán

      T-2476359

      PPA

      49

      Fernando Enrique Vila Carvajal

      T-2476359

      PPA

      50

      S.P.M.T.

      T-2484301

      PPA

      51

      H.R.R.L.

      T-2484301

      PPA

      52

      Fair Ramírez Rubio

      T-2484301

      PPA

      53

      E.P.R.R.

      T-2484301

      PPA

      54

      Jairo Rojas Acuña

      T-2484301

      PPA

      55

      E.P.R.C.

      T-2484301

      PPA

      56

      L.F. Rueda Maluendas

      T-2484301

      PPA

      57

      F.J.S.F.

      T-2484301

      PPA

      58

      Víctor Julio Sierra Canastero

      T-2484301

      PPA

      59

      J.E.S.G.

      T-2484301

      PPA

      60

      J.M.T.B.

      T-2484301

      PPA

      61

      Rubén Norberto Torres Vega

      T-2484301

      PPA

      62

      Martha Luz Builes Zuluaga

      T-2507052

      PPA

      63

      G.A.A.G.

      T-2507052

      PPA

      64

      L.A.B.M.

      T-2507052

      PPA

      65

      Kathy del Socorro Bustillo Pertuz

      T-2507052

      PPA

      66

      Rosa Irene Del Río Bastidas

      T-2507052

      PPA

      67

      G.D.M.

      T-2507052

      PPA

      68

      José Eugenio Fonseca Silva

      T-2507052

      PPA

      69

      José Hernán González Martínez,

      T-2507052

      PPA

      70

      Wither del Socorro Gutiérrez Mazo

      T-2507052

      PPA

      71

      Ruth de las Mercedes Laguna Ortega

      T-2507052

      PPA

      72

      Arline Livingston Britton

      T-2507052

      PPA

      73

      María Nohemy López López

      T-2507052

      PPA

      74

      M.E.P.Á.

      T-2507052

      PPA

      75

      Luis Enrique Medina Lima

      T-2507052

      PPA

      76

      L.A.M.R.

      T-2507052

      PPA

      77

      L.M.M.M.

      T-2507052

      PPA

      78

      I.M.P.

      T-2507052

      PPA

      79

      F.A.O.C.

      T-2507052

      PPA

      80

      A.J.P.R.

      T-2507052

      PPA

      81

      R.A.P. Granados

      T-2507052

      PPA

      82

      Armando Peña Ruíz

      T-2507052

      PPA

      83

      Efrén José Peroza Ricardo

      T-2507052

      PPA

      84

      J.A.Q.B.

      T-2507052

      PPA

      85

      Deccy Yanire Quiroga Moncaleano

      T-2507052

      PPA

      86

      M.B.R.A.

      T-2507052

      PPA

      87

      L.G.R.R.

      T-2507052

      PPA

      88

      María Edid Rivera Brand

      T-2507052

      PPA

      89

      Jacinto Manuel Rodríguez González

      T-2507052

      PPA

      90

      Martha Irene Tamayo Muletón

      T-2507052

      PPA

      91

      J.G.T.O.

      T-2507052

      PPA

      92

      León Nicolás Villada Mejía

      T-2507052

      PPA

      93

      Eduardo Villanueva Varón

      T-2507052

      PPA

      94

      Luz María Zuluaga Silva

      T-2507052

      PPA

      95

      A.E.B.R.

      T-2537070

      PPA

      96

      D.E.C.V.

      T-2537070

      PPA

      97

      B.J.D.J.

      T-2537070

      PPA

      98

      A.G.E.O.

      T-2537070

      PPA

      99

      Nilson de J.G.M.

      T-2537070

      PPA

      100

      E.J.G.

      T-2537070

      PPA

      101

      M.L.M.B.

      T-2537070

      PPA

      102

      Hernando de J.N.G.

      T-2537070

      PPA

      103

      Silvestre Palencia Villafanez

      T-2537070

      PPA

      104

      O.D.P.L.

      T-2537070

      PPA

      105

      Gregorio Puentes Fuentes

      T-2537070

      PPA

      106

      Wilfrido M.R.C.

      T-2537070

      PPA

      107

      A.S.M.

      T-2537070

      PPA

      108

      L.A.S.A.

      T-2537070

      PPA

      109

      Julio de Jesús Solano Mercado

      T-2537070

      PPA

      110

      J.R.S.S.

      T-2537070

      PPA

      111

      A.L.Z.C.

      T-2537070

      PPA

      112

      E.R.A.V.

      T-2537078

      PPA

      113

      Jairo Angarita Crespo

      T-2537078

      PPA

      114

      Carlos Arturo Arias Guzmán

      T-2537078

      PPA

      115

      J.R.B.S.

      T-2537078

      PPA

      116

      A.B.P.

      T-2537078

      PPA

      117

      R.B.O.

      T-2537078

      PPA

      118

      Ricardo Castillo Arias

      T-2537078

      PPA

      119

      J.R.C.M.

      T-2537078

      PPA

      120

      Lucio Daza Bautista

      T-2537078

      PPA

      121

      Walter Franco Herrera

      T-2537078

      PPA

      122

      J.G.G. Granados

      T-2537078

      PPA

      123

      M.A.G.G.

      T-2537078

      PPA

      124

      J.G.G.

      T-2537078

      PPA

      125

      R.E.J.P.

      T-2537078

      PPA

      126

      R.L.M.

      T-2537078

      PPA

      127

      J.H.M.M.,

      T-2537078

      PPA

      128

      J.D.N.V.

      T-2537078

      PPA

      129

      M.C.N.

      T-2537078

      PPA

      130

      L.I.P.P.

      T-2537078

      PPA

      131

      G.P.G.

      T-2537078

      PPA

      132

      Helcias Pérez Asprilla

      T-2537078

      PPA

      133

      Doris Pérez

      T-2537078

      PPA

      134

      Víctor Alfonso Pinilla Rodríguez

      T-2537078

      PPA

      135

      Víctor Jaime Ramírez López

      T-2537078

      PPA

      136

      Ovidio de J.S.V.

      T-2537078

      PPA

      137

      Albeiro de Jesús Sierra Patiño

      T-2537078

      PPA

      138

      J.S.

      T-2537078

      PPA

      139

      Mauricio Toquica Parra

      T-2537078

      PPA

      140

      Diego Filmar Zuluaga Cardona

      T-2537078

      PPA

      141

      J.E.F.C.

      T-2564079

      PPA

      142

      F.C.V.

      T-2564079

      PPA

      143

      Nelson López Carvajal

      T-2564079

      PPA

      144

      María Rocío Ocampo Quintero

      T-2564079

      PPA

      145

      J.F.R.M.

      T-2564079

      PPA

      146

      D.U.H.

      T-2564079

      PPA

      147

      T.E.V.B.

      T-2564079

      PPA

      148

      J.M.L.S.

      T-2566146

      PPA

      149

      J.A.B.

      T-2566146

      PPA

      150

      L.A.C.G.

      T-2566146

      PPA

      151

      Yadira Castro Santamaría

      T-2566146

      PPA

      152

      Jorge René García Correa

      T-2566146

      PPA

      153

      H.R.G.D.

      T-2566146

      PPA

      154

      J.O.G.L.

      T-2566146

      PPA

      155

      E.H.B.

      T-2566146

      PPA

      156

      M.L.T.

      T-2566146

      PPA

      157

      Liliana Lengua Annichiarico

      T-2566146

      PPA

      158

      C.A.L.A.

      T-2566146

      PPA

      159

      J.O.L.M.

      T-2566146

      PPA

      160

      J.M.O.

      T-2566146

      PPA

      161

      Á.M.B.

      T-2566146

      PPA

      162

      Yolanda Mejía Suárez

      T-2566146

      PPA

      163

      H.R.M.A.

      T-2566146

      PPA

      164

      J.G.M.C.

      T-2566146

      PPA

      165

      Orlando Orjuela Muñoz

      T-2566146

      PPA

      166

      Gloria Ignacia Pachón Robayo

      T-2566146

      PPA

      167

      Alejandro Poveda Casallas

      T-2566146

      PPA

      168

      J.C.R.H.

      T-2566146

      PPA

      169

      Álvaro Rodríguez Alfonso

      T-2566146

      PPA

      170

      E.U.S.G.

      T-2566146

      PPA

      171

      H.S.P.

      T-2566146

      PPA

      172

      Fredys Sobrino Beleño

      T-2566146

      PPA

      173

      F.J.S.M.

      T-2566146

      PPA

      174

      C.O.T.Q.

      T-2566146

      PPA

      175

      L.A.V.C.

      T-2566146

      PPA

      176

      Rodrigo Cid Alarcón Lotero

      T-2579968

      PPA

      177

      J.A.A.S.

      T-2579968

      PPA

      178

      J.A.G.

      T-2579968

      PPA

      179

      J.A.A.V.

      T-2579968

      PPA

      180

      R.L.C.S.

      T-2579968

      PPA

      181

      V.C.D.

      T-2579968

      PPA

      182

      Nelson Riquelmins Cortes Martínez

      T-2579968

      PPA

      183

      L.A.D.V.

      T-2579968

      PPA

      184

      Germán Cabuya Parra

      T-2579968

      PPA

      185

      Isabel González García

      T-2579968

      PPA

      186

      J.J.G.U.F.

      T-2579968

      PPA

      187

      F.H.S.

      T-2579968

      PPA

      188

      R.D.J.M.

      T-2579968

      PPA

      189

      Alberto Martínez Jairo

      T-2579968

      PPA

      190

      H.J.M.Z.

      T-2579968

      PPA

      191

      W.M.C.

      T-2579968

      PPA

      192

      E.E.M.M.

      T-2579968

      PPA

      193

      Luz Mery Moreno Ospina

      T-2579968

      PPA

      194

      R.O.C.

      T-2579968

      PPA

      195

      C.R.O.C.

      T-2579968

      PPA

      196

      Luis Mariano Padilla Chima

      T-2579968

      PPA

      197

      Elicenia Páez de Reyes

      T-2579968

      PPA

      198

      M.A.P.R.

      T-2579968

      PPA

      199

      Severo Ramírez Abril

      T-2579968

      PPA

      200

      L.F.R.V.

      T-2579968

      PPA

      201

      M.E.R.N.

      T-2579968

      PPA

      202

      F.A.S.F.

      T-2579968

      PPA

      203

      S.I.S.E.

      T-2579968

      PPA

      204

      Oscar Eduardo Santos Hormiga

      T-2579968

      PPA

      205

      Eduardo Serrato Bonilla

      T-2579968

      PPA

      206

      J.Y.S.C.

      T-2579968

      PPA

      207

      Amalia Torres Cruz

      T-2579968

      PPA

      208

      L.E.T.C.

      T-2579968

      PPA

      209

      R.V.M.A.

      T-2587255

      PPA

      210

      W.F.Á.V.

      T-2587255

      PPA

      211

      M.B.R.

      T-2587255

      PPA

      212

      B.A.B.G.

      T-2587255

      PPA

      213

      C.H.B.M.

      T-2587255

      PPA

      214

      Luis Gabriel Cáceres Corredor

      T-2587255

      PPA

      215

      J.C.Z.

      T-2587255

      PPA

      216

      José Armando Chávez Rocha

      T-2587255

      PPA

      217

      Jesús Mussoliny Chicaiza Muñoz

      T-2587255

      PPA

      218

      Gustavo De Castro Palmarini

      T-2587255

      PPA

      219

      H.D.M.

      T-2587255

      PPA

      220

      Juan Escobar Torres

      T-2587255

      PPA

      221

      I.E.F.H.

      T-2587255

      PPA

      222

      Luis Ángel Gallego Ramírez

      T-2587255

      PPA

      223

      J.A.G.V.

      T-2587255

      PPA

      224

      Henry Garcés Oscar

      T-2587255

      PPA

      225

      William Gómez

      T-2587255

      PPA

      226

      A.M.G.A.

      T-2587255

      PPA

      227

      R.R.G.F.

      T-2587255

      PPA

      228

      L.A.M.R.

      T-2587255

      PPA

      229

      E.O.M.C.

      T-2587255

      PPA

      230

      José Ignacio Murcia

      T-2587255

      PPA

      231

      R.N.N.

      T-2587255

      PPA

      232

      R.A.P.M.

      T-2587255

      PPA

      233

      Carmenza Lucía Revelo Narváez

      T-2587255

      PPA

      234

      Jorge Hugo Rivera Salgado

      T-2587255

      PPA

      235

      Edipza Maryori Romo Eraso

      T-2587255

      PPA

      236

      W.W.S.R.

      T-2587255

      PPA

      237

      J.A.S.C.

      T-2587255

      PPA

      238

      Jorge Luis Simbaqueba Barrera

      T-2587255

      PPA

      239

      María Josefina Solarte Rosero

      T-2587255

      PPA

      240

    3. delS.T.C.

      T-2587255

      PPA

      241

      Elena del Socorro Vega Altamiranda

      T-2587255

      PPA

      242

      César Ventura Castellanos Cáceres

      T-2587255

      PPA

      243

      Julia Escilda Weber Angulo

      T-2587255

      PPA

      244

      Faunier Zapata

      T-2587255

      PPA

      245

      H.R.B.S.

      T-2587286

      PPA

      246

      Aymer Baena Gallón

      T-2587286

      PPA

      247

      R.J.B.I.

      T-2587286

      PPA

      248

      María Asunción Benavides Correa

      T-2587286

      PPA

      249

      Ana María Calvo Gutiérrez

      T-2587286

      PPA

      250

      J.A.D.D.

      T-2587286

      PPA

      251

      Miriam Fuertes Penagos

      T-2587286

      PPA

      252

      L.M.G. Tirado

      T-2587286

      PPA

      253

      Leonor García

      T-2587286

      PPA

      254

      Lourdes María Garizabalo Muñoz

      T-2587286

      PPA

      255

      J.D.G.R.

      T-2587286

      PPA

      256

      Pedro Francisco Gómez Vega

      T-2587286

      PPA

      257

      Jaime de J.G.N.

      T-2587286

      PPA

      258

      A.J.G.H.

      T-2587286

      PPA

      259

      J.I.H.Z.

      T-2587286

      PPA

      260

      Eberto Obdulio León Cubillos

      T-2587286

      PPA

      261

      O.H.L.S.

      T-2587286

      PPA

      262

      M.P.L.A.

      T-2587286

      PPA

      263

      O.E.M.S.

      T-2587286

      PPA

      264

      Luz Marina Márquez Tamara

      T-2587286

      PPA

      265

      Álvaro Hernando Monroy Arias

      T-2587286

      PPA

      266

      Luis Amado Orejuela Mosquera

      T-2587286

      PPA

      267

      A.P.M.

      T-2587286

      PPA

      268

      Noris Quintero Agamez

      T-2587286

      PPA

      269

      F.M.R.G.

      T-2587286

      PPA

      270

      A.R.R.L.

      T-2587286

      PPA

      271

      María del Tránsito Rosado Cuao

      T-2587286

      PPA

      272

      Omar Enrique Royert Iriarte

      T-2587286

      PPA

      273

      Julián Sánchez Fernández

      T-2587286

      PPA

      274

      Gustavo Sánchez Pedro

      T-2587286

      PPA

      275

      J.L.S.Y.

      T-2587286

      PPA

      276

      Walter Torres Mercado

      T-2587286

      PPA

      277

      E.R.V. de la Hoz

      T-2587286

      PPA

      278

      Edith Villamil Tavera

      T-2587286

      PPA

      279

      C.A.V.T.

      T-2587286

      PPA

      280

      C.A.Z.M.

      T-2587286

      PPA

      281

      Alfredo Chica Gutiérrez

      T-2500881

      PPA

      iii.ii. Problemas de inmediatez en los casos de Fuero Sindical

  152. En los expedientes en los que se agrupan en términos globales los accionantes de fuero sindical, el examen de inmediatez presenta las siguientes particularidades. Las personas fueron desvinculadas –a su juicio- sin la autorización judicial requerida, bien sea porque los procesos ordinarios de levantamiento de fuero sindical continuaban su trámite ordinario al momento de terminarse la relación, o porque los jueces competentes denegaron las pretensiones del PAR, y por consiguiente no se obtuvo el permiso judicial para concluir los vínculos laborales de manera adecuada. En los casos que se exponen a continuación se observa inactividad de los peticionarios para buscar el amparo de sus derechos, lo cual se hace patente en que dejaron de adelantar acciones de reintegro para tramitar sus pretensiones (incluso estas prescribieron) u omitieron presentar peticiones ante la entidad. Tardaron entonces dos (2) ó tres (3) años para interponer el amparo, contados desde la conclusión del proceso de levantamiento de fuero o desde su desvinculación de la empresa, según el caso. Este término es en principio demasiado amplio para presentar una tutela, y prima facie debe conducir a su improcedencia, como lo ha dicho la Corte (p.ej. sentencia T-135a de 2010).[225] La impresión inicial de falta de inmediatez puede, sin embargo, desvirtuarse. La Sala Plena pasa a definir si en los siguientes casos se desvirtuó, con los elementos aportados al proceso.

    152.1. En la acción de tutela del expediente T-2471346 aparecen como peticionarios los señores C.A.G., A.F.C.E., J.L.C., F.A.D.C., E.V.H.U., G.A.I.N. y Z.P.R.. Esta tutela fue promovida el veintiuno (21) de agosto de dos mil nueve (2009); es decir, aproximadamente tres (3) años después de haberse expedido la decisión de la jurisdicción ordinaria, mediante la cual se dejó de acceder a la solicitud de levantamiento de fuero por considerar que se presentaba carencia actual de objeto, en tanto los trabajadores habían sido desvinculados el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Esa providencia fue proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán mediante fallo del once (11) de mayo de dos mil seis (2006). En el expediente no hay elementos para concluir que estas personas hubiesen interpuesto alguna petición ante la administración. Tampoco obran pruebas de que hubieran cuestionado la mencionada decisión judicial y no interpusieron acción de reintegro sindical para solicitar la reincorporación a la entidad o la indemnización por los salarios y prestaciones dejados de percibir. Ninguno de ellos está en una situación de especial vulnerabilidad por sus condiciones de salud, ni estuvo sometido a una fuerza mayor. La tardanza en la interposición de la tutela resulta entonces injustificada, y debe declararse improcedente.

    152.2. En la acción de tutela del expediente T-2537041 aparecen como peticionarios los señores C.S.C.A., H.G.L., L.C.M.A., J.H.M.A., E.M.C., J.M.P.P., J.E.S.M. y G.V.P.. Estos accionantes fueron desvinculados el veintiocho (28) de abril de dos mil seis (2006). El amparo lo presentaron el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Es decir, interpusieron la solicitud de protección constitucional después de tres (3) años y seis (6) meses de haberse proferido respecto de ellos la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia Laboral, que se abstuvo de levantar su fuero sindical con base en que ya no eran trabajadores y carecía de sentido quitar la protección. Ese fallo fue expedido el seis (6) de febrero de dos mil siete (2007). Los accionantes no lo cuestionan. Manifiestan, sin embargo, que adelantaron acción de reintegro contra el PAR de Telecom, pero no allegan pruebas de ello. Tampoco hay elementos para concluir, a partir de las pruebas, que hubiesen estado sometidos luego de su desvinculación o del término del proceso de levantamiento del fuero a una fuerza mayor. No son sujetos en condiciones especiales de vulnerabilidad, ni hay tampoco muestras de que hubiesen obrado con diligencia en el intervalo trascurrido antes de la tutela. Esto es suficiente para declarar improcedente la tutela por falta de inmediatez.

    152.3. En el expediente T-2537041 también es demandante la señora Y.R.B.. Esta peticionaria fue desvinculada el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Su tutela fue, como se dijo, interpuesta el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Es decir, se tomó más de tres (3) años para instaurar el amparo. En su caso, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia había proferido fallo el veinticinco (25) de abril de dos mil seis (2006), mediante el cual ordenó archivar el expediente por carecer de objeto, en razón de que la trabajadora había sido desvinculada el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Al contar el tiempo transcurrido para interponer la tutela desde la providencia referida resultan tres (3) años igualmente. En el proceso, sin embargo, no obran pruebas de que hubiera estado justificada la demora en la presentación de la demanda. La accionante no ha estado en condiciones de vulnerabilidad, ni adelantó tampoco, antes de este proceso, diligencias suficientes, ni estuvo sometida entre tanto a fuerza mayor. Por lo mismo, la Sala Plena considera que su tutela resulta improcedente por falta de inmediatez.

    152.4. En el mismo expediente T-2537041 aparecen como accionantes también los señores B.A.C.V., W.C.V., J.R.S.H. y C.A.T..

    En contra suyo, el PAR de Telecom adelantó acciones de levantamiento de fuero sindical. El dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona denegó las pretensiones basado en que la acción había prescrito. Estas personas fueron removidas de su cargo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) sin haber obtenido la autorización judicial para hacerlo. A pesar de ello, interpusieron la acción de tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Dichos trabajadores sólo actuaron entonces tras cumplirse más de tres (3) años de haber sido desvinculadas. Con la señora L.M.C.S. sucedió algo similar, aunque con la particularidad de que su desvinculación se produjo el veintiocho (28) de abril de dos mil seis (2006), razón por la cual dejó trascurrir también un tiempo amplio para promover su tutela. Pero lo común a todos estos peticionarios es que carecían de motivos que justificaran suficientemente la demora en la promoción de sus solicitudes judiciales de protección constitucional. Ninguno era sujeto en condiciones vulnerabilidad; no obraron en el interregno con diligencia para gestionar sus derechos; ni tampoco hay motivos suficientes para concluir que hubiesen estado sometidos a una fuerza mayor. Por tanto, la Corte Constitucional declarará improcedente la acción de tutela de estas personas.

    152.5. La situación del señor G.G.G.T., quien es también accionante del expediente T-2537041, es similar a algunas de las anteriores. Según las pruebas, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha autorizó en primera instancia la terminación del contrato de trabajo del peticionario por medio de fallo del tres (3) de agosto de dos mil seis (2006). El actor interpuso tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, como se ve, más de tres (3) años para promover el amparo. Este término es en principio irrazonable, y en el proceso no obran elementos de prueba que justifiquen la demora en la presentación de la demanda de tutela. El accionante no ha estado en condiciones de vulnerabilidad, ni adelantó antes de este proceso diligencias administrativas o judiciales encaminadas a reclamar sus derechos. No se advierte que, luego de la autorización judicial para removerlo del cargo, hubiera sido para este actor desproporcionado interponer una acción como la de tutela. Por lo mismo, la Corte considera que su solicitud de protección constitucional es improcedente por falta de inmediatez.

    152.6. El señor Á.N.R. también es un peticionario del expediente T-2537041. Fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y presentó la acción de tutela, como se dijo, en octubre de dos mil nueve (2009). Lo cual significa que dejó pasar un término –prima facie irrazonable- de más de tres (3) años para instaurar el amparo, contado desde ese primer momento. En la Corte reposa la contestación del Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja con fecha del trece (13) de marzo de dos mil seis (2006), a un derecho de petición interpuesto por el señor N. el veinte (20) de febrero de dos mil seis (2006). En dicho texto, indica que no existe demanda alguna de levantamiento del fuero sindical promovida por Telecom contra el señor Á.N.R.. Dicho escrito, debido a que no estaba encaminado a reclamar un derecho sino a indagar información procesal, no tiene por sí solo el mérito suficiente de desvirtuar la falta de inmediatez. Por lo demás, no hay elementos para concluir que el demandante hubiese estado en condiciones de vulnerabilidad, que hubiera adelantado antes de este proceso diligencias tendientes a reclamar sus derechos, o que hubiera sido desproporcionado para él interponer una tutela en ese lapso. Por lo mismo, la Corte considera que su acción es improcedente por falta de inmediatez.

    152.7. El caso del señor A.O.P. se encuentra en el expediente T-2537041. Cabe señalar que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia profirió en su caso fallo en el proceso de levantamiento de fuero adelantado por la entidad el veinticinco (25) de abril de dos mil seis (2006), mediante el cual ordenó archivar el expediente por carecer de objeto, en razón de que el trabajador había sido desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Si su intención era solicitar el reintegro o una indemnización por haber sido desvinculado de la compañía sin observar el procedimiento establecido en la ley, contaba con la acción de reintegro. En el expediente consta la contestación que le dio el PAR a un derecho de petición de este actor, con fecha del diecinueve (19) de marzo de dos mil ocho (2008). Esta diligencia tiene la potencialidad de desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del tiempo trascurrido para presentar el amparo, ya que contado el término desde la respuesta a la petición, había trascurrido un año y medio. La Sala considera que ese es un lapso razonable, y por lo mismo estima que su tutela no es improcedente por falta de inmediatez.

    152.8. En relación con los señores N.C.Z.S. y S.A.T. del expediente T-2471216, se aprecia que solicitan ordenarle a Caprecom reconocer la pensión de vejez y pagarles el retroactivo correspondiente a las mesadas pensionales a que tienen derecho. La Corte constata que su tutela no se dirige contra el PAR, sino contra Caprecom, de modo que no puede someterse a los criterios de procedencia por inmediatez que rigen para las solicitudes de amparo instauradas contra entidades próximas a extinguirse. Se aplican las reglas generales de procedencia en materia de pensiones, conforme a las cuales el reconocimiento de un derecho pensional, como quiera que dé lugar a prestaciones sucesivas, periódicas y escalonadas, responde a criterios distintos de inmediatez. La violación alegada sería en esos casos continuada o permanente (pues enervaría el reconocimiento de un derecho que da lugar a prestaciones tracto sucesivo), y la tutela sería por tanto en principio oportuna luego de ello. Con arreglo a esas pautas la Sala concluye que aunque los actores tardaron cerca de tres (3) años para interponer el amparo, contado desde la liquidación definitiva de TELECOM, hay un principio de razón suficiente para que sólo la hubieran instaurado en abril de dos mil nueve (2009), pues la vulneración por ellos aducida no había desaparecido para entonces. El término no era irrazonable ya que en el caso de CAPRECOM no se trata, como en el del PAR, de una entidad próxima a extinguirse. En esa medida, la Sala no declarará improcedente su tutela por falta de inmediatez.

    152.9. En el expediente T-2492726 obran como tutelantes los señores P.E.C.A., H.M.F., H.M.G.P., M.R.S. y F.A.T.G.. El veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009) presentaron la tutela. Al señor P.E.C.A. se le levantó el fuero sindical mediante providencia proferida el diecisiete (17) de junio de dos mil cinco (2005) por el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006),[226] aunque había sido desvinculado el treinta y uno (31) de enero del mismo año. El actor no inició acción de reintegro dentro de los dos (2) meses siguientes a su desvinculación. Esto significa que dejó trascurrir más de tres (3) años para presentar el amparo, pero además no agotó todos los recursos ordinarios que tenía a su alcance para procurar su reintegro. En el caso del señor H.M.F. no le autorizaron a la entidad el levantamiento del fuero sindical por considerar que la acción había prescrito, según lo estableció el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas en fallo del veinte (20) de enero de dos mil cuatro (2004). Fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Tardó más de tres (3) años para presentar la tutela. Los señores H.M.G.P. y M.R.S. fueron desvinculados el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), tardaron también más de tres (3) años para presentar la acción. Por último, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, Sala de Decisión Laboral en sentencia del veintidós (22) de mayo de dos mil siete (2007) levantó el fuero sindical del señor F.A.T.G., lo cual indica que el tiempo transcurrido hasta la presentación de la tutela, contado desde ese momento fue de dos (2) años, tres (3) meses y cinco (5) días. La Corte concluye, luego de valorar estos casos, y de advertir que los interesados no intentaron acción de reintegro (o por lo menos no se probó que así fuera), o alguna otra diligencia encaminada a defender sus derechos, que no hay justificación suficiente del trascurso de un período tan amplio para accionar, pues no se trata de sujetos en especiales condiciones de vulnerabilidad, o sometidos a fuerza mayor. Por tanto, la Sala declarará improcedentes sus solicitudes de amparo constitucional.

    En definitiva, los siguientes son los peticionarios de protección por razones asociadas al fuero sindical, a quienes se les debe declarar improcedente su acción de tutela por falta de inmediatez, quienes por lo demás -conforme a las pruebas - dejaron de interponer la acción de reintegro dispuesta en el ordenamiento jurídico, con lo cual corrió en consecuencia el término de prescripción de la misma en desmedro de la procedibilidad del amparo:

    Accionantes – Tutelas improcedentes por falta de inmediatez FS

    Nro.

    Nombre del tutelante

    Expediente

    Tema de fondo

    1

    C.A.G.

    T-2471346

    Fuero sindical

    2

    A.F.C.E.

    T-2471346

    Fuero sindical

    3

    J.L.C.

    T-2471346

    Fuero sindical

    4

    F.A.D. Claros

    T-2471346

    Fuero sindical

    5

    Eucardo Vinicio Hurtado Urbano

    T-2471346

    Fuero sindical

    6

    Gerardo Alirio Ipia Narváez

    T-2471346

    Fuero sindical

    7

    Z.P.R.

    T-2471346

    Fuero sindical

    8

    Clara Stella Correa Arango

    T-2537041

    Fuero sindical

    9

    H.G.L.

    T-2537041

    Fuero sindical

    10

    L.C.M. Alvarado

    T-2537041

    Fuero sindical

    11

    J.H.M.A.

    T-2537041

    Fuero sindical

    12

    Á.N.R. la tutela de estos actores.lugar a prestaciones tracto sucesivo)os distintos de inmediatez.nto de un derecho de p

    T-2537041

    Fuero sindical

    13

    G.G.G.T.

    T-2537041

    Fuero sindical

    14

    Edgar Moya Córdoba

    T-2537041

    Fuero sindical

    15

    J.M.P.P.

    T-2537041

    Fuero sindical

    16

    Jorge Enrique Sandino Macías

    T-2537041

    Fuero sindical

    17

    Gerardo Vargas Pérez

    T-2537041

    Fuero sindical

    18

    Yolanda Rubio Benjumea

    T-2537041

    Fuero sindical

    19

    Beatriz Alexandra Carreño Velandia

    T-2537041

    Fuero sindical

    20

    Wilfredo Carvajal Vargas

    T-2537041

    Fuero sindical

    21

    José Rafael Silva Hernández

    T-2537041

    Fuero sindical

    22

    C.A.T.

    T-2537041

    Fuero sindical

    23

    Luz Marina Carrillo Suárez

    T-2537041

    Fuero sindical

    24

    P.E.C.A.

    T-2492726

    Fuero sindical

    25

    Hernán Méndez Fernández

    T-2492726

    Fuero sindical

    26

    M.R.S.

    T-2492726

    Fuero sindical

    27

    H.M.G.P.

    T-2492726

    Fuero sindical

    28

    F.A.T.G.

    T-2492726

    Fuero sindical

    iii.iii. Problemas de inmediatez en los casos de Retén Social

  153. Resta entonces por examinar la inmediatez de quienes promovieron tutela con el propósito de ser incluidos en el retén social, y obtener de ello determinadas prestaciones, o de que se les extendiera el derecho previamente reconocido a recibir una protección especial por ser beneficiarios del retén. Los tutelantes con estas características están agrupados en tres expedientes: T-2475114, T-2531642 y T-2546795. No todos fueron desvinculados en el mismo momento, pero ninguno lo fue después del treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Sin embargo, las tres (3) acciones de tutela fueron presentadas en el segundo semestre del año dos mil nueve (2009.) Con lo cual se advierte que dejaron trascurrir un término de al menos tres (3) años, que es prima facie irrazonable para interponer el amparo, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte (p.ej. sentencia T-1062 de 2007).[227] Esta impresión preliminar puede ser desvirtuada. Es necesario, por ende, examinar algunas situaciones particulares con el fin de determinar si obra algún motivo que desvirtúe esa impresión preliminar y justifique en sus casos haber dejado pasar un término tan amplio para gestionar ante la justicia la defensa de sus derechos.

  154. En el expediente T-2475114 está la señora M.T.M.C.. Fue beneficiada inicialmente con el retén social, en calidad de prepensionada, y esta garantía se extendió en principio hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil cuatro (2004,) fecha en la cual se la desvinculó de TELECOM. Interpuso entonces tutela y en ese proceso se ordenó mantenerla hasta el treinta y uno (31) de enero dos mil seis (2006). La tutela objeto de revisión no pretende exigir el cumplimiento de las órdenes del fallo de tutela precitado, pues este se cumplió, sino extender todavía más el retén social. No obstante, la Corte observa que la accionante instauró el amparo en el año dos mil nueve (2009), y en específico aproximadamente a comienzos del segundo semestre. La Corte no encuentra en el proceso que la demandante hubiese adelantado gestiones antes de la tutela con el fin de defender los derechos que alega como conculcados en este proceso. Tampoco observa que se trate de una persona en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometida a una fuerza mayor. En definitiva, la Sala Plena de la Corte Constitucional carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó trascurrir antes de promover la tutela. Por tanto la declarará improcedente.

  155. En el expediente T-2531642 hay un grupo de accionantes que no tiene problemas de legitimación por activa, ni de cosa juzgada. Debe hacerse por tanto un examen de inmediatez. Todos ellos fueron desvinculados el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), salvo dos que fueron removidos de sus cargos el treinta y uno (31) de enero y el cinco (5) agosto de dos mil cuatro (2004). Sin embargo tienen en común que instauraron esta tutela en octubre del año dos mil nueve (2009). Dejaron trascurrir, como puede verse, un término aproximado de seis (6) o cinco (5) años para presentar el amparo, lo cual es prima facie irrazonable y supone en principio un problema de inmediatez. La Corte estudiará específicamente los casos de quienes presentan circunstancias particulares, con el fin de desvirtuar esa impresión inicial.

    155.1. El señor R.C.N.V. prueba sumariamente haber sido desvinculado de TELECOM cuando tenía a su cargo el sustento de sus dos hijos, y que estos dependían por completo de sus ingresos. La Corte advierte que el accionante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que promovió el presente amparo en octubre de dos mil nueve (2009). Este término es demasiado amplio. A juicio de la Sala no es razonable que una persona en sus condiciones deje trascurrir más de cuatro (4) años para interponer una tutela, máxime cuando se trata de una entidad cuya existencia está cerca de extinguirse. En casos así, lo razonable es actuar antes de ese tiempo. Por lo demás, no hay en el proceso otros elementos que justifiquen la tardanza. De tal suerte, la Corte Constitucional declarará improcedente esta acción de tutela por falta de inmediatez.

    155.2. En el caso del señor H.S.R.P. se observa prueba sumaria de que su esposa y sus dos hijos dependen económicamente de él. No obstante, su desvinculación se produjo el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y el presente amparo fue interpuesto en octubre de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, como se puede apreciar, un término aproximado de seis (6) años para reclamar judicialmente. El actor no ha experimentado fuerza mayor que le hubiese impedido reclamar judicial o administrativamente sus derechos, y a pesar de ello se nota que no solicitó protección para ellos antes de promover esta acción de tutela. Todo lo cual conduce a la Corte Constitucional a concluir que la solicitud de este actor es improcedente.

    155.3. Obran pruebas sumarias de que el señor C.V.S. velaba por su familia, integrada por él, su compañera, sus tres hijos menores, y de su señor padre cuando fue desvinculado de TELECOM. Acredita también de modo sumario que dejó de convivir con su compañera en el año dos mil ocho (2008), y que quedó a cargo de los hijos menores de ambos. La Corte constata que el demandante fue removido de su cargo en la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que promovió el amparo en octubre de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, como puede notarse, un término prima facie irrazonable para reclamar judicialmente sus derechos. La circunstancia de haber sido la fuente de ingresos de su familia al terminarse su vínculo laboral no es suficiente para justificar un período de más de cuatro (4) años de inactividad. Aparte, no hay elementos para concluir que antes de interponer el amparo hubiese estado sometido a una fuerza mayor, o que hubiera sido desproporcionado para él instaurar la tutela. Por estos motivos, la Corte declarará improcedente la tutela de este peticionario.

    155.4. En cuanto al señor A.S.T., consta que al ser desvinculado de TELECOM tenía a su cargo de forma exclusiva el sostenimiento de su familia, integrada por él, su esposa y su hija menor de edad. La Sala Plena observa que al demandante se le terminó su vínculo con la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró la acción de tutela en el mes de octubre de dos mil nueve (2009). Ni la situación en la cual se encontraba al momento de la desvinculación, ni sus condiciones personales y familiares posteriores a ese hecho explican una tardanza de más de cuatro (4) años para promover el amparo. No hay elementos para concluir que antes de la tutela hubiese estado bajo el imperio de una fuerza mayor, o que hubiera sido para él desproporcionado intentar una acción de tutela. No obró tampoco con diligencia en el reclamo de los derechos que ahora estima conculcados. De tal suerte que la Corte Constitucional declarará improcedente su tutela por falta de inmediatez.

    155.5. La señora R.R.P.R. aporta prueba sumaria de que, al ser desvinculada, tanto ella como sus dos hijos menores y sus dos padres quedaron sin el sustento económico que se derivaba de sus ingresos como trabajadora de TELECOM. En una declaración juramentada afirma que sus padres padecen cáncer. No aporta un certificado médico de esta situación. La Corte constata que la demandante fue desvinculada el 25 de julio de 2003 y su tutela la interpuso en octubre de dos mil nueve (2009). Este término es prima facie demasiado amplio, y no es explicable en el caso de la peticionaria por sus condiciones personales y familiares. La accionante no ha estado sometida a fuerza mayor, ni obró con diligencia para reclamar sus derechos. Su tutela debe entonces declararse improcedente.

    155.6. En el caso del señor R.A.M.D. se aporta prueba sumaria de que al ser desvinculado de TELECOM tanto él como su compañera permanente y sus dos hijos menores dependían económicamente de su salario. No obran pruebas de otras circunstancias personales o familiares. La Corte constata que el demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que presentó esta tutela el mes de octubre de dos mil nueve (2009). Ese término es en principio irrazonable, y sus circunstancias no son suficientes para desvirtuar esa impresión inicial de improcedencia por falta de inmediatez. No hay entonces elementos para concluir que hubiese estado sometido a fuerza mayor, o que hubiera resultado desproporcionado para él adelantar una acción de tutela. Tampoco obró con diligencia para reclamar sus derechos. Por lo cual la Corte declarará improcedente su solicitud de amparo.

    155.7. En cuanto se refiere al señor D.A.V.V. se observa que al ser desvinculado de la entidad tenía a su cargo a su familia, integrada por él, y por su compañera y su hijo. El demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y la tutela la interpuso en octubre de dos mil nueve (2009). Entre tanto presentó varias reclamaciones para ser incluido en el retén social en calidad de padre cabeza de familia. Obra solicitud de inclusión en el retén, del veintiuno (21) de noviembre de dos mil tres (2003). Consta asimismo respuesta de TELECOM del trece (13) de enero de dos mil cuatro (2004), en la que se resuelve negativamente su solicitud de reintegro a las labores sobre la base de la Ley 790 de 2002. También se aporta prueba de una solicitud en igual sentido, del mes de julio de dos mil cinco (2005), y una respuesta adversa del tres (3) de agosto del mismo año. Una impugnación condujo a que el veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005), se expidiera otra resolución confirmando la anteriormente citada. Hubo, como puede verse, una diligencia, que resulta insuficiente para desvirtuar la impresión original de irrazonabilidad en el término trascurrido antes de interponer el amparo. Con fundamento en esto lo anterior, la Sala Plena de la Corte declarará improcedente la tutela por falta de inmediatez.

    155.8. El señor R.E.I.C. prueba sumariamente que de su sueldo como empleado de TELECOM dependían él, sus dos hijos menores y su cónyuge. La Corte advierte que el tutelante fue desvinculado el cinco (5) de agosto de dos mil cuatro (2004) y que instauró esta solicitud de amparo en octubre de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, como puede verse, un término aproximado de cinco (5) años para reclamar judicialmente sus derechos. Entre tanto, presentó dos derechos de petición en los años dos mil cuatro (2004) y dos mil cinco (2005), encaminados a obtener satisfacción a sus derechos. La irrazonabilidad prima facie, que se infiere de haber dejado pasar más de cinco (5) años para promover una acción de tutela, no se ve desvirtuada por estas circunstancias. No hay elementos para concluir que hubiese estado sometido a fuerza mayor antes impetrar la tutela. Y finalmente debido a que no obró con diligencia en la defensa de sus derechos después del año dos mil cinco (2005). La Sala Plena de la Corte concluye entonces que su tutela es improcedente por falta de inmediatez.

    155.9. En el proceso obran también las pruebas sumarias presentadas por la señora A.S.M.C.. Estas indican que la tutelante era, hasta su desvinculación de TELECOM, quien sostenía financieramente a su familia, integrada por ella, por su cónyuge y sus dos padres, uno de los cuales falleció en el año dos mil nueve (2009), antes de presentar este amparo. La Corte observa que la peticionaria fue desvinculada el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que impetró este amparo en octubre de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, por lo tanto, más de cuatro (4) años para reclamar judicialmente sus derechos, pues antes de esta tutela no había iniciado ningún proceso judicial con ese fin. Ese término es prima facie irrazonable, y esa impresión no se ve desvirtuada ni por un actuar diligente de su parte, ni por circunstancias de fuerza mayor que hubiera tenido que soportar, ni tampoco debido a que resultara desproporcionado para ella interponer una acción informal como la tutela. Por lo mismo, la Sala Plena de la Corte declarará improcedente esta acción de tutela por falta de inmediatez en su presentación.

    155.10. El señor R.T.B.Á. también prueba de forma sumaria que cuando fue desvinculado de TELECOM su familia dependía económicamente de los ingresos que devengaba. Su familia está integrada por él, su cónyuge y sus dos hijos menores. La Corte advierte que fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró su tutela en octubre de dos mil nueve (2009). Este término es en principio demasiado amplio y prima facie irrazonable. Esta impresión no se ve desvirtuada por las circunstancias del tutelante, para quien no era desproporcionado interponer una tutela, en vista de que contaba con el apoyo de su cónyuge, la cual carecía de problemas que la incapacitaran física, mental o moralmente. Esto se suma al hecho de que no hay pruebas indicativas de que hubiese estado sometido a fuerza mayor, o que hubiera actuado con diligencia entre tanto en la defensa de sus derechos. Por lo anterior, la Corte Constitucional declarará improcedente su amparo.

    155.11. En el caso del señor Y.R.H. se aprecia que al momento de ser desvinculado de TELECOM era quien proveía los recursos dinerarios para el sostenimiento de su familia, integrada por él, su compañera y sus dos hijos menores. La Sala observa que este peticionario fue desvinculado de la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que promovió esta tutela en octubre de dos mil nueve (2009). Ese término es en principio demasiado amplio y prima facie resulta irrazonable dejarlo trascurrir para interponer una acción informal, como la tutela, contra una entidad en proceso de extinguirse. Esta impresión no se ve desvirtuada por las circunstancias del tutelante, para quien no era desproporcionado interponer la acción judicial en un término oportuno. Esto se suma al hecho de que no hay pruebas indicativas de que hubiese estado sometido a fuerza mayor, o que hubiera actuado con diligencia entre tanto en la defensa de sus derechos. Por lo anterior, la Corte Constitucional declarará improcedente su amparo.

    155.12. Obra prueba sumaria de que el señor G.A.L.G., cuando fue desvinculado de TELECOM, sostenía patrimonialmente a su familia, integrada por él, su cónyuge y su hijo menor de edad. La Sala observa que este peticionario se le acabó su vínculo con la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que promovió la presente tutela en octubre de dos mil nueve (2009). Ese término es en principio demasiado amplio y prima facie resulta irrazonable dejarlo trascurrir para interponer una acción informal, como la tutela, contra una entidad en proceso de extinguirse. Esta impresión no se desvirtúa por las circunstancias específicas del caso. Además, no hay pruebas suficientes que indiquen fuerza mayor, o diligencia de su parte en la defensa de los derechos invocados. Por lo anterior, la Corte Constitucional declarará improcedente su amparo.

    155.13. En el caso del señor A.C.M. consta que al ser removido del cargo que desempeñaba en TELECOM dejó de percibir los ingresos de los cuales dependía su familia, integrada por él, su compañera y sus cuatro hijos, tres de los cuales son menores de edad.[228] La Corte constata que este peticionario fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró esta tutela en octubre de dos mil nueve (2009). Entre tanto, interpuso un derecho de petición para ser incluido en el retén social, y obra copia de la respuesta que le dio el PAR en noviembre de dos mil seis (2006), en la que le niega su solicitud. Luego de la respuesta que le dio el PAR se aprecia que tardó dos (2) años y once (11) meses en presentar la tutela, término que sigue siendo sin embargo prima facie irrazonable. Y esa impresión no se ve desvirtuada por las circunstancias personales o familiares del tutelante. Para él no era desproporcionado interponer la acción judicial. Además, no hay elementos en el expediente que indiquen fuerza mayor, o diligencia adicional a la citada en la defensa de los derechos invocados. Por lo anterior, la Corte Constitucional declarará improcedente su amparo.

    155.14. El señor C.A.O.G., cuando fue removido del cargo que ocupaba en TELECOM, era quien proveía los recursos dinerarios para el sostenimiento de su familia, integrada por él, su cónyuge, sus cuatro hijos, dos de las cuales eran menores de edad al momento de la interposición de la acción de tutela,[229] y su señora madre. Este peticionario fue desvinculado de la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que promovió esta tutela en octubre de dos mil nueve (2009). Ese término es en principio demasiado amplio y prima facie resulta irrazonable dejarlo trascurrir para interponer una acción informal, como la tutela, contra una entidad en proceso de extinguirse. Esta impresión no se ve desvirtuada por las circunstancias del tutelante, para quien no era desproporcionado interponer la acción judicial. Esto se suma al hecho de que no hay pruebas indicativas de que hubiese estado sometido a fuerza mayor, o que hubiera actuado con diligencia entre tanto en la defensa de sus derechos. Por lo anterior, la Corte Constitucional declarará improcedente su amparo.

  156. En el expediente T-2546795, hay también un conjunto de peticionarios que no tiene problemas de legitimación por activa o por cosa juzgada. Respecto de sus debe hacerse por tanto un examen de inmediatez. Estos fueron desvinculados en fechas relativamente distintas. Sin embargo tienen en común que instauraron la presente tutela en el mes de noviembre del año dos mil nueve (2009). Algunos dejaron trascurrir un término aproximado de seis (6) años para presentar el amparo; otros un plazo de cinco (5), cuatro (4) o tres (3) años. Estos tiempos prima facie resultan irrazonables para promover una acción de orden informal como la tutela, y supone en principio un problema de inmediatez. La Sala Plena observa, sin embargo, que los peticionarios expusieron motivos y circunstancias que deben ser evaluadas por la Corte al establecer si hay suficientes razones para declarar improcedente cada solicitud de amparo.

    156.1. El señor O.M.P.G.C. no cuenta con un acto ejecutoriado, proveniente de una autoridad administrativa o judicial, que lo califique como padre cabeza de familia o como prepensionado y, en tal virtud, hasta la fecha no se le ha reconocido en criterio de la Corte su condición de beneficiario del retén social. El sentido de la tutela que provoca este proceso es que se le reconozca como padre cabeza de familia. No obstante, el actor se limita a exponer documentos que acreditan obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su familia, pero esto no es suficiente como se dijo en la parte correspondiente de esta providencia para considerarlo tal. Acerca de la inmediatez la Corte constata que el demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró esta solicitud de amparo en noviembre de dos mil nueve (2009). Hay entonces un término prima facie irrazonable de más de seis (6) años, que no resulta desvirtuado por su status constitucional, además porque tampoco se aportan elementos a partir de los cuales se pueda inferir que esté en condiciones de vulnerabilidad, que haya estado sometido a fuerza mayor o que fuera desproporcionado para él instaurar una acción de tutela. En definitiva, la Sala Plena de la Corte Constitucional declarará improcedente el amparo.

    156.2. En lo que respecta a la señora M.E.Á.G. se observa que fue incluida en el retén social, en calidad de madre cabeza de familia, el veintidós (22) de septiembre de dos mil tres (2003). Resultó desvinculada de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) e interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Tardó tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de los derechos que estima conculcados. Su sola condición de padre cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, amerita asegurarle un trato especial. Esta Corte observa, sin embargo, que el demandante no adelantó gestiones judiciales o administrativas antes de iniciar este proceso de tutela. Tampoco considera que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometido a una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser madre cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia previa en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera que no se ha desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó trascurrir para promover la acción de tutela. Por tanto debe declararla improcedente.

    156.3. Los señores L.E.G.P., J.A.T.E., R.F.Y.O., C.E.C.C., Santander de J.C.B., J.E.A.A. y

    A.M. Tirado Arabia tienen una característica procesal en común, que resulta relevante para los efectos de esta sentencia. De acuerdo con las pruebas, no cuentan con un acto administrativo o judicial ejecutoriado, que los califique como padres cabeza de familia o como prepensionados y, en tal virtud, hasta la fecha no se les ha reconocido en criterio de la Sala su condición de beneficiarios del retén social. El sentido de esta tutela es que se les reconozca como padres cabeza de familia. No obstante, estos actores se limitan a exponer documentos que acreditan obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su familia, pero esto no es suficiente como se dijo en la parte correspondiente de esta providencia para considerarlos tales. La Corte constata que todos fueron desvinculados el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), salvo el señor L.E.G. a quien se le terminó el vínculo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y que instauraron este amparo en noviembre de dos mil nueve (2009). Hay entonces un término prima facie irrazonable de más de seis (6) o tres (3) años, según el caso, que no resulta desvirtuado ni por su status constitucional, pues además no están en condiciones de vulnerabilidad, ni han estado sometidos a fuerza mayor, ni por sus condiciones ha sido desproporcionado para ellos instaurar una tutela. En consecuencia, se declararán improcedentes sus tutelas.

    156.4. La señora M.R.M.F. no cuenta con un acto ejecutoriado, proveniente de una autoridad administrativa o judicial, que la califique como madre cabeza de familia o como prepensionada y, en tal virtud, hasta la fecha no se le ha reconocido en criterio de la Corte su condición de beneficiaria del retén social. El sentido de la tutela que provoca este proceso es que se le reconozca como madre cabeza de familia. No obstante, la actora se limita a exponer documentos que acreditan obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su familia, pero esto no es suficiente como se dijo en la parte correspondiente de esta providencia para considerarla tal. Acerca de la inmediatez la Corte constata que la demandante fue desvinculada el primero (1°) de febrero de dos mil cuatro (2004) y que instauró esta solicitud de amparo en noviembre de dos mil nueve (2009). Hay entonces un término prima facie irrazonable de más de cinco (5) años, que no resulta desvirtuado por su status constitucional, además porque tampoco se aportan elementos a partir de los cuales se pueda inferir que haya estado en condiciones de vulnerabilidad, o sometida a fuerza mayor o que fuera desproporcionado para ella instaurar una acción de tutela. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional declarará improcedente su amparo.

    156.5. El señor J.M.G. interpuso derecho de petición el veinticuatro (24) de octubre de dos mil tres (2003), con el fin de ser incluido en el retén social como padre cabeza de familia. Ahora pide lo mismo. No obstante, no hay elementos suficientes para concluir que hubiera obtenido un reconocimiento de esa índole en un acto administrativo o judicial ejecutoriado, o que en este proceso deba serle reconocida esa calidad. Entre las pruebas sólo obran documentos relativos a obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su familia, pero esto no es suficiente como se dijo en la parte correspondiente de esta providencia para considerarlo cabeza de su grupo familiar. La Corte constata por lo demás que el peticionario fue desvinculado de la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Este término es en principio demasiado amplio, y esa conclusión prima facie no resulta desvirtuada ni por las actuaciones del actor, pues sólo instauró una petición en todo ese tiempo, ni por su status constitucional pues no es un sujeto de especial protección constitucional en condiciones de vulnerabilidad, ni estuvo sometido a una fuerza mayor antes de promover el amparo, ni hay elementos para sostener que le hubiera resultado desproporcional la presentación de una tutela. Por lo tanto, esta solicitud de amparo será declarada improcedente por la Corte.

    156.6. Los señores T.B.L., M.G.O.P., S.A.Á.B., H.A.L.V., C.S.Á.D., E.S.S.P., E.O.Z., A.G.P. y R.A.M.F. tienen a su turno una característica procesal en común, que resulta relevante para los efectos de esta sentencia. De acuerdo con las pruebas, no cuentan con un acto administrativo o judicial ejecutoriado, que los califique como padres cabeza de familia o como prepensionados y, en tal virtud, hasta la fecha no se les ha reconocido en criterio de la Sala su condición de beneficiarios del retén social. El sentido de esta tutela es que se les reconozca como padres cabeza de familia. No obstante, estos actores se limitan a exponer documentos que acreditan obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su familia, pero esto no es suficiente como se dijo en la parte correspondiente de esta providencia para considerarlos tales. La Corte constata que todos fueron desvinculados el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que instauraron este amparo en noviembre de dos mil nueve (2009). Hay entonces un término prima facie irrazonable de más de tres (3) años, que no resulta desvirtuado por su status constitucional, pues además no están en condiciones de vulnerabilidad, ni han estado sometidos a fuerza mayor, ni por sus condiciones ha sido desproporcionado para ellos instaurar una tutela. En consecuencia, la Corte Constitucional considera que debe declarar improcedentes sus tutelas.

    156.7. El señor V.J.M.G. fue incluido en el retén social, en calidad de adre cabeza de familia, el veintitrés (23) de junio de dos mil cinco (2005). Resultó desvinculado de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) e interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Tardó tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de los derechos que estima conculcados. Su condición de padre cabeza de familia amerita asegurarle un trato especial. Esta Corte observa, sin embargo, que el demandante no adelantó gestiones judiciales o administrativas antes de iniciar este proceso de tutela. Tampoco considera que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometido a una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser padre cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia previa en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Corte considera que no se ha desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó trascurrir para promover la tutela. Por tanto, la declarará improcedente.

    156.8. La señora M.P.T.G. fue incluida en el retén social, en calidad de adre cabeza de familia, el siete (7) de junio de dos mil cinco (2005). Resultó desvinculada de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) e interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Tardó tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de los derechos que estima conculcados. Su condición de madre cabeza de familia amerita asegurarle un trato especial. Esta Corte observa, sin embargo, que la demandante no adelantó gestiones judiciales o administrativas antes de iniciar este proceso de tutela. Tampoco considera que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometida a una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser madre cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia previa en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Corte considera que no se ha desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó trascurrir para promover la tutela. Por tanto, la declarará improcedente.

    156.9. En el caso de la señora N.R.G.P. se aprecia que fue incluida en el retén social, en calidad de madre cabeza de familia. Resultó desvinculada de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) e interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Tardó, como se puede ver, tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de los derechos que estima conculcados. Su sola condición de madre cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, amerita asegurarle un trato especial. Esta Corte observa, sin embargo, que la demandante no adelantó gestiones judiciales o administrativas antes de iniciar este proceso de tutela. Tampoco considera que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometida a una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser madre cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Sala no tiene de motivos para concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó trascurrir para promover la tutela. Por tanto la declarará improcedente.

    156.10. Los elementos obrantes en el proceso indican que la señora M.B.O.R. fue incluida en el retén social, en calidad de madre cabeza de familia, el diez (10) de junio de dos mil cinco (2005). Resultó desvinculada de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) e interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Tardó, como se puede ver, tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de los derechos que estima conculcados. Su sola condición de madre cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, amerita asegurarle un trato especial. Esta Corte observa, sin embargo, que la demandante no adelantó gestiones judiciales o administrativas antes de iniciar este proceso de tutela. Tampoco considera que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometida a una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser madre cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Sala carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó trascurrir para promover la tutela. Por tanto la declarará improcedente.

    156.11. En el caso de Amalfi de J.A.L. se encuentra que fue aceptada su inclusión en el retén social el siete (7) de junio de dos mil cinco (2005). Su desvinculación de la entidad se produjo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y la tutela fue interpuesta en el mes de noviembre de dos mil nueve (2009). Tardó, como se puede ver, tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de los derechos que estima conculcados. Su sola condición de cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, amerita asegurarle un trato especial. Esta Corte, sin embargo, se percata de que en el lapso trascurrido entre ambos extremos temporales no adelantó gestiones judiciales o administrativas antes de iniciar este proceso de tutela. Tampoco considera que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado bajo una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Sala carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó trascurrir para promover la tutela. Por tanto la declarará improcedente.

    156.12. La señora A.M. Guerra Montes de Oca fue incluida en el retén social el diez (10) de junio de dos mil cinco (2005), en calidad de madre cabeza de familia. Su desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y la tutela fue presentada en noviembre de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, por lo tanto, tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de los derechos que estima conculcados. Su sola condición de madre cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, amerita asegurarle un trato especial. Esta Corte, sin embargo, se percata de que la actora no adelantó, antes de este proceso de tutela, gestiones judiciales o administrativas para reclamar lo que juzga debido. También considera que no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado bajo una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser cabeza de familia, la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y la carencia de otras condiciones especiales, conducen a la Sala a concluir que no se desvirtuó la irrazonabilidad prima facie del término de 3 años trascurrido antes de la tutela. Por tanto la declarará improcedente.

    156.13. Consta en el proceso que la señora D. delC.G.P. fue incluida en el retén social, en calidad madre cabeza de familia, el quince (15) de junio de dos mil cinco (2005). Su desvinculación ocurrió el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y la accionante instauró la presente tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). La Sala Plena considera que este término de tres (3) años para promover el amparo es en principio irrazonable. Ciertamente, la sola condición de madre cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, amerita asegurarle un trato especial. Pero se puede apreciar que la actora no adelantó, antes de este proceso de tutela, gestiones judiciales o administrativas para reclamar lo que juzga debido. También considera que no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado bajo una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser cabeza de familia, la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y la carencia de otras condiciones especiales, conducen a la Sala a concluir que no se desvirtuó la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años trascurrido antes de la tutela. Por tanto la declarará improcedente.

    156.14. La señora G.E.C.G. fue incluida en el retén social, luego de la sentencia SU-388 de 2005, en calidad de madre cabeza de familia. Fue desvinculada de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y presentó la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, como puede apreciarse, tres (3) años para promover el amparo. Ese lapso es en principio irrazonable para promover una solicitud de amparo. Su sola condición de madre cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, amerita asegurarle un trato especial. Sin embargo, se observa que la demandante no adelantó, antes de este proceso de tutela, gestiones judiciales o administrativas para reclamar lo que estima debido. También considera que no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometida a una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser madre cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Sala carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó trascurrir para promover la tutela. Por tanto la declarará improcedente.

    156.15. En lo que se refiere a las señoras L. delC.Á.V., R.S.A.M. y S.C.C. se advierte que fueron incluidas en el retén social luego de la expedición de la sentencia SU-388 de dos mil cinco (2005). Su desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y la tutela que provoca este proceso la interpusieron en noviembre de dos mil nueve (2009). Trascurrieron entre uno y otro punto tres (3) años. Ese lapso es en principio irrazonable para promover una solicitud de amparo. Su sola condición de madres cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, amerita asegurarles un trato especial. Sin embargo, se observa que las demandantes no adelantaron, antes de este proceso de tutela, gestiones judiciales o administrativas para reclamar lo que estiman debido. También considera que no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiesen estado sometidas a fuerza mayor. En definitiva, pese a ser madres cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Sala carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie de los tres (3) años que tardaron para instaurar la tutela. Por lo tanto la declarará improcedente.

    156.16. Consta que el señor Á.E.H.P. fue incluido en el retén social el dieciséis (16) de diciembre de dos mil cinco (2005). Su desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y la tutela que provoca este proceso la interpuso en noviembre de dos mil nueve (2009). Trascurrieron entre uno y otro punto tres (3) años. Ese lapso es en principio irrazonable para promover una solicitud de amparo. Su sola condición de padre cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, es relevante para darle un trato especial. Sin embargo, se observa que el demandante no adelantó, antes de este proceso de tutela, gestiones judiciales o administrativas para reclamar lo que estima debido. También considera que no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometido a fuerza mayor. En definitiva, pese a ser padre cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Sala carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie de los tres (3) años que tardó para instaurar la tutela. Por lo tanto la declarará improcedente.

  157. En definitiva, hay un grupo de peticionarios de retén social cuyas tutelas no fueron interpuestas en un término razonable. Y en sus casos no obran pruebas de que en ese lapso estuvieran en condiciones de vulnerabilidad, de que hubieran adelantado gestiones administrativas o judiciales para reclamar lo que estiman debido o prestaciones de otro orden encaminadas a asegurar su mínimo vital, o de que se hubiesen hallado sometidos a fuerza mayor. Su sola alegación de ser madres o padres cabeza de familia, o de tener derecho a las protecciones del retén social por otros motivos, no son suficientes para concluir que la irrazonabilidad prima facie de un término tan amplio para presentar la tutela, como es el de tres (3) o más años, se haya desvirtuado en cada uno de sus casos. Los siguientes son los nombres de los tutelantes con solicitudes de este tipo, a quienes se les debe declarar improcedente su acción por falta de inmediatez en lo que atañe al retén social:

    Accionantes – Tutelas improcedentes por falta de inmediatez RS

    Nro.

    Nombre del tutelante

    Expediente

    Tema de fondo

    1

    M.T.M. Correa

    T-2475114

    Retén social

    2

    Martha Ruíz González

    T-2531642

    Retén social

    3

    Reinaldo Tulio Benítez Álvarez

    T-2531642

    Retén social

    4

    Alberto Chaverra Murillo

    T-2531642

    Retén social

    5

    Raúl Eduardo Ibern Cotes

    T-2531642

    Retén social

    6

    Gustavo Adolfo Lopera Giraldo

    T-2531642

    Retén social

    7

    Alba Stella Menco Canchilla

    T-2531642

    Retén social

    8

    Rafael Antonio Méndez Díaz

    T-2531642

    Retén social

    9

    Roberto Carlos Narváez Vergara

    T-2531642

    Retén social

    10

    Carlos Alberto Olivella Gómez

    T-2531642

    Retén social

    11

    Rita Rosa Pineda Román

    T-2531642

    Retén social

    12

    Yanib Ramírez Hurtado

    T-2531642

    Retén social

    13

    Henry Samir Ramos Palacios

    T-2531642

    Retén social

    14

    Silena de Jesús Rosado Toncel

    T-2531642

    Retén social

    15

    Carlos Alberto Santofimio Tinoco

    T-2531642

    Retén social

    16

    Diego Alberto Vasco Vélez

    T-2531642

    Retén social

    17

    Cecilio Venté Saavedra

    T-2531642

    Retén social

    18

    Jaime Ernesto Alfonso Alfonso

    T-2546795

    Retén social

    19

    Jorge Luis Almanza

    T-2546795

    Retén social

    20

    Amalfi de Jesús Almario López

    T-2546795

    Retén social

    21

    María Eugenia Álvarez Gallego

    T-2546795

    Retén social

    22

    Leyla Carmen Ángel Vitola

    T-2546795

    Retén social

    23

    Rosa Sofía Araújo Mendoza

    T-2546795

    Retén social

    24

    L.A.A.B.

    T-2546795

    Retén social

    25

    Santander de Jesús Cadrazco Blanquicet

    T-2546795

    Retén social

    26

    Carlos Efrén Camacho Carrascal

    T-2546795

    Retén social

    27

    Gloria Edilma Ceballos González

    T-2546795

    Retén social

    28

    Silky Cuan Camargo

    T-2546795

    Retén social

    29

    Deisy Stella Duarte Espitia

    T-2546795

    Retén social

    30

    Liber Antonio García González

    T-2546795

    Retén social

    31

    Lenines Emiliano García Pineda

    T-2546795

    Retén social

    32

    Germán Padilla Neida Rosa

    T-2546795

    Retén social

    33

    Denis del Carmén González Polo

    T-2546795

    Retén social

    34

    Adelfa María del Rosario Guerra Montes de Oca

    T-2546795

    Retén social

    35

    Álvaro Hoyos Pérez

    T-2546795

    Retén social

    36

    Luz Marina Luna Ceballos

    T-2546795

    Retén social

    37

    Vitelio José Martínez García

    T-2546795

    Retén social

    38

    Meisel Fernández Margarita Rosa

    T-2546795

    Retén social

    39

    R.A.M.F.

    T-2546795

    Retén social

    40

    María Bernarda Olmos Romero

    T-2546795

    Retén social

    41

    Erasmo Otero Zuleta

    T-2546795

    Retén social

    42

    Dorismel Pacheco Caballero

    T-2546795

    Retén social

    43

    Enriqueta Susana Sierra Pinedo

    T-2546795

    Retén social

    44

    María Patricia Tabares García

    T-2546795

    Retén social

    45

    A.M. Tirado Arabia

    T-2546795

    Retén social

    46

    Jairo Alfonso Torres Herazo

    T-2546795

    Retén social

    47

    Eduviges Elena Tous Torres

    T-2546795

    Retén social

    48

    Rafael Francisco Yepes Ortega

    T-2546795

    Retén social

    iv. Subsidiariedad

  158. El PAR alega en la mayoría de casos que las tutelas son improcedentes por subsidiariedad. Sostiene que hay otros medios de defensa judiciales para plantear las controversias. Al respecto, la Corte reitera lo dicho en el fundamento jurídico 97 de esta providencia. La tutela es improcedente frente a la desvinculación de aforados sindicales, excepto cuando se plantea la violación del derecho de asociación sindical por la irregular terminación del contrato de trabajo de un cierto número de trabajadores sindicalizados, y además se prueba una conducta antisindical, o cuando media la vulneración grave de otros derechos fundamentales no susceptibles de protección mediante la acción de reintegro, ante la existencia de un perjuicio irremediable.[230] Procede a su vez en ciertos casos para que se cumplan órdenes judiciales ordinarias de reintegro de aforados, o para cuestionar sentencias –que no sean de tutela- que concluyan procesos derivados del fuero, si se dan las demás condiciones establecidas para ello. Procede excepcionalmente para solicitar el reintegro o la indemnización por fuero sindical mientras está en curso un proceso ordinario de reintegro y se acredite la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Es a su vez improcedente en principio el amparo que se endereza hacia el cumplimiento de una orden emitida a su vez por otro juez de tutela, si no presenta ninguna diferencia relevante con la acción constitucional que lo provocó. No es procedente prima facie para pedir una pensión de jubilación a una entidad administradora de pensiones que sigue existiendo y no está en liquidación, salvo perjuicio irremediable. Y es en principio procedente en los demás casos que plantea este proceso si se persigue una prestación, de la cual dependa el goce efectivo de derechos fundamentales, cuando la entidad a cargo de asegurarla se encuentre próxima a extinguirse, y se den los demás requisitos definidos en esta providencia.

    158.1. Con fundamento en lo anterior, debe decirse que en el expediente T-2871322, la tutela instaurada por el señor J.P.A. es improcedente, pues solicita por su conducto el pago de algunas de las mesadas pensionales derivadas de su inclusión en el Plan de Pensión Anticipada. En la medida en que su incorporación en dicho Plan, y el pago de las mesadas pensionales correspondientes, se surtieron precisamente en cumplimiento de la orden impartida por un juez de tutela, lo que ahora reclama es el cumplimiento de un fallo de esa naturaleza. Hay, como se dijo, otros medios de defensa judicial tan eficaces como la acción de tutela, que justamente hacen parte del proceso constitucional. Esos medios son las solicitudes de cumplimiento y de desacato, reguladas en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991. Por lo mismo, en la parte resolutiva de esta providencia la Sala Plena de la Corte Constitucional declarará improcedente la tutela de este peticionario.

    158.2. En el expediente T-2501214 se encuentra la tutela instaurada por el señor R. de J.V.G., quien pide protección en su condición de aforado. Su vínculo con TELECOM se terminó el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). El fallo que autorizó el levantamiento del fuero sindical para su posterior despido se profirió sin embargo tiempo después de su desvinculación: el veinte (20) de agosto de dos mil ocho (2008). Esta tutela la interpuso el dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009). El intervalo transcurrido entre su salida de la compañía y la presentación del amparo fue entonces de un (1) año aproximadamente, y ese es un término razonable. En consecuencia, no tiene problemas de inmediatez. Pero, según lo antes expuesto, su solicitud es improcedente por falta de subsidiariedad. Para reclamar por una violación de las garantías derivadas del fuero sindical está la acción de reintegro ante la justicia ordinaria. La tutela procede en estos casos cuando se plantea una violación del derecho de asociación sindical por la irregular terminación del contrato de trabajo de un cierto número de trabajadores sindicalizados, lo cual podría considerarse que se presenta en este caso, pero además cuando se prueba una conducta antisindical. No obstante, de acuerdo con lo que se ha probado en el expediente, no puede decirse que la causa de la terminación de los contratos se debió a una estrategia antisindical, sino a la necesidad de liquidar la entidad, dentro de un programa de renovación de la administración pública. Debió entonces el actor acudir a la jurisdicción laboral para iniciar en el término de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la terminación de su contrato, el proceso de reintegro. Pero dejó prescribir su acción y por vía de tutela pretende subsanar su omisión, después de tres (3) años de habérsele terminado su relación con la entidad. No hay tampoco elementos para concluir que el medio de defensa con el que contaba resultaba ineficaz. Por lo demás, dado que no hay tampoco razones para sostener que esté en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, la Corte declarará improcedente su tutela.

    158.3. A su vez, en el expediente T-2471216 está el caso del señor N.C.Z.S.. Solicita ordenar a CAPRECOM que le reconozca el derecho a una pensión de jubilación o convencional, pero no hay pruebas de que se le hubiese negado una prestación de esa naturaleza. Con todo, incluso si así se considera, y tomando su petición sobre la base de que no se le ha reconocido una pensión como la que pide, esta tutela es improcedente. En efecto, para empezar, se dirige contra una entidad que no está próxima a extinguirse (CAPRECOM). Pide el reconocimiento de una pensión, pero para tal fin cuenta con medios judiciales ordinarios de defensa. No hay, además, elementos para sostener que esté ante un perjuicio irremediable, ni tampoco que en su caso el otro medio de defensa sea ineficaz. Nació el 23 de mayo de 1956, razón por la cual actualmente tiene cincuenta y siete (57) años de edad. Al liquidarse la entidad, se le pagó a título de indemnización y de prestaciones sociales la suma de sesenta y tres millones ochocientos ochenta y tres mil ciento dieciséis pesos ($63.883.116). No hay prueba de que dependan de él otros sujetos, que merezcan de especial protección constitucional. No carece de bienes, pues hay certificado de cobro por impuesto predial. No hay, en fin, razones suficientes para juzgar que en su caso se desproporcionado adelantar un proceso ordinario. Su tutela es entonces improcedente, por falta de subsidiariedad.

    158.4. El señor S.A.T., quien es también accionante en el expediente T-2471216, solicita asimismo ordenar a CAPRECOM el reconocimiento de la pensión a la que cree tener derecho. En su caso sí hay prueba de que se le negó tal prestación. Obra en el proceso la Resolución Número 0866 del 30 de abril de 2008, expedida por CAPRECOM, ‘por medio de la cual se niega una pensión’. En ella se le niega en apelación una solicitud de reconocimiento pensional, porque no cumple los requisitos para acceder a una pensión convencional, en tanto estas se previeron para quienes cumplen los requisitos del régimen de transición establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y porque tampoco cumple las condiciones para una pensión de jubilación, en cuanto no se desempeñó en un cargo de excepción durante veinte (20) años, y en todo caso no tiene derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Esta decisión puede ser impugnada por el tutelante ante la justicia ordinaria. No hay elementos para sostener que esté ante el riesgo de un perjuicio irremediable. Nació el 6 de abril de 1956, razón por la cual tiene actualmente cincuenta y siete (57) años. No es entonces una persona de la tercera edad. No hay tampoco prueba de que dependan de él otros sujetos, que merezcan especial protección constitucional. Tampoco se muestra que esté ante una situación crítica de pobreza. Carece, en fin, de razones suficientes para juzgar que en su caso se desproporcionado adelantar un proceso ordinario. Su tutela es entonces improcedente, por falta de subsidiariedad.

    158.5. En ese mismo expediente T-2471216, aparecen como además peticionarios los señores R.B.M., B.J.C.B. y E.S.T.T., quienes tienen en común la circunstancia de tener pendiente un proceso laboral ordinario, en el cual plantearon a su turno que se les habían violado sus garantías derivadas del fuero sindical. Obra copia, en efecto, de que la Sala de Decisión Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, mediante fallo proferido el once (11) de octubre de dos mil cuatro (2004), no autorizó el levantamiento del fuero sindical de estos accionantes porque la acción había prescrito para la entidad en liquidación. Estos trabajadores, no obstante, fueron despedidos el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Se probó, empero, que estos actores iniciaron un proceso de reintegro sindical el veintisiete (27) de junio de dos mil seis (2006), pues obra copia de una providencia del Juzgado Civil del Circuito de Lorica en la cual admitió una demanda de esa naturaleza. Aunque esta tutela persigue en esencia que se resuelva el litigio pendiente de solución en el proceso de reintegro referido, lo cierto es que como no obran los fallos de instancia de este último, la Corte no puede sostener que se trate de una controversia amparada por la cosa juzgada. En consecuencia, debe definir si su tutela es procedente, por subsidiariedad, conforme a lo señalado; es decir, si la interponen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

    158.5.1. En el caso del señor R.B.M., se observa que nació el 29 de diciembre de 1953, razón por la cual al interponer la tutela y al momento de resolverse la misma no pertenece al grupo de personas de la tercera edad. Consta que trabajó para TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y que al término de su vínculo se le pagó una suma de diecisiete millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos veinte cinco pesos ($17.426.325) por concepto de indemnización, y una de once millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos ($11.453.831) a título de liquidación de prestaciones. Para definir si la presente tutela se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, debe tenerse en cuenta su declaración extra juicio, en la cual manifiesta que vive con su compañera permanente y sus tres hijos, y el retiro de la empresa le generó “desestabilización económica”, y lo condujo a tener escasos recursos, razón por la cual sus ingresos no alcanzan para cubrir todas las necesidades de su núcleo familiar. Dice que actualmente no gana lo suficiente para cubrir los gastos de la educación de sus hijos, y que se encuentra en mora con los créditos de los Bancos y servicios públicos. Aporta recibos de servicios públicos, y certificados de la Universidad de Córdoba en los que consta que N.P.B.A. está inscrita en el programa de Ingeniería Industrial, y de la Corporación Universitaria R.N. en la que se certifica que M.B.A. estaba cursando el programa de odontología. Finalmente, aporta certificación de la Institución Educativa Antonia de la Torre y M., en la que se certifica que D.A.B.A. cursó y aprobó el grado once (11) en esa institución durante el año dos mil ocho (2008). El PAR no desvirtúa estas afirmaciones, razón por la cual se presumen verídicas (Dcto 2591 art. 20). La Corte considera que la tutela es entonces procedente, pues se propone como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave, como puede ser la deserción, de parte de sus hijos, de los estudios que adelantan, debido a la situación de escasez por la cual atraviesan el actor y, consecuencialmente, su familia. Este perjuicio demanda una acción oportuna, y por lo tanto la Sala Plena no declarará improcedente este amparo por lo relativo a la subsidiariedad.

    158.5.2. La situación del señor B.J.C.B. es la siguiente. En su caso, consta que nació el 26 de junio de 1947, e interpuso esta acción de tutela el veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009); es decir, cuando tenía más de 60 años de edad. Consta que al final de su relación laboral con TELECOM, se le pagó una indemnización de noventa y dos millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($92.856.694), y una suma de diez millones quinientos setenta y seis mil trescientos veinticinco pesos ($10.576.325) por concepto de liquidación de prestaciones. Si bien no obran, como en el caso anteriormente analizado, pruebas de que esté atravesando por una situación económica inferior, o que amenaza con ser inferior, a la que se estima necesaria para llevar una vida digna, lo cierto es que es una persona de la tercera edad, razón por la cual se justifica darle un tratamiento especial –pues es un sujeto de especial protección constitucional (CP art. 46)-. La protección especial debe consistir, a juicio de la Corte, en un examen menos estricto de las condiciones de procedibilidad de la tutela, que en este caso se traducen en la posibilidad de estudiar el fondo de la misma, pero únicamente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por lo mismo, la Sala Plena no declarará improcedente esta tutela por problemas de subsidiariedad.

    158.5.3. En lo que atañe al señor E.S.T.T., se advierte que nació el 30 de marzo de 1956. Consta que al término de su relación se le pagó una indemnización por valor de ochenta y dos millones cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($82.043.345), y una suma de cinco millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos ($5.229.475) a título de liquidación de prestaciones. Este peticionario aporta, una certificación bancaria, en la que consta que tiene un crédito por valor de cuarenta y cuatro millones ochocientos cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos ($44.804.152). En concepto de la Corte, estos elementos no son suficientes para considerar que el demandante esté en riesgo de sufrir un perjuicio grave, en virtud del cual resulte imperioso adoptar medidas urgentes e impostergables. En efecto, prueba que tiene una deuda, pero no muestra cómo ese crédito que tiene a su cargo amenaza con afectar su patrimonio jurídico fundamental. Tampoco es una persona de la tercera de edad, si se tiene en cuenta que actualmente es menor de sesenta (60) años. No ofrece tampoco elementos que permitan a esta Corte definir si otras personas, en especiales circunstancias de debilidad o vulnerabilidad, dependen económicamente de sus ingresos. Por lo mismo, la Sala Plena considera que la tutela de este peticionario es improcedente.

    158.6. En el expediente T-2471346, los señores Á.E.P.B., S.A.M., H.L.M. y C.M.O.R. tienen asimismo una circunstancia en común. En este proceso interponen tutela sobre la base de que eran trabajadores con fuero sindical, y de que resultaron desvinculados de TELECOM sin que se les respetaran las garantías derivadas de su condición de aforados. Ahora bien, se probó debidamente en el proceso que cada uno de estos peticionario tiene pendiente un proceso laboral de reintegro sindical, en el cual está por decidirse justo el litigio que se presenta en esta ocasión mediante tutela. En efecto, en el caso del señor Á.E.P.B. consta copia un fallo del Juzgado Once Laboral del Circuito de Santiago de Cali, Valle, en el cual niega en primera instancia su pretensión de reintegro. La situación del señor S.A.M. es esta: obra una providencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá del veintinueve (29) de octubre de dos mil siete (2007), en la cual se resuelve en primera instancia, también desfavorablemente, la acción de reintegro. Lo que ocurre con los señores H.L.M. y C.M.O.R. es que ambos fueron desvinculados de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), sin autorización judicial de levantamiento del fuero. El cuatro (4) de junio de dos mil ocho (2008) el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá autorizó su desvinculación, pero a posteriori, y dicha autorización se fundó en que la supresión de la empresa constituía una justa causa para ello, fallo que fue luego confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, S.L., mediante sentencia del once (11) de diciembre de dos mil ocho (2008). Consta, sin embargo, que el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del seis (6) de febrero de dos mil ocho (2008), accedió a su pretensión de reintegro sindical, si bien no ordenó el reintegro, y condenó al PAR a pagarles salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta la ejecutoria de la providencia, debidamente indexados, por haberlos desvinculado sin haber adelantado proceso de levantamiento del fuero sindical.

    Pues bien, aunque como se dijo esta tutela que ahora interponen los señores P.B. y A.M., L.M. y O.R. persigue en lo referido que se resuelva el litigio pendiente de solución en el proceso de reintegro ordinario, lo cierto es que como no obran los fallos de segunda instancia de este último, ni hay tampoco certeza de que esos fallos estén ejecutoriados y hayan hecho tránsito a cosa juzgada, la Corte no puede sostener que se trate de una controversia amparada por la cosa juzgada. En consecuencia, debe definir si la solicitud de amparo de estos actores es procedente, por subsidiariedad, conforme a lo señalado; es decir, si la interponen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

    158.6.1. El señor Á.E.P.B. nació el 26 de agosto de 1957, y trabajó al servicio de TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Hay constancias en este proceso de que al término de su relación con la compañía se le pagó una suma de ciento cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y nueve mil ciento setenta y siete pesos ($149.839.177) por concepto de indemnización, y una de ocho millones ochocientos veinticinco mil trescientos diecisiete pesos ($8.825.317 )a título de liquidación de prestaciones. El actor no aporta información adicional. No hay tampoco otros elementos, a partir de los cuales se pueda inferir que el demandante esté en riesgo de experimentar un perjuicio grave e inminente, que exija actuaciones judiciales urgentes e improrrogables. No es una persona de la tercera edad, pues actualmente tiene menos de sesenta (60) a años. No hay pruebas de que otras personas, en circunstancias de debilidad manifiesta o de vulnerabilidad, dependan de sus ingresos. Por lo mismo, la Sala Plena considera que la tutela es improcedente, en la medida en que no se invoca para impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

    158.6.2. El caso del señor S.A.M. es el siguiente. Se le terminó su vínculo con TELECOM el treinta y uno (31) de enero dedos mil seis (2006), fecha en la cual recibió una indemnización equivalente sesenta y nueve millones sesenta y siete mil sesenta y siete pesos ($69.067.067), y una suma de tres millones seiscientos cuarenta mil diecisiete pesos ($3.640.017) por concepto de liquidación de prestaciones. Aporta copia del registro civil de nacimiento de sus hijos S. de Jesús y L.M.A.M., en las que consta que nacieron el 23 de marzo 2000 y el 17 de marzo de 2003, respectivamente. Adjunta, igualmente, copia de los registros civiles de nacimiento de M.A. y E.X.M., hijos de su esposa E.L.M.G.. El PAR anexa un certificado, en el cual se aprecia que el actor ha seguido aportando al Sistema de Seguridad Social en Salud como afiliado cotizante. Estos datos son suficientes, a juicio de la Corte, para concluir que no están dadas las condiciones necesarias para considerar superado el problema de subsidiariedad en este caso. El monto de su indemnización y liquidación de prestaciones es alto. El demandante, por lo demás, según la certificación que aporta el PAR, actualmente está afiliado al sistema de seguridad social, en calidad de cotizante, lo cual significa que ostenta la condición de trabajador (dependiente o independiente). Fuera de eso, cuenta con una compañera que, acorde con las pruebas, no se ha dicho que carezca de condiciones de salud para trabajar y aportar ingresos al núcleo familiar. El demandante, por lo demás, no está tampoco en circunstancias de debilidad manifiesta. En esa medida, la Sala Plena estima que la tutela es improcedente, pues no hay elementos para concluir que el actor o su familia estén en riesgo de sufrir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

    158.6.3. La situación del señor H.L.M. es similar a la del peticionario anterior. En efecto, trabajó al servicio de TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), momento en el cual se le hizo un pago de doscientos cuarenta y seis millones quinientos siete mil ciento cuarenta y siete pesos ($246.507.147) por concepto de indemnización, y otro de cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos veintisiete pesos ($4.867.327) por liquidación de prestaciones sociales. Aporta registro civil de nacimiento de su hija L.L.G., en la que consta que nació el 25 de julio de 2000. El PAR aporta copia de la consulta al FOSYGA, en la cual se certifica que el actor ha seguido aportando al Sistema como afiliado cotizante. Estos datos, en criterio de la Corte, bastan para concluir que no está superado el problema de subsidiariedad en el presente caso. Para empezar, la suma de dinero que se le pagó a título de indemnización y la liquidación de prestaciones es elevada. Por lo demás, según la certificación que aporta el PAR, actualmente está afiliado al sistema de seguridad social, en calidad de cotizante, lo cual significa que ostenta la condición de trabajador (dependiente o independiente). No se ha dicho, ni probado, en el proceso que carezca de condiciones de salud para trabajar y aportar ingresos al núcleo familiar. El demandante, no cuenta con otras condiciones que lo inscriban como una persona en circunstancias de debilidad manifiesta. La Sala Plena estima que la tutela es entonces improcedente, ya que no hay elementos para concluir que el actor o su familia estén en riesgo de sufrir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

    158.6.4. En lo atinente al caso del señor C.M.O.R. se advierte que prestó sus servicios laborales para TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), momento en el cual obtuvo una indemnización que ascendió a los doscientos cuarenta y seis millones quinientos siete mil ciento cuarenta y siete pesos ($246.507.147), y una liquidación de prestaciones equivalente a cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil trecientos veintisiete pesos ($4.867.327). El PAR aporta consulta al FOSYGA en la que consta que el actor ha seguido aportando al Sistema como afiliado cotizante. Estos datos, en criterio de la Corte, son suficientes para concluir que no está superado el problema de subsidiariedad en el presente caso. Para empezar, la suma de dinero que se le pagó a título de indemnización y liquidación de prestaciones es cuantiosa. La certificación que adjunta el PAR indica que actualmente está afiliado al sistema de seguridad social, en calidad de cotizante, lo cual significa que ostenta la condición de trabajador (dependiente o independiente). No se ha dicho, ni probado, en el proceso que carezca de condiciones de salud para trabajar. El demandante, por lo demás, no cuenta con otras condiciones que lo inscriban como una persona en circunstancias de debilidad manifiesta, o que otras personas en sus circunstancias dependan económica y principalmente de sus ingresos. La Sala Plena estima que la tutela es en consecuencia improcedente, y no hay elementos para sostener que el actor esté en riesgo de sufrir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

    158.7. En el expediente T-2492726, la tutela promovida por los señores N.B.M., L.H.F.S., Á.J.G.N., B.A.M.P., S.A.R.R.S., J.F.M.M. y S.E.G.C. también plantea una discusión jurídica que está pendiente de decisión en procesos laborales ordinarios de reintegro, iniciados por estos actores. En efecto, en esta ocasión instauran la solicitud de amparo sobre la base de que eran trabajadores al servicio de TELECOM, con fuero sindical. No obstante, sostienen, se los desvinculó de la compañía sin observar las garantías asociadas a dicho fuero, y que por ello tienen derecho una protección judicial (reintegro o indemnización, según el caso). Ahora bien, hay pruebas de que los señores N.B.M., L.H.F.S., Á.J.G.N., B.A.M.P. y S.A.R.R.S., iniciaron un proceso de reintegro sindical, pues consta copia de una sentencia expedida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto el veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009), mediante la cual esta última autoridad manifestó que la pretensión procedente no era el reintegro, por imposibilidad material y jurídica. Ante la imposibilidad de reintegro también rechazó una reparación porque –indicó- los actores fueron indemnizados con ocasión de la terminación de las relaciones laborales. En lo relativo a los señores J.F.M.M. y S.E.G.C., las pruebas indican que también interpusieron una acción de reintegro, pues consta una sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa el veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009), en la cual se absuelve al PAR de Telecom por la desvinculación de estos peticionarios.

    Por lo anterior, aunque la tutela de estos accionantes persigue la resolución de litigios todavía pendientes la justicia laboral ordinaria (proceso de reintegro sindical), lo cierto es que como no obran los correspondientes fallos de segunda instancia de cada proceso, ni hay tampoco certeza de que las providencias de las cuales hay prueba estén ejecutoriadas, y de que en consecuencia hayan hecho tránsito a cosa juzgada, la Corte no puede sostener que se trate de una controversia amparada por la cosa juzgada. En consecuencia, debe definir si la solicitud de amparo de estos actores es procedente, por subsidiariedad, conforme a lo señalado; es decir, si la interponen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

    158.7.1. El señor N.B.M. nació el 29 de junio de 1966, y trabajó al servicio de TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Al término de su vínculo con la compañía se le pagó una suma de cincuenta y nueve millones ciento treinta y ocho mil seiscientos un pesos ($59.138.601) por concepto de indemnización, y una de cuatro millones doscientos siete mil ochenta y cinco pesos ($4.207.085) a título de liquidación de prestaciones. Obra copia del registro civil de nacimiento de un hijo del peticionario, llamado N.S.B.O., en el que consta que nació el 28 de agosto de 2001, y de dos letras de cambio por valor de diez millones de pesos ($10.000.000) y cinco millones de pesos ($5.000.000) en las cuales figura como obligado cambiario. También adjunta una certificación del ICETEX, del 18 de agosto de 2009, en la cual se lee que a cargo de D.C.B.O. aparece un saldo debido con la entidad por un valor de un millón ochocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos ($1.883.420), y una mora en el pago de sus cuotas mensuales en época de estudio o periodo de gracia, las cuales ascienden a cuatrocientos treinta y tres mil ciento sesenta y siete pesos ($433.167). También aporta registro civil de nacimiento de su hija M.F.B.O., en el que consta que nació el 13 de enero de 1990. Estos elementos no son suficientes, en criterio de la Sala, para concluir que el demandante o su familia estén en riesgo de sufrir un perjuicio grave e inminente, que demanda actuaciones judiciales urgentes e improrrogables. Por una parte, al actor se le pagó a título de indemnización y liquidación de prestaciones una suma de dinero que es relevante constitucionalmente, pues en condiciones normales -como en las que según las pruebas se encontraba el peticionario- le permiten a una persona enfrentar un tiempo amplio de desempleo en condiciones dignas. No se ha dicho, ni probado, en el proceso que el actor carezca de condiciones de salud para trabajar. Por lo demás, no es una persona que cuente con otras condiciones que lo pongan en circunstancias de debilidad manifiesta. La Corte estima, por tanto, que la tutela es improcedente, ya que no hay elementos para sostener que el actor esté en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable.

    158.7.2. En lo que atañe al señor L.H.F.S., consta que nació el 21 de octubre de 1961, y que prestó sus servicios laborales a TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Al finalizar su vínculo con la compañía se le pagó una suma de ciento cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos seis pesos ($149.942.406) por concepto de indemnización, y una de dieciocho millones doscientos veintitrés mil veinticinco pesos ($18.223.025) a título de liquidación de prestaciones. El PAR aporta copia de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral. El actor adjunta certificaciones de que ha contraído deudas con Icetex (un crédito aparece otorgado a L.H.F.B., y otro a F.B.C.H., con Davivienda por valor de trece millones seiscientos siete mil setecientos setenta y cuatro pesos ($13.607.774), y sendos títulos valores por doce millones ($12.000.000), treinta millones ($30.000.000) y cincuenta millones de pesos ($50.000.000), en los que aparece como obligado cambiario. La Corte considera que estos elementos no son, en su conjunto, suficientes para concluir que el demandante o su grupo familiar estén en riesgo de experimentar un perjuicio irremediable. De un lado, porque es alta la suma de dinero que se le pagó como indemnización y liquidación de prestaciones al final de su relación con TELECOM, y esto le permite a una persona, razonablemente, cubrir deudas y amparar por un tiempo la situación transitoria de desempleo. De otro, porque no hay razones para concluir que el pago no oportuno de estas deudas atente contra el derecho de sus hijos a la educación, o que suponga un riesgo de afectar la satisfacción de sus necesidades básicas. No se ha dicho, ni probado tampoco, en el proceso que el actor carezca de condiciones de salud para trabajar. Por lo demás, no es una persona que cuente con otras condiciones que lo pongan en circunstancias de debilidad manifiesta. La Corte estima, por tanto, que la tutela es improcedente, ya que no hay elementos para sostener que el actor esté en riesgo de sufrir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

    158.7.3. La situación del señor Á.J.G.N. es la siguiente. Nació el 16 de septiembre de 1961, y se le dio por terminado su vínculo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual adquirió el derecho al pago de una suma de cincuenta y seis millones doscientos noventa y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos ($56.292.964) por concepto de indemnización, y una de nueve millones seiscientos treinta y ocho mil cuarenta y seis pesos ($9.638.046) a título de liquidación de prestaciones. El actor aporta una letra de cambio por valor de siete millones ($7.000.000), en la cual figura como obligado cambiario, y un recibo de la Fundación Universitaria CESMAG, a nombre de C.A.G.R., por valor de un millón quinientos veintinueve mil novecientos noventa y dos pesos ($1.529.992). La Corte estima que estos datos no son suficientes para concluir que el demandante, o los miembros de su grupo familiar, se encuentren amenazados de padecer un perjuicio grave e inminente, que demande acciones urgentes e impostergables. La suma de dinero que se le reconoció al peticionario al término de su relación laboral con TELECOM contribuye de manera relevante a la satisfacción de las necesidades básicas que experimenta un trabajador al momento de perder su empleo, y mientras encuentra otra oportunidad para conseguir ingresos periódicos. Las deudas que prueba tener, no son de tal magnitud, comparadas con las sumas recién indicadas, que se evidencie un riesgo para los bienes fundamentales del demandante o su familia. El actor no es una persona de la tercera edad y no se ha dicho, ni probado tampoco, que carezca de condiciones de salud para trabajar. Por lo demás, no es una persona que cuente con otras condiciones que lo pongan en circunstancias de debilidad manifiesta. Por lo mismo, a juicio de la Sala, la tutela es improcedente.

    158.7.4. En el caso del señor B.A.M.P., se observa que nació el 12 de abril de 1961, y que hasta treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) prestó sus servicios laborales a TELECOM. Al terminar su vínculo se le pagó una suma de cuarenta y dos millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($42.381.448) por concepto de indemnización, y una de tres millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa pesos ($3.751.490) por liquidación de prestaciones. Aporta una certificación, en la cual consta que está en mora por concepto de un crédito de vivienda, el cuyo capital ascendía a la suma de treinta y cuatro millones ciento ochenta mil seiscientos veintisiete pesos ($34.180.627). La Corte Constitucional considera que estos elementos no son, en su conjunto, suficientes para sostener que el demandante o su grupo familiar estén en riesgo de experimentar un perjuicio irremediable. Primero, porque obtuvo una suma de dinero, a título de indemnización y liquidación de prestaciones, que contribuye a enfrentar sus deudas. Segundo, porque no es una persona de la tercera edad, en tanto tiene actualmente menos de sesenta (60) años. Tercero, porque no hay razones que lleven a la Sala a sostener que la deuda referida le impida satisfacer sus necesidades básicas. Cuarto, por cuanto no se ha dicho ni probado que el actor carezca de condiciones de salud para trabajar. No es una persona que cuente con otras condiciones que lo pongan en circunstancias de debilidad manifiesta. La Sala estima, por tanto, que la tutela es improcedente, ya que no hay elementos para sostener que el actor esté en riesgo de sufrir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

    158.7.5. En el caso del señor S.A.R.R.S., se advierte que nació el 14 de enero de 1958 y que fue desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), momento en el cual se le hizo un pago de sesenta millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos diecinueve pesos ($60.868.219) por concepto de indemnización, y uno de dos millones ochocientos veinticinco mil setecientos veintisiete pesos ($2.825.727) a título de liquidación de prestaciones. El actor adjunta copia de los registros civiles de nacimiento de sus hijos Y.C. y V.A.R.F., en los cuales consta que nacieron el 6 de diciembre de 1984 y el 2 de agosto de 1988, respectivamente. Aporta también copia de letras de cambio por valor de Diez ($10.000.000) y ocho millones ($8.000.000), en las que aparece como deudor cambiario, y certificaciones del Icetex, según las cuales su hija Yuranni Constanza tiene una deuda con la entidad por valor de diez millones seiscientos diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro pesos ($10.617.674), y su hijo V.A. es deudor de un crédito por valor diecinueve millones novecientos cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos ($19.905.867). Una certificación de Bancolombia dice asimismo, que el actor tiene una obligación por valor de dos millones trecientos noventa y nueve mil doscientos diez pesos ($2.399.210). Finalmente, obra una constancia de la Cooperativa de Aportes y Crédito de Trabajadores de Comunicaciones Nariño y P., en la que se observa una deuda del demandante por valor de quince millones de pesos ($15.000.000). Tras apreciar estos elementos en su conjunto, la Corte considera que este demandante no está en riesgo de sufrir un perjuicio grave e inminente, pues aunque las deudas son altas, no se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, ni tiene a su cargo a otras personas que estén en ellas. Tampoco es una persona de la tercera edad, ni está en una situación de fuerza mayor que le impida o dificulte sustancialmente enfrentar las deudas que ha contraído. La Sala estima, por tanto, que la tutela es improcedente, ya que no hay elementos para sostener que el actor esté en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable.

    158.7.6. En lo concerniente al señor J.F.M.M. se advierte que nació el 7 de enero de 1966, y que fue retirado del servicio el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). En esta última fecha se le pagó una indemnización de setenta y tres millones ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos ($73.194.284), y una liquidación de prestaciones por nueve millones ciento setenta y tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos ($9.173.555). No hay informes sobre otro tipo de circunstancias en las cuales se encuentre el peticionario. La Corte considera que no hay datos suficientes para sostener que en este caso la tutela se esté empleando para evitar un perjuicio grave e inminente, pues no es una persona de la tercera edad, o en circunstancias de debilidad manifiesta. Tampoco -y según las pruebas- tiene a su cargo a una o más personas en circunstancias de esa naturaleza. No hay elementos para concluir que estén en inminente riesgo sus necesidades básicas, ni tampoco está en una situación de fuerza mayor que le impida o dificulte sustancialmente desempeñar una actividad que le proporcione ingresos periódicos para acceder a los bienes básicos. La Sala estima, por tanto, que la tutela es improcedente.

    158.7.7. El señor S.E.G.C. nació el 10 de diciembre de 1954. Trabajó al servicio de TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y al término de su vínculo se le pagó una suma de ciento noventa y nueve millones seiscientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($199.677.548) por concepto de indemnización, y una de tres millones cuatrocientos cuarenta mil ciento noventa y cuatro pesos ($3.440.194) a título de liquidación de prestaciones. En una certificación aportada por el PAR, se indica que al actor se le reconoció pensión de jubilación a partir del primero (1) de febrero de dos mil seis (2006). Estos elementos bastan para que la Corte declare improcedente esta tutela, pues está probado que el actor no sólo obtuvo una suma elevada al final de su vinculación con la compañía por indemnización y liquidación de prestaciones, sino que además, por cuenta de la pensión que se le reconoció, recibe periódicamente ingresos que le permiten satisfacer sus necesidades básicas. No es una persona de la tercera edad, o en circunstancias de debilidad manifiesta, ni tiene tampoco a su cargo a una persona en esas condiciones. La Sala Plena de la Corte Constitucional estima, en definitiva, que el actor no está en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable.

    158.8. El caso del señor A.O.P. se encuentra en el expediente T-2537041. Su tutela tiene por objeto obtener el amparo, por la violación a las garantías que se derivan de su condición de aforado sindical. Pide en esencia ordenarle al PAR el reintegro a su cargo sin solución de continuidad, el pago de salarios, prestaciones legales y convencionales, y aportes a la seguridad social, desde la desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la acción de tutela, todo debidamente indexado, más los intereses moratorios correspondientes. Debe decirse que, con respecto al señor A.O.P., la entidad presentó demanda para solicitar la autorización de levantamiento del fuero. En fallo del veinticinco (25) de abril de dos mil seis (2006), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia ordenó archivar el expediente por carecer de objeto, en razón de que había sido desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Esta decisión no le impedía adelantar una acción de reintegro, en la que de manera eficaz se le habrían podido proteger, si había lugar a ello, los derechos que ahora invoca como conculcados. Su solicitud es entonces improcedente por subsidiariedad, ya que para reclamar por una violación de las garantías derivadas del fuero sindical tenía la acción de reintegro ante la justicia ordinaria, la que dejó prescribir. Ciertamente, la tutela procede en estos casos cuando se plantea una violación del derecho de asociación sindical por la irregular terminación del contrato de trabajo de un cierto número de trabajadores sindicalizados, lo cual podría considerarse que se da en este asunto, pero además cuando se prueba una conducta antisindical. No obstante, de acuerdo con lo que se ha probado en el expediente, no puede decirse que la causa de la terminación de los contratos se debió a una estrategia antisindical, sino a la necesidad de liquidar la entidad, dentro de un programa de renovación de la administración pública. Por lo demás, dado que no hay tampoco razones para sostener que esté en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, la Corte Constitucional declarará improcedente su tutela.

    En suma, los accionantes cuyas tutelas son improcedentes por problemas de subsidiariedad son los que se enlistan en la tabla que aparece a continuación:

    Accionantes – Tutelas improcedentes por subsidiariedad

    N..

    Nombre del tutelante

    Expediente

    Tema de fondo

    1

    J.P.A.

    T-2871322

    PPA

    2

    N.C.Z.S.

    T-2471216

    Pensión

    3

    S.A.T.

    T-2471216

    Pensión

    4

    1. de J.V.G.

      T-2501214

      FS

      5

      Eduardo Santos Tordecilla Tordecilla

      T-2471216

      FS

      6

      Álvaro Eugenio Posso Bedoya y

      T-2471346

      FS

      7

      Saaibi Arenas Moreno

      T-2471346

      FS

      8

    2. L.M. y

      T-2471346

      FS

      9

      Carlos Mauricio Osorio Ruíz

      T-2471346

      FS

      10

    3. B.M.

      T-2492726

      FS

      11

      Luis Hernando Flórez Salazar

      T-2492726

      FS

      12

      Á. J.G.N.

      T-2492726

      FS

      13

    4. A.M.P.

      T-2492726

      FS

      14

      Servio Antonio Ruano Ruano

      T-2492726

      FS

      15

    5. F.M.M. y

      T-2492726

      FS

      16

      Segundo Esperidión Guerrero Chamorro

      T-2492726

      FS

      17

      Aymer Ortiz Penagos

      T-2537041

      FS

      v. Resolución de fondo en los casos que han superado las condiciones de procedencia de la tutela

  159. Corresponde entonces a la Corte estudiar de fondo los casos restantes. En ellos hay básicamente cuatro grupos. Primero, el de quienes solicitan ser incluidos en el Plan de Pensión Anticipada, y que integran los señores T.E.G.B., A.G.P., M.S.P.Q., V.M.L.D. y J.L.S.D. (T-2471345); J.C.U.M., M.V.R. y D.M.V.B. (T-2579968); P.E.P.O. y G.O.M. (T-2484301); J. de J.B.A. y R.T. (T-2476358); H.M.Á., A.C.R.R., V.M.S., J.E.F.R., J.E.B.L. y F.T.S. (T-2476359); Á.J.O.A. y Á.R.G.S. (T-2471216); D.M.C., C.J.R.C. (T-2507052), G.C.E.E., L.M.P.C. (T-2537070), M.A.L.A., F.A.A., J.L.C.E., E.G.G., C.M.L.M., Ó.A.M.R., M.M.M., G.P.R., F.C.R.R., H.F.R.R., W.S.G. (T-2537078); R.S.G. (T-2566146); Ó.E.C.Q., G.A.J., C.L.B., J.A.R.C., C.A.S.R., L.F.T., I.I.B.S. (T-2587255); M.C.A.R., U. de J.B.C., L.I.M.G., R.R.M., C.L.S.L., D.J.V.B., F.H.V.U. y C.A.Q.M. (T-2587286). El segundo está integrado por quienes piden amparo en su condición de aforados sindicales, que son R.B.M. y B.C.B. (T-2471216), y además por el señor M.A.G. (T-2581607), quien pide la reliquidación de su pensión anticipada. Finalmente, están los que exigen protección en virtud del retén social, que es el grupo compuesto por los señores W.J.D.D., D.P.D., M.G.L., A.J.E.G. (T-2546795), O.R.G.P., J.E.P.A. y F.M.V. (T-2531642). La Corte pasa a referirse a cada grupo.

    v.i. Primer grupo. Solicitantes de PPA

  160. Como se dijo en el fundamento jurídico 97 de esta sentencia, desde el punto de vista de la subsidiariedad, la tutela en principio procede para pedir la inclusión en el PPA si de ello depende el goce efectivo de un derecho fundamental. Eso es lo que ocurre en los casos de los señores T.E.G.B., A.G.P., M.S.P.Q., V.M.L.D. y J.L.S.D. (T-2471345); J.C.U.M., M.V.R. y D.M.V.B. (T-2579968); P.E.P.O. y G.O.M. (T-2484301); J. de J.B.A. y R.T. (T-2476358); H.M.Á., A.C.R.R., V.M.S., J.E.F.R., J.E.B.L. y F.T.S. (T-2476359); Á.J.O.A. y Á.R.G.S. (T-2471216); D.M.C., C.J.R.C. (T-2507052), G.C.E.E., L.M.P.C. (T-2537070), M.A.L.A., F.A.A., J.L.C.E., E.G.G., C.M.L.M., Ó.A.M.R., M.M.M., G.P.R., F.C.R.R., H.F.R.R., W.S.G. (T-2537078); R.S.G. (T-2566146); Ó.E.C.Q., G.A.J., C.L.B., J.A.R.C., C.A.S.R., L.F.T., I.I.B.S. (T-2587255); M.C.A.R., U. de J.B.C., L.I.M.G., R.R.M., C.L.S.L., D.J.V.B., F.H.V.U. y C.A.Q.M. (T-2587286). Estos piden una prestación, de la cual depende su derecho a la seguridad social, que les permita sobrellevar además una vida en condiciones dignas ante el desempleo (CP art. 48). El PAR no desvirtúa que su derecho a una vida digna esté amenazado, por la falta de empleo, como lo plantean los actores, y en virtud de las presunciones de buena fe (CP art. 83) y de veracidad (Dcto 2591 de 1991 art. 20), se ha de entender que es así. Sus tutelas no son entonces improcedentes por problemas de subsidiariedad.

  161. En cuanto a la inmediatez, la Corte reitera lo dicho en el fundamento jurídico 109. En principio, es improcedente por falta de inmediatez una tutela dirigida contra el PAR una vez liquidada TELECOM, cuando además ha trascurrido un término extenso para interponerla, contado desde el momento en el cual se negó o dejó de reconocer la prestación reclamada., E., esta impresión puede desvirtuarse si concurre alguna circunstancia virtualmente apta para justificar la tardanza en la presentación del amparo. Lo cual, se logra si está demostrado, por ejemplo, que el actor obró con suficiente diligencia en la defensa de sus derechos, o que estuvo bajo fuerza mayor, o que era desproporcionado adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física o a una circunstancia equivalente, en este contexto.

  162. Con base en estas consideraciones, la Corte advierte lo siguiente en los casos de PPA. El PPA –como arriba se dijo- fue ofrecido por TELECOM a sus trabajadores a comienzos del primer semestre del año dos mil tres (2003). Las acciones de tutela que ahora se estudian se interpusieron, sin embargo, en el segundo semestre del año dos mil nueve (2009). Trascurrieron entonces, entre el ofrecimiento del Plan y el de la promoción de las tutelas, por lo menos seis (6) años. Estas personas fueron ciertamente trabajadoras de una empresa que sólo se liquidó en enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual fueron desvinculados muchos de los accionantes. Otros habían terminado su vínculo con la entidad incluso antes. En algunas de tutelas se alega en concordancia que la inmediatez debe contarse desde el punto más favorable. Pero eso no es suficiente, por sí solo, para desvirtuar el problema de inmediatez. Incluso, contando el tiempo desde la fecha de liquidación de TELECOM, los actores habrían tardaron cuando menos tres (3) años para presentar sus tutelas, y ese término es prima facie irrazonable para efectos de determinar su inmediatez. No obstante, como antes se mencionó, esa impresión es preliminar y no definitiva, por lo cual admite ser desvirtuada. En los casos que a continuación se relacionan, estima la Sala que las tutelas de los demandantes de este grupo no son improcedentes por falta de inmediatez.

    162.1. El señor T.E.G.B. fue desvinculado definitivamente de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), a causa de la liquidación. La presente tutela, encaminada a solicitar su inclusión en el PPA, la promovió el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009). Pasaron, como se ve, cerca de seis (6) años, contados desde que se ofreció el PPA, y aproximadamente tres (3) de ellos, computados desde cuando se desvinculó de la compañía, para instaurar una tutela con el fin de que se lo incorporara al PPA. Aunque este término es en abstracto adverso a la procedencia del amparo, en su caso está justificado. Primero, por tratarse de un padre cabeza de familia, que como aquí se ha dicho merece especial protección. Pero esto por sí solo no bastaría. En su caso, lo que ocurre es que además actuó con diligencia. A su favor se expidió un fallo de tutela el treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), por medio del cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar le reconoció su condición de padre cabeza de familia, y ordenó el pago de salarios y prestaciones desde la desvinculación hasta la fecha de liquidación definitiva de Telecom. Esto indica, que entre tanto, adelantó gestiones en defensa de sus derechos. No es entonces válido declarar improcedente su tutela por falta de inmediatez.

    162.2. En el proceso obran también pruebas de que a favor del señor A.G.P. se expidió una sentencia de tutela el catorce (14) de abril de dos mil ocho (2008), por medio de la cual el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar protegió al actor por su condición de padre cabeza de familia, y ordenó el pago de salarios y prestaciones desde su desvinculación hasta la fecha de liquidación definitiva de Telecom. Esta decisión fue confirmada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar. La desvinculación del peticionario ocurrió el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y la interposición de esta acción de tutela se dio en agosto de dos mil nueve (2009). Esa sola gestión, antes mencionada, en defensa de sus derechos no puede considerarse suficiente para justificar el plazo de seis (6) años que dejó pasar para promover el presente amparo, contados bien desde el ofrecimiento del PPA o desde su desvinculación, que en este caso se aproximan. Pero ese acto, sumado al hecho de que un juez le reconoció su condición de padre cabeza de familia, resulta a juicio de la Corte suficiente para justificar la tardanza. Una persona en esas condiciones, y desempleada, es razonable que dedique sus esfuerzos inmediatos a satisfacer las necesidades básicas propias y las del grupo familiar que encabeza, antes que a instar procesos judiciales. Pese a ello, obró con diligencia en ese sentido. No sería entonces válido declarar improcedente su tutela por falta de inmediatez.

    162.3. La señora M.S.P.Q. fue desvinculada el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). La presente tutela se interpuso el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009). Obran pruebas de que entre tanto, actuó sin embargo con suficiente diligencia en la defensa de sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social, y de los demás derechos que ahora reclama. En efecto, aparece una respuesta del PAR del treinta y uno (31) de marzo de dos mil seis (2006), a una reclamación administrativa de esta tutelante, en la que solicitaba el reintegro, el pago de salarios y prestaciones, el reconocimiento de pretensiones laborales, y una indemnización por despido ilegal. También consta que presentó una solicitud a la Procuraduría el veinte (20) de septiembre de dos mil cinco (2005), en la cual pidió se le informara a cuál modalidad pensional tenía derecho. Asimismo, obra respuesta a un derecho de petición ante CAPRECOM, que tiene como fecha el cinco (5) de octubre de dos mil cinco (2005), en la que se le informaron las modalidades pensionales de los trabajadores de Telecom. Hay respuesta a otra petición, en la que CAPRECOM se refiere al valor de su bono pensional. Aporta respuesta del PAR del dieciocho (18) de junio de dos mil ocho (2008), en la que se le dice que no cumple con los requisitos de la pensión de jubilación. Estas diligencias deben considerarse suficientes para justificar en su caso la interposición de la tutela en el año dos mil nueve (2009). La acción de tutela no resulta entonces improcedente por falta de inmediatez.

    162.4. La situación del señor V.M.L.D. (T-2471345) es similar a las antes reseñadas. El demandante fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso la presente acción el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009). No obstante, se advierte en las pruebas que obró con suficiente diligencia en el interregno, pues interpuso antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR, con base en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y en que, sin embargo, no se lo tuvo en cuenta dentro del grupo de beneficiarios del mismo. Solicitó entonces el reconocimiento y pago de la pensión anticipada, el pago de las mesadas pensionales atrasadas, el reajuste de la pensión de acuerdo a la ley y además la indemnización moratoria. Aunque al expediente fue allegado el auto admisorio de la demanda, proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006), no obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, razón por la cual no hay elementos para sostener que la controversia planteada en esta ocasión esté amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los fallos dictados en ese otro proceso. No obstante, en vista de la actividad desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos que ahora reclama, a juicio de la Sala esta tutela cumple con las exigencias de inmediatez, y en consecuencia no es improcedente por ese motivo.

    162.5. El señor J.L.S.D.T.-2471345 ha actuado asimismo con suficiente diligencia. Este peticionario fue desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso la presente tutela el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009). Entre tanto, sin embargo, interpuso acción ordinaria laboral contra el PAR y CAPRECOM, con base en que a su juicio era trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA y en que, sin embargo, se lo excluyó del grupo de beneficiarios de ese Plan. En su demanda ordinaria, pidió condenar a las demandadas a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitó el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras a desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta cuando CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. pidió el pago de la pensión convencional de jubilación. Dicha acción fue negada en primera instancia mediante fallo del veintitrés (23) de febrero de dos mil nueve (2009), expedido por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, pero no hay pruebas de una sentencia de segunda instancia, ni de que el proceso hubiera concluido con una sentencia ejecutoriada, razón por la cual no hay elementos para sostener que la controversia planteada en esta ocasión esté amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los fallos dictados en ese otro proceso. No obstante, en vista de la actividad desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos que ahora reclama, a juicio de la Sala esta tutela cumple con las exigencias de inmediatez, y por lo mismo no es improcedente por ese motivo.

    162.6. Consta a su vez que el señor J.C.U.M. fue desvinculado definitivamente de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Esta acción de tutela la instauró el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009). Obran pruebas de que, luego de haberse ofrecido el PPA, este actor presentó una acción de tutela en el año dos mil cuatro (2004), para que se le protegieran sus derechos dada su condición de padre cabeza de familia. La tutela, según las pruebas, fue concedida y se ordenó su reintegro a TELECOM. En concepto de esta Corte, el actor adelantó entonces una gestión para reclamar sus derechos, y además hay un hecho relevante y es que un juez de la República le reconoció su condición de padre cabeza de familia. Con lo cual, a juicio de la Corte Constitucional, hay suficientes elementos de juicio para concluir que la tardanza está justificada. Una persona en esas condiciones, que queda sin trabajo, es razonable que dedique sus esfuerzos inmediatos a satisfacer las necesidades básicas propias y las del grupo familiar que encabeza, más que a instar procesos judiciales. A pesar de ello, inició un proceso constitucional con ese fin antes de este. Esta tutela no debe por tanto considerarse improcedente por falta de inmediatez.

    162.7. Sobre la señora M.V.R.T.-2579968, consta que el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003) se le dio por terminado su vínculo laboral con TELECOM. La presente acción de tutela fue promovida por esta peticionaria el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009). Hay pruebas, sin embargo, de que antes de esta solicitud de amparo la señora V.R. inició un proceso laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA, pese a lo cual se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.8. En lo que respecta al señor G.O.M. fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). La presente tutela la promovió el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009). Entre tanto, obró con diligencia en la defensa de sus derechos. El seis (6) de marzo de dos mil seis (2006) elevó petición ante el PAR con el objetivo de que se lo incluyera en el PPA. Luego, el catorce (14) de julio de dos mil seis (2006) presentó una nueva solicitud, pero esta vez para que se lo reintegrara a las labores, se le pagara lo dejado de cancelar desde la desvinculación y se lo incluyera en el retén social. El veintiocho (28) de enero de dos mil nueve (2009) promovió una nueva solicitud igual a la que recién referida. Esto indica que su actuación fue reiterada, y en ella perseguía salvaguardar precisamente el derecho al mínimo vital, que es uno de los que estima conculcados. El peticionario interpuso su tutela después de este obrar, en agosto de dos mil nueve (2009), en un contexto en el cual persistía la supuesta amenaza en sus derechos fundamentales. La Sala considera que la diligencia con la cual actuó justifica la tardanza en la interposición del amparo, pues es razonable primero adelantar gestiones directamente ante la administración, y sólo si estas son desoídas o se resuelven desfavorablemente acudir a la justicia. En definitiva, esta tutela no debe declararse improcedente por falta de inmediatez.

    162.9. En este proceso obra una declaración, en el sentido de que el hijo menor de edad del señor P.E.P.O. sufrió una parálisis facial. Lo cual, según se dice en la solicitud de amparo, ha sido la causa de un desembolso de dinero por parte del accionante, y simultáneamente podría verse como una justificación de la tardanza en la interposición del amparo. La Corte advierte que el señor P.E.P.O. fue desvinculado de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que sólo el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009) instauró la tutela. Entre tanto, de acuerdo con las pruebas obrantes, no promovió otras acciones o gestiones para defender los derechos que ahora reclama. No obstante, la referencia a la situación médica de su hijo menor es, en concepto de esta Corte, suficiente para justificar la tardanza en la interposición del amparo, pues una persona en sus condiciones, una vez queda sin trabajo, no dedica sus esfuerzos inmediatos a promover controversias judiciales, sino a conseguir los bienes indispensables para satisfacer las necesidades básicas suyas, de su familia y, en especial, de su hijo en condiciones de debilidad manifiesta. De modo que, a la luz de lo antes expuesto, esta acción constitucional debe entonces juzgarse improcedente por falta de inmediatez.

    162.10. Los señores H.M.Á., A.C.R.R. y V.M.S.T. fueron desvinculados finalmente el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y presentaron la tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Fueron desvinculados y luego reintegrados, según lo informó el dieciocho (18) de enero de dos mil ocho (2008) el PAR, por orden de juez de tutela quien los consideró padres cabeza de familia. También interpusieron reclamación administrativa para ser incluidos en el PPA, y aunque no es del todo legible la fecha de radicación se puede concluir que fue después de la liquidación efectiva de la compañía.[231] No sólo obraron entonces con diligencia, sino que además un juez de la República les reconoció su condición de padres cabeza de familia. La tardanza que en abstracto se habría advertido en su caso está por ende justificada, pues su reintegro al servicio, hace que el tiempo transcurrido entre su desvinculación definitiva y la interposición de la tutela sea menor.[232] No sería válido pues declarar improcedente la tutela por falta de inmediatez.

    162.11. Para el caso del señor J.E.F.R. la Corte nota que fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que interpuso el amparo en agosto de dos mil nueve (2009), pero resalta que en el proceso hay pruebas, de acuerdo con las cuales instauró antes de esta tutela diversas peticiones. El veintiuno (21) de marzo de dos mil seis (2006) presentó reclamación administrativa de las prestaciones laborales y pensionales que a su juicio se le debían, y aparte también hizo lo propio con la finalidad de que se le reconociera una pensión convencional. El primero (1°) de junio de dos mil nueve (2009) elevó también petición para que se le reconociera pensión de jubilación. El pazo trascurrido, como se ve, aunque es amplio está justificado. En el interregno señalado obró con diligencia, y ciertamente lo hizo después de su desvinculación definitiva de la compañía. Esto, en concepto de la Corte Constitucional, basta para concluir que su tutela no debe declararse improcedente por falta de inmediatez.

    162.12. En el caso del señor J.E.B.L. se observa que interpuso tres peticiones: el veintiocho (28) de abril de dos mil seis (2006), el veinte (20) de diciembre de dos mil seis (2006) y el veintiséis (26) de diciembre de dos mil nueve (2009). En la primera, solicitó el reintegro y las obligaciones dejadas de cancelar luego de una desvinculación. En la segunda, pidió el reconocimiento de una pensión de vejez a su favor ante Caprecom., En la tercera, su solicitud se encaminó hacia la anulación del acto con el cual se dio por terminada su relación laboral. La Corte constata que el demandante fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que promovió el amparo en agosto de dos mil nueve (2009). Estas circunstancias son suficientes para concluir que el demandante no obró con negligencia en la defensa de sus derechos, ni siquiera durante los cerca de tres (3) años que trascurrieron entre su desvinculación y la promoción de la tutela. Por lo mismo, la Corte no declarará improcedente por falta de inmediatez de la tutela del señor J.E.B.L..

    162.13. El señor F.T.S.T.-2476359 fue a su turno removido del cargo que ocupaba en TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y promovió la presente tutela el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009). Interpuso antes de esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM sobre la base de que era un trabajador de TELECOM, y porque a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, a pesar de lo cual había sido excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto solicitó que se condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Dicha acción provocó en primera instancia mediante fallo del quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009), expedido por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá.[233] Esa se decisión se adoptó con base en que, en concepto del Juez, el actor no tenía derecho al régimen de transición, requisito indispensable para ser incluido en su caso en el PPA. No obra fallo de segunda instancia, ni hay tampoco elementos adicionales para sostener que la controversia planteada en esta ocasión esté amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los fallos dictados en ese otro proceso. Con todo, en vista de la actividad desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos que ahora reclama, a juicio de la Sala esta tutela cumple con las exigencias de inmediatez, y por lo mismo no es improcedente por ese motivo.

    162.14. Los señores Á.J.O.A. y Á.R.G.S. fueron desvinculados de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpusieron esta tutela el veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009). No obstante, en el interregno posterior al ofrecimiento del PPA obraron con suficiente diligencia. Interpusieron acción de reintegro, la cual fue declarada prescrita por medio de providencia proferida el seis (6) de marzo de dos mil siete (2007) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala de Decisión Civil, Familia y Laboral, toda vez que al momento de la interposición de la demanda había transcurrido ampliamente el término de dos (2) meses desde su desvinculación para presentarla. Los actores interpusieron también tutela para que se les reconocieran sus derechos al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación. Mediante sentencia T-538 de 2009 la Corte Constitucional declaró la improcedencia de esa acción, entre otras razones, porque consideró que era extemporánea y porque los actores no interpusieron la acción de reintegro por fuero sindical.[234] Con estos antecedentes, la Sala considera que han actuado con suficiente diligencia, y que no es razonable declarar improcedente su amparo por falta de inmediatez.

    162.15. También hubo diligencia en el actuar del señor J. de J.B.A.. En el proceso obra prueba de que este peticionario presentó una solicitud ante TELECOM el trece (13) de agosto de dos mil tres (2003) con el fin de ser incluido como beneficiario del PPA. El siete (7) de octubre de dos mil siete (2007) promovió una nueva petición, esta vez ante Caprecom y con el propósito de que le reconociera una pensión de vejez. Y el veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008) presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 307 del veintiséis (26) de febrero de dos mil nueve (2009), mediante cual Caprecom le negó la citada prestación. El demandante había sido desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso esta solicitud de amparo en agosto de dos mil nueve (2009). En concepto de la Sala, obró con diligencia suficiente para desvirtuar la impresión preliminar de irrazonabilidad que había sobre el tiempo dejado trascurrir para promover la defensa de sus derechos fundamentales. La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que esta tutela no debe entonces declarase improcedente por falta de inmediatez.

    162.16. El señor R.T.T.-2476358 fue desvinculado el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), y la presente tutela la instauró el veinticinco (25) de agosto de dos mil nueve (2009). Interpuso antes de esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM, sobre la base de que era un trabajador de TELECOM, y porque a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, y sin embargo se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto solicitó que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Dicha acción fue negada en primera instancia mediante fallo del doce (12) de diciembre de dos mil ocho (2008), expedido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá. Dado que no obra fallo de segunda instancia, no hay elementos para sostener que la controversia planteada en esta ocasión esté amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los fallos dictados en ese otro proceso. Pero en vista de la actividad desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos que ahora reclama, a juicio de la Sala esta tutela cumple con las exigencias de inmediatez, y por lo mismo no es improcedente por ese motivo.

    162.17. En lo que atañe al señor D.M.C.T.-2507052 consta que su vínculo con TELECOM se dio por terminado el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), y que el veinticinco (25) de septiembre de dos mil nueve (2009) instauró la tutela que provoca este pronunciamiento. Obra copia de la demanda ordinaria interpuesta por él contra el PAR de TELECOM, en la cual adujo haber sido trabajador de esta última compañía, con derecho a ser incluido en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto, pedía esencialmente el reconocimiento derecho a ser incorporado en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión de acuerdo con lo dispuesto en la ley, y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario, por lo cual no existen elementos de juicio que permitan a esta Corte sostener, razonablemente, que la controversia planteada en esta ocasión se encuentre amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los fallos dictados en ese otro proceso. Con todo, los medios de prueba que hay sí son suficientes para concluir que la actividad desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos reclamados, es suficiente para desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.18. En lo que atañe al señor C.J.R.C.T.-2507052, consta que el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003) se le terminó su vínculo con TELECOM. La presente tutela la interpuso el veinticinco (25) de septiembre de dos mil nueve (2009). Entre tanto, y según las pruebas, el actor instauró una demanda ordinaria promovida por contra el PAR de TELECOM, en la cual adujo haber sido trabajador de TELECOM con derecho a ser incluidos en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto pidieron que se condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el treinta y uno (31) de julio de dos mil tres (2003) y hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitaron el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras, hasta cuando CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario, lo cual indica que no existen elementos para concluir que hubiese habido una decisión con fuerza de cosa juzgada, que resulte vinculante para este caso. Con todo, los medios de convicción allegados al proceso sí son suficientes para concluir que la actividad desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos reclamados, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez. La acción de tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.19. La situación del señor G.C.E.E.T.-2537070 es similar a algunas de las antes mencionadas. Su desvinculación tuvo lugar el treinta (30) de junio de dos mil tres (2003), y la presente tutela fue instaurada el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009). Obra, sin embargo, copia de una sentencia expedida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Barranquilla el veinticinco (25) de abril de dos mil ocho (2008), mediante la cual se accedió a una acción ordinaria interpuesta por este tutelante, y en la cual se ordenó el reconocimiento, a su favor, del derecho a ser incluido en el PPA. No hay pruebas de que ese fallo se hubiese impugnado, ni de una sentencia de segunda instancia. Tampoco las hay de que ese proceso hubiese terminado con una sentencia de fondo, razón por la cual no existen elementos para concluir que hubiese habido una decisión con fuerza de cosa juzgada, que resulte vinculante para este caso. Los medios de convicción allegados al proceso sí son empero suficientes para concluir que la actividad desplegada por el peticionario, en la defensa de los derechos reclamados, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.20. Al señor L.M.P.C.T.-2537070 se le terminó su vínculo con TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso la presente tutela el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009). Hay pruebas, sin embargo, de que antes de esta tutela el peticionario interpuso demanda ordinaria contra el PAR de TELECOM, y en ella adujo haber sido trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto pidió que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitó el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Dicha acción le fue negada en primera instancia mediante sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil nueve (2009), expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco elementos de juicio adicionales, que le permitan a esta Corte concluir que exista una decisión ordinaria con fuerza de cosa juzgada, vinculante para este caso. Los medios de convicción allegados al proceso sí son empero suficientes para concluir que la actividad desplegada por el peticionario, en la defensa de los derechos reclamados, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.21. En cuanto al señor M.A.L.A.T.-2537078, consta que su vínculo laboral con TELECOM se terminó el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y que la tutela con la cual se inicia este proceso se instauró el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Con todo, antes de esta tutela el peticionario había promovido una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y con que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual no lo fue. Solicitó en ese contexto, el reconocimiento de su derecho a ser incluido en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006). No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni hay pruebas de que dicho proceso hubiera concluido definitivamente con una sentencia de fondo, razón por la cual no es posible establecer si este es un asunto amparado por la cosa juzgada. No obstante, los medios de prueba allegados al proceso sí son empero suficientes para concluir que la actividad desplegada por el peticionario, en la defensa de los derechos reclamados, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.22. Lo dicho en casos anteriores se aplica también a lo acontecido al señor F.A.A.T.-2537078, quien fue removido de su cargo en TELECOM el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), e interpuso esta tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Antes de esta tutela, el peticionario había intentando sin embargo una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadores de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual no fue considerado como beneficiario de dicho Plan. Solicitó el reconocimiento de su derecho a ser incluido en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006). Empero, no obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni consta que hubiese concluido con una sentencia de fondo, o elementos que permitan a esta Corte establecer si ese proceso concluyó con una decisión que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada. No obstante, los medios de prueba allegados al proceso sí son suficientes para sostener que la actividad desplegada por el peticionario fue diligente y que, por tanto, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.23. En cuanto se refiere al señor J.L.C.E.T.-2537078, fue desvinculado de TELECOM el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), y la presente acción de tutela la interpuso el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Antes de esta tutela el peticionario había intentado, sin embargo, una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que, a su juicio, tenía derecho a ser incluido en el PPA. Solicitó en ese contexto, en esencia, el reconocimiento de su derecho a ser incluido en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006). No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda concluir que dicho asunto hubiera concluido con un acto que tenga fuerza de cosa juzgada, vinculante para este caso. No obstante, los medios de prueba allegados al proceso sí son suficientes para sostener que la actividad desplegada por el peticionario fue diligente y que, por tanto, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.24. Al señor E.G.G.T.-2537078 se le terminó su relación laboral con TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), e instauró esta acción de tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Antes de esta tutela había iniciado un proceso laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el diecisiete (17) de abril de dos mil nueve (2009), en la cual se niegan en primera instancia las pretensiones del demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni hay tampoco otros elementos que permitan a esta Corte establecer si el presente asunto se encuentra amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.25. En lo atinente a la señora C.M.L.M.T.-2537078, se observa que resultó removida del cargo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y que instauró esta acción de tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Entre esos dos extremos, consta sin embargo que la peticionaria inició un proceso ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, a pesar de lo cual se la había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó entonces el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario, lo cual significa que no hay elementos de juicio suficientes, a partir de los cuales sea razonable sostener que el presente asunto se encuentra amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.26. El señor Ó.A.M.R.T.-2537078 fue removido de su cargo el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), e interpuso esta acción de tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Consta, sin embargo, que antes de la presente solicitud de amparo intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadores de la compañía en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual fue excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Medellín el catorce (14) de agosto de dos mil nueve (2009). No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.27. A la señora M.M.M.T.-2537078 se la desvinculó de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). La presente acción de tutela la promovió el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Hay pruebas de que, entre tanto, inició un proceso laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía, y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Medellín el catorce (14) de agosto de dos mil nueve (2009). No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.28. El señor G.P.R.T.-2537078 fue removido del cargo que hasta entonces ocupaba en TELECOM el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). El veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009) instauró la presente tutela. Consta, sin embargo, que entre ambos puntos temporales intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA. Solicitó, en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá el doce (12) de diciembre de dos mil ocho (2008), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.29. En lo que atañe al señor F.C.R.R.T.-2537078, consta que fue desvinculado el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), y que instauró esta tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Inició, antes de este proceso, una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser incluidos en el PPA. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia, expedida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá el quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009), mediante la cual se absolvió al PAR de la demanda.[235] No obra fallo de segunda instancia, ni hay tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.30. La situación del señor H.F.R.R.T.-2537078 es similar a la anteriormente referida. Fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y la presente acción la instauró el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Entre esos dos puntos temporales intentó, sin embargo, una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual no lo fue. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia, expedida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá el quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009), mediante la cual se absolvió al PAR de la demanda.[236] No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.31. El señor W.S.G.T.-2537078 fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), e interpuso esta tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). Consta, sin embargo, que entre tanto intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá el doce (12) de diciembre de dos mil ocho (2008), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Pero las pruebas allegadas al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.32. En cuanto se refiere a la señora R.S.G.T.-2566146, su vínculo laboral se dio por terminado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). La presente acción la interpuso el doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009). Obran pruebas de que esta demandante intentó, antes de este proceso, una demanda ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de la compañía, y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA, pese a lo cual se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto está amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es pues improcedente por ese motivo.

    162.33. El señor D.M.V.B.T.-2579968 fue desvinculado de TELECOM el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), y la presente tutela la interpuso el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009). Consta que entre esos dos extremos, intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el veintitrés (23) de febrero de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Pero las pruebas allegadas al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.34. En lo que atañe al señor Ó.E.C.Q.T.-2587255 consta que fue removido de su cargo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que interpuso la tutela el tres (3) de noviembre 3 de dos mil nueve (2009). Hay pruebas, sin embargo, de que interpuso antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá el doce (12) de diciembre de dos mil ocho (2008), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni hay tampoco otros elementos para establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.35. En cuanto se refiere al caso del señor G.A.J.T.-2587255, se observa que fue desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y que promovió esta solicitud de amparo el tres (3) de noviembre 3 de dos mil nueve (2009). Consta que antes de esta tutela intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el diecisiete (17) de abril de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni hay tampoco otros elementos para establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.36. La señora C.L.B.T.-2587255 fue removida de su cargo el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), e interpuso la presente tutela el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009). Hay pruebas de que, antes de esta solicitud de amparo, promovió un proceso laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA, pese a lo cual se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el diecisiete (17) de abril de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.37. Al señor J.A.R.C.T.-2587255 se le terminó su vínculo con TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso la presente tutela el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009). Entre esos dos extremos temporales inició, sin embargo, una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual fue excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaron en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el veintitrés (23) de febrero de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.38. En lo referente al caso del señor C.A.S.R.T.-2587255, se advierte que el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) se le puso fin a su relación con TELECOM, y que el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009) promovió esta acción de tutela. Hay pruebas de que, antes de este proceso, intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que, a su juicio, tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el veintitrés (23) de febrero de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.39. El señor L.F.T.T.-2587255 fue desvinculado de TELECOM el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), e interpuso esta tutela el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009). Interpuso, antes de esta tutela, una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que, a su juicio, tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá el quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.40. A la señora I.I.B.S.T.-2587255 se le terminó su relación laboral con TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y esta tutela fue interpuesta por ella el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009). Obra, sin embargo, prueba de que antes de la presente solicitud de amparo había intentado demanda ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA, pese a lo cual se la había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, que se condenara a la demandada a efectuar desde el veinticinco (25) de agosto de dos mil tres (2003), de manera temporal y voluntaria, el pago de una pensión de jubilación anticipada equivalente al setenta y cinco (75%) de los factores legales y extralegales devengados entre el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el quince (15) de abril de dos mil tres (2003). Subsidiariamente pedía ser destinataria de los beneficios del retén social, en tanto a su juicio ostentaba la condición de madre cabeza de familia sin alternativa económica. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.41. La situación de la señora Milagro Candelaria Acosta Romero T-2587286 es similar a la anteriormente referida. El treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) se le puso fin a su vínculo con TELECOM, y el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009) promovió la acción de tutela. Entre esos dos extremos, la demandante intentó un proceso ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA y, a pesar de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, que se condenara a la demandada a efectuar desde el veinticinco (25) de agosto de dos mil tres (2003), de manera temporal y voluntaria, el pago de una pensión de jubilación anticipada equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de los factores legales y extralegales devengados por los trabajadores entre el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el quince (15) de abril de dos mil tres (2003). Subsidiariamente pedía ser destinataria de los beneficios del retén social, en tanto a su juicio ostentaba la condición de madre cabeza de familia sin alternativa económica. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.42. El señor U. de J.B.C.T.-2587286 fue asimismo, desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y esta tutela la instauró el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009). Hay pruebas de que antes de esta tutela, había promovido un proceso ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, a pesar de lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerle su derecho a ser incluido en el PPA, y le pagara las mesadas retroactivas y futuras hasta el momento en el que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión convencional de jubilación, valores que debían ser debidamente indexados. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es improcedente por ese motivo.

    162.43. En lo que atañe al señor L.I.M.G.T.-2587286, el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) fue desvinculado de TELECOM, y el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009) instauró la presente tutela. Antes de esta solicitud de amparo había promovido una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el diecisiete (17) de abril de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.44. La situación del señor R.R.M.T.-2587286 se asemeja a la situación anterior. El veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) se le terminó el vínculo que tenía con TELECOM, y el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009) instauró esta tutela. Antes de esta tutela interpuso una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá el quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.45. A la señora C.L.S.L.T.-2587286 se le terminó su vínculo laboral con TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso la presente tutela el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009). Hay pruebas de que antes de esta tutela había promovido un proceso laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. Al expediente fue allegado el auto admisorio de la demanda, proferido por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006). No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.46. En lo que se refiere al señor D.J.V.B.T.-2587286, consta que fue desvinculado de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que interpuso la presente acción el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009). Antes de esta tutela había promovido una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual no se lo incluyó en el grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá el quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.47. Al señor F.H.V.U.T.-2587286 se le terminó su relación con TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso esta tutela el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009). Obra copia de la demanda ordinaria promovida antes de esta tutela por este peticionario, contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, a pesar de lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

    162.48. El señor C.A.Q.M.T.-2587286 fue desvinculado de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y promovió esta tutela el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009). Antes de esta tutela inició un proceso laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá el quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.

  163. En conclusión, las tutelas de los actores incluidos en este primer grupo no presentan problemas de improcedencia derivados de la subsidiariedad, ni de la inmediatez. Ninguna de sus solicitudes tiene problemas por falta de legitimación por activa, pues en los casos en los que obran mediante apoderado el respectivo poder fue debidamente extendido. Tampoco hay dificultades por cosa juzgada (ordinaria o constitucional), ya que en cada caso en el que hay pruebas de procesos previos a este, se constata que no existe identidad de partes, de fundamentos y de peticiones. En efecto, ninguno de los peticionarios incluidos en este grupo ha adelantado, antes de este, un proceso jurisdiccional contra el PAR, encaminado a exigir su inclusión en el Plan de Pensión Anticipada. La Corte estima en definitiva que cumplen todas las condiciones para tener derecho a un estudio de fondo de sus casos. Por ese motivo, la Sala pasa a examinar sus casos individualmente a continuación.

  164. Como se dijo, estas personas piden ser incluidas en el Plan de Pensión Anticipada. Este PPA, según se mostró en las consideraciones de este fallo, estaba dirigido a dos (2) clases de servidores. Primero, a los trabajadores oficiales cubiertos por alguno de los regímenes especiales de pensión, si además el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) les faltaban siete (7) años o menos para adquirir la pensión. Los regímenes especiales eran tres (3), de acuerdo con el Instructivo. Uno, permitía pensionarse con veinte (20) años al servicio del Estado y cincuenta (50) años de edad; otro con veinticinco (25) años al servicio del Estado y cualquier edad; y uno más con veinte (20) años en cargos de excepción y cualquier edad. Para estar en uno de ellos, el PPA exigía cumplir con otros requisitos. Por una parte, el trabajador debía estar cubierto por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por otra, haber estado vinculado a la planta de personal de TELECOM al momento de transformarse en Empresa Industrial y Comercial del Estado, lo cual ocurrió el veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Segundo, el PPA se dirigía a los trabajadores en cargos de excepción, que al treinta y uno (31) de marzo de dos mil cuatro (2004) tenían “veinte (20) años de servicio a Telecom en uno de esos cargos”. A estos grupos se dirigía el PPA. Quienes incumplían uno o más de estos requisitos, quedaban fuera del ámbito del PPA. Con base en estas condiciones, los casos deben resolver así:

    164.1. El señor T.E.G.B. (T-2471345) nació el 1° de enero de 1956 y ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981) hasta que fue desvinculado, el treinta y uno (31) de enero del año dos mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. En este proceso de tutela el PAR acreditó que a este funcionario se le pagaron, al finalizar su vínculo con la entidad, una suma de cincuenta y un millones trescientos sesenta y dos mil veintisiete pesos ($51.362.027) por concepto de indemnización, y una de dos millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($2.591.456) a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. Este tutelante no tenía ninguna de las condiciones el 1° de abril de 1994, para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Contaba en esa época con menos de cuarenta (40) años de edad, y tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. El actor no prueba que hubiera prestado sus servicios a otra entidad, con el tiempo suficiente para completar los quince (15) años que exige la Ley con el fin de adquirir el derecho al régimen de transición. Esta era una condición indispensable a efectos de ser incluido en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.2. El señor A.G.P. (T-2471345) nació el 26 de marzo de 1957 y ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el dieciséis (16) de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987) hasta que se produjo su desvinculación, el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a la inclusión en el PPA. En el proceso de tutela el PAR probó que a este funcionario se le pagaron, al terminarse su vínculo con la entidad, una suma de cuarenta y dos millones doscientos veintiún mil seiscientos setenta y siete pesos ($42.221.677) por concepto de indemnización, y una de dos millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y siete pesos ($2.299.637) a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. Este actor no tenía las condiciones el 1° de abril de 1994 para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. El actor no prueba que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.3. La señora M.S.P.Q. (T-2471345) nació el 15 de agosto de 1962 y ocupó un cargo de excepción en la compañía durante trece (13) años y tres (3) meses. Trabajó también en otros cargos, dentro de TELECOM, pues ingresó a laborar a la entidad el catorce (14) de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982) y fue desvinculada el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron el derecho a ser incluida en el PPA. En el proceso de tutela el PAR probó que a la tutelante se le habían pagado en su momento, al resolverse el vínculo que tenía con la entidad liquidada, una suma de setenta y dos millones ciento cuarenta y seis ciento sesenta y un pesos ($72’146.161) por concepto de indemnización, y una de cuatro millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos ($4’487.486) a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. Según las condiciones previstas, esta peticionaria no reúne los requisitos para acceder al PPA. De un lado, era trabajadora de excepción, pero al momento de ser desvinculada de la entidad sólo cumplía trece (13) años y tres (3) meses en ese cargo. Conviene recordar entonces que los trabajadores de excepción tenían derecho al PPA si habían cumplido veinte (20) años en tales cargos “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo). A estos también los cubría el PPA si cumplían, en todo caso, los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. Pero en su caso tampoco están dadas las condiciones para esto último, pues el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) contaba con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Como no cumple las condiciones para acceder al PPA, establecidos para uno u otro cargo, su tutela debe entonces negarse.

    164.4. El señor V.M.L.D. (T-2471345) nació el 17 de marzo de 1958, y trabajó al servicio de TELECOM desde el diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Se desempeñó como operador servicio de telecomunicaciones, lo cual significa –de acuerdo con los elementos de juicio antes expuestos- que ocupaba un cargo ordinario. Al término de su relación se le pagó una suma de sesenta y un millones quinientos sesenta mil novecientos diecinueve pesos ($61.560.919) por concepto de indemnización, y una de seis millones ciento cinco mil ochocientos veinticinco pesos ($6.105.825) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte observa que no este peticionario no reúne los requisitos para acceder al PPA, pues no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.5. En lo concerniente al caso del señor J.L.S.D.T.-2471345, se observa que nació el 27 de marzo de 1961. Ingreso a trabajar a TELECOM el veintiuno (21) de abril de mil novecientos ochenta y tres (1983), y se le terminó su vínculo con la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ocupó el cargo de auxiliar administrativo, que conforme a lo señalado en este proceso era considerado como un cargo ordinario. Al final de sus labores se le pagó una suma de sesenta y cinco millones cuatrocientos veintidós ochocientos noventa y ocho pesos ($65.422.898) como indemnización, y una de veintitrés millones ciento treinta mil sesenta y seis pesos ($23.130.066) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte observa que no este peticionario no reúne los requisitos para acceder al PPA, pues no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.6. El señor J.C.U.M. (T-2579968) nació el 4 de enero de 1959, y se desempeñó en TELECOM en un cargo ordinario desde su ingreso, el cual tuvo lugar el catorce (14) de abril de mil novecientos ochenta y uno (1981), hasta su retiro inicial, que ocurrió el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Luego fue reintegrado al cargo, por tener la condición de padre cabeza de familia, y permaneció en él hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron el derecho a ser incluido en el PPA. Consta que en la primera desvinculación se le pagaron cincuenta millones doscientos diecisiete mil trescientos noventa y ocho pesos ($50.217.398) por concepto de indemnización, y tres millones seiscientos cuarenta y siete mil ochenta y dos pesos ($3.647.082) a título de “prestaciones”. Este actor no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.7. La señora M.V.R. (T-2579968) nació el 17 de marzo de 1954. Laboró al servicio de TELECOM desde el veintidós (22) de agosto de mil novecientos noventa (1990) hasta el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Se desempeñó como telefonista nacional, que de acuerdo con lo acreditado en este proceso se considera un cargo de excepción. Consta que al término de su relación con la entidad se le pagó una suma de treinta y siete millones ciento cuarenta y tres mil novecientos ochenta y un pesos ($37.143.981) por concepto de indemnización, y una de tres millones cuatrocientos treinta y siete mil cincuenta y un pesos ($3.437.051) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron el derecho definitivo a ser beneficiaria del PPA. A juicio de la Corte, esta accionante no cumple las condiciones para acceder al PPA, en su condición de trabajadora de excepción. En efecto, no reunió veinte (20) años en ese cargo “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo), que era un requisito indispensable para ese propósito. Ahora bien, a quienes ocupaban estos cargos también los cubre el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. Al respecto, se advierte que esta peticionaria cumple con los dos requisitos iniciales, pues tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) más de treinta y cinco (35) años de edad, razón por la cual adquirió el derecho al régimen de transición, y además estaba vinculada a la planta de personal de Telecom al momento de su transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado (Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992). La pregunta es entonces si a esta demandante, al treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003), le faltaban siete (7) años o menos para cumplir con los requisitos de pensión, teniendo en cuenta los regímenes pensionales especiales, conforme a los cuales los trabajadores podían pensionarse con veinte (20) años al servicio del Estado y cincuenta (50) de edad; veinticinco (25) años al servicio del Estado y cualquier edad; veinte (20) años en cargos de excepción y cualquier edad.

    En cuanto a la primera hipótesis pensional especial, es suficiente con indicar que al treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) a la peticionaria le faltaban, al treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003), más de siete (7) años de trabajo en TELECOM para cumplir los veinte (20) de servicio al Estado, pues ingresó a laborar el veintidós (22) de agosto de mil novecientos noventa (1990), y como no prueba otro tiempo de servicios al Estado, cumpliría los veinte (20) años de labores para el Estado el veintidós (22) de agosto de dos mil diez (2010) . En otras palabras, al treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) le faltaban siete (7) años, cuatro (4) meses y veintidós (22) días para cumplir los veinte (20) años de servicio al Estado. En lo que respecta a la segunda hipótesis, tampoco la cumplía pues al treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) le hacían falta más de siete (7) años de servicio para cumplir los veinticinco (25) de trabajo a favor del Estado. Y, finalmente, en lo que atañe a la tercera hipótesis, a la demandante le faltaban más de siete (7) años; concretamente siete (7) años, cuatro (4) meses y veintidós (22) días para cumplir los veinte (20) años de servicio al Estado, en un cargo de excepción. En definitiva, la actora no cumplía con las condiciones para acceder al PPA, ni en su calidad de trabajadora de un cargo de excepción, ni de acuerdo con las exigencias generales, aplicables indistintamente a los cargos ordinarios y a los de excepción. Por lo mismo, su tutela debe negarse.

    164.8. En el caso del señor G.O.M. (T-2484301), se observa que nació el 31 de enero de 1961, y que ocupó un cargo ordinario al servicio de TELECOM desde que ingresó el catorce (14) de octubre de mil novecientos ochenta y uno (1981), hasta cuando se desvinculó el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron el derecho a la inclusión en el PPA. Consta que al terminársele el vínculo con la compañía, le pagaron ciento sesenta y ocho millones doscientos sesenta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos ($168.267.798) por concepto de indemnización, y cuatro millones quinientos sesenta mil doscientos sesenta y cinco pesos ($4.560.265) a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe negarse.

    164.9. En cuanto al señor P.E.P.O. (T-2484301) se advierte que nació el 24 de abril de 1955, y que se desempeñó en un cargo ordinario en TELECOM desde cuando ingresó a la compañía el diez (10) de noviembre de mil novecientos ochenta (1980), hasta que se desvinculó el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron a este peticionario el derecho a la inclusión en el PPA. Consta que al finalizar su vínculo con TELECOM, se le pagaron sesenta y siete millones setenta y dos mil setecientos quince pesos ($67.072.715) por indemnización, y cinco millones ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta pesos ($5.854.930) a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Ya que no la cumple, también su acción de tutela debe ser negada.

    164.10. El señor H.M.Á. (T-2476359) nació el 13 de julio de 1962 y ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el tres (3) de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta cuando fue desvinculado, el treinta y uno (31) de enero del año dos mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. En este proceso de tutela el PAR acreditó que a este funcionario se le pagaron, al finalizar su vínculo con la entidad, una suma de sesenta millones ciento treinta y seis mil novecientos cuarenta y un pesos ($60.136.941) por concepto de indemnización, y una de once millones doscientos treinta mil ciento treinta y dos pesos ($11.230.132) a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.11. Respecto del señor A.C.R.R. (T-2476359), obran pruebas de que nació el 20 de diciembre de 1957, y ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde cuando ingresó a la compañía el nueve (9) de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987), hasta que fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. Consta que al momento de terminarse su vínculo con la entidad, se le pagaron sesenta y seis millones ochenta mil trecientos seis pesos ($66.080.306) por concepto de indemnización, y cinco millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos ($5.636.443) a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, también su tutela debe negarse.

    164.12. En el caso del señor V.M.S. (T-2476359) se advierte, según las pruebas, que nació el 12 de enero de 1957, y trabajó en un cargo ordinario al servicio de TELECOM desde que se incorporó a la misma el dieciocho (18) de mayo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), hasta cuando fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el PPA. Consta que al momento de terminarse su vínculo con la entidad, se le pagaron ciento diecinueve millones cuatrocientos mil doscientos sesenta y nueve pesos ($119.400.269) por concepto de indemnización, y veintisiete millones cuatrocientos mil doscientos sesenta y nueve pesos ($27.400.269) a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.13. Las pruebas indican que el señor J.E.F.R. (T-2476359) nació el 16 de agosto de 1958, y ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el veintiuno (21) de abril de mil novecientos ochenta y uno (1981), hasta cuando fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. Consta que al finalizar su vínculo con la entidad se le pagaron noventa y un millones ochocientos ocho mil ciento once pesos ($91.808.111) por concepto de indemnización, y doce millones seiscientos cincuenta y nueve mil trecientos diez pesos ($12.659.310) a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.14. En lo que atañe al señor J.E.B.L. (T-2476359), observa la Sala que nació el 2 de diciembre de 1955, y se desempeñó en TELECOM en un cargo ordinario desde su ingreso, que tuvo lugar el diecinueve (19) de julio de mil novecientos ochenta y cinco (1985), hasta el momento de la desvinculación, que ocurrió el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. Al terminarse su vínculo con la entidad, se pagaron ciento setenta y nueve millones ochenta y ocho mil novecientos veintiocho pesos ($179.088.928) por concepto de indemnización, y treinta y ocho millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos ($38.232.447 )a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.15. En lo que atañe al caso del señor F.T.S. (T-2476359), se observa que nació el 18 de agosto de 1958, y trabajó para TELECOM desde el once (11) de mayo de mil novecientos ochenta y dos (1982) hasta el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), como Profesional V, grupo conmutación y electromecánica (cargo ordinario). Consta que se le pagó una suma de ciento cincuenta y un millones seiscientos noventa y seis mil noventa y nueve pesos ($151.696.099) a título de indemnización, y una de cinco millones ochocientos noventa mil cuatrocientos cincuenta pesos ($5.890.450) por concepto de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte considera que este peticionario no tenía derecho al PPA. En efecto, no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.16. El señor Á.J.O.A. (T-2471216) nació el 12 de octubre de 1960. Ingresó a TELECOM el veintiséis (26) de abril de mil novecientos ochenta y tres (1983), y ocupó un cargo ordinario hasta cuando fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). No figura en el proceso, la cuantía de la indemnización, y de la liquidación de prestaciones, que se le pagó al terminarse su vínculo con la entidad. El actor no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.17. El señor Á.R.G.S. (T-2471216) nació el 15 de junio de 1959. Ingresó a laborar a TELECOM el diecisiete (17) de agosto de mil novecientos ochenta y tres (1983), y ocupó un cargo ordinario hasta que se desvinculó el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). No figura en el proceso la cuantía de las prestaciones que le liquidaron, aunque consta que se le canceló una suma de cincuenta y un millones cuatrocientos noventa mil setecientos veinticinco pesos ($51.490.725) por concepto de indemnización. El actor no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.18. El señor J. de J.B.A. (T-2436758), de acuerdo con las pruebas, nació el 5 de agosto de 1960. Entró a trabajar en un cargo ordinario al servicio de TELECOM sin solución de continuidad a la compañía el veintitrés (23) de diciembre mil novecientos ochenta y siete (1987) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), cuando resultó desvinculado. Las pruebas indican que antes del veintitrés (23) de diciembre de 1987 había tenido otros tipos de vinculación con TELECOM, pero no está claro hasta qué momento. Al liquidarse la entidad se le pagó una suma de cincuenta millones doscientos setenta y un mil setecientos veinte pesos ($50.271.720) a título de indemnización, y otra de cinco millones doscientos sesenta y un mil quinientos quince pesos ($5.261.515) por concepto de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía al 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. En la tutela se dice que su primer trabajo comenzó en diciembre de mil novecientos ochenta (1980), y que en adelante prestó sus servicios con interrupciones. En cualquier caso, para el 1° de abril de 1994 no alcanzaba a tener quince (15) años de servicios. Tal condición era necesaria para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.19. En el caso del señor R.T. (T-2476358) se advierte lo siguiente. Nació el 24 de septiembre de 1956, y prestó sus servicios laborales a TELECOM desde el cuatro (4) de febrero de mil novecientos ochenta (1980) hasta el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), en un cargo de auxiliar administrativo VI, considerado en la compañía como ordinario. Consta que al término de su vínculo se le pagó una suma de sesenta y cuatro millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos noventa y un pesos ($64.542.391) como indemnización, y una de tres millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta pesos ($3.565.360) a título de prestaciones sociales. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte considera que este peticionario no tenía derecho al PPA. En efecto, no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.20. En lo que atañe al señor D.M.C. (T-2507052), se observa que nació el 23 de julio de 1958. Ingresó a trabajar a TELECOM el seis (6) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), hasta el momento en el cual se le dio por terminada su relación laboral, el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Ocupó en ese lapso el cargo de telefonista nacional, que en este proceso de acuerdo con las pruebas se considera como un empleo de excepción. No consta el monto que se le pagó al final de la relación, a título de prestaciones, pero sí que se le pagó una suma de cuarenta y dos millones ciento seis mil trecientos noventa y seis pesos ($42.106.396) por concepto de indemnización. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. A juicio de la Corte, el actor no cumple con los requisitos para acceder al PPA. De un lado, era trabajador de excepción, pero no reunió veinte (20) años en ese cargo pues sólo trabajó al servicio de la compañía entre 1986 y el año 2003. En consecuencia, definitivamente que no reunía entonces la condición de haber cumplido veinte (20) años en cargo de excepción “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo). A quienes ocupaban estos cargos también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No obstante, se advierte que este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba que hubiera prestado sus servicios a otra entidad, lo cual le permitía acceder al régimen de transición por el tiempo laborado. Tal condición era necesaria para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.21. El señor C.J.R.C. (T-2507052) nació el 5 de septiembre de 1961. Entró a trabajar al servicio de TELECOM el siete (7) de agosto de mil novecientos ochenta y dos (1982), y su retiro se registró el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Ocupó un cargo ordinario (Técnico). Consta que al finalizar su relación laboral, le pagaron una suma de ciento cincuenta y cinco millones setenta y un mil quinientos treinta y nueve pesos ($155.071.539) por concepto de indemnización, y una de diez millones veintidós mil seiscientos diez pesos ( $10.022.610) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte advierte que este actor no tenía al 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba que hubiera prestado sus servicios a otra entidad, lo cual le permitía acceder al régimen de transición por el tiempo laborado. Tal condición era necesaria para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.

    164.22. El señor G.C.E.E. (T-2537070) nació el 26 de abril de 1956. Inició sus labores al servicio de TELECOM el quince (15) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), y se le terminó su vínculo con la compañía el treinta (30) de junio de dos mil tres (2003). Se desempeñó como auxiliar administrativo; es decir, en un cargo ordinario. No consta que se le hubiesen pagado sumas, al término de su relación laboral, por concepto de indemnización o prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte considera que este peticionario no tenía al 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba haber prestado sus servicios a otra entidad antes de ello, lo cual le permitía acceder al régimen de transición por el tiempo laborado. Tal condición era necesaria para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces ser negada.

    164.23. En cuanto al señor L.M.P.C. (T-2537070), consta que nació el 31 de enero de 1954. Entró a trabajar a TELECOM el quince (15) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), y su relación laboral con la entidad concluyó el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). En la compañía se desempeñó como J.O., lo cual de acuerdo con las pruebas se consideraba un cargo de excepción. Se certificó en este proceso que, al final de su vínculo de trabajo, se le pagó una suma de veintidós millones seiscientos cuatro mil ochenta y siete pesos ($22.604.087) por concepto de indemnización, y una de veinticuatro millones cuatrocientos veintitrés mil ciento sesenta y tres pesos ($24.423.163) a título de prestaciones sociales. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. En concepto de la Corte, este tutelante no cumple con las condiciones para acceder al PPA. De un lado, era trabajador de excepción, pero no reunió veinte (20) años en ese cargo pues se desempeñó como servidor de la compañía entre 1996 y 2006. En consecuencia, y con mayor razón, puede decirse definitivamente que no reunía entonces la condición de haber cumplido veinte (20) años en cargo de excepción “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo). A quienes ocupaban estos cargos también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No obstante, se advierte que este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.24. Consta que el señor M.A.L.A. (T-2537078) nació el 6 de octubre de 1958, y que ingresó a trabajar a TELECOM el dos (2) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), cuando se le puso fin a su vínculo con la entidad. Se desempeñó durante ese tiempo en un cargo ordinario (Profesional). Al final de la relación se le pagó una suma de ciento setenta y cinco millones doscientos veinte mil doscientos noventa y dos pesos ($175.220.292), por concepto de indemnización, y una de trece millones setecientos noventa mil ciento cuarenta y ocho pesos ($13.790.148) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte observa que no este peticionario no reúne los requisitos para acceder al PPA, pues no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.25. El señor F.A.A. (T-2537078) nació el 15 de marzo de 1959, e ingresó a trabajar a TELECOM el treinta (30) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Se desempeñó en un cargo ordinario (operador de servicios de telecomunicaciones). Consta que al término de su vínculo le pagaron una suma de cincuenta y tres millones ochocientos diecisiete mil quinientos treinta y nueve pesos ($53.817.539) por concepto de indemnización, y una de un millón quinientos noventa y nueve mil setecientos noventa pesos ($1.599.790) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. En concepto de la Sala, este peticionario no reúne los requisitos para acceder al PPA, pues no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.26. En lo que respecta al caso del señor J.L.C.E. (T-2537078), se observa que nació el 18 de abril de 1955. Entró a laborar a TELECOM el veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco (1955), y se lo desvinculó el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Se desempeñó como operador de servicios de telecomunicaciones, lo cargo que en este proceso se acreditó como ordinario. Consta que se le pagó al término de su relación una suma de cuarenta y nueve millones trescientos setenta y seis mil trescientos siete pesos ($49.376.307) por concepto indemnización, y una de seis millones doscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos ($6.224.838) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte observa que no este peticionario no reúne los requisitos para acceder al PPA, pues no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.27. El señor E.G.G. (T-2537078) nació el 29 de diciembre de 1955, e ingresó a trabajar al servicio de TELECOM el diez (10) de agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981) hasta el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), cuando se dio por terminado su vínculo con la entidad. Consta que al finalizar su relación, se le pagó una suma global de ciento setenta y dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos ($172.754.641), sin que aparezca discriminado el concepto por el cual se le hizo (si sólo por indemnización o liquidación de prestaciones, o por ambos). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. En concepto de esta Sala, el peticionario no cumple los requisitos para acceder al PPA, ya que era un trabajador en un cargo ordinario y no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe entonces negarse.

    164.28. La señora C.M.L.M. (T-2537078) nació el 19 de marzo de 1964. Entró a trabajar a la compañía el dieciocho (18) de noviembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), y se le dio por terminado su vínculo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ocupó en ese tiempo, conforme a lo probado en el expediente, el cargo de telefonista nacional, lo cual significa que desempeñó un empleo de excepción. Consta que al término de la relación laboral recibió una suma de sesenta y un millones treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos ($61.031.445) por concepto de indemnización, y una de un millón quinientos seis pesos ($1.000.506) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a esta peticionaria, el derecho a ser incluida en el PPA. En concepto de la Corte, esta tutelante no cumple con las condiciones para acceder al PPA. De un lado, era trabajadora de excepción, pero no alcanzó a reunir veinte (20) años en ese cargo el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cuatro (2004). En consecuencia, definitivamente no reunía la condición de haber cumplido veinte (20) años en cargo de excepción “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo). A quienes ocupaban estos cargos también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No obstante, se advierte que este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.29. El señor Ó.A.M.R. (T-2537078) nació el 4 de junio de 1954, y entró a trabajar al servicio de TELECOM el diecinueve (19) de abril de mil novecientos ochenta y tres (1983) hasta el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), fecha en la cual se le dio por terminado su vínculo. Se desempeñó en ese período como auxiliar administrativo, que en este proceso se dio como probado que era un cargo ordinario. Consta que al término de su relación con la entidad se le pagó una suma de setenta y nueve millones setecientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos ($79.794.698) por concepto de indemnización, y una de cinco millones cuatrocientos trece mil trecientos setenta y cuatro pesos ($5.413.374) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este peticionario, el derecho a ser incluida en el PPA. En concepto de la Corte, el tutelante no cumple con las condiciones para acceder al PPA. En concepto de esta Sala, el peticionario no cumple los requisitos para acceder al PPA, ya que era un trabajador en un cargo ordinario y no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.30. En lo referente a la señora M.M.M. (T-2537078), consta que nació el 29 de diciembre de 1963. Ingresó a laborar al servicio de TELECOM el tres (3) de agosto de mil novecientos ochenta y dos (1982), y se le dio por terminada su relación el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ocupó el cargo de telefonista nacional desde el tres (3) agosto de mil novecientos ochenta y dos (1982) hasta el treinta y uno (31) de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (1988), y luego se desempeñó como auxiliar administrativo. Hay pruebas de que al final de su vínculo con TELECOM se le pagó una suma de noventa y cinco millones trescientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos ($95.393.485) por concepto de indemnización, y una de tres millones setecientos veintisiete ml setecientos cuarenta y seis pesos ($3.727.746) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este peticionario, el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Sala, no cumple las condiciones para acceder al PPA, ni en condición de trabajadora en cargo de excepción, ni en la de servidora en cargo ordinario. En cuanto a lo primero, sólo consta que hubiera trabajado en un cargo de excepción durante aproximadamente 6 años, razón por la cual definitivamente no reunía la condición de haber cumplido veinte (20) años en cargo de excepción “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo), que era requisito indispensable para acceder, en esta modalidad, al PPA. En cuanto a lo segundo, no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.31. El señor G.P.R. (T-2537078) nació el 29 de noviembre de 1957, y se desempeñó como profesional al servicio de TELECOM, compañía a la que ingresó el tres (3) de noviembre de mil novecientos ochenta y uno (1981) y de la cual fue desvinculado el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Consta que al final de su relación laboral se le pagó una suma de ciento cincuenta millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($150.965.548) por concepto de indemnización, y una de tres millones quinientos nueve mil seiscientos veinticuatro pesos ($3.509.624) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este peticionario, el derecho a ser incluida en el PPA. En criterio de esta Corte, el señor P.R. no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.32. La situación del señor F.C.R.R. (T-2537078) es la siguiente. Nació el 13 de noviembre de 1959, e ingresó a trabajar al servicio de TELECOM el dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos ochenta y tres (1983) hasta su desvinculación de la compañía, que ocurrió el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Según las pruebas, se desempeñó como telefonista nacional, que según las pruebas formaba parte de los cargos de excepción. Consta que al final de la relación se le pagó una suma de setenta y un mil cuatrocientos treinta mil ciento veintiocho pesos ($71.430.128) por concepto de indemnización, y una de cinco millones quinientos setenta y seis mil veinticuatro pesos (5.576.024) a título de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este peticionario, el derecho a ser incluida en el PPA. En concepto de la Corte, este tutelante no tenía derecho a ser beneficiario del PPA. En efecto, era un trabajador que ocupaba un cargo de excepción, el cual desempeñó –de acuerdo con las pruebas- durante menos de veinte (20) años, pues se le terminó su relación con la entidad el 26 de julio de 2003, cuando apenas contaba con diecinueve (19) años y ocho (8) meses de servicios en ese empleo, aproximadamente. En consecuencia, definitivamente no reunía la condición de haber cumplido veinte (20) años en cargo de excepción “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo). A quienes ocupaban estos cargos también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No obstante, se advierte que este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.33. El señor H.F.R.R. (T-2537078) nació el 29 de marzo de 1960. Ingresó a trabajar a TELECOM el veintidós (22) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), y fue desvinculado veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Se desempeñó como técnico de administración central, que era un cargo ordinario. Consta que al término de su relación se le pagó una suma de ciento ochenta y seis millones ochenta y nueve mil novecientos veintidós pesos ($186.089.922) por concepto de indemnización, y una de diecisiete millones quinientos ochenta y dos mil quinientos veinticinco pesos ($17.582.525) a título de prestaciones sociales. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este peticionario, el derecho a ser incluida en el PPA. En criterio de esta Corte, el señor P.R. no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.34. El señor W.S.G. (T-2537078) nació el 11 de septiembre de 1963. Ingresó a laborar a TELECOM el tres (3) de agosto de mil novecientos ochenta y dos (1982), y se le dio por terminado su vínculo con la entidad el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Se desempeñó como técnico, que en esa compañía se consideraba un cargo ordinario. No se aporta certificación de indemnización o liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el PPA. En criterio de esta Corte, no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.35. En cuanto se refiere a la señora R.S.G. (T-2566146), es posible advertir que nació el 26 de julio de 1962. Estuvo vinculada a TELECOM desde el veintidós (22) de diciembre de mil novecientos ochenta y siete (1987) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), en el cargo de Telefonista Nacional, considerado en la empresa como de excepción. No consta certificado de indemnización o liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Sala, no cumple las condiciones para acceder al PPA, ni en condición de trabajadora en cargo de excepción, ni en la de servidora en cargo ordinario. En cuanto a lo primero, consta que “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo) sólo cumplía con diecisiete (17) años en el cargo de excepción, y para acceder al PPA en esa modalidad necesitaba acreditar veinte (20) años de servicio en esas condiciones. En cuanto a lo segundo, no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta posibilidad de pensionarse con los requisitos aplicables en principio a trabajadores en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.36. La situación del señor D.M.V.B. (T-2579968) es la siguiente. Nació el 18 de junio de 1956, y trabajó al servicio de TELECOM el veintisiete (27) de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), cuando fue desvinculado de la compañía. Ocupó un cargo de auxiliar de telecomunicaciones, que en la entidad se consideraba un cargo ordinario. Consta que al final de su vínculo se le pagó una suma de cincuenta y siete millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos setenta y tres pesos ($57.460.673) por concepto de indemnización, y una de dos millones de pesos ($2.000.000) a título de indemnización. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. La Corte estima que no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.37. El señor Ó.E.C.Q. (T-2587255) nació el 23 de mayo de 1958, y trabajó en TELECOM desde el diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa (1990) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), cuando se dio por terminada su relación con la entidad. Se desempeñó en el cargo de auxiliar administrativo VI, que en dicha compañía se consideraba un cargo ordinario. Consta que al finalizar la relación laboral se le pagó una suma de cuarenta y seis millones cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos diez pesos ($46.434.510) a título de indemnización, y una de treinta y dos millones setecientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y seis mil pesos ($32.787.556) por concepto de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.38. El señor G.A.J. (T-2587255) nació el 27 de abril de 1963, y trabajó al servicio de TELECOM, sin solución de continuidad, desde el dieciséis (16) de abril de mil novecientos ochenta y seis (1986) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Antes de eso, se registran servicios dentro de los siguientes extremos: del 23 de julio al 12 de agosto de 1982; del 3 al 12 de septiembre de 1982; del 12 al 26 de abril de 1983; del 2 al 23 de enero de 1984; del 28 de marzo al 17 de abril de 1984; para un total de ochenta y cuatro (84) días. Se desempeñó como operador servicio de telecomunicaciones, que era considerado un cargo de excepción. Consta que se le pagó, a título de indemnización, una suma de cincuenta y ocho millones ochocientos veintisiete mil seiscientos ocho pesos ($58.827.608). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. En concepto de la Corte, este tutelante no tenía derecho a ser beneficiario del PPA. En efecto, era un trabajador que ocupaba un cargo de excepción, el cual no alcanzó a reunir veinte (20) años en dicho cargo “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo), que era un requisito indispensable para adquirir el PPA en tal condición. A quienes ocupaban estos cargos también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No obstante, se advierte que este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.39. La señora C.L.B. (T-2587255) nació el 8 de febrero de 1960. Ingresó a laborar al servicio de TELECOM el diez (10) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), y trabajó para esa compañía hasta el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Se desempeñó como técnico, que en la entidad se consideraba un cargo ordinario. Consta que se le pagó una indemnización de ciento veintisiete millones novecientos veintisiete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos ($127.927.849), y se le liquidaron prestaciones por una suma de diez millones setenta y nueve mil doscientos veintidós pesos ($10.079.222). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.40. Respecto del señor J.A.R.C. (T-2587255), consta que nació el 24 de agosto de 1958, y que trabajó para TELECOM desde el veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos ochenta y siete (1987) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual se dio por terminado su vínculo con la entidad. Se desempeñó en el cargo de auxiliar administrativo, que en la compañía se consideraba ordinario. No se observa certificación sobre indemnización o liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.41. En cuanto al señor C.A.S.R. (T-2587255), consta que nació el 23 de enero de 1963. Entró a trabajar a TELECOM el dieciséis (16) de febrero de mil novecientos ochenta y uno (1981), y laboró para la compañía hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Se desempeñó en un cargo de profesional V, que en la entidad era considerado ordinario. Consta que al terminarse su relación con TELECOM se le pagó una suma de ciento ochenta y seis millones veintisiete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($186.027.254) por concepto de indemnización, y una de veintitrés millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve pesos ($23.944.619) a título de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.42. El señor L.F.T. (T-2587255) nació el 11 de agosto de 1961, y trabajó al servicio de TELECOM desde el veinticuatro (24) de julio de mil novecientos ochenta (1980) hasta el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), fecha en la cual se dio por terminado su vínculo con la entidad. Se desempeñó como técnico I; es decir, en un cargo ordinario. Consta que al término de su vínculo con la entidad se le pagó una indemnización por ciento cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y un mil pesos ($147.454.731), y una suma de nueve millones novecientos quince mil quinientos noventa y nueve mil pesos ($9.915.599) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.43. En lo que atañe a la señora I.I.B.S. (T-2587255), se observa que nació el 3 de mayo de 1962. Ingresó a TELECOM el primero (1) de febrero de mil novecientos ochenta y dos (1982), y prestó sus servicios en la entidad hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Se desempeñó en el cargo de auxiliar administrativo, que era considerado ordinario. Consta que al término de su relación se le pagó una suma de ciento dos millones setecientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos ($102.795.261) por concepto de indemnización, y una de cuatro millones novecientos cincuenta y un mil setecientos trece pesos ($4.951.713) a título de indemnización. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.44. La señora M.C.A.R. (T-2587286) nació el 2 de febrero de 1964, y trabajó en TELECOM desde el diecisiete (17) de junio de mil novecientos ochenta 1987 hasta el treinta y uno 31 de enero de dos mil seis 2006, fecha en la cual se le puso término a su vínculo. Ocupó el cargo de jefe de oficina I, que era considerado dentro de la compañía como un cargo de excepción. Consta que al momento del retiro se le pagó una suma de sesenta y un millones trescientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta pesos ($61.365.140) por concepto de indemnización, y una de tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y seis pesos ($3.649.546) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. La Corte considera que no tenía derecho a acceder a dicho Plan. En efecto, era una trabajadora en cargo de excepción, y no alcanzó a reunir veinte (20) años en dicho cargo “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo), que era un requisito indispensable para adquirir el PPA en tal condición. A quienes ocupaban estos cargos también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No obstante, se advierte que esta peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y de otro, tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.45. El señor U. de J.B.C. (T-2587286) nació el 18 de mayo de 1961, y laboró al servicio de TELECOM desde el veinticinco (25) de agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual se dio por terminado su vínculo con la entidad. Se desempeñó allí en el cargo de profesional V, el cual era considerado como un cargo ordinario. Consta que al final de su relación con la compañía se le pagó una suma de ciento setenta y ocho millones ochocientos treinta y tres mil trescientos noventa y cinco pesos ( $178.833.395 a título de indemnización, y una de siete millones setecientos cincuenta y cinco mil trescientos un pesos ($7.755.301) por concepto de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.46. La situación del señor L.I.M.G. (T-2587286) es la siguiente. Nació el 9 de enero de 1961, y trabajó para TELECOM desde el siete (7) de octubre de mil novecientos ochenta y dos (1982) hasta el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), cuando fue reiterado de la compañía. Ocupó el cargo de técnico VII, considerado en la entidad como ordinario. Al final de su relación con la empresa, se le pagó una suma de ciento treinta y dos millones quinientos noventa mil ochocientos cuarenta y nueve pesos ($132.590.849 a) título de indemnización, y una de once millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos cincuenta y dos pesos ($11.426.752) por concepto de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el PPA. En criterio de la Sala, este peticionario no tenía derecho a acceder al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.47. En lo que atañe al señor R.R.M. (T-2587286), consta que nació el 1° de febrero de 1960, y que trabajó al servicio de TELECOM desde el cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y dos (1982) hasta el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Se desempeñó en la empresa en el cargo de técnico, considerado en la entidad como cargo ordinario. Al término de su vínculo, se le pagó una suma de doscientos un millones ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($201.851.496) por concepto de indemnización, y una de dieciocho millones ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($18.851.496) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el PPA. En criterio de la Sala, este peticionario no tenía derecho a acceder al PPA. En efecto, ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.48. La señora Clara Lucía S.L. (T-2587286) nació el 12 de diciembre de 1964, y prestó sus servicios laborales a TELECOM desde el siete (7) de diciembre de mil novecientos ochenta y siete (1987) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Se desempeñó como telefonista nacional, cargo considerado de excepción. Consta que al término de su relación con la compañía, se le pagó una suma de sesenta y dos millones cincuenta mil noventa pesos ($62.050.090) a título de indemnización, y una de cinco millones noventa y seis mil doscientos sesenta y ocho pesos ($5.096.268) por concepto de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. La Corte considera que no tenía derecho a acceder a dicho Plan. En efecto, era una trabajadora en cargo de excepción, y no alcanzó a reunir veinte (20) años en dicho cargo “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo), que era un requisito indispensable para adquirir el PPA en tal condición. A quienes ocupaban estos cargos también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No obstante, se advierte que esta peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.49. En lo que se refiere al señor D.J.V.B. (T-2587286), consta que nació el 12 de abril de 1959. Entró a trabajar a TELECOM el nueve (9) de marzo de mil novecientos ochenta y uno (1981), y a su relación con la entidad se le puso término el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Ocupó el cargo de profesional IV, que era considerado un cargo ordinario. Al finalizar su vínculo con la entidad, se le pagó una suma de ciento treinta y tres millones doscientos seis mil trescientos treinta y cuatro pesos ($133.206.334) por concepto de indemnización, y una de diez millones setecientos veintinueve mil quinientos seis pesos ($10.729.506) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el PPA. En criterio de la Sala, este actor no tenía derecho a acceder al PPA. En efecto, ocupaba un cargo ordinario, pero no cumplía el 1° de abril de 1994 con las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.50. En lo referente al señor F.H.V.U. (T-2587286), se observa que nació el 4 de febrero de 1958. Ingresó a trabajar para TELECOM el cuatro (4) de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), y prestó sus servicios laborales a esa compañía hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), cuando se dio por terminada su vínculo. Ocupó el cargo de auxiliar administrativo, considerado en la entidad como ordinario. Consta que al término de sus labores se le pagó una suma de sesenta y un millones nueve mil novecientos setenta y cinco pesos ($61.009.975) por concepto de indemnización, y una de trece millones quinientos setenta y seis mil doscientos veintiún pesos ($13.576.221) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el PPA. En criterio de la Sala, este peticionario no tenía derecho a acceder al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    164.51. El señor C.A.Q.M. (T-2587286) nació el 26 de febrero de 1965, y trabajó al servicio de TELECOM desde el primero (1) de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), fecha en la cual resultó desvinculado de la entidad. Se desempeñó en el cargo de técnico de transmisión IV, considerado en la compañía como ordinario. Consta que al término de su relación se le pagó una suma de ochenta y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos ($84.357.724) por concepto de indemnización, y una de seis millones novecientos seis mil doscientos ochenta y nueve pesos ($6.906.289) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.

    v.ii. Segundo grupo. Solicitante de protección al fuero, y de reliquidación de PPA

  165. Según se dijo en el fundamento jurídico 158, en los casos de los señores R.B.M., B.J.C.B. (T-2471216), la tutela que interponen para solicitar protección a la garantía de fuero cumple con las condiciones necesarias y suficientes para no ser declarada improcedente por subsidiariedad. Conforme al fundamento jurídico 97 de esta sentencia, desde el punto de vista de la subsidiariedad, la tutela del señor M.A.G. (T-2581607) procede para pedir la reliquidación de una pensión anticipada, pues de ello depende prima facie el goce efectivo de un derecho fundamental. El demandante aduce, y esta Corte considera que es razonable, que de la reliquidación correcta de su pensión anticipada depende por una parte su derecho constitucional a la seguridad social (CP art. 48), y por otra su capacidad para satisfacer las necesidades básicas. Esto no significa, por sí solo, que tenga derecho a la reliquidación. Pero en conjunto con la circunstancia de estar próximo a extinguirse el PAR, es suficiente, a juicio de la Sala, para juzgar que su amparo no es improcedente por subsidiariedad.

  166. En cuanto a la inmediatez, la situación de los señores R.B.M. y B.J.C.B. (T-2471216) es la siguiente: Los dos fueron desvinculados de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpusieron esta tutela el veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009). Si bien hay a primera vista un lapso amplio entre el término de su relación laboral y la interposición del amparo, la Corte considera que los demandantes actuaron con diligencia en la defensa de sus derechos fundamentales. En efecto, consta en el proceso que ambos iniciaron un proceso laboral ordinario de reintegro el veintisiete (27) de junio de dos mil seis (2006), pues obra copia de una providencia del Juzgado Civil del Circuito de Lorica, en la cual se admitió la correspondiente demanda, que así lo dice. En lo que respecta al caso del señor M.A.G., según los criterios establecidos en el fundamento jurídico 109 de esta providencia, la Corte estima que la tutela fue instaurada dentro de un término razonable. El proceso en el cual se le reconoció el derecho al PPA concluyó el quince (15) de enero de dos mil nueve (2009). El PAR incluyó al tutelante en la nómina de pensiones anticipadas, y liquidó las mesadas pensionales del modo que provoca esta tutela, en el primer semestre de dos mil nueve (2009). El catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009), el demandante le pidió al PAR que reliquidara su mesada pensional, y fue en oficio del nueve (09) de octubre de dos mil nueve (2009) que el PAR contestó el derecho de petición, informándole que no había lugar a la reliquidación. La presente acción de tutela fue promovida poco tiempo después de esta última respuesta, el veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve (2009). El actor dejó trascurrir, como se aprecia, poco tiempo para interponer la tutela. No debe entonces declararse improcedente por falta de inmediatez. Aparte, en ninguno de estos casos hay problemas de legitimación por activa, ni de cosa juzgada ordinaria o constitucional. En definitiva, las tutelas son procedentes y la Sala pasa a estudiarlas de fondo.

  167. Tras considerar el caso de los señores R.B.M. y B.J.C.B. (T-2471216), la Corte estima que se les violaron sus garantías sindicales. En efecto, ambos tenían fuero sindical, pues así lo reconocieron tanto el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, Córdoba, como la Sala de Decisión Civil- Familia- Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en providencias del dieciséis (16) de junio y el once (11) de octubre de dos mil cuatro (2004), respectivamente.[237] En estas decisiones las autoridades judiciales reconocieron que la acción de levantamiento de fuero intentada en contra de ambos, por parte de TELECOM -en liquidación-, por tener la condición de aforados sindicales, estaba prescrita, razón por la cual quedaba desautorizada la desvinculación de los actores, que requería por su calidad autorización judicial. La Sala Plena de la Corte constata, además, que al término de su relación laboral no hubo previamente un fallo judicial que diera la autorización para ello. La demanda de tutela no sólo es entonces procedente, como atrás se dijo, sino que tiene las condiciones necesarias y suficientes para prosperar, pues conforme a lo dicho en esta providencia los aforados sindicales tienen derecho, incluso en contextos de liquidación, a no ser desvinculados sin autorización del juez laboral. Cuando se les desconoce esa garantía tienen derecho al reintegro o, cuando este deviene física y jurídicamente imposible por la liquidación definitiva, a una indemnización según la ley. Esta indemnización es la que fija el artículo 116 del Código Sustantivo del Trabajo, en el Título II sobre ‘Fuero Sindical’, del Capítulo XVI sobre ‘Procedimientos Especiales’, y asciende a “seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).[238] Por lo mismo, en la parte resolutiva, se concederá la tutela, y se ordenará el pago de una indemnización equivalente a seis (6) meses del salario que devengaban cuando se les dio por terminado su vínculo. En cualquier caso, las decisiones adoptadas en el proceso de reintegro que los demandantes iniciaron ante la justicia laboral ordinaria, sean anteriores o posteriores a este fallo, prevalecerán sobre las que dictadas en este.

  168. Para efectos de decidir este punto, es preciso mostrar cuál es el motivo del reclamo que presenta el señor M.A.G. (T-2581607). Dice que se le reconoció su derecho a ser incluido en el PPA, y que la pensión anticipada no se le liquidó con base en los ingresos percibidos por él el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), sino sobre la base de “los factores salariales tomados en cuenta del 01 de abril de 1994 al 31 de marzo de 2003, tal y como lo ordena el mencionado instructivo contentivo del PPA para aquellos exfucionarios que ejercían cargos ordinarios”. Por lo mismo solicitó que se ordenara al PAR la reliquidación de la mesada derivada del PPA, tomando como base los ingresos salariales percibidos por el tutelante el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y que se le ordenar además el pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) hasta el veintiuno (21) de marzo de dos mil nueve (2009). La Corte procede a definir si esta forma de liquidar la pensión anticipada que se le reconoció en el proceso de tutela, viola sus derechos fundamentales.

  169. En concepto de la Sala, al demandante no se le han violado sus derechos fundamentales. Para empezar, el actor no expone cuál es la fuente normativa desconocida al liquidar de la forma señalada su pensión. Tampoco hay elementos que conduzcan a la Corte a concluir que esta manera de liquidarla lo deje sin seguridad social, y por el contrario está claro que por orden de tutela, en otro proceso anterior a este, su derecho a disfrutar de la pensión anticipada está garantizado. Igualmente, al demandante se le pagó la pensión anticipada, retroactivamente, desde el año dos mil tres (2003) y la cuantía de las mesadas se calculó sobre la base de un ingreso de un millón trecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y seis pesos ($1’387.586), todo lo cual es suficiente para asegurarle su mínimo vital. Por último, cabe mencionar que el referente para hacer la liquidación de las pensiones deducidas del PPA es el Instructivo que se ha referenciado en esta providencia. Y de acuerdo con este para los trabajadores oficiales, como el demandante, “los factores considerados para el cálculo de la pensión” son los “factores legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003, indexados anualmente con los índices de precios al consumidor causadas, hasta el 31 de diciembre de 2002”. En suma, la tutela se debe negar no ha habido vulneración a derechos fundamentales.

    v.iii. Tercer grupo. Solicitantes de retén social

  170. De acuerdo con lo sostenido en el fundamento jurídico 97 de este fallo, la tutela en principio procede para pedir la protección derivada del retén social, si de ello depende prima facie el goce efectivo de un derecho fundamental. Es lo que ocurre en los casos de los señores W.J.D.D., D.P.D., M.G.L., A.J.E.G. (T-2546795), O.R.G.P., J.E.P.A. y F.M.V. (T-2531642). Solicitan protección por ser madres o padres cabeza de familia, y prima facie esto implica que reclaman amparo para sus derechos y los de su familia a una existencia digna, a un mínimo vital. La Corte considera que su acción, por dirigirse contra un ente próximo a extinguirse, debe considerarse procedente en la medida en que con ella se persigue la protección de un derecho fundamental. En consecuencia, las acciones de tutela de estos peticionarios no son improcedentes, por problemas de subsidiariedad.

  171. En cuanto a la inmediatez, conforme a los criterios establecidos en esta providencia, en principio es improcedente por falta de inmediatez una tutela dirigida contra el PAR una vez liquidada TELECOM, cuando además ha trascurrido un término extenso para interponerla, contado desde el momento en el cual se negó o dejó de reconocer la prestación reclamada. Esta impresión es susceptible de desvirtuarse de dos modos. Una es definitiva en el proceso de tutela, y se presenta cuando concurre alguna circunstancia virtualmente apta para justificar con suficiencia la tardanza en la presentación del amparo. Lo cual se logra si está demostrado, por ejemplo, que el actor obró con suficiente diligencia en la defensa de sus derechos, o que estuvo bajo fuerza mayor, o que era desproporcionado adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física o a una circunstancia equivalente. La otra forma de vencer esa impresión prima facie de falta de inmediatez es una presunción que opera en sentido contrario, y es desvirtuable en cada caso, conforme a la cual las madres y padres cabeza de familia que han obrado con (i) mínima diligencia en la defensa de sus derechos, o (ii) son, o tienen en su núcleo familiar, una persona en condiciones de debilidad manifiesta, o (iii) recibieron protección tras las sentencias SU-388 o 389 de 2005 u otra sentencia de la Corte sobre el particular, cuentan con el derecho a que en sus casos la inmediatez de la acción de tutela se examine con arreglo a patrones menos estrictos, precisamente como un reconocimiento a la desigualdad en las facilidades materiales para acceder a la justicia.

    171.1. El señor W.J.D.D. (T-2546795) fue incluido en el retén social en calidad de padre cabeza de familia, durante el proceso liquidatorio de TELECOM, tras expedirse las sentencias SU-388 de 2005 y SU-389 de 2005. Fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) e instauró la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). La Corte constata que este término de tres (3) años para promover el amparo es en principio irrazonable. No obstante, su calidad de padre cabeza de familia, en conjunto con la condición de salud de su hijo, quien padece una discapacidad de orden síquico (se dice en el proceso que de una deficiencia mental), debidamente certificada por su médico tratante de la EPS Sanitas, activa una presunción opuesta, que tendría el efecto de neutralizar la irrazonabilidad del plazo trascurrido. Dejar trascurrir tres (3) años para instaurar una acción de tutela, en un caso así, no es irrazonable, pues una persona en sus condiciones tienen menores facilidades materiales para acceder a la administración de justicia. Sus esfuerzos inmediatos se concentran en el cuidado del hijo que requiere un trato especial. Estas circunstancias son suficientes, en criterio de la Corte, para concluir que la tutela no es improcedente por falta de inmediatez.

    171.2. En lo que respecta a la señora D.P.D.P. (T-2546795), su inclusión en el retén social se dio efectivamente, en cumplimiento de la sentencia T-964 de 2004 expedida por esta Corte. En esta última providencia se le reconoció la condición de madre cabeza de familia, con derecho a ser beneficiaria del marco de garantías del retén social. Hay por lo tanto una circunstancia que exige darle un trato especial (CP art. 43). Se observa que esta peticionaria interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009), después de tres (3) años de haberse liquidado la entidad, y del momento en que su desvinculación era definitiva pues la empresa dejaba de existir. En ese interregno no se observa que hubiera adelantado gestiones judiciales o administrativas para defender sus derechos. Pero debido a que ha obrado con mínima diligencia, en la defensa de sus derechos, la Corte considera que se activa una presunción distinta, que tendría el efecto de neutralizar la irrazonabilidad del plazo trascurrido. No puede decirse que durante el proceso de liquidación de TELECOM hubiera sido negligente en la reclamación de las prestaciones que estimaba se le debían, pues adelantó en ese contexto un proceso de tutela. La Sala no declarará entonces improcedente este amparo por falta de inmediatez.

    171.3. La señora M.G.L. (T-2546795) fue incluida en el retén social, luego de la sentencia SU-388 de 2005, en calidad de madre cabeza de familia. Fue desvinculada de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y presentó la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir, como puede apreciarse, tres (3) años para promover el amparo. No obstante, se puede observar que el trece (13) de marzo de dos mil siete (2007) se le dio respuesta a un derecho de petición presentado por ella, en su condición de madre cabeza de familia, en el cual solicitaba que se le reconocieran determinadas prestaciones. La Sala constata que la actora fue desvinculada el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que instauró su tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Es decir, dejó pasar un término en principio irrazonable para defender sus derechos. Pero su condición de madre cabeza de familia (CP art. 43), junto con el hecho de la respuesta antes mencionada, activan una presunción opuesta, que tendría el efecto de neutralizar la irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido. En su caso, cuando quedó desempleada, efectuó gestiones para solicitar la protección judicial de sus derechos. Es razonable que hubiera luego esperado hasta dos mil nueve (2009) para presentar el amparo. Esto es suficiente para no declararlo improcedente por falta de inmediatez.

    171.4. Los elementos obrantes en el proceso indican que el señor A.J.E.G. (T-2546795) fue incluido en el retén social el 21 de julio de 2005. Su desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y la tutela fue interpuesta en noviembre de dos mil nueve (2009). La Corte advierte que este término de tres (3) años para promover el amparo es en principio irrazonable. No obstante, probó su calidad de padre cabeza de familia, y la condición de salud de su hijo R.A.E., quien nació el 15 de julio de 1993 y padece autismo, debidamente certificado, lo cual activa una presunción opuesta, que tendría el efecto de neutralizar la irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido. Dejar trascurrir tres (3) años para instaurar una acción de tutela, en un caso así, no es irrazonable. Una vez queda sin trabajo, destina sus esfuerzos inmediatos a procurarse soluciones económicas temporales y ayudar en la atención de su del hijo que requiere un trato especial, más que a instaurar acciones judiciales. Estas circunstancias, en criterio de la Corte, son suficientes para no declarar improcedente la acción de tutela por falta de inmediatez.

    171.5. La señora O.R.G.P. (T-2531642) prueba sumariamente ser quien vela por el bienestar de su hija y de sus dos padres. Manifiesta además, también sumariamente, que una vez perdió su empleo se vio enfrentada a tener que asumir sus deudas, pero sin trabajo. Hay prueba de que no vive con su compañero. Tiene además una declaración, en la cual afirma que ha sido internada en centros de reposo. Esta Corte advierte que la tutelante fue desvinculada de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que interpuso el presente amparo en octubre de dos mil nueve (2009). Aunque este término es prima facie irrazonable, como antes se dijo, para interponer una tutela, lo cierto es que las circunstancias personales (problemas psiquiátricos) y las obligaciones familiares de la accionante, activan una presunción opuesta, que tendría el efecto de neutralizar la irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido. Es razonable que una persona en sus condiciones no dedique los esfuerzos inmediatos, subsiguientes a una desvinculación, hacia el adelantamiento de procesos judiciales, sino hacia la satisfacción urgente de las necesidades básicas suyas y de los miembros de su familia que dependen de ella. Por ese motivo, la Corte no declarará improcedente su tutela por falta de inmediatez.

    171.6. Las pruebas obrantes indican que el señor J.E.P.A. (T-2531642), cuando fue desvinculado de TELECOM, sostenía a su familia integrada por él mismo, su esposa y sus dos hijos, uno de los cuales padece ceguera congénita.[239] La Corte advierte que el demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y que instauró esta tutela en octubre de dos mil nueve (2009). Este término es prima facie irrazonable para promover la protección constitucional de sus derechos. No obstante, las circunstancias en las cuales se encuentra desde entonces explican que hubiese tenido que dejar pasar tanto tiempo para impetrar la tutela. En concepto de la Sala, fue padre cabeza de familia desde esa época. La cónyuge del tutelante debía encargarse de los cuidados de su hijo, quien nació con una disminución sensorial, y él –por lo que se aprecia- de obtener lo necesario para satisfacer las necesidades básicas suyas y de los demás integrantes de su núcleo familiar. Estas circunstancias activan una presunción, que tendría el efecto de neutralizar la irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido. La Corte no advierte que en un caso así resulte irrazonable instaurar la tutela una vez se haya conseguido estabilidad económica y emocional, luego del impacto de quedar desempleado ante las necesidades tan especiales de una persona invidente. La Sala no declarará improcedente esta acción de tutela.

    171.7. La señora F.M.V.P. (T-2531642) aporta también prueba sumaria de que al ser removida de su cargo quedaron, tanto ella como sus dos hijos menores y su padre, sin el sustento económico que se derivaba de sus ingresos como trabajadora de TELECOM. En una declaración juramentada que aporta, afirma que se le diagnosticó un cáncer luego de la terminación de su vínculo con TELECOM.[240] La Corte constata que la demandante fue desvinculada el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y su tutela la interpuso en octubre de dos mil nueve (2009). Este término es prima facie amplio, pero en su caso se activa una presunción opuesta, que tendría el efecto de neutralizar la irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido, teniendo en cuenta el cáncer que dice se le encontró después de ese acontecimiento. Posponer la reclamación judicial de los derechos que hoy estima conculcados, para una persona en sus condiciones, no es irrazonable, pues se ve obligada a precaver lo necesario para su salud, antes que a adelantar litigios. La Corte Constitucional considera entonces que su tutela no debe ser declarada improcedente.

  172. En suma, estas tutelas no presentan problemas de improcedencia derivados de la subsidiariedad, ni de la inmediatez. Pero además, ninguna de tiene problemas definitivos por falta de legitimación por activa, ni de cosa juzgada (ordinaria o constitucional). La Corte estima en consecuencia que estos peticionarios cumplen con todas las condiciones para tener derecho a un estudio de fondo de sus casos. Por ese motivo, la Sala pasa a examinar sus casos individualmente a continuación.

  173. Para resolver este punto, conviene reiterar lo sostenido en los fundamentos jurídicos 34 y siguientes de esta sentencia. Lo cual significa que el retén social, invocado por los tutelantes de este grupo, tiene la virtualidad de trascender la liquidación definitiva de la entidad, incluso para quienes son padres o madres cabeza de familia. Lo que ocurre es que la protección, después de la clausura del ente, no tiene la presentación de una estabilidad laboral reforzada, y por tanto estas personas -como ha dicho la jurisprudencia constitucional- no cuentan con el derecho a ser reintegrados a sus cargos, pues la desaparición de la entidad lo hace imposible fáctica y jurídicamente. En sus casos, la protección especial se manifiesta, cuanto menos, en el derecho a que durante el proceso de liquidación, pero antes del término de sus vínculos al final del trámite, se hubiese adoptado una política de reubicación ocupacional. La Corte estima que en el contexto de la liquidación de TELECOM, ni las normas que regularon el proceso de liquidación de TELECOM, ni por su parte los entes que intervinieron en la ejecución del mismo, adoptaron una política de tal naturaleza, u ordenaron su adopción. Por ende, la Sala tutelará el derecho de quienes sean madres o padres cabeza de familia, a contar con una política de reubicación ocupacional, e impartirá las órdenes correspondientes.

    173.1. El señor W.J.D.D. (T-2546795) fue incluido en el retén social en calidad de padre cabeza de familia, durante el proceso liquidatorio de TELECOM, tras expedirse las sentencias SU-388 de 2005 y SU-389 de 2005. Su condición de padre cabeza de familia no ha cambiado. Tiene a su cargo a su madre, la señora R. delS.D.M., y además cuatro hijos: W.J. (20 años) y L.D.D. (13 años), y L.M. (12 años) y A.F.D.B. (8 años). Nació el 20 de marzo de 1959. Fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) e instauró la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). No hay pruebas de que se le hubiese pagado la indemnización a la que tienen derecho los ex trabajadores de TELECOM tras su desvinculación de la entidad, en virtud del artículo 24 del Decreto 1615 de 2003. Por lo mismo, en primer término se ordenará al PAR que le reconozca y pague esta indemnización, si aún no lo ha hecho. Pero además, teniendo en cuenta que el señor W.J.D.D. está a cargo de su hijo W.J.D.D., quien presenta “Deficiencia mental”, debidamente certificada por la EPS Sanitas, y por diagnósticos periódicos formulados durante su vida, en los que se advierten conclusiones médicas tales como “Paciente con trastornos de conducta y lenguaje”, la Corte considera aún más imperativo ordenar que se lo incluya con prioridad en la política de reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el término máximo de tres meses.

    173.2. La señora D.P.D. (T-2546795) nació el 1° de marzo de 1975. Es soltera. Fue protegida por la Corte en la sentencia T-964 de 2004 (MP. Sierra), en su condición de madre cabeza de familia. Dicha condición no ha desaparecido. Tiene a su cargo dos hijos menores de edad: C.A. y L.A.B.D., quienes cuentan actualmente con 15 y 12 años respectivamente. No hay pruebas de que se le hubiese pagado la indemnización a la que tienen derecho los ex trabajadores de TELECOM tras su desvinculación de la entidad, en virtud del artículo 24 del Decreto 1615 de 2003. Por lo mismo, en primer término se ordenará al PAR que le reconozca y pague esta indemnización, si aún no lo ha hecho. Por ser madre cabeza de familia, la Corte ordenará incluirla con prioridad en la política de reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el término máximo de tres meses.

    173.3. En lo que atañe al caso de la señora M.G.L. (T-2546795) se observa que nació el 30 de septiembre de 1962. Tiene una hija a su cargo, K.G.G., con 15 años de edad. De la peticionaria dependen además sus padres E.G. y A.L., con 85 y 76 años de edad respectivamente. Estas circunstancias son suficientes para considerarla mujer cabeza de familia. No hay pruebas de que se le hubiese pagado la indemnización a la que tienen derecho los ex trabajadores de TELECOM tras su desvinculación de la entidad, en virtud del artículo 24 del Decreto 1615 de 2003. Por lo mismo, en primer término se ordenará al PAR que le reconozca y pague esta indemnización, si aún no lo ha hecho. En cuanto a la indemnización especial del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, en su caso no es procedente, pues ninguna de las personas que tiene a cargo presenta una relevante disminución física, síquica o sensorial. Asimismo, por ser madre cabeza de familia, la Corte Constitucional ordenará incluirla con prioridad en la política de reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el término máximo de tres meses.

    173.4. El señor A.J.E.G. (T-2546795) nació el 22 de octubre de 1961. Su estado civil es casado, pero de él depende el sostenimiento de su cónyuge, y de sus tres hijos J.D., L.J. y R.A.E.R.. Este último presenta, según palabras del actor, “discapacidad permanente (autismo)”, debidamente certificada por el Centro Neurológico de Antioquia y por la Fundación Instituto de Atención Integral Infantil. Esta condición de salud de su hijo, demanda especial atención de parte de la cónyuge del actor. Con todo, su estado civil debe llevar a la Corte a preguntarse si es padre cabeza de familia. La respuesta es afirmativa, al tenor de lo dispuesto en la sentencia SU-389 de 2005. Esta última dijo que uno de los casos típicos de padre cabeza de familia es el de aquel que “en el evento de vivir con su esposa o compañera, esta […] resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que medicamente requieran la presencia de la madre”. Este caso se ajusta plenamente a esa hipótesis. En cuanto a las indemnizaciones, consta que se le pagó, al finalizar la relación con TELECOM, una suma de ciento un millones setecientos nueve mil novecientos noventa y seis pesos ($101.709.996) por concepto de liquidación de prestaciones sociales y de la indemnización prevista en el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003. No obstante, el actor tiene derecho además, por ser padre cabeza de familia, a que la Corte ordene incluirlo con prioridad en la política de reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el término máximo de tres meses.

    173.5. La situación de la señora O.R.G.P. (T-2531642) es la siguiente. Nació el 2 de abril de 1966. Es soltera, y tiene a su cargo a sus dos padres, los señores J.E.G. y L.P., así como su hija de 21 años de edad, M.F.M.G.. La Corte considera, de acuerdo con los elementos de juicio obrantes en el proceso, que la peticionaria tiene actualmente la condición de madre cabeza de familia, aunque su hija es mayor de edad y no tiene una incapacidad médica probada para trabajar. Afirma que está a cargo de sus padres, quienes son personas de la tercera edad, y en tanto no ha sido refutado específicamente por el PAR se presume veraz lo afirmado por ella, en el sentido de que carecen -por su edad- de capacidad para trabajar. Una de las condiciones previstas por la jurisprudencia para ser madre cabeza de familia es tener “a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar” (SU-388 de 2005). Ese presupuesto se da en este caso. En las pruebas se advierte, por lo demás, que la demandante tuvo un compañero sentimental, con quien dejó de convivir. En esa medida, la Corte observa que no hay pruebas de que se le hubiese pagado la indemnización a la que tienen derecho los ex trabajadores de TELECOM tras su desvinculación de la entidad, en virtud del artículo 24 del Decreto 1615 de 2003. Por lo mismo, en primer término, se ordenará al PAR le reconozca y pague esta indemnización, si aún no lo ha hecho. Segundo, y por ser madre cabeza de familia, la Corte ordenará incluirla con prioridad en la política de reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el término de tres meses.

    173.6. El señor J.E.P.A. (T-2531642) nació el 8 de febrero de 1970. Dependen de él su cónyuge, la señora L.E.V.V., y sus dos hijos J.E. y E.J.P.V., quienes tienen 20 y 15 años de edad respectivamente. Este último es entonces menor de edad y sufre de “ceguera congénita”, debidamente certificada por el Centro de Rehabilitación Integral Ángeles.[241] Su estado civil debe llevar a la Corte a preguntarse si es padre cabeza de familia. La respuesta es afirmativa, al tenor de lo dispuesto en la sentencia SU-389 de 2005. Esta última dijo que uno de los casos típicos de padre cabeza de familia es el de aquel que “en el evento de vivir con su esposa o compañera, esta […] resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que medicamente requieran la presencia de la madre”. Este caso se ajusta plenamente a esa hipótesis. En cuanto a las indemnizaciones, no hay pruebas de que se le hubiese pagado la indemnización a la que tienen derecho los ex trabajadores de TELECOM tras su desvinculación de la entidad, en virtud del artículo 24 del Decreto 1615 de 2003. Por lo mismo, en primer término se ordenará al PAR que le reconozca y pague esta indemnización, si aún no lo ha hecho. Pero además, por ser padre cabeza de familia, a que la Corte Constitucional ordene incluirlo con prioridad en la política de reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el término máximo de tres meses.

    173.7. En lo que respecta a la señora F.M.V. (T-2531642), se observa que nació el 16 de julio de 1961. De ella dependen sus dos hijos, J.J. y V.A.C.V., de 18 y 25 años de edad respectivamente. Dice en una declaración extra juicio, y bajo la gravedad de juramento, que su desvinculación le trajo “como consecuencia desmejoramiento, deterioro de [su] estado emocional, moral y económico trayendo consigo enfermedades (cáncer) por causa del alto estrés, a[l] que [se vio] sometida por dicha situación”.[242] Aunque está en condiciones de salud especiales, no es una mujer que pueda considerarse cabeza de familia, pues una condición indispensable para ello es tener “a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar” (SU-388 de 2005). Ese presupuesto no se da en este caso. En esa medida, por no ser de acuerdo con las pruebas una madre cabeza de familia, no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes, o a ser incluida con prioridad en el plan de reubicación al que se ha referido la Corte en esta providencia.

    En definitiva, los accionantes cuyas tutelas han sido resueltas de fondo son los que se enuncian en la tabla que aparece a continuación:

    Accionantes – Tutelas estudiadas y resueltas de fondo

    N..

    Nombre del tutelante

    Expediente

    Tema de fondo

    1

    T.E.G. B.

    T-2471345

    PPA

    2

    Assad Gutiérrez Posedente

    T-2471345

    PPA

    3

    M.S.P.Q.

    T-2471345

    PPA

    4

    V.M. L.D.

    T-2471345

    PPA

    5

    Jairo Libardo Sotelo Domínguez

    T-2471345

    PPA

    6

    Julio César Utria Martínez

    T-2579968

    PPA

    7

    M.V. R.

    T-2579968

    PPA

    8

    D.M. V.B.

    T-2579968

    PPA

    9

    P.E.P.O.

    T-2484301

    PPA

    10

    G.O.M.

    T-2484301

    PPA

    11

    José de Jesús Becerras Avendaño

    T-2476358

    PPA

    12

    R.T.

    T-2476358

    PPA

    13

    Hernando Moreno Ávila

    T-2476359

    PPA

    14

    A.C.R.R.

    T-2476359

    PPA

    15

    Víctor Manuel Severiche

    T-2476359

    PPA

    16

    J.E.F.R.

    T-2476359

    PPA

    17

    J.E.B.L.

    T-2476359

    PPA

    18

    Fernando Trejos Santa

    T-2476359

    PPA

    19

    Álvaro José Oviedo Argel

    T-2471216

    PPA

    20

    Á.R.G.S.

    T-2471216

    PPA

    21

    Dagoberto Mesa Castillo

    T-2507052

    PPA

    22

    Carlos Javier Rodríguez Cardozo

    T-2507052

    PPA

    23

    1. C.E.E.

      T-2537070

      PPA

      24

      Luis Mariano Padilla Chima

      T-2537070

      PPA

      25

      M.A. L.A.

      T-2537078

      PPA

      26

      F.A. A.

      T-2537078

      PPA

      27

      Jorge León Chalarcá Estrada

      T-2537078

      PPA

      28

      E.G. G.

      T-2537078

      PPA

      29

    2. M.L. Moncada

      T-2537078

      PPA

      30

      Óscar Alberto Mesa Restrepo

      T-2537078

      PPA

      31

      María Mercedes Montaño

      T-2537078

      PPA

      32

      G.P. R.

      T-2537078

      PPA

      33

      Franklin Cenón Rodríguez Rodríguez

      T-2537078

      PPA

      34

      H.F. R.R.

      T-2537078

      PPA

      35

      W.S. G.

      T-2537078

      PPA

      36

      Ruth Sarmiento Garzón

      T-2566146

      PPA

      37

      Ómar Eduardo Canchala Quiroz

      T-2587255

      PPA

      38

      Gustavo Antonio Jurado

      T-2587255

      PPA

      39

      C.L. B.

      T-2587255

      PPA

      40

      José Antonio Revelo Concha

      T-2587255

      PPA

      41

      Carlos Arturo Soler Romero

      T-2587255

      PPA

      42

      L.F. T.

      T-2587255

      PPA

      43

      I.I. B.S.

      T-2587255

      PPA

      44

      Milagro Candelaria Acosta Romero

      T-2587286

      PPA

      45

      Uriel de J. B.C.

      T-2587286

      PPA

      46

      L.I. M.G.

      T-2587286

      PPA

      47

      Raúl Rojas Medina

      T-2587286

      PPA

      48

      Clara Lucía Saldaña López

      T-2587286

      PPA

      49

      Danuil Jesús Vega Bayona

      T-2587286

      PPA

      50

    3. H.V.U.

      T-2587286

      PPA

      51

      C.A.Q.M.

      T-2587286

      PPA

      52

      M.A.G.

      T-2581607

      PPA

      53

      Remberto Ballestas Mendoza

      T-2471216

      FS

      54

      B.J.C.B.

      T-2471216

      FS

      55

      Wilson José Daza Daza

      T-2546795

      Retén social

      56

      Diana Patricia Demoya

      T-2546795

      Retén social

      57

      Myriam García Londoño

      T-2546795

      Retén social

      58

      Antonio Javier Espinosa Guzmán

      T-2546795

      Retén social

      59

      O.R.G. Parra

      T-2531642

      Retén social

      60

      José Eduardo Peña Armenta

      T-2531642

      Retén social

      61

      Flor María Vásquez

      T-2531642

      Retén social

      vi. Factor territorial y órdenes de embargo

      vi.i. Factor territorial

  174. En sus intervenciones dentro de este proceso, el PAR sostuvo que las acciones de tutela de los expedientes T-2451880, T-2471345, T-2471346, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2492726, T-2537041, T-2537078 y T-2597351 fueron resueltas por jueces constitucionales incompetentes según el factor territorial. Manifestó al respecto que los demandantes no promovieron sus solicitudes de amparo en el lugar donde prestaron su servicio a la extinta Telecom, sino en sitios distintos. En ese sentido, pidió que no se concedieran las solicitudes de protección planteadas en esas tutelas y que se tomara la decisión correspondiente para un vicio procesal de esa naturaleza. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional debe examinar si dicha circunstancia es suficiente por sí sola para concluir que se violaron las reglas de competencia en materia de tutela, antes precisadas en esta providencia.

  175. Para resolver esa cuestión, conviene reiterar lo expuesto en el fundamento jurídico 53 y siguientes del presente fallo. La acción de tutela puede ser promovida en todo lugar, pero hay unas reglas de competencia territorial (Dcto 2591 de 1991 art. 37). En virtud de estas, son competentes por el factor territorial, para conocer de las solicitudes de amparo, a prevención, el juez o tribunal del lugar donde se presentan la amenaza o la violación del derecho fundamental, o los efectos de las mismas. Las consecuencias de desconocer estos factores de competencia son distintas, en función del momento en el cual se detecte el vicio. La advertencia de este último vicio, en sede de revisión ante la Corte Constitucional, debe en principio acarrear la anulación de todo lo actuado. Pero esta solución, en ciertos casos, puede ser distinta si: (i) no ha habido indefensión; (ii) la Corte conoce del asunto, no en virtud de un conflicto negativo de competencia, sino de un proceso de tutela en el estadio de la revisión (CP art. 241 num. 9); (iii) la eventual decisión de anular el proceso haría nugatorios los principios de economía, celeridad y eficacia, que gobiernan el trámite de tutela; y (iv) si además de los requisitos anteriores la Corte valora como necesario y urgente un fallo inmediato, como órgano de cierre de la justicia constitucional, para evitar un menoscabo a la integridad y supremacía de la Constitución (CP art. 241). La Sala Plena de la Corte Constitucional pasa a mostrar cuál es la solución adecuada en este caso.

  176. La Sala Plena advierte, en efecto, que en algunos expedientes mencionados por el PAR hay una discrepancia entre los lugares donde los demandantes prestaron sus servicios a favor de TELECOM y los sitios donde interpusieron sus acciones de tutela. En unos casos, por ejemplo, se aprecia que ninguno de los demandantes prestó sus servicios siquiera en el departamento al que pertenece el municipio donde se promovió el amparo, pues los actores trabajaron en dependencias de TELECOM ubicadas en Cundinamarca, y presentaron sus solicitudes de tutela en un municipio de un departamento distinto. No obstante, el solo hecho de que las tutelas se hubieran interpuesto y resuelto en sitios distintos de aquellos donde los demandantes prestaron sus servicios, no es suficiente para sostener que se hubieran violado las reglas de competencia territorial. Como se anotó, no sólo tienen competencia territorial los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurra la supuesta amenaza o violación, que en este caso en términos generales sería el lugar donde los actores prestaron sus servicios, sino también los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurran los efectos de la misma. Este lugar puede ser distinto de aquel donde los actores prestaron sus servicios a favor de TELECOM. Por ejemplo, podría ser el lugar donde tienen su domicilio. Por ende, para cuestionar la competencia territorial de un juez de tutela, no bastaba con mostrar que el amparo lo resolvió un juez sin jurisdicción en el sitio donde los actores prestaron sus servicios. Era necesario probar, además, que el juez que resolvió las tutelas tampoco tenía jurisdicción en el lugar donde se produjeron los efectos de la supuesta violación o amenaza. El PAR, sin embargo, no mostró esto último en sus contestaciones a las tutelas de los citados expedientes, siendo en principio carga de quien alega la nulidad, demostrarla. La Corte considera que esta es entonces la primera razón por la cual no debe declararse la nulidad en ninguno de los expedientes.

  177. La segunda razón es que en este caso se presentan las condiciones antes mencionadas en los fundamentos jurídicos 57 y 58 de esta providencia, para no decretar la nulidad de lo actuado. En efecto, (i) para empezar no se advierte que el PAR o CAPRECOM hubiesen sufrido indefensión. No sólo se observa que intervinieron en cada uno de los expedientes en los cuales aparecían como demandados, sino que además constata la Sala que tuvieron oportunidad de interponer recursos, y de presentar pruebas y alegaciones a lo largo de la revisión ante la Corte Constitucional. (ii) Por otra parte, esta Corporación ya asumió competencia para revisar estos fallos, por virtud de lo dispuesto por el artículo 241 numeral 9 Superior y, en observancia del principio perpetuatio jurisdictionis, su atribución tiende a perpetuarse (sentencia T-675 de 2010).[243] (iii) En tercer lugar, anular los procesos -incluso sólo algunos de ellos- haría nugatorios los principios de celeridad, eficacia y economía. (iv) Y finalmente, dada la vocación transitoria que tiene por su naturaleza el PAR de TELECOM, se hace necesario un fallo en el corto plazo, con el fin de asegurar el mayor nivel de cumplimiento posible de las órdenes que aquí se impartan.

  178. Pero lo anterior no significa que resulte indiferente para esta Corte el patrón inusual que se advierte en la presentación de algunas de las tutelas que provocan este proceso. La Sala observa que se repiten circunstancias que singularmente pueden parecer comunes, pero que vistas en conjunto resultan poco sólitas. Varias personas que trabajaban en un sitio del país, donde se puede presumir que vivían, sin explicación deciden otorgar poder en ese o en otro lugar para que se interponga tutela a su nombre en otra parte distinta, incluso alejada de donde prestaron sus servicios. Aunque interponen sus tutelas mediante apoderados, ni el poderdante ni el abogado dan cuenta de cuál es su nexo con el municipio donde las instauran. Esos apoderados fijan como lugar de notificación un sitio distinto del municipio donde presentan el amparo y de donde solían prestar sus servicios casi todos los titulares de los derechos invocados. El PAR sostiene en sus contestaciones que nada une a los actores con los municipios donde promueven la tutela. Sin que esto implique adjudicarle exclusivamente al demandado (en este caso al PAR) la carga de probar plenamente la incompetencia que alega, la Corte no ve confirmadas esas afirmaciones con certidumbre en la lectura de los expedientes. Pero no pierde de vista que los nombres de quienes reciben los poderes, por ejemplo en los casos señalados por el PAR, se repiten en diferentes expedientes con estas mismas características. No se trata entonces sólo de que estas tutelas tengan varios accionantes, sino también de que hay diferentes acciones de tutela que presentan iguales patrones procesales.

  179. Aparte de estos casos, hay un expediente que llama en especial la atención de la Sala, y es el que lleva como número el T-2451880. En él se aprecia que la actora había instaurado inicialmente la tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel. Este tuteló los derechos y en segunda instancia el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel declaró la nulidad del proceso desde el auto admisorio de la demanda por falta de competencia territorial, y remitió las actuaciones a la oficina de reparto de Montería. Ese proceso de tutela terminó con un fallo en el cual se declaró improcedente la tutela interpuesta por la peticionaria. Esta, sin embargo, instauró una nueva tutela y el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel la concedió nuevamente, sin declararse incompetente por el factor territorial, y pese a que antes se había decretado una nulidad por problemas de competencia territorial. En segunda instancia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, que en el proceso anterior había declarado la nulidad, confirmó simplemente, aunque de forma parcial, el fallo de primer grado.[244] En esta ocasión, aunque no se declarará la nulidad de lo actuado, pues hay como se dijo atrás una manifiesta cosa juzgada en esta tutela que hace que se deba declarar la improcedencia de la acción, eso no significa que los datos de este expediente sean irrelevantes para tomar decisiones en el presente proceso.

  180. La Corte Constitucional está obligada a presumir la buena fe de los sujetos que intervinieron en los expedientes citados, en calidad de jueces y de partes o de apoderados de las partes (CP art. 83). Pero al mismo tiempo está en el deber de guardar la integridad y supremacía de la Constitución (CP art. 241), dentro de cuyos preceptos está el deber de toda persona de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (CP art. 95-7). En vista de ello, aunque la Corte procederá en estos casos con la premisa de que no se violaron las reglas de competencia en materia de tutela, les dará noticia de estos patrones inusuales a las autoridades de control. En la parte resolutiva de esta sentencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenará compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.

    vi.ii. Órdenes de embargo

  181. En cuanto a las órdenes de embargo, la Sala Plena constata que estas no sólo fueron solicitadas en las acciones de tutela, sino que además en algunos expedientes (T-2471345, T-2476358, T-2501214) los jueces de instancia las impartieron efectivamente, en su concepto con el fin de asegurar la eficacia de las decisiones adoptadas. Estas decisiones fueron suspendidas por la Corte Constitucional, en conjunto con otras, en los autos 241 de 2010 y 105 de 2011.[245] Con arreglo a lo mencionado en el fundamentos jurídicos 64 y 65 de esta providencia, los embargos, y todavía más si se decretan por sumas de dinero específicas, y si apuntan a congelar un patrimonio autónomo de remanentes, son en principio extraños al proceso de tutela. Primero, porque no posee propósitos exclusiva o primordialmente patrimoniales o dinerarios. El proceso de amparo no está además previsto para adelantar una discusión probatoria lo suficientemente amplia como para proceder a una liquidación apropiada de prestaciones económicas. Segundo, porque en principio es obligatorio presumir la buena fe del destinatario de las órdenes y asumir de antemano que tiene vocación de cumplirlas (CP art. 83). Con lo cual el embargo resulta injustificado a menos que se pruebe un temor fundado de incumplimiento frente a las resoluciones del juez. Tercero, porque una orden así resulta prima facie innecesaria, en vista de que hay instrumentos para asegurar el cumplimiento o perseguir el desacato a las órdenes del juez, tales como los incidentes de cumplimiento o desacato (Dcto 2591 de 1991 arts. 27, 52 y ss). Finalmente, porque es desproporcionado embargar sumas de un patrimonio autónomo de remanentes que debe responder por obligaciones pendientes. El congelamiento de sus recursos, que son limitados, puede obstaculizar la satisfacción de obligaciones, de las cuales podría a su turno depender el goce efectivo de derechos incluso fundamentales de terceros.

  182. En este caso, a juicio de la Corte, no estaban dadas las condiciones necesarias y suficientes para adoptar una medida de embargo sobre las cuentas del PAR. Primero que todo, porque el embargo resultaba injustificado asumir como probable un incumplimiento, por parte del PAR, a las resoluciones de un juez de tutela. Segundo, porque el embargo afectaba el cumplimiento de otras obligaciones anteriores, y además el programa de cancelación de pasivos y administración de remanentes, en algunos casos sin estar aún concluido el proceso. Tercero, debido a que incluso si se hubiera presentado un fundado temor de incumplimiento, había instrumentos al servicio de la eficacia de la decisión, previstos en la ley, razón por la cual el embargo resultaba innecesario (Dcto 2591 de 1991 arts. 27, 52 y ss). Finalmente, en consideración a que el embargo de sumas específicas de dinero no sólo resultaba poco fundamentada, dado el carácter preferente y sumario del procedimiento de tutela, sino que además implicaba una violación al derecho de defensa del demandado, toda vez que no contó con oportunidades procesales amplias y suficientes para controvertir las estimaciones dinerarias presentadas. Por estos motivos, se revocarán todas las órdenes de embargo.

    vii. Decisiones y órdenes

  183. La Corte Constitucional ha diferenciado en su jurisprudencia entre dos aspectos distintos de la parte resolutiva de un fallo de tutela: la decisión y las órdenes.[246] La decisión consiste fundamentalmente en determinar si se concede o no la tutela, y si se confirman o no las decisiones judiciales objeto de revisión. Las órdenes son las medidas que el juez adopta como remedios. La Sala Plena pasará a continuación a exponer, en primer término, cuáles habrán de ser las decisiones respecto de cada uno de los accionantes, y de las sentencias que resolvieron sus tutelas en instancias, agrupándolos en función del expediente en el que se encuentran sus solicitudes de amparo. En segundo término, enunciará las órdenes encaminadas a enfrentar situaciones irregulares advertidas en este proceso y señaladas en la presente sentencia.

    vii.i. Decisiones

  184. Como arriba se dijo hay un total de veintiséis (26) expedientes y de seiscientos nueve (609) accionantes, con nombres que aparecen más de una vez en distintas acciones de tutela reclamando prestaciones distintas. El volumen de los casos, alegatos y pruebas aportadas condujo a que la Corte suspendiera los términos para decidir. La primera decisión es entonces levantar la suspensión de términos. La segunda es, como acaba de mencionarse, la de revocar cualquier orden de embargo que se hubiese dictado en los expedientes que aquí se acumularon. En cuanto a las decisiones sobre si se concede o no el amparo, respecto de cada uno de los accionantes son por su parte las siguientes:

    184.1. En el expediente T-2451880, la tutela instaurada por la señora Libia del C.T.C. fue concedida en primera instancia mediante providencia del primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009), por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, y en segunda instancia esta decisión fue confirmada parcialmente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, Córdoba, mediante el fallo del veintidós (22) de septiembre de dos mil nueve (2009). Como de acuerdo con lo dicho en esta providencia, la tutela de esta peticionaria debe ser negada, se revocarán totalmente las sentencias de instancia. Por ende, la Sala Plena revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.2. En el expediente T-2471345, la tutela interpuesta por L.E.M.S. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, mediante fallo del dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), y en segunda instancia esta decisión fue confirmada parcialmente por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009). Como de acuerdo con lo dicho en esta providencia, algunos de los casos deben ser negados y otros declarados improcedentes, pero en ninguno se concederá la tutela de los derechos invocados, la Corte revocará totalmente las decisiones de instancia. En su lugar, resolverá por una parte declarar improcedente la acción instaurada por los señores L.E.M.S., R.D.Á.A., E.R.C.P., D.E.E.P., J.C.F.V., G. de J.G.R., J.H.J.D., D.M.L.M., Á.M.M.L., E.P.A., R.P.U., L.E.Q.T., Á. delC.R.G., L.E.S.E., J.M.V.S. y Ó.A.Y.T.. Por otra parte, procederá a negar la tutela en lo que se refiere a los señores Assad Gutiérrez Posedente, T.E.G.B., V.M.L.D., J.L.S.D. y M.S.P.Q.. Por ende, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.3. En el expediente T-2476358, la tutela impetrada por los señores R.M.G.H. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero Córdoba, mediante sentencia del nueve (9) de septiembre de dos mil nueve (2009), y esta decisión fue confirmada parcialmente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel mediante fallo del treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009). Dado que, según lo señalado en esta providencia, la tutela no debe concederse en ningún caso, pues en unos lo correcto es declararla improcedente y en otro negarla, revocará totalmente las decisiones de instancia. En su lugar, decidirá por una parte declarar improcedente la tutela en lo que respecta a los señores R.M.G.H., A.Y.M.R., G.S.H.G., L.C.S.M., M.P.G., E. de J.G.V., A.Z., E.D.T.G., L.H.G.Á., L.A.M.P., A.C.V., H.R.Z., J.R.C.A., F.M.L., J. delP.R.J., Á.J.M.E., J.O.J.C., F.S.P., Flor Emilia Campo Vargas, M.A.A., C.R.P.A., L.F.C.O., J.A.M.V., M. delS.R.G., C.E.B.A.. Por otra parte, negará la acción de tutela en lo que respecta a los señores J. de J.B.A. y R.T.. En definitiva, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.4. En el expediente T-2476359, la tutela interpuesta por los señores E.A.A.L. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel mediante fallo del primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009), decisión luego confirmada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel – Córdoba, por medio de fallo del veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009). Dado que, según se dijo en esta providencia, la tutela debe ser declarada improcedente respecto de unos casos, y negada respecto de los demás, pero en ningún evento concedida, la Sala Plena revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, por una parte, declarará improcedente el amparo en cuanto se refiere a los señores E.A.A.L., C.Z.B.P., N.Y.C.G., J.L. De Oro Mejía, J.C.H.P., O.I.S., D.C.J. de B., I.R.R., J.E.S.G. y F.E.V.C.. Por otra parte, procederá a negar la tutela en lo que atañe a los señores J.E.B.L., J.E.F.R., H.M.Á., A.C.R.R., V.M.S.T. y F.T.S.. Por consiguiente, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.5. En el expediente T-2484301, la tutela instaurada por el señor A.C.A. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, mediante fallo del primero (1) de septiembre de dos mil (2009), decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, en virtud de providencia expedida el cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009). Debido a que, como se mostró en esta sentencia, la tutela debe ser declarada improcedente en algunos casos y negada en otros, pero en ninguno concedida, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, resolverá por una parte, declarar improcedente el amparo invocado por los señores A.C.A., S.P.M.T., H.R.R.L., F.R.R., E.P.R.R., J.R.A., E.P.R.C., L.F.R.M., F.J.S.F., V.J.S.C., J.E.S.G., J.M.T.B., R.N.T.V.. Por otra parte, negará la solicitud de tutela a los señores G.O.M. y P.E.P.O.. Por ende, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.6. En el expediente T-2507052, la tutela promovida por la señora M.L.B.Z. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, por medio de fallo del ocho (8) de octubre de dos mil nueve (2009), decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, en sentencia del veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). En vista de que, como se puso de manifiesto en esta providencia, la acción de tutela debe ser declarada improcedente en los casos de cada uno de los peticionarios, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, decidirá declarar improcedente la tutela de los señores M.L.B.Z., G.A.A.G., L.A.B.M., K. delS.B.P., R.I.D.R.B., G.D.M., J.E.F.S., J.H.G.M., W. delS.G.M., R. de las Mercedes Laguna Ortega, A.L.B., M.N.L.L., M.E.P.Á., L.E.M.L., L.A.M.R., L.M.M.M., I.M.P., F.A.O.C., A.J.P.R., R.A.P.G., A.P.R., E.J.P.R., J.A.Q.B., D.Y.Q.M., G.J.R.Á., M.B.R.A., L.G.R.R., M.E.R.B., J.M.R.G., M.I.T.M., J.G.T.O., L.N.V.M., E.V.V. y L.M.Z.S.. Y además negará la tutela en los casos de los señores D.M.C. y C.J.R.C.. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.7. En el expediente T-2537070, la tutela presentada por el señor A.E.B.R. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Momil – Córdoba mediante fallo del doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009), decisión que fue confirmada en segunda instancia por medio de sentencia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009), expedida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, C.. Teniendo en cuenta que, según lo sostenido en esta providencia, en cualquiera de los casos de este expediente la tutela debe ser considerada improcedente, la Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, declarará improcedente la tutela de los señores A.E.B.R., D.E.C.V., B.J.D.J., A.G.E.O., N. de J.G.M., E.J.G., M.L.M.B., H. de J.N.G., S.P.V., O.D.P.L., G.P.F., W.M.R.C., A.S.M., L.A.S.A., J. de J.S.M., J.R.S.S. y A.L.Z.C.. Y además, negará la tutela en los casos de los señores G.C.E.E. y L.M.P.C.. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.8. En el expediente T-2537078, la tutela impetrada por el señor M.A.L.A. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, mediante fallo del doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009), decisión que resultó confirmada por el Juzgado Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, en sentencia del primero (1) de diciembre de dos mil nueve (2009). En esta última, se aceptó el desistimiento de la señora M.C.N.. Dado que en la presente providencia se consideró que en unos casos no se daban las condiciones para hacer un pronunciamiento de fondo, mientras en otros sí, la Corte Constitucional revocará las decisiones de instancia, salvo en lo que atañe a la aceptación del desistimiento presentado por la señora M.C.N., decisión que se confirmará. En consecuencia, declarará improcedente la tutela promovida por los señores M.A.G.G., É.R.A.V., J.A.C., C.A.A.G., J.R.B.S., A.B.P., R.B.O., S.A.C.D., R.C.A., J.R.C.M., L.D.B., W.F.H., J.G.G.G., M.A.G., J.G.G., R.E.J.P., R.L.M., J.H.M.M., M.M.M.V., J.D.N.V., L.I.P.P., G.P.G., H.P.A., D.P., V.A.P.R., V.J.R.L., O. de J.S.V., A. de J.S.P., J.S., M.T.P. y D.F.Z.C.. Además, confirmará la aceptación del desistimiento de la señora M.C.N.. Asimismo, negará la tutela a los señores M.A.L.A., F.A.A., J.L.C.E., E.G.G., C.M.L.M., Ó.A.M.R., G.P.R., F.C.R.R., H.F.R.R. y W.S.G.. Por último, la Corte Constitucional revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.9. En el expediente T-2564079, la tutela interpuesta por el señor J.E.F.C. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, el veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009), decisión que fue luego confirmada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, mediante fallo del veinticuatro (24) de diciembre de dos mil nueve (2009). Debido a que, según se señaló en esta sentencia, en ninguno de los casos comprendidos en este expediente hay lugar siquiera a emitir un pronunciamiento de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional procederá a revocar en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, declarará improcedente la solicitud de amparo instaurada por los señores J.E.F.C., F.C.V., N.L.C., M.R.O.Q., J.F.R.M., D.U.H. y T.E.V.B.. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.10. En el expediente T-2566146, la tutela presentada por el señor J.M.L.S. y otros fue en general concedida en primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009), salvo en lo que se refiere a los señores J.O.G.L. y J.O.M., respecto de quienes no hubo un pronunciamiento de fondo. Esa decisión luego fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veintiocho (28) de diciembre de dos mil nueve (2009), excepto en lo atinente al señor S.A.C.D., a quien se dejó de amparar en ese fallo. En vista de que en esta sentencia, de acuerdo con lo antes señalado, se concluyó que la tutela es improcedente en todos los casos comprendidos en este expediente, la Corte Constitucional procederá –para asegurar un cumplimiento efectivo de sus decisiones- a revocar en su totalidad las decisiones judiciales de instancia. En su lugar, declarará improcedente el amparo de los señores J.M.L.S., J.A.B., S.A.C.D., L.A.C.G., Y.C.S., J.R.G.C., H.R.G.D., J.O.G.L., E.H.B., M.L.T., L.L.A., C.A.L.A., J.O.L.M., J.M.O., W.M.B., Á.M.B., Y.M.S., H.R.M.A., J.G.M.C., R.N.N.P., O.O.M., G.I.P.R., A.P.C., J.C.R.H., Á.R.A., E.U.S.G., H.S.P., F.S.B., F.J.S.M., C.O.T.Q., L.A.V.C.. A su vez, negará la tutela de la señora R.S.G.. En los casos de los señores S.A.C.D. y R.N.N.P., por lo demás, y conforme a lo expuesto en la parte motiva, por los problemas de temeridad indicados se compulsarán copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia. Por último, la Corte Constitucional revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.11. En el expediente T-2579968, la tutela promovida por el señor R.C.A. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el once (11) de diciembre de dos mil nueve (2009), salvo en lo que atañe a los señores L.M.P.C. y M.V.R., respecto de quienes se abstuvo de conceder el amparo. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticinco (25) de enero de dos mil diez (2010), excepto en lo atinente a los casos de los señores R.O.C. y L.F.R., a quienes les dejó de conceder el amparo. Debido a que en la presente sentencia se concluyó que salvo en el caso del señor J.C.U.M., en el que procedía hacer un pronunciamiento de fondo, en todos los demás la tutela es improcedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En consecuencia, declarará improcedente el amparo invocado por los señores R.C.A.L., J.A.A.S., J.A.G., J.A.A.V., E.C.O., R.L.C.S., V.C.D., N.R.C.M., L.A.D.V., J.L.D.L., G.C.P., I.G.G., J.J.G.U.F., F.H.S., R.D.J.M., O.L.R., A.M.J., H.J.M.Z., W.M.C., E.E.M.M., L.M.M.O., R.O.C., C.R.O.C., L.M.P.C., E.P. de R., M.A.P.R., S.R.A., L.F.R.V., M.E.R.N., F.A.S.F., S.I.S.E., O.E.S.H., E.S.B., J.Y.S.C., A.T.C. y L.E.T.C.,. A su vez, negará la tutela interpuesta por los señores J.C.U.M., M.V.R. y D.M.V.B.. En el caso del señor O.L.R., por lo demás, y conforme a lo expuesto en la parte motiva, por los problemas de temeridad indicados se compulsarán copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.12. En el expediente T-2581607, la tutela presentada por el señor M.A.G. fue concedida en primera instancia por el Juzgado Civil Municipal de Puerto Tejada, Cauca, mediante fallo del seis (6) de noviembre de dos mil nueve (2009), y en segunda instancia resultó confirmada por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Tejada, Cauca, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009). Dado que, conforme se sostuvo en esta sentencia, su tutela debe negarse, la Corte Constitucional procederá revocar en su totalidad los fallos de instancia. En su lugar, negará la solicitud de amparo del señor M.A.G..

    184.13. En el expediente T-2587255, la tutela instaurada por la señora R.V.M.A. fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba, en sentencia del diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009), decisión que luego fue confirmada en segunda instancia el cinco (5) de febrero de dos mil diez (2010), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar. Teniendo en cuenta que la tutela no es procedente en ninguno de los casos comprendidos en este expediente, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad las sentencias de instancia. En su lugar, declarará improcedente la solicitud de amparo de los señores R.V.M.A., H.E.A.M., S.P.A.A., W.F.Á.V., B.B.S., M.B.R., B.A.B.G., C.H.B.M., L.G.C.C., M.C.E., J.C.Z., J.A.C.R., J.M.C.M., G. De Castro Palmarini, H.D.M., J.E.T., I.E.F.H., L.Á.G.R., J.A.G.V., H.G.O., W.G., A.M.G.A., R.R.G.F., L.A.M.R., C.S.M.B., E.O.M.C., J.I.M., R.N.N., R.A.P.M., C.L.R.N., J.H.R.S., E.M.R.E., W.W.S.R., J.A.S.C., J.L.S.B., M.J.S.R., N. delS.T.C., E. delS.V.A., C.V.C.C., J.E.W.A. y F.Z.. Además, negará la tutela de los señores I.I.B.S., Ó.E.C.Q., G.A.J., C.L.B., J.A.R.C., C.A.S.R. y L.F.T.. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.14. En el expediente T-2587286, la tutela impetrada por la señora M.C.A.R. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar el nueve (9) de noviembre de dos mil nueve (2009), decisión que fue conformada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, en sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil diez (2010). Tomando en consideración que, de acuerdo con lo dicho en la presente providencia, esta tutela es improcedente en todos los casos comprendidos dentro de este expediente, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, resolverá declarar improcedente la solicitud de amparo invocada por los señores H.R.B.S., A.B.G., R.J.B.I., M.A.B.C., A.M.C.G., J.A.D.D., M.F.P., L.M.G. Tirado, L.G., L.M.G.M., J.D.G.R., P.F.G.V., J. de J.G.N., A.J.G.H., J.I.H.Z., E.O.L.C., O.H.L.S., M.P.L.A., O.E.M.S., L.M.M.T., Á.H.M.A., L.A.O.M., A.P.M., N.Q.A., F.M.R.G., A.R.R.L., María del Tránsito Rosado Cuao, O.E.R.I., J.S.F., G.S.P., J.L.S.Y., J.P.S.H., W.T.M., E.R.V. de la Hoz, E.V.T., C.A.V.T. y C.A.Z.M.. Además negará la tutela a los señores M.C.A.R., U. de J.B.C., L.I.M.G., C.A.Q.M., R.R.M., C.L.S.L., D.J.V.B. y F.H.V.U.. Por último, la Corte Constitucional revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.15. En el expediente T-2597351, la tutela promovida a nombre del señor J.F.A.G. y otros fue negada en primera instancia por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería, mediante providencia del veintitrés (23) de noviembre de dos mil nueve (2009). Esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, mediante providencia expedida el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), y en su lugar adoptó tres decisiones: de un lado tuteló los derechos de los señores J.F.A.G., L.F.A.G., U.A.N., J.A.A.P., J.A.A.V., V.M.B.H., S.A.C.D., J.A.C.M., R.C.M., C.A.C.C., R. de J.C.V., M.A.C.T., U.C.V., L.A.C.P., G.A.E.R., A.M.E.L., B.C.G.G., H.G., F.G.M., M.G.C., E.E.G.R., R.R.G.F., F.G.P., C.A.H.A., M.H.T., C.L.M., J.C.M.C., A.E.M.D., Y.M.M., J.G.M.C., Orlando Moreno Real, E.M.H., M.R.O.Q., J.M.O.P., R.L.O.C., L.E.O.S., E.P.P., M.P.G., R.P.G., M.J.P.M., Á.E.P.B., A.Q.P., L.S.R.G., G.Y.R.C., C.R.L., L.A.R.G., A.O.R.V., G.R.A., R.A.S.D., L.A.S.M., Á.I.S.V., Á.T.G., J.L.V.O., P.V.M., G.V.A. y O.R.Y.B.. De otro lado, declaró improcedente el amparo de los señores L.F.A.J., J.P.B.T., L.F.E.O., A.F.M., J.G.H., G.M.G.C., P.M.C., E.M.M., M.C.M.P., L.N.G., M.R.O.Q., L.O.L., Á.H.O.Z., G.M.P.G., J.H.R.B., L.M.R.C.. Además, dejó de pronunciarse sobre el caso del señor C.A.R.. Y, simultáneamente concedió la tuteló y se la negó a la señora M.R.O.Q..

    En vista de que en esta providencia la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que en todos los casos debe negarse la tutela, la Sala Plena procederá a revocar en su totalidad la sentencia de segunda instancia, que a su turnó revocó parcialmente la de primera instancia. En consecuencia, procederá a negar el amparo a los señores J.F.A.G., L.F.A.G., U.A.N., J.A.A.P., J.A.A.V., V.M.B.H., S.A.C.D., J.A.C.M., R.C.M., C.A.C.C., R. de J.C.V., M.A.C.T., U.C.V., L.A.C.P., G.A.E.R., A.M.E.L., B.C.G.G., H.G., F.G.M., M.G.C., E.E.G.R., R.R.G.F., F.G.P., C.A.H.A., M.H.T., C.L.M., J.C.M.C., A.E.M.D., Y.M.M., J.G.M.C., Orlando Moreno Real, E.M.H., M.R.O.Q., J.M.O.P., R.L.O.C., L.E.O.S., E.P.P., M.P.G., R.P.G., M.J.P.M., Á.E.P.B., A.Q.P., L.S.R.G., G.Y.R.C., C.R.L., L.A.R.G., A.O.R.V., G.R.A., R.A.S.D., L.A.S.M., Á.I.S.V., Á.T.G., J.L.V.O., P.V.M., G.V.A., O.R.Y.B., L.F.A.J., J.P.B.T., L.F.E.O., A.F.M., J.G.H., G.M.G.C., P.M.C., E.M.M., M.C.M.P., L.N.G., M.R.O.Q., L.O.L., Á.H.O.Z., G.M.P.G., J.H.R.B., L.M.R.C., C.A.R. y M.R.O.Q.. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.16. En el expediente T-2871322, la tutela instaurada por el señor J.P.A. fue negada en única instancia por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá el trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010). Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la presente sentencia, la tutela de este peticionario debe ser declarada improcedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad de la decisión de instancia. En su lugar, declarará improcedente la tutela del señor J.P.A.. Asimismo, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.17. En el expediente T-2471216, la tutela promovida por la señora G.M.M.M. y otros no fue concedida en primera instancia, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería el catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009). En segunda instancia, la Sala Penal Constitucional Ad-hoc del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería revocó la decisión, y en su lugar concedió la tutela a los peticionarios. Debido a que, según las conclusiones expuestas en la presente sentencia, la tutela de estos actores debe en algunos casos ser negada y en otros, declarada improcedente, pero en ningún evento concedida; la Sala Plena de la Corte Constitucional procederá a revocar en su totalidad la sentencia de segunda instancia, que a su turno revocó la de primer grado. En consecuencia, declarará improcedente la solicitud de amparo en lo que atañe a los casos de los señores G.A.A.A., N.V.M.G., L.S.P.O., I.M.C.S., N.E.G.M., C.E.L.M., D.A.G.A., H.E.C.V., L.A.O.P., Á.E.A.O., R.A.L.V., S.A.T.R., E.T.T., N.C.Z.S. y A. de J.C.C.. A su turno, negará la tutela de los señores G.M.M.M., Á.J.O.A. y Á.R.G.S., y concederá la tutela a los señores R.B.M. y B.J.C.B.. En los casos de los señores Á.E.A.O., G.A.A.A., I.M.C.S., C.E.L.M., N.V.M.G. y L.S.P.O., además y conforme a lo expuesto en la parte motiva, por los problemas de temeridad indicados se compulsarán copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido en este proceso antes de la presente sentencia.

    184.18. En el expediente T-2471346, la tutela que presentaron la señora N.D.G. y otros fue declarada improcedente en primera instancia, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún, Córdoba, el primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009). Esa decisión fue confirmada parcialmente por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún, Córdoba, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009), en lo que respecta a los señores N.C.D.G., F.A.L., C.A.H.M., J. delC.R.G., J.K.C.P., O.M.I., A.A.S., O.A.R.A., C.E.V.P., Z.P.R., C.A.G. y H.V.C., pero revocada –y tutelados los derechos- en lo atinente a los señores C.M.O.R., H.L.M., A.B.P., H.D.V.C., S.A.M., G.A.I.N., J.L.C., C.A.G., F.A.D.C., E.V.H.U., M. de J.C.Y., A.F.C.H. y Á.E.P.B.. En vista de que, según las conclusiones expuestas en la presente sentencia, en ninguno de los casos comprendidos en este expediente cabría conceder el amparo, pues en ninguno se dan las condiciones para emitir un pronunciamiento de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará parcialmente la decisión de segunda instancia, y confirmará la de primera. En consecuencia, además declarará improcedente la solicitud de amparo invocada por los señores N.C.D.G., F.A.L., C.A.H.M., J. delC.R.G., J.K.C.P., O.M.I., A.A.S., O.A.R.A., C.E.V.P., C.A.G., H.V.C., C.M.O.R., H.L.M., A.B.P., H.D.V.C., S.A.M., G.A.I.N., J.L.C., C.A.G., F.A.D.C., E.V.H.U., F.H.C.C., M. de J.C.Y., A.F.C.H. y Á.E.P.B.. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.19. En el expediente T-2492726, la tutela promovida por el señor M.E.H. y otros fue concedida en primera instancia, excepto en lo referente a los señores H.G.P. y P.A.M. a quienes se les dejó de conceder el amparo, por el Juzgado Primero Promiscuo del Carmen de Bolívar, mediante sentencia de septiembre diez (10) de dos mil nueve (2009). En segunda instancia, confirmó la decisión el Juzgado Promiscuo del Circuito del Carmen de Bolívar, mediante providencia del catorce (14) octubre de dos mil nueve (2009). En vista de que, conforme a las conclusiones expuestas en esta providencia, los casos comprendidos en este expediente deben ser negados o declarados improcedentes, pero no concedidos, la Sala Plena de la Corte Constitucional procederá a revocar parcialmente los fallos de instancia, en cuanto se refieran a fallos de fondo sobre la concesión o no del amparo. En consecuencia, en la parte resolutiva, negará el amparo al señor P.A.M.R., y declarará improcedente la tutela de los señores M.E.H., N.B.M., A.B.L., P.E.C.A., L.H.F.S., H.M.G.P., Á.J.G.N., W.E.G. de la Rosa, S.E.G.C., H.M.F., J.F.M.M., B.A.M.P., J.O.'NeillM., A.O.S., E.E.P.V., M.R.S., S.S.A.R.R. y F.A.T.G.. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.20. En el expediente T-2501214, la tutela interpuesta el señor R. de J.V.G. fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, en sentencia del primero (1) de octubre de dos mil nueve (2009), y esta decisión fue a su vez confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica Córdoba, en fallo del veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009). Dado que, según se expuso en la presente sentencia, esta tutela debe ser declarada improcedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, declarará improcedente la acción de tutela instaurada por el señor R. de J.V.G.. Asimismo, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.21. En el expediente T-2531654, la tutela próvida por la señora V.P.H. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, mediante sentencia del tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009), decisión esta que fue confirmada en segunda instancia por medio de fallo del diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009), expedido por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, C.. Teniendo en consideración que, según las conclusiones expuestas en la presente sentencia, en ninguno de los casos los peticionarios cumplen las condiciones para un fallo de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional procederá a revocar en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, declarará improcedente la tutela de los señores V.P.H., U. de J.B.C., G.P.C.P., L.A.D.M., E.K.G.G., B.I.M.M., V.P.H., C.M.T.P. y N.J.V.B.. En el caso del señor L.A.D.M., por lo demás, y conforme a lo expuesto en la parte motiva, por los problemas de temeridad indicados se compulsarán copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.22. En el expediente T-2537041, la tutela instaurada por el señor D.A.E. y otros fue concedida en primera instancia mediante providencia del diez (10) de noviembre de dos mil nueve (2009), expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, C.. En segunda instancia, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, confirmó parcialmente esta decisión mediante providencia de noviembre treinta (30) de dos mil nueve (2009). No obstante, revocó el fallo respecto de los actores C.A.T. y W.C.V., y les negó la tutela. En vista de que, conforme a las consideraciones y conclusiones expuestas en la presente sentencia, en ninguno de los casos la tutela era procedente y, en consecuencia, no se podía negar o conceder directamente el amparo, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad los fallos de instancia. En su lugar, declarará improcedente la tutela de los señores D.A.E., G.A.Á.L., N.M.B.F., J.C.C.S., J.C.C.G., B.A.C.V., L.M.C.S., W.C.V., C.H.C.P., León Albeiro Colorado, C.S.C.A., J.H.D.T., J.J.F.G., N.A.G.F., H.G.L., R.D.G.G., G.G.G.T., M.J.G., L.C.M.A., J.H.M.A., E.M.C., C.J.M.B., Á.N.R., A.O.P., J.H.P.S., J.M.P.P., Y.R.B., J.E.S.M., J.R.S.H., A.M.T.V., C.A.T., E.V.M. y G.V.P.. Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.23. En el expediente T-2475114, la tutela presentada por la señora M.T.M.C. fue concedida en primera instancia mediante sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, decisión esta revocada en segunda instancia por la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia mediante fallo del seis (6) de octubre de dos mil nueve (2009), que a su turno declaró improcedente el amparo. Debido a que esta última conclusión coincide con la prohijada en el presente caso, la Sala Plena de la Corte Constitucional confirmará la sentencia de segunda instancia. En consecuencia, declarará improcedente el amparo de la señora M.T.M.C.. Asimismo, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.24. En el expediente T-2500881, la tutela promovida por el señor A.C.G. fue declarada improcedente en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo del Círculo de Barranquilla, mediante fallo del trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009). Esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009), autoridad que concedió el amparo. En vista de que es la decisión de primera instancia, y no la de segundo grado, la que coincide exactamente con las conclusiones adoptadas en la presente sentencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará el fallo de segunda instancia y confirmará el de primera. En consecuencia, declarará improcedente la acción de tutela impetrada por el señor A.C.G.. Asimismo, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.

    184.25. En el expediente T-2531642, la tutela presentada por la señora M.R.G. y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo el diez (10) de noviembre de dos mil nueve (2009). En segunda instancia, mediante sentencia del veintiuno (21) de diciembre de dos mil nueve (2009), el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté, Córdoba, confirmó parcialmente la decisión, excepto que se dejó de proteger a los señores M.R.G. y F.V. del Valle. Debido a que, conforme a lo dicho en esta sentencia, esas decisiones no se corresponden con las conclusiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, se procederá a revocar en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, negará el amparo a los señores Ó.E.S.M., E. de J.M.Y., H.G.D., J.J.G., J.M.D.V., G.Á.C.C., G.P.C.H. y N.B.P.; y declarará improcedente la tutela en cuanto se refiere a los señores M.R.G., R.T.B.Á., G.A.C.M., R.E.I.C., G.A.L.G., A.S.M.C., R.A.M.D., R.C.N.V., C.A.O.G., R.R.P.R., Y.R.H., H.S.R.P., S. de J.R.T., C.A.S.T., D.A.V.V., C.V.S. y F.R.V. del Valle. Por consiguiente, revocará las órdenes de amparo impartidas a favor de estos peticionarios. Finalmente, concederá la tutela a los señores O.R.G.P., F.M.V. y J.E.P.A.. Las órdenes de protección a su favor se enunciarán en el acápite siguiente.

    184.26. En el expediente T-2546795, la tutela impetrada por el señor J.G.P.C. y otros fue concedida fue concedida en primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos, Sucre, mediante sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009), y esta decisión fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre, mediante sentencia del diez (10) de diciembre del dos mil nueve (2009). En esa última se modificaron las órdenes, pero la decisión no. En vista de que las conclusiones adoptadas en estos fallos no coinciden exactamente con las expuestas en la presente sentencia, pero sí hay entre todos una coincidencia parcial, la Sala Plena de la Corte Constitucional pasará a revocar de forma parcial las decisiones de instancia, salvo en lo que respecta a la protección de los señores W.J.D.D. y A.J.E.G., aspecto en el cual se confirmarán. En consecuencia, negará la tutela a los señores J.G.P.C., S.A.Á.B., J.C.A.Á., T.B.L., E.B.G., G.J.C.Á., A.G.P., C.E.L.S., H.A.L.V., J.M.G., M.G.O.P., A.M.P.P., O.M.P.G.C. y A.A.U.O.; y declarará improcedente el amparo en lo que atañe a los casos de los señores J.E.A.A., J.L.A., A. de J.A.L., C.S.Á.D., M.E.Á.G., L.C.Á.V., R.S.A.M., L.A.A.B., Santander de J.C.B., C.E.C.C., G.E.C.G., S.C.C., D.S.D.E., L.A.G.G., L.E.G.P., G.P.N.R., D. delC.G.P., A.M. delR. Guerra Montes de Oca, Á.H.P., L.M.L.C., V.J.M.G., M.F.M.R., R.A.M.F., M.B.O.R., E.O.Z., D.P.C., E.S.S.P., M.P.T.G., A.M. Tirado Arabia, J.A.T.H., E.E.T.T. y R.F.Y.O..

    Por consiguiente, revocará las órdenes de amparo impartidas a favor de estos peticionarios. Finalmente, concederá la tutela a los señores los señores W.J.D.D., D.P.D., M.G.L. y A.J.E.G.. Las órdenes de protección a su favor se enunciarán en el acápite siguiente.

    vii.ii. Órdenes y remedios

  185. La Corte Constitucional adoptará tres clases de medidas, distinguiendo entre ellas en función de lo que debe ser corregido o enfrentado. Por una parte, impartirá órdenes de protección en favor de aquellos peticionarios a quienes se les concedió la tutela. Por otra parte, dictará la orden de compulsar copias a las autoridades de control para investiguen y, en su caso, impongan las sanciones correspondientes por eventuales infracciones. Finalmente, establecerá una autorización encaminada a enfrentar un problema de garantías sindicales que, si bien no fue materia de pronunciamientos de fondo debido a la falta de condiciones en las solicitudes de amparo acumuladas, es importante corregir por la vía de adaptar las condiciones particulares de tutela contra sentencia.

    185.1. En cuanto a la protección a favor de los tutelantes a quienes se les concedió el amparo, en la parte resolutiva de esta providencia la Sala Plena de la Corte Constitucional impartirá las siguientes órdenes:

    a. En el curso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, el Consorcio a cargo de la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM – PAR-, si aún no lo ha hecho, deberá pagarles la indemnización de que trata el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003 a los señores W.J.D.D. (T-2546795), D.P.D. (T-2546795), M.G.L. (T-2546795), A.J.E.G. (T-2546795), O.R.G.P. (T-2531642) y J.E.P.A. (T-2531642).

    b. En el curso de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, el Consorcio a cargo de la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM – PAR-, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, deberá adoptar un plan de reubicación de las madres y padres cabeza de familia desvinculadas de TELECOM, e incluir en él con prioridad a los señores W.J.D.D. (T-2546795), D.P.D. (T-2546795), M.G.L. (T-2546795), A.J.E.G. (T-2546795), O.R.G.P. (T-2531642) y J.E.P.A. (T-2531642). Ese plan deberá asegurarles a estas personas, en el plazo máximo de un (1) año contado desde el momento en que se notifique este fallo, un derecho preferencial a ingresar a un empleo en condiciones al menos iguales a las que tenían en la hoy liquidada TELECOM. Por lo cual, si se presenta una vacante para un empleo con tales condiciones, tengan preferencia sobre candidatos que no cuenten con sus mismas condiciones constitucionales. Ello no obsta para que en los casos en que los empleos estén sujetos al ingreso por carrera administrativa, tales personas deban, mientras no se haya convocado concurso, ser nombradas en provisionalidad, o cuando sea convocado el concurso de méritos, presentar las pruebas correspondientes para ser vinculadas.

    c. En el curso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, el Consorcio a cargo de la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM – PAR-, deberá pagarles a los señores R.B.M. y B.J.C.B. (T-2471216) una suma de dinero equivalente a seis meses del salario que devengaban cuando se les dio por terminado su vínculo con TELECOM. En cualquier caso, las decisiones adoptadas en el proceso de reintegro que estos demandantes iniciaron ante la justicia laboral ordinaria, sean anteriores o posteriores a este fallo, prevalecerán sobre las que sean dictadas en este.

    185.2. En lo que atañe a la temeridad en la que, a juicio de la Corte, incurrieron los apoderados de los señores S.A.C.D. (T-2566146 y 2537078), R.N.N. (T-2566146 y T-2587255) Olmedo López Rojas (T-2579968); Á.E.A.O., G.A.A.A., I.M.C.S., C.E.L.M., N.V.M.G. y L.S.P.O. (T-2471216); y L.A.D.M. (T-2531654), la Sala Plena no sólo se abstendrá –como antes quedó decidido- de conceder la tutela invocada, sino que además compulsará copias de esta sentencia a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que investigue y, si es el caso, sancione el comportamiento de quienes figuran como abogados de cada una de estas personas en este proceso.

    185.3. La Sala Plena de la Corte Constitucional, de conformidad con las conclusiones expuestas en las consideraciones 200 a 208, ordenará compulsar copias de esta sentencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que investiguen y, si es el caso, sancionen a los abogados y jueces que intervinieron en la interposición y resolución de la acción de tutela que dio origen al expediente T-2451880.

    185.4. La Corte Constitucional constata igualmente, en este proceso, que puede haber un número significativo de casos, en los cuales personas con fuero sindical resultaron desvinculadas de TELECOM con su liquidación definitiva, y luego de ello promovieron procesos laborales ante la justicia ordinaria. Si bien, como aquí se dijo, la tutela es improcedente para replantear esos litigios ante la justicia constitucional, la Sala Plena estima que debe librar una advertencia general a quienes estén en esa hipótesis, con el fin de que se enteren de que aún cuentan con el derecho a interponer una acción de tutela contra la providencia que hubiera puesto fin al proceso laboral que les fue adverso, si no la han promovido con anterioridad, cuando en ellas se haya incurrido en algún defecto que justifique la prosperidad del amparo, y además se den los restantes requisitos jurisprudenciales para instaurar una tutela contra sentencias. Con el fin de precaver la perpetuación de afectaciones a las garantías sindicales, la Corte Constitucional prevendrá a los jueces de la República, para que –de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, interpretada en la forma como queda definida en esta providencia- en los procesos instaurados de conformidad con la presente decisión, evalúen la inmediatez desde la publicación de esta sentencia, y no desde antes. Estas resoluciones tendrán efectos inter comunis.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos dispuesta el 12 de mayo de 2010.

Segundo.- REVOCAR cualquier orden judicial de embargo que se hubiese llegado a dictar en el proceso de tutela correspondiente a los expedientes T-2451880, T-2471216, T-2471345, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2500881, T-2507052, T-2537070, T-2537078, T-2564079, T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2587255, T-2587286, T-2597351 T-2871322, T-2471346, T-2492726, T-2501214, T-2531654, T-2537041, T-2475114, T-2531642 y T-2546795.

Tercero.- En el expediente T-2451880, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel el primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, Córdoba, el veintidós (22) de septiembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, NEGAR la tutela de los derechos fundamentales invocados por la señora Libia del C.T.C.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Cuarto.- En el expediente T-2471345, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, el dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en lo que respecta a los señores L.E.M.S., R.D.Á.A., E.R.C.P., D.E.E.P., J.C.F.V., G. de J.G.R., J.H.J.D., D.M.L.M., Á.M.M.L., E.P.A., R.P.U., L.E.Q.T., Á. delC.R.G., L.E.S.E., J.M.V.S. y Ó.A.Y.T.. Asimismo, NEGAR la tutela de los derechos invocados por los señores Assad Gutiérrez Posedente, T.E.G.B., V.M.L.D., J.L.S.D. y M.S.P.Q.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Quinto.- En el expediente T-2476358, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel Córdoba el nueve (9) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel el treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en lo que respecta a los señores R.M.G.H., A.Y.M.R., G.S.H.G., L.C.S.M., M.P.G., E. de J.G.V., A.Z., E.D.T.G., L.H.G.Á., L.A.M.P., A.C.V., H.R.Z., J.R.C.A., F.M.L., J. delP.R.J., Á.J.M.E., J.O.J.C., F.S.P., Flor Emilia Campo Vargas, M.A.A., C.R.P.A., L.F.C.O., J.A.M.V., M. delS.R.G., C.E.B.A.. Y finalmente NEGAR la tutela a los señores J. de J.B.A. y R.T.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Sexto.- En el expediente T-2476359, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel el primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, Córdoba, el veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo en cuanto se refiere a los señores E.A.A.L., C.Z.B.P., N.Y.C.G., J.L. De Oro Mejía, J.C.H.P., O.I.S., D.C.J. de B., I.R.R., J.E.S.G. y F.E.V.C.. Por su parte, NEGAR la tutela de los derechos invocados en favor de los señores J.E.B.L., J.E.F.R., H.M.Á., A.C.R.R., V.M.S.T. y F.T.S.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Séptimo.- En el expediente T-2484301, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo invocado por los señores A.C.A., S.P.M.T., H.R.R.L., F.R.R., E.P.R.R., J.R.A., E.P.R.C., L.F.R.M., F.J.S.F., V.J.S.C., J.E.S.G., J.M.T.B. y R.N.T.V.. Por su parte, NEGAR la solicitud de tutela a los señores G.O.M. y P.E.P.O.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Octavo.- En el expediente T-2507052, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, el ocho (8) de octubre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los señores M.L.B.Z., G.A.A.G., L.A.B.M., K. delS.B.P., R.I.D.R.B., G.D.M., J.E.F.S., J.H.G.M., W. delS.G.M., R. de las Mercedes Laguna Ortega, A.L.B., M.N.L.L., M.E.P.Á., L.E.M.L., L.A.M.R., L.M.M.M., I.M.P., F.A.O.C., A.J.P.R., R.A.P.G., A.P.R., E.J.P.R., J.A.Q.B., D.Y.Q.M., G.J.R.Á., M.B.R.A., L.G.R.R., M.E.R.B., J.M.R.G., M.I.T.M., J.G.T.O., L.N.V.M., E.V.V. y L.M.Z.S.. Asimismo NEGAR la tutela a los señores D.M.C. y C.J.R.C.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Noveno.- En el expediente T-2537070, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Momil, Córdoba, el doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por los señores A.E.B.R., D.E.C.V., B.J.D.J., A.G.E.O., N. de J.G.M., E.J.G., M.L.M.B., H. de J.N.G., S.P.V., O.D.P.L., G.P.F., W.M.R.C., A.S.M., L.A.S.A., J. de J.S.M., J.R.S.S. y A.L.Z.C.. Asimismo, NEGAR la tutela a los señores G.C.E.E. y L.M.P.C.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Décimo.- En el expediente T-2537078, REVOCAR, salvo en lo que atañe a la aceptación del desistimiento presentado por la señora M.C.N., las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, en sentencia del primero (1) de diciembre de dos mil nueve (2009). En consecuencia, decide confirmar la aceptación del desistimiento presentado por la señora M.C.N.; y DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela promovida por los señores M.A.G.G., É.R.A.V., J.A.C., C.A.A.G., J.R.B.S., A.B.P., R.B.O., S.A.C.D., R.C.A., J.R.C.M., L.D.B., W.F.H., J.G.G.G., J.G.G., R.E.J.P., R.L.M., J.H.M.M., M.M.M.V., J.D.N.V., L.I.P.P., G.P.G., H.P.A., D.P., V.A.P.R., V.J.R.L., O. de J.S.V.A. de J.S.P., J.S., M.T.P. y D.F.Z.C.. Asimismo, NEGAR la tutela a los señores M.A.L.A., F.A.A., J.L.C.E., E.G.G., C.M.L.M., Ó.A.M.R., G.P.R., F.C.R.R., H.F.R.R. y W.S.G.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Décimo primero.- En el expediente T-2564079, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, el veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticuatro (24) de diciembre dedos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela a los señores J.E.F.C., F.C.V., N.L.C., M.R.O.Q., J.F.R.M., D.U.H. y T.E.V.B.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Décimo segundo.- En el expediente T-2566146, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veintiocho (28) de diciembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales invocados por los señores J.M.L.S., J.A.B., S.A.C.D., L.A.C.G., Y.C.S., J.R.G.C., H.R.G.D., J.O.G.L., E.H.B., M.L.T., L.L.A., C.A.L.A., J.O.L.M., J.M.O., W.M.B., Á.M.B., Y.M.S., H.R.M.A., J.G.M.C., R.N.N.P., O.O.M., G.I.P.R., A.P.C., J.C.R.H., Á.R.A., E.U.S.G., H.S.P., F.S.B., F.J.S.M., C.O.T.Q., L.A.V.C.. Asimismo, NEGAR la tutela de la señora R.S.G.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Décimo tercero.- En el expediente T-2579968, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el once (11) de diciembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticinco (25) de enero de dos mil diez (2010). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo invocado por los señores R.C.A.L., J.A.A.S., J.A.G., J.A.A.V., E.C.O., R.L.C.S., V.C.D., N.R.C.M., L.A.D.V., J.L.D.L., G.C.P., I.G.G., J.J.G.U.F., F.H.S., R.D.J.M., O.L.R., A.M.J., H.J.M.Z., W.M.C., E.E.M.M., L.M.M.O., R.O.C., C.R.O.C., L.M.P.C., E.P. de R., M.A.P.R., S.R.A., L.F.R.V., M.E.R.N., F.A.S.F., S.I.S.E., O.E.S.H., E.S.B., J.Y.S.C., A.T.C. y L.E.T.C.. Y finalmente NEGAR la tutela a los señores J.C.U.M., M.V.R. y D.M.V.B.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Décimo cuarto.- En el expediente T-2581607, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Civil Municipal de Puerto Tejada, Cauca, el 6 de noviembre de 2009 y, en segunda instancia, por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Tejada, Cauca, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, NEGAR el amparo al señor M.A.G.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Décimo quinto.- En el expediente T-2587255, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba el diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar el cinco (5) de febrero de dos mil diez (2010). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de los señores R.V.M.A., H.E.A.M., S.P.A.A., W.F.Á.V., B.B.S., M.B.R., B.A.B.G., C.H.B.M., L.G.C.C., M.C.E., J.C.Z., J.A.C.R., J.M.C.M., G. De Castro Palmarini, H.D.M., J.E.T., I.E.F.H., L.Á.G.R., J.A.G.V., H.G.O., W.G., A.M.G.A., R.R.G.F., L.A.M.R., C.S.M.B., E.O.M.C., J.I.M., R.N.N., R.A.P.M., C.L.R.N., J.H.R.S., E.M.R.E., W.W.S.R., J.A.S.C., J.L.S.B., M.J.S.R., N. delS.T.C., E. delS.V.A., C.V.C.C., J.E.W.A. y F.Z.. Asimismo, NEGAR la tutela a los señores I.I.B.S., Ó.E.C.Q., G.A.J., C.L.B., J.A.R.C., C.A.S.R. y L.F.T.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Décimo sexto.- En el expediente T-2587286, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar el nueve (9) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar el veintinueve (29) de enero de dos mil diez (2010). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo a los señores H.R.B.S., A.B.G., R.J.B.I., M.A.B.C., A.M.C.G., J.A.D.D., M.F.P., L.M.G. Tirado, L.G., L.M.G.M., J.D.G.R., P.F.G.V., J. de J.G.N., A.J.G.H., J.I.H.Z., E.O.L.C., O.H.L.S., M.P.L.A., O.E.M.S., L.M.M.T., Á.H.M.A., L.A.O.M., A.P.M., N.Q.A., F.M.R.G., A.R.R.L., María del Tránsito Rosado Cuao, O.E.R.I., J.S.F., G.S.P., J.L.S.Y., J.P.S.H., W.T.M., E.R.V. de la Hoz, E.V.T., C.A.V.T. y C.A.Z.M.. Asimismo, NEGAR la tutela a los señores M.C.A.R., U. de J.B.C., L.I.M.G., C.A.Q.M., R.R.M., C.L.S.L., D.J.V.B. y F.H.V.U.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en este proceso.

Décimo séptimo.- En el expediente T-2597351, REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), que a su turno revocó la proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería el veintitrés (23) de noviembre de dos mil nueve (2009). En consecuencia, NEGAR el amparo a los señores J.F.A.G., L.F.A.G., U.A.N., J.A.A.P., J.A.A.V., V.M.B.H., S.A.C.D., J.A.C.M., R.C.M., C.A.C.C., R. de J.C.V., M.A.C.T., U.C.V., L.A.C.P., G.A.E.R., A.M.E.L., B.C.G.G., H.G., F.G.M., M.G.C., E.E.G.R., R.R.G.F., F.G.P., C.A.H.A., M.H.T., C.L.M., J.C.M.C., A.E.M.D., Y.M.M., J.G.M.C., Orlando Moreno Real, E.M.H., M.R.O.Q., J.M.O.P., R.L.O.C., L.E.O.S., E.P.P., M.P.G., R.P.G., M.J.P.M., Á.E.P.B., A.Q.P., L.S.R.G., G.Y.R.C., C.R.L., L.A.R.G., A.O.R.V., G.R.A., R.A.S.D., L.A.S.M., Á.I.S.V., Á.T.G., J.L.V.O., P.V.M., G.V.A., O.R.Y.B., L.F.A.J., J.P.B.T., L.F.E.O., A.F.M., J.G.H., G.M.G.C., P.M.C., E.M.M., M.C.M.P., L.N.G., M.R.O.Q., L.O.L., Á.H.O.Z., G.M.P.G., J.H.R.B., L.M.R.C., C.A.R. y M.R.O.Q.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en este proceso.

Décimo octavo.- En el expediente T-2871322, REVOCAR en su totalidad la sentencia expedida, en única instancia, por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá el trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela del señor J.P.A.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Décimo noveno.- En el expediente T-2471216, REVOCAR la sentencia dictada por la Sala Penal Constitucional Ad-hoc del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el dieciséis (16) de julio de dos mil nueve (2009), que a su turno revocó la proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería el catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de los señores G.A.A.A., N.V.M.G., L.S.P.O., I.M.C.S., N.E.G.M., C.E.L.M., D.A.G.A., H.E.C.V., L.A.O.P., Á.E.A.O., R.A.L.V., S.A.T.R., R.B.M., E.T.T., N.C.Z.S., A. de J.C.C. y. Por su parte, NEGAR la tutela a los señores G.M.M.M., Á.J.O.A. y Á.R.G.S.. Asimismo, CONCEDER LA TUTELA de los derechos a la libertad y a la asociación sindical, y al debido proceso, de los señores R.B.M. y B.C.B.. Finalmente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia. En consecuencia, ORDENAR al Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM que en el término máximo de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, les pague a los señores R.B.M. y B.J.C.B. (T-2471216) una suma de dinero equivalente a seis (6) meses del salario que devengaban cuando se les dio por terminado su vínculo con TELECOM. En cualquier caso, las decisiones adoptadas en los procesos iniciados por los demandantes ante la justicia laboral ordinaria, sean anteriores o posteriores a este fallo, prevalecerán sobre las que sean dictadas en este.

Vigésimo.- En el expediente T-2471346, REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia expedida en primera instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún, Córdoba, el primero (01) de septiembre de dos mil nueve (2009), que a su turno confirmó parcialmente la proferida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún, Córdoba, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009). En consecuencia, confirmar la decisión de primer grado y, por tanto, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo a los señores N.C.D.G., F.A.L., C.A.H.M., J. delC.R.G., J.K.C.P., O.M.I., A.A.S., O.A.R.A., C.E.V.P., C.A.G., H.V.C., C.M.O.R., H.L.M., A.B.P., H.D.V.C., S.A.M., G.A.I.N., J.L.C., C.A.G., F.A.D.C., E.V.H.U., F.H.C.C., M. de J.C.Y., Z.P.R., A.F.C.H. y Á.E.P.B.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Vigésimo primero.- En el expediente T-2492726, REVOCAR PARCIALMENTE las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar el diez (10) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito del Carmen de Bolívar el catorce (14) octubre de dos mil nueve (2009). En consecuencia, NEGAR el amparo al señor P.A.M.R., y DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por los señores M.E.H., N.B.M., A.B.L., P.E.C.A., L.H.F.S., H.M.G.P., Á.J.G.N., W.E.G. de la Rosa, S.E.G.C., H.M.F., J.F.M.M., B.A.M.P., J.O.'NeillM., A.O.S., E.E.P.V., M.R.S., S.S.A.R.R. y F.A.T.G.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en este proceso.

Vigésimo segundo.- En el expediente T-2501214, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero el primero (1) de octubre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica Córdoba el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor R. de J.V.G.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Vigésimo tercero.- En el expediente T-2531654, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, el diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela a los señores V.P.H., U. de J.B.C., G.P.C.P., L.A.D.M., E.K.G.G., B.I.M.M., V.P.H., C.M.T.P. y N.J.V.B.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Vigésimo cuarto.- En el expediente T-2537041, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, el diez (10) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, el treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por los señores D.A.E., G.A.Á.L., N.M.B.F., J.C.C.S., J.C.C.G., B.A.C.V., L.M.C.S., W.C.V., C.H.C.P., León Albeiro Colorado, C.S.C.A., J.H.D.T., J.J.F.G., N.A.G.F., H.G.L., R.D.G.G., G.G.G.T., M.J.G., L.C.M.A., J.H.M.A., E.M.C., C.J.M.B., Á.N.R., A.O.P., J.H.P.S., J.M.P.P., Y.R.B., J.E.S.M., J.R.S.H., A.M.T.V., C.A.T., E.V.M. y G.V.P.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en este proceso.

Vigésimo quinto.- En el expediente T-2475114, CONFIRMAR la sentencia expedida por la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el seis (6) de octubre de dos mil nueve (2009), que a su turno revocó la proferida en primera instancia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia. En consecuencia, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo a la señora M.T.M.C.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Vigésimo sexto.- En el expediente T-2500881, REVOCAR la sentencia expedida por el por el Tribunal Administrativo del Atlántico el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009), que a su turno revocó la proferida en primera instancia el trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) por el Juzgado Octavo Administrativo del Círculo de Barranquilla. Por tanto, confirmar la decisión de primer grado y DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela del señor A.C.G.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.

Vigésimo séptimo.- En el expediente T-2531642, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo el diez (10) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté, Córdoba, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, NEGAR el amparo a los señores Ó.E.S.M., F.M.V., E. de J.M.Y., H.G.D., J.J.G., J.M.D.V., G.Á.C.C., G.P.C.H. y N.B.P.; y DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela a los señores M.R.G., R.T.B.Á., É.C.F.D., G.A.C.M., R.E.I.C., G.A.L.G., A.S.M.C., R.A.M.D., R.C.N.V., C.A.O.G., R.R.P.R., Y.R.H., H.S.R.P., S. de J.R.T., C.A.S.T., D.A.V.V., C.V.S. y F.R.V. del Valle. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia. Finalmente, CONCEDER la tutela a los señores O.R.G.P. y J.E.P.A..

Vigésimo octavo.- En el expediente T-2546795, REVOCAR, salvo en lo que atañe a la protección que se les dio a los señores W.J.D.D. y A.J.E.G., las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos, Sucre, el dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre, el diez (10) de diciembre del dos mil nueve (2009). En consecuencia, NEGAR la protección solicitada a los señores J.G.P.C., S.A.Á.B., J.C.A.Á., T.B.L., E.B.G., G.J.C.Á., A.G.P., C.E.L.S., H.A.L.V., J.M.G., M.G.O.P., A.M.P.P., O.M.P.G.C. y A.A.U.O.; y DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los señores J.E.A.A., J.L.A., A. de J.A.L., C.S.Á.D., M.E.Á.G., L.C.Á.V., R.S.A.M., L.A.A.B., Santander de J.C.B., C.E.C.C., G.E.C.G., S.C.C., D.S.D.E., L.A.G.G., L.E.G.P., G.P.N.R., D. delC.G.P., A.M. delR. Guerra Montes de Oca, Á.H.P., L.M.L.C., V.J.M.G., M.F.M.R., R.A.M.F., M.B.O.R., E.O.Z., D.P.C., E.S.S.P., M.P.T.G., A.M. Tirado Arabia, J.A.T.H., E.E.T.T. y R.F.Y.O.. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección que se hubiera impartido en el proceso de la referencia a favor de estos actores. Finalmente, CONCEDER la tutela a los señores W.J.D.D., D.P.D., M.G.L. y A.J.E.G..

Vigésimo noveno.- ORDENAR al Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM que en el término máximo de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha hecho, les pague la indemnización de que trata el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003 a los señores W.J.D.D. (T-2546795), D.P.D. (T-2546795), M.G.L. (T-2546795), A.J.E.G. (T-2546795), O.R.G.P. (T-2531642) y J.E.P.A. (T-2531642).

Trigésimo.- ORDENAR al Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM que en el término máximo de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, adopte un plan de reubicación de las madres y padres cabeza de familia desvinculadas de TELECOM, e incluir en él con prioridad a los señores W.J.D.D. (T-2546795), D.P.D. (T-2546795), M.G.L. (T-2546795), A.J.E.G. (T-2546795), O.R.G.P. (T-2531642) y J.E.P.A. (T-2531642). Ese plan deberá asegurarles a estas personas, en el plazo máximo de un (1) año contado desde el momento en que se notifique este fallo, un derecho preferencial a ingresar a un empleo en condiciones al menos iguales al que tenían en la hoy liquidada TELECOM. Ello no obsta para que en los casos en que los empleos estén sujetos al ingreso por carrera administrativa, tales personas deban, mientras no se haya convocado concurso, ser nombradas provisionalidad o, cuando sea convocado el concurso de méritos, presentar las pruebas correspondientes para ser vinculadas.

Trigésimo primero.- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que una vez se publique esta sentencia, envíe copia de la misma a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que investigue y, si es el caso, sancione el comportamiento de quienes figuran como abogados de los señores S.A.C.D. (T-2566146 y T2537078) y R.N.N. (T-2566146 y T-2587255), O.L.R. (T-2579968); Á.E.A.O., G.A.A.A., I.M.C.S., C.E.L.M., N.V.M.G. y L.S.P.O. (T-2471216); y L.A.D.M. (T-2531654), por la TEMERIDAD con la cual promovieron las correspondientes acciones de tutela acumuladas en el presente proceso.

Trigésimo segundo.- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que una vez se publique esta sentencia, envíe copia de la misma a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que investiguen y, si es el caso, sancionen a los abogados y jueces que intervinieron en la interposición y resolución de la acción de tutela que dio origen al expediente T-2451880.

Trigésimo tercero.- ORDENAR a la Oficina de Prensa de la Corte Constitucional que, una vez se publique esta sentencia, ponga en un lugar visible de la página web de esta Corporación, la siguiente información. Las personas que hubieren tenido fuero sindical al momento de ser desvinculadas de TELECOM en su proceso de liquidación definitiva, y que cuenten con providencias ejecutoriadas que pongan fin a procesos de levantamiento de fuero o de reintegro sindical, si no han instaurado acciones de tutela contra las mismas, podrán interponer sólo una acción de tutela contra esa providencia, en caso de que se den las condiciones jurisprudenciales que justifican la tutela contra sentencias.

Trigésimo cuarto.- PREVENIR a todos los jueces de la República, para que en los procesos instaurados de conformidad con la resolución Trigésimo tercera de la parte dispositiva de esta sentencia, cuenten la inmediatez desde la publicación de la presente providencia, y no desde antes. Esta decisión tendrá efectos inter comunis, y ha de aplicarse a todos los que se encuentren en las condiciones previstas en la resolución Trigésimo tercera de la parte dispositiva de esta sentencia, y no sólo a los accionantes de este proceso.

Trigésimo quinto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

C., notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Presidente

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

Con salvamento parcial de voto

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

Ausente en comisión

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

ANEXO

Detalles de cada expediente

EXPEDIENTE T-2451880

I. Información general del proceso

Demandado: PAR Telecom.

Fecha de presentación de la tutela: 19 de agosto de 2009.

Derechos vulnerados: igualdad, mínimo vital y seguridad social.

Asunto: plan de pensión anticipada.

Abogado: la actora interpuso la tutela en nombre propio.

II. Hechos relevantes

La demandante considera que tiene derecho a ser incluida en el Plan de Pensión Anticipada de Telecom, y que al no reconocérsele ese derecho se le violan sus garantías fundamentales. En el escrito de tutela se manifiesta que a la actora no se le ofreció el PPA porque no estaba amparada por el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993. Manifiesta que mediante sentencia del 25 de abril de 2008, el Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla ordenó al PAR reconocerles el PPA a algunos trabajadores a quienes no se les había ofrecido, sin importar que fueran beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Informa que nació el 1° de febrero de 1960, que ingresó a trabajar a Telecom el 6 de agosto de 1990, y que está desvinculada desde el 1° de febrero de 2006. Por lo anterior, considera que debía reconocérsele el PPA porque al 31 de marzo de 2010 habría cumplido los requisitos para una pensión convencional, con 25 años de servicio sin importar la edad. Aduce que el no reconocimiento del PPA le causó un perjuicio real y presente, porque por su edad no tiene posibilidades laborales y no cuenta con otro medio de subsistencia, situaciones que afectan su mínimo vital. Asimismo, informa que tiene tres (3) hijos que dependen de ella, que mediante sentencia SU-388 de 2005 la Corte Constitucional le reconoció la condición de madre cabeza de familia, que tiene muchas deudas y que ningún miembro de su familia tiene seguro médico. Solicita ser incluida en el PPA, y que se le cancelen las mesadas dejadas de percibir desde el 1° de febrero de 2006 hasta que CAPRECOM le reconozca la pensión de jubilación. Igualmente pide que se inicien las gestiones para el reconocimiento de la pensión definitiva dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de los requisitos.

La actora asevera que la Corte Constitucional en sentencia SU-388 de 2005, le reconoció la calidad de madre cabeza de familia, en consideración a que vela por la manutención de su hogar conformado por su esposo y 3 hijos, razón por la cual recibió los beneficios del retén social hasta el 31 de enero de 2006, cuando culminó la existencia jurídica de la empresa Telecom. De igual modo, recalca que la pensión anticipada se constituye en la única posibilidad que tiene a su alcance para acceder a la pensión de jubilación. Por último, sostuvo que por ser las pensiones de tracto sucesivo, su actuación no debe juzgarse temeraria, así la misma discusión haya sido planteada previamente por ella en este mismo escenario constitucional, toda vez que “[c]ada mes nace la necesidad por lo tanto se puede tutelar cada vez que nace la necesidad.”

III. Respuesta PAR

El PAR formuló incidente de nulidad desde el auto admisorio de la acción de tutela por supuesta falta de competencia territorial, teniendo en cuenta que la actora prestó sus servicios en la ciudad de Montería y sin embargo presentó su tutela en otro lugar. En criterio del PAR, era en la ciudad donde prestó sus servicios en la que debía interponer la acción, por ser el lugar “donde ocurrió la supuesta vulneración o amenaza de los derechos reclamados”. Además, sostuvo que la actora “aparece domiciliada en dicho municipio”, como se evidenciaba en un poder que la actora otorgó en una acción de tutela anterior ante ese mismo juzgado, que fue declarada nula el 11 de marzo de 2009 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel por falta de competencia territorial.

En la contestación de la acción de tutela, la entidad se opuso a las pretensiones de la acción con los siguientes argumentos: sostuvo que la tutela es temeraria porque la actora adelantó una acción anterior por los mismos hechos y con las mismas pretensiones en contra del PAR, ante el mismo despacho. Esta acción fue admitida y fallada favorablemente en primera instancia, pero en segunda instancia fue declarado nulo todo el proceso por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel el 1° de marzo de 2009, por falta de competencia territorial. Ese proceso fue remitido al Juzgado 1° Civil Municipal de Montería, el cual mediante sentencia del 13 de mayo de 2009 declaró la improcedencia de la acción de tutela, decisión que confirmó en segunda instancia el Juzgado 4 Civil del Circuito de Montería mediante sentencia del 12 de junio de 2009.

Señaló que la actora no es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, porque al 1° de abril de 1994 sólo tenía 33 años de edad. Manifestó que algunas personas no enviaron la información y los soportes del tiempo de trabajo en otras entidades y por lo tanto no se les ofreció el PPA. Asimismo, indicó que la peticionaria tampoco cumpliría con el requisito de los 25 años de servicio en la entidad antes del 31 de marzo de 2010, porque para esa fecha contaría a lo sumo con 20 años de servicio. Finalmente adujo que la actora no se desempeñó en cargos de excepción.

Manifestó aparte que la acción no cumplía con el requisito de la inmediatez. Citó la sentencia T-589 de 2007, de la cual concluyó que la Corte Constitucional ha manifestado que los trabajadores de Telecom debían cumplir con todos los requisitos establecidos en la Convención Colectiva y en el Manual de ofrecimiento para que se les pudiera reconocer la pensión anticipada. El PAR dijo carecer de competencia para proferir un acto administrativo de reconocimiento de la pensión anticipada, que no remplaza a Telecom, que es un negocio jurídico y no una persona jurídica, que no tiene la facultad para reconocer el derecho a la pensión anticipada, que en todo caso a la tutelante no se le vulneró el derecho a la igualdad porque esta no cumplió con todos los requisitos para acceder al PPA, situación que la diferencia de las personas que sí cumplían con todos los requisitos.

IV. Fallo de primera instancia

Mediante providencia del 1° de septiembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel negó la solicitud de nulidad presentada por el PAR, porque consideró que el artículo 86 de la Constitución, “no exige que para el caso de que un extrabajador esté reclamando la protección de un derecho fundamental, lo haga ante el Juez del Municipio donde prestó el servicio”. Sostuvo que esta Corte, en una de sus sentencias (pero no la identificó completamente), admitió que en casos como este no podía declararse la nulidad de la actuación, so pena de incurrir en una falta disciplinaria. Además, consideró que era competente porque Telecom prestaba sus servicios en todo el territorio nacional.

Por otra parte, tuteló los derechos a la igualdad y a la seguridad social de la actora, y ordenó al PAR incluirla en el PPA. Consideró que aquella haría cumplido los años de servicio necesarios antes del 31 de marzo de 2010. Asimismo, dijo que Telecom le vulneró el derecho a la igualdad al no ofrecerle el PPA sobre la base de que no era beneficiaria del régimen de transición, a pesar de que sí era trabajadora de esa entidad –como los demás beneficiarios de ese plan- y cumplía con el requisito de tener derecho a pensionarse antes del 31 de marzo de 2010. Más adelante afirmó que la peticionaria, “al 31 de marzo de 2010 tendría 25 años, 8 meses y 17 días de servicio, razón por la cual podría acceder a la pensión de jubilación bajo la modalidad convencional de 25 años de servicio, sin consideración a la edad.”

Asimismo, señaló que “el no ofrecimiento del plan citado y la desvinculación de su trabajo, aun mas a la edad en que se encuentra, la coloca en una situación precaria, ya que no tiene otro medio como subsistir, y al no obtener su pensión como única fuente de ingreso se esta violando el mínimo vital.”

Por otra parte, adujo que con fundamento en el Decreto 1835 de 1994, existía un régimen especial de transición de Telecom, según el cual se establecía que los trabajadores de esa entidad tenían derecho a que se les siguiera aplicando el régimen anterior al que se encontraban afiliados, consagrado en el Decreto 2661 de 1960. Señaló que para proteger el derecho a la igualdad no procedía la vía ordinaria laboral, “porque se trata de un asunto ajeno a los requisitos legales y cuya reclamación se desprende un hecho de la administración que discrimina sin razón válida la igualdad real y efectiva. […] su derecho surge de la liberalidad de Telecom y del ofrecimiento voluntario que esta hizo a los trabajadores. Siendo así, no hay un mecanismo idóneo para obligar a Telecom a que les ofrezca el mismo plan de pensión anticipada, cuando ese derecho no se funda en normas legales que sea exigible ante la jurisdicción laboral.”

En consecuencia, ordenó al PAR que incluyera a la señora T.C. en el PPA, que le cancelara las mesadas correspondientes desde el 1° de febrero de 2006 hasta el día en que CAPRECOM le reconociera la pensión definitiva, y dijo que dichas prestaciones debían “ser liquidadas, teniendo en cuenta los factores legales y extralegales consagrados en el Decreto 1158 de 1994 y en la Convención Colectiva vigente a la fecha del ofrecimiento”. Además ordenó, el pago de “los salarios, prestaciones sociales y convencionales, aportes a la seguridad social dejadas de percibir a causa del despido, con incremento salarial desde el 1° de febrero de 2006, hasta la fecha en que CAPRECOM le reconozca la pensión definitiva, todo esto con indexación e intereses moratorios”. También ordenó al Gerente de CAPRECOM, “que en el término de 48 horas contados a partir de la notificación del fallo, proceda al reconocimiento y pago de pensión incluyendo el retroactivo correspondiente a las mesadas pensionales a que tiene derecho la señora LIBIA TRUJILLO CORONADO, la cual cumple todos los requisitos para pensionarse (según convención colectiva)”.

El PAR impugnó el fallo y reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la acción de tutela.

V. Fallo de segunda instancia

Impugnado el fallo, el Juzgado Promiscuo de Ayapel, Córdoba, lo confirmó parcialmente, pero revocó la orden a CAPRECOM. Sostuvo que el problema jurídico que debía resolver era “si la fecha que debe tomarse para contar tanto la edad del ex trabajador como el tiempo de servicio para acceder al PPA, es el primero de abril de 1994 (régimen de transición de la Ley 100 de 1994) o el [31] de marzo de 2010 (fecha límite establecida en el PPA) y si era imprescindible esta cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1994 para acceder a tal ofrecimiento”. Al respecto consideró que la resolución “de este asunto no debe estar atada únicamente a la interpretación exegética de la norma legal, sino que ella debe inspirarse en los cometidos estatales de protección a los derecho del trabajador, a sus derechos adquiridos y a los derechos convencionales logrados por estos de forma colectiva, amén de la protección de los derechos constitucionales fundamentales sobre las minucias legales o reglamentarias”.

VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

Nombre del accionante

Fecha de nacimiento

Fecha de desvinculación

Fecha de interposición de la tutela

Pagos al final de la relación

1

Libia del Carmen Trujillo Coronado

01/12/1960

Enero 31 de 2006[247]

Agosto 18 de 2009

110.73.859

Al proceso se allegó copia de otra tutela anterior a esta, instaurada por la señora Libia del Carmen Trujillo contra el PAR. En ella solicitaba también ser incluida en el PPA, sobre la base de que era trabajadora de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, había resultado excluida del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Pedía entonces, en ese contexto, ordenarle al PAR que la incluyera en el PPA, y le cancelara las mesadas derivadas de ello, desde el 1° de febrero de 2006 hasta el día en que se le reconociera la pensión definitiva. Esa otra acción de tutela fue declarada improcedente en primera instancia por el Juzgado Primero Civil Municipal de Monetaria el 13 de mayo de 2009 y, en segunda instancia, luego confirmada por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Montería mediante fallo del 12 de junio de 2009.

En este expediente se aprecia que la tutelante había instaurado inicialmente la tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel. Este tuteló los derechos y en segunda instancia el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel declaró la nulidad del proceso desde el auto admisorio de la demanda por falta de competencia territorial, y remitió las actuaciones a la oficina de reparto de Montería. Ese proceso de tutela terminó con un fallo en el cual se declaró improcedente la tutela interpuesta por la peticionaria. Esta, sin embargo, instauró una nueva tutela y el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel la concedió nuevamente, sin declararse incompetente por el factor territorial, y pese a que antes se había decretado una nulidad por problemas de competencia territorial. En segunda instancia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, que en el proceso anterior había declarado la nulidad, confirmó simplemente, aunque de forma parcial, el fallo de primer grado.

***

EXPEDIENTE T-2471345

I. Información general

Actores: L.E.M.S., R.D.Á.A., E.R.C.P., D.E.E.P., J.C.F.V., T.E.G.B., G. de J.G.R., A.G.P., J.H.J.D., D.M.L.M., V.M.L.D., Á.M.M.L., E.P.A., R.P.U., M.S.P.Q., L.E.Q.T., Á. delC.R.G., L.E.S.E., J.L.S.D., J.M.V.S., Ó.A.Y.T..

Demandado: PAR Telecom.

Fecha de presentación de la tutela: 19 de agosto de 2009.

Derechos vulnerados: vida, mínimo vital, igualdad, familia, asistencia a las personas de la tercera edad, seguridad social y derechos adquiridos del trabajador.

Asunto: plan de pensión anticipada.

Abogado: aparecen como abogados, en distintos momentos, y en virtud de la sustitución de poderes, L.S.G., M.G.M., D. delC.G..

II. Hechos relevantes

Los actores dicen haberse encontrado vinculados a Telecom al momento de la expedición del D. 2123 de 1992, que convirtió a la compañía en empresa industrial y comercial del Estado. Aseguran que para cuando se ofreció el plan de pensión anticipada en Telecom estaban a menos de 7 años de acceder a la pensión. No obstante, afirman que Telecom no les ofreció el PPA porque no estaban en el régimen de transición. Sostienen que esta omisión viola sus derechos fundamentales, y que en virtud del derecho a la igualdad deben ser incluidos en el PPA pues en distintos lugares del país ha habido jueces que le han ordenado al PAR reconocerles el beneficio de la pensión anticipada a algunos demandantes en condiciones similares a las suyas. Para sustentar su afirmación, refieren fallos emitidos en Barranquilla, Ayapel, Cereté, Bogotá, Medellín y Montería.

Los peticionarios tienen entre 50 y 60 años de edad, y alegan ser adultos mayores, pertenecientes a la tercera edad. Con fundamento en esa condición aducen tener una capacidad laboral agotada, y unos niveles de salud y de vida muy disminuidos. Por ese motivo, consideran que la pensión pasa a constituirse en su único sustento económico. El PAR, a su juicio, debe entonces ser obligado a reconocerles ese beneficio. Y los jueces de todo el territorio son, en su opinión, competentes incluso por el factor territorial pues conforme al Decreto 4781 de 2006, inc. 2, Telecom prestaba sus servicios en todo el territorio nacional, de manera que en cualquier parte del territorio colombiano se pueden demandar los actos u omisiones de Telecom.

Piden que se ordene al PAR, de un lado, reconocerles su derecho a ser incluidos en el plan de pensión anticipada. De otro, que se ordene también a ese Patrimonio, o a cualquier otra entidad del orden nacional que la reemplace o siga cumpliendo sus funciones, que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, pagarles a los tutelantes los salarios y prestaciones dejados de percibir, con el incremento salarial y debidamente indexados, desde la fecha de su desvinculación real y hasta que se les notifique el reconocimiento efectivo de la pensión de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados, teniendo en cuenta el promedio de los factores legales y extralegales devengados hasta la fecha de su desvinculación.

Simultáneamente, pidieron ordenar con fines cautelares el embargo y la retención de los dineros que tuviese el demandado en cuentas corrientes o de ahorros, en el Banco Agrario de Colombia y Banco Popular de la ciudad de Montería, por la suma de $10.094.786.954, pues este monto lo estimaron como aproximado a lo que se les debía a 31 de agosto de 2009. Los accionantes presentaron, junto con la tutela, sendas liquidaciones de lo que en su opinión el ente demandado les adeudaba.

III. Respuesta PAR

El Juzgado al que le correspondió por reparto la tutela ordenó una medida cautelar de embargo a las cuentas del PAR. El PAR pidió ante todo levantar dicha medida. Solicitó además declarar la nulidad del proceso por falta de competencia, de acuerdo con el Auto 027 de 2004 de la Corte Constitucional, puesto que en el lugar de trabajo de los actores no tenía jurisdicción el juzgado ante el que se interpuso la tutela. Adujo además que ninguno de los demandantes cumplía con los requisitos para ser incluido en el PPA, pues no cumplían con la edad o el tiempo servicios al 1 de abril de 1994, para adquirir el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Por otra parte, dijo que los actores no se acercaron a Telecom cuando se ofreció el PPA, con el fin de acreditar que cumplían los requisitos respectivos. Asimismo, el PAR sostuvo no ser una administradora de pensiones, y no tener tampoco competencia legal para proferir actos administrativos de reconocimiento o negación de solicitudes pensionales. El PAR es un ente particular, regido por normas de derecho privado. Luego a su juicio la tutela debería declararse improcedente.

Aparte de lo anterior, sostuvo que ninguno de los trabajadores a quienes se les anticipó la pensión en virtud del PPA en el mes de marzo de 2003, se encuentra en las mismas condiciones de edad y tiempo de servicio que los ahora accionantes, razón por la cual no podría hablarse de violación al derecho a la igualdad. Asimismo, manifestó que en algunos de estos casos ya la justicia ordinaria o constitucional ha dictado pronunciamientos que han hecho tránsito a cosa juzgada, y en virtud de los cuales a su juicio no podría emitirse un nuevo pronunciamiento al respecto, máxime si dichos fallos no fueron demandados en esta acción de tutela sobre la base de una posible vía de hecho o un defecto. El PAR no expone en detalle los datos de cada proceso. En su intervención procesal, sin embargo, incluyó individualmente dentro de los casos con esas características los de los siguientes peticionarios:

- J.L.S.D.: idéntica pretensión en el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá, R.. 2007-00992, sentencia del 23 de febrero de 2009 (absolvió al PAR).

- J.H.J.D.: proceso ordinario en el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, R.. 2007-01109, sentencia del 30 de marzo de 2009, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, S.L., por sentencia del 11 de junio de 2009.

- E.P.A.: proceso ordinario ante el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Medellín, rad. 2006-0491.

- E.R.C.P., M.S.P.Q., D.E.E.P. y R.D.Á.A.: proceso ordinario ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, rad. 2006-00457.

- J.M.V.S.: proceso ordinario ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, rad. 2004-796, sentencia del 8 de noviembre de 2007 por medio de la cual se absolvió a la demandada.

- R.P.U.: proceso ordinario ante el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín, rad. 2007-00916.

-Tulio E.G.: proceso ordinario ante el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Bogotá, rad. 2004-01017, sentencia del 30 de abril de 2007 por medio de la cual se absolvió a la demandada.

- G. de J.G.: se negó la acción interpuesta.

- V.M.L.D.: proceso de tutela ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté, que en sentencia del 18 de diciembre de 2008 decidió no tutelar sus derechos.

- L.E.M.S.: proceso de tutela ante el Juzgado Penal del Circuito de Cereté, que en sentencia del 4 de noviembre de 2008 concedió el amparo impetrado.

- María S.P.Q.: proceso de tutela ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté, que en sentencia del 18 de diciembre de 2008 decidió no tutelar los derechos invocados por la peticionaria.

Finalmente el PAR dijo que a su juicio no es razonable dejar trascurrir 6 años, contados desde que se diseñó e implementó el plan de pensiones anticipadas, para solicitar su inclusión en el mismo. La acción de tutela es entonces improcedente por eso, y adicionalmente porque no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos sustitutivos de los ordinarios ni revivir términos o crear instancias adicionales, como los que existen para solicitar el reconocimiento, pago o reliquidación de pensiones de jubilación, cuestiones que son competencia de la jurisdicción ordinaria laboral.

IV. Fallo de Primera Instancia

El Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero Córdoba, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2009, tuteló los derechos a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital y móvil de todos los actores. Ordenó en consecuencia al PAR, o a cualquier entidad del orden nacional que lo remplace, que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo reconociera el derecho a la pensión anticipada de los actores y los incluyera en nómina para el efecto; que les pagara las mesadas y demás emolumentos dejados de percibir, debidamente indexados, desde la fecha de su desvinculación real y hasta que Caprecom les notificara, en su momento, el reconocimiento de la pensión conforme la legislación y normatividad aplicable.

Para llegar a esa conclusión, el Juzgado sostuvo en esencia que había un problema a resolver, y era el de si los accionantes reunían los requisitos para ser incluidos en el plan de pensión anticipada. En su concepto, sí los reunían pues los demandantes contaban con las condiciones para ser acogidos en cualquiera de los regímenes especiales de pensiones aplicables para servidores de Telecom. Asimismo, consta que se allegó copia de otros fallos, expedidos a propósito de casos similares, confirmados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo Sala Civil-Familia Laboral del 7 de diciembre de 2007, rad. No. ST-134 MP. M.R.R.N.. En la ratio de las sentencias se apoyó el Juzgado para manifestar que los actores tenían derecho a un trato igual y que, por ende, debía reconocérseles su derecho al PPA.

El Juzgado manifestó además que según el contrato de fiducia mercantil, cláusula 2, el PAR sí puede responder por lo que piden los actores, pues uno de los objetos de ese patrimonio autónomo de remanentes es atender los procesos judiciales arbitrales y administrativos, o de otro tipo, que se hayan iniciado contra las entidades de liquidación y de manera especial asumir y ejecutar las demás obligaciones remanentes a cargo de Telecom y teleasociadas en Liquidación, incluso si son posteriores al cierre de todos los procesos liquidatorios. También el art. 35 del D.L. 254 de 2000, modificado por el art. 19 de la Ley 1105 de 2006, establece a su juicio que si al terminar la liquidación existían procesos pendientes contra la entidad, las contingencias respectivas serían atendidas con cargo al patrimonio autónomo, de suerte que la entidad accionada en este caso debe responder por las acreencias laborales demandadas por ex trabajadores de la compañía ya extinta. En adición, arguyó que el PAR había reconocido adeudar a los tutelantes, por concepto de PPA, una elevada suma de dinero.

V. Segunda instancia

Impugnado el fallo, el Juzgado Promiscuo de Familia Lorica, Córdoba, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2009, lo confirmó parcialmente. Lo adicionó de modo que al total pagado se le agregara la respectiva indexación. Por tanto, ordenó el pago de las mesadas desde julio 23 de 2003 y febrero 1 de 2006 a los actores por parte del PAR en cuantía de $8.252.883.637, con fundamento en las siguientes consideraciones.

Los accionantes, en su opinión, cumplían cabalmente con las condiciones para acceder al PPA. No reunían las condiciones para pensionarse conforme el requisito de transición de la Ley 100 de 1993, pero cada uno de los actores se encontraban vinculados a la extinta Telecom al momento en que se convirtió en empresa industrial y comercial del Estado. La mayoría –dijo- cumplía 25 años de servicio y hasta más, en el momento relevante conforme al PPA, por lo que los cobijaría la modalidad convencional de 25 años de servicio sin considerar la edad. Otros, que serían a su juicio minoría, obtendrían el derecho también a su turno, por tener 20 años de servicios y 50 años de edad. Aparte, desde su punto de vista, cuando se ofreció el PPA en Telecom, los accionantes estaban en iguales o similares circunstancias que los empleados efectivamente favorecidos con el citado Plan. De manera que a su modo de ver es injustificado privar a los actores de su derecho al Plan, pues eso equivaldría a un trato desigual y discriminatorio, contrario a la Constitución.

En cuanto a la procedencia del amparo, el Juzgado de segunda instancia arguyó que en su opinión era relevante tener en cuenta el hecho de que al ente accionado le quedaban en ese momento menos de 3 meses para cumplir su misión (31 de diciembre de 2009). Este tiempo resultaba insuficiente, desde su perspectiva, para que los actores lograran un reconocimiento y pago efectivos de su pensión por la vía ordinaria. Aparte, señaló que diferentes juzgados y tribunales del país habían fallado en casos similares a favor de los ex trabajadores de Telecom; es decir, sin tener en cuenta el requisito relativo al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Por lo mismo sostuvo que como esos fallos, debía ordenar al PAR el pago de los salarios y prestaciones sociales y convencionales a los tutelantes, además de los aportes a la seguridad social dejados de recibir por causa del despido.

Finalmente aludió a los siguientes puntos. Primero dijo que sí corresponde al PAR responder por las obligaciones laborales causadas por la extinta Telecom, incluso si estas se declaraban en una sentencia después de concluido el proceso liquidatorio. Segundo sostuvo que no había en el proceso problemas de competencia por el fuero territorial, de conformidad con su interpretación del auto 124 del 25 de marzo de 2009, expedido por la Corte Constitucional. En su opinión, dicha providencia sentó un claro precedente en punto a la no facultad de los jueces de tutela para declararse incompetentes. Tercero, adujo que la liquidación presentada por los actores, con la respectiva indexación (no tenida en cuenta en la liquidación del PAR) es la que se ajusta a la realidad y, en consecuencia, que la suma a pagar era de $8.252.883.637.

VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

Nombre del accionante

Fecha de nacimiento

Fecha de desvinculación

Fecha de interposición de la tutela

Pagos al final de la relación

1

L.E.M.S.

04/11/1958

Enero 31 de 2006

Agosto 19 de 2009

174’274.530

2

E.R.C.P.

15/10/1963

Enero 31 de 2006

Agosto 19 de 2009

59’374.765

3

Dulfary Elena Echavarría Parra

06/09/1960

Julio 25 de 2003

Agosto 19 de 2009

77’299.226

4

J.C.F. V.

20/10/1959

Enero 31 de 2006

Agosto 19 de 2009

54’109.005

5

T.E.G.B.

01/01/1956

Enero 31 de 2006

Agosto 19 de 2009

53.953.483

6

  1. de J.G. R.

    09/03/1957

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    N/F

    7

    Assad Gutiérrez Posedente

    26/03/1957

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    44.521.314

    8

    J.H.J.D.

    08/05/1959

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    N/F

    9

    Diego Mauricio Londoño Montoya

    14/06/1961

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    59’605.866

    10

    V.M.L.D.

    08/08/1959

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    67.666.744

    11

    Ángel María Mora Lastra

    14/03/1958

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    N/F

    12

    E.P.A.

    08/08/1959

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    65’219.227

    13

    Rafael Patiño Usquiano

    02/07/1956

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    54’656.773

    14

    M.S.P.Q.

    15/08/1962

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    76.633.647

    15

    Luz Eugenia Quintero Tello

    23/09/1960

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    50’624.806

    16

    Álvaro del Carmen Rodríguez Guerrero

    02/12/1958

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    44’858.862

    17

    Luis Eduardo Santos Escobar

    04/12/1956

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    N/F

    18

    J.L.S. D.

    23/03/1961

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    88.552.964

    19

    Juan María Verdecia Sarmiento

    23/03/1959

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    77’465.070

    20

    Oscar Alberto Yepes Torres

    08/07/1955

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    166’475.050

    21

    R.D.Á.A.

    11/01/1962

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    74’281.471

    En el expediente, y en lo relacionado con la señora M.S.P.Q., aparece una respuesta del PAR del 31 de marzo de 2006, a una reclamación administrativa en la que solicita el reintegro y pago de salarios y prestaciones, así como el reconocimiento de pretensiones laborales, como el pago de una indemnización por despido ilegal. Se relaciona también que la actora presentó solicitud a la Procuraduría el 20 de septiembre de 2005, en la cual pidió se le informara a cuál modalidad pensional tenía derecho. Presentó asimismo respuesta a un derecho de petición por parte de CAPRECOM del 05 de octubre de 2005, en la que se le informaron las modalidades pensionales de los trabajadores de Telecom. Obra respuesta a una petición, en la que CAPRECOM se refiere al valor de su bono pensional. Aporta respuesta del PAR del 18 de junio de 2008 a una petición presentada, en la que le informa que para esa fecha no cumplía con los requisitos de la pensión de jubilación. La señora M.S.P.Q. ocupó un cargo de excepción en la compañía durante 13 años y 3 meses. Trabajó también en otros cargos, dentro de TELECOM, pues ingresó a laborar a la entidad el 14 de enero de 1982. Al resolverse el vínculo que tenía con la entidad liquidada, se le pagó además de la indemnización referida una suma de $72’146.161 a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”.

    En el proceso obran también pruebas de que se algunos tutelantes han presentado peticiones aparte de esta de tutela. Consta que el señor T.E.G.B. se desempeñó en un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el 16 de diciembre de 1981 hasta que fue desvinculado. Al terminársele el vínculo se le pagó, además de la indemnización, una suma de $51.362.027 a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. Hay prueba de que se expidió una sentencia de tutela el 30 de julio de 2008, por medio de la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar protegió al actor por su condición de padre cabeza de familia, y ordenó el pago de salarios y prestaciones desde su desvinculación hasta la fecha de liquidación definitiva de Telecom.

    Obra copia de una sentencia de tutela del 14 de abril 2008, por medio de la cual el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar ordena a favor del señor A.G.P. el pago de salarios y prestaciones desde su desvinculación hasta la fecha de liquidación definitiva de Telecom, por su condición de padre cabeza de familia. Esta decisión fue confirmada por el la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar mediante sentencia del 18 de julio de 2008. El señor A.G.P. ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el 16 de octubre de 1987 hasta que se produjo su desvinculación. Le pagaron, al terminarse su vínculo con la entidad, además de la indemnización señalada, una suma de $42.221.677 a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”.

    Consta que el señor J.H.J.D. interpuso previamente acción laboral ordinaria contra Caprecom y el PAR, con base en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y sin embargo fue excluido del grupo de beneficiarios del mismo. Pedía en esa acción que se condenara a las demandadas a reconocer el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitaba el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras a favor de cada uno de los demandantes desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Sus pretensiones se las negó en primera instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 30 de marzo de 2009 y, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá por fallo del 11 de junio de 2009. No hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra. Hay a su vez copia de una respuesta de Telecom al señor J.H.J.D. el 4 de abril de 2003, a una solicitud de inclusión en el plan de pensión anticipada. Telecom le informó entonces que no cumplía con los requisitos para ser incluido en el PPA por no encontrarse en el régimen de transición. El mismo actor aportó respuesta del PAR, que data del 12 de julio de 2005, a un derecho de petición por el que solicitaba ser incluida en su historia laboral el tiempo de servicio prestado como contratista.

    En cuanto al señor V.M.L.D., hay pruebas de que había interpuesto antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR, con base en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y sin embargo no se lo incluyó dentro del grupo de beneficiarios del mismo. Solicitó entonces el reconocimiento y pago de la pensión anticipada, el pago de las mesadas pensionales atrasadas, el reajuste de la pensión de acuerdo a la ley y además la indemnización moratoria. Al expediente fue allegado el auto admisorio de la demanda, proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el 7 de noviembre de 2006. No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario. Asimismo, en el cuaderno anexo de pruebas el PAR reportó que el actor interpuso acción de tutela en 2008 ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté, autoridad que mediante providencia del 18 de diciembre de 2008 ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar desde la desvinculación. Este fallo fue confirmado en segunda instancia por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté.

    En lo que atañe al señor L.E.M.S., en el mismo cuaderno el PAR reporta que interpuso tutela en 2008 ante el Juzgado Primero Promiscuo de Cereté, quien mediante providencia del 2 de octubre de 2008 declaró improcedente el amparo. El objeto del mismo era el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar desde la desvinculación. El Juzgado Penal del Circuito de Cereté revocó el fallo en segunda instancia.

    Hay a su vez medios de prueba, mediante los cuales se pretende acreditar que el señor J.L.S.D. había interpuesto previamente acción ordinaria laboral contra el PAR y CAPRECOM, con base en que a su juicio era trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA y en que, sin embargo, se lo excluyó del grupo de beneficiarios de ese Plan. En su demanda ordinaria, pidió condenar a las demandadas a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitó el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras a desde el 1° de febrero de 2006, hasta cuando CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. pidió el pago de la pensión convencional de jubilación. Dicha acción fue negada en primera instancia mediante fallo del 23 de febrero de 2009, expedido por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá. No obra la providencia de segunda instancia correspondiente a ese proceso judicial.

    ***

    EXPEDIENTE T-2476358

    I. Información general

    Actores: R.M.G.H., A.Y.M.R., G.S.H.G., L.C.S.M., M.P.G., E. de J.G.V., A.Z., E.D.T.G., L.H.G.Á., L.A.M.P., A.C.V., H.R.Z., J.R.C.A., F.M.L., J. delP.R.J., Á.J.M.E., J.O.J.C., F.S.P., Flor Emilia Campo Vargas, M.A.A., C.R.P.A., R.T., L.F.C.O., J.A.M.V., J. de J.B.A., M. delS.R.G., C.E.B.A..

    Demandado: PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 26 de agosto de 2009.

    Derechos vulnerados: mínimo vital, igualdad, familia, asistencia a las personas de la tercera edad, seguridad Social, derechos adquiridos.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: L.S.G..

    II. Hechos relevantes

    Dicen los demandantes que, injustificadamente, no fueron incluidos dentro del PPA, a pesar de reunir todos los requisitos previstos para ello. Por lo mismo, solicitaron ordenarle al PAR incluirlos en dicho Plan, en vista de que estaban vinculados a Telecom al momento en que se transformó en Empresa Industrial y Comercial del Estado, y aun cuando ninguno de ellos hubiese adquirido en su momento el derecho a pensionarse conforme al régimen de transición en pensiones establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Igualmente solicitan ordenarle el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la desvinculación, con los incrementos salariales respectivos, y la indexación de las sumas, hasta que se les notifique el reconocimiento de la pensión definitiva de jubilación y la inclusión de los actores en nómina de pensionados. Piden también que se hagan los aportes a la Seguridad Social.

    En un escrito posterior, la apoderada de los accionantes solicitó el embargo de un suma de dinero de las cuentas bancarias del PAR, hasta por la suma de quince mil novecientos sesenta y nueve millones doscientos doce mil ciento cuarenta pesos ($15.969.212.400).

    III. Respuesta PAR

    El PAR se opuso a la tutela inicialmente porque a su juicio se interpuso ante un Juzgado que carece de competencia territorial, en tanto ninguno de los tutelantes prestó sus servicios en el municipio de Ayapel. Por tanto, solicitó decretar la nulidad insaneable de la acción. Aparte, sostuvo no ser competente para proferir actos administrativos de reconocimiento o de negación de solicitudes de reconocimiento pensional.

    En cuanto al fondo de las peticiones, señaló que ninguno de los tutelantes cumple con el requisito de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y que este es indispensable para acceder al PPA. Por lo demás, sostuvo que algunas personas, aunque tuvieron oportunidad de hacerlo en su momento, no enviaron la información y los soportes del tiempo de trabajo en otras entidades y por lo tanto no fueron beneficiarios de un ofrecimiento de inclusión en el PPA. A pesar de eso, manifiesta que los tutelantes tuvieron la oportunidad de solicitar el reconocimiento de la pensión anticipada pero, por negligencia, no lo hicieron.

    El PAR se opone, por lo demás, a la procedencia de la tutela pues argumenta que no se cumple con el requisito de la inmediatez. Aduce asimismo que el PAR no remplaza a Telecom, toda vez que es un negocio jurídico y no una persona jurídica, y no tiene la facultad para reconocer el derecho a la pensión anticipada. Indica que los tutelantes deben acudir a las acciones ordinarias para solicitar la protección de sus derechos, y que a su modo de ver la tutela es improcedente en casos así ya que no cumple con el requisito de subsidiariedad. Cita la sentencia T-589 de 2007 (MP. H.A.S.P., a partir de la cual concluye que la Corte Constitucional ha manifestado que los trabajadores de Telecom debían cumplir con todos los requisitos establecidos para el efecto, y no sólo con algunos de ellos, a fin de ser incluidos en el plan de pensión anticipada.

    IV. Fallo de primera instancia

    Mediante providencias del 8 y el 9 de septiembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, por una parte, decretó el embargo y retención previos de los dineros que el ente accionado tuviera en cuentas de ahorro y corriente en el Banco Agrario de Colombia S.A. y en el Banco Popular de la ciudad de Montería, por un monto igual a $15.969.212.140, y por otra parte tuteló los derechos de los actores. Ordena entonces al PAR que en un término de 48 horas, contadas desde la notificación del fallo, incluya y ofrezca a los tutelantes el PPA, así no estuvieran en el régimen de transición.

    Específicamente, ordenó al PAR pagarles a los tutelantes las mesadas correspondientes desde el 1° de febrero de 2006, hasta el día en que CAPRECOM le reconozca la pensión definitiva, con indemnización e intereses moratorios. Igualmente le ordenó pagarles los salarios, prestaciones sociales y convencionales a su juicio debido, además de los aportes a la seguridad social, dejados de percibir por causa del despido, con incremento salarial desde el 1° de febrero de 2006. Aparte dispuso que debía cancelarles a la indemnización a que tienen derecho los accionantes, sumas que deberán ser indexadas, además ordenó que se reliquidaran las prestaciones sociales e indemnizaciones ya pagadas a los accionantes. También ordenó a Caprecom que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, proceda al reconocimiento y pago de la pensión incluyendo el retroactivo correspondiente a las mesadas pensionales a que tiene derecho los accionantes.

    En la parte resolutiva, el Juzgado ordenó adicionalmente al PAR que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, hiciera el ofrecimiento del PPA a los accionantes, en los mismos términos en que se hizo dicho ofrecimiento a los empleados de Telecom. Informó que las pensiones debían a su turno ser liquidadas teniendo en cuenta los factores legales y extralegales consagrados en el Decreto 1158 de 1994, además de los salarios, prestaciones sociales y convencionales, aportes a la Seguridad Social dejadas de percibir por causa del despido, con incremento salarial desde el 1° de febrero de 2006, hasta la fecha en que CAPRECOM le reconozca la pensión definitiva, todo esto con indexación e intereses moratorios.

    Para llegar a esa conclusión, primero negó la solicitud de nulidad del proceso sobre la base de que la ley no exige, como condición de competencia territorial, que un ex trabajador reclame la protección de sus derechos fundamentales donde hubiese prestado sus servicios en favor del empleador.

    En lo que atañe al fondo del asunto, el Juzgado consideró que Telecom vulneró el derecho a la igualdad de los trabajadores ya que no les ofreció, ni los incluyó en, el Plan de Pensión Anticipada, aun cuando tenían derecho a ello. Considera que una accionante (no identifica cuál) tiene especial derecho a que se le tutele su derecho porque se está afectando su derecho al mínimo vital. Dice que los actores no cuentan con un medio judicial idóneo de defensa de su derecho a la igualdad, a su modo de ver, porque el PPA no tiene su origen en una norma legal, sino “que su[s] derechos surgen de la liberalidad de Telecom y del ofrecimiento voluntario que esta hizo a los trabajadores. Siendo así, no hay un mecanismo idóneo para obligar a Telecom a que les ofrezca el mismo plan de Pensión anticipada, cuando ese derecho no se funda en nomas legales que sea exigible ante la jurisdicción laboral”.

    V. Fallo de segunda instancia

    En segunda instancia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel - Córdoba, en sentencia del 30 de septiembre de 2009, confirmó parcialmente el fallo impugnado por el PAR. Consideró que Telecom vulneró el derecho a la igualdad de los trabajadores al no ofrecerles el PPA aunque no cumplieran con el requisito de estar cobijados por el régimen de transición. Manifestó al respecto que no era del caso aplicarles los requisitos de la Ley 100 de 1993 a estas personas porque ellos se gobernaban por una normatividad particular, contenida en la Convención Colectiva de Trabajo de Telecom. Además, a los otros trabajadores a los que sí se les ofreció el PPA no se les exigió cumplir con ese requisito previamente. Con base en ello ordenó que a los tutelantes desvinculados desde el 26 de julio de 2003, se les reconociera el pago de las mesadas desde esa fecha y no desde el 01 de febrero de 2006, como lo había dicho el juez de primera instancia. Revocó la orden del pago de salarios, prestaciones sociales y convencionales, aportes a la seguridad social por incremento salarial a raíz del despido, pues lo que se protege es a su juicio el pago de las mesadas pensionales. Ordenó indexar el valor de las mismas.

    VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

    Nombre del accionante

    Fecha de nacimiento

    Fecha de desvinculación

    Fecha de interposición de la tutela

    Pagos al final de la relación

    1

    R.M. G.H.

    08/04/1962

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    60’209.665

    2

    A.Y. M.R.,

    02/08/1961

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    51’888.272

    3

    G.S. H.G.

    16/04/1965

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    61’247.447

    4

    Lupe Cecilia Serrano Moreno

    23/08/1962

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    38’827.483

    5

    M.P. G.

    29/08/1963

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    69’037.323

    6

  2. de J. G. Villada

    08/06/1966

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    63’947.438

    7

    Alicia Zabala

    01/02/1962

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    43’916.039

    8

    Elver Danilo Torres González

    06/05/1961

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    47’218.700

    9

    L.H. G.Á.

    29/10/1957

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    50’604.855

    10

    L.A. M.P.

    18/02/1960

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    39’183.944

    11

    A.C. V.

    19/02/1961

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    134’934.490

    12

    H.R. Z.

    18/11/1959

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    92’799.766

    13

    J.R. C.A.

    20/10/1958

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    36’187.313

    14

    Fernando Marín Lozano

    30/11/1963

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    131’057.072

    15

    Jisela del Pilar Rodríguez Jiménez

    16/06/1966

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    127’327.576

    16

    Á.J. M. Ezqueda

    11/09/1957

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    146’517.018

    17

    J.O. J.C.

    04/07/1955

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    115’178.317

    18

    Floralba Sánchez Pérez

    18/12/1957

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    46’996.349

    19

    Flor Emilia Campo Vargas

    04/07/1957

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    66’285.961

    20

    Miriam Avendaño Amaya

    20/04/1958

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    43’685.160

    21

    C.R. P.A.

    01/02/1960

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    118’496.084

    22

    Rodrigo Triana

    24/09/1956

    Julio 26 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    68.107.751

    23

    Luis Francisco Cáceres Ovalles

    12/11/1958

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    39’660.448

    24

    Jorge Alberto Molina Villa

    21/05/1954

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    40’402.387

    25

  3. de J. B.A.

    05/08/1960

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    55.533.235

    26

  4. del S.R.G.

    02/09/1961

    Julio 25 de 2003

    Agosto 25 de 2009

    83’244.670

    27

    C.E. B.A.

    11/09/1959

    Enero 31 de 2006

    Agosto 25 de 2009

    101’183.092

    En el proceso constan pruebas de que el señor R.T. había interpuesto antes de esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM sobre la base de que era un trabajador de TELECOM, a su juicio con derecho a ser incluido en el PPA, y a quien injustificadamente se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto solicitó que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Dicha acción fue negada en primera instancia mediante fallo del 12 de diciembre de 2008, expedido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá. No obra fallo de segunda instancia, ni hay pruebas de que esté en curso una impugnación.

    Igualmente, entre los documentos adjuntados durante el proceso, se advierten algunos indicativos de que el señor J.O.J.C. había instaurado, antes de esta, una tutela contra el PAR. En ella pedía también ser incluido en el PPA sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, había resultado excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba entonces, en ese contexto, ordenarle al PAR que lo incluyera en el PPA, y le cancelara las mesadas derivadas de ello, desde el 1° de febrero de 2006 hasta el día en que se le reconociera la pensión definitiva. Esa otra tutela fue declarada improcedente, en primera instancia, por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería mediante providencia del 13 de mayo de 2009.

    Las pruebas indican que el señor J. de J.B.A. entró a trabajar en un cargo ordinario al servicio de TELECOM, y lo desempeñó sin solución de continuidad, desde el 23 de diciembre 1987 hasta el 31 de enero de 2006, cuando resultó desvinculado. Antes del 23 de diciembre de 1987 había tenido otros tipos de vinculación con TELECOM, pero no está claro hasta qué momento. Al liquidarse la entidad se le pagó, además de la indemnización antes mencionada, una suma de $5.261.515 por concepto de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”.

    ***

    EXPEDIENTE T-2476359

    I. Información general

    Actores: E.A.A.L., J.E.B.L., C.Z.B.P., N.Y.C.G., J.L. De Oro Mejía, J.E.F.R., J.C.H.P., O.I.S., D.C.J. de B., H.M.Á., I.R.R., A.C.R.R., J.E.S.G., V.M.S.T., F.T.S., F.E.V.C..

    Demandado: PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 19 de agosto de 2009.

    Derechos vulnerados: mínimo vital, igualdad, asistencia a las personas de la tercera edad, seguridad social, derechos adquiridos.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: L.E.F.P..

    II. Hechos relevantes

    Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Su apoderado manifiesta que todos los peticionarios estaban vinculados a Telecom al momento en que se transformó en Empresa Industrial y Comercial del Estado, y que a pesar de que ninguno estaba amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tenían derecho al Plan de Pensión Anticipada. Asimismo, asevera que todos los tutelantes han experimentado problemas para encontrar un nuevo empleo y que sus situaciones económicas son precarias, por lo que se presume la afectación a su mínimo vital. Agrega que los demandantes se encuentran fuera del mercado laboral por sus edades.

    Solicita en este contexto que se ordene incluirlos en el plan de pensión anticipada. Igualmente en la acción de tutela se pide ordenar el pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación hasta que les sea reconocido el derecho a la pensión definitivamente, y que a todo lo debido se le haga la correspondiente indexación.

    III. Respuesta PAR

    El PAR se opone a la tutela. Manifiesta que el Juzgado ante el cual se interpuso carece de competencia territorial para resolver el amparo, pues ninguno de los tutelantes prestó sus servicios en el municipio de Ayapel, donde esa autoridad tiene jurisdicción, y por lo tanto solicita que se decrete la nulidad insaneable de la acción. Informa además que el PAR carece de competencia para proferir un acto administrativo de reconocimiento de pensiones, y señala que ninguno de los tutelantes cumple con los requisitos de necesarios para ser incluido en el PPA pues no son beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Dice que algunas personas, aunque tuvieron la oportunidad para hacerlo, no enviaron la información indispensable para ser inscrito en el Plan de Pensión Anticipada.

    En cuanto a la oportunidad para interponer el amparo, el PAR adujo que los tutelantes pretenden revivir términos ya vencidos, pues tuvieron la oportunidad de solicitar el reconocimiento de la pensión anticipada pero, por negligencia, no solicitaron el reconocimiento del derecho a la extinta Telecom. Argumenta en consecuencia que no se cumple con el requisito de la inmediatez. Además arguye que el PAR no remplaza a Telecom, ya que es un negocio jurídico y no una persona jurídica, que no tiene la facultad para reconocer el derecho a la pensión anticipada. Indica asimismo que los tutelantes deben acudir a las acciones ordinarias para solicitar la protección de sus derechos.

    IV. Fallo de primera instancia

    Mediante providencia del 1 de septiembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel resolvió no anular el proceso, pues a su juicio no había un problema de competencia sino de reparto, en virtud del cual no resultaba posible afectar los derechos fundamentales de los actores. Respecto al fondo, tuteló los derechos y ordenó incluir a los actores en el PPA a pesar de no ser beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, entre otras razones porque así lo había sostenido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en fallo del 16 de julio de 2009. Igualmente consideró que si bien los actores no son personas de la tercera edad, consideró que los actores presentaron pruebas que acreditaban su estado de indefensión, de lo cual concluyó que la acción de tutela es procedente para amparar los derechos fundamentales de los actores al mínimo vital. Entonces ordenó reconocer, liquidar y cancelar a los tutelantes, las mesadas correspondientes desde la fecha de la desvinculación y hasta cuando se produjera el reconocimiento definitivo de la pensión, sumas que ordenó fueran indexadas.

    V. Fallo de segunda instancia

    Impugnado el fallo, en segunda instancia el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel - Córdoba, en sentencia del 29 de septiembre de 2009, confirmó el la decisión de primera instancia tras considerar que Telecom vulneró el derecho a la igualdad de los trabajadores al no ofrecerles el PPA sobre la base de que no estaban cobijados por el régimen de transición. Dijo que la fecha para establecer si los trabajadores cumplían con los requisitos para acceder al PPA debía ser el 31 de marzo de 2010, por ser la más favorables para los trabajadores, y que se debía tener en cuenta los requisitos de la convención colectiva para acceder a la pensión de jubilación y no el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, por tratarse de normas de carácter restrictivo que violentan derechos fundamentales de los ex trabajadores.

    VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

    Nombre del accionante

    Fecha de nacimiento

    Fecha de desvinculación

    Fecha de interposición de la tutela

    Pago de indemnización

    y prestaciones

    al final de la relación

    1

    E.A.A.L.

    17/09/1957

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    73’232.275

    2

    J.E.B.L.

    02/12/1955

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    217.321.375

    3

    Carlos Zaidth Bolaños Pazos

    30/10/1963

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    144’924.141

    4

    N.Y.C. Granados

    29/01/1959

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    94’778.422

    5

    J.L. De Oro Mejía

    04/02/1961

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    151’058.946

    6

    J.E.F.R.

    16/08/1958

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    104.467.421

    7

    J.C.H. P.

    17/07/1961

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    138’238.141

    8

    Omaira Infante Suárez

    11/03/1959

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    128’421.532

    9

    D.C.J. de Barreto

    22/06/1956

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    46’263.826

    10

    H.M.Á.

    13/07/1962

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    71.367.073

    11

    I.R.R.

    11/07/1959

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    210’239.235

    12

    A.C.R. R.

    20/12/1957

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    71.716.749

    13

    J.E.S. G.

    20/04/1959

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    234’076.565

    14

    V.M.S. T.

    12/01/1957

    Enero 31 de 2006

    Agosto 19 de 2009

    146.800.538

    15

    Fernando Trejos Santa

    18/08/1958

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    157.586.549

    16

    F.E.V. C.

    16/09/1954

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    199’112.284

    En los expedientes reposan pruebas de que el señor J.E.B.L. ocupó en TELECOM un cargo ordinario desde su ingreso, que tuvo lugar el 19 de julio de 1985, hasta el momento de la desvinculación. Al terminarse su vínculo con la entidad, se le pagó además de la indemnización referida, una suma de $38.232.447 a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. Al proceso se adjuntaron también pruebas de que este actor había interpuesto peticiones antes de la acción de tutela. El 28 de abril de 2006 formuló una reclamación administrativa, con miras a que se anulara la terminación de su relación laboral el 31 de enero de 2006. Solicitó el reintegro, y las demás obligaciones derivadas de ello, con base en que a su juicio era padre cabeza de familia y por tanto tenía derecho a ser incluido en el retén social. La solicitud fue presentada ante el Ministerio de Comunicaciones, Fiduciaria la Previsora S.A. liquidador, Colombia Telecomunicaciones S.A., Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras entidades. El 20 de diciembre de 2006 promovió también una solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante Caprecom. El 26 de diciembre de 2009 hizo una nueva reclamación para que se le anulase la terminación del contrato de la que fue víctima el 31 de enero de 2006. Solicitó otra vez el reintegro y las demás obligaciones derivadas del mismo, por considerarse padre cabeza de familia y estar incluido en el retén social. Tal solicitud fue a su vez presentada ante el Ministerio de Comunicaciones, Fiduciaria la Previsora S.A. liquidador, Colombia Telecomunicaciones S.A., Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras entidades.

    En cuanto al señor J.E.F.R., las pruebas indican que ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el 21 de abril de 1981, hasta cuando fue desvinculado. Consta que al finalizar su vínculo con la entidad se le pagó además de la indemnización antes mencionada, una suma de $12.659.310 a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. Hay también documentos que acreditarían que el señor J.E.F.R., el 10 de enero de 2006, solicitó la promoción automática de auxiliar administrativo VIII a Auxiliar Administrativo IX. El 1° de junio de 2009 presentó solicitud de pensión de jubilación por tiempo laborado, alegando a su vez la condición de padre cabeza de familia. El 21 de marzo de 2006 presentó reclamación administrativa laboral y agotó la vía gubernativa. Elevó también derecho de petición, solicitando el derecho al reconocimiento de la pensión convencional, pero no hay fecha en el escrito.

    ***

    EXPEDIENTE T-2484301

    I. Información general

    Actores: A.C.A., S.P.M.T., G.O.M., P.E.P.O., H.R.R.L., F.R.R., E.P.R.R., J.R.A., E.P.R.C., L.F.R.M., F.J.S.F., V.J.S.C., J.E.S.G., J.M.T.B., R.N.T.V..

    Demandado: PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 19 de agosto de 2009.

    Derechos vulnerados: mínimo vital, vida digna, igualdad, asistencia a las personas de la tercera edad, seguridad social, derechos adquiridos.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: L.E.F.P..

    II. Hechos relevantes

    Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo en su momento, en calidad de funcionarios al servicio de Telecom. Solicitan ordenarle al PAR incluirlos dentro del PPA, y en consecuencia que se les reconozca, liquide y cancele la pensión a quienes tienen derecho, aunque no se encuentren en el régimen de transición previsto por la Ley 100 de 1993. Hay circunstancias particulares de algunos actores, que se destacan en la tutela. El señor H.R.R.L. alega que por haber sido operado de tumor cerebral, no ha conseguido trabajo. Dice la acción que el hijo menor del señor P.E.P.O. sufrió parálisis fácil, lo cual obligó a este último a endeudarse para poder pagar las terapias. Los señores S.F.F.J. y R.C.E.P. adjuntan carta de TELECOM donde se les notifica que se niega la pensión por no estar en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

    III. Respuesta PAR

    El PAR se opuso a la tutela. Alega que el juez ante quien se instauró carece de competencia para conocerla y resolverla, pues no es el del lugar donde ocurrió la vulneración de los derechos invocados. Según el PAR, 14 de los peticionarios presentaron sus servicios en Bogotá y sus alrededores y 1 de ellos los prestó en Ibagué, y sin embargo promovieron el amparo ante un juez de Lorica, departamento de Córdoba. Solicita entonces la nulidad de todo lo actuado. Y además aduce que el PAR no es administrador de pensiones, razón por la cual no puede expedir actos administrativos de reconocimiento pensional, de suerte que no es dable conceder la tutela y ordenarle la expedición de un acto de esa naturaleza respecto de los accionantes.

    En lo que atañe al asunto de fondo, el ente demandado sostuvo que ninguno de los actores cumple con el requisito de estar en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia que no es válido reconocerles su derecho a estar incluidos en el plan de pensión anticipada.

    IV. Fallo de primera instancia

    El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, en sentencia del 1 de septiembre de 2009 tuteló los derechos fundamentales invocados. Ordenó al PAR reconocer, liquidar y cancelar a los tutelantes, las mesadas correspondientes, desde la fecha de desvinculación real, hasta cuando se produjera el reconocimiento definitivo de su pensión, con la indexación a que hubiera lugar. Para sustentar su fallo, adujo que todos los peticionarios demostraron un perjuicio irremediable, y asimismo que se encontraban justo en las mismas condiciones de los actores que fueron beneficiados por un fallo del 16 de julio de 2009 de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería. En lo atinente al fondo del asunto, dijo que el requisito de estar en el régimen de transición de la Ley 100 no se les aplicaba, pues lo exigible en su caso era cumplir los requisitos del régimen vigente a la fecha en que la empresa se convirtió en empresa industrial y comercial del estado, porque ellos ya estaban vinculados a su planta.

    V. Fallo de segunda instancia

    Impugnado el fallo, en segunda instancia el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica Córdoba lo confirmó, mediante sentencia del 5 de octubre de 2009. Reiteró para el efecto la jurisprudencia constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela como medio encaminado a solicitar el reconocimiento de derechos pensionales. Después señaló que a los peticionarios no se les debía, en virtud de la Convención Colectiva, exigir el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Finalmente, sostuvo que ante el fin inminente del PAR las acciones ordinarias eran inidóneas pues podía darse el caso que quedaran insolutas las obligaciones contraídas por la hoy extinta TELECOM.

    VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

    Nombre del accionante

    Fecha de nacimiento

    Fecha de desvinculación

    Fecha de interposición de la tutela

    Pago de indemnización

    y prestaciones

    al final de la relación

    1

    José Albeiro Cruz Agudelo

    08/07/1959

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    51’985.227

    2

    S.P.M. T.

    18/01/1966

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    41’560.097

    3

    G.O.M.

    31/01/1961

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    172.828.63

    4

    P.E.P. Ojeda

    24/04/1955

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    72.927.645

    5

    Helman Ricardo Ramírez Leyva

    15/04/1960

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    147’266.579

    6

    J.R.R.

    24/08/1954

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    150’246.562

    7

    Edgar Paul Rodríguez Rodríguez

    18/11/1959

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    70’424.803

    8

    Jairo Rojas Acuña

    16/01/1957

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    142’557.750

    9

    Emma Patricia Romero Castro

    12/05/1962

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    42’465.542

    10

    Luis Francisco Rueda Maluendas

    15/12/1960

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    104’780.058

    11

    Francisco Javier Sánchez Fajardo

    06/03/1961

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    138’379.382

    12

    Víctor Julio Sierra Canastero

    01/10/1958

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    151’735.048

    13

    Jaime Enrique Supelano Gómez

    09/09/1957

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    164’056.852

    14

    José Meidelso Torres Beltrán

    29/06/1958

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    170’787.043

    15

    Rubén Norberto Torres Vega

    03/04/1958

    Julio 25 de 2003

    Agosto 19 de 2009

    3’014.759

    Consta en los expedientes que el señor P.E.P.O., el 6 de marzo de 2006 presentó reclamación administrativa para el reconocimiento del plan de pensión anticipada. Este accionante se desempeñó en un cargo ordinario en TELECOM desde cuando ingresó a la compañía el 10 de noviembre de 1980, hasta que se desvinculó el 25 de julio de 2003. Consta que al finalizar su vínculo con TELECOM, se le pagó además de la indemnización, una suma de $5.854.930 a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El señor G.O.M., el 6 de marzo de 2006 presentó reclamación administrativa con el objetivo de acceder al PPA. Este mismo actor promovió 14 de julio de 2006 solicitud de reintegro, y de pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, en razón de que consideraba que estaba incluido en el reten social. También el 28 de enero de 2009 presentó solicitud de reintegro y pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, por considerarse con derecho al retén social. Se observa que este peticionario ocupó un cargo ordinario al servicio de TELECOM desde que ingresó el 14 de octubre de 1981, hasta cuando se desvinculó. Al terminársele el vínculo con la compañía, le pagaron además de la indemnización referida, una suma $4.560.265 por “liquidación definitiva de prestaciones sociales”.

    ***

    EXPEDIENTE T-2500881

    I. Información general

    Actor: A.C.G..

    Demandado: Director/representante legal del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 24 de julio de 2009.

    Derechos vulnerados: trabajo, debido proceso, igualdad y favorabilidad.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: J.M.R.C..

    II. Hechos relevantes

    El peticionario nació el 4 de abril de 1960. Dice que trabajó para Telecom hasta el mes de julio de 2002, fecha en la cual fue desvinculado. No obstante, por fallo de tutela del Juzgado 8 Administrativo de Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico fue reintegrado a la compañía, pero esta vez sólo hasta el 30 de enero de 2006. Empero, señala que sólo hasta el año 2009 se le empezaron a pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al lapso comprendido entre abril de 2002 y enero 30 de 2006, lo que significa que a partir del febrero de 2006 se quedó sin recurso alguno acumulado que le permita subsistir. El actor dice ser padre cabeza de familia con una esposa y dos hijos estudiantes. Asegura que en su momento quedó sin recursos económicos y que se le negó su inclusión en el PPA. Solicita ordenarle al PAR que lo incluya en la nómina de beneficiados por el PPA hasta cuando se le reconozca definitivamente el derecho a la pensión, y que se le dé un tratamiento igual al de C.P.N.B., N.P.B. y Y.Á.V..

    III. Respuesta PAR

    El PAR se opuso a la tutela. Dijo no ser administrador de pensiones, y en esa medida carecer de competencia para proferir un acto administrativo de reconocimiento pensional a los ex trabajadores de Telecom. En cuanto a las circunstancias particulares del tutelante, sostuvo que no podría ordenarse su acceso al retén social, pues no reúne los requisitos para ello. Específicamente, dijo que al 31 de enero de 2006 el demandante tenía 45 años de edad y un tiempo de servicio de 19 años, 6 meses y 9 días. Con esos datos, a su juicio la expectativa pensional del peticionario se debía regir por el sistema general de pensiones. Aparte, indicó que el actor tampoco cumpliría requisitos para ser incluido en el PPA, entre otras razones porque no está cobijado por el régimen de transición. Por lo demás, dijo que si el tutelante creía tener derecho a estas prestaciones, debió solicitárselas oportunamente a la entidad. En su criterio, lo que no es razonable es que años después, cuando el proceso liquidatorio ya está terminado, se alegue la violación de derechos fundamentales. Una solicitud en este momento, lo que pretende es revivir términos vencidos y crear instancias adicionales.

    IV. Sentencia de primera instancia

    El Juzgado Octavo Administrativo del Círculo de Barranquilla, mediante fallo del 13 de agosto de 2009, decidió declarar improcedente la tutela. Dijo, para llegar a esa conclusión, que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en materia pensional. El actor cuenta con otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción laboral que es la encargada de determinar si cumple o no los requisitos para obtener la pensión anticipada. Sostuvo que, por lo demás, en este caso el supuesto perjuicio irremediable ya se causó o consolidó, y que no resulta procedente una acción de tutela tardía. El tutelante debía, en su concepto, haber interpuesto la solicitud de amparo cuando finalizó el proceso de liquidación.

    V. Sentencia de segunda instancia

    Impugnado el fallo, el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante fallo del 26 de octubre de 2009, lo revocó y concedió el amparo. En consecuencia, le ordenó al PAR que en el término de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia, cancelarle al accionante a título de indemnización los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 31 de enero de 2006 hasta el 23 de julio del mismo año, lapso que también debería incluirse en la contabilización de la relación laboral, a fin de cumplir los 20 años del tiempo de servicio que le permitirían reclamar el reconocimiento y pago de la pensión a Caprecom. Para arribar a esa decisión, el Tribunal adujo que en realidad el tutelante reclama protección es a su calidad de prepensionado; es decir, persigue la aplicación del denominado retén social. Y sostuvo que en virtud de tal calidad, merecía una decisión judicial que lo amparara.

    ***

    EXPEDIENTE T- 2507052

    I. Información general

    Actores: M.L.B.Z., G.A.A.G., L.A.B.M., K. delS.B.P., R.I.D.R.B., G.D.M., J.E.F.S., J.H.G.M., W. delS.G.M., R. de las Mercedes Laguna Ortega, A.L.B., M.N.L.L., M.E.P.Á., L.E.M.L., L.A.M.R., D.M.C., L.M.M.M., I.M.P., F.A.O.C., A.J.P.R., R.A.P.G., A.P.R., E.J.P.R., J.A.Q.B., D.Y.Q.M., G.J.R.Á., M.B.R.A., L.G.R.R., M.E.R.B., C.J.R.C., J.M.R.G., M.I.T.M., J.G.T.O., L.N.V.M., E.V.V., L.M.Z.S..

    Demandado: PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 25 de septiembre de 2009.

    Derechos vulnerados: igualdad, mínimo vital y seguridad social.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: aparecen como abogados, en distintos momentos, y en virtud de la sustitución de poderes, L.S.G., M.G.M., S.J.M.U..

    II. Hechos relevantes

    Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Les negaron esa posibilidad bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos para ser cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cual a su juicio constituye una violación a sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, como quiera que, en su criterio, dicho requisito no se debe exigir para acceder al Plan de Pensión Anticipada.

    Solicitan que se protejan sus derechos y se ordene al PAR o a cualquier otra entidad que lo reemplace, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, y como lo ha hecho respecto de otros ex trabajadores de TELECOM, reconozca e incluya a los tutelantes en la nómina de pensionados por anticipación a cargo de la entidad. Asimismo piden que se ordene al PAR o a cualquier otra entidad que lo reemplace, pagar las mesadas pensionales derivadas del PPA y demás prestaciones sociales, legales y convencionales dejadas de percibir por los accionantes desde el momento de su desvinculación, hasta ser incluidos en la nómina de pensionados definitivos por la entidad correspondiente. Por último solicitan que se ordene al PAR o quien haga sus veces, cancelarles los aportes a seguridad social, dejados de cancelar desde el momento de la desvinculación de los accionantes. Para asegurar el cumplimiento de estas órdenes, piden el embargo y retención de los dineros que el PAR tenga en cuentas corrientes de diferentes bancos de la ciudad de Montería y se ponga a disposición del despacho judicial la suma de $ 20.614.255.912.

    III. Respuesta del PAR

    El PAR se opuso a la tutela. Presentó escrito de contestación de la acción de tutela en el que manifestó la entidad accionada que ninguno de los accionantes cumple con los requisitos para ser incluido en el PPA. Ninguno de ellos –agregó- está cobijado por el régimen de transición de la ley 100 de 1993. Advirtió asimismo que los demandantes tenían la oportunidad de presentar la documentación pertinente en su momento para demostrar que podían acceder al PPA, y sin embargo no lo hicieron sino que seis años después, cuando Telecom ya se extinguió, pretenden ser incluidos en el PPA.

    Expuso el PAR que uno de los tutelantes, el señor R.A.P.G., había presentado acción de tutela previamente por los mismos hechos junto con otros accionantes, y que de ella conoció el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería en primera instancia. En dicha oportunidad, el Juzgado resolvió conceder el amparo y ordenó un embargo de acuerdo a las liquidaciones que fueron aportadas, que para el caso concreto se pagaron $404.094.846. Al actor - dijo el PAR- se le pagó en virtud de esa decisión una suma de dinero. Así, aunque ese fallo fue luego revocado en segunda instancia, dicha suma ya se había pagado al demandante. Por lo mismo, solicita negar el amparo respecto de ese ex trabajador de Telecom.

    Finalmente, el PAR alega la improcedencia de la acción de tutela por falta de inmediatez, y además porque no se cumple tampoco con la subsidiariedad ya que hay otros medios de defensa judicial y sin embargo ninguno de los actores acreditó la necesidad de evitar de un perjuicio irremediable.

    IV. Fallo de primera instancia

    El Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, mediante sentencia de octubre 8 de 2009, resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados de todos los accionantes. En consecuencia, ordenó al PAR que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a incluir a los actores en el PPA y les pagara las mesadas pensionales debidas desde el momento de la desvinculación, hasta cuando se produjera el reconocimiento definitivo de su pensión. En cuanto al señor R.A.P.G., ordenó el Juez que se le descontaran los emolumentos salariales cancelados a su favor a través del fallo de tutela anterior, en el cual se le habían protegido algunos derechos en virtud de su fuero sindical. Para fallar, adujo que los actores son personas de escasos recursos, muchos de ellos de la tercera edad, que dependen de la pensión para subsistir. Estas razones fueron a su juicio suficientes para presumir que el mínimo vital de los demandantes se había visto afectado. Sumado a ello, consideró que al estar los peticionarios a menos de 7 años de acceder a la pensión, contados desde la fecha relevante para el proceso, resultaba a su juicio inaceptable el argumento de que los actores no tenían derecho al PPA sólo por no tener derecho al régimen de transición.

    V.F. de segunda instancia

    De la impugnación presentada por el PAR, conoció el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, que confirmó en su totalidad el fallo recurrido, en sentencia de octubre 28 del mismo año.

    VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

    Nombre del accionante

    Fecha de nacimiento

    Fecha de desvinculación

    Fecha de interposición de la tutela

    Pago de indemnización

    y prestaciones

    al final de la relación

    1

    M.L.B.Z.

    22/03/1963

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    49’468.175

    2

    G.A.A. G.

    12/01/1956

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    119’477.312

    3

    L.A.B. M.

    14/10/1952

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    39’819.974

    4

  5. delS.B. P.

    21/01/1960

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    203’231.352

    5

    Rosa Irene Del Río Bastidas

    31/07/1959

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    31’233.154

    6

    G.D.M.

    24/11/1957

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    28’080.471

    7

    José Eugenio Fonseca Silva

    25/02/1962

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    132’649.779

    8

    J.H.G. M.,

    20/04/1963

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    188’959.782

    9

  6. delS.G. M.

    20/05/1958

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    47’071.778

    10

  7. de las Mercedes Laguna Ortega

    30/07/1959

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    76’435.685

    11

    A.L.B.

    07/03/1961

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    64’330.286

    12

    María Nohemy López López

    26/12/1958

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    48’903.634

    13

    M.E.P.Á.

    12/12/1960

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    61’675.467

    14

    Luis Enrique Medina Lima

    21/01/1960

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    28’459.377

    15

    L.A.M.R.

    21/06/1957

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    103’761.457

    16

    D.M.C.

    23/07/1958

    Julio 26 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    42’106.396

    17

    L.M.M.M.

    04/06/1967

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    54’765.923

    18

    Iván Molina Pérez

    11/05/1960

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    104’233.325

    19

    F.A.O. C.

    20/12/1959

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    139’179.022

    20

    A.J.P.R.

    29/11/1959

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    81’210.357

    21

    R.A.P. Granados

    14/09/1959

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    82’374.990

    22

    Armando Peña Ruíz

    07/03/1961

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    120’247.804

    23

    E.J.P.R.

    10/12/1956

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    53’435.243

    24

    J.A.Q. B.

    08/02/1961

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    216’408.346

    25

    D.Y.Q. M.

    14/09/1962

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    90’766.589

    26

    Gersaín José Ramírez Álvarez

    02/08/1959

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    116’279.668

    27

    M.B.R. A.

    16/12/1959

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    62’528.731

    28

    Luis Gerney Restrepo Ruíz

    08/04/1963

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    37’530.703

    29

    M.E.R.B.

    26/05/1959

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    57’890.214

    30

    Carlos Javier Rodríguez Cardozo

    05/09/1961

    Julio 26 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    165.094.149

    31

    J.M.R. G.

    08/02/1961

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    59’259.678

    32

    Martha Irene Tamayo Muletón

    23/05/1958

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    44’941.773

    33

    J.G.T. O.

    19/08/1956

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    48’198.761

    34

    León N.V.M.

    04/02/1958

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    41’729.979

    35

    E.V.V.

    03/01/1961

    Julio 31 de 2003

    Septiembre 25 de 2009

    164’804.045

    36

    L.M.Z.S.

    02/04/1962

    Enero 31 de 2006

    Septiembre 25 de 2009

    56’037.686

    En el proceso obra copia de la demanda ordinaria interpuesta por el señor D.M.C. contra el PAR de TELECOM, en la cual adujo haber sido trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto, pedía esencialmente el reconocimiento derecho a ser incorporado en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión de acuerdo con lo dispuesto en la ley, y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.

    También consta copia de la demanda ordinaria promovida por los señores G.J.R.Á. y C.J.R.C. contra el PAR de TELECOM, en la cual adujeron haber sido trabajadores de TELECOM con derecho a ser incluidos en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto pidieron que se condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el 31 de julio de 2003 y hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitaron el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras, hasta cuando CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.

    El poder que aparece otorgado para obrar a nombre del señor G.J.R.Á., no lo extendió directamente este último sino otra persona en calidad de agente oficiosa suya.

    ***

    EXPEDIENTE T-2537070

    I. Información general

    Actores: A.E.B.R., D.E.C.V., B.J.D.J., A.G.E.O., G.C.E.E., N. de J.G.M., E.J.G., M.L.M.B., H. de J.N.G., L.M.P.C., S.P.V., O.D.P.L., G.P.F., W.M.R.C., A.S.M., L.A.S.A., J. de J.S.M., J.R.S.S., A.L.Z.C..

    Demandado: PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 4 de noviembre de 2009.

    Derechos vulnerados: igualdad, mínimo vital, vida digna, asistencia a las personas de la tercera edad, seguridad social, derechos adquiridos, vida, derecho a la familia.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: A.M. de la Puente Salgado.

    II. Hechos

    Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Les negaron esa posibilidad bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos para ser cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cual a su juicio constituye una violación a sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, como quiera que, en su criterio, dicho requisito no se debe exigir para acceder al Plan de Pensión Anticipada. Su apoderado dice que todas son personas de la tercera edad y están en situaciones económicas precarias, por lo que se debe presumir la afectación de su mínimo vital.

    Igualmente manifiesta que los tutelantes presentaron las respectivas acciones ante la jurisdicción laboral ordinaria, pero teniendo en cuenta el fin inminente del PAR la acción de tutela se convierte en sus casos en el medio de defensa procedente por ser el más idóneo. En un anexo del escrito de tutela, el apoderado argumenta que la addenda al artículo 2° de la Convención Colectiva 1996-1997, debe inaplicarse en cuanto modificó el artículo 3° de dicha convención colectiva mediante un procedimiento violatorio de la constitución nacional, y es inoponible a los solicitantes de pensiones convencionales por no haber sido depositada oportunamente.

    Respecto del tutelante L.M.P.C., dice que ingresó a laborar a Telecom en 1996, pero que había laborado antes en otras entidades estatales por 16 años, 4 meses y 3 días.

    Solicita que todos los demandantes sean incluidos en el plan de pensión anticipada, y que se ordene el pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación hasta que les sea reconocido el derecho definitivamente, sumas que solicita sean indexadas. Además, pide que se ordene el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por los accionantes debidamente actualizados e indexados, así como la cancelación de los aportes al sistema de seguridad social integral, dejados de cancelar desde el despido, hasta el momento que se los incluya en la nómina de pensionados a cargo de la entidad correspondiente. Solicitó asimismo el embargo y retención de los dineros del PAR en las cuentas bancarias de las entidades financieras que mencionó en escrito de tutela, hasta por la suma de $6.821.632.535, que en su concepto corresponde al monto de lo que se les adeuda por todo lo anterior a los demandantes.

    IV. Respuesta PAR

    El PAR se opuso a la tutela. Dijo que como patrimonio autónomo de remanentes carece de competencia para proferir un acto administrativo de reconocimiento pensional, como el que los accionantes pretenden que expida. Señala, en cuanto al fondo, que ninguno de los tutelantes cumple por lo demás con el requisito de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Manifiesta que a su juicio no es este el momento de pedir una inclusión en el PPA, pues este fue ofrecido en su momento por Telecom y a los trabajadores se les dio en su momento la oportunidad de exponer las razones por las cuales a su juicio debían ser incorporados en dicho plan. No obstante, los actores no elevaron la solicitud de inclusión en esa oportunidad, presentando los correspondientes comprobantes de los requisitos. Manifiesta que los tutelantes pretenden revivir términos ya vencidos, pues tuvieron la oportunidad de solicitar el reconocimiento de la pensión anticipada pero, por negligencia, no solicitaron el reconocimiento del derecho a la extinta Telecom. Argumenta entonces que no se cumple con el requisito de la inmediatez.

    El PAR agrega que como patrimonio autónomo no remplaza a Telecom, que es un negocio jurídico y no una persona jurídica, sin la facultad para reconocer el derecho a la pensión anticipada. Indica además que los tutelantes deben acudir a las acciones ordinarias para solicitar la protección de sus derechos. Cita aparte la sentencia T-589 de 2007, expedida por esta Corte, a partir de la cual concluye que los trabajadores de Telecom, para ser incluidos en el plan de pensión anticipada, debían cumplir con todos los requisitos establecidos en la Convención Colectiva y en el Manual de ofrecimiento.

    V. Fallo de primera instancia

    Mediante providencia del 12 de noviembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Momil – Córdoba, tuteló los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de los tutelantes, y ordenó al representante legal del PAR incluir a los tutelantes en la nómina del PPA y pagar las mesadas pensionales dejadas de percibir por los actores, debidamente indexadas, hasta que Caprecom le reconociera la pensión a cada uno de ellos. Ordenó igualmente el reconocimiento retroactivo de todos los beneficios y prestaciones que brinda el PPA, incluyendo los correspondientes aportes a la seguridad social.

    En cuanto a la solicitud de embargo y retención de los dineros depositados en cuentas bancarias a nombre del PAR, resolvió no acceder a ella. Dijo asimismo, en lo relativo a la competencia para conocer del asunto, que no había un problema sino de reparto y nada más, que no afectaba por su naturaleza el derecho al debido proceso. Tuvo por ciertas las manifestaciones de los tutelantes respecto a que la no inclusión de los mismos en la nómina del PPA afectaba sus derechos al mínimo vital, ya que el PAR no desvirtuó dichas afirmaciones. Consideró que la acción de tutela cumplía con el requisito de inmediatez porque se está reclamando un derecho pensional, el cual está constituido por prestaciones periódicas, de lo cual concluye que la vulneración es permanente en el tiempo y por lo tanto se cumple con dicho requisito.

    El Juzgado consideró que los tutelantes se encontraban en la misma situación de los trabajadores a quienes se les ofreció el PPA, por lo tanto, concluyó que el no ofrecimiento del plan les vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad. Sostuvo que los señores Solano Mercado Julio de Jesús, P.V.S., M.B.M.L., N.G.H. de Jesús, R.C.W.M., P.L.O.D., Donado J.B.J. y G.M.N. de Jesús desempeñaron cargos de excepción y se les debió aplicar el régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993. Por tanto, concluyó que no había razón para que Telecom les exigiera cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición.

    Respecto de los señores B.R.A.E., C.V.D.E., E.O.A.G., E.E.G.C., G.A.E.J., P.F.G., S.M.A., S.A.L.A., S.S.J.R. y Z.C.A.L., el Juzgado en cita adujo que los requisitos adicionales que estableció Telecom eran excluyentes y establecían diferencias respecto de situaciones fácticas iguales, configurándose una violación al derecho a la igualdad. En cuanto al actor L.M.P.C., consideró que pese a no estar vinculado a Telecom cuando dicha entidad se transformó en empresa comercial e industrial del estado, era procedente el reconocimiento de sus derechos ya que la Convención Colectiva amparaba a todos los trabajadores de Telecom.

    VI. Fallo de segunda instancia

    Impugnado el fallo, el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica - Córdoba, en sentencia del 27 de noviembre de 2009, lo confirmó. Sostuvo que las normas aplicables al caso concreto debían interpretarse en la forma más favorable para los intereses de los actores y, en consecuencia, que se encontraban en circunstancias de hecho similares a las de aquellos trabajadores a quienes sí se les incluyó en el PPA. Negó empero la solicitud de embargo y consideró que las liquidaciones presentadas por la apoderada de la parte durante la impugnación de la sentencia de primera instancia quedaban en firme porque la entidad accionada guardó silencio respecto de los valores allí expresados. Antes de la expedición del mismo, la apoderada de los actores había presentado otra liquidación de las obligaciones a favor de sus poderdantes, pero entonces esta no fue aceptada por en la segunda instancia.

    VII. Pruebas relevantes aportadas al proceso

    Nombre del accionante

    Fecha de nacimiento

    Fecha de desvinculación

    Fecha de interposición de la tutela

    Pago de indemnización

    y prestaciones

    al final de la relación

    1

    A.E.B. R.

    17/10/1959

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    70’534.968

    2

    Darío Enrique Cantero Vergara

    06/12/1954

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 4 de 2009

    N/F

    3

    B.J.D.J.

    13/11/1968

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    49’028.166

    4

    A.G.E. O.

    20/10/1956

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    179’891.755

    5

    G.C.E. Escorcia

    26/04/1956

    Junio 30 de 2003

    Noviembre 4 de 2009

    N/F

    6

  8. de J.G. M.

    23/01/1967

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    54’843.289

    7

    Eliécer Joaquín Guzmán Arias

    26/11/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 4 de 2009

    N/F

    8

    M.L.M.B.

    11/11/1961

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    78’984.553

    9

  9. de J.N. G.

    10/03/1962

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    63’707.789

    10

    L.M.P.C.

    31/01/1954

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    47.027.250

    11

    Silvestre Palencia Villafanez

    27/09/1954

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 4 de 2009

    57’393.974

    12

    O.D.P.L.

    18/12/1956

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    73’492.874

    13

    G.P. Fuentes

    08/10/1959

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 4 de 2009

    112’305.415

    14

    W.M.R. C.

    22/06/1958

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    49’222.350

    15

    A.S. Miranda

    19/08/1961

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    N/F

    16

    Luis Alfonso Serrano Arévalo

    02/09/1957

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 4 de 2009

    59’911.678

    17

    Julio de J.S. Mercado

    29/07/1957

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    68’959.810

    18

    J.R.S.S.

    17/06/1957

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 4 de 2009

    44’527.495

    19

    Antonio Luis Zagarra Charris

    09/10/1959

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 4 de 2009

    35’517.342

    En el proceso obran pruebas de que algunos de los demandantes han presentado peticiones por fuera del proceso, para reclamar las prestaciones laborales a su juicio debidas. El tutelante B.J.D.J. aporta copia de una comunicación del 24 de abril de 2006, en la cual el PAR se refiere a su solicitud de reconocimiento del PPA. E.J.G. adjuntó copia de un derecho de petición, presentado el 15 de abril 2008 solicitando que reliquiden la indemnización que recibió cuando fue desvinculado de la entidad. Esta petición le fue negada por el PAR el 14 de mayo de 2008. En el expediente reposa copia de un derecho de petición en el que el actor solicita el reconocimiento del PPA, sin embargo no aparece fecha ni constancia de recibido. También adjuntó copia de una respuesta del PAR del 20/12/2007 a una petición de reconocimiento del PPA. El accionante H. de J.N.G. también aportó copia de una respuesta que le dio el PAR el 25 de marzo de 2006, a una reclamación administrativa que había presentado para que le reconociera su derecho a la inclusión en el PPA.

    El señor G.P.F. adjuntó a su vez copia de las Resoluciones Nos. 250 del 19 de julio de 2005 y 2787 del 18 de octubre de 2005, por medio de las cuales Telecom le negó su derecho a la inclusión del en el retén social como padre cabeza de familia. El señor W.M.R.C. aportó copia de una respuesta de Telecom, que data del 4 de abril 2003 a una petición de inclusión en el PPA. Obra copia de una comunicación expedida por el PAR el 24 de abril de 2006, en la que da respuesta a una solicitud de reconocimiento del PPA presentada por el señor A.S.M.. El señor J. de J.S.M. anexó copia de una petición en el cual solicitó el reconocimiento de su derecho a ser incluido en el PPA, pero no aparece fecha ni constancia de recibido. Respecto de J.R.S.S. obra copia de la respuesta a un derecho de petición, emitida por el PAR, en la cual se le hace una relación del tiempo de servicios a la compañía.

    Obra copia en el expediente de una sentencia expedida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Barranquilla el 25 de abril de 2008, mediante la cual se accedió a lo pretendido por el señor G.C.E.E. y se ordenó el reconocimiento, a su favor, del derecho a ser incluido en el PPA. No hay pruebas de la demanda, pero en la providencia se da cuenta de su contenido. Esta estaba dirigida contra el PAR de TELECOM, y en ella adujo haber sido trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho Plan. Pedía que se le reconociera su derecho al PPA, y en esencia el pago de lo debido por efecto de la inclusión en dicho Plan. No hay pruebas de que ese fallo hubiese sido impugnado, o de una sentencia de segunda instancia.

    Consta en el proceso que el señor L.M.P.C., antes de esta tutela, interpuso demanda ordinaria dirigida contra el PAR de TELECOM, y en ella adujo haber sido trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto pidió que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitó el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Esta acción le fue negada en primera instancia mediante sentencia del 23 de febrero de 2009, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay constancia de que esté en curso una impugnación.

    ***

    EXPEDIENTE T-2537078

    I. Información general

    Actores: M.A.L.A., E.R.A.V., J.A.C., F.A.A., C.A.A.G., J.R.B.S., A.B.P., R.B.O., S.A.C.D., R.C.A., J.L.C.E., J.R.C.M., L.D.B., W.F.H., J.G.G.G., E.G.G., M.A.G.G., J.G.G., R.E.J.P., C.M.L.M., R.L.M., J.H.M.M., O.A.M.R., M.M.M.V., J.D.N.V., M.C.N., G.P.R., L.I.P.P., G.P.G., H.P.A., D.P., V.A.P.R., V.J.R.L., F.C.R.R., H.F.R.R., O. de J.S.V., W.S.G., A. de J.S.P., J.S., M.T.P., D.F.Z.C..

    Demandado: PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 29 de octubre de 2009.

    Derechos vulnerados: mínimo vital, vida digna, igualdad, asistencia a las personas de la tercera edad, seguridad social y derechos adquiridos.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: L.A.F.P..

    II. Hechos

    Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Solicitan que se ordene al PAR incluirlos dentro del PPA, y que les reconozca, liquide y cancele las mesadas correspondientes a dicha pensión a quienes tienen derecho a ello, aunque no se encuentren en el régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El reconocimiento y pago de las mesadas correspondientes, debe a su juicio operar justo desde la fecha de su desvinculación real, hasta cuando se produzca el reconocimiento definitivo.

    III. Respuesta PAR

    El PAR se opuso a la tutela. Dijo ante todo ninguno de los peticionarios ha tenido relaciones sustanciales con el PAR, razón por la cual este no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados. Señaló en cuanto al fondo que en todo caso los actores no cumplen con el requisito de estar en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y que si no se les ofreció el PPA pero consideraban en su momento que cumplían los requisitos para ser incluidos en aquel, debían enviar la solicitud correspondiente, con los comprobantes respectivos. No hay pruebas, sin embargo, de que lo hubieran hecho, y ahora pretenden revivir términos vencidos después que han pasado 6 años desde que la extinta Telecom hizo el ofrecimiento a sus trabajadores.

    El PAR alega que no es administradora de pensiones, razón por la cual no es válido, como lo pretenden los accionantes, que se le ordene expedir actos administrativos de reconocimiento pensional. Aduce que el juez de concomiendo carece de competencia para resolver la acción, pues no tiene jurisdicción en lugar de vulneración de los derechos, que a su juicio era el lugar donde los demandantes prestaron el servicio. Finalmente, manifestó que había otros mecanismos de defensa que tornaban improcedente la acción.

    IV. Fallo de primera instancia

    En sentencia del 12 de noviembre de 2009 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, tuteló los derechos fundamentales de los peticionarios y ordenó al PAR incluir a los accionantes en el PPA y reconocer y liquidar la pensión a los mismos sin importar que no se encontraran en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Además, le ordenó reconocer y pagar las mesadas correspondientes, desde la fecha de la desvinculación real de los peticionarios, y hasta cuando se produjera el reconocimiento definitivo de su pensión, todo con la debida indexación legal.

    Consideró, para llegar a esa conclusión, que por sus edades y sus particulares condiciones de salud, de desempleo, de pobreza, desprotección, etc., los tutelantes eran acreedores de un deber de protección espacial, el cual a su juicio implicaba para el caso de estos la viabilidad de la acción de tutela conforme a los criterios generales establecidos por la jurisprudencia constitucional. En ese orden de ideas adujo que no podía exigírseles cumplir con los requisitos establecidos en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Además, por principio de favorabilidad debía aplicarse en su opinión la norma menos gravosa para la consolidación de una situación beneficiosa.

    V. Fallo de segunda instancia

    El Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, en sentencia de 1 de diciembre de 2009, confirmó el fallo de primera instancia y aceptó el desistimiento de la tutela de la señora M.C.N.. Las consideraciones fueron las mismas del proveído impugnado.

    VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

    Nombre del accionante

    Fecha de nacimiento

    Fecha de desvinculación

    Fecha de interposición de la tutela

    Pago de indemnización

    y prestaciones

    al final de la relación

    1

    M.A.L.A.

    06/10/1958

    Enero 31 de 2006

    Octubre 28 de 2009

    189.010.440

    2

    E.R.A.V.,

    28/02/1960

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    93’056.422

    3

    J.A.C.

    14/08/1957

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    4

    Francisco Arango Agudelo

    15/03/1959

    Julio 26 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    55.417.329

    5

    Carlos Arturo Arias Guzmán

    11/12/1957

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    6

    José Rafael Barragán Suárez

    31/01/1956

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    7

    Andrés Bolívar Pacheco

    14/08/1954

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    8

    Roberto Borrero Ojeda

    10/06/1955

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    142’757.445

    9

    Siervo Alfonso Cañón Daza

    20/11/1961

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    10

    R.C.A.

    13/09/1961

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    66’651.124

    11

    Jorge León Chalarcá Estrada

    18/04/1955

    Julio 26 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    55.601.145

    12

    J.R.C.M.

    01/12/1957

    Enero 31 de 2006

    Octubre 28 de 2009

    80’759.849

    13

    L.D.B.

    14/11/1959

    Enero 31 de 2006

    Octubre 28 de 2009

    85’217.674

    14

    Walter Franco Herrera

    24/04/1957

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    88’122.066

    15

    José Guillermo Garay Granados

    30/09/1955

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    94’787.149

    16

    Enrique Garzón Gómez

    29/12/1955

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    172’754.641

    17

    Miguel Antonio Garzón González

    06/01/1962

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    209’279.965

    18

    Jaime Girón Grisales

    N/F

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    19

    R.E.J. P.

    13/10/1959

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    68’752.239

    20

    C.M.L. Moncada

    19/03/1964

    Enero 31 de 2006

    Octubre 28 de 2009

    62.031.951

    21

    Roberto Lozano Muñoz

    06/11/1957

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    22

    J.H.M. M.,

    09/12/1958

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    120’372.172

    23

    O.A.M.R.

    04/06/1954

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    82.208.072

    24

    M.M.M. V.

    29/12/1963

    Enero 31 de 2006

    Octubre 28 de 2009

    99.121.231

    25

    José Daniel Naranjo Vargas

    22/11/1961

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    26

    M.C.N.

    20/10/1962

    Enero 31 de 2006

    Octubre 28 de 2009

    91’058.139

    27

    Gerardo Padilla Rodríguez

    29/11/1959

    Julio 26 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    154.475.172

    28

    Luis Ignacio Patarroyo Puentes

    31/01/1951

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    29

    Gilberto Peña Guzmán

    30/12/1954

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    30

    Helcias Pérez Asprilla

    08/10/1956

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    31

    D.P.

    19/12/1960

    Enero 31 de 2006

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    32

    Víctor Alfonso Pinilla Rodríguez

    30/08/1958

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    33

    Víctor Jaime Ramírez López

    25/01/1961

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    71’503.095

    34

    Franklin Cenón Rodríguez Rodríguez

    13/11/1959

    Julio 26 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    77.006.152

    35

    Héctor Fernando Romero Rodríguez

    29/03/1960

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    203.672.447

    36

  10. de J.S. V.

    23/11/1959

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    145’577.335

    37

    William Sandoval Garzón

    11/09/1963

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    38

    Albeiro de Jesús Sierra Patiño

    12/07/1963

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    39

    J.S.

    03/01/1960

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    N/F

    40

    M.T.P.

    19/09/1956

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    127’834.224

    41

    Diego Filmar Zuluaga Cardona

    08/03/1960

    Julio 25 de 2003

    Octubre 28 de 2009

    146’781.373

    En el expediente obran además pruebas de lo siguiente.

    Los señores H.F.R.R. y F.C.R.R. interpusieron antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que eran trabajadores de TELECOM y en que a su juicio tenían derecho a ser incluidos en el PPA y, sin embargo, se los excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaron en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidieron el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia, expedida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá el 15 de mayo de 2009, mediante la cual se absolvió al PAR de la demanda. No obra fallo de segunda instancia, ni constancia de que esté en curso una impugnación.

    El señor E.G.G. interpuso antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y, a pesar de eso, se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el 17 de abril de 2009, en la cual se niegan las pretensiones del demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni hay constancia de que esté en curso una impugnación.

    Los señores W.S.G. y G.P.R. interpusieron antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que eran trabajadores de TELECOM y a su juicio tenían derecho a ser incluidos en el PPA y en que, sin embargo, se los excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaron en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidieron el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá el 12 de diciembre de 2008, mediante la cual fue absuelto el PAR de las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia. Tampoco se allega constancia de que en el curso del proceso se hubiese expedido una decisión de ese tipo.

    Los señores M.A.L.A., J.L.C.E. y F.A.A. interpusieron antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que eran trabajadores de TELECOM y a su juicio tenían derecho a ser incluidos en el PPA y en que, sin embargo, se los excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaron en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser incluidos en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín el 7 de noviembre de 2006. No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación que indique la terminación del proceso por un acto distinto a una providencia judicial.

    Los señores Ó.A.M.R. y M.M.M. interpusieron antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que eran trabajadores de TELECOM y a su juicio tenían derecho a ser incluidos en el PPA y en que, sin embargo, se los excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaron en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidieron el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Medellín el 14 de agosto de 2009. No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación que indique la terminación del proceso por un acto distinto a una providencia judicial.

    Obra copia de la demanda ordinaria promovida por la señora C.M.L.M. antes de esta tutela contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y, a pesar de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.

    ***

    EXPEDIENTE T-2564079

    I. Información general

    Actores: J.E.F.C., F.C.V., N.L.C., M.R.O.Q., J.F.R.M., D.U.H., T.E.V.B..

    Demandado: PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 13 de noviembre de 2009.

    Derechos vulnerados: igualdad, mínimo vital y seguridad social.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: E.E.Z.L., L.M.L., R.S.Á..

    II. Hechos

    Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Solicitan que se ordene al PAR incluirlos dentro del PPA, y cancelarles las mesadas correspondientes desde el 1 de febrero de 2006, fecha de desvinculación definitiva, hasta el día que CAPRECOM les reconozca la pensión definitiva.

    IV. Respuesta de la entidad accionada

    El PAR se opuso a la tutela. Manifestó ante todo que ninguno de los accionantes cumple con los requisitos para ser incluidos en el Plan de Pensión Anticipada, toda vez que no tienen derecho al régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993. Advirtió que si a los demandantes en su momento, cuando Telecom hizo público el PPA, no se les reconoció automáticamente el derecho a ser incluidos en él pero aun así consideraban cumplir los requisitos para ser incorporados en aquel, debían enviar la solicitud correspondiente, con los comprobantes respectivos. No hay pruebas, empero, de que lo hubieran hecho, y ahora pretenden revivir términos vencidos después que han pasado 6 años desde que la extinta Telecom hizo el ofrecimiento a sus trabajadores. Alega en consecuencia que la tutela es improcedente por falta de inmediatez y porque existen otros medios judiciales de defensa sin que los actores hubiesen acreditado la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.

    V. Fallo de primera instancia

    El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, mediante sentencia de noviembre 30 de 2009, resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados a todos los actores. En consecuencia, ordenó al PAR que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a incluir a los actores en el PPA y les pagara las mesadas desde el momento de la desvinculación, hasta cuando se produjera el reconocimiento definitivo de la pensión. Con respecto a la procedencia de la acción, estimó que existe vulneración del derecho fundamental al mínimo vital de los actores toda vez que estaba acreditada una prolongación indefinida en el pago de las acreencias laborales. En relación con la supuesta falta de inmediatez, sostuvo que este es un criterio supeditado al arbitrio razonado del juez y que en el caso bajo estudio resultaba en su opinión ostensible e innegable que los hechos atentatorios y violatorios subsistían en el tiempo. Sumado a ello, dijo que al estar los actores a menos de 7 años de acceder a la pensión, contados desde una fecha a su juicio relevante, no era de recibo el argumento de que los actores no cumplían con los requisitos del régimen de transición.

    VI. Fallo de segunda instancia

    El Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, conoció de la impugnación presentada por el PAR y en sentencia de diciembre 24 de 2009, resolvió confirmar el fallo recurrido por los mismos argumentos.

    VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

    Nombre de los accionantes

    Fecha de nacimiento

    Fecha de desvinculación

    Fecha de interposición de la tutela

    Pagos al final de la relación

    1

    Jairo Enrique Forero Carvajal

    14/03/1955

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 13 de 2009

    179’379.926

    2

    Fernando Castañeda Vargas

    07/06/1956

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 13 de 2009

    35’886.447

    3

    N.L.C.

    04/05/1955

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 13 de 2009

    150’483.779

    4

    M.R.O.Q.

    02/10/1962

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 13 de 2009

    44’205.688

    5

    J.F.R. M.

    20/10/1963

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 13 de 2009

    62’024.385

    6

    D.U.H.

    26/02/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 13 de 2009

    41’347.488

    7

    T.E.V. B.

    21/03/1958

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 13 de 2009

    62’275.210

    ***

    EXPEDIENTE T-2566146

    I. Información general

    Actores: J.M.L.S., J.A.B., S.A.C.D., L.A.C.G., Y.C.S., J.R.G.C., H.R.G.D., J.O.G.L., E.H.B., M.L.T., L.L.A., C.A.L.A., J.O.L.M., J.M.O., W.M.B., Á.M.B., Y.M.S., H.R.M.A., J.G.M.C., R.N.N.P., O.O.M., G.I.P.R., A.P.C., J.C.R.H., Á.R.A., E.U.S.G., R.S.G., H.S.P., F.S.B., F.J.S.M., C.O.T.Q., L.A.V.C..

    Demandado: PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 12 de noviembre de 2009.

    Derechos vulnerados: igualdad, mínimo vital y seguridad social.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: O.R.G., J.I.G.O..

    II. Hechos

    Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Algunos de los actores afirman que laboraron en calidad de supernumerarios para Telecom, y que esta compañía no les tuvo en cuenta ese tiempo para efectos de realizar la liquidación. Solicitan que se ordene al PAR, o a cualquier otra entidad que lo reemplace, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, reconozca e incluya a los tutelantes en la nómina de pensionados a cargo de la entidad correspondiente, al igual que a otros ex trabajadores de TELECOM, se les ha permitido acceder al PPA, por vía de tutela. Además piden ordenarle pagar las mesadas pensiónales derivadas del PPA y demás prestaciones sociales, legales y convencionales dejadas de percibir por los accionantes desde el momento de su desvinculación, hasta que sean incluidos en la nómina de pensionados por la entidad correspondiente. Finalmente, piden en su acción que le ordene también cancelar los aportes a seguridad social dejados de hacer desde el momento de la desvinculación de los accionantes.

    La señora L.L.A. no pide ser incluida en el PPA. Dice que no le fueron canceladas las cesantías, hecho del cual se percató apenas 2 años y 10 meses después. Por tal razón, elevó derecho de petición el 22 de noviembre de 2006. Asegura que esta solicitud no se le ha respondido, resultando a su juicio aplicable el Decreto 797 de 1949, en virtud del cual pasados 90 días sin que se hubiere puesto a órdenes del trabajador oficial los salarios, prestaciones e indemnizaciones que sean adeudadas, los contratos recobrarán vigencia en los términos de la ley, renovándose la relación laboral hasta el 1° de febrero de 2006. Pide que se dicten órdenes encaminadas a que se obre en consecuencia con los derechos que le reconocen estas normas.

    III. Respuesta de la entidad accionada

    El PAR se opuso a la tutela. Manifestó ante todo que ninguno de los accionantes cumple con los requisitos para ser incluidos en el PPA, pues no tienen derecho al régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993. Advirtió que si a los demandantes en su momento, cuando Telecom hizo público el PPA, no se les reconoció automáticamente el derecho a ser incluidos en él pero aun así consideraban cumplir los requisitos para ser incorporados en aquel, debían enviar la solicitud correspondiente, con los comprobantes respectivos. No hay pruebas, empero, de que lo hubieran hecho, y ahora pretenden revivir términos vencidos después que han pasado 6 años desde que la extinta Telecom hizo el ofrecimiento a sus trabajadores. Alega en consecuencia que la tutela es improcedente por falta de inmediatez y porque existen otros medios judiciales de defensa sin que los actores hubiesen acreditado la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.

    Expuso en particular que la señora R.S.G. ya presentó acción de tutela por los mismos hechos y que ésta fue revisada por la Corte Constitucional quien negó el amparo deprecado, por lo que existe cosa juzgada. De igual manera dijo que el señor J.M.L.S. instauró acción de tutela y de esta conoció el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santander de Quilichao, que resolvió conceder el amparo solicitado, por lo cual el PAR afirma que se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la orden de reconocer y pagar la Pensión Anticipada al actor. Asimismo manifestó que dicha providencia se encuentra surtiendo el trámite de impugnación. Aportó también copia de otro fallo de tutela, en el cual a su juicio el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba ordenó incluir al señor R.N.N.P. en el PPA, y del proveído de segunda instancia que confirmó la anterior decisión. Adjuntó copia de otro fallo más, del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, en el cual se ordenó incluir al señor S.A.C.D. el PPA, y del fallo de segunda instancia que lo confirmó.

    IV. Fallo de primera instancia

    El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, mediante sentencia de noviembre 30 de 2009, resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados a los señores B.J.A., C.D.S.A., C.G.L.A., C.S.Y., G.C.J.R., G.D.H.R., H.B.E., L.T.M., L.S.J.M., L.A.C.A., L.M.J.O., M.O.J., M.B.W., M.B.Á., M.S.Y., M.A.H.R., M.C.J.G., N.P.R.N., O.M.O., P.R.G.I., P.C.A., R.H.J.C., R.A.Á., S.G.E.U., S.G.R., S.P.H., S.B.F., S.M.F.J., T.Q.C.O., V.C.L.A.. Como consecuencia de lo anterior, ordenó al PAR dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a incluir a los actores en el PPA y pagara las mesadas desde el momento de la desvinculación, hasta cuando se produzca el reconocimiento definitivo de la pensión. En igual término ordenó que se le pagará a la señora L.A.L. salarios y prestaciones sociales, convencionales y legales, así como su liquidación, desde la desvinculación hasta el 31 de marzo de 2006. Para llegar a esa decisión, el Juzgado sostuvo que los actores son personas de escasos recursos, muchos de la tercera edad, que dependen de la pensión para subsistir, con lo que asumió estaba en riesgo su mínimo vital.

    Con relación a la temeridad alegada por el PAR sobre los señores R.S.G. y J.M.L.S. advirtió el juez que no se dan los requisitos para que esta opere, toda vez que a su juicio en la sentencia T- 587 de 2008, las pretensiones de la actora estaban dirigidas a obtener la aplicación del Programa de Renovación de la Administración Pública, pretendiendo la reubicación. En cuanto al señor J.M.L. la solicitud del actor en la anterior tutela estaba relacionada con la aplicación de la Ley 790 de 2003 para que se le reconociera como prepensionado. Sumado a ello, consideró que al estar los actores a menos de 7 años de acceder a la pensión, no resultaba de recibo el argumento de que los actores no cumplen con los requisitos del régimen de transición.

    Con respecto a los señores J.O.G.L. y J.O.M., el despacho se abstuvo de decidir de fondo, porque los actores no acreditaron el cumplimiento del requisito de estar en el momento relevante para definir su inclusión en el PPA.

    V.F. de segunda instancia

    De la impugnación presentada por el PAR, conoció el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, autoridad que confirmó el fallo recurrido, mediante sentencia del 28 de diciembre de 2009. No obstante, excluyó al señor S.A.C. quien ya había sido reconocido como beneficiario del PPA, en virtud de otro fallo de tutela del Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica.

    VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

    Nombre del accionante

    Fecha de nacimiento

    Fecha de desvinculación

    Fecha de interposición de la tutela

    Pago de indemnización

    y prestaciones

    al final de la relación

    1

    José María Larrarte Sandoval

    25/11/1958

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    75’724.953

    2

    J.A.B.

    02/02/1962

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    9’804.164

    3

    S.A.C.D.,

    11/20/1961

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    56’634.940

    4

    Luis Armando Cardozo Guzmán

    3/30/1957

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    55’916.404

    5

    Yadira Castro Santamaría

    6/3/1962

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    9’282.974

    6

    J.R.G.C.

    12/1/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    64’252.129

    7

    Helman Ricardo Garzón Duarte

    4/14/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    65’903.742

    8

    J.O.G.L.

    5/9/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    39’931.962

    9

    Enrique Herrera Buriticá

    6/27/1955

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    N/F

    10

    M.L.T.

    12/21/1963

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    55’191.609

    11

    Liliana Lengua Annichiarico

    5/31/1967

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    28’447.098

    12

    Carlos Alberto Londoño Arango

    9/16/1959

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    116’029.816

    13

    J.O.L.M.

    7/16/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    45’278.659

    14

    J.M.O.

    11/21/1954

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    N/F

    15

    W.M.B.

    2/26/1958

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    136’144.963

    16

    Á.M.B.

    5/21/1963

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    41’427.558

    17

    Y.M.S.

    1/23/1969

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    46’727.897

    18

    H.R.M. A.

    2/10/1960

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    40’038.804

    19

    J.G.M.C.

    7/31/1964

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    46’555.891

    20

    R.N.N. P.

    8/26/1963

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    40’878.822

    21

    O.O.M.

    11/1/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    51’076.457

    22

    G.I.P. R.

    1/5/1964

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    76’009.397

    23

    Alejandro Poveda Casallas

    9/14/1957

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    46’780.247

    24

    Juan Carlos Ramírez Hurtado

    1/22/1963

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    47’491.059

    25

    Álvaro Rodríguez Alfonso

    6/13/1956

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    51’704.522

    26

    Edgar Uriel Santamaría González

    3/13/1959

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    48’144.165

    27

    R.S.G.

    7/26/1962

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    N/F

    28

    H.S.P.

    3/9/1963

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 12 de 2009

    50’838.909

    29

    Fredys Sobrino Beleño

    10/9/1955

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    45’519.943

    30

    Francisco Javier Solarte Martínez

    12/1/1953

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    92’237.865

    31

    César Olmedo Triana Quiroz

    7/23/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    43’373.415

    32

    Luis Alfonso Vargas Castro

    10/6/1964

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 12 de 2009

    59’128.713

    Obran pruebas de que el señor W.M.B. había interpuesto antes de esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA y en que, a pesar de eso, fue excluido del listado de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba en consecuencia que se condenara al demandado a reconocerle el PPA desde el 31 de julio de 2003 y hasta cuando cada uno de los demandantes cumpla con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pedía el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras a favor de cada uno de los demandantes, hasta que CAPRECOM asuma el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaba el pago de la pensión convencional de jubilación. Sus pretensiones se las negó en primera instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 30 de marzo de 2009 y, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante fallo del 11 de junio de 2009. No hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra.

    Obra copia de la demanda ordinaria promovida por la señora R.S.G., antes de esta tutela, contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA y, a pesar de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.

    Conforme los documentos que se adjuntaron a este proceso como pruebas, el señor S.A.C.D. presentó, antes de esta, otra tutela contra el PAR de TELECOM. Pertenece específicamente a uno de los expedientes acumulados dentro de este proceso: al expediente T-2537078. En ella pide ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicita, en ese contexto, que se le ordene al gerente del PAR incluirlo en el PPA, y cancelarle las mesadas correspondientes derivadas de esa incorporación. Esa otra acción, de acuerdo con los elementos aportados al proceso, fue concedida en primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica mediante fallo del 12 de noviembre de 2009 y, en segunda instancia, confirmado por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica el 1 de diciembre de 2009. Está simultáneamente en revisión por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

    Hay prueba de que el señor R.N.N.P. había presentado, antes de esta, otra tutela contra el PAR de TELECOM. En ella pedía ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se ordenara al PAR reconocerle el derecho a ser incluido en el PPA (e incorporarlo en la nómina de beneficiarios del mismo), pagarle además las mesadas dejadas de percibir, con el incremento salarial y debidamente indexadas desde la fecha de la desvinculación hasta que se le notificara el reconocimiento de la pensión de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados, y aparte realizar los aportes a seguridad social dejados de cancelar desde el despido hasta la inclusión en la nómina del PPA. Esa otra acción fue concedida, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba mediante fallo del 17 de noviembre de 2009 y, en segunda instancia, este último fue confirmado parcialmente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar mediante sentencia del 5 de febrero de 2010.

    ***

    EXPEDIENTE T-2579968

    I. Información general

    Actores: R.C.A.L., J.A.A.S., J.A.G., J.A.A.V., E.C.O., R.L.C.S., V.C.D., N.R.C.M., L.A.D.V., J.L.D.L., G.C.P., I.G.G., J.J.G.U.F., F.H.S., R.D.J.M., O.L.R., A.M.J., H.J.M.Z., W.M.C., E.E.M.M., L.M.M.O., R.O.C., C.R.O.C., L.M.P.C., E.P. de R., M.A.P.R., S.R.A., L.F.R.V., M.E.R.N., F.A.S.F., S.I.S.E., O.E.S.H., E.S.B., J.Y.S.C., A.T.C., L.E.T.C., J.C.U.M., M.V.R., D.M.V.B..

    Demandado: PAR Telecom.

    Fecha de presentación de la tutela: 30 de noviembre de 2009.

    Derechos vulnerados: Igualdad, mínimo vital, seguridad social, vida digna, asistencia a las personas de la tercera edad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, debido proceso, situación más favorable al trabajador, derechos adquiridos, vida y derecho a la familia.

    Asunto: plan de pensión anticipada.

    Abogado: O.R.G., G.S.A..

    II. Hechos

    Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Algunos de los actores afirman que laboraron en calidad de supernumerarios para Telecom, y que esta compañía no les tuvo en cuenta ese tiempo para efectos de realizar la liquidación. Advierten que para el caso particular del accionante L.M.P.C., no se pretende su inclusión en el PPA sino el pago de los derechos convencionales dejados de pagar. Por último afirman que no obstante todos presentaron sus correspondientes reclamaciones ante la administración o ante la justicia, la acción de tutela es procedente teniendo en cuenta el fin inminente del PAR.

    Solicitan en concordancia que se ordene al PAR, o a quien haga sus veces, que incluya a los accionantes en la nómina del PPA desde el momento de su desvinculación de Telecom y hasta su inclusión en la nómina de pensionados, en igualdad de condiciones que los ex trabajadores de Telecom a los que se les permitió acceder al Plan. También piden que se le ordene pagar las mesadas pensionales derivadas del PPA, y demás prestaciones sociales e indemnizaciones, legales o convencionales, dejados de percibir por los accionantes desde el momento de la desvinculación de Telecom y hasta ser incluidos en nómina de pensionados. Las mesadas y prestaciones sociales dejados de percibir por los accionantes deberían, de acuerdo con esta solicitud, ser liquidados y cancelados con el incremento salarial y prestacional debidamente indexados, teniendo en cuenta el promedio de los factores legales y extralegales devengados hasta la fecha de su desvinculación. Finalmente piden ordenarle que cancele los aportes a la seguridad social, dejados de cancelar durante todo este período.

    III. Respuesta PAR

    El PAR se opuso a la tutela. Manifestó que de acuerdo con la sentencia T-551 de 2009 el amparo debía declararse improcedente en este tipo de asuntos por no existir la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, y por no haberse presentado dentro de un tiempo oportuno. En relación con este último punto, sostuvo que la tutela no respetaba el principio de inmediatez, toda vez que no era razonable acudir a la acción de tutela después de aproximadamente 6 años y 10 meses de haber concluido la liquidación de Telecom. Considera, por lo demás, que la justicia constitucional no es competente para decidir el tema del reconocimiento e inclusión en el PPA de ex trabajadores de esa compañía, pues un juicio de ese tipo le corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral. Por lo anterior, y por considerar que no se cumple la subsidiariedad en los casos concretos, solicita declarar improcedente el amparo.

    En cuanto al fondo sostiene, en todo caso, que no existe vulneración del derecho a la igualdad de los accionantes. Dice que quienes fueron incluidos inicialmente en PPA cumplían los requisitos necesarios y suficientes para ello, a diferencia de los accionantes, que en su sentir no los cumplieron.

    El PAR también hizo referencias puntuales a la situación de algunos accionantes. Dijo que la acción de tutela instaurada a nombre de I.G.G. y E.C.O. resultaba temeraria, toda vez que otra acción idéntica interpuesta por estas había sido resuelta, respectivamente, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal y el Juzgado 7 Penal del Circuito de Barranquilla, con carácter definitivo.

    IV. Fallo de Primera Instancia

    En sentencia del 11 de diciembre de 2009, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, concedió el amparo. En consecuencia, ordenó al PAR incluir a los accionantes en el PPA y reconocerles y cancelares la pensión aunque no se encontraran en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. También le ordenó reconocer, liquidar y cancelar las mesadas adeudadas desde la fecha de desvinculación real de los peticionarios y hasta cuando se produjera el reconocimiento definitivo de sus pensiones con la debida indexación legal. Se abstuvo de tutelar los derechos de la señora M.V.R., porque en su criterio no acreditó uno de los requisitos, que era estar a menos de 7 años para acceder al PPA, puesto que si bien a 31 de marzo de 2010 cumplió 57 años de edad, solamente tenía 19 años y 7 meses de servicio. Tampoco tuteló los derechos del señor L.M.P.C. puesto que resultaba entendible su reclamación de pago de derechos convencionales, en tanto revisada la liquidación pagada por Telecom, se ve que se le pagó indemnización convencional.

    Para llegar a esa decisión adujo en primer lugar ser competente para conocer del asunto, pues siendo varios los accionantes y a pesar de que ellos no expresan claramente su domicilio, en aplicación de los principios de celeridad e informalidad, basta con que el accionante L.M.P.C. haya indicado que su domicilio se encuentra en la ciudad de Lorica, donde también prestó sus servicios, para concluir que hay competencia por el factor territorial. Además, esto se reforzaba por el hecho de que existe uniformidad en las peticiones y fundamentos fácticos. Agregó que la infracción a las reglas de reparto, que es lo que en su concepto se alega en este caso, no es un motivo válido para que el juez se declare incompetente.

    Manifiesta que la acción es procedente, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, pues éste no garantiza la protección inmediata de los derechos fundamentales que los actores consideran vulnerados. Además, las declaraciones de los accionantes no fueron desvirtuadas por la entidad demandada, y por ende se encuentra acreditado el perjuicio irremediable y la afectación del derecho al mínimo vital. La pensión que persiguen los tutelantes –dice el Juzgado- se constituye en la única fuente de ingreso familiar, máxime si se tiene en cuenta que en el mercado laboral una persona desempleada y próxima a la tercera edad como los accionantes no puede auto sostenerse o competir en iguales condiciones que el resto de la sociedad. Además debe tenerse en cuenta que ante la desaparición inminente del PAR el 31 de diciembre de 2009, la acción de tutela es el mecanismo más expedito y eficaz que la acción ordinaria para obtener la definición de su pretensión.

    El requisito de inmediatez lo encontró también cumplido, no obstante que el beneficio solicitado por los accionantes fue otorgado a otros servidores en el año 2003. La tardanza para hacer el reclamo judicial se justifica, según esta decisión, en que se pide una prestación de naturaleza periódica, irrenunciable, imprescriptible y sin término de caducidad. Su omisión genera entonces una vulneración de los derechos perdurable en el tiempo y por tanto actual. Aparte, a juicio del a quo, los peticionarios son sujetos de especial protección si se tienen en cuenta sus edades, condiciones de salud, de desempleo, de pobreza y de desprotección. Sostuvo en este contexto que los actores se han visto obligados a acudir a préstamos personales con grandes intereses su manutención y la de su familia, y que han tenido que incumplir compromisos adquiridos con anterioridad a su despido o relacionados con el arriendo, cuotas de vivienda, pensiones para el estudio de sus hijos y que han manifestado bajo la gravedad de juramento que la mesada pensional es la única fuente de ingresos para llevar una vida digna y justa. Por tanto su no pago les vulnera el mínimo vital.

    Dijo asimismo, quien expidió el fallo, que los actores demostraron haber cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos en los regímenes especiales de pensión aplicables a los trabajadores de Telecom, y que el instructivo elaborado por Telecom exige cumplir con condiciones inoponibles a los trabajadores. Adujo que tras verificar las pruebas documentales obrantes en el expediente, era razonable concluir que todos los actores, excepto dos, cumplían los requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder al PPA, por lo cual la negativa de la entidad accionada para el reconocimiento resultaba violatoria de los derechos fundamentales invocados.

    Por último, señaló que el PAR es responsable de las obligaciones de la extinta Telecom, en los procesos pendientes y las contingencias posteriores.

    V. Fallo de segunda instancia

    Mediante sentencia proferida el 25 de enero de 2010, el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, confirmó parcialmente el fallo impugnado, con los mismos argumentos. Pero a diferencia del proveído de primera instancia, dijo que aparte de los señores M.V.R. y L.M.P.C., los señores R.O.C. y L.F.R. tampoco acreditaron haber estado a menos de 7 años para acceder al PPA o haber estado en la compañía cuando se ofreció este Plan.

    VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso

    Nombre del accionante

    Fecha de nacimiento

    Fecha de desvinculación

    Fecha de interposición de la tutela

    Pago de indemnización

    y prestaciones

    al final de la relación

    1

    R.C.A.L.

    20/3/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    N/F

    2

    José Armando Alfonso Sandoval

    5/2/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    47’616.471

    3

    J.A.G.

    10/1/1957

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 27 de 2009

    75’323.943

    4

    J.A.A. V.

    17/10/1956

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 27 de 2009

    N/F

    5

    E.C.O.

    18/3/1957

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    122’735.941

    6

    Rafael Leonidas Camacho Sánchez

    20/8/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    N/F

    7

    Viviana Casallas Domínguez

    21/11/1963

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    32’930.939

    8

    Nelson Riquelmins Cortes Martínez

    26/10/1962

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    85’273.746

    9

    Luis Arnobio Díaz Vásquez

    28/10/1956

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    32’733.239

    10

    Jorge Luis Durango León

    27/3/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    29’691.426

    11

    G.C.P.

    13/5/1959

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    N/F

    12

    I.G.G.

    27/6/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    59’300.466

    13

    Juan José González Urrutia Fulton

    22/12/1954

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    52’347.633

    14

    F.H.S.

    26/9/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    N/F

    15

    Rubén Dario Jaramillo Marín

    20/5/1956

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    53’415.235

    16

    O.L.R.

    20/11/1957

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 27 de 2009

    72’257.058

    17

    Alberto Martínez Jairo

    14/3/1955

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    43’843.821

    18

    Harvin Julio Mateus Zarate

    21/7/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    N/F

    19

    William Martínez Canastero

    25/11/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    114’706.377

    20

    Erasmo Enrique Mayorga Moreno

    3/3/1963

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    60’507.437

    21

    L.M.M.O.

    21/9/1965

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 27 de 2009

    55’500.988

    22

    R.O.C.

    23/10/1964

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 27 de 2009

    59’016.792

    23

    Carlos Ramiro Osorio Cano

    29/11/1954

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    59’985.412

    24

    L.M.P.C.

    31/1/1954

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 27 de 2009

    22’604.087

    25

    E.P. de Reyes

    29/5/1956

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    49’112.255

    26

    M.A.P.R.

    30/6/1958

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 27 de 2009

    43’406.760

    27

    Severo Ramírez Abril

    29/5/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    45’546.973

    28

    L.F.R. V.

    2/3/1957

    Abril 1 de 1995

    Noviembre 27 de 2009

    N/F

    29

    Manuel Enrique Rojas Novoa

    29/11/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    61’804.060

    30

    F.A.S. F.

    4/5/1961

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    58’104.239

    31

    Sonia Inés Salcedo Escandón

    16/4/1959

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    N/F

    32

    Oscar Eduardo Santos Hormiga

    11/10/1957

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    49’903.900

    33

    E.S.B.

    13/10/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    N/F

    34

    J.Y.S.C.

    17/12/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    79’870.116

    35

    Amalia Torres Cruz

    3/9/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    86’894.887

    36

    L.E.T. C.

    26/9/1960

    Julio 25 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    55’854.653

    37

    J.C.U.M.

    4/1/1959

    Enero 31 de 2006

    Noviembre 27 de 2009

    56.864.480

    38

    M.V.R.

    17/3/1954

    Julio 26 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    40.581.032

    39

    David Moisés Vergara Beltrán

    18/6/1956

    Julio 26 de 2003

    Noviembre 27 de 2009

    59.460.673

    En el expediente obran pruebas de que algunos demandantes presentaron peticiones administrativas o incluso judiciales antes de la interposición de esta tutela. Reposa una copia de una respuesta a un derecho de petición, presentado por la señora S.I.S.E., con fecha de octubre 26 de 2004, en la cual se le informó que no se le había ofrecido el PPA debido a que no cumplía con los requisitos para acceder a este. El señor C.R.O.C. envió al PAR en 2009 unos documentos para el trámite de su pensión. El señor J.C.U.M. interpuso acción de tutela en 2004 solicitando el reintegro en su condición de padre cabeza de familia. La tutela fue concedida y el actor fue reintegrado hasta febrero de 2006. El señor J.C.U.M. se desempeñó en TELECOM en un cargo ordinario desde su ingreso, el cual tuvo lugar el 14 de abril de 1981, hasta su retiro inicial, que ocurrió el 26 de julio de 2003. Luego fue reintegrado al cargo, por tener la condición de padre cabeza de familia, y permaneció en él hasta el 31 de enero de 2006. Consta que en la primera desvinculación se le pagó, además de la referida indemnización, una suma de 3.647.082 a título de “prestaciones”.

    Obra también respuesta de abril 20 de 2006, a un derecho de petición elevado por el señor J.A.G., en la cual se le informa que su solicitud para ser incluido en el PPA era extemporánea, por cuanto el plazo vencía el 31 de marzo de 2003. En cuanto al señor S.R.A., en el expediente hay copia de una reclamación que presentó solicitando su inclusión en el PPA ante la Fiduagraria- Fidupopular con fecha de abril de 2006. Hay copia de la demanda ordinaria promovida por la señora M.V.R. antes de esta tutela contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA y, a pesar de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.

    Consta que el señor D.M.V.B. interpuso antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, y en que sin embargo se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. S. solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el 23 de febrero de 2009, mediante la cual fue absuelto el PAR de las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni consta que esté en curso una impugnación.

    También hay copia de la demanda ordinaria promovida por el señor O.L.R. antes de esta tutela contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y, a pesar de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser incluido en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.

    El mismo señor O.L.R. –de acuerdo con los elementos de juicio aportados al proceso- había presentado, antes de esta, otra tutela contra el PAR de TELECOM. En ella pedía ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se le ordenara al PAR incluirlo en el grupo de beneficiarios del PPA y pagarle las mesadas pensionales dejadas de percibir. Esa acción fue concedida, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arboletes mediante sentencia del 25 de noviembre de 2009 y, en segunda instancia, esta última fue revocada mediante fallo del 16 de febrero de 2010 expedido por el Juzgado Promiscuo de Familia de T..

    El señor J.L.D.L. había interpuesto, antes de esta, otra tutela contra el PAR. En ella pedía ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se le ordenara al PAR incluirlo en el grupo de beneficiarios del PPA y pagarle las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el 1° de febrero de 2006 (fecha de la desvinculación definitiva) hasta el día en que se les reconozca la pensión definitiva. Esa otra acción fue declarada improcedente, en primera instancia, por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería mediante sentencia del 13 de mayo de 2009. No hay copia de una impugnación, o de una sentencia de segunda instancia.

    Obra prueba de que la señora E.C.O. había interpuesto, antes de esta, otra tutela contra el PAR. En ella pedía ser incluida en el PPA, sobre la base de que era trabajadora de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se la había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se ordenara al PAR brindarle la seguridad social necesaria, por haber laborado 18 años, 8 meses y 13 días, al servicio de la empresa TELECOM y hacer extensiva esta protección a sus beneficiarios. Además pedía que se la incluyera en la nómina de beneficiarios del PPA y se le cancelaran todas las mesadas dejadas de pagar d