Auto nº 113/16 de Corte Constitucional, 10 de Marzo de 2016
| Ponente | :LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ |
| Fecha de Resolución | 10 de Marzo de 2016 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | T-731/14 |
Auto 113/16
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Competencia del juez de primera instancia
SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Competencia excepcional de la Corte Constitucional
SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Rechazar por improcedente
Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-731 de 2014
Peticionaria: L.A. de Illidge
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
La S. Segunda de Revisión de la Corte Constitucional[1], integrada por los Magistrados G.E.M.M., A.L.C. y L.G.G.P., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el presente auto, teniendo en cuenta las siguientes,
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- El 8 de marzo de 2016, la señora L.A. de Illidge radicó un memorial dirigido a los magistrados de esta Corporación, que identificó como "derecho de petición ", en el que solicita "que se ordene darle cumplimiento al fallo que amparó mis derechos fundamentales (... [y] [c]onsecuencialmente, se ordene que me devuelvan la pensión que me dejó mi hijo en vida ".
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- Según lo dispone el Decreto 2591 de 1991[2], ante la inobservancia de una orden proferida en un fallo de tutela, el beneficiario puede solicitar su cumplimiento, a través del denominado trámite de cumplimiento y lo, de forma simultánea o sucesiva, adicionalmente, la imposición de una sanción, previo trámite de un incidente de desacato.
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- Estas alternativas se encuentran previstas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991[3], y su fundamento radica en la obligación del Estado de garantizar la efectividad de los fallos que satisfacen el goce pleno de los derechos fundamentales (CP art. 2)[4], como expresión del derecho de acceso a la administración de justicia o derecho a la tutela judicial efectiva (CP art. 229), el cual, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, comprende, como mínimo, (i) el acceso efectivo al sistema judicial, (ii) el desarrollo de un proceso rodeado de todas las garantías judiciales en un plazo razonable, y (iii) la ejecución material del fallo[5].
De lo anterior se desprende que el incumplimiento de un fallo de tutela no sólo constituye una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, sino una prolongación indebida en la violación de los derechos fundamentales cuya protección se dispuso mediante las órdenes impartidas en sede judicial.
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- De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por regla general, es el juez de primera instancia el encargado de la ejecución del fallo y, por ende, el competente para adoptar las medidas necesarias que permitan asegurar el restablecimiento de los derechos comprometidos. Al respecto se ha dicho que:
"(...) el peso del cumplimiento de la orden de tutela recae en el Juzgado o Tribunal que se pronunció en primera instancia, el cual, se repite, mantendrá competencia hasta que se restablezca el derecho vulnerado porque la protección de los derechos fundamentales es la esencia de la tutela, luego el cumplimiento de la orden de protección es una obligación de hacer por parte del juez de tutela de primera instancia."[6]
En idéntico sentido, en el Auto 220A de 2002, se expuso que:
"(...) La colisión que se presenta en esta oportunidad tiene como origen la discusión de dos despachos judiciales tendiente a establecer, en cuál de ellos radica la competencia para tramitar y decidir las solicitudes de cumplimiento de las sentencias y los incidentes de desacato en materia de tutela.
Sobre el particular, existe jurisprudencia consolidada de esta Corporación la cual habrá de reiterarse en el presente caso.
En efecto, si bien en las sentencias C-243 de 1996 y T-078 de 1998 se sostuvo que "el juez de instancia que profiere una orden en un fallo de tutela, es el competente para conocer del incidente desacato, frente al incumplimiento de lo ordenado por él mismo." providencias posteriores precisaron, que la ratio decidendi de esos pronunciamientos debía entenderse en el sentido que la competencia para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia de tutela y el incidente de desacato, corresponde al juez que conoció del proceso en primera instancia, subregla, que ha sido reiterada en múltiples pronunciamientos de esta Corporación.
Las órdenes que se den en una sentencia de tutela son para obedecerlas y si ello no ocurre el actor puede solicitar al juez de primera instancia, con fundamento en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que haga cumplir el fallo y adicionalmente el juez podrá sancionar por desacato a la autoridad pública o al particular renuente a acatarlo (art. 52 ídem), en el primer evento bastará demostrar objetivamente el incumplimiento de la providencia, mientras que en el segundo, es necesario probar la responsabilidad subjetiva del incumplido.
Conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional si bien puede coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el trámite del desacato, éstas son solicitudes con finalidades y presupuestos distintos que no se pueden confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de desacato).
Por lo anterior, el juez de primera instancia mantiene su competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza a la garantía constitucional fundamental amparada (art. 27 ídem) por vía de tutela (...)".
Por consiguiente, es claro que en aquellos casos en los que la Corte Constitucional ha proferido una sentencia en sede de revisión, ésta deberá ser comunicada al juez de tutela de primera instancia[7], quien es el encargado de notificar a las partes, adoptar las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del fallo y tramitar los incidentes de desacato que se interpongan.
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- No obstante, en casos excepcionales, esta Corporación ha establecido que puede asumir competencia para conocer del trámite de cumplimiento, cuando existe una justificación objetiva, razonable y suficiente, que se concreta, de manera específica, en alguna de las siguientes causales:
"(i) cuando ha habido manifiesto incumplimiento de las decisiones de tutela, sin que los jueces de primera instancia hayan podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, (ii) o dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces[8], o (iii) cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo[9]."[10]
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- En el caso bajo examen, se observa que la señora L.A. de Illidge solicitó a la Corte que adelante directamente el trámite de cumplimiento por la presunta inobservancia de la Sentencia T-731 de 2014. Sin embargo, de acuerdo con la solicitud realizada[11], esta S. evidencia que no se ha hecho uso de ninguna de las medidas previstas para hacer efectiva la orden de protección ante el juez de primera instancia, quien es el competente -entre otras- para iniciar el respectivo trámite, de acuerdo con las razones esgrimidas en esta providencia. Tampoco se advierte la presencia de alguna de las causales de excepción, que le permiten a esta Corporación tener competencia para conocer del trámite de cumplimiento.
En consecuencia, esta S. advierte que el trámite de cumplimiento propuesto frente a la Sentencia T-731 de 2014 proferida por esta Corporación en sede de revisión, le compete al Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de S.M., quien conoció de la acción de tutela de la referencia en única instancia. De esta decisión se le informará a la peticionaria L.A. de Illidge y, por economía procesal, se remitirá al citado Juzgado, para que proceda conforme con sus competencias en la materia.
En mérito de lo expuesto, esta S. de Revisión,
Primero: RECHAZAR por improcedente la solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-731 de 2014, promovido por la señora L.A. de Illidge.
Segundo: INFORMAR a la señora L.A. de Illidge, que el juez competente para conocer del trámite de cumplimiento que quiere promover frente a la referida sentencia, es el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de S.M..
Tercero: ORDENAR la remisión del escrito de solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-731 de 2014 al Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de S.M., para que proceda conforme con sus competencias en la materia.
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y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTOIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] La Sentencia T-731 de 2014 fue proferida por la S. Tercera de Revisión, sin embargo es preciso advertir que las salas al interior de esta Corporación se modifican por virtud de la ley cuando ingresa un nuevo integrante al Tribunal. Por esa razón, la presente decisión es objeto de conocimiento de la S. Segunda de Revisión, para mantener el mismo ponente. Véase el artículo 7 del Decreto Ley 1265 de 1970.
[2] "Por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. "
[3] Al respecto, las citadas normas disponen que: "ARTICULO 27. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. // Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. // Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. // En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza"; "ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. // La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción ".
[4] En sentencia de unificación SU-1158 de 2003, esta Corporación señaló las diferencias existentes entre el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato, en los siguientes términos: "Paralelamente al cumplimiento de la orden se puede iniciar el trámite incidental del desacato. Pero el desacato no puede desplazar la principal obligación del juez constitucional que consiste en hacer cumplir la orden de tutela. // Además, el trámite del cumplimiento no es un prerequisito para el desacato, ni el trámite del desacato es la vía para el cumplimiento. Son dos cosas distintas el cumplimiento y el desacato. Puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato. (...) Las diferencias entre el desacato y el cumplimiento son las siguientes: i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal; ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva; iii) La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del Decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado Decreto. Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia; iv) El desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque v) puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público (...)".
[5] Véase, entre otras, la Sentencia C-426 de 2002.
[7] Al respecto, el artículo 54 del Acuerdo 05 de 1992 dispone: "ARTÍCULO 54. COMUNICACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE TUTELA. Todas las sentencias de la Corte sobre tutela deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera y segunda instancia. Copia de ellas será suministrada a los demás magistrados de la Corporación y a la Presidencia de la República".
[8] "Auto 010 del 17 de febrero de 2004, MP. R.E.G., Auto 045 del 20 de abril de 2004, MP. R.E.G.. Auto 184 del 7 de septiembre de 2005, MP. R.E.G.".
[9] "Caso desplazados, Auto 050 del 27 de abril de 2004, MP. M.J.C.E.; Auto 185 del 10 de diciembre de 2004, MP. M.J.C.E.; Auto 176 del 29 de agosto de 2005, MP. M.J.C.E. y Auto 177 del 29 de agosto 2005, MP. M.J.C.E.".
[10] Autos 183 de 2009 y 387 de 2010.
[11] En el escrito entregado a esta Corporación, la señora A. de Illidge afirma que luego de que esta Corporación amparó sus derechos fundamentales y ordenó el pago correspondiente de la obligación alimentaria que la peticionaria venía recibiendo como un porcentaje de la pensión de vejez de su hijo fallecido, "la UGPP no ha querido darle cumplimiento". En este orden de ideas, manifiesta: "[h]onorables magistrados, ustedes, con sumo respeto deben tener en cuenta mi precario y delicado estado de salud, y como tal deben tomar los correctivos y sanciones que este caso amerita, y ponerle punto final, antes que sea demasiado tarde. "
