Auto nº 249/16 de Corte Constitucional, 21 de Junio de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 701401145

Auto nº 249/16 de Corte Constitucional, 21 de Junio de 2016

Número de sentencia249/16
Fecha21 Junio 2016
MateriaDerecho Constitucional

Referencia: Acción constitucional de H.C. promovida por el señor Carlos Fernando C.L.

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis (2016)

La Presidenta de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias ha pronunciado el siguiente

AUTO

Síntesis de los hechos narrados por el peticionario

El señor C.F.C.L. presentó ante este Tribunal el día 27 de mayo del año en curso, escrito en el que solicita la selección del expediente de tutela T-5435060 que surtió el trámite de eventual revisión establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991.

En el mismo documento antes referido, el señor C.F.C.L. formula ante esta Corporación la siguiente petición: “SEXTA: Por estar detenido o capturado de manera ilegal y por haber pasado o transcurrido más de 36 horas desde la captura, solicito a su honorable Corte Constitucional decretar o declarar a mi favor el H.C. y por consiguiente darme mi libertad inmediata.”[1] De acuerdo con lo manifestado por el señor C.L., se entiende que está instaurando una acción constitucional de H.C., con el fin de que sea ordenada su libertad.

Refiere que se encuentra detenido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, al habérsele impuesto una pena de prisión de 32 meses, por el delito de estafa, según fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que fue objeto de lectura el 12 de noviembre de 2015.

Sostiene que su detención es ilegal, debido a que la orden de captura impartida en acatamiento al citado fallo judicial, desconoció su derecho al debido proceso y a la libertad personal, como también su derecho de defensa.

En su escrito, señala que interpuso acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, actuación conocida en primera instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que resolvió negar la solicitud de amparo, decisión que fue impugnada por el accionante y posteriormente confirmada por la Sala de Casación Civil de ese Tribunal.

El expediente de tutela antes citado fue radicado en la Corte Constitucional con el número T-5435060 y fue excluido de selección por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres mediante auto del 31 de marzo de 2016, notificado por estado el 12 de abril de este año.

Con fundamento en lo anterior, el peticionario solicita al Juez Constitucional “(…) decretar o declarar a mi favor el H.C. y por consiguiente darme mi libertad inmediata.”[2]

II.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

2.1. La acción de H.C. y la competencia judicial para conocer y decidir sobre la misma

Según lo regulado en el artículo 30 de la Constitución Política de 1991, “[q]uien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el H.C., el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas”.

Por su parte, la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006, “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, en el artículo primero, define el H.C. como un derecho fundamental y, a su vez, como una acción constitucional “que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente”.

De la misma manera, el artículo 2° de la misma normativa establece la competencia para conocer y resolver la anotada acción, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

“1. Son competentes para resolver la solicitud de H.C. todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público.

  1. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de H.C..

Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de H.C., deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente -o del municipio más cercano- de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello”.

Antes de la revisión previa de constitucionalidad realizada por la Corte Constitucional, el numeral 2° del artículo 2° del proyecto de ley estatutaria N° 284/05 Senado y N° 229/04 Cámara, contemplaba que “si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de H.C. se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación”. Este aparte fue declarado inexequible mediante sentencia C-187 de 2006[3], tras considerar que se cercenaba al interesado su facultad constitucional de invocar su derecho “ante cualquier autoridad judicial”. El resto de la disposición fue declarada exequible al verificar que se encontraba en perfecta armonía con el precepto superior que regula este derecho-acción.

En ese orden de consideraciones, es claro que una interpretación sistemática del texto sometido a revisión, conduce a establecer que la petición únicamente podrá ser presentada en primera instancia ante jueces individuales o ante corporaciones con jerarquía equivalente a la de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, último supuesto en el que será repartido el asunto de manera inmediata y resuelto por decisión de Magistrado Ponente.

En lo que respecta a los órganos límite de las jurisdicciones, particularmente la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, sólo están habilitados para conocer y decidir en segunda instancia sobre las impugnaciones contra providencias de Magistrados de Tribunal que nieguen la solicitud de libertad.

También quedó precisado que los jueces de paz, la jurisdicción indígena, la Fiscalía General de la Nación, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, no tienen competencia para asumir el conocimiento de la acción de H.C..

En suma, “la autoridad judicial encargada de conocer de esta clase de petición integra una jurisdicción constitucional difusa, encargada de velar por el derecho a la libertad de las personas[4]”.

2.2. Incompetencia de la Corte Constitucional para conocer de la acción de H.C.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución Política, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, “en los estrictos y precisos términos de este artículo”, razón por la cual esta Corporación debe ceñirse de manera estricta a ese marco competencial.

De esta manera, en las funciones otorgadas a este Tribunal en los precisos términos del precepto constitucional citado, no se encuentra el conocimiento de la acción constitucional de H.C., parámetro formal que permite declarar la incompetencia en este tipo de asuntos, lo cual se justifica en la medida en que se desconocería el principio de la doble instancia.

A propósito de la incompetencia de este Tribunal, la sentencia C-187 de 2006 sostuvo que como “órgano supremo de la jurisdicción constitucional y respecto de la cual no existe superior funcional, carece de competencia para conocer de la acción de H.C., pues el peticionario no contaría con una autoridad judicial ante quien tramitar una eventual segunda instancia. Teniendo en cuenta la estructura orgánica de la jurisdicción constitucional, resulta lógico que el Tribunal Constitucional no esté facultado para conocer de la petición de H.C. en ningún caso”.

Así las cosas, son dos las razones fundamentales por las cuales esta Corporación es incompetente para conocer tanto de la acción de H.C. y de su impugnación: (i) en el artículo 241 superior se establecieron las funciones atribuidas a la Corte y, en las mismas, no se asigna la de conocer y resolver esta clase de acciones constitucionales y (ii) por no ser superior funcional jerárquico de los jueces competentes para conocer de esta acción constitucional, pues para ello se sigue la estructura de las distintas jurisdicciones.

3.3. Solución del caso concreto

El señor C.F.C.L., quien afirma encontrarse recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, promueve acción constitucional de H.C. con el fin de obtener una decisión judicial en el sentido de “(…) decretar o declarar a mi favor el H.C. y por consiguiente darme mi libertad inmediata.”[5]

Como se indicó en el acápite de consideraciones de esta providencia, la Corte Constitucional no tiene la competencia para adelantar el trámite de H.C., en tanto se trata de un asunto que la Carta Política no le atribuyó de manera explícita. A eso se agrega, que se enervaría la garantía de doble instancia prevista en el artículo 29 superior, debido a que como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional no cuenta con superior funcional.

Así las cosas, teniendo en consideración el factor territorial precisado por esta Corporación en la sentencia C-187 de 2006[6], “en virtud del cual conocerá de la petición la autoridad con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos”[7], o lo que es lo mismo, “en el lugar donde la persona se encuentre privada de la libertad”[8], se dispondrá la remisión de la acción constitucional de H.C. iniciada por el señor C.F.C.L., a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán (reparto), a fin de que se dicte la decisión de mérito a que haya lugar, con la debida prelación constitucional.

Con fundamento en las razones expuestas, la Presidenta de la Corte Constitucional,

RESUELVE

PRIMERO.- RECHAZAR por falta de competencia la acción constitucional de H.C., presentada directamente ante la Corte Constitucional por el señor C.F.C.L..

SEGUNDO.- REMITIR la acción de H.C. presentada por el señor C.F.C.L., a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán (reparto), a fin de que se adelante el trámite de rigor que corresponda de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política, la Ley 1095 de 2006 y la sentencia C-187 de 2006.

TERCERO.- ADVERTIR a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, que la acción constitucional de H.C. puede ser invocada en todo tiempo, conforme lo establece el artículo 30 de la Constitución Política.

  1. y cúmplase.

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta

Secretaria General

[1] Escrito contentivo de la acción de hábeas corpus, folio 6.

[2] Escrito contentivo de la acción de hábeas corpus, folio 6.

[3] M.P.C.I.V.H.

[4] Cfr. Sentencia C-187 de 2006.

[5] Escrito contentivo de la acción de hábeas corpus, folio 6.

[6] Que efectuó el control de constitucionalidad al proyecto de ley estatutaria (ahora Ley 1095 de 2006).

[7] Esta subregla que ha precisado la jurisprudencia de este Tribunal, se justifica en la necesidad de que (i) el juez cuente con la posibilidad inmediata de visitar a la persona en el lugar en el que está privada de la libertad; (ii) puede entrevistar con mayor agilidad a las autoridades que han intervenido en el caso; (iii) facilita la inspección de los documentos que se requieran y (iv) permite practicar en el lugar las diligencias que sean del caso “para el esclarecimiento de los hechos”.

[8] Cfr., C-187 de 2006.

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