Auto nº 273/16 de Corte Constitucional, 29 de Junio de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 701401241

Auto nº 273/16 de Corte Constitucional, 29 de Junio de 2016

Ponente:GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Fecha de Resolución29 de Junio de 2016
EmisorCorte Constitucional
ExpedienteICC-2408

Auto 273/16

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio y el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca.

Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO

  1. La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[1], a menos que, no obstante que este exista, se trate de situaciones en las que se evidencie tardanza en la adopción de una decisión de fondo sobre derechos fundamentales, caso en el cual se impone que esta Corte dirima el asunto en aras de privilegiar la tutela judicial pronta y efectiva (art. 229 de la C.P.)

  2. El señor A.M.V., a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S., Occidental de Colombia LLC, Positiva ARL y Saludcoop EPS, en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la vida digna, presuntamente vulnerado por esas compañías.

  3. El 9 de septiembre de 2015, la oficina judicial de Villavicencio asignó el asunto al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de esa ciudad quien, a través de auto del 11 de septiembre de la misma anualidad, decidió declararse sin competencia pues, del escrito de tutela y de las pruebas aportadas al expediente, se evidencia que la empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S. tiene domicilio en la ciudad de Arauca y que, en aras de garantizar su derecho de defensa, son los jueces del circuito de Arauca, los llamados a resolver el asunto. Así las cosas, ordenó remitir el expediente a los operadores judiciales del circuito de Arauca para lo de su competencia.

  4. Así pues, dando cumplimiento a lo ordenado, la oficina judicial de Arauca, repartió el asunto al Juzgado Laboral del Circuito quien, a través de auto del 16 de septiembre de 2015, se opuso a las consideraciones por las cuales el juez de Villavicencio envió la diligencia a ese despacho. En su sentir, debía respetarse la elección que, a prevención, realizó el demandante. Así mismo, consideró errado que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio, hubiera decidido omitir que el accionante reside en esa misma ciudad y que los efectos de la presunta vulneración se desarrollan allí. Por consiguiente, provocó el conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta Corporación.

  5. Tanto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[2], como el artículo 1° el Decreto 1382 de 2000[3], señalan que la competencia para conocer de una acción de tutela la tiene, a prevención,[4] cualquier funcionario judicial del lugar donde ocurra la violación o la amenaza al derecho fundamental, o a elección del demandante, el juez con jurisdicción donde se producen sus efectos (competencia territorial)[5] y que “los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquellos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de1991”[6] .

  6. En relación con la definición del régimen de competencias, la Corte Constitucional ha sostenido que sólo existe una regla sobre el particular en materia de tutela y es la referente a las acciones de amparo dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, cuyo conocimiento le corresponde a los jueces del circuito[7] (Decreto 2591 de 1991, art. 37).

  7. Esta Corporación ha sostenido que en virtud del principio pro homine “son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de tutela, a saber:“(i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados, (ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, (iii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados”[8].

  8. Según las direcciones de notificación aportadas en el escrito de tutela, el domicilio del accionante y su apoderado es la ciudad de Villavicencio, mientras que la de Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S., es la ciudad de Arauca. En ese sentido, los dos operadores judiciales resultan competentes para conocer el asunto. No obstante lo anterior, comoquiera que el accionante eligió interponer la acción de tutela ante los jueces de su lugar de domicilio, se respetará su elección.

  9. Por consiguiente, la Sala Plena procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio para que, de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. Así las cosas, en virtud de lo expuesto:

RESUELVE

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 11 de septiembre de 2015 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio, dentro del expediente ICC-2408.

SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio el expediente ICC-2408, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, dentro de la acción de tutela formulada por A.M.V. contra Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S, Occidental de Colombia LLC, Positiva ARL y Saludcoop EPS.

TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado Laboral del Circuito de Arauca.

N., comuníquese y cúmplase.

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO

Magistrada

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] Ver, entre otras, las siguientes providencias: A-243 de 2012 M.P.L.G.G.P., A-004 de 2013 (M.P.N.P.P.) y A-015 de 2013 M.P.M.V.C.C..

[2] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

[3] “Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”.

[4] El término “competencia a prevención”, según la posición desarrollada por este Tribunal en autos como el 061 de 2011, significa que “cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y el 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido el escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante”.

[5] En Sentencia del 18 de julio de 2002, la Sección Primera del Consejo de Estado, estudió la expresión «o donde se produjeren sus efectos», inserta en el inciso primero del artículo del Decreto 1382 de 2000 y referida a los efectos de la violación de los derechos fundamentales, expresión que había sido demandada en acción de nulidad porque presuntamente introducía un nuevo factor de competencia territorial, no establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. En ese sentido, la Sala Plena de tal Corporación se pronunció en favor de la legalidad de tal disposición, “(…) interpretándola en el sentido de que el lugar donde se produce la violación o amenaza al derecho fundamental no sólo es aquel donde se despliega la acción o se incurre en la omisión, sino también adonde alcanzan los efectos de tales conductas.” Manifestó el Consejo de Estado, que la misma Corte Constitucional en Sentencia T-574 de 1994, había hecho referencia a la cuestión sobre la competencia para conocer solicitudes de tutela, cuando sus motivos se relacionaban con los efectos de actos expedidos por organismos que ejercían su autoridad a nivel nacional. “Aclaró que, pese a que dichos organismos tienen su sede en un determinado lugar desde donde profieren sus actos, éstos producen efectos en diferentes partes del país, de manera que si comprometen derechos fundamentales, la competencia para conocer de la demanda será de los jueces con jurisdicción en el lugar en que se concretaron los perjuicios o en que amenacen producirse”. (Subrayó el Consejo de Estado)// “Así entendida, la disposición reglamentaria ya está implícita en el precepto reglamentado, pues el lugar donde se produzcan los efectos de la conducta lesiva del derecho es así mismo el lugar donde se produce su violación.”

[6] Corte Constitucional, Auto 063 del 19 de marzo de 2014 M.P.M.G.C..

[7] Ver entre otras las siguientes providencias: A-215 de 2015 (M.P.G.S.O.D., A-034 de 2015 (M.P.L.G.G. y A-093 de 2014 (M.P.L.G.G.P..

[8] Corte Constitucional A365-15

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