Auto nº 293/16 de Corte Constitucional, 13 de Julio de 2016

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de nulidad de la sentencia T-309 del 2014, proferida por la S. Séptima de Revisión.

SEGUNDO: Contra este pronunciamiento no procede recurso alguno.

N. y cúmplase,

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado Magistrado

Con aclaración de voto

G.E.M.M. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrado Magistrada

Con aclaración de voto

J.I. PALACIO PALACIO J.I.P.C.

Magistrado Magistrado

Con aclaración de voto

A. ROJAS RÍOS LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado Magistrado

Con salvamento de voto Con aclaración de voto

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO G.E.M.M. AL AUTO 293/16

Ref.: Solicitud de nulidad de la sentencia T-309 de 2014

Expediente: T-4207196

Acción de tutela instaurada por D.S.C. en contra de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y otro.

Magistrado Ponente:

J.I.P.C.

Mi aclaración de voto en el asunto de la referencia tiene como fundamento la siguiente consideración: El motivo que sustentó la solicitud de nulidad, fue la valoración que dio el incidendista a una "aclaración de voto", a la cual le atribuyó el carácter de "salvamento de voto", en virtud de las expresiones que en él se consignaban lo que implicaba, a su entender, que la decisión no hubiese sido adoptada por la mayoría correspondiente. Tal planteamiento realmente ameritaba un estudio de fondo y no un rechazo del incidente por resultar extemporáneo, en vista de que, a mi juicio, ciertamente, solo con la publicación de la "aclaración de voto" que se estimó como "salvamento de voto" resultaba posible que el articulista hubiese podido esbozar el asunto. Si la aclaración de voto cuestionada realmente hubiese sido un "salvamento de voto" y la decisión no hubiese tenido mayoría, tal cuestión resultaría irrefutable en cuanto a que solo con la publicación del salvamento se tendría conocimiento de la configuración de dicha causal de nulidad. Por tanto el término para invocarla principiaba con dicha publicación. Vistas así las cosas el rechazo del incidente no era lo procedente sino el estudio de fondo del asunto el cual también se hizo en el proveído de que aquí se trata concluyéndose que la aclaración de voto si era tal, con base en el reiterado apoyo que el magistrado que la suscribe dio a la decisión respectiva y en vista de que el suscrito advierte que en ese sentido las motivaciones del presente proveído son acertadas por lo que acompaño la parte resolutiva que niega la nulidad. Esto es, no porque el incidente sea extemporáneo sino considerando que al articulista no le asiste la razón.

Fecha ut supra,

G.E.M.M.

Magistrado

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO J.I. PALACIO PALACIO

AL AUTO 293/16

Referencia: Solicitud de nulidad de la Sentencia T-309 de 2014.

Magistrado Ponente:

J.I.P.C.

Con el respeto acostumbrado por las decisiones que toma esta Corporación, me permito hacer explícitas las consideraciones que me llevaron a salvar el voto en el Auto 293 de 2016.

1. A través de la sentencia T-309 de 2014 la Corte Constitucional conoció de la acción de tutela interpuesta por D.S.C. contra la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al haber incurrido supuestamente en un defecto fáctico y sustantivo en el proceso penal seguido en su contra.

   Expuso que el 14 de agosto de 2012 la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo condenó a 8 años de prisión por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, decisión que revocó la sentencia absolutoria emitida en primera instancia por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá. Contra esta decisión interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue inadmitido bajo el argumento que los cargos carecían de fundamentación.

2. A partir de esta situación presentó acción de tutela al considerar que con dichas decisiones le fueron vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad personal. Señaló los siguientes defectos: (i) fáctico por la vulneración de las garantías en la realización y la valoración de las entrevistas realizadas a sus hijas; y (ii) sustantivo al desconocer el principio de congruencia al condenársele por hechos no mencionados en la formulación de imputación ni en el escrito de acusación.

   En la sentencia T-309 de 2014 la S. Séptima de Revisión de Tutelas, como precisión previa, señaló que el análisis constitucional se centraría específicamente en lo decidido por el Tribunal Superior en segunda instancia, por lo que dejó de lado la actuación surtida por la S. de Casación Penal.

   En cuanto al fondo del asunto, se determinó que en este caso no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, toda vez que hubo una adecuada valoración del material probatorio y se respetó cabalmente el principio de congruencia en materia penal.

3. El actor presentó solicitud de nulidad con base en la causal de ausencia de mayorías en la adopción de la sentencia, por cuanto los Magistrados A.R. en su salvamento de voto y L.E.V. en su aclaración de voto, señalaron que en casos como el expuesto era necesario que la Corte Suprema de Justicia realizara un estudio de fondo del asunto. En este sentido, estimó que la decisión de la S. de Revisión estaba enfocada a dar trámite al recurso extraordinario de casación y no a negar la acción de tutela.

   En relación con los presupuestos formales para la procedencia de la petición anulatoria, informó que la misma fue presentada en término, teniendo en cuenta que la ejecutoria debía empezar a correr desde el momento en que se notificaron el salvamento y la aclaración de voto, por ser necesarios para un análisis integral de la sentencia.

4. Mediante el Auto 293 de 2016, la S. Plena negó la solicitud de nulidad por haber sido presentada de manera extemporánea, debido a que tener en cuenta la fecha de notificación del salvamento o de la aclaración de voto, implicaría cambiar completamente las reglas sobre la oportunidad de presentación ante la Corte Constitucional.

5. Si bien comparto la decisión adoptada por la mayoría, considero importante hacer unas precisiones en cuanto a lo afirmado en el auto anulatorio.

   5.1. El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 prevé que "contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno'" y que las nulidades de los procesos ante la Corte solo podrán alegarse antes de proferido el fallo, "únicamente por violación al debido proceso". No obstante, cuando la irregularidad alegada nace de la misma sentencia, esta Corporación ha admitido la posibilidad de solicitar su nulidad con posterioridad a su emisión.

   Significa lo anterior que, como regla general, contra las decisiones dictadas por cualquiera de las S.s de esta Corporación no procede recurso alguno, siendo viable, de conformidad con los parámetros dados por el legislador extraordinario, que la nulidad pueda ser alegada antes de proferido el fallo, siempre y cuando se trate de irregularidades superlativas y ostensibles (Decreto 2067 de 1991, Art. 49[41]).

   Vale advertir que el mencionado artículo 49 hace alusión a la posibilidad de solicitar la anulación de todo el proceso o solo una de sus partes. En desarrollo de este precepto la Corte indicó que también era posible pedir la nulidad de las sentencias y sus actos subsiguientes, lo que incluye su proceso de documentación.

   En este contexto, excepcionalmente sería posible que se configurara una causal de nulidad a partir de las consideraciones posteriores consignadas por los magistrados que integran la S., tal sería el caso en que por equivocación la sentencia se registre con aclaración y salvamento de voto, pero finalmente se consignen dos posiciones disconformes. En tal medida se configuraría una irregularidad debido a que la solución del caso no atiende a la posición real de los magistrados, con lo cual no se contaría con el número mínimo para su aprobación.

   Entonces, como el desconocimiento al debido proceso únicamente se presentaría al consignarse dos salvamentos de voto, la nulidad solo podría ser alegada con posterioridad a esta situación y no dentro del término de ejecutoria de la sentencia.

   Así para debates futuros, si se llegare a presentar esta situación, correspondería a la Corte establecer el límite para medir el margen de extemporaneidad del escrito anulatorio, ya que la irregularidad se materializa única y exclusivamente con los salvamentos de voto efectivamente consignados.

   Sin embargo, como se dejó sentado en este caso, la decisión se produjo con un voto a favor, una aclaración y un salvamento de voto, con lo cual se cumplió a cabalidad con el requisito de mayorías para decidir.

   5.2. Ahora bien, descendiendo al fondo del asunto, es importante aclarar que en el trámite de revisión, la S. pudo desarrollar un mayor análisis en orden a establecer una eventual vulneración de los derechos fundamentales del actor a partir de la negación de acceder al recurso de la casación.

   En este proceso, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de advertir que el actor había recibido sentencia condenatoria por primera vez en segunda instancia y no contó con la oportunidad de impugnar esa decisión.

   Vale destacar que el derecho a la impugnación se encuentra previsto en tres disposiciones de la Carta Política, así: (i) el artículo 29, al definir los lineamientos básicos del derecho al debido proceso, establece que "toda persona (...) tiene derecho (...) a impugnar la sentencia condenatoria "; (ii) por su parte, en el marco de las garantías judiciales, el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que "toda persona inculpada de delito tiene el (...) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior"; y (iii) el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley ". En esa medida, se trata de un derecho constitucional y convencional, cuyo sujeto activo es la persona que ha sido condenada en un proceso penal[42].

   Sobre el caso en concreto, se tiene que el acusado fue absuelto en la primera instancia y posteriormente condenado en la segunda, decisión contra la cual no le quedaba ningún recurso ordinario, exclusivamente la demanda de casación que finalmente fue rechazada. Este escenario debió conducir a la Corte Constitucional a adelantar un estudio más profundo sobre la decisión de la S. de Casación Penal.

   Aunado a lo anterior, es indispensable tener en cuenta que la casación es un mecanismo de control legal y constitucional que ejerce la Corte Suprema de Justicia, el cual debe alcanzar una serie de requisitos exigidos por la ley para su admisión, por lo que en caso de no cumplirse dicha Corporación está facultada para inadmitirlo. En este sentido, teniendo en cuenta sus requerimientos y fines, no es viable sujetar a un criterio puramente discrecional de la admisión o inadmisión de estas demandas.

   Sobre la valoración previa para la inadmisión del recurso extraordinario, en la SU-635 de 2015, este Tribunal Constitucional afirmó que en la etapa de admisibilidad se efectúa un control doble, en primer lugar se verifican las cuestiones formales, esto es, la legitimación del demandante para recurrir el fallo en cuestión y los requisitos de forma de la demanda, y en segundo lugar se estudia si la actuación procesal y las sentencias demandadas han transgredido garantías fundamentales de los intervinientes del proceso, lo cual constituye un control oficioso de garantías.

   Agregó también que la demanda de casación debe admitirse a pesar de no cumplir con las exigencias formales en aquellos casos donde la S. Penal de la Corte Suprema evidencie que se vulnera un derecho fundamental que debe hacerse respetar o restaurar haciendo privilegiar "los fines sobre las formas " y aplicando el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal en virtud del cual le es permitido destacar los fines del recurso de cara a los requisitos formales[43]. Además, la casación no solo es un mecanismo de control legal, sino que envuelve un control constitucional que tiene como finalidad: (i) alcanzar la efectividad del derecho material; (ii) lograr el respecto de las garantías fundamentales; (iii) reparar los agravios inferidos; y (iv) permitir la unificación de la jurisprudencia[44].

   En ese caso se inadmitió el recurso extraordinario de Casación al concluir que (i) la valoración probatoria alegada por el accionante no cumplía con los requisitos de lógica y censura de dicho recurso; (ii) que la supuesta incongruencia entre la decisión y la imputación no existía; y (iii) que la falta de pruebas que alegó el accionante no tuvieron incidencia en la decisión adoptada.

   A partir de las condiciones asunto sometido a consideración de la Corte donde se encuentra una tensión entre los derechos a libertad y formación sexual de los menores de edad, respecto del debido proceso, defensa, acceso a la justicia, y libertad personal del procesado, de cara a una duda razonable sobre su inocencia, ameritaba un pronunciamiento de fondo por parte de la S. de Casación Penal y no limitar su estudio a el proceso de inadmisión de dicho recurso extraordinario.

   En esa medida, considero que la S. de Revisión al momento de proferir la sentencia T-309 de 2014, no debió dejar de lado el análisis de la actuación desplegada por la S. de Casación Penal, toda vez que tenía especial incidencia en la protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante, teniendo en cuenta que la omisión en el estudio de fondo de la demanda de casación fue pieza fundamental en el ejercicio de la acción de tutela.

   Fecha ut supra,

   J.I. PALACIO PALACIO

   Magistrado

   SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

   A. ROJAS RÍOS

   AL AUTO 293/16

   Referencia: Expediente T-4.207.196

   Solitud de nulidad de la Sentencia T-309 de 2014 proferida por la S. Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional.

   Magistrado Ponente:

   J.I.P.C.

   Hago explícitas las razones que me llevaron a salvar el voto en la providencia asumida en esta oportunidad por la Corte Constitucional. Disiento de la decisión de NEGAR la solicitud de nulidad de la Sentencia T-309 de 2014, adoptada en el Auto 293 de 2016, toda vez que consideramos que en el presente asunto la S. Plena debía declarar la misma de forma oficiosa, al constatarse la omisión del análisis de un asunto de relevancia constitucional.

   Insistimos en el deber de la Corte Constitucional, como garante de la materialización de los preceptos y principios constitucionales, de propender con plenitud y sin excepción alguna por la efectividad de los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa, a la impugnación de sentencias condenatorias y al recurso extraordinario de casación, de toda persona que sea declarada culpable de un delito.

   Con el fin de fundamentar el presente salvamento de voto, abordaré los siguientes ejes temáticos: (i) los antecedentes relacionados con lo resuelto por esta Corporación en el Auto de la referencia; (ii) los presupuestos formales y materiales que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional; (iii) la omisión de analizar asuntos de relevancia constitucional, como una de las causales de nulidad de las sentencias dictadas por esta Corte; (iv) la ineficacia de los recursos contra el fallo de segunda instancia y su estrecha relación con el derecho a impugnar la sentencia condenatoria; (v) la facultad de la Corte Constitucional para decretar de oficio la nulidad de sus sentencias ante irregularidades que impliquen violación del debido proceso; y por último, (vi) el cumplimiento de las condiciones exigidas para declarar de oficio la nulidad de la Sentencia T-309 de 2014.

   Con el debido respeto por la decisión mayoritaria de la S. Plena de la Corte Constitucional, paso a exponer las razones por las cuales salvo el voto emitido en relación con la determinación adoptada en el auto de la referencia.

1. Decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia T-309 de 2014 y en el Auto 293 de 2016

   La Sentencia T-309 de 2014, dictada por la S. Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte, revisó los fallos proferidos, en primera y segunda instancia por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la acción de tutela interpuesta por D.S.C.[45] contra la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

   Los antecedentes de la decisión y de su ratio decidendi se resumen a continuación:

   1.1. Resumen de los hechos

   El señor D.S.C. fue condenado a ocho (8) años de prisión por el delito de acto sexual abusivo agravado en concurso homogéneo y sucesivo respecto de sus dos (2) hijas menores, mediante Sentencia del catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012) de la S. Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la cual revocó el fallo absolutorio del nueve (9) de marzo de dos mil doce (2012), proferido por el Juzgado 19 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

   Contra la decisión en mención, se interpuso recurso extraordinario de casación, por considerar que (i) se configuró una violación indirecta de la ley sustancial, por presuntos errores de hecho cometidos en la valoración de las pruebas periciales. Adicionalmente, se afirmó (ii) el irrespeto al principio de congruencia en materia penal, afectando así las garantías del procesado; por último, (iii) la ausencia de motivación de la sanción, vulnerando con ello el derecho de defensa.

   El mencionado recurso fue inadmitido mediante providencia del veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013) por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al concluir que el accionante no presentó una línea argumentativa a fin de demostrar las presuntas violaciones. Se indicó que los cargos carecían de la correspondiente fundamentación y que por los precarios argumentos esbozados, sólo se pudo evidenciar una particular forma de apreciar la acusación y los hechos sobre los cuales se edificó el reproche penal en contra del actor.

   Con base en lo anterior, D.S.C. formuló acción de tutela contra dichos fallos al considerar que le fueron vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad personal. Aduce que, tanto en la sentencia de la S. Penal del Tribunal Superior de Bogotá, como en la de la Corte Suprema de Justicia los jueces incurrieron en los siguientes errores: (i) defecto fáctico, debido a la vulneración de las garantías en la realización y la valoración de las entrevistas realizadas a sus hijas, las cuales no fueron debidamente evaluadas, pues únicamente se tuvieron en cuenta, de forma descontextualizada, los apartes que perjudicaban al accionante; y, (ii) violación del debido proceso por haberse desconocido el principio de congruencia al condenársele por hechos no mencionados en la formulación de imputación ni en el escrito de acusación.

   1.2. Decisiones de instancias

   En sentencia del nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013), la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados por D.S.C.. Consideró que si bien el accionante formuló recurso de casación contra la sentencia que era adversa, no se observó que hubiese efectuado una debida argumentación y fundamentación de su pedimento. Por tal razón, el recurso de casación fue inadmitido, no como consecuencia de una decisión arbitraria de dicha corporación, sino del inadecuado uso del recurso para cuestionar el fallo condenatorio.

   Mediante Sentencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013), la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la presente acción de tutela. Se argumentó que debido a la falta de técnica de la demanda de casación, no era de recibo que el actor pretendía ahora, a través de la tutela, subsanar su indebido uso del recurso con que contaba.

   1.3. Decisión de la Corte Constitucional

   Mediante Sentencia T-309 de 2014, la S. Séptima de Revisión de la Corte Constitucional tras estudiar el expediente de tutela T-4.207.196, concluyó que el fallo condenatorio censurado por el accionante, no presentó, en modo alguno, defecto fáctico, pues como se comprobó en la referida providencia, las pruebas allegadas al proceso penal seguido en contra del actor, fueron debidamente valoradas permitiendo al juez llegar a un fallo congruente, razonable y consecuente con lo probado.

   La S. Séptima de Revisión consideró que el principio de congruencia no fue vulnerado en la decisión de segunda instancia, pues tanto en la formulación de imputación, como en la de acusación, no se circunscribieron los hechos a una sola fecha en particular, sino al abuso sucesivo de las menores de edad por su padre. Aún más, como se observó en las diferentes audiencias, los relatos de las menores aluden a situaciones de carácter sexual respecto de los cuales no señalan un día exacto en los que tuvieron ocurrencia.

   La Corte Constitucional concluyó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante, en razón a que se valoró de manera adecuada el material probatorio aportado al proceso, y se respetó cabalmente el principio de congruencia en materia penal.

   En consecuencia, la S. revocó los fallos de tutela proferidos el nueve (9) de agosto por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y el dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013) por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y en su lugar, negó la acción de tutela presentada por el señor D.S.C. contra la S. Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

   1.4. La solicitud de nulidad de la sentencia T-309 de 2014

   Mediante escrito radicado el veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015) en la Secretaría General de esta Corporación, el accionante solicitó la nulidad de la Sentencia T-309 de 2014. Lo anterior, tras considerar que se presentó ausencia de mayorías en la adopción de la sentencia. A juicio del actor, desde un punto de vista formal, se cumplió con la mayoría, sin embargo, desde una óptica material no ocurrió lo mismo en tanto la Sentencia fue objeto de aclaración de voto del magistrado L.E.V.S. y salvamento de voto del magistrado A.R.R..

   Mediante Auto 293 de 2016, esta Corporación decidió: “DENEGAR la nulidad de la sentencia T-309 de 2014, proferida por la S. Séptima de Revisión.” En sustento de esa decisión, la S. Plena concluyó que la petición de nulidad de la Sentencia T-309 de 2014 fue extemporánea, por lo cual no se cumplió con la totalidad de los requisitos de procedibilidad de la solicitud. Adicionalmente, se observó que la decisión fue tomada por la mayoría requerida, contrario a lo alegado por el peticionario.

   Advirtió que la Sentencia T-309 de 2014, fue notificada al accionante y a su apoderado el once (11) de febrero de dos mil quince (2015), por lo cual, el término de ejecutoria de la referida providencia venció el dieciséis (16) de febrero de ese año. Sin embargo, la solicitud de nulidad fue presentada el veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015), momento en el cual ya se había vencido el término.

   Para la S. Plena, la solicitud de nulidad de la referencia carece de carga argumentativa, pues confunde los conceptos de salvamento y aclaración de voto, al señalar equivocadamente que a través de esta última un magistrado puede expresar su oposición frente a la decisión que se adopta en una sentencia afectando las mayorías requeridas para la misma.

   Al no hallarse acreditada la causal de nulidad invocada por el peticionario, la Corte negó la solicitud de nulidad de la Sentencia T-309 de 2014, mediante el Auto 293 del trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016).

2. Presupuestos formales y materiales que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional

   La jurisprudencia constitucional ha señalado como requisitos formales de procedibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por esta Corporación, los siguientes:

1. Que la solicitud de nulidad se proponga de manera oportuna, esto es, dentro de los tres (3) días contados a partir de la notificación de la sentencia. Si la nulidad tiene origen en un vicio anterior al fallo “sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” (Art. 49 Decreto 2067 de 1991); de lo contrario, quienes hayan intervenido durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda legitimidad para invocarla. De la misma forma, vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada.

2. Quien presente la solicitud de nulidad debe contar con legitimación por activa para tal efecto, es decir, debe ser elevada por quien haya sido parte en el trámite del amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión.

3. Quien alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de forma clara y expresa la violación al debido proceso y la incidencia en la decisión proferida. Esto significa que no es suficiente expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la S. que obedezcan al desacuerdo o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada.

4. Adicional a los anteriores presupuestos, se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que sean utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación al debido proceso por parte de la S. de Revisión es “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (resalta la Corte)”.[46]

   Ahora bien, esta Corporación ha identificado los requisitos materiales o causales de nulidad de las sentencias proferidas por este Tribunal:[47]

1. Cuando una S. de Revisión se aparta del criterio de interpretación o de la posición jurisprudencial fijada por la S. Plena de la Corte Constitucional frente a una misma situación jurídica. Esto, debido a que, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 establece que los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la S. Plena de la Corte.

2. Cuando las decisiones no sean adoptadas por las mayorías legalmente establecidas. Esto ocurre en los casos en que se dicta sentencia sin que haya sido aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo 05 de 1992 y la Ley 270 de 1996.

3. Cuando se presente una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, la cual genere incertidumbre respecto del alcance de la decisión proferida. Un ejemplo de ello son las decisiones ininteligibles, las contradictorias o las que carecen totalmente de fundamentación en la parte motiva.

4. Cuando en la parte resolutiva de la sentencia se profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa.

5. Cuando la S. de Revisión desconoce la existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presenta de parte de ésta es una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas por la Constitución y la ley.

6. Finalmente, cuando, de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos trascendentales para el sentido de la decisión.[48]

3. La omisión de analizar asuntos de relevancia constitucional como una de las causales de nulidad de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional. Breve caracterización

   Mediante Auto 031A de 2002,[49] la S. Plena de esta Corporación estableció algunas pautas jurisprudenciales respecto del alcance y configuración de la causal de nulidad en mención, de las cuales, es pertinente resaltar las siguientes:

   La Corte señaló que el análisis en sede de revisión, ya sea el efectuado por las S.s de Revisión o por el Pleno de este Tribunal, no puede omitir lo siguiente: (i) los asuntos con relevancia constitucional; y (ii) el estudio de puntos que claramente llevarían a una decisión distinta. Frente a lo primero, indicó que se justifica ante la necesidad de abordar los elementos necesarios para una valoración constitucional recta y transparente que no está subordinada a los elementos del caso concreto sino a la trascendencia del debate constitucional. En cuanto a lo segundo, sostuvo que se debe a razones de justicia material y prevalencia del derecho sustancial, especialmente, tratándose de la protección de derechos fundamentales.

   En relación con lo anterior, esta Corporación consideró:

   “Sobre aquellos asuntos que no fueron planteados expresamente en el proceso y que no tengan incidencia directa en la decisión, puede la Corte abordar su estudio con un menor rigor que sobre otros aspectos abiertamente tratados durante el trámite de la acción, pues debe entenderse que el debate constitucional para cada caso concreto corresponde a los jueces de instancia, lo cual no excluye la posibilidad de que la Corte, en aras a precisar el alcance de los derechos fundamentales, aborde el análisis de esos asuntos si lo considera relevante desde una perspectiva sistémica. En estas condiciones, los elementos accesorios no exigen una fuerte carga motiva, ni menos aún que ella deba ser abordada in extenso.”[50]

   Con respecto a esta causal de nulidad, la Corte ha señalado que las salas de revisión no tienen el deber de estudiar en detalle todos los aspectos planteados por el actor en su solicitud de tutela, toda vez que goza de una razonable discrecionalidad para delimitar los temas que en el caso concreto ameritan un examen en sede de revisión.

   Lo expuesto en precedencia no quiere decir que la Corte cuente con la posibilidad de dejar de lado el estudio de asuntos con relevancia constitucional, ya que existe la necesidad de abordar los elementos necesarios para una valoración constitucional recta y transparente. Así mismo, no puede dejar de analizar puntos que claramente llevarían a que la S. de Revisión tomara una decisión diferente, atendiendo razones de justicia material y prevalencia del derecho sustancial.

   En suma, la Corte en sede de revisión goza de una razonable discrecionalidad para delimitar la controversia constitucional, por lo que no es una vulneración del debido proceso, susceptible de generar una nulidad, el simple hecho de que la sentencia proferida por una sala de revisión haya omitido el examen de algún punto planteado en la demanda, o no lo haya estudiado con detalle. Para que se configure la causal de omisión de análisis de asuntos de relevancia constitucional, es necesario evidenciar de manera clara que de haberse analizado determinados aspectos, la sala de revisión hubiese llegado a una decisión diferente.

4. Asunto de relevancia constitucional: Ineficacia de recursos contra el fallo de segunda instancia y su estrecha relación con el derecho a impugnar la sentencia condenatoria

   La Corte Constitucional en Sentencia C-371 de 2011 consolidó como derecho la impugnación del fallo condenatorio en materia penal. Al respecto, concluyó que:

   “En materia penal, el derecho a apelar la sentencia condenatoria adquiere carácter fundamental, lo que implica que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente. No basta, en consecuencia, la consagración formal de una oportunidad para impugnar, sino que el juez y quienes intervienen en el proceso, han de asegurar que el procesado efectivamente pueda hacerlo. Ello supone, (…) que quienes participen en el proceso han de respetar el ejercicio de tal derecho[51]”.

   El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su numeral 2º establece que “(t)oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) || h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. El contenido de tal derecho ha sido sintetizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente manera:

   “(D)icho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que “se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]”[52]. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a recurrir el fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado[53], ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado[54].”[55]

   Igualmente, el Alto Tribunal Internacional señaló que “(e)ste derecho permite corregir errores o injusticias que puedan haberse cometido en las decisiones de primera instancia, por lo que genera una doble conformidad judicial, otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. En concordancia con lo anterior, a efectos que exista una doble conformidad judicial, la Corte ha indicado que lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la sentencia recurrida.”[56]

   Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 estableció en el numeral 5 que “(t)oda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

   En Sentencia C-792 de 2014 la S. Plena analizó una demanda de inconstitucionalidad presentada contra varios artículos de la Ley 906 de 2004,[57] pues a juicio de la peticionaria, la normativa demandada no consagra el derecho a apelar los fallos que fijan una condena por primera vez en la segunda instancia en el marco de un proceso penal, y de esta forma, desconoce el principio de igualdad y el derecho al debido proceso.

   En esa oportunidad la Corte indicó sobre el derecho a la lo siguiente: (i) “el derecho a la impugnación se encuentra consagrado en los artículos 29 del texto constitucional, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP”; (ii) “es un derecho subjetivo de rango y jerarquía constitucional en cabeza de las personas condenadas en un juicio penal”; (iii) “otorga la facultad para controvertir la sentencia condenatoria, para que un mismo litigio sea resuelto en el mismo sentido por dos jueces distintos”; (iv) “atiende a la necesidad de garantizar la defensa plena de las personas que han sido condenadas en un proceso penal frente al acto incriminatorio, y a asegurar que mediante la doble conformidad judicial la condena sea impuesta correctamente”.

   Adicionalmente, la S. Plena precisó que “el ejercicio del derecho a la impugnación activa la segunda instancia, y se convierte, entonces, en la vía procesal que materializa el imperativo de la doble instancia judicial, y a la inversa, con la previsión de juicios con dos instancias se permite y se asegura el ejercicio del derecho a la impugnación”.[58]

   En relación con la materialización del derecho a la impugnación, esta Corporación en la sentencia precitada, indicó que se deben garantizar los siguientes estándares dentro del sistema recursivo diseñado por el legislador:

   “(i) el examen efectuado por el juez de revisión debe tener una amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio de todos los elementos normativos, fácticos y probatorios determinantes de la condena; (ii) el análisis del juez debe recaer primariamente sobre la controversia de base que dio origen al litigio judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo judicial como tal; (iii) debe existir un examen abierto de la decisión judicial recurrida, de modo que ésta pueda revocarse cuando del examen integral del caso se concluya que no hay lugar a la imposición de la condena, y no solo una revisión de la sentencia a luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia del recurso”.

5. La S. Plena de la Corte Constitucional está facultada para decretar de oficio una nulidad ante irregularidades que impliquen violación del debido proceso

   El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991,[59] preceptúa que contra las sentencias de esta Corporación no procede recurso alguno; sin embargo, indica que la nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. En esos eventos, la referida norma señala que: “Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.

   Esta Corporación, en autos 012 de 1996, 166 de 2007, 063 de 2004 y 058 de 2010, entre otros, reiteró que “tanto en los procesos de constitucionalidad como en los de tutela es procedente alegar la nulidad, antes de que se profiera el fallo, de manera extraordinaria, frente a irregularidades que afecten el debido proceso”.[60] Aclarando que “en ciertos eventos, ha aceptado que también puede invocarse después de proferida la sentencia en sede de revisión”.[61]

   No obstante, en la jurisprudencia referida, la Corte puntualizó que para ser decretada una nulidad debe tratarse de una situación especialísima, excepcional, notoria, significativa y flagrante de vulneración del debido proceso por quebrantamiento de las reglas procesales que rigen los trámites adelantados por la Corte Constitucional.

   La irregularidad debe estar probada y ser trascendente, esto es, que tenga repercusiones sustanciales y directas sobre la decisión adoptada o que esté por proferirse, y quien la alega tiene la obligación de exponer una carga argumentativa suficiente y razonada que demuestra el desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, pues el simple inconformismo o disenso del solicitante sobre las interpretaciones o actuaciones de esta Corporación, no constituye una causal de nulidad.

   Es ineludible la observancia del debido proceso en todas las actuaciones judiciales, tanto en la revisión de las decisiones de tutela como en todos los procedimientos que se adelantan en esta Corporación. En esa medida, la procedencia o no de una declaratoria de nulidad no está condicionada a que sea invocada por alguno de los intervinientes dentro del trámite respectivo, pues cuando se evidencia de forma flagrante la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, también hay lugar a su declaratoria de oficio.[62]

   Al respecto, en el Auto 050 de 2000[63] la Corte indicó que se debe proceder de oficio a declarar la nulidad de sus fallos, cuando (i) exista la necesidad de preservar el debido proceso en las decisiones de revisión que adopta esta Corte; y (ii) se encuentre un error que, no por ser involuntario deja de producir efectos jurídicos indeseados. Ante estas circunstancias, “el debido proceso garantizado en todas las actuaciones judiciales (art. 29 C.P.), debe ser observado con mayor razón y de modo más exigente en el seno de la Corte Constitucional, mucho más si se recuerda que, justamente a través de los fallos de revisión de tutelas, está llamada a velar por la efectividad y certeza de los derechos fundamentales”.

   En los eventos referenciados, corresponde a la Corte Constitucional, en concordancia con el artículo 29 superior, garantizar el debido proceso durante todas las actuaciones ante ella surtidas, en particular respetando las formas propias contenidas en los Decretos 2067 y 2591 de 1991 y en el Reglamento Interno de la Corporación.

   A continuación, se hará una breve referencia a algunos casos en los cuales de forma excepcional la Corte Constitucional ha declarado de oficio la nulidad de sus Sentencias, debido a la presencia de errores que, además de evidentes, afectan derechos fundamentales.

   En el Auto 050 de 2000, la Corte declaró de oficio la nulidad de la Sentencia T-157 de 2000, al verificar que existía una incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de la providencia. En esa oportunidad la S. precisó que el cambio del sentido de la ponencia sumado a un inadvertido yerro del Despacho ponente había generado el error de concordancia entre las consideraciones y la resolutiva de la sentencia.

   Posteriormente, en Auto 015 de 2007, el pleno de esta Corporación declaró de oficio la nulidad de la Sentencia T-974 de 2006, al verificar una ausencia de congruencia entre la parte motiva y parte parcial de la resolutiva, al punto que las hacía contradictoria.

6. Declaratoria de oficio de la nulidad de la Sentencia T-309 de 2014 por la vulneración del debido proceso

   En el Auto 293 de 2016, objeto del presente salvamento de voto, la S. Plena luego de realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de la Sentencia T-309 de 2014, el Magistrado Ponente concluyó que “no es cierto que pueda haber existido mayoría de votos en contra de la ponencia, pues se encuentra claramente demostrado que dos (2) magistrados compartieron la decisión y uno de ellos simplemente precisó algunas ideas sobre el caso”. Por lo anterior, la S. Plena de esta Corporación consideró que la sentencia atacada fue efectivamente aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre 15 de 1992 y la Ley 270 de 1996, como resultado de dicho análisis, la Corte decidió negar la solicitud de nulidad.

   Como lo sostuve al inicio de este salvamento, disiento de la decisión adoptada en el Auto 293 de 2016, por cuanto, considero que en esta oportunidad la S. Plena de la Corte Constitucional debía decretar de oficio la nulidad de la Sentencia T-309 de 2014. Ello, al evidenciarse una omisión de análisis respecto de un asunto de relevancia constitucional que tiene efectos trascendentales para el sentido de la decisión, esto es, la ineficacia de recursos contra el fallo de segunda instancia y su estrecha relación con el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. A continuación expongo las razones que configuraron un error en la resolución del asunto que origino el referido fallo y su evidente afectación al derecho fundamental al debido proceso de accionante.

7. Ineficacia de recursos contra el fallo de segunda instancia y su estrecha relación con el derecho a impugnar la sentencia condenatoria.

   En el caso objeto de revisión por parte de esta Corporación y que originó la Sentencia T-309 de 2014, era necesario hacer un estudio más profundo sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de inadmitir en casación el presente asunto. Lo anterior, teniendo en cuenta que el acusado fue absuelto en la primera instancia, decisión que fue revocada en segunda instancia para imponer una condena al accionante, frente a la cual ya no le quedaba ningún recurso ordinario, tan solo la demanda de casación que fue rechazada con fundamento en un rigorismo técnico que dejó en estado de indefensión invencible al condenado.

   La estricta técnica de casación no puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia en casos como los que en esa oportunidad ocupaba a la S.. Más aún cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha consolidado como derecho fundamental la impugnación de la sentencia condenatoria,[64] por lo que, le corresponde al Estado la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real. Así, se precisa que el recurso extraordinario de casación persigue la efectividad del derecho material, y en especial, de los derechos fundamentales.

   El recurso extraordinario de casación se concibe como un mecanismo de control que garantiza que la función jurisdiccional desarrollada en segunda instancia haya sido acorde con la ley y la Constitución,[65] su principal función es preservar las garantías y derechos fundamentales en el marco del proceso penal, pudiendo para ello hacer una examen integral de todo lo actuado en sede de apelación, sin que esto signifique que se trata de una tercera instancia que contraríe el principio de doble instancia consignado en el artículo 31 de la Carta.

   En atención a lo preceptuado en los artículos 29 y 31 Superiores, la posibilidad de recurrir un fallo condenatorio, no se limita a las primeras instancias sino que se extiende a aquellos dictados en segunda instancia, con el fin de garantizar a la persona declarada culpable de un delito el derecho a que su fallo condenatorio sea revisado por un tribunal superior, conforme lo prescrito en la ley.[66]

   Es claro, que en la Sentencia T-309 de 2014, la S. Séptima de Revisión de esta Corporación omitió el análisis de un asunto de relevancia constitucional, esto es, la ineficacia de recursos contra el fallo de segunda instancia y su estrecha relación con el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, lo que, no solo transgredió los derechos superiores del accionante, sino que también desconoció una forma de control efectivo de intereses iusfundamentales. En el presente caso, la duda razonable que se cierne sobre la responsabilidad del procesado sumado a los derechos de los menores, el derecho a la defensa y la garantía de acceso a la justicia, comportaban la necesidad de que se conociera en sede de casación la condena de la que fue objeto el accionante.

   En esa medida, se reitera que la procedencia o no de una declaratoria de nulidad no está condicionada a que sea invocada por alguno de los intervinientes dentro del trámite respectivo, pues cuando se evidencia de forma flagrante la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, también hay lugar a su declaratoria de oficio.[67]

   Dejo aquí plasmadas las razones que me llevaron a salvar mi voto frente al Auto 293 de 2016, en relación con la decisión negativa en el asunto de la referencia. Lo expuesto precedentemente es una visión constitucional de la labor del juez en procura de la materialización y efectividad de los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa e impugnación de la sentencia condenatoria en materia penal y al recurso extraordinario de casación de toda persona que sea declarada culpable de un supuesto delito.

   Fecha ut supra,

   A. ROJAS RÍOS

   Magistrado

   [1] Sentencias C-590 de 2005 y SU-913 de 2009, entre otras.

   [2] Sentencia SU-813 de 2007: Los criterios generales de procedibilidad son requisitos de carácter procedimental encaminados a garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta Corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”

   [3] Sentencia T-1240 de 2008: los criterios específicos o defectos aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar los derechos fundamentales del reclamante.

   [4] Artículo 49 de la Carta Política.

   [5] Ver Autos 232 del 14 de junio de 2001, M.P.J.A.R.; 031A del 30 de abril de 2002, M.P.E.M.L.; y 330 del 22 de noviembre de 2006, M.P.H.A.S.P., entre muchos otros. Especialmente, en relación con la ausencia de norma respecto del término para solicitar la nulidad de la sentencia y la consecuente necesidad de utilizar la analogía, puede verse lo expuesto en el Auto 163A del 16 de septiembre de 2003, M.P.J.A.R..

   [6] Ver los Autos 030 del 18 de abril de 2002, M.P.E.M.L. ; 031A del 30 de abril de 2002, M.P.E.M.L.; y 217 del 9 de agosto de 2006, M.P.H.A.S.P., entre otros.

   [7] Auto 054 del 15 de febrero de 2006, M.P.J.A.R..

   [8] Al respecto ver los Autos 018A del 2 de marzo de 2004, M.P.Á.T.G.; 100 del 22 de marzo de 2006, M.P.M.J.C.E.; y 170 del 29 de abril de 2009, M.P.H.A.S.P..

   [9] Ver Autos 15 del 26 de febrero de 2002, M.P.J.A.R.; 049 del 15 de febrero de 2006, M.P.M.J.C.E.; 056 del 15 de febrero de 2006, M.P.J.A.R.; 179 del 11 de julio de 2007, M.P.J.C.T.; y 175 del 5 de mayo de 2009, M.P.L.E.V.S., entre otros.

   [10] Ver Autos 062 de 2003, M.P.A.B.S.; 029A de 2002, M.P.M.G.M.C.; 232 de 2001, M.P.J.A.R.. Ver también los Autos 022 de 1998, M.P.A.M.C., 053 de 1997 y 008 de 1993, M.P.J.A.M..

   [11] Ver los Autos 063 del 18 de mayo de 2004, M.P.M.J.C.E.; 165 del 9 de agosto de 2005, M.P.; 049 del 15 de febrero de 2006, M.P.M.J.C.E.; y 181 del 12 de julio de 2007, M.P.C.I.V.H.; 009 de 2010 MP. H.A.S.P..

   [12] Auto 031 de 2002, M.P.E.M.L.

   [13] Auto 162 de 2003, M.P.R.E.G. y Auto 063 de 2004, M.P.M.J.C.E..

   [14] Auto 217 de 2006, M.P.H.A.S.P..

   [15] Auto 060 de 2006, M.P.J.C.T..

   [16] Ver los Autos 131 de 2004, M.P.R.E.G. y -052 de 2006, M.P.M.G.M.C..

   [17] La presente solicitud de nulidad tuvo lugar el 25 de marzo de 2015.

   [18] Al respecto, ver Auto 022 de 2013, M.P.L.E.V.S..

   [19] M.P.R.E.G..

   [20] M.P.H.A.S.P..

   [21] M.P.H.A.S.P..

   [22] Folio 29.

   [23] Folio 1.

   [24] M.P.J.I.P.P..

   [25] M.P.C.I.V.H..

   [26] M.P.J.I.P.C..

   [27] M.P.J.I.P.C..

   [28] M.P.J.I.P.P..

   [29] M.P.J.I.P.P..

   [30] M.P.G.E.M.M..

   [31] M.P.G.E.M.M..

   [32] M.P.M.V.S.M..

   [33] M.P.A.R.R..

   [34] M.P.G.E.M.M..

   [35] M.P.G.E.M.M..

   [36] Autos 256 de 2001, M.P.E.M.L.; 146 de 2002, M.P.Á.T.G., 103 de 2002, M.P.R.E.G., 029A de 2002, M.P.E.M.L.. Ver también los autos 008 de 1993, M.P.J.A.M., 033 de 1995, M.P.J.G.H.G., 053 de 1997,M.P.J.A.M., 022 de 1998,M.P.A.M.C., 026 de 1998, M.P.F.M.D., 013 de 1999, M.P.A.B.S., 074 de 1999,M.P.A.M.C., 050 de 2000, M.P.J.G.H.G., 082 de 2000, M.P.E.C.M., 232 de 2001, M.P.E.C.M. y 053 de 2001, M.P.R.E.G..

   [37] Auto 254 de 2012, M.P.J.I.P.C..

   [38] En otros países de lengua hispana se habla genéricamente de votos particulares, los cuales pueden ser concurrentes (para las aclaraciones) o discrepantes (para los salvamentos).

   [39] Sentencia T-345 de 2014, M.P.N.P.P..

   [40] Aclaración de voto del Magistrado L.E.V.S. frente a la sentencia T- 309 de 2014, M.P.J.I.P.C..

   ' Esta disposición normativa señala: "Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el Proceso ".

   [42] Estas disposiciones normativas fueron resaltadas en la sentencia C-792 de 2014, a través de la cual la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 (parciales) del Código de Procedimiento Penal, para lo cual determinó que "existe un derecho a controvertir el primer fallo condenatorio que se dicta en un proceso penal. Este derecho comprende, por un lado, la facultad para atacar el único fallo incriminatorio que se dicta en juicios penales de única instancia, y por otro, la facultad para impugnar las sentencias que revocan un fallo absolutorio de primera instancia e imponen por primera vez una condena en la segunda, en los juicios de doble instancia ".

   [43] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. S. de Casación Penal. Proceso No. 25811 de 10 de agosto de 2006.

   [44] Artículo 235 del Código de Procedimiento Penal.

   [45] Teniendo en cuenta que en el caso de la referencia se estudió la situación de dos menores de edad, la S. Séptima de Revisión, como medida de protección de su intimidad, ordenó en la Sentencia T-309 de 2014 y en toda futura publicación de la misma, la supresión de los nombres de los menores, el de sus familiares, y demás datos e informaciones que permitan dar a conocer su identidad. En consecuencia, para efectos de identificar a las personas y para mejor compresión de los hechos que dieron lugar a la acción de tutela de la referencia, se cambiaron los nombres reales de los menores de edad y el de sus familiares por unos ficticios.

   [46] Ver Autos 031 de 2002; 009 de 2010; 107 de 2013; 012 y 229 de 2014.

   [47] En este sentido, se pueden consultar los Autos 009, 059, 063 y 074 de 2010; 050 y 107 de 2013; 010, 012 y 229 de 2014, entre otros.

   [48] Cfr. Auto 031A de 2002 (fundamentos jurídicos 13 a 20).

   [49] MP. E.M.L..

   [50] Auto 031A de 2002 (MP. E.M.L..

   [51] Sentencia T-1192 de 2003 (MP. E.M.L..

   [52] Cfr. Caso H.U., supra, párr. 158, y C.M. y otros, supra, párr. 242.

   [53] Cfr. Caso M., supra, párrs. 92 y 93.

   [54] Cfr. Caso B.R. y otros, supra, párr. 107, y C.M., supra, párr.92.

   [55] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso L.A.A. contra Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014.

   [56] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso L.A.A. contra Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014.

   [57] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

   [58] Sentencia C-792 de 2014 (MP. L.G.G.P..

   [59] "Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional".

   [60] Cfr. entre otros, los autos Auto 012 de 1996, l; Auto 166 de 2007 y Auto 063 de 2004.

   [61] “Cfr. auto A-015 de 2007, En el cual la S. Séptima de Revisión de tutela declaró la nulidad de la sentencia T-974 de noviembre 24 de 2006, por desconocer el artículo 29 superior”.

   [62] Mediante auto 015 de enero 29 de 2007, la entonces S. Séptima de Revisión de Tutelas declaró la nulidad de la sentencia T-974 de noviembre 24 de 2006, por ella proferida, al considerar que la “falta de congruencia parcial entre las partes motiva y resolutiva de un fallo de tutela constituye una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, y por ende, debe ser declarada de oficio”. En aquella oportunidad para reafirmar lo hegemónico del debido proceso, en sede de tutela, fueron reiterados, entre otros, los autos 011 de 1998, 050 de 2000, 032 de 2002 y 039 de 2002.

   [63] MP. J.G.H.G..

   [64] Sentencia C-371 de 2011 (MP. L.E.V.S..

   [65] Sentencia C-590 de 2005 (MP. J.C.T.).

   [66] Artículo 14, numeral 5 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

   [67] Mediante auto 015 de enero 29 de 2007, la entonces S. Séptima de Revisión de Tutelas declaró la nulidad de la sentencia T-974 de noviembre 24 de 2006, por ella proferida, al considerar que la “falta de congruencia parcial entre las partes motiva y resolutiva de un fallo de tutela constituye una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, y por ende, debe ser declarada de oficio”. En aquella oportunidad para reafirmar lo hegemónico del debido proceso, en sede de tutela, fueron reiterados, entre otros, los autos 011 de marzo 30 de 1998, 050 de mayo 17 de 2000, 032 de mayo 2 de 2002 y 039 de mayo 10 de 2002.