Auto nº 431/16 de Corte Constitucional, 14 de Septiembre de 2016
| Número de sentencia | 431/16 |
| Número de expediente | ICC-2482 |
| Fecha | 14 Septiembre 2016 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 431/16
Referencia: expediente ICC-2482
Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja –Boyacá- y el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogotá.
Magistrado S.:
J.I. PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere la presente providencia atendiendo a las siguientes
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La Sala Plena de esta Corporación, como máximo Tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común o, excepcionalmente, cuando teniéndolo la demora en la decisión pueda comprometer la efectividad de los derechos fundamentales cuya protección se solicita[1].
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El señor J.M.S.G. en calidad de Gerente de la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá presentó acción de tutela contra Coomeva E.P.S., para solicitar el amparo del derecho de petición, presuntamente vulnerado con la negativa de la demandada a emitir respuesta a las solicitudes radicadas en esa empresa en Sogamoso (Carrera 14# 14-36), toda vez que a la fecha de la presentación de la acción -agosto 16 de 2016- aún no había atendido sus peticiones.
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El conocimiento de la acción correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja -Boyacá-, el cual se declaró incompetente para conocer la tutela[2] bajo el argumento de que el juez competente es el Juez Municipal de la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que el domicilio de la demandada se encuentra en esa ciudad en la carrera 100 núm. 11-60 local 250. Por lo tanto, mediante decisión de 17 de agosto de 2016 resolvió remitir el expediente a esa autoridad.
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Al reasignarse la acción de tutela le correspondió por reparto al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogotá, quien mediante pronunciamiento de fecha 24 de agosto de 2016 decidió promover un conflicto negativo de competencia. En su parecer, los motivos aducidos por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja -Boyacá- para declarar su falta de competencia no determinan la misma.
Lo anterior, al considerar que son las autoridades judiciales de Boyacá quienes deben conocer la acción de tutela, toda vez que el derecho de petición objeto de controversia constitucional se consigna como dirigido a la carrera 14 núm. 14-35 de Sogamoso -Boyacá- y en la demanda el accionante manifiesta recibir notificaciones en el KM 1 vía S. en la ciudad de Tunja –Boyacá-.
Así, concluyó que, “si bien la sede principal de la accionada se encuentra en la ciudad de Bogotá, la vulneración o trasgresión del derecho de petición implorado tuvo lugar en su sede en Sogamoso, pues fue allí donde la accionante radicó las peticiones de 24 de febrero y 29 de abril del presente año.”
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Por lo que antecede, el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogotá ordenó remitir a esta Corporación el expediente de tutela de la referencia, al no compartir el argumento esgrimido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja -Boyacá-.
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En el Auto 146 de 2009, la Sala Plena de esta Corporación explicó que, a pesar de que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establezca dos tipos de competencia por el factor territorial[3], “los jueces antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional, deben tener en cuenta la elección que haya efectuado el accionante respecto al lugar donde desea se tramite la acción y la jurisdicción que conozca la misma. Lo anterior, a partir de una interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a toda persona reclamar ante los jueces a prevención la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
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La Sala reitera que el demandante puede presentar la acción de tutela ante los jueces, a prevención, para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales; esto implica que el peticionario puede elegir entre el lugar donde ocurrió la presunta vulneración, que no necesariamente coincide con el de su domicilio, y el lugar en el cual se producen sus efectos.
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En el presente caso la accionante señaló en su escrito de tutela que deseaba ser notificada en el KM 1 vía S. en la ciudad de Tunja –Boyacá. El mismo lugar se encuentra referido en las peticiones elevadas el 13 de julio de 2016 ante Coomeva E.P.S. en Sogamoso. De igual forma, se evidencia en el encabezado de la tutela, que la misma se dirige a los operadores judiciales de la ciudad de Tunja. De estos elementos, que obran en el expediente, se infiere que es Tunja el lugar elegido por la demandante para dar trámite tanto a su petición como a su solicitud de amparo. Siendo esta su decisión, corresponde ahora analizar si ella se ajusta al factor territorial para asignar la competencia en materia de acción de tutela.
La Constitución en su artículo 23 dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del precepto constitucional anotado, la Ley 1755 de 2015[4], estableció en el artículo 13 que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”.
A su vez, el artículo 16 de la Ley referida dispone que toda petición deberá contener, entre otras cosas, “[l]os nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica”.
Es claro que la dirección del domicilio o del sitio que indique el peticionario para recibir la respuesta constituye un elemento necesario para definir la forma de hacer efectivo el derecho de petición, en tanto determina el lugar en que debe ser comunicada la respuesta dada al peticionario. En efecto, tal y como tuvo oportunidad de reiterarlo la sentencia C-951 de 2014[5], “el contenido esencial del derecho de petición incluye la obligación de dar a conocer el contenido de la respuesta al peticionario.”
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el caso bajo estudio la presunta vulneración alegada por el accionante se produjo en la ciudad de Tunja, debido a que la peticionaria señaló en su petición que allí debía ser notificada. Considerando que el derecho de petición incluye el derecho a obtener una respuesta y a que esta sea comunicada en la dirección de correspondencia establecida por el interesado, la Corte concluye que la hipotética ausencia de respuesta o su no comunicación oportuna a la dirección indicada, implica que la eventual infracción deba considerarse ocurrida en la ciudad de Tunja. De acuerdo a esto la competencia le corresponde al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja.
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En consecuencia, en virtud de lo anterior, la Sala considera que la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, a prevención, es el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja -Boyacá-.
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión emitida el 17 de agosto de 2016 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja -Boyacá-, mediante el cual decidió que no era competente territorialmente para conocer la acción de tutela presentada por el señor J.M.S.G. en calidad de Gerente de la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá.
Segundo.- REMITIR el expediente al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja -Boyacá-, para que asuma de manera inmediata y sin dilaciones el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogotá, la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado ( E )
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
J.I. PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver, entre otras, las siguientes providencias: A-170A de 2003, A-243 de 2012, A-004 de 2013 y A-015 de 2013.
[2] Oficio núm. 4.779 del 14 de diciembre de 2015.
[3] Artículo 37. “Primera Instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
[4] “Por medio de la cual se regula el Derecho de Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
[5] Mediante la cual se estudia la constitucionalidad de la Ley 1755 de 2015.
