Sentencia de Tutela nº 712/16 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2016

El señor V.E.B.B., actuando en nombre propio, interpone acción de tutela el día dos (2) de junio de dos mil dieciséis (2016), porque considera que la Corporación de Abastos de Bogotá S.A (en adelante “C.”) le está vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y al trabajo. Lo anterior, porque fue desvinculado del cargo que desempeñaba como jefe de control interno de C. y, pese a que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en primera y segunda instancia ordenó su reintegro al empleo que ocupaba al momento del despido o a otro de igual o superior categoría y al pago de los salarios dejados de percibir, en su criterio, tal decisión no ha sido cumplida por la accionada.

A continuación la Sala procederá a exponer los hechos en los que se sustenta la acción de tutela incoada y las sentencias de instancia objeto de revisión.

1. Hechos

   1.1 El accionante V.E.B.B. relata que se desempeñó como jefe de control interno de C., a través de contrato de trabajo a término indefinido. Su vinculación inició el 8 de abril de 2013 y se extendió hasta el 5 de septiembre del mismo año, fecha en la cual fue terminada su relación laboral unilateralmentel y sin justa causa.

   1.2 Menciona que durante el tiempo que trabajó con C. fue objeto de acoso laboral, el cual denunció en 4 oportunidades sin que su empleador adoptara las medidas preventivas, correctivas o sancionatorias pertinentes.

   1.3 Como consecuencia de su desvinculación, el accionante demandó a C. ante la jurisdicción ordinaria especializada en asuntos laborales. Con sentencia de primera instancia proferida el 4 de abril de 2016 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, se decidió reintegrar a V.E.B.B. “al mismo cargo desempeñado al momento del despido o a otro igual o de superior categoría”[2]. Igualmente, el juez ordenó el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento en que se produjo el despido y hasta cuando fuera reintegrado efectivamente.

   1.4 Posteriormente, C. apeló la sentencia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral, mediante decisión del 5 de mayo de 2016, resolvió confirmar en su integridad el fallo cuestionado[3].

   1.5 Afirma el actor que C. se ha abstenido sin ninguna justificación de cumplir “lo ordenado literalmente”[4] en las decisiones judiciales proferidas a su favor por la justicia laboral.

   1.6 C., a través de su gerente, suscribió el acta de reintegro que dicha entidad elaboró para tal fin, determinando que el reintegro del actor se haría en el cargo de jefe de talento humano y no en el de jefe de control interno, pues este último cargo, pese a que era el que el actor ocupaba al momento del despido, no se encontraba vacante. Tal y como se consignó en el acta de reintegro mencionada, los cargos de jefe de talento humano y jefe de control interno, se encuentran en la estructura administrativa de C. en la misma categoría[5].

   1.7 Conforme a lo expuesto, el actor solicita que se le amparen los derechos fundamentales que considera conculcados, y que en consecuencia se ordene a C. que: (i) en el término de 48 horas se dé cumplimiento a las decisiones judiciales adoptadas por la jurisdicción laboral; y (ii) en el mismo término, sea reintegrado al cargo de jefe de control interno que ocupaba cuando fue desvinculado, y además, que se paguen los demás emolumentos ordenados en los fallos de instancia. Para sustentar su solicitud de amparo, el actor aporta como pruebas la transcripción de las audiencias de fallo en primera y segunda instancia.

2. Respuesta de C.

   2.1 El 8 de junio de 2016 se radicó escrito de contestación a la acción de tutela por parte del apoderado judicial de C., en el que solicita negar el amparo invocado por el actor, pues sostiene que no es cierto que su representada quiera abstenerse de cumplir con lo ordenado en las decisiones de la justicia laboral, en virtud de las cuales se ordenó el reintegro del accionante[6].

   2.2 Según el apoderado de la entidad accionada, la empresa ha citado al actor con el fin de suscribir la correspondiente acta de reintegro y de esta forma dar cumplimiento a las decisiones judiciales. En tal sentido, explica que se realizó una reunión el 12 de mayo del año en curso en la gerencia de C., en la que estuvo presente el gerente M.A.P.P. y el jefe de planeación N.D.R.R., quienes le informaron al accionante que sería reintegrado a partir de ese día en el cargo de jefe de talento humano, cargo que es de igual categoría al que venía desempeñando como jefe de control interno. Sin embargo, el señor V.E.B.B. se negó a firmar el acta aduciendo que debía consultar con sus abogados.

   Para soportar su afirmación, adjunta al escrito de contestación de tutela copia del acta de reintegro de fecha 12 de mayo de 2016, suscrita por el gerente general de C. y el jefe de planeación, en la que se dejó la siguiente constancia: “Al momento de firmar el acta, el señor V.E.B., se niega a firmarla aduciendo que lo va a consultar con sus abogados y firma como testigo: N.D.R.R. – jefe de planeación.”[7]

   2.3 La decisión del actor de no firmar el acta de reintegro fue ratificada el 3 de junio del año en curso, a través de una comunicación escrita que V.E.B.B. dirigió al gerente de C. en la que esgrime las razones que lo llevan a no aceptar el acta de reintegro que la entidad accionada elaboró para su aprobación y firma[8]. En el documento mencionado, el actor señala que en el acta de reintegro hecha por C. se disponía su incorporación en el cargo de “jefe de talento humano” y no de “jefe de control interno” que era el empleo que ocupaba cuando fue despedido. Por ende, considera que (i) esta acta “evadía” el cumplimiento de la sentencia, pues ordenaba el reintegro como jefe de control interno y no como jefe de talento humano; (ii) el cargo ofrecido como jefe de talento humano no tiene la misma jerarquía que tiene el de jefe de control interno[9]; y además, (iii) manifiesta que no tiene ni la formación académica ni laboral necesaria para ocupar el cargo de jefe de talento humano[10]. Este documento que fue aportado en la contestación de la tutela, no ha sido cuestionado ni objetado por el actor en el trámite del proceso tutelar.

   2.4 Adicionalmente, al escrito de contestación de la tutela se adjuntó un oficio suscrito por el gerente de la entidad accionada y enviado el 7 de junio de 2016 a V.E.B.B.. En él, el representante legal de C. le solicita al actor hacerse presente en la gerencia de la empresa a efecto de cumplir el reintegro ordenado judicialmente. En la misiva se precisa que se ha dispuesto que asuma el cargo de jefe de talento humano con remuneración igual a la que ostentaba. Igualmente le advierte que su no presentación “se tomará como una falta de interés en volver a la empresa y por ende constitutivo de incumplimiento al fallo referido de su parte”[11].

   2.5 Para el apoderado de C., su defendida sí está dando cumplimiento a los fallos de instancia de la jurisdicción laboral, pues en ellos se ordenó el reintegro de V.E.B.B. al mismo cargo que venía desempeñando al momento del despido o “a otro de igual o superior categoría”. Por tanto, en virtud a que el empleo que el accionante ocupaba no se encontraba vacante, se determinó su reincorporación como jefe de talento humano, el cual en la estructura administrativa de C. se encuentra en la misma categoría y tiene el mismo salario del cargo de jefe de control interno que venían desempeñando, por lo que considera que deben desestimarse las pretensiones del actor.

3. Decisión de primera instancia

   3.1 Mediante fallo del 17 de junio de 2016[12], el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, decidió conceder parcialmente el amparo constitucional invocado por el actor, al considerar que: (i) no por el hecho de que el cargo de jefe de talento humano y de jefe de control interno se encuentren en el mismo nivel jerárquico del organigrama de la accionada se viabiliza el reintegro, pues es necesario revisar la cuestión[13]. En este sentido, teniendo en cuenta el perfil profesional del actor, el cargo de jefe de talento humano en el que C. pretende reintegrarlo no cumple con lo ordenado por el juez laboral; y (ii) las funciones de jefe de talento humano y de jefe de control interno son totalmente distintas, lo cual podría tornar deficiente el desempeño dadas las destrezas y competencias del actor[14].

   3.2 Conforme a lo expuesto, el despacho judicial de primera instancia concluyó que C. no cumplió con la decisión de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, afectando así el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia que incluye, no solo la posibilidad de acceder a la administración de justicia, sino el derecho a la ejecución material del fallo.

   3.3 En consecuencia se ordena a C. que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela cumpla las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral, “únicamente, en lo relacionado con el reintegro (obligación de hacer) del tutelante al cargo que venía desempeñando al momento del despido o a otro de igual categoría (…) teniendo en cuenta que el cargo de Jefe de talento humano no cumple con la caracterización y/o categoría del oficio de Jefe de control interno como se expuso en esta parte motiva. (…)”[15].

4. Impugnación

   4.1 El apoderado judicial de C. manifestó su desacuerdo con la decisión del juez de primera instancia[16]. Para ello, reitera los argumentos expuestos en la contestación de la tutela y explica que en la sentencia impugnada no se hizo ningún pronunciamiento en relación con la respuesta que C. dio en el trámite tutelar.

   4.2 El apoderado de la accionada reprocha los razonamientos de la sentencia impugnada porque sin criterio jurídico concluyó erradamente que la orden del juez laboral de reintegrar al accionante a un cargo de igual o superior categoría, no admitía la opción para C. como empleador, de hacer el reintegro en el cargo de jefe de talento humano.

5. Decisión de segunda instancia

   5.1 La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 6 de julio de 2016, revocó la sentencia proferida en primera instancia con la que se concedió parcialmente el amparo invocado[17].

   5.2 En criterio del Tribunal, la sentencia impugnada debe ser revocada, pues verificada la prueba documental que reposa en el expediente se observa que la entidad demandada no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor. Ello es así, en la medida que C. con el fin de acatar el fallo de la justicia laboral ofreció al actor la posibilidad de reintegrarse laboralmente en un cargo que, “si bien no es el mismo que desempeñaba cuando fue despedido, se encuentra, de acuerdo con la estructura administrativa de C., en la misma categoría del cargo de Jefe de control interno, y cuenta adicionalmente, con misma la remuneración”[18].

   5.3 Para el Tribunal, la orden del juez laboral de reintegrar al actor en el mismo cargo que ocupaba o en otro de igual o superior jerarquía, planteaba una orden de tipo disyuntivo, que a su vez ofrecía al obligado dos opciones, y el empleador optó por una de ellas sin que el interesado la aceptara.

6. Trámite en sede de revisión

   6.1 En los días 3 y 5 de octubre del año en curso, el accionante y un abogado que se identificó como su apoderado judicial pese a que no adjuntó poder para ello, radicaron comunicaciones en la Secretaria General de esta Corte[19].

   6.2 En sus escritos realizan cuestionamientos que corresponden a circunstancias ajenas y extrañas al expediente que actualmente es objeto de estudio. Centran sus reproches en presuntos yerros e irregularidades en el trámite de la “tutela contra providencia judicial” que amparó los derechos de C.[20].

   6.3 Por su parte, el 2 de noviembre del año en curso, la Secretaria General de esta Corporación recibió una comunicación suscrita por el apoderado judicial de la entidad accionada, en la que se informa lo siguiente[21]: (i) C. entabló una tutela contra las sentencias del 4 de abril y 5 de mayo de 2016, proferidas por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente. Lo anterior, por considerar que en el trámite del proceso especial de acoso laboral en el que era demandante V.E.B.B. se vulneraron sus derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a la igualdad; y (ii) como consecuencia de esta tutela contra las providencias judiciales mencionadas, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concedió el amparo a favor de C. mediante sentencia de fecha 29 de junio de 2016. Igualmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó tal decisión, el 23 de agosto del mismo año. La orden en la sentencia de tutela consistió en dejar sin efecto todas las actuaciones surtidas al interior del proceso especial de acoso laboral promovido por V.E.B.B. contra la accionada, y ordenar rehacer el trámite del mencionado proceso especial[22]. Para ello, aportó copia de los mencionados fallos y pidió que se rechace la revisión de la tutela.

1. Competencia

   Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.[23]

2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico

   2.1 El señor V.E.B.B., interpone acción de tutela contra C., porque considera que esa entidad le está vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y al trabajo, por presuntamente no cumplir la orden de reintegro dictada mediante sentencia judicial en el marco de un proceso especial de acoso laboral que se dirimió a su favor. La inconformidad del actor radica en que la entidad accionada pretende reintegrarlo como jefe de talento humano, y no como jefe de control interno que era el cargo que ocupaba al momento de su desvinculación[24].

   2.2 En primera instancia, es concedido parcialmente el amparo. En consecuencia, se ordena el reintegro del actor al cargo que venía ocupando o a otro de igual categoría, aclarando que para cumplir la decisión no es una alternativa designarlo en el cargo de jefe de talento humano, pues este empleo no cumple con la caracterización y categoría del cargo que ocupaba el actor como jefe de control interno. En segunda instancia, la decisión es revocada al considerar que C. sí había acatado el fallo del juez laboral, pues éste le permitía reintegrar al actor en un cargo de similar categoría al que ocupaba, tal y como lo hizo al disponer su reintegro en el cargo de jefe de talento humano.

   2.3 Finalmente, en virtud de los escritos allegados por las partes, esta Sala de Revisión advirtió que C. interpuso una acción de tutela contra las providencias judiciales de primera y segunda instancia que ordenaron el reintegro del actor[25]. Como consecuencia de lo anterior, mediante sentencia que fue confirmada, se dejó sin efectos la precitada decisión judicial que había ordenado el reintegro del actor dentro del proceso especial por acoso laboral.

   2.4 Con base en lo expuesto, corresponde a la Sala Primera (1ª) de Revisión ocuparse de resolver el siguiente problema jurídico:

   ¿Vulnera C. los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y al trabajo, del accionante (V.E.B.B., al hacer efectiva una orden de reintegro proferida en el marco de un proceso especial por acoso laboral, reinstalando al actor en un cargo que tiene distintas funciones pero que: (i) tiene la misma naturaleza administrativa del cargo que ocupaba; (ii) se encuentra en igual nivel jerárquico; y (ii) tiene un salario similar, respecto del empleo que desempeñaba al momento de ser desvinculado?

   2.5 Con el fin de resolver este problema jurídico, la Sala: (i) reiterará brevemente las reglas jurisprudenciales relativas a la procedencia de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de una sentencia judicial; y (ii) en caso de no cumplirse los requisitos de procedibilidad del amparo en el caso concreto, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre cualquier otro aspecto.

3. Procedencia de la acción de tutela

   3.1 Legitimación para actuar

   3.1.1 Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales[26]. En esta oportunidad, V.E.B.B., actuando en nombre propio, pretende la defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y al trabajo, en virtud de acciones y omisiones presuntamente irregulares que le imputa a C., razón por la cual se encuentra legitimado para intervenir en esta causa.

   3.1.2 Legitimación por pasiva. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[27], la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que vulnere, o pueda vulnerar, los derechos fundamentales. En este sentido, la legitimación en la causa por pasiva, como requisito de procedibilidad, exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del tutelante y la acción u omisión de la parte demandada.

   3.1.3 En el caso sub judice, la solicitud de amparo se dirige contra la Corporación de Abastos de Bogotá S.A “C. S.A”, que es una Sociedad de Economía Mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El objetivo del amparo es que esta entidad dé cumplimiento efectivo a sendas decisiones judiciales que ordenaron el reintegro del actor al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación (jefe de control interno de C.) o a otro de igual o superior categoría[28]. Conforme a lo anterior, se encuentra que la acción de tutela es procedente por legitimación pasiva.

   3.2 Requisitos de inmediatez y subsidiariedad de la acción de tutela

   3.2.1 La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha señalado que son presupuestos para la procedencia de la acción de tutela, el que se cumpla con los principios inmediatez y subsidiariedad, pues de lo contrario, es imposible asumir el estudio de fondo de la solicitud de protección de los derechos fundamentales. En tal sentido, de manera reiterada esta Corporación ha reconocido que la acción de tutela es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de garantías fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otros medios de defensa judicial, se requiera acudir al amparo constitucional para evitar un perjuicio irremediable[29].

   3.2.2 Inmediatez. En lo que respecta al cumplimiento del requisito de inmediatez, debe señalarse que con el mismo se procura que el amparo sea interpuesto oportunamente. La satisfacción de esta exigencia pretende asegurar que se cumpla el objetivo de protección actual, inmediata y efectiva de garantías fundamentales. Así, el juez debe verificar que la interposición de la tutela no se haga en forma tardía, o en tal caso, determinar si existe un motivo válido o una justa causa para el no ejercicio oportuno de la acción constitucional[30].

   3.2.3 En el presente caso, el hecho que motiva la acción, es la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, al no cumplirse la sentencia de primera instancia del 4 de abril de 2016, proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, que ordenó reintegrar a V.E.B.B. al cargo que desempeñaba en C. al momento de su desvinculación (jefe de control interno) o a otro cargo de igual o superior categoría. Decisión que a su vez fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral, mediante decisión del 5 de mayo de 2016[31].

   3.2.4 El actor promovió la acción de tutela, veintiocho (28) días después de haberse dictado el fallo judicial que confirmó la decisión de reintegrarlo a C.. Se trata por tanto de un término razonable que permite reforzar el carácter urgente e inminente del amparo, por lo que se concluye que se encuentra satisfecho en el requisito de inmediatez del amparo.

   3.2.5 Subsidiariedad. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política[32], y su Decreto Reglamentario 2591 de 1991[33], la acción de tutela solo cabe en aquellos casos en que no exista otro medio de defensa judicial, salvo que sea utilizado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, se ha reconocido que aun existiendo los mecanismos judiciales, es procedente, de forma excepcional la interposición del amparo constitucional, cuando sea evidente que dichos medios no son idóneos para la defensa de los derechos fundamentales que se pretenden garantizar.

   Procedencia de la tutela para solicitar el cumplimiento de un fallo judicial[34]

   3.2.6 Con relación a la procedencia de la tutela para solicitar el cumplimiento de una sentencia judicial, la Corte a través de sus diferentes Salas de Revisión ha recurrido a la distinción propia del derecho civil entre obligaciones de dar y hacer.

   Así, inicialmente, tratándose del cumplimiento de obligaciones de dar ordenadas en un fallo judicial, se ha señalado que la tutela es improcedente, en virtud a que el ordenamiento jurídico tiene previsto un mecanismo de defensa judicial que es el proceso ejecutivo el cual garantiza “el forzoso cumplimiento de la obligación eludida, en la medida en que se pueden pedir medidas cautelares, como el embargo y secuestro de los bienes del deudor y su posterior remate con el fin de asegurar el pago”[35]. Sin embargo, se ha determinado que excepcionalmente es procedente la tutela frente a este tipo de obligaciones que se originan de una sentencia judicial, cuando existen especiales circunstancias de indefensión y vulnerabilidad por parte de la persona que promueve el amparo constitucional. Tal es el caso, por ejemplo, de quien solicita el reconocimiento de una prestación pensional y además afronta un debilitamiento en sus condiciones de salud, lo cual hace impostergable la solución[36].

   En cuanto al cumplimiento de obligaciones de hacer ordenadas en una providencia judicial, como es el caso de aquellas que disponen el reintegro de un trabajador, se ha señalado que la tutela es, en principio, procedente, pues los mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico no siempre tienen la idoneidad para proteger los derechos fundamentales que puedan verse afectados con el incumplimiento de una providencia[37].

   Lo anterior no significa que la acción de tutela siempre procede en forma general y automática para ordenar el cumplimiento de una sentencia que contiene una obligación de hacer, pues es necesario constatar, además de la naturaleza de la obligación, que efectivamente exista un riesgo cierto para los derechos fundamentales del accionante o el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable. Como ha señalado esta Corporación, aceptar una tesis distinta implicaría admitir que la tutela opera como un mecanismo ordinario dentro de los procesos judiciales, desnaturalizando así el carácter excepcional del amparo tutelar[38].

   3.2.7 En este sentido, la jurisprudencia constitucional se ha encargado de establecer algunas reglas y parámetros a las cuales está supeditada la procedencia de la tutela para el cumplimiento de providencias judiciales que impongan obligaciones de dar o hacer. Al respecto, se ha señalado que la acción constitucional procede cuando: (i) la autoridad que debe cumplir lo ordenado en la sentencia se niega a hacerlo, sin justificación razonable; (ii) la omisión o renuencia a cumplir la orden emanada de la decisión judicial quebranta directamente los derechos fundamentales del peticionario, en consideración con las especiales circunstancias en las que se encuentra; y (iii) el mecanismo ordinario establecido en el ordenamiento jurídico para proteger el derecho fundamental carece de idoneidad, por lo que no resulta efectivo para su protección[39].

   Aplicadas las pautas jurisprudenciales antes mencionadas al caso bajo estudio, esta Sala de Revisión encuentra que:

   (i) En primer lugar, de la valoración de los elementos probatorios aportados al proceso se advierte: (i) el gerente de C. en compañía de otros miembros del equipo directivo de esa entidad, se reunieron con el accionante el 12 de mayo del año en curso, a fin de suscribir el “acta de reintegro” con la cual se pretendía dar cumplimiento a la sentencia proferida dentro del proceso especial por acoso laboral[40]. En la mencionada acta de reintegro quedó consignado que C. había ofrecido al actor realizar su reintegro como jefe de talento humano, pues el cargo de jefe de control interno ocupado por V.E.B.B. al momento del despido no se encontraba actualmente vacante. (ii) En el expediente obra comunicación de fecha 3 de junio de 2016, suscrita por el actor y dirigida al gerente de C.. En ella el actor acepta que se reunió el 12 de mayo con el gerente de C., con el fin de ser reintegrado desde ese día en el cargo de jefe de talento humano. Explica el actor que no aceptó el reintegro en ese empleo, pues en su criterio aquel no tiene la misma jerarquía del que ocupaba como jefe de control interno al momento de ser despedido. Además, manifiesta no tener la formación académica ni laboral suficiente para desempeñarlo. (iii) Igualmente, en el expediente obra oficio que la entidad accionada le envió al actor el día 7 de junio de 2016, conminándolo a que asuma el cargo de jefe de talento humano con remuneración igual a la que ostentaba, so pena de que tal conducta se valore como incumplimiento al fallo judicial[41].

   Conforme a lo expuesto, se concluye que C. no ha negado ni ha sido renuente a cumplir el fallo que ordenó el reintegro del actor. Tal y como acertadamente lo indicó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, la orden de reintegro planteaba una orden de tipo disyuntivo, que ofrecía al obligado dos opciones, de las cuales optó, no por la primera, sino por la última de ellas, es decir, reintegrar al actor en un cargo de igual categoría (jefe de talento humano) que no desmejora sus condiciones laborales.

   (ii) En segundo lugar, la Sala considera que en el presente caso no se evidencia, prima facie, la vulneración a un derecho fundamental, pues la ejecución material del fallo no se ha podido llevar a cabo, por circunstancias imputables al actor y no a la entidad accionada. En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que una de las condiciones para que una tutela sea procedente, es que el actor no sea responsable de los hechos que presuntamente vulneran los derechos invocados, pues su finalidad no es subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir[42].

   Este es un principio general del derecho según el cual nadie puede obtener provecho de su propia culpa, pues de hacerlo faltaría a la buena fe que debe orientar su conducta y que le permite tener la conciencia de que su comportamiento es conforme a derecho[43]. La culpa, la imprudencia o la propia voluntad del actor, que sea determinante en la supuesta afectación de un derecho fundamental, no permiten que el juez pueda otorgar el amparo, pues la desidia de quien pide la protección constitucional no es subsanable vía tutela.

   En tal sentido, si V.E.B.B. ha desatendido el llamado de la entidad accionada para que asuma el cargo de jefe de talento humano, el cual tiene el mismo salario e igual categoría al interior de C., tal proceder desvirtúa la necesidad de conceder el amparo constitucional por cuanto es el actor y no la accionada, quien se ha abstenido de cumplir la decisión judicial que ordenó su reintegro.

   (iii) En tercer lugar, el actor durante el trámite tutelar centró su reproche en contra de la entidad accionada en dos circunstancias. La primera es que el actor estima que el cargo ofrecido como jefe de talento humano no tiene la misma jerarquía que el de jefe de control interno. La segunda es que considera que no tiene la formación académica ni laboral necesaria para ocupar el cargo de jefe de talento humano.

   Para esta Sala de Revisión, la tutela no es el mecanismo idóneo para discutir asuntos relacionados con las funciones y perfiles asignados en una sociedad, y mucho menos, para definir si se cuenta con la experiencia y el perfil profesional idóneo que requiere el cargo, tal y como lo pretende el actor.

   En todo caso, debe indicarse que a lo largo del trámite tutelar el accionante no demostró que se encuentre en imposibilidad material para cumplir las funciones de jefe de talento humano ni se puntualizaron las razones que eventualmente no le permitirían asumir este empleo directivo de carácter administrativo, que como los demás que integran cualquier organización, demandan competencias y destrezas generales que son equivalentes.

   Incluso, en relación a las funciones del empleo que el actor se abstiene de asumir (jefe de talento humano), no se advierte que requiera de un conocimiento científico con elevado grado de especialidad. A contrario sensu, esta Sala de Revisión considera que tanto el empleo de jefe de control interno como el de jefe de talento humano, se fundan en saberes y nociones que se enmarcan en el campo de las ciencias administrativas, lo cual, en principio, le da un marco de referencia común para su desempeño. Además, esta área del conocimiento no es ajena a su formación profesional, pues como el mismo actor lo ha señalado, es Contador Público y cuenta con dos posgrados en la modalidad de especialización en temáticas afines como son: R.F. y, Gerencia Pública y C.F..

   3.2.8 Por otra parte, la Sala no encuentra demostrada la existencia de un perjuicio irremediable que tenga la condición de ser inminente, grave e impostergable y que amerite la intervención urgente del juez constitucional.

   3.2.9 Así las cosas, al (i) no evidenciarse que C. se ha negado a cumplir la sentencia judicial que ordenó el reintegro del actor; (ii) ni demostrarse prima facie la vulneración alegada; la Sala concluye que en el caso objeto de análisis no se cumple ninguno de los parámetros que la jurisprudencia constitucional ha fijado para admitir la procedencia de la tutela como mecanismo principal para el cumplimiento de providencias judiciales.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución;