Sentencia de Tutela nº 728/17 de Corte Constitucional, 12 de Diciembre de 2017

1. Competencia

   Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Planteamiento del caso

   2.1 La pretensión de la ciudadana F.A.A. es el reconocimiento y pago a su favor de la pensión de invalidez de origen común. En su concepto, el reconocimiento previo de una indemnización sustitutiva no implica la pérdida de su derecho pensional.

   2.2 La demandada considera que: (i) La acción de tutela es improcedente debido a que, a su juicio, el asunto debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral; y (ii) No es posible reconocer una segunda prestación social a la accionante, por cuanto la indemnización sustitutiva es incompatible con la pensión de invalidez.

   2.3 Teniendo en cuenta que los jueces de instancia declararon el amparo improcedente, la Sala estudiará de manera previa si la acción de tutela cumple con los requisitos formales de procedibilidad. De llegar a superarse tal examen, planteará el problema jurídico respectivo a efectos de resolver los aspectos sustantivos del asunto sub examine.

3. Cuestión previa: procedibilidad de la acción de tutela en el asunto de la referencia

   Legitimación por activa y pasiva

   La señora F.A.A. formula el amparo actuando en su propia defensa, por su parte la Administradora Colombiana de Pensiones –C.− es la entidad que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la accionante. En tal sentido, las partes mencionadas están directamente implicadas en el proceso y se encuentran legitimadas en la causa −por activa y pasiva− de conformidad con el artículo 86 Superior y los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.

   Inmediatez

   Mediante Resolución GNR 40522 del 4 de febrero de 2017, C. negó el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por la demandante. A su vez, la acción de tutela fue instaurada el 14 de marzo de 2017, por lo cual se evidencia que, a la luz de la jurisprudencia constitucional , la presentación del amparo fue oportuna, en tanto se formuló con un mes de posterioridad al hecho que presuntamente desconoció sus garantías ius fundamentales .

   Subsidiariedad

   La ciudadana F.A.A. tiene a su disposición la acción ordinaria laboral para resolver la controversia suscitada, no obstante, resulta necesario analizar sus circunstancias específicas, a fin de verificar la idoneidad y eficacia que tendría dicho medio judicial en el caso concreto .

   Conforme a lo probado en el expediente, la Sala encuentra que la actora:

   • Cuenta con 60 años de edad ;

   • Carece de ingresos económicos o rentas ;

   • Convive únicamente con su hermana −quien tiene una discapacidad cognoscitiva− ;

   • Se encuentra en el nivel 1° del Sisben ;

   • Su diagnóstico incluye las siguientes afecciones de salud: esclerodermia sistémica progresiva , soriasis , dermatitis crónica aguda con degeneración de huesos deformativa , edema pulmonar , desnutrición proteicocalórica , esofagitis , úlceras gástricas, disfuncionalidad de bronquios y riñones, así como inflamación de tejidos, vasos y venas .

   En consecuencia, la Sala corrobora que la accionante atraviesa por múltiples circunstancias de vulnerabilidad y, por tanto, reviste la calidad de sujeto de especial protección constitucional. Esta Corporación ha sostenido al respecto, que se requiere una salvaguarda reforzada de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en un estado de debilidad manifiesta .

   Lo cual conlleva la posibilidad excepcional de acudir a la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, aspecto que se aborda en la Sentencia T-503 de 2017, la cual indica:

   “Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

   (…)

   En Sentencia T-533 de 2010 la Corte reiteró la línea establecida en la sentencia antes mencionada [T-653 de 2004], al reconocer que cuando se formula una acción de tutela en aras lograr el reconocimiento de una pensión de invalidez, se trata de un derecho fundamental per se, “susceptible de protección por vía del amparo constitucional, particularmente por coincidir dos elementos fundamentales:

   (i) por una parte, la calidad del sujeto que la reclama. Es claro que las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta de una persona declarada inválida, hacen necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando de esa manera la garantía y respeto de derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros;

   (ii) En segundo lugar, porque la importancia de tal reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos, esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona y su grupo familiar dependiente para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas y justas.”

   De allí que, exigirle a la accionante que interponga una acción ordinaria laboral resultaría a todas luces desproporcionado, más aún, si se tiene en cuenta que ha sido diligente en la defensa de sus derechos, por cuanto formuló los recursos de reposición y apelación contra la Resolución No. GNR 383630 del 19 de diciembre de 2016 .

   Así las cosas, dadas las particularidades del caso concreto, la acción referida es ineficaz para la salvaguarda oportuna de las garantías fundamentales de la señora A.A.. Razón por la cual, el amparo resulta procedente formalmente como mecanismo definitivo de conformidad con las reglas jurisprudenciales reiteradas por esta Corporación en las Sentencias T-471 de 2017, T-250 de 2015, T-800 de 2012, entre otras:

   “La procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones pensionales se sujeta a las siguientes reglas: (i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa para el reconocimiento de la prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; (ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia. Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos.”

4. Problema jurídico

   Tras acreditar la procedibilidad formal de la acción de tutela, la Corte pasará a resolver el siguiente problema jurídico: ¿Se desconocen los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de un afiliado, al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el argumento de haberle otorgado previamente una indemnización sustitutiva?

   Para obtener la respuesta al interrogante referido y resolver el caso concreto, se abordarán los siguientes cuestionamientos: (i) ¿La accionante cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez?; y (ii) ¿La asignación previa de una indemnización sustitutiva a la señora A.A. es una razón suficiente para negarle el reconocimiento de la prestación reclamada?

   La solución a estas preguntas se realizará de manera progresiva, para lo cual se reiterarán las subreglas de derecho aplicables al asunto sub iudice y se plantearán las conclusiones correspondientes.

5. Requisitos para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común

   En el marco del Sistema General de Seguridad Social y el derecho fundamental contemplado en el artículo 48 Superior , la pensión de invalidez tiene como finalidad amparar a las personas que han sufrido una disminución considerable de su capacidad laboral, ya sea por enfermedad o accidente (común o profesional), dado que ello impacta negativamente su calidad de vida y su entorno familiar .

   El aseguramiento de dicha contingencia pretende compensar la situación de infortunio que ha sufrido el afectado mediante el otorgamiento de unas prestaciones económicas y de salud que garanticen sus necesidades básicas, así como su subsistencia en condiciones dignas .

   Del mismo modo, esta prestación social permite la materialización del mandato previsto en el artículo 13 Superior, según el cual: “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.

   Lo cual involucra la aplicación real y efectiva del derecho a la igualdad, en tanto fundamento del Estado Social de Derecho. Sobre este tópico, la Corte Constitucional ha sostenido que:

   “El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección.

   Del principio de Estado social de derecho se deducen diversos mandatos y obligaciones constitucionales: primariamente, el Congreso tiene la tarea de adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo (Preámbulo, CP art. 2). Por otra parte, el Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad (CP art.1), deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna.

   El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad.”

   En tal sentido, la legislación sobre la materia ha previsto los requisitos necesarios para que los ciudadanos puedan acceder a las prestaciones del Sistema General de Seguridad Social, en lo que respecta a la pensión de invalidez por riesgo común, los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 exigen: (i) tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% ; y (ii) haber “cotizado cincuenta (50) semanas o más dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración” .

   Cumplimiento de los requisitos en el caso concreto:

   De conformidad con los hechos probados en el expediente, la señora F.A.A. cumple los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, tal como pasa a explicarse a continuación:

   • Pérdida de capacidad laboral: El Dictamen No. 20161B1918BB de C., realizado el día 12 de octubre de 2016, indica que la accionante tiene una discapacidad laboral de 64.28%, con fecha de estructuración del 1° de octubre de la misma anualidad .

   Adicionalmente, incluye el siguiente diagnóstico: (i) Esclerosis Sistémica Progresiva; (ii) Desnutrición Proteicocalórica no especificada; (iii) Hemorragia Gastrointestinal no especificada; y (iv) Esofagitis .

   • Número de semanas cotizadas: El reporte oficial de semanas cotizadas por la señora A.A. , así como las Resoluciones GNR 154240 , GNR 38630 , GNR 4225 y GNR 40522 emitidas por C. , señalan que la actora cotizó 123,43 semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración, es decir, en el período comprendido entre el 1° de octubre de 2013 y el 1° de octubre de 2016.

   Así las cosas, la accionante cumple con los requisitos para que le sea reconocida la pensión de invalidez . Sin embargo, la accionada refiere que la señora A.A. no tiene derecho a tal prestación, debido a que otorgó previamente una indemnización sustitutiva por el riesgo de vejez. Por tanto, la Sala pasa a analizar dicho argumento a la luz de la jurisprudencia constitucional.

6. El otorgamiento previo de una indemnización sustitutiva y el reconocimiento de la pensión de invalidez

   El artículo 37 de la Ley 100 de 1993 dispone que las personas tienen derecho a percibir una indemnización sustitutiva cuando hayan cumplido la edad correspondiente para obtener una pensión de vejez, pero carezcan de las semanas necesarias para el efecto y, además, manifiesten su imposibilidad de continuar realizando aportes al Sistema de Seguridad Social .

   Esta indemnización tiene un carácter subsidiario o residual respecto a la pensión de vejez y, en consecuencia, está sujeta a la incompatibilidad señalada en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, según la cual, ningún afiliado puede recibir simultáneamente rentas que cubran los riesgos de vejez e invalidez .

   Sin embargo, la Corte Constitucional ha reiterado que la asignación previa de una indemnización sustitutiva, no imposibilita el reconocimiento de una pensión, subregla constitucional que se sustenta, entre otros, en los precedentes que se explican a continuación:

   En la Sentencia T-002A de 2017, la Sala Sexta de Revisión resolvió el caso del señor R.C.F.M., a quien C. le negó su solicitud de pensión de invalidez con fundamento en: (i) la inaplicación del principio de la condición más beneficiosa y (ii) “por habérsele cancelado una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez” .

   Con relación a este último aspecto, las consideraciones generales del fallo señalan lo siguiente:

   “La Corte ha indicado que haber entregado a una persona ‘la indemnización sustitutiva no impide que pueda examinarse nuevamente la posibilidad de reconocerle la pensión de invalidez. La jurisprudencia constitucional ha interpretado que la incompatibilidad de esas prestaciones no significa que a una persona que ya se le reconoció el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, no pueda volvérsele a examinar el derecho a una pensión, que cubra de manera más amplia las contingencias de la discapacidad’ .

   ‘En consecuencia, la incompatibilidad de los beneficios pensionales no es una barrera para evaluar nuevamente los casos, ni efectuar un reconocimiento pensional, sino que debe interpretarse como una imposibilidad de que los aportes al sistema financien dos prestaciones simultáneamente, cuando una de ellas se otorgó con apego a las normas legales y a la Constitución’ .

   En conclusión, la jurisprudencia protege a quienes habiendo cumplido la edad para obtener una pensión no cotizaron el mínimo de semanas exigidas y declararon su imposibilidad de continuar haciéndolo, otorgándoles la opción de acceder a una indemnización, lo que no significa que, en caso de establecer que puede ser acreedor de una prestación mejor, como lo es la pensión propiamente, no pueda acceder a la misma, caso en el cual se descontará de las mesadas correspondientes el valor cancelado con anterioridad por dicho concepto” .

   De tal forma, la Corte sostuvo que el otorgamiento previo de una indemnización sustitutiva al accionante, no representaba un impedimento para que C. reconociera su derecho a la pensión de invalidez, pues resultaba posible efectuar un “descuento” o “compensación” entre las prestaciones sociales. En tal sentido, afirmó:

   “No olvida la Sala que, el 1º de enero de 2000, a través de la Resolución número 2381, C. reconoció al señor R.C.F.M. una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, con base en las 525 semanas de cotización, por valor de $3.302.182. Sobre este punto, ordenará a la referida entidad, que descuente del pago de las mesadas pensionales al actor, lo pagado previamente por concepto de la indemnización sustitutiva.

   Lo que precede, atendiendo a lo establecido por la jurisprudencia de este Tribunal, de conformidad con lo cual, no es posible acceder a la pensión y a la indemnización sustitutiva por la misma causa, como se mencionó en la parte considerativa de esta providencia, aunque si después de concedida la indemnización, se establece que tiene derecho a la pensión, procede la compensación.”

   Igualmente, la Sentencia T-596 de 2016, proferida por la Sala Cuarta de Revisión, resolvió los casos de los señores G.H.R. y J.M.G.C., a quienes les fue negada la pensión de invalidez con fundamento en el otorgamiento previo de una indemnización sustitutiva.

   Ante lo cual, se abordó el estudio del siguiente problema jurídico:

   “Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y las decisiones de tutela adoptadas por los jueces de instancia, en esta oportunidad le compete a la Sala de Revisión analizar si C. vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso de los señores G.H.R. y J.M.G.C., al negar el reconocimiento de la pensión de invalidez y de vejez, respectivamente, con el argumento de que dichas prestaciones son incompatibles con la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que les fue reconocida en su momento.”

   En el respectivo análisis jurisprudencial, se afirmó que la incompatibilidad de las prestaciones no es un argumento válido para negar un derecho pensional, en tanto es posible deducir lo pagado por concepto de indemnización sustitutiva “y así asegurar que los aportes del asegurado financien solamente una prestación” .

   Con base en dicha subregla, la Sala abordó el estudio de los casos concretos. Respecto al señor H.R., constató la existencia de un hecho superado, en tanto C. decidió reconocer su derecho a la pensión de invalidez . En relación con el señor G.C., sostuvo que la accionada se equivocaba al negar la pensión con base en el régimen de incompatibilidades , sin embargo, no concedió el amparo solicitado al corroborar que el accionante no cumplía con las semanas requeridas por el ordenamiento jurídico .

   Por otra parte, la Sentencia T-606 de 2014, proferida por la Sala Primera de Revisión, abordó el caso del señor O.C.R., quien formuló acción de tutela contra C. debido a que dicha entidad negó el reconocimiento de su pensión de invalidez.

   Los hechos del fallo refieren que, en un primer momento, la razón de la negativa era el incumplimiento del número de semanas exigidas por la ley, ante lo cual, la entidad procedió a reconocerle una indemnización sustitutiva. Con posterioridad a ello, el actor volvió a solicitar la pensión de invalidez y la respuesta de la Administradora de Pensiones se fundamentó en que: “el solicitante tiene reconocida una prestación económica en el Sistema General de Pensiones [la indemnización sustitutiva] que es incompatible con la que ahora se encuentra en estudio” .

   Debido a lo anterior, la Corte abordó dos temáticas para resolver el caso concreto: (i) Determinó que la demandada había negado la solicitud pensional con base en un dictamen que no determinaba con precisión la fecha de estructuración de la discapacidad ; y (ii) Sostuvo que “el hecho de que al accionante le hubieran reconocido la indemnización sustitutiva no impide que pueda evaluarse nuevamente su derecho pensional, y eventualmente reconocerle la pensión de invalidez” .

   Frente a este segundo punto, explicó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la incompatibilidad entre prestaciones “no es óbice para reexaminar el asunto” , dado el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social, el cual se refuerza ante “personas en situación de debilidad manifiesta, que dependen en gran medida de un ingreso regular para satisfacer las necesidades más básicas de vida” .

   Además, indicó que la posibilidad de realizar una “deducción” o “compensación” entre la indemnización sustitutiva y la pensión de invalidez, garantiza la sostenibilidad financiera del sistema, así como el régimen de incompatibilidades. En tal sentido, sostuvo:

   “De otra parte, cabe precisar que un eventual reconocimiento de la pensión de invalidez al accionante no afectaría la sostenibilidad financiera del sistema, pues existen mecanismos para que pueda deducirse de las mesadas lo pagado por concepto de indemnización sustitutiva, y así asegurar que los aportes del actor financien solamente una prestación. De esta forma, se cumpliría con el objetivo del mandato de incompatibilidad de las prestaciones y con el respeto a los derechos adquiridos y el carácter irrenunciable de la seguridad social.

   En diferentes oportunidades la Corte ha utilizado este mecanismo para armonizar los postulados descritos, autorizando a la demandada, por ejemplo, para que descuente lo pagado por indemnización sustitutiva de las mesadas pensionales, sin que se afecte el derecho al mínimo vital.”

   Adicionalmente, las Sentencias T-656 de 2016, T-065 de 2016, T-861 de 2014, T-228 de 2014, T-937 de 2013 y T-145 de 2008, entre otras, resultan ilustrativas respecto a la posibilidad de conceder una pensión a quién ha recibido previamente una indemnización sustitutiva.

   En consecuencia, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha considerado que la incompatibilidad de las prestaciones sociales, no justifica el desconocimiento del derecho pensional de quien ha cumplido los requisitos legales para acceder a una prestación mejor.

   Por lo tanto, si el solicitante de una pensión de invalidez recibió previamente una indemnización sustitutiva, puede acceder a la prestación que cubra de manera más amplia las contingencias de su discapacidad, si se descuenta de ésta el valor recibido a título de indemnización.

   De tal forma, se impide que un afiliado reciba dos erogaciones incompatibles por parte del Sistema de Seguridad Social y, a la vez, se salvaguarda el principio de favorabilidad laboral establecido en el artículo 53 Superior, según el cual, debe priorizarse la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” .

   Conclusión frente al caso concreto:

   En el asunto objeto de estudio, C. aduce que la indemnización sustitutiva y la pensión de invalidez son incompatibles entre sí, lo cual impide, en su concepto, el reconocimiento del derecho pensional de la accionante .

   La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la incompatibilidad de las prestaciones sociales no es un obstáculo para que se otorgue la pensión de invalidez a quien ha cumplido los requisitos legales correspondientes .

   Con lo cual, se evidencia que la Administradora de Pensiones desconoció el precedente fijado por esta Corporación e impidió su acceso a unos ingresos que resultaban indispensables para la atención de sus necesidades básicas –mínimo vital¬- y, más aún, a efectos de garantizar su subsistencia en condiciones dignas .

   Adicionalmente, se destaca que la accionada inaplicó el principio de favorabilidad laboral reconocido en el artículo 53 de la Constitución, en tanto debió dar prevalencia a la pensión de invalidez sobre la indemnización sustitutiva y los posibles Beneficios Económicos Periódicos –BEPS- que hubiera podido recibir la accionante en el marco de dicho programa , ya que la mencionada prestación social garantiza en mejor medida las contingencias de su discapacidad.

   Así las cosas, la Sala ordenará a C. que proceda a reconocer y pagar la pensión de invalidez a la señora A.A., incluyendo las mesadas dejadas de percibir desde el momento en que se consolidó su derecho, es decir, el 1° de octubre de 2016, fecha en la cual se estructuró su discapacidad laboral .

   Por último, se destaca que la indemnización sustitutiva que se concedió a la accionante nunca le fue entregada de manera directa, toda vez que fue trasladada al Fondo BEPS en calidad de ahorro . Por tanto, no resulta necesario ordenar que se descuente valor alguno de las mesadas pensionales, sino el correspondiente traslado interno de la indemnización, desde el fondo mencionado hacía la cuenta que disponga C. para el pago de la pensión de invalidez.

7. Síntesis de la decisión

1. Hechos de la solicitud de amparo. La señora F.A.A. cuenta con 60 años de edad, convive únicamente con su hermana −quien sufre una discapacidad cognoscitiva−, carece de los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, se encuentra en el nivel I del Sisbén y padece las siguientes afecciones de salud: soriasis, esclerodermia, dermatitis crónica aguda con degeneración de huesos deformativa, desnutrición proteicocalórica, edema pulmonar, úlceras gástricas, disfuncionalidad de bronquios y riñones, así como inflamación interna de tejidos, vasos y venas.

   En atención a ello, el Grupo Médico de C. calificó su pérdida de capacidad laboral en un 64.28% con fecha de estructuración del día 1° de octubre de 2016. Por ello, la accionante solicitó a dicha entidad el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Sin embargo, la Administradora de Pensiones negó su petición aduciendo que había reconocido previamente una indemnización sustitutiva, la cual resultaba incompatible con la prestación solicitada.

2. Formulación de la acción de tutela y decisiones de instancia. Como consecuencia de lo anterior, la señora A.A. formuló acción de tutela contra C. argumentando el desconocimiento de su derecho fundamental a la seguridad social. Los jueces de instancia declararon el amparo improcedente al sostener que la controversia debía ser resuelta por la jurisdicción ordinaria.

3. Cuestión previa: procedibilidad del amparo. La Sala de Revisión aborda de manera preliminar la procedencia formal de la acción de tutela. Considera que, si bien la demandante tiene a su disposición la acción ordinaria laboral, ésta no resulta eficaz para el caso concreto, dado que la demandante es sujeto de especial protección constitucional y se encuentra en un estado de debilidad manifiesta.

4. Problema jurídico. Con posterioridad, la Sala aborda el estudio del siguiente problema jurídico: ¿Se desconocen los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de una afiliada, al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el argumento de haberle otorgado previamente una indemnización sustitutiva?

5. Requisitos para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común. A efectos de resolver el cuestionamiento planteado se procede a analizar si la accionante cumple los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, a saber: (i) una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%; y (ii) haber cotizado 50 semanas o más dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración.

   De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se encuentra acreditado que el Grupo Médico de C. calificó la discapacidad laboral de la señora A.A. en 64.28%; y, además, que la actora cuenta con 123,43 semanas cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración, es decir, en el período comprendido entre el 1° de octubre de 2013 y el 1° de octubre de 2016.

6. El otorgamiento previo de una indemnización sustitutiva y el reconocimiento de la pensión de invalidez. La Sala considera que, si bien ambas prestaciones sociales resultan incompatibles entre sí, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que ello no es un impedimento para que se reconozca un derecho pensional que cubra de manera más amplia las contingencias de la discapacidad.

7. Conclusión del caso concreto. Con base en las consideraciones señaladas, la Sala concluye que C. desconoció el precedente fijado por esta Corporación y vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la señora A.A..

Teniendo en cuenta la procedencia formal y material de la acción de tutela, la Sala revoca las decisiones de instancia y ordena a C. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la accionante, incluyendo las mesadas dejadas de percibir, y efectuando el traslado interno correspondiente de la indemnización sustitutiva que se le reconoció a la señora F.A.A. mediante la Resolución GNR 154240 del 25 de mayo de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,