Sentencia de Tutela nº 205/18 de Corte Constitucional, 28 de Mayo de 2018

Expediente T-6.493.576

1. LA DEMANDA DE TUTELA

   1. El 20 de junio de 2017, el señor J.I.C.H., a través de apoderado judicial[1], interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la familia, a una vida digna y al mínimo vital, dado que la entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad regulada en el parágrafo cuarto del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

   Frente a lo anterior, el actor solicitó al juez de tutela que ordene a COLPENSIONES reconocer y pagar en su favor la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad[2].

2. HECHOS RELEVANTES

   En síntesis el demandante expuso los siguientes hechos:

   2. El 25 de octubre de 2016, el señor J.I.C.H. elevó petición ante COLPENSIONES con el propósito de que fuera reconocida en su favor la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, toda vez que su hija[3] L.S.C.S. fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 93,5%, con fecha de estructuración del 2 de junio de 2012[4].

   3. El 4 de febrero de 2017, mediante Resolución No. GNR 40130[5] COLPENSIONES negó la prestación solicitada por el señor C.H. al considerar que no fue acreditada la calidad de padre cabeza de familia, requisito indispensable para acceder a la mencionada pensión, de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

   4. El 16 de marzo de 2017, COLPENSIONES resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior decisión, en el sentido de confirmar la misma[6]. El 17 de abril de 2017, a través de la Resolución No. DIR 3295, que resolvió el recurso de apelación, la entidad accionada le informó al señor C.H. que “el cuidado del hijo no se encuentra exclusivamente a cargo del padre, sino que cuenta con la intervención de la esposa del solicitante, por tanto el trabajo que realiza el peticionario no impide la atención y cuidado del hijo invalido. En consecuencia, no hay lugar al reconocimiento de la prestación solicitada, y se concluye que el acto administrativo impugnado se encuentra ajustado a derecho...”[7]. El accionante afirmó que tiene 49 años[8], 1.349,29 semanas cotizadas al sistema pensional[9], varias deudas frente a las que no puede responder debido a que no tiene trabajo[10] y que ostenta la calidad de padre cabeza de familia[11].

COLPENSIONES

6. El 29 de junio de 2017, el Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES manifestó que no podía contestar la presente acción de tutela dado que con la notificación efectuada a la entidad se allegó copia del traslado de manera incompleta[12].

   4. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN

   Decisión de primera instancia: Juzgado Tercero de Ejecución Civil del Circuito de Medellín

7. El 5 de julio de 2017, la mencionada autoridad judicial negó el amparo solicitado por el señor C.H. al considerar que dentro de la investigación administrativa adelantada por COLPENSIONES se logró demostrar que el accionante tiene un vínculo matrimonial vigente con su cónyuge, quien es ama de casa, por lo que no puede ser considerado como padre cabeza de familia.

   Sin perjuicio de lo anterior, destacó que el actor puede acudir a la vía judicial ordinaria para discutir el pago de la prestación objeto de la presente tutela y que aun cuando el juez constitucional se encuentra facultado para reconocer prestaciones como la solicitada, de manera temporal o transitoria, en el caso concreto no advirtió la presencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la protección del derecho al mínimo vital del señor C.H.[13].

   Trámite de impugnación

8. El 13 de julio de 2017, el apoderado del actor impugnó la sentencia de primera instancia al estimar que pese a que dentro del escrito de demanda se expuso la vulneración de los derechos fundamentales invocados así como la precaria situación económica del señor C.H. y su núcleo familiar, producto del retardo en el reconocimiento de la pensión que reclama -sin que tales afirmaciones fueran puestas en duda por la entidad accionada- el despacho decidió negar la protección constitucional[14].

   Decisión de segunda instancia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala Civil

9. El 2 de agosto de 2017, el citado Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia. Sobre el particular manifestó que para que sea ordenada la inclusión en nómina de pensionados por vía de tutela es necesario que el actor acredite los cinco requisitos exigidos por el parágrafo cuarto del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, dentro de los que se encuentra el relativo a demostrar la calidad de padre cabeza de familia. En consecuencia, aclaró que dado que el señor C.H. recibe el apoyo de su cónyuge en el hogar, por ser ama de casa, no puede ser catalogado como padre cabeza de familia y en ese sentido, no cumple con los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad[15].

   5. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN

10. En desarrollo del trámite de revisión, el magistrado sustanciador con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, consideró necesario disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica del asunto sometido a estudio. Para ello ordenó:

    “PRIMERO.- Respecto del expediente T-6.493.576

    OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación al señor J.I.C.H., para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia informe y allegue al despacho:

    (i) ¿Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, cuál es la fuente de sus recursos económicos y de qué manera sufragan los gastos familiares?

    (ii) ¿Tiene personas a cargo? En caso positivo indique ¿quiénes y cuántas?

    (iii) ¿Es propietario de bienes inmuebles o muebles o, tiene alguna participación en sociedades? En caso positivo, ¿cuál es su valor y la renta que puede derivar de ellos?

    (iv) Detalle su situación económica actual.

    (v) ¿El dictamen de pérdida de capacidad laboral de su hija L.S.C.S. se encuentra en firme o fue objeto de algún recurso?

    (vi) ¿Ha iniciado algún trámite o proceso judicial diferente a la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la pensión?

    (vii) ¿Qué actividad económica realiza en la actualidad su cónyuge? ¿Cuáles son sus ingresos mensuales o bienes? ¿A qué destinan tales ingresos y bienes? ¿Alguna parte de ellos se destinan a la atención de L.S.C.S.?

    (viii) La historia clínica de su hija L.S.C.S..

    (ix) La petición que presentó a Colpensiones, mediante la cual solicitó la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad.

    (x) Certificado de afiliación en salud.

    (xi) Copia de la cédula de ciudadanía.

    OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia allegue al despacho la historia laboral del señor J.I.C.H., en la que se especifique las semanas cotizadas al fondo de pensiones”[16].

11. En respuesta de las pruebas solicitadas[17], se obtuvo la siguiente información:

    - El 6 de marzo de 2018, el señor J.I.C.H., a través de su apoderado, informó que su núcleo familiar está constituido por tres personas; él, su cónyuge, S.P.S.O., y su hija, L.S.C.S.. Asimismo, afirmó que el señor C.H. es quien provee el único ingreso económico al hogar ya que su cónyuge se dedica al cuidado de su hija. Sin embargo, destacó que actualmente no tienen un trabajo estable pues labora de forma ocasional e informal, lo que le permite, según dijo, estar cerca de su residencia para colaborar con el cuidado de su hija en situación de discapacidad.

    Igualmente, el apoderado manifestó que el accionante es propietario del inmueble en el que reside, se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud, donde le prestan la atención que requiere su hija, y presentó el 2 de agosto de 2017 una demanda judicial ante los juzgados laborales de Medellín, cuyo radicado corresponde al número 05001310502320170051900, la cual tiene programada audiencia de conciliación y decreto de pruebas para el día 11 de abril de 2019[18].

    - El 14 de marzo de 2018, el Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES aportó al expediente la historia laboral del señor J.I.C.H. en la que se advierte que el estado de su afiliación es inactivo, pues su última fecha de cotización corresponde al periodo de noviembre de 2016, para un total de 1.347,29 semanas cotizadas[19].

    Expediente T-6.493.923

    1. LA DEMANDA DE TUTELA

12. El 23 de agosto de 2017, el señor J.M.D., a través de apoderada judicial[20], presentó acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, dado que la entidad demandada negó la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad.

    3. de lo anterior, el actor solicita al juez de tutela que ordene a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la mencionada prestación, a partir de su última cotización al sistema general de pensiones, 15 de mayo de 2014, además de cancelar lo que corresponda por concepto de retroactivo e intereses[21].

    2. HECHOS RELEVANTES

    En síntesis el demandante expuso los siguientes hechos:

13. El 7 de agosto de 1998, el señor J.M.D. contrajo matrimonio[22] con la señora A.L.V.A., unión de la cual nacieron sus hijos J.P.M.V., L.M.M.V. y J.D.M.V.[23].

14. El 23 de febrero de 2010, F.E.P.S. calificó la pérdida de capacidad laboral de la hija del accionante, J.P.M.V., en un 73,3% con fecha de estructuración de la invalidez el 21 de febrero de 1993[24], un año después de su nacimiento, debido a que padece de ceguera bilateral con glaucoma secundario[25].

15. El 15 de mayo de 2014, el accionante realizó su última cotización al sistema pensional como trabajador de la Compañía Colombiana Automotriz, para un total hasta esa fecha de 1.364 semanas cotizadas[26], pues afirma que con posterioridad a esa fecha no ha podido conseguir empleo.

16. El 30 de noviembre de 2015, el actor solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES iniciar el trámite de calificación de pérdida de la capacidad laboral de su hija J.P.M.V.[27].

17. El 26 de enero de 2016, COLPENSIONES calificó a J.P.M.V. con una pérdida de capacidad laboral del 100% y fecha de estructuración del 21 de febrero de 1992, es decir, desde su nacimiento[28].

18. El 24 de junio de 2016, el señor J.M.D. radicó ante COLPENSIONES solicitud de reconocimiento de pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad[29], la cual fue negada mediante la Resolución No. GNR56365 del 21 de febrero de 2017 al considerar que el accionante no es padre cabeza de familia, pues “podría contar con el apoyo de su esposa ya sea para la manutención del hogar o para el cuidado del hijo inválido”[30].

19. El 23 de junio de 2017, mediante la resolución No. SUB 105579 COLPENSIONES resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la anterior decisión, en el sentido de confirmar la misma, toda vez que “no se evidencia en el expediente documento idóneo a través del cual se pueda establecer la condición de padre o madre cabeza de familia, tales como registro civil de defunción del cónyuge o compañero permanente fallecido, declaraciones propias y de terceros en las que se haga constar su ausencia o copia del acta de conciliación o sentencia judicial en firme en la que se establezca que la guarda y cuidado personal del inválido menor de edad está a cargo del afiliado peticionario”[31].

20. El actor tiene 52 años[32], 1.364,86 semanas cotizadas al sistema pensional[33] y afirma tener la calidad de padre cabeza de familia[34].

COLPENSIONES

21. El 12 de septiembre de 2017, el Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES solicitó al juez de tutela declarar improcedente la acción de la referencia dado que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el accionante puede acudir al procedimiento judicial ordinario a efectos de que sea el juez laboral quien decida sobre sus pretensiones[35].

    4. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN

    Primera Instancia: Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

22. El 15 de septiembre de 2017, el juez declaró improcedente la presente acción de amparo. Sobre el particular, señaló que si bien la acción de tutela procede de manera excepcional frente al reconocimiento de prestaciones de carácter pensional, la apoderada del señor M.D. no demostró que la vía ordinaria resultara inidónea para resolver su situación, así como tampoco sustentó la configuración de un perjuicio irremediable, pues la afectación carece de inminencia en vista de que el actor cuenta con el apoyo de su cónyuge ya sea para la manutención del hogar o para el cuidado de su hija en situación de discapacidad. Por consiguiente, indicó que al existir un mecanismo judicial ordinario célere, expedito, eficiente y eficaz, compete al juez natural de ese trámite la resolución del asunto objeto de esta tutela[36].

    Trámite de impugnación

23. El 22 de septiembre de 2017, la apoderada del accionante impugnó la decisión anterior al considerar que omitió el análisis de las pruebas que contienen la historia laboral del señor M.D. y de su cónyuge, en las que se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable toda vez que certifican que ninguno de los dos tiene un trabajo estable debido a que sobrepasan los cincuenta (50) años de edad y que están afiliados al sistema de salud del régimen contributivo a efectos de otorgarle a su hija en situación de discapacidad una atención médica de calidad. En este orden de ideas, manifestó que acudir a un proceso ordinario ocasionaría innumerables perjuicios económicos que repercutirían en el bienestar de su hija, comoquiera que tal trámite es muy extenso y necesita sufragar los gastos médicos que no prevé la EPS[37].

    Segunda instancia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal

24. El 24 de octubre de 2017, el Tribunal confirmó la sentencia de primer grado. Al respecto, señaló que no es procedente solicitar por vía de tutela el reconocimiento de prestaciones económicas sin encontrarse dentro de las situaciones límites que ha decantado la Corte Constitucional, máxime cuando existe un acto administrativo, en firme, emitido por COLPENSIONES en el que se negó el reconocimiento de la pensión solicitada, debido a que el señor M.D. no cumple con los requisitos legales para acceder a la misma.

    Así las cosas, la segunda instancia concluyó que el demandante no probó que el no reconocimiento de la pensión de vejez hubiese generado en él o en su familia un perjuicio grave que requiera una acción impostergable de la autoridad constitucional. De ahí que sostuviera que el actor no podía alegar la configuración de dicho perjuicio pese a que percibe ingresos que le permiten llevar una vida en condiciones de dignidad, “proveer las necesidades básicas de su familia, pagar los servicios públicos de su hogar y cotizar al régimen contributivo de salud”.

    Finalmente, destacó que aun cuando el amparo no es procedente para obtener el reconocimiento y pago retroactivo de la pensión a la que considera tiene derecho, se encuentra legitimado para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en caso de que quiera controvertir la legalidad de la decisión emitida por COLPENSIONES o ante la jurisdicción laboral ordinaria si aún conserva interés en el otorgamiento de la prestación que aquí se controvierte[38].

    5. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN

25. En desarrollo del trámite de revisión, el magistrado sustanciador con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, consideró necesario disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica del asunto sometido a estudio. Para ello ordenó:

    “SEGUNDO.- Respecto del expediente T-6.493.923

    OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación al señor J.M.D., para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia informe y allegue al despacho:

    (i) ¿Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, cuál es la fuente de sus recursos económicos y de qué manera sufragan los gastos familiares? ¿Colabora su cónyuge con los gastos del hogar y el cuidado de su hija J.P.M.V.?

    (ii) ¿Tiene personas a cargo? En caso positivo indique ¿quiénes y cuántas?

    (iii) ¿Es propietario de bienes inmuebles o muebles o, tiene alguna participación en sociedades? En caso positivo, ¿cuál es su valor y la renta que puede derivar de ellos?

    (iv) Detalle su situación económica actual.

    (v) ¿El dictamen de pérdida de capacidad laboral de su hija J.P.M.V. se encuentra en firme o fue objeto de algún recurso?

    (vi) ¿Ha iniciado algún trámite o proceso judicial diferente a la acción de tutela para obtener el reconocimiento pago de la pensión?

    (vii) ¿Qué actividad económica realiza en la actualidad su cónyuge? ¿Cuáles son sus ingresos mensuales o bienes? ¿A qué destinan tales ingresos y bienes? ¿Alguna parte de ellos se destina a la atención de J.P.M.V.?

    (viii) La historia clínica de su hija J.P.M.V..

    (ix) Certificado de afiliación en salud.

    OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia allegue al despacho la historia laboral del señor J.M.D. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.127.016, en la que se especifique las semanas cotizadas al fondo de pensiones”[39].

26. En respuesta de las pruebas solicitadas[40], se obtuvo la siguiente información:

    - El 5 de marzo de 2018, el señor J.M.D., a través de su apoderada, informó que su núcleo familiar lo integran él, su cónyuge, A.L.V.A., y sus hijos J.P.M.V., persona en situación de discapacidad, y J.D.M.V., menor de edad.

    Igualmente, indicó que la fuente de sus recursos, hasta hace poco, correspondía a la liquidación que le fue reconocida en su último trabajo y en vista de que ya se terminaron, actualmente trabaja de manera informal prestando servicio de transporte ocasional, dado que su cónyuge no aporta ningún dinero al hogar pues se encarga de cuidar a su hija en situación de discapacidad. Adicionalmente, comunicó que el bien inmueble en el que residen es de su propiedad y que el pasado 14 de diciembre de 2017 inició un proceso para el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, cuyo número de radicado es el 11001310503020170078200.

    No obstante lo anterior, aseguró que estos procesos normalmente se dilatan un año y seis meses en primera instancia y un año más a efectos de decidir la segunda instancia, por lo que considera que es necesaria una protección transitoria de su derecho[41].

    - El 13 de marzo de 2018, el Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES aportó el resumen de las semanas cotizadas al sistema pensional por parte del señor J.M.D., en el que consta que tiene 1.364,86 semanas cotizadas hasta el mes de mayo de 2014[42].

    - El 2 de abril de 2018, el Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES solicitó a la Corte que declare improcedente las acciones de tutela presentadas por los señores J.I.C.H. y J.M.D., dado que las mismas no cumplen con el requisito de subsidiariedad.

    No obstante, destacó que en caso de que la Corte considere procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre tales asuntos, deberá denegar las pretensiones de las demandas, comoquiera que los accionantes no cumplen con los requisitos legales para acceder a la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, pues no acreditaron tener la calidad de padres cabeza de familia, requisito indispensable pare ser beneficiario de la aludida prestación de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incluido en la Circular Interna No. 8 de 2014 de COLPENSIONES[43].

1. COMPETENCIA

   27. Esta Corte es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 15 de diciembre de 2017, proferido por la Sala de Selección de tutela Número Doce de esta Corporación, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.

2. CUESTIONES PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

   28. Legitimación por activa

       El artículo 86 de la Constitución ha previsto que cualquier persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de los derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados.

       Los señores J.I.C.H. (T-6.493.576) y J.D.M. (T-6.493.923), como titulares de los derechos fundamentales invocados y cuestionando la decisión de no reconocer la pensión por hijo en situación de discapacidad interpusieron acción de tutela a través de apoderado judicial, razón por la cual se encuentra acreditada la legitimidad para promover la misma (C.P. art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art.10°).

   29. Legitimación por pasiva

       El artículo 86 superior prevé que la acción de tutela es procedente frente a particulares cuando: a) estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio público; b) la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo o c) el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular[44]. A su vez, el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental.

       Las demandas de tutela T-6.493.576 y T-6.493.923 fueron promovidas en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional[45] que se ha negado a reconocer la pensión solicitada por los accionantes. Por tanto, se entiende acreditado este requisito de procedencia.

   30. Inmediatez

       El requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales. Conforme a lo anterior, la Corte ha dispuesto que se debe presentar la solicitud de amparo dentro de un plazo razonable, el cual debe ser analizado caso por caso[46].

       T-6.493.576

       Los hechos que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el apoderado del accionante ocurrieron el 17 de abril de 2017[47], día en el que COLPENSIONES profirió la Resolución No. DIR 3295[48], mediante la cual le negó al señor J.I.C.H. la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad. Dado que la fecha de interposición de la presente acción fue el 20 de junio de 2017, es decir, a los dos meses y dos días de haberse generado la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor, es un término que la Corte juzga prudente y razonable para reclamar su protección.

       T-6.493.923

       Respecto del señor J.M.D., se advierte que su apoderada presentó la acción de tutela el día 21 de agosto de 2017[49], esto es, veintitrés (23) días después de que COLPENSIONES le notificó al demandante la negativa frente a su petición de reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad[50], por lo que esta Sala de Revisión considera que la presente acción también cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la tutela fue interpuesta en un término prudente y razonable.

   31. Subsidiariedad

       El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, establece que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. De igual forma, se ha aceptado la procedencia definitiva del amparo de tutela en aquellas situaciones en las que existiendo recursos judiciales, los mismos no sean idóneos o eficaces para evitar la vulneración del derecho constitucional fundamental.

       Respecto de las pretensiones dirigidas a obtener la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, esta Corte ha señalado que (i) la acción de tutela procede de manera definitiva, pese a la existencia de otros mecanismos judiciales, cuando resulta necesario tomar medidas urgentes para que quien acude a la solicitud de amparo pueda continuar con la manutención de su familia y al mismo tiempo brindar el cuidado especial que requiere su hijo o hija en situación de discapacidad; (ii) la acción de tutela procede como mecanismo transitorio ante la existencia de un perjuicio irremediable y (iii) la acción de tutela es improcedente cuando de las circunstancias particulares del accionante y su núcleo familiar relacionadas con (a) la edad del demandante, (b) el estado de su afiliación y la de sus hijos al sistema de seguridad social en salud y (c) las condiciones económicas del grupo familiar, no se desprendan motivos que permitan concluir que en caso de acudir a la vía ordinaria laboral se genere un riesgo claro para los derechos fundamentales reclamados. A continuación, esta Sala de Revisión se referirá a tales casos que constituyen precedentes relevantes.

       Mediante sentencia T-642 de 2017 la Corte analizó el caso de una señora a quien COLPENSIONES negó el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, y consideró que la tutela procedía como mecanismo definitivo debido a que la accionante no podía hacerse cargo del cuidado completo de su hija, diagnosticada con un 80% de pérdida de capacidad laboral, en razón a su trabajo, el cual constituía el único sustento económico de toda su familia y por tanto tenía que dejarla al cuidado de su hermana, siendo esa medida de carácter temporal[51].

       Igualmente la Corte ha reconocido la procedencia definitiva de la tutela ante solicitudes de pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, cuando el demandante sea un sujeto de especial protección constitucional, igual que su hijo en situación de discapacidad, debido a su avanzada edad y a problemas de salud que disminuyen su fuerza laboral para cubrir los gastos económicos del hogar y los que requiere su hijo y además, impiden que pueda soportar el trámite ordinario[52].

       De otro lado, la Corte también ha reconocido la procedencia transitoria de la acción de tutela interpuesta para reclamar la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, cuando de las circunstancias particulares del caso sometido a estudio se desprenda la existencia de un perjuicio irremediable debido a la situación de vulnerabilidad del accionante, “el cual se encuentra en riesgo de no tener las posibilidades para cuidar a su hijo (…)”[53] y “además, está en peligro su mínimo vital y de su núcleo familiar, incluidos su hijo y su esposa, quienes no pueden trabajar por razones de salud”[54].

       Sin perjuicio de lo anterior, en la sentencia T-118 de 2016 al revisar el caso de una señora cuya hija tenía una pérdida de capacidad laboral del 72,45% y a quien COLPENSIONES le negó la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, esta Corte consideró que para la accionante el mecanismo judicial ordinario resultaba idóneo toda vez que (i) el derecho solicitado no estaba claro y debía ser sometido a un juicio de valor que requería de una actividad probatoria; (ii) no existía prueba que permitiera derivar una afectación real y/o grave al mínimo vital del accionante o de su hija y (iii) no era necesario la toma de medidas urgentes, dado que el derecho a la salud de la menor en situación de discapacidad y la demandante se encontraban cubiertos.

   32. Conforme con lo expuesto, la Sala procederá a analizar los casos de que trata la presente tutela.

       T-6.493.576

       Para la Sala, la acción de tutela interpuesta por el apoderado del señor J.I.C.H. no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues analizados los hechos del caso y revisadas las pruebas aportadas al expediente se observa que no se cumplen las condiciones mínimas que puedan justificar de manera definitiva o transitoria el amparo. En efecto, el accionante (i) tiene cuarenta y nueve (49) años; (ii) actualmente tanto él como su núcleo familiar se encuentran dentro del servicio de salud del régimen subsidiado, por lo que su atención médica se encuentra cubierta; y (iii) su cónyuge colabora con las labores del hogar y los cuidados que su hija en situación de discapacidad requiere. Además, (iv) es propietario del inmueble en el que reside junto con su familia y (v) realiza trabajos de forma ocasional, lo que le permite, según informó a esta Sala de Revisión, estar cerca de la residencia y proveer el ingreso económico necesario para satisfacer las necesidades básicas familiares.

       En este orden de ideas, la Sala tampoco advierte la existencia de un perjuicio irremediable que requiera la intervención urgente del juez de tutela ya que el accionante (i) no es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) aún conserva una edad que le permite acceder al mercado laboral; y (iii) ni él, ni su cónyuge, tienen enfermedades graves que les impidan colaborar con las labores del hogar o los cuidados que requieren sus hijos.

       De otro lado, es preciso tomar en consideración que ante los juzgados laborales de la ciudad de Medellín se inició proceso ordinario laboral que tiene por pretensión, igual que la presente acción de tutela, el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad en tanto el accionante considera que cumple con todos los requisitos legales que le permiten acceder a la misma. En dicho proceso fue fijada fecha para la audiencia de conciliación y solicitud de pruebas, el día 11 de abril de 2019 y pese a que en principio dicha diligencia puede resultar lejana en el tiempo, ello le permite al accionante preparar todos los elementos probatorios que considera necesarios y estudiar las evidencias aportadas por COLPENSIONES, a efectos de que a partir de ese debate probatorio se defina de manera definitiva su calidad de padre cabeza de familia[55], requisito que se encuentra en discusión para acceder al reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad. Incluso, en caso de que el apoderado de la parte demandante considere que el mencionado trámite judicial se está prolongando en el tiempo generando con ello un detrimento a los derechos de su representado, podrá solicitar la adopción de las medidas cautelares que sean procedentes según la regulación aplicable.

       Así las cosas, esta Sala de Revisión revocará la sentencia proferida el 2 de agosto de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala Civil, que confirmó la sentencia proferida el 5 de julio de 2017 por el Juzgado Tercero de Ejecución Civil del Circuito de Medellín, cuya decisión fue negar la acción de tutela interpuesta por el señor J.I.C.H. contra COLPENSIONES, y en su lugar se declarará la improcedencia de la referida acción de tutela.

       T-6.493.923

       En idéntica forma se debe resolver la solicitud de amparo elevada por la apoderada del señor J.M.D., ya que el accionante (i) tiene cincuenta y dos (52) años; (ii) es cotizante en el régimen contributivo de su salud y los integrantes de su grupo familiar son sus beneficiarios, por tanto los tratamientos médicos que requiera él y el resto de los integrantes de su núcleo familiar se encuentran en principio cubiertos; (iii) reside en una vivienda propia junto con su familia e (iv) informó que ha reducido los gastos del hogar y, de manera ocasional, presta el servicio de transporte con su vehículo para solventar las necesidades básicas del hogar. En adición a ello (v) su cónyuge -pese a que actualmente no se encuentra vinculada con ninguna empresa o entidad[56]-, se encarga de las labores del hogar y de cuidar a su hija en situación de discapacidad

       Cabe destacar, además de lo referido, que el accionante le indicó a esta Sala que el pasado 14 de diciembre de 2017 inició un proceso judicial para obtener el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad.

       Conforme con lo expuesto en precedencia, la Sala no encuentra razones suficientes que justifiquen la intervención inmediata del juez constitucional, toda vez que en este asunto tampoco advierte la existencia de las condiciones que hagan posible, de manera transitoria o definitiva, acceder a las pretensiones de la accionante. No se evidencia una circunstancia especial que impida esperar la decisión definitiva del proceso ordinario ya iniciado, máxime si se tiene en cuenta que dentro de tal trámite puede la apoderada solicitar las medidas cautelares que resulten procedentes, en caso de afectarse los derechos del señor M.D.. Por tanto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 24 de octubre de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, que a su vez confirmó la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2017 por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, mediante las cuales se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor J.M.D. en contra de COLPENSIONES.

33. Le correspondió a la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional examinar dos casos acumulados, en los cuales sus accionantes solicitan que COLPENSIONES proceda a reconocer y pagar la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, al considerar que cumplen con los requisitos exigidos por el parágrafo cuarto del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

Como resultado de las sub-reglas jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia, observa la Sala lo siguiente:

Es improcedente la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, si del análisis de los hechos y las pruebas aportadas al expediente relacionadas con la conformación del grupo familiar, la vinculación al régimen de salud y la situación patrimonial de la familia, el juez constitucional puede concluir que el accionante se encuentra en la capacidad de esperar la decisión definitiva del proceso ordinario que ya inició, el cual además prevé la posibilidad de solicitar medidas cautelares, dado que no existe un perjuicio grave e inminente que justifique su intervención.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,