Sentencia de Tutela nº 408/18 de Corte Constitucional, 1 de Octubre de 2018

El 30 de noviembre de 2017, el señor S.A.G., a través de apoderado, presentó acción de tutela en contra de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por la expedición de las providencias de 30 de agosto y 25 de octubre de 2017, proferidas dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión, correspondiente al radicado número 48.297, por la violación al debido proceso, derecho a la defensa, el acceso a la administración de justicia y la legalidad, tras haber incurrido en “DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACIÓN QUE VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”[1], al negarse a admitir una demanda de revisión.

1. Hechos

1. El 15 de junio de 2016, el señor S.A.G., a través de apoderado judicial, presentó demanda de revisión[2], con fundamento en el artículo 220 numeral 5[3] de la Ley 600 de 2000, contra la sentencia de única instancia proferida por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 25 de octubre de 2000[4], dentro del proceso penal radicado bajo el número 15.273, en la cual fue condenado como autor del delito de interés ilícito en la celebración de contratos, perpetrado en julio de 1997 al expedir la Resolución 3536 de 1997, en su condición de Ministro de Comunicaciones, al otorgar a M.A.E.I. licencia para prestar el servicio de radiodifusión con “violación de los principios de transparencia y selección objetiva”; a una pena principal de 54 meses de prisión, multa por el equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por tiempo igual al establecido para la prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con entidades estatales.

2. La causal alegada para la revisión extraordinaria fue que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.

3. En la demanda de Revisión, luego de presentar los hechos del caso (f.j. 1 a 16 de la demanda), invocó el numeral 5 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, se remitió al significado de las palabras “falso” y “sentencia”, contenidas en dicha disposición, conforme al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, presentó seis providencias relacionadas con la conducta investigada dentro del proceso 15.273:

   (i) Providencia de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de 14 de mayo de 1999, dentro del proceso con radicado 15.273[5], la cual decretó “LA NULIDAD parcial de lo actuado en este proceso, a partir del traslado consagrado en el artículo 446 del código de procedimiento penal inclusive, únicamente en lo que respecta al doctor R.V.A., por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.”

   (ii) Sentencia SU-159 de 2002[6], en la cual la Corte Constitucional dispuso “CONFIRMAR, por las razones contenidas en el presente fallo, la sentencia proferida por la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 1 de febrero de 2001 mediante la que se negó la acción de tutela presentada por S.A.G. en contra de la F.ía General de la Nación y la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

   (iii) Sentencia T-058 de 2006[7], en la cual la Corte Constitucional resolvió revocar las sentencias adoptadas el 28 de noviembre y el 7 de julio de 2004 por las S.s Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura, […] En consecuencia declarar la nulidad de todo lo actuado en la investigación y en el juicio adelantados contra el actor por las autoridades judiciales accionadas, a partir del 20 de agosto de 1997, día en que cesó la competencia de la F.ía General de la Nación para investigarlo, en los términos del artículo 235 de la Constitución Política.

   (iv) Sentencia del 22 de junio de 2006, proferida por el Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 27 de enero de 2005[8], que declararon la nulidad de los fallos disciplinarios de fecha 13 de enero de 1999 y 10 de agosto de 1999, proferidos por la Procuraduría General de la Nación en contra del señor S.A..

   (v) Providencia de 21 de agosto de 2009[9] de la F.ía General de la Nación, Dirección Seccional de F., Unidad de Administración Pública, F.ía 222 Delegada, sumario 820845, en la cual se resolvió proferir resolución de preclusión por “prescripción de la acción penal en favor del Dr. R.I.V.A. de condiciones civiles y personales conocidas en las sumarias, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión por la presunta comisión del delito de INTERÉS ILÍCITO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO”.

4. Mediante Providencia AP5631-2017 de 30 de agosto de 2017, dentro del radicado 48.297, la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió “INADMITIR la demanda de revisión presentada a través de apoderado por S.A.G.”[10], considerando que “los allegados en sustento del actor no ostentan la entidad ni tienen el alcance requerido al objeto de la causal propuesta, primordialmente porque no declaran la falsedad de alguna de las pruebas sobre las cuales se cimentó la sentencia de condena contra el accionante proferida por esta Corporación y tampoco se estableció el posible nexo de tales pruebas como el mérito que les fue asignado en la decisión de condena contra el accionante proferida por esta Corporación y tampoco se estableció el posible nexo causal de tales pruebas con el mérito que les fue asignado en la decisión de condena”.

5. La S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Auto AP7068-2017 del 25 de octubre de 2017[11], decidió “NO REPONER el auto de 30 de agosto de 2017” considerando que “la S. concluyó que las decisiones judiciales aportadas por el actor no declaran la falsedad de ninguna de las pruebas en las que se cimentó el fallo proferido en contra de S.A.G., ni infirman la declaración de responsabilidad penal en la ejecución del delito que se le atribuyó”.

6. El 30 de noviembre de 2017, el señor A.G., por medio de apoderado, presentó acción de tutela contra las providencias judiciales proferidas por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 30 de agosto y el 25 de octubre de 2017 por considerar que las decisiones vulneraron su derecho al debido proceso, derecho a la defensa, acceso a la administración de justicia y la legalidad.

7. El accionante fundamentó su inconformidad con la inadmisión y posterior rechazo de la demanda de revisión, afirmando que las decisiones judiciales incurrieron en “DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACIÓN QUE VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”[12] por desconocimiento de las sentencias presentadas en la demanda del recurso extraordinario de revisión (f.j. 3). El accionante concluyó su argumentación así:

   En conclusión, la sentencia condenatoria contra mi poderdante Dr. A.G., de la S. Penal del 25 de octubre incurre en violación a los principios de la lógica, particularmente, al principio de la contradicción porque mientras esta sentencia asegura que el Dr. V.A. actuó en desempeño de sus funciones ministeriales, ya que en la Sentencia del 14 de mayo de 1999 de su propio seno y las ya reseñadas de la Corte Constitucional y la F.ía general, habían determinado que la conducta del Dr. V.A. carece de relación con las funciones como tal desempeñadas, decayendo en un error in cogitando, vulnerando a su vez el juicio decisorio.

   Este principio de no contradicción se enuncia ontológicamente así: “no se puede afirmar y negar conjuntamente una misma cosa de un mismo sujeto”, es decir, nadie puede “ser” y “no ser” a la vez.

   Así las cosas, bajo la égida de ese principio, mientras el Dr. V.A. “actúo” en calidad de ministro ante la S. Penal que condenó a mi poderdante Dr. A.G., a su vez “no actúo” en calidad de ministro ante la misma S. Penal, la Corte Constitucional y la F.ía General, que dijeron que carecía de relación con sus funciones como tal desempeñadas.

   Todo lo anterior lleva a concluir, que si se tienen en cuenta las cinco resoluciones judiciales, es decir, sentencias en firme, la condena no subsistiría.

Las citadas sentencias en firme absolvieron al Dr. V., pero el Dr. Arboleda sigue condenado como determinado, sin determinador. Por ello es de relevancia jurídica establecer a través de la Revisión, si las verdaderas pruebas que reemplazaron las falsas, mantienen connotaciones frente al derecho penal, en la conducta del Dr. Arboleda, como autor, sin determinador, y como único responsable de la adjudicación cuestionada.

2. Pretensiones

8. El accionante le solicitó al juez (i) tutelar los derechos al debido proceso, a la defensa, acceso a la administración de justicia y legalidad, (ii) ordenar, a la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, admitir la demanda de revisión interpuesta por el señor A.G., (iii) y como pretensión subsidiaria “declarar la nulidad de la actuación procesal que dio lugar al fallo condenatorio de única instancia No. 15.273, proferido por la accionada en contra de mi poderdante.”[13]

3. Respuesta de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

9. Mediante oficio de 6 de diciembre de 2017[14], la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contestó la acción de tutela presentada por el señor A.G. en los siguientes términos:

   En la decisión de la S. de Casación Penal expuso sustentadamente las razones por las cuales consideró que el actor no demostró que las pruebas fundamentales de la sentencia cuya revisión reclama sean falsas, en tanto los pronunciamientos judiciales aportados como soporte no lo declaran y tampoco infirman la declaración de responsabilidad penal en la ejecución del delito que se atribuyó a S.A.G..

10. Al respecto, precisó lo siguientes aspectos:

    1. La providencia de 14 de mayo de 1999, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del trámite y el reinicio de la investigación en contra de R.V., considerando que la conducta “no tenía relación, para él, con las funciones que desempeñaba como Ministro de Minas y Energía y había perdido ya la calidad de aforado.”

    2. En la Sentencia T-058 de 2006, la Corte Constitucional adoptó una decisión en igual sentido respecto de la actuación en contra de V.A., y la F.ía General de la Nación declaró la preclusión de la nueva investigación por prescripción de la acción penal.

    3. En cuanto a las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, que declararon la nulidad del fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación en contra del señor A.G., la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que la decisión de 25 de octubre de 2000, dentro del proceso penal radicado bajo el número 15.273, no se fundamentó en la decisión de la Procuraduría General de la Nación[15].

4. Decisión objeto de revisión

   4.1 Primera instancia[16]

11. La S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 11 de diciembre de 2017, negó el amparo invocado, por no evidenciar “capricho de la S. mencionada, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, pues se sustentaron en lo acontecido en el trámite […] por lo que no se avizora la configuración de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias y, por tanto, se itera, no se advierte violación de los derechos fundamentales del tutelante.”

    4.2 Impugnación[17]

12. El accionante invocó la sentencia T-058 de 2006, y afirma:

    Aquí está la declaratoria expresa de una falsedad en la que incurrió la F.ía General de la Nación en la decisión en comento. Nada menos y nada más que en decisión de 8 de junio de 1998 dijo el ente penal que V.A. estaba en ejercicio de sus funciones ministeriales cuando desde muchos meses atrás, -20 de agosto de 1997- ya había dejado el cargo.

    […]

    Y si mi poderdante Dr. S.A.G. se le condenó en calidad de determinado, la falsedad plasmada por la F.ía General de la Nación es relevante toda vez que si no existió determinador, porque el ex ministro V.A. no ejecutó la conducta en relación con las funciones desempeñadas, no puede existir determinado porque esa relación es de doble vía.

    […]

    Abiertamente pone de presente la Corte los yerros orgánicos en los que incurrieron las autoridades penales, incluyendo la accionada S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que tuteló los derechos del accionante V.A., hecho que cambió diametralmente la situación fáctica y jurídica de mi poderdante Dr. S.A.G..

    Aunado a esta circunstancia que gira en torno a una decisión judicial de la Corte Constitucional que determina una “falsedad” en un hecho trascendental, incurrida por la F.ía General de la Nación, este ente de control determinó en decisión de 21 de octubre de 2009 que “…el Dr. V.A. no realizó el hecho objeto de investigación en relación con las funciones o cargo que desempeñaba como Ministro de Minas y Energía.”

    4.3 Segunda instancia[18]

13. La S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 21 de febrero de 2018, confirmó el fallo de la S. de Casación Civil, indicando que “resulta improcedente fundamentar la solicitud de amparo en discrepancias de criterio frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales”.

1. Competencia

14. La S. de Selección de Tutelas Número Cuatro, integrada por los Magistrados designados por la S. Plena de la Corte Constitucional para conformarla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las consagradas en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 51, 52, 53, y 55 del reglamento de esta Corporación (Acuerdo 02 de 2015), profirió auto el 17 de abril de 2018, mediante el cual se seleccionó para su revisión el expediente T-6.687.484, correspondiente a la acción de tutela de S.A.G. contra la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que fue repartido a la S. Primera de Revisión.

15. La Corte Constitucional es competente, por medio de esta S., para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 31 y 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el Auto del 17 de abril de 2018, proferido por la S. de Selección de Tutelas Número Cuatro.

16. El 23 de mayo de 2018, el magistrado sustanciador presentó informe a la S. Plena de la Corporación de conformidad inciso 2 del artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional[19] considerando que la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial proferida por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión. La S. Plena resolvió que la sustanciación continuara en la S. Primera de Revisión[20] [21].

2. Problema jurídico

17. Esta S. de Revisión debe resolver, en primer lugar, el siguiente problema jurídico: ¿la acción de tutela presentada por el señor S.A.G. contra las providencias AP5631-2017 de 30 de agosto de 2017 y AP7068-2017 del 25 de octubre de 2017 proferidas por S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?

18. En caso de que la respuesta sea afirmativa, esta S. pasará a resolver el siguiente problema jurídico: ¿la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto sustantivo al inadmitir la demanda de revisión presentada por S.A.G. contra las providencias que resolvieron su responsabilidad penal por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, al considerar que la causal invocada, correspondiente al numeral 5 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, exigía aportar las providencias judiciales que declararon la falsedad de las pruebas alegadas por el demandante y que determinaron su condena?

19. Para resolver los anteriores interrogantes, esta S. de Revisión reiterará la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y determinará si en este caso se cumplen.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.

   3.1 Requisitos generales de procedencia

20. El señor S.A.G. presentó acción de tutela en contra las providencias AP5631-2017 de 30 de agosto de 2017 y AP7068-2017 del 25 de octubre de 2017 proferidas por S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por medio de las cuales inadmitió y confirmó la inadmisión, respectivamente, de la demanda de revisión en contra de la Sentencia de Única Instancia proferida por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 25 de octubre de 2000, dentro del proceso 15.273. En esos términos, resulta claro que estamos ante una tutela en contra de providencia judicial, que como tal, debe cumplir con los requisitos que ha señalado la jurisprudencia.

21. Los artículos 86 de la Constitución y 5 del Decreto 2591 de 1991 establecen que toda persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe legítimamente a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

22. En consecuencia, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, en su calidad de autoridades públicas, cuando incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de las partes[22]. En todo caso, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”[23].

23. Ahora bien, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corte, para que opere dicha procedencia, es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de procedibilidad señalados para tales efectos.

24. La jurisprudencia constitucional[24] estableció los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales deben cumplirse en su totalidad: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iii) que cuando se trate de una irregularidad procesal tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que resulte lesiva de la garantías constitucionales del actor; (iv) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados; y (v) que la providencia que se impugna en sede de tutela no corresponda a su vez a una sentencia que haya definido una acción de tutela; y (vi) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable.

    3.1.1 Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia en el caso analizado

25. En el presente acápite, esta S. de Revisión hará el análisis del cumplimiento de cada uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso que analiza.

    3.1.1.1. Relevancia constitucional

26. Tal como lo ha señalado esta Corte, la relevancia constitucional se refiere a que la disputa transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga relación directa con el contenido normativo superior[25].

    Así pues, el asunto sometido al análisis de esta S. de Revisión es de relevancia constitucional porque involucra la posible violación del derecho fundamental al debido proceso de un ciudadano a quien se le inadmitió la demanda con la cual pretendía promover el recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que declaró su responsabilidad penal, basada, al parecer, en pruebas falsas, comoquiera que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho del sindicado al impugnar la sentencia condenatoria es una de las garantías constitucionales del debido proceso, al igual que lo es la proscripción de la prueba ilícita.

    3.1.1.2. Requisito de inmediatez

27. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que generó la vulneración, en este caso, la adopción de la providencia judicial que se estima violatoria del debido proceso[26].

28. En el asunto que se estudia, la acción de tutela se interpuso el 30 de noviembre de 2017, esto es, menos de dos meses después de expedidas las providencias demandadas[27].

29. Con base en lo anterior, y a la luz de lo expuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a juicio de esta S. de Revisión, el término en el que se interpuso la acción de tutela contra las providencias judiciales mencionadas es razonable.

    3.1.1.3. Efecto decisivo de la irregularidad

30. Esta Corporación también ha establecido que para que la tutela sea procedente, la irregularidad alegada debe afectar decisivamente al derecho fundamental presuntamente vulnerado.

31. En el caso que se analiza, el accionante afirma que la vulneración al debido proceso se presenta por la inadmisión de la demanda del recurso extraordinario de Revisión de la Sentencia de Única Instancia proferida por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 25 de octubre de 2000, dentro del proceso 15.273. En ese sentido, de acreditarse que la inadmisión de tal demanda carece de justificación, tal circunstancia tendría un efecto decisivo en la vulneración de su derecho al debido proceso.

    3.1.1.4. Identificación razonable de los hechos

32. Para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, también es necesario que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. Además, que haya alegado esa vulneración, siempre y cuando haya tenido oportunidad de hacerlo[28].

33. En el asunto sometido a revisión de esta S., el actor hace una relación de los hechos por los cuales considera que se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, acceso a la administración de justicia y legalidad. Así mismo, identifica las providencias AP5631-2017 de 30 de agosto de 2017 y AP7068-2017 del 25 de octubre de 2017 proferidas por S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como las decisiones judiciales por medio de las cuales se le vulneraron sus derechos fundamentales.

34. Del mismo modo, se evidencia en el expediente que el accionante, en el momento de conocer la inadmisión de la demanda de revisión, presentó oportunamente el recurso de reposición correspondiente.

    3.1.1.5. No se trata de una sentencia de tutela

35. Esta Corte ha señalado que es necesario que la providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de tutela, pues los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida.

36. En este caso es claro que no estamos ante una tutela contra sentencia de tutela sino contra providencias que inadmiten la demanda de revisión de una sentencia de la S. de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

    3.1.1.6. Requisito de subsidiariedad. Agotamiento de recursos

37. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, la propia jurisprudencia ha precisado que el examen del cumplimiento de este requisito no se agota con corroborar la existencia de otro medio de defensa, sino que implica, además, verificar que este sea idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, pues, en caso contrario, la tutela resultaría excepcionalmente procedente.

38. En tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, ha advertido esta Corte que es necesario que el accionante haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, para que la acción de tutela sea procedente[29].

39. Siguiendo esta línea, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual el amparo constitucional no resulta procedente cuando, a través de este medio, se pretende reabrir etapas procesales que se encuentran agotadas porque no se presentaron los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o distracción de las partes[30].

40. El señor A.G. pretende la admisión de la demanda de recurso extraordinario de revisión de una sentencia de la S. de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Así, para efectos de analizar el requisito de subsidiariedad, esta S. debe analizar los recursos que se pueden interponer en contra de dicho auto.

41. De conformidad con el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, el accionante podía ejercer la acción de revisión[31] contra la Sentencia de Única Instancia proferida por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 25 de octubre de 2000, dentro del proceso 15.273.

42. Fue así como el señor A.G., presentó la demanda de revisión el día 15 de junio de 2016, la cual le fue inadmitida mediante la providencia AP5631-2017 de 30 de agosto de 2017, decisión que le advirtió de la procedencia del recurso de reposición, el cual ejerció, y mediante providencia AP7068-2017 del 25 de octubre de 2017, se resolvió tal recurso en el sentido de confirmar la decisión de inadmisión de la demanda, con lo cual quedó agotada toda posibilidad adicional de recursos contra tal determinación.

43. Así, los jueces de tutela de primera y segunda instancia consideraron que la acción de tutela cumplía con el requisito de subsidiariedad, conclusión que esta S. de Revisión comparte.

44. Por lo anterior, esta S. de Revisión considera satisfechos todos requisitos generales[32] y, por lo tanto, pasa a estudiar el cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso que se analiza.

    3.2 Requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

45. Además de los requisitos generales, la jurisprudencia constitucional ha definido unos requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionados con graves defectos que las hacen incompatibles con los preceptos constitucionales[33].

46. Ellos son defecto orgánico[34]; defecto procedimental[35]; defecto fáctico[36]; error inducido; decisión sin motivación[37]; desconocimiento del precedente; violación directa de la Constitución; defecto material o sustantivo[38]. De estos, al menos uno debe cumplirse para que la acción de tutela sea procedente[39]. Así mismo, debe tenerse en cuenta que una misma irregularidad puede dar lugar a la configuración de varios de estos defectos.

    3.2.1 Cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad en el caso bajo examen

47. En el presente caso, el accionante situó el caso de manera explícita como “DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACIÓN QUE VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”[40], de conformidad con la argumentación transcrita (f.j. 6).

48. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la providencia judicial se basa en una norma inaplicable al caso concreto, ya sea porque no se ajusta a este, no está vigente por haber sido derogada o fue declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución les reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso, que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática, o (iv) la norma pertinente es inobservada e inaplicada[41]. En estos eventos, el juez de tutela debe intervenir excepcionalmente, para garantizar la vigencia de los preceptos constitucionales, a pesar de la autonomía que, en principio, tienen los jueces para definir las normas en las que se fundamenta la solución del caso puesto a su consideración[42].

49. La demanda de revisión invocó el numeral 5 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la cual establece:

    Artículo 220. Procedencia. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

    […]

5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.

50. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-871 de 2003, al revisar el numeral 5 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 precisó:

    El numeral 5° del artículo 220 del CPP, por su parte, permite que la acción de revisión proceda en las hipótesis de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria cuando se demuestre, mediante sentencia en firme, que el fallo objeto de la acusación se fundamentó en prueba falsa, exigencia que armoniza con la filosofía que inspira la acción de revisión pues quien invoque esta causal, y pretenda controvertir la cosa juzgada que acompaña tales determinaciones, no puede limitarse a alegar la falsedad de un medio probatorio que fue determinante para inclinar el sentido del fallo objeto de revisión, sino que debe fundamentarse en la existencia, aportando la prueba documental respectiva, de una decisión judicial en firme demostrativa de la falsedad de la prueba que sirvió de fundamento a la sentencia absolutoria objeto de revisión o de la providencia de cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, esto es, la sentencia en la que se haya declarado la falsedad de dicha prueba[43]. (Subrayado fuera de texto)

51. En el caso objeto de análisis el accionante indica que el acervo probatorio presentado con la demanda de revisión se ajusta a las exigencias establecidas en el numeral 5 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, afirmando que las providencias aportadas con la demanda del recurso extraordinario de revisión (f.j. 3) declaran la falsedad de las pruebas utilizadas por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para condenar al señor S.A.G..

    3.2.1.1 Análisis de las circunstancias particulares del caso

52. Resulta oportuno destacar que en la sentencia de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 25 de octubre de 2000, dentro del proceso de única instancia 15.273[44], providencia objeto del recurso de revisión, en la cual fue condenado el señor A.G. como autor del delito de interés ilícito en la celebración de contratos, perpetrado en julio de 1997 en su condición de Ministro de Comunicaciones (f.j.1), se dijo lo siguiente:

    La aceptación de ARBOLEDA y de VILLAMIZAR respecto a sus charlas sobre la amistad de éste con M.A.E.I. y la preocupación en torno a que su aspiración fuese eliminada al sometérsela a “balota”, según pautas señaladas por el Comité de Licitaciones, aunada a la interpolación de expectativas entre los ministros, en distintas reuniones de las cuales dan fe testimonial Lía del Vasto de Ayure, Secretaria Ejecutiva del Ministerio de Comunicaciones (fs 54 y ss cd.1 Fisc) y F.G.D., Secretaria Ejecutiva del Ministerio de Minas y Energía (fs 61 y Ss. ib), corroboradas con las anotaciones en sus agendas recogidas por la F.ía en inspecciones judiciales (fs. 54 y 61 ib.), llevan a concluir la realidad de las recomendaciones, con miras a que la pretensión de E.I. no fuese eliminada[45].

    2.4.- Efectuado un paréntesis sobre la exposición que se desarrolla, debe reiterar la S. en este momento que en nada aprecia el contenido de la grabación ilícitamente efectuada, sobre una presunta charla telefónica entre los referidos ARBOLEDA GÓMEZ y V.A., que es nula de pleno derecho, por expreso mandato del inciso final del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Esa práctica delictuosa de interceptar comunicaciones privadas, sin previa autorización escrita de autoridad judicial competente, debe ser expresamente censurada y rechazada, como flagrantemente violatoria del derecho fundamental a la intimidad de todos los seres humanos.

    Luego de la notable divulgación que tuvo esa eventual charla, se realizaron las pertinentes averiguaciones, éstas sí lícitas e imperativas, sobre la realidad de la perturbación en la objetividad, transparencia, imparcialidad, igualdad, equilibrio y selección neutral, cuya rigurosa observancia rige para la celebración de todo contrato u operación estatal[46].

    […]

    En desarrollo del argumento de haber aplicado imparcialmente esos once criterios, S.A.G. comienza por atribuir a miembros del comité de Licitaciones la redacción de la resolución 3536 expedida el 24 de julio de 1997, y su elaboración a las doctoras R.M.V., Secretaria General del Ministerio y María Teresa Murcia, Jefe de la Oficina Jurídica, mediante la cual otorgó, entre otras, la concesión radial a M.A.E.I., que ellas aceptan, pero no puede pasar la S. por alto, que además son enfáticas en señalar, junto con los demás integrantes de ese Comité, que la selección de los adjudicatarios la hizo personalmente dicho Ministro.[47]

    […]

    Además, la falta de acceso a dicho listado fue corroborada con los testimonios de los integrantes del Comité de Licitaciones y la Secretaria General del Ministerio; ella y la Jefe de la Oficina Jurídica declararon lo concerniente a que S.A. seleccionó a los adjudicatarios en los casos de empate, testimonios dignos de credibilidad porque, habiendo laborado bajo su mando en el Ministerio de Comunicaciones, no se observa ánimo vindicativo o de perjudicarlo, sino de exponer lo que les consta, así[48]:

    […]

    2.6.- Al haberse inclinado el Ministro ARBOLEDA a favor de M.A.E.I., basado en criterios que expresamente habían sido descartados en el proceso licitatorio, además de repetir los referentes a la calidad de periodista radial, sin comunicárselo a las abogadas encargadas de la elaboración de la resolución 3536 de 1997, se infiere que no se trató de olvido o confusión de su parte; así lo corroboran los considerandos de tal resolución y los testimonios de la Secretaria General y de quienes estuvieron a cargo del aludido comité y no conocieron por razón de sus funciones o fuera de ellas, esos supuestos criterios adicionales[49].

    Por consiguiente, al no haber logrado el doctor ARBOLEDA justificar la aplicación, desde varios puntos de vista, de parámetros descartados en una de las adendas, se infiere una flagrante omisión del deber de selección objetiva, que desvirtúa las explicaciones vertidas en sus diferentes relatos, tomadas por la defensa como supuestos de hecho para tratar de demostrar, sin éxito, que las recomendaciones e injerencias de R.V. no influyeron en S.A.G. para la selección de E.I., en los términos referidos por la F.ía al formularle cargos[50].

    […]

53. La demanda de revisión del señor S.A.G. fundamentó su exposición en seis providencias relacionadas con la conducta investigada dentro del proceso 15.273 (f.j. 3): (i) una proferida por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, (ii) dos proferidas por la Corte Constitucional; (iii) dos proferidas por la justicia contencioso administrativa, Consejo de Estado y Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (iv) una proferida por la F.ía General de la Nación; las cuales se presentan a continuación, en orden cronológico.

54. Providencia de 14 de mayo de 1999, de S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso con radicado 15.273[51], la cual expresó:

    […] El hecho de que, como cualquier extraneus influyente, pudiera incidir como determinador del interés ilícito, no puede confundirse con un desempeño funcional o un cargo, ajenos a la mediación que circunstancialmente se haya realizado, en lo que el propio doctor V. llamó coloquialmente en esta audiencia “meterse en lo que no le importa”.

    […] Claramente se aprecia que lo que se le imputa es haber utilizado la influencia, que para el caso sí incrementaba la posición pero que igualmente podía haber realizado algún otro personaje con capacidad de convicción proveniente de factores distintos a la alta investidura.

    […]

    Así ha de ordenarse, previa la correspondiente anulación parcial del juicio desde el traslado previsto en el artículo 446 del código de procedimiento penal inclusive, sólo en lo atiente al exministro R.V.A., sin que ello sea interferido por lo dispuesto en la providencia ejecutoriada al señalar el F. General de la Nación que lo acusa ente esta Corte, ya que la competencia es la establecida en la Constitución Política y la ley y no la que por error pueda indicarse en la providencia, decisión que por lo demás mantiene plena vigencia al haber sido producida por el funcionario que posee la competencia general originaria para investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, pudiendo desplazar a cualquier fiscal delegado (artículo 121-2 C. de P.P., modificado por el 17 L. 81 de 1993)

    1. DECRETAR LA NULIDAD parcial de lo actuado en este proceso, a partir del traslado consagrado en el artículo 446 del código de procedimiento penal inclusive, únicamente en lo que respecta al doctor R.V.A., por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia. (Subrayado fuera de texto)

55. Como se puede establecer en los apartes de la providencia transcrita, la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de 14 de mayo de 1999 declaró la nulidad parcial respecto de las actuaciones en contra del señor R.V.A., pero no declaró la falsedad de ninguna prueba. Igualmente debe indicarse que esta providencia es anterior a la sentencia objeto de la demanda de revisión.

56. Sentencia SU 159 de 2002[52], con ocasión de una demanda de tutela de S.A.G. contra providencias judiciales de la F.ía General de la Nación y la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por (a) vía de hecho por defecto sustantivo por cuanto la adecuación típica de la conducta realizada tanto por la F.ía como por la Corte Suprema de Justicia fue errada; (b) vía de hecho por defecto procedimental en la medida que no se practicaron algunas de las pruebas solicitadas por la defensa, y (c) vía de hecho por defecto fáctico en tanto que, en opinión del petente, las decisiones judiciales que se adoptaron dentro del proceso se tomaron con base en una prueba obtenida ilícitamente, así como otras pruebas también ilícitas, en tanto derivadas de la primera” que derivaron en la sentencia del 25 de octubre de 2000 que condenó a S.A.G. por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, en la cual se dispuso:

En conclusión, la exclusión del proceso penal de una grabación telefónica ilícita y violatoria del derecho a la intimidad constituye una aplicación correcta del artículo 29 inciso último de la Constitución, y la existencia y la divulgación periodística de dicha grabación no vician todo el procedimiento ni contaminan todo el acervo probatorio, así ésta haya sido elemento integral de la noticia criminis, siempre que la resolución de acusación y la sentencia condenatoria se hayan fundado en pruebas separadas, independientes y autónomas de ésta y suficientes para demostrar la ocurrencia de la conducta típica y la responsabilidad penal del procesado.

En mérito de lo expuesto, la S. Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

En mérito de lo expuesto, la S. Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,