Sentencia de Tutela nº 478/18 de Corte Constitucional, 11 de Diciembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 749065749

Sentencia de Tutela nº 478/18 de Corte Constitucional, 11 de Diciembre de 2018

Ponente:CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Actor:JAIME ALBERTO LOPEZ ESPITIA
Demandado:LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO
Fecha de Resolución:11 de Diciembre de 2018
Emisor:Corte Constitucional
Expediente:T-6944024
RESUMEN

ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR ESTABILIDAD LABORAL DE EX MIEMBRO DE LA FUERZA PUBLIC. IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA. El actor cuestiona varios actos administrativos mediante los cuales se concretó su retiro de la actividad policial. Según él, dichos actos se expidieron con base en una indebida valoración de algunos conceptos médicos, en omisiones probatorias y en el desconocimiento de la normatividad vigente. Como quiera que la solicitud de amparo se funda en argumentos propios del control de legalidad de los actos administrativos, la Sala considera que existen con otros mecanismos judiciales para controvertirlos, en especial, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y las diversas medidas cautelares que se pueden plantear dentro del mismo trámite, cuya demanda, de hecho ya presentó el actor ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se declara IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada. Recibo Relatoria:

 
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CONTENIDO

Sentencia T-478/18

Referencia: Expediente T-6.944.024

Acción de tutela instaurada por J.A.L.E. en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional

Magistrado ponente:

C.B. PULIDO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. Antecedentes

  1. Hechos probados. El 18 de agosto de 2000, J.A.L.E. ingresó a la Policía Nacional como patrullero en la Seccional de Casanare. Desde 2006 y hasta el momento de su retiro, desempeñó el cargo de sustanciador disciplinario. El 15 de diciembre de 2016, la junta médico laboral realizó la “clasificación” de sus afecciones de salud (síndrome patelo femoral bilateral con limitación funcional y trastorno mixto ansiedad y depresión en manejo médico), así como la “calificación de [la] capacidad para el servicio”, y concluyó que eran constitutivas de una “incapacidad permanente parcial [razón por la cual era] no apto”[1] para la actividad policial. Adicionalmente, evaluó la disminución de la capacidad laboral en 34.30% y no recomendó su reubicación laboral. Posteriormente, el 5 de febrero de 2018, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía (en adelante, el Tribunal Médico Laboral) modificó parcialmente los resultados anteriores y, en su lugar, dictaminó la disminución de la capacidad laboral en 24.40%[2]. En todo lo demás, mantuvo la decisión. Finalmente, el 2 de mayo de 2018, el Director General de la Policía Nacional, mediante la Resolución No. 02170, dispuso el retiro del servicio activo del entonces I.J.A.L.E., por disminución de la capacidad sicofísica[3]. Este acto administrativo le fue notificado el 10 de mayo de este año[4].

  2. Solicitud de tutela. El 29 de mayo de 2018, J.A.L.E. presentó acción de tutela, como mecanismo transitorio, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. En su escrito, solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al debido proceso y al mínimo vital y móvil, en conexidad con los derechos a la vida y a la seguridad social. Además, formuló las siguientes pretensiones: (i) dejar sin efectos jurídicos la Resolución No. 02170 de 2018, así como el acta de 5 de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Médico Laboral y (ii) disponer su reintegro al servicio activo de la Policía Nacional, “en el mismo cargo que venía desempeñando, reconociendo [su] salario y prestaciones sociales”[5]. Como consecuencia de lo anterior, pidió (iii) restablecer sus servicios de salud, al igual que los de su esposa e hijos y (iv) garantizar la continuidad de sus estudios de pregrado en derecho. De manera subsidiaria, solicitó (v) suspender los efectos de la decisión de retiro; (vi) conformar una nueva junta médico laboral[6] y (vii) convocar una junta regional de calificación que determine el origen y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

  3. Admisión de la solicitud de tutela y vinculaciones. El 30 de mayo de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, Sistema Oral, admitió la tutela y vinculó al Tribunal Médico Laboral.

  4. Escritos de contestación. El 1 y 8 de junio de 2018, el Tribunal Médico Laboral y la Policía Nacional[7], por intermedio de sus Direcciones de Sanidad[8] y de Talento Humano[9], respectivamente, solicitaron negar por improcedente la acción de tutela. También pidieron, de manera subsidiaria, que se dispusiera su desvinculación del trámite y no se concediera el amparo solicitado. En criterio de las accionadas: (i) los actos administrativos expedidos por dichas entidades son “irrevocable[s], obligatorio[s]” y gozan “de la presunción de legalidad”; (ii) el accionante tiene a su disposición otro mecanismo de defensa judicial, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii) la actuación se desarrolló “dentro de los parámetros legales”; (iv) el accionante está en condiciones de “procurarse una nueva actividad laboral” y (v) el perjuicio irremediable no está acreditado en este caso.

  5. El 7 de junio de 2018, el Agente del Ministerio Público solicitó el amparo de los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad del actor[10]. Señaló que la acción de tutela sub examine es procedente “como mecanismo de protección ante situaciones fácticas como la que se predica en el presente expediente”.

  6. Sentencia de primera instancia. El 14 de junio de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, Sistema Oral, declaró improcedente la acción de tutela, por cuanto no cumplió con el requisito de subsidiariedad[11]. En su opinión, el accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho “para atacar los actos administrativos que considera le están afectando, pudiendo incluso desde allí solicitar medidas cautelares”. Tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, más cuando el actor “recibirá la correspondiente indemnización, e igualmente, el régimen de cesantías de los servidores públicos debe atenuar la situación económica de quien inesperadamente es retirado”.

  7. Sentencia de segunda instancia. El 28 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Casanare (i) declaró la falta de legitimación en la causa por activa de J.A.L.E. para representar los intereses de su esposa[12] y (ii) confirmó el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la acción de tutela[13]. De acuerdo con el ad quem, se cumplieron las condiciones para retirar al actor del servicio, si se tiene en cuenta que la “Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico Laboral conceptuaron [la] pérdida de capacidad laboral y en sus conceptos indicaron que no era posible su reubicación debido al trastorno mixto de ansiedad y depresión en remisión”.

  8. Actuaciones en sede de revisión. Con el objeto de contar con elementos de juicio adicionales, el Magistrado sustanciador, mediante el auto de 18 de octubre de 2018[14], ofició a:

    8.1. La Policía Nacional, para que informe sobre los siguientes asuntos: (i) los supuestos fácticos que motivaron la convocatoria de la junta médico laboral, (ii) los conceptos médicos que se tuvieron en cuenta, (iii) los exámenes practicados al accionante, (iv) las incapacidades médicas generadas por psiquiatría y (v) la indemnización o asignación de retiro.

    8.2. Al Juzgado Primero Administrativo de Yopal, para que informe el estado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor.

    8.3. La Universidad Autónoma de Bucaramanga, sede Yopal, para que informe si el accionante continúa con sus estudios de pregrado.

    1. Objeto, problema jurídico y metodología de la decisión

  9. Objeto de la decisión. El actor solicitó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, la salud, el trabajo, la estabilidad laboral reforzada, el debido proceso y el mínimo vital y móvil, en conexidad con los derechos a la vida y a la seguridad social. En su criterio, la Resolución de retiro y el acta del Tribunal Médico Laboral (i) desconocieron la normativa vigente y (ii) valoraron indebidamente los medios de prueba.#