Sentencia de Tutela nº 025/19 de Corte Constitucional, 29 de Enero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 764489665

Sentencia de Tutela nº 025/19 de Corte Constitucional, 29 de Enero de 2019

Ponente:ALBERTO ROJAS RÍOS
Fecha de Resolución:29 de Enero de 2019
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

DERECHO A LA SALUD Y AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE EXTRANJERO NO REGULARIZADO. CASO DE VENEZOLANO CON VIH/SIDA El Accionante es un ciudadano venezolano que ingresó a Colombia en septiembre del año 2017, con pasaporte de turista que autorizaba su permanencia en el territorio nacional por el término de 90 días. Él es portador del VIH y aduce que hace tres meses no toma los medicamentos que le fueron prescritos para esta patología, a pesar de que su condición de salud le exige tomarlos diariamente. La accionada le negó las medicinas por no tener la ciudadanía colombiana. En sede de revisión la autoridad de migración informó a la Sala que con posterioridad al fallo de instancia el accionante adelantó trámite de Permiso Especial de Permanencia, el cual le permite estar en el país hasta por dos años y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención a menores de edad, en los niveles nacional, departamental y municipal. Se analizan los siguientes ejes temáticos: 1º. Las reglas para el acceso a servicios de salud de los extranjeros y, 2º. El concepto de urgencia y competencia de entidades para prestación del servicio. Luego de advertir que el actor pudo regularizar su estancia en el territorio nacional y que con ello pudo ser registrado en el Sistema de Salud bajo el Régimen Contributivo por causa de una relación laboral y que luego de ser afiliado la E.P.S. atendió debidamente las necesidades que su enfermedad efectivamente requería, la Corte declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por circunstancias sobrevinientes. No obstante lo anterior, exhortó a la entidad para que brinde la atención de urgencias requerida en los casos de naturaleza catastrófica, a través de la red pública de servicios, de acuerdo con los lineamientos médicos y legislativos, de tal forma que no se pongan en riesgo los derechos fundamentales de las personas que acuden a sus servicios. Recibo Relatoria:

 
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CONTENIDO

Sentencia T-025/19

Referencia: Expediente T-6.685.506

Acción de tutela formulada por “R.” en contra de la SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL DE SANTA MARTA.

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019).

La Sala Novena de Revisión de T. de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada D.F.R. y los magistrados C.B.P. y A.R.R. –quien la preside− en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente

SENTENCIA

En el proceso de revisión del fallo del 3 de octubre de 2017, dictado por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de S.M., dentro de la acción de tutela promovida por “R.” en contra de la SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL DE SANTA MARTA.

El proceso de la referencia fue escogido por la Sala de Selección de T. Número Cuatro, mediante auto del 17 de abril de 2018. Como criterios de selección se indicaron la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental (criterio objetivo) y la urgencia de proteger un derecho fundamental (criterio subjetivo), con fundamento en los literales a) y b) del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015.

I. ANTECEDENTES

  1. Aclaración preliminar

    La Sala encuentra pertinente suprimir la identidad del accionante como medida de protección a su derecho a la intimidad y a la confidencialidad. En consecuencia, para todos los efectos de la presente sentencia, el nombre del actor será reemplazado por el de “R.”.

    1.1 El 28 de septiembre de 2017, el ciudadano venezolano “R.” formuló acción de tutela en contra de la SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL DE SANTA MARTA, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, la vida digna y el mínimo vital.

  2. Hechos

    A continuación, se relatan los supuestos fácticos relevantes que sustentan la solicitud de amparo, tal como son narrados por el accionante en el escrito inicial:

    2.1. El señor “R.”, ciudadano venezolano de 26 años de edad , ingresó a Colombia el 4 de septiembre de 2017 con pasaporte de turista que autorizaba su permanencia en el territorio nacional por el término de 90 días. Según afirma, tenía la intención de adelantar los trámites para obtener la ciudadanía colombiana para residir en este país.

    2.2. El actor manifiesta que es portador del virus de inmunodeficiencia humana –VIH− positivo, por lo cual su médico le prescribió los medicamentos Truvada tab 200/300 g., Atazanavir tab 300 g. y Ritonavir tab 100 g., que no toma desde hace tres meses –contados al momento de presentación de la acción de tutela− a pesar de que su condición de salud le exige tomarlos diariamente.

    2.3. Asegura que carece de recursos económicos, por lo que acudió a la Secretaría de Salud Distrital de S.M. con el propósito de obtener ayuda para acceder a los referidos fármacos, pues estuvo averiguando y no hay ninguna entidad que se los otorgue. Aduce que asistió a dicha Secretaría de Salud y le “fueron negados los medicamentos por no tener la ciudadanía colombiana a la cual estoy haciendo el trámite pero el proceso en papeleos es largo, perjudicando mi estado de salud” , y que su interés es quedarse en Colombia y por eso busca ayuda con el fin de que “no se le vulneren sus derechos a la salud para así poder sobrellevar su enfermedad y de igual forma a Inmigración Colombia” .

  3. Contenido de la petición de amparo

    De acuerdo con el anterior recuento fáctico, el señor “R.” reclama la protección de sus derechos fundamentales a la salud, la vida digna y al mínimo vital, de cuya vulneración acusa a la Secretaría de Salud Distrital de S.M.. Solicita al juez constitucional que, como consecuencia del amparo, se ordene a ésta entidad que le haga entrega de los medicamentos formulados para el tratamiento de su patología, pues su salud se ve deteriorada día tras día si no cumple con la prescripción médica.

    Para sustentar su solicitud, el accionante acompañó el escrito introductorio de los siguientes documentos:

     Copia del pasaporte, emitido por la República Bolivariana de Venezuela .

     Copia de la cédula de identidad, expedida por la República Bolivariana de Venezuela .

     Copia de la fórmula médica de 13 de mayo de 2015, suscrita por la internista-infectóloga I.F. a nombre del paciente “R.” en la que se prescriben los fármacos Truvada tab 200/300 g., Atazanavir tab 300 g. y Ritonavir tab 100 g., con la indicación de que cada uno de ellos debe ser tomado todos los días .

     Copias de exámenes de cuantificación de ARN del virus de inmunodeficiencia humana –VIH− por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real, practicados al señor “R.” entre el 18 y el 19 de enero de 2017 en el Laboratorio CLi C.A. de la ciudad venezolana de Barquisimeto .

  4. Traslado y contestación de la acción de tutela

    Mediante auto del 28 de septiembre de 2017 , el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de S.M. admitió a trámite la demanda de tutela, ordenó la notificación del extremo pasivo y vinculó a la Alcaldía Distrital de S.M..

    Integrado el contradictorio, las autoridades se pronunciaron en los siguientes términos:

    4.1. La Alcaldía de S.M. , actuando a través de apoderado especialmente constituido por la Dirección Jurídica Distrital, señaló que existía una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Alcalde, en razón a la delegación de funciones que le hizo a cada secretaría –en este caso, a la Secretaría de Salud− en lo que atañe a “cumplir los fallos de tutela relativos a las funciones propias de su cargo, así como responder en caso de desacato por su incumplimiento”. Dijo no constarle ninguno de los hechos de la acción.

    En ese sentido, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del tutelante frente a la entidad territorial, pues adujo que no existía amenaza o vulneración alguna de sus derechos por parte del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de S.M..

    4.2. La Secretaría de Salud Distrital de S.M. manifestó, a su turno, por medio de la titular de dicha cartera distrital, que no había vulnerado los derechos del accionante y que no le competía la prestación de servicios de salud, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1122 de 2007 .

    Expresó que para acceder a los servicios del sistema de salud es necesario afiliarse al mismo, en los términos de los artículos 153 y 168 de la Ley 100 de 1993, lo cual también puede llevarse a cabo por ciudadanos extranjeros que cuenten con un documento de identidad válido y el complemento de los requisitos legales.

    Para tal efecto, indicó, debe verificarse la situación migratoria del interesado, quien puede acercarse al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de S.M. a recibir asesoría para regularizar su estatus migratorio. Una vez cumplido lo anterior, si la persona carece de capacidad de pago, puede dirigirse a las oficinas del Sisbén Distrital para lograr su afiliación al régimen subsidiado de salud, “la cual actualmente se encuentra asignando citas en promedio a más tardar al día siguiente hábil al día en que solicita”.

    Con esta explicación previa, afirmó que en este caso la afiliación no ha sido posible porque el accionante ha sido negligente a la hora de regularizar el estatus migratorio, o al solicitar la asistencia técnica, la asignación de cita para iniciar el trámite de inscripción al SISBÉN y la posterior afiliación a la EPS que libremente escoja. Anexó la guía expedida por el Departamento Nacional de Planeación – DNP –, con los requisitos para registrar los extranjeros en el Sisbén.

    Sostuvo que, en razón del fenómeno migratorio ocasionado por el ingreso masivo de ciudadanos venezolanos a Colombia, se flexibilizó la regularización y mediante Resolución No. 5797 del 25 de julio de 2017 se creó el Permiso Especial de Permanencia –P.−, para el cual basta demostrar que el extranjero (i) se encontraba en territorio colombiano a la fecha de la resolución, (ii) haya ingresado al país por puesto de control migratorio habilitado con pasaporte, (iii) no tiene antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional, y (iv) no tiene una medida de expulsión o deportación vigente. Aseguró que se trata de un trámite expedito que puede realizarse en las oficinas de Migración Colombia y que permitiría al accionante llevar a cabo su afiliación al sistema de salud, pues sin afiliación sólo puede acceder a la atención por urgencias.

    Según su postura, la Secretaría de Salud de S.M. no está legitimada por pasiva en la acción, pues no es la autoridad llamada a atender a lo solicitado por el actor. Pidió, por lo tanto, que se exonere a dicha entidad, o bien, que en caso de que se disponga la prestación temporal del servicio de salud, se tengan en cuenta las condiciones para la expedición del P., y “en caso de ordenar que temporalmente se le presten los servicios de salud al nacional venezolano hasta su efectiva afiliación al Sistema de Seguridad Social, muy respetuosamente le solicitamos se verifique que el extranjero cumple con los requisitos para la expedición del P., de lo contrario se vulneraría el derecho a la igualdad de todos los habitantes del territorio nacional” .

  5. Fallo de tutela objeto de revisión

    Mediante sentencia del 3 de octubre de 2017 , el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de S.M. negó el amparo reclamado por el señor “R.” frente a la Secretaría de Salud de la misma ciudad.

    El juzgador acudió a las reglas jurisprudenciales decantadas por esta Corte en sentencia T-314 de 2016, conforme a las cuales los extranjeros “i) deben ser tratados en condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos; (ii) tienen la obligación de cumplir la Constitución Política y las leyes establecidas para todos los residentes en Colombia; (iii) tienen derecho a recibir un mínimo de atención por parte del Estado en casos de urgencia con el fin de atender sus necesidades básicas, especialmente las relacionadas con asuntos de salud”, así mismo que, todas las personas, incluidos los extranjeros, deben contar con un documento de identidad válido para poderse afiliar al sistema de seguridad social en salud. En tal sentido, señaló, “si un extranjero se encuentra con permanencia irregular en el territorio colombiano, no puede presentar el pasaporte como documento de identificación válido para afiliarse al sistema, en la medida en que la ley consagra la obligación de regularizar su situación a través del salvoconducto de permanencia, el cual se admite como documento válido para su afiliación.”

    Concluyó de lo anterior que no ha existido violación de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que la negativa de las entidades accionadas no responde al hecho de que el citado sea extranjero, sino a que éste no tiene un documento válido para iniciar su afiliación y lograr así acceder a los servicios de salud.

    La anterior determinación no fue objeto de impugnación.

  6. Actuaciones de la Corte Constitucional en sede de revisión

    6.1. Con el propósito de obtener suficientes elementos de juicio para adoptar una decisión sobre el reclamo constitucional bajo estudio, mediante auto del 26 de junio de 2018 la Sala Novena de Revisión decretó las siguientes pruebas:

    “Primero.- ORDENAR al ciudadano “R.” que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, informe a esta Corporación, bajo la gravedad del juramento y con los soportes a que haya lugar: (i) cuál es su estado de salud actual; (ii) si desde su llegada al país ha sido atendido en algún centro médico u hospitalario, (iii) en qué circunstancias socio-económicas se encuentra actualmente, (iv) cuál es su situación migratoria, y (v) si ha solicitado a las autoridades competentes salvoconducto, Permiso Especial de Permanencia –P.−, alguna de las visas establecidas en la Resolución 6047 de 2017 o, inclusive, la ciudadanía colombiana.

    Segundo.- OFICIAR a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia –Regional Caribe− para que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, informe a esta Corporación cuál es la situación migratoria actual del ciudadano [“R.”] y si él ha formulado alguna solicitud para obtener salvoconducto, Permiso Especial de Permanencia –P.−, alguna de las visas establecidas en la Resolución 6047 de 2017 o, inclusive, la ciudadanía colombiana.”

    En la misma providencia se decretó la suspensión de términos del proceso mientras se recaudaban las pruebas decretadas, al tenor de lo previsto en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 02 de 2015).

    6.2. Durante el término concedido, el accionante guardó silencio.

    6.3. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, a través de su Jefe de la Oficina Asesora Jurídica , el 8 de agosto de 2018, respondió a esta Corporación que el ciudadano venezolano “R.”, con pasaporte número 064915359, ingresó al país el 4 de septiembre de 2017 por el Puesto de Control Migratorio Terrestre de Paraguachón (Maicao-La Guajira) procedente de Maracaibo (Estado Zulia-Venezuela), con un permiso de ingreso y permanencia PIP-5, esto es, como turista y autorizado por el término de 90 días.

    Añadió que el actor registra trámite de Permiso Especial de Permanencia –P.−, expedido el 7 de febrero de 2018, el cual se encuentra vigente . Indicó que, de conformidad con la Resolución 5797 del 25 de julio de 2017, emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores, al demandante se le otorgó P. por un periodo de 90 días calendario, prorrogables por periodos iguales, sin exceder el término de dos años.

    Precisó que el titular de este permiso está autorizado para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación laboral (sin perjuicio de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas), y que el Decreto 1288 de 2018 dispuso que el P. “es un documento de identificación válido para los nacionales venezolanos en territorio colombiano que les permite permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal”.

    Finalmente, agregó que, en lo que concierne al trámite de visas y ciudadanía colombiana dio traslado al Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser una materia de su competencia.

    6.4. Por su parte, mediante oficio del 14 de agosto de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano , atendiendo traslado que le hizo la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, informó que en sus bases de datos no obra solicitud de visa ni de nacionalidad colombiana a nombre del accionante.

    6.5. El 24 de agosto de 2018, a través de su apoderada judicial, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de S.M. dirigió nota a esta Corporación para pronunciarse sobre las pruebas aportadas por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores . Informó que, aunque a la luz del Decreto 1288 de 2018 y la Resolución 5797 de 2017, el Permiso Especial de Permanencia, que fue tramitado por el ciudadano venezolano, le haría beneficiario de los servicios de salud, educación, trabajo, atención a niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional, no hay datos que permitan concluir que haya dado inicio al trámite de la ciudadanía colombiana.

    En relación con el beneficio del servicio de salud, mencionó que para hacerlo efectivo se deben cumplir con algunos requisitos como la afiliación inicial al Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo el régimen contributivo o el subsidiado, situación que no se dio cabalmente por el señor “R.”, como fue comunicado por la Secretaría de Salud Distrital de S.M..

    En coherencia con lo anterior, adujo la apoderada que, “si bien la Constitución Política, en su artículo 100 prevé unas condiciones de igualdad para los extranjeros frente a los nacionales, aquello también involucra el cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte de aquellos, en el mismo sentido y orden que para los nacionales”, lo que significa, que si bien el Permiso Especial de Permanencia les permite el acceso a los servicios de salud, previamente deben “llevar a cabo la afiliación efectiva al Sistema de Seguridad Social en Salud, tal como dispone el numeral 2º el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 67 de la Ley 715 de 2001” y de pretender acceder al régimen subsidiado, deben encontrarse inscritos en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales – SISBÉN -, lo cual no fue cumplido por el ciudadano extranjero y aunque su situación pudiera ser grave, “aquello no involucra una situación de emergencia o urgencia manifiesta, la cual permita omitir el cumplimiento de las normas y reglas que dispone la ley…”.

    Consideró la apoderada, que la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de S.M. fue acertada, y la actuación de la Alcaldía de S.M. y su Secretaría de Salud estuvo fundada y soportada dentro de las normas y preceptos contenidos en el ordenamiento jurídico, por lo que solicitó a esta Corporación se conserve el sentido del fallo inicialmente emitido por el Juzgado.

    6.6. Verificado el Permiso Especial de Permanencia –P.− en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud , se evidencia que “R.” se encuentra activo como afiliado a E.P.S. SANITAS en calidad de cotizante al régimen contributivo, desde el 18 de mayo de 2018 .

    De igual manera, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia informó que el señor “R.” registra algunos datos personales y de contacto, los cuales fueron anotados en escrito allegado a este Despacho.

    6.7. En atención a la información suministrada y ante el silencio del promotor de la acción frente a la orden impartida por la Corte mediante el auto del 26 de junio de 2018, por auto del 24 de septiembre de 2018 el Magistrado Sustanciador ordenó a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia que remitiera a esta Corporación los datos de contacto del ciudadano venezolano “R.” registrados en sus bases, de conformidad con el trámite del Permiso Especial de Permanencia – P. –.

    6.8. Por auto del 27 de septiembre de 2018 se vinculó al trámite a la E.P.S. SANITAS para propiciar su participación en la contienda y garantizar sus derechos al debido proceso y la defensa, en razón a que eventualmente podría asistirle interés en las resultas del proceso. Igualmente, se le ordenó a dicha entidad promotora de salud que rindiera informe a la Corte Constitucional sobre los siguientes aspectos:

    “(i) detalle cuáles son los servicios de atención en salud que ha prestado al paciente “R.”, con expresa indicación de los exámenes, citas, controles, procedimientos, tratamientos, etc. y las fechas en que los mismos han tenido lugar;

    (ii) precise cuál es el estado de salud actual del paciente “R.”, según la información registrada por los médicos y especialistas adscritos a la entidad que lo han tratado y que reposa en su historia clínica;

    (iii) informe si se reportan beneficiarios del sistema de salud por cuenta del afiliado “R.”, y en caso afirmativo, sus nombres, edades y parentesco con el cotizante;

    (iv) señale cuáles son los ingresos declarados a la E.P.S. Sanitas por el afiliado “R.” para efectos de la cotización en salud (IBC);

    (v) responda, sí o no, si se ha cumplido por parte de la E.P.S. Sanitas con el programa farmacológico prescrito por los profesionales de la salud para “R.”, específicamente si se han autorizado y entregado al paciente los medicamentos Truvada tab 200/300 g., Atazanavir tab 300 g. y Ritonavir tab 100 g. para el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana –VIH−; en caso afirmativo, en qué cantidad y con qué regularidad se le han suministrado dichos fármacos u otros indicados por el médico tratante para el manejo de la mencionada patología, y en caso contrario, se expongan las razones para la negativa;

    (vi) remita a esta Corporación los datos de contacto del señor “R.” que se encuentran registrados en sus bases de datos, de conformidad con el trámite de Permiso Especial de Permanencia –P.−…”

    6.9. Por su parte, la E.P.S. SANITAS, mediante oficio de fecha 11 de octubre de 2018, a través de su representante legal para Temas de Salud y Acciones de T., allegó a esta Corporación respuesta a los interrogantes planteados:

    i) Al primer interrogante, la EPS manifestó que al paciente se le han autorizado los servicios, dentro de los cuales se encuentran el suministro de medicamentos, preservativos y práctica de exámenes en laboratorio clínico, conforme el cuadro que fue incorporado en el escrito.

    De igual manera respondió que “Al paciente además se le han prestado servicios que no requieren autorización como ingreso y control al programa CUIDANDO MI VIDA.”

    ii) En relación con la segunda pregunta, la EPS indicó que “El señor “R.”, es un paciente de 26 años de edad, auxiliar de cocina, quien el 4 de julio de 2018 consultó a la IPS MEDICINA INTEGRAL para ser atendido, allegó resultado de E. del 26 de junio de 2018 reactivo para VIH. Indicó antecedente de VIH SIDA tratado en Venezuela, no aportó historia clínica inicial-.

    Refirió que fue diagnosticado desde febrero de 2015 motivado por tamizaje voluntario, y desde mayo de 2015 inició tratamiento con antirretrovirales: tenofovir/emtricitabina 300/200 mg cada 24 horas, atazanavir/ritonavir 300/100 mg cada 24 horas.

    Informa la entidad prestadora del servicio de salud que el accionante se encuentra asintomático “en estadio A2, últimos paraclínicos con buena respuesta inmunovirológica, en continuidad de su tratamiento. Los últimos paraclínicos se realizaron el 4 de julio de 2018, carga viral 29 copias y CDA: 706 Cell”. Manifiesta que “el paciente se encuentra dentro del programa CUIDANDO MI VIDA, el cual tiene como objetivo brindar tratamiento integral a pacientes diagnosticados con VIH SIDA, afiliados a la EPS SANITAS S.A, al igual que realizarles seguimiento y manejo.

    Relaciona los servicios prestados por el programa, dentro del cual se encuentran: Valoraciones por el equipo interdisciplinario: “INFECTOLOGÍA, MÉDICO EXPERTO, ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, NUTRICIÓN, TALLERES DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO”. Adicionalmente, explica que el programa realiza los siguientes exámenes de control cada seis meses: “CARGA IRAL, CD 4, HEMOGRAMA, VDRL, BUN, FOSFATASA ALCALINA, TUBERCULINA, PERFIL LIPÍDICO, CREATININA, TRASAMINASAS, ANTÍGENOS ANTIHEPATITIS B, ANTICUERPOS HAC, BILIRRUBINAS”. Además, el programa cubre las siguientes vacunas: “ANTIGRIPA, ANTINEUMOCOCCICA, ANTIHEPATITIS B” y cubre apoyo diagnóstico según criterio médico: “ELECTROCARDIOGRAMA, RX DE TORAX, ECOGRAFÍAS (ABDOMINAL) Y ENDOSCOPIA (VÍAS DIGESTIVAS ALTAS, COLONOSCOPIA)”.

    (iii) La EPS manifiesta que, en su sistema, el accionante no registra beneficiarios en su contrato.

    (iv) La prestadora del servicio informa que “El ingreso base de cotización del señor “R.” es de setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos ($781.242)”.

    (v) A la quinta pregunta, la EPS SANITAS informa que sí ha cumplido con el cubrimiento y entrega de los medicamentos prescritos por sus médicos tratantes, en las cantidades y fechas ordenadas.

    Refiere que los medicamentos entregados son VIRATAZ, EMTRICITABINA + TENOFOVIR; EFAVIRENZ+ EMTRICITABINA +TEBIF; Aclara que el medicamento TRUVADA TAB ha sido entregado al paciente en denominación común internacional como EMTRICITABINA – TENOFOVIR y el medicamento VIRATAZ es la denominación comercial de ATANAVIR SULFATO 300 MG + RITONAVIR 100 MG. Anexa cuadro en el escrito, en el cual relaciona explícitamente lo entregado y hace aclaración sobre el nombre de los medicamentos.

    (vi) Indica la EPS SANITAS la dirección y los datos que registra del accionante, advirtiendo que del trabajo no reportó teléfono.

II. CONSIDERACIONES

  1. Competencia

    Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

  2. Planteamiento del caso

    En el asunto bajo estudio, el señor “R.”, ciudadano venezolano, reclama la protección de sus derechos a la salud, a la vida y al mínimo vital, en vista de que la Secretaría de Salud Distrital de S.M. le negó la entrega de unos medicamentos que requiere para el tratamiento de su diagnóstico de VIH, según aduce, con el argumento de que no es ciudadano colombiano. Solicita, por lo tanto, que el juez constitucional ordene a la accionada el suministro de las medicinas requeridas, sin dilaciones que pongan en peligro su estado de salud.

    Dentro del trámite de tutela, la demandada manifestó que no era posible acceder a las pretensiones del actor, no por el hecho de que el mismo sea extranjero, sino porque no ha llevado a cabo las gestiones para regularizar su estatus migratorio, haciendo énfasis en que contar con un documento válido que autorice su permanencia en el territorio nacional es una condición necesaria para afiliarse al sistema de salud y recibir sus beneficios.

    La sentencia del juez constitucional de primera instancia fue adversa a los intereses del accionante. Sin embargo, no fue impugnada.

    En sede de revisión, la autoridad de migración informó a la Corte Constitucional que, con posterioridad al fallo de tutela, el accionante adelantó trámite de Permiso Especial de Permanencia –P.−, que le permite permanecer en Colombia hasta por dos años y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención a menores de edad, en los niveles nacional, departamental y municipal.

    A su vez, la Sala constató que con el Permiso Especial de Permanencia –P.− que le fue asignado, el accionante aparece como afiliado activo en calidad de cotizante del régimen contributivo del sistema de salud.

    La entidad promotora de salud E.P.S. SANITAS, que fue vinculada por la

    Sala de Revisión luego del anterior hallazgo, brindó respuesta a esta Corporación en los términos referidos.

  3. Problema jurídico a resolver

    Corresponde a la Sala dilucidar si en el sub júdice se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la acción de tutela, bajo el entendimiento de que este es un mecanismo excepcional de protección de derechos.

    Si tras este análisis se comprueba que la intervención de la justicia constitucional es procedente y hay cabida para un estudio de fondo, la Corte deberá determinar si los derechos fundamentales a la salud y a la vida del ciudadano venezolano “R.”, extranjero sin estatus migratorio definido en el país, fueron vulnerados por parte de la Secretaría de Salud Distrital de S.M., i) al no ordenar que a través de las entidades prestadoras de salud a su cargo, se valorara al paciente para determinar si el padecimiento informado – virus de inmunodeficiencia humana –VIH− existía, y ii) si el requerimiento se enmarcaba en un estado de urgencia, para entregar los fármacos prescritos por el médico y tratar la enfermedad.

    Tras lo anterior, y tomando en consideración la información recaudada, como consecuencia del decreto de pruebas en relación con los supuestos fácticos que originaron la controversia, habrá que verificar si en el caso concreto se configura el fenómeno de carencia actual de objeto.

    Para dar respuesta a estas cuestiones, la Sala de Revisión procederá a efectuar el estudio de los siguientes ejes temáticos: i) procedencia de la acción de tutela; ii) reglas para el acceso a servicios de salud de los extranjeros en Colombia, iii) concepto de urgencia y competencia de entidades para prestación del servicio; iv) el fenómeno de carencia actual de objeto, y una vez agotado el análisis de los anteriores aspectos, se abordará el v) examen del caso concreto, luego de lo cual se adoptarán las determinaciones a que haya lugar frente a la solicitud de amparo.

    i) Procedencia de la acción de tutela

    La Constitución de 1991, en su artículo 86, consagró la acción de tutela como un mecanismo judicial de naturaleza excepcional que persigue una protección inmediata frente a la conducta de cualquier autoridad pública o, en precisos eventos, de particulares, cuando quiera que de su acción u omisión se desprenda vulneración o amenaza a los derechos fundamentales.

    En razón de su carácter excepcional, se trata de un recurso que sólo es procedente en la medida en que el peticionario no disponga de otro medio idóneo y eficaz de defensa judicial para salvaguardar sus garantías constitucionales, a menos que, dada la inminencia de una lesión iusfundamental, se acuda al mismo como mecanismo transitorio para conjurar un perjuicio irremediable.

    En desarrollo de dicha disposición superior y, en concordancia con lo previsto en los artículos , 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991 , la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela son: (i) legitimación en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) inmediatez; y, (iv) subsidiariedad .

    Corresponde, entonces, a la Sala, pasar a verificar el cumplimiento de cada uno de estos presupuestos de procedencia en el asunto sub júdice:

    Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona que considere amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por parte de una autoridad pública o, en ciertos eventos, por un particular.

    Este requisito consiste en indagar si el promotor de la acción de tutela está habilitado para hacer uso de este recurso judicial, ya sea porque es el titular de los derechos cuya protección reclama, o bien, porque actúa en procura de una persona que no se encuentra en condiciones de promover su propia defensa, a través de la figura de la agencia oficiosa .

    Es pertinente subrayar que el precepto constitucional concede la facultad de instaurar la acción de tutela a “toda persona” que perciba una amenaza o violación a sus derechos, de manera que, tal como lo ha interpretado la jurisprudencia de este Tribunal , la Carta no prevé una diferenciación respecto de nacionales o extranjeros en lo que concierne a legitimación para reclamar protección por vía de tutela, por lo que ostentar la ciudadanía colombiana no es una condición necesaria para acudir a este mecanismo.

    En el caso bajo estudio, se observa que el señor “R.” promueve la acción de tutela a nombre propio y alega que se le lesionan sus derechos fundamentales a la salud y a la vida al negársele la entrega de los medicamentos formulados por su médico tratante para atender el diagnóstico de VIH.

    Se colige entonces que, a voces de la Constitución Política, se encuentra acreditado este requisito de legitimación en la causa por activa, en la medida en que la solicitud del demandante está encaminada a la salvaguarda de sus propias garantías constitucionales.

    Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito de procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 superior , el cual consagra que el recurso de amparo puede interponerse contra autoridades públicas y, en precisas hipótesis, contra particulares, según sea el caso, por su presunta responsabilidad –ya por acción, o por omisión− en la transgresión de los derechos fundamentales que suscita la reclamación.