Sentencia de Tutela nº 094/19 de Corte Constitucional, 6 de Marzo de 2019

1. Competencia

   La S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas en los procesos de la referencia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

   Corresponde a la S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional determinar si en los asuntos bajo examen se vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso de los demandantes, al negarles hacer efectivas unas pólizas de seguro suscritas para cubrir obligaciones crediticias en casos de invalidez o muerte, con fundamento en la supuesta reticencia en que incurrieron los tomadores.

   Al efecto, una vez acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, concretamente, los de legitimación, subsidiariedad e inmediatez, la Corte entrará a analizar: (i) el contrato de seguro y la reticencia; (ii) el abuso de la posición dominante; y (iii) los casos concretos.

3. Procedencia de la acción de tutela

   3.1. Legitimación en la causa por activa

   El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

   En consonancia con la norma superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 , establece lo siguiente:

   “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

   También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

   También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

   Con relación a la legitimación por activa, en la Sentencia T-416 de 1997, esta Corte sostuvo que “es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona (…)”. Sin embargo se ha aclarado que ello no se opone a que se obtenga la protección de derechos fundamentales mediante representante legal, apoderado judicial o agente oficioso como lo prevé la norma constitucional .

   En esta oportunidad, las acciones de tutela fueron presentadas, en el expediente T-7.007.710 por la señora I.N.P.D., a nombre propio, alegando la exclusiva vulneración de sus derechos fundamentales y, en el expediente T-7.028.451 por un abogado en virtud del poder que le confirió el señor M.L.Z., para que, en su nombre y representación, adelantara el proceso ante el juez constitucional, razones por las cuales se encuentran legitimados para actuar por activa.

   3.2. Legitimación en la causa por pasiva

   Conforme los artículos 86 de la Constitución Política y 5 del Decreto 2591 de 1991, la legitimación por pasiva en la acción de tutela “(…) se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” .

   Además, la misma disposición constitucional permite interponer acciones de tutela contra particulares siempre que se evidencie subordinación o indefensión del actor con respecto al particular acusado. Así también lo sostiene el numeral 4 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991:

   “Procedencia. (…) 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización”.

   En el caso de las relaciones surgidas en virtud de un contrato de seguro, la Corte ha sostenido que se presenta un desequilibrio que resulta natural, el cual lleva a que el cliente, por lo general, esté ante una situación de inferioridad con relación a la aseguradora, mientras la entidad financiera goza de una posición dominante con respecto al cliente. Lo anterior se manifiesta, entre otras, en el hecho de que son dichas empresas las que fijan el valor de las primas, los montos de los deducibles, el régimen de garantías y las exclusiones que niegan el pago del riesgo asegurado .

   En los casos bajo estudio, se tiene que los créditos y las pólizas que los soportan fueron contratados con BBVA Seguros en el expediente T-7.007.710 y con GNB Sudameris y la Aseguradora Solidaria de Colombia en el expediente T-7.028.451, por lo que se constata su legitimación en la causa por pasiva.

   3.3. Inmediatez

   El requisito de inmediatez impone la obligación de interponer la acción de tutela dentro de un plazo razonable y proporcional respecto al momento del acto que generó la presunta vulneración de derechos. Así, dado que no es posible establecer un término exacto para fijar su cumplimiento, en su estudio deben valorarse las circunstancias específicas de cada caso a efectos de constatar la existencia de elementos suficientes que justifiquen la interposición de la acción de tutela en un momento determinado.

   En ese sentido, si bien existe la necesidad de acreditar que se acude a la tutela en un plazo razonable con relación a la fecha en que la persona padeció la vulneración o la amenaza a sus garantías, en aras de asegurar que el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente que asegure la efectividad de los derechos fundamentales (CP art. 86), lo cierto es que la exigencia de dicho pedimento no puede imponerse como una barrera para acceder a la tutela, cuando la persona, por razones ajenas a su voluntad no pudo acudir prontamente al amparo, o cuando los efectos de la vulneración se mantienen.

   Así las cosas, al estudiar el cumplimiento de dicho requisito con relación a los expedientes de la referencia, la S. lo encuentra acreditado en el primer caso, pues entre la fecha en que le fue negada la solicitud de cobertura de la póliza a la señora P. (26 de abril de 2018) y la fecha en que acudió a la tutela (5 de junio de 2018), transcurrió poco más de un mes. Sin embargo, en el segundo caso, la S. no lo encuentra acreditado pues entre la fecha en que le fue negada al señor L. la solicitud de pago de la póliza (13 de marzo de 2017) y la fecha en que acudió a la acción de tutela (6 de julio de 2018), transcurrió un año y tres meses, sin que el actor manifestara alguna razón ajena a su voluntad que justificara el transcurso de dicho plazo de tiempo sin acudir a la tutela.

   3.4. Subsidiariedad

   En Sentencia T-135 de 2015, la Corte indicó que el requisito de subsidiariedad impone “agotar previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto, pues el amparo no puede desplazar los mecanismos específicos previstos en la correspondiente regulación común”.

   Así las cosas, la acción de tutela es un mecanismo que resulta procedente cuando no existe en el ordenamiento jurídico otro medio de defensa al cual se pueda acudir. Sin embargo, dicha regla contiene una excepción que viabiliza el mecanismo de amparo aun cuando exista un procedimiento judicial ordinario diseñado para resolver la contingencia, siempre que el recurrente acredite que se encuentra en una situación que lo expone a padecer un perjuicio irremediable que no podrá contenerse a través de los procedimientos ordinarios, ya porque no son idóneos ni eficaces para salvaguardar las garantías fundamentales en peligro, ya porque no son expeditos para evitar la consumación del daño .

   En efecto, el desplazamiento de las competencias del juez común puede ser definitivo o transitorio dependiendo de las características específicas de cada caso concreto. Es así como, el amparo definitivo será concedido cuando, por las características de la afectación, los recursos ordinarios no garanticen la idoneidad y efectividad necesaria para proteger los derechos; y será transitorio cuando “las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable” .

   En ese sentido, para la resolución de conflictos derivados de un contrato privado como el de seguro, debe acudirse a los procesos civiles que prevé la jurisdicción ordinaria , los cuales podrán obviarse siempre que se encuentre acreditado un perjuicio irremediable.

   3.5. Expediente T-7.007.710

   En este asunto, la S. encuentra acreditado el referido requisito ya que la actora comprobó estar ante un inminente perjuicio irremediable debido a que los ingresos que obtiene mensualmente (que oscilan entre $552,000 y $652,000), no le permiten cumplir con el pago de la cuota mensual del préstamo que adquirió su esposo (que a través de conversión telefónica indicó que ascendía a $350,000 mensuales), por lo que en caso de tutelar sus derechos, la Corte lo hará de manera definitiva pues los mecanismos ordinarios procedentes no resultan eficaces para proteger de manera pronta sus derechos fundamentales en riesgo.

   En efecto, el riesgo al mínimo vital es palmario pues aunque recibe una mesada pensional con ocasión del fallecimiento de quien fuera su esposo, y tenga otros ingresos fluctuantes producto de su desempeño en labores domésticas y oficios varios, lo cierto es que el monto aproximado de dichos ingresos no le permiten cumplir con sus gastos básicos. Es así como, al comparar sus ingresos con sus gastos , es claro que no le alcanza para cubrir las contingencias básicas, por lo que exagerado resulta imponerle el pago de la obligación que, alega, no le corresponde cubrir si se ejecuta la póliza de vida suscrita.

   Así las cosas, para la S. son descartables los argumentos según los cuales la demandante posee capacidad económica con fundamento en su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante, categoría que también tiene su hija, pues dicha cobertura la obtiene producto de la pensión de sobrevivientes que les fue asignada por el fallecimiento del señor Mera de quien dependían económicamente.

   Sin embargo, de ese pago no se infiere una capacidad económica que le permita cubrir la obligación que se pretende exonerar en sede de tutela, pues la mesada asignada equivale a un salario mínimo mensual distribuido en partes iguales entre ella y su hija, luego recibe un neto mensual por dicho concepto de $352.000.

   Adicionalmente, de mantenerse la obligación que le correspondería asumir según la entidad bancaria, se pone en riesgo su solución de vivienda dado que el inmueble en el que habita es su único patrimonio .

   A lo anterior se suma el riesgo para el mínimo vital y la educación de su hija, pues si bien esta última también recibe $352.000 mensuales con ocasión del porcentaje de la mesada pensional que le correspondió, lo cierto es que dicho valor no le permite garantizar su subsistencia en la ciudad de Popayán donde estudia. En efecto, se encuentra probado que el canon de arrendamiento que paga en dicha ciudad asciende al valor total de lo que recibe por concepto de pensión de sobrevivientes de manera que requiere de la ayuda de su progenitora para cubrir los demás gastos.

   Por tanto, aun cuando el caso versa sobre una situación propia de un contrato, con connotaciones patrimoniales y económicas propias de ser dirimidas ante el juez natural, lo cierto es que por la notoria afectación del mínimo vital se hace imperioso el desplazamiento de sus competencias por parte del juez constitucional, como ya se explicó.

   3.6. Expediente T-7.028.451

   En este asunto la Corte no encuentra acreditado el perjuicio irremediable que justifique el desplazamiento de las competencias del juez común y que haga procedente la tutela, por las razones que pasan a explicarse.

   Si bien el actor alega la afectación de su mínimo vital causada por la imposibilidad de hacer efectiva la póliza de seguro que respalda una obligación adquirida con el banco a pesar de haber sufrido una de las contingencias físicas que considera cubiertas por el contrato, lo cierto es que esa sola afirmación no hace que la tutela sea procedente sin antes haber acudido a los procedimientos ordinarios, pues requiere demostrar, siquiera sumariamente, que el derecho fundamental se encuentra expuesto al daño alegado de no darse una medida de amparo en sede de tutela.

   Y como el demandante sólo demostró la forma en que le retienen por nómina de su mesada pensional el valor de la obligación que pactó desde el año 2013, previo a obtener la calificación de invalidez, quedó ausente de prueba que acreditara la manera en que esa deducción financiera pone en riesgo la capacidad para cumplir con sus obligaciones básicas.

   Pues su mesada pensional fue fijada teniendo en cuenta sus ingresos mensuales, los cuales le permitieron su subsistencia y adquirir la obligación pactada con la entidad bancaria, la cual le ha sido deducida desde noviembre del año 2014.

   A lo anterior, se suma el hecho de que también dejó transcurrir más de un año desde que le fue negada la solicitud por la aseguradora (13 de marzo de 2017) y la fecha en que acudió a la tutela (6 de julio de 2018), situación que permite inferir que no se encuentra ante una situación apremiante que haga imperiosa la intervención del juez constitucional.

   Adicionalmente, tampoco se podría acceder a amparar el derecho a la igualdad alegado pues el actor no indicó las razones por las cuales la situación desarrollada en otro contrato suscrito por el tutelante con otra aseguradora en el que se hizo efectiva la póliza con base en la incapacidad certificada por la Junta Médica Militar, pueden extenderse al que ahora se estudia pues no se aportó la prueba correspondiente. Además, dicha exoneración refuerza la ausencia de una afectación al mínimo vital del demandante pues demuestra que se descargó de una de sus obligaciones crediticias.

   Por tanto, la S. confirmará las decisiones de instancia dentro del proceso T-7.028.451 teniendo en cuenta que no encontró acreditado el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y estudiará de fondo el caso de la señora P..

4. El contrato de seguro de vida y la reticencia

   El contrato de seguro no tiene una definición exacta en el Código de Comercio. Sin embargo, se trata de un negocio jurídico sujeto a la voluntad de las partes dentro de los límites que la ley impone, con base en el cual el asegurador asume los riesgos de una contingencia a cambio de una prima o prestación económica a cargo del tomador y sometida al cumplimiento de una condición suspensiva, cual es la ocurrencia del siniestro . Sus elementos esenciales, esos sí, están definidos en los artículos 1036 y 1045 del Código de Comercio, de acuerdo con los cuales, para que el contrato produzca efectos deberán revelarse: el interés asegurable , el riesgo asegurable , la prima o el precio y la obligación condicional .

   Por otro lado, para determinar el alcance del contrato de seguro, es necesario remitirse a las cláusulas pactadas en la póliza y los documentos que la integran, pues estos definen el riesgo amparado, el objeto de aseguramiento, exclusiones y límites pecuniarios temporales pactados, sin que sea válido interpretar más allá de lo que su contenido prevé. En todo caso, cuando las aseguradoras fijan el contenido del contrato, no pueden establecer cláusulas abusivas, ya que dicha conducta se encuentra prohibida por el artículo 11 de la Ley 1328 de 2009 .

   Adicional a la anterior prohibición, la Corte ha resaltado que la libertad que tiene la aseguradora para fijar las cláusulas del contrato no puede ser usada para tomar ventaja en virtud de su posición dominante de modo que se impongan a los usuarios condiciones que limiten sus derechos como consumidores. En efecto, en la Sentencia T-751 de 2012, se indicó que: “esta modalidad negocial no puede erigirse como una estipulación que otorga plenas facultades a las entidades aseguradoras para tomar ventaja de su posición en el mercado e imponer a los tomadores condiciones que restringen el uso de sus derechos como consumidores. Por esta razón, la intervención del Estado se hace necesaria en aquellos eventos en los cuales se requiera volver dúctil la interpretación de estos contratos con el fin de proteger derechos fundamentales de personas que se encuentren en estado de debilidad manifiesta”.

   Por otro lado, en los contratos de seguros la buena fe resulta preponderante, lo que implica el deber de que las partes declaren de manera exacta y precisa las condiciones y circunstancias bajo las cuales constituyen el riesgo y la póliza .

   Al respecto, en la Sentencia T-660 de 2017 se indicó que: “(…) dicha buena fe se manifiesta cuando el tomador (asegurado) se allana a contratar un seguro y declara el estado del riesgo que sólo él conoce íntegramente, para que conforme a esa información se determine por la aseguradora si hay lugar a establecer condiciones más onerosas o, incluso, en casos extremos, para que decida no contratar (…)”.

   Precisamente, por las características del contrato de seguro resulta trascendental que el tomador cumpla con la obligación de hacer una declaración veraz del estado real de riesgo, en aras de proteger la naturaleza aleatoria de este tipo de negocios. Así lo ha manifestado también la S. de Casación Civil, entre otras, en Sentencia del 1 de septiembre de 2010 , al indicar que: “(…) esta modalidad negocial supone que el interesado declare sinceramente cuál es el nivel de riesgo que asumirá la entidad aseguradora, comoquiera que esa manifestación estructura la base del consentimiento acerca de la concesión del amparo y no sólo eso, contribuye a establecer el valor de la póliza, en función de la probabilidad estadística de que el riesgo asegurado acontezca”.

   A partir de lo anterior, cuando el tomador ha incurrido en inexactitudes en la información entregada al momento de realizar el contrato, puede generar distorsiones relacionadas con el estado de riesgo que atentarían contra la naturaleza del contrato y el principio de buena fe que lo caracterizan, por lo que de comprobarse el obrar de mala fe por parte del tomador, se configura el fenómeno de reticencia previsto en el artículo 1058 del Código de Comercio, y que consiste en la inexactitud en que incurre el tomador del seguro sobre hechos o circunstancias que impliquen una agravación objetiva del estado de riesgo, que de haber sido conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de fijar el contrato o advertido para celebrar uno con cláusulas más onerosas. Su configuración genera nulidad relativa del contrato.

   En ese sentido, las aseguradoras tienen la obligación de demostrar el nexo de causalidad entre la información omitida y el siniestro, por un lado, evidenciando la mala fe del tomador al ocultar cierta información, y por el otro, acreditando la existencia de una “efectiva relación causal” –inescindible- entre la inexactitud y el siniestro acaecido .

   En la Sentencia T-720 de 2013, la Corte consideró que no era necesario realizar un estudio encaminado a acreditar la mala fe del tomador ya que las enfermedades que no fueron declaradas a tiempo, en nada incidieron en el consentimiento de la aseguradora para asumir el riesgo, pues el porcentaje necesario para incapacitar a la asegurada se había cumplido aún sin incluir las enfermedades omitidas en la declaración.

   Así mismo, en la Sentencia T-282 de 2016, la Corte desechó la configuración de la reticencia en tanto no encontró probado el nexo de causalidad entre la ocurrencia del siniestro y la inexactitud de la información declarada al momento de suscribir la póliza, pues la invalidez le sobrevino a la actora como consecuencia de un accidente cerebrovascular y un cuadro de depresión, siendo que lo que omitió declarar fueron sus antecedentes de hernia discal con cirugía de columna lumbar.

   Por su parte, la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que no toda reticencia está llamada a “eclipsar la intentio del asegurador, generando los letales efectos que fluyen de la nulidad relativa” .

   Por ende, la reticencia se puede alegar cuando la información omitida ha incidido en el consentimiento de la aseguradora para asumir el riesgo contratado , causada por inexactitud de la información registrada por el tomador en procura de sacar ventaja del desequilibrio contractual, pero para su acreditación se debe demostrar tanto el elemento objetivo consistente en el nexo de causalidad, como el elemento subjetivo derivado de la mala fe del tomador.

5. El abuso de la posición dominante

   La actividad financiera es considerada por la Corte Constitucional como un servicio público en tanto que su objetivo principal es la captación de recursos financieros del público con el fin de administrarlos, invertirlos, manejarlos y obtener con ello un beneficio, todo dentro de los límites que la ley prevé. Así fue expuesto en la Sentencia T-443 de 1992 reiterada en la T-813 de 2012.

   Dichas providencias, a su vez enfatizaron que las actividades financieras, bursátil, aseguradora, y todas las demás que se relacionen con el manejo, inversión, administración y aprovechamiento de los recursos de captación señaladas en el literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, serán ejercidas previa autorización del Estado, habida cuenta que son de interés público. Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 335 de la Carta.

   En cumplimiento de sus labores, las entidades dedicadas a actividades de índole financiero o asegurador tienen la posibilidad de fijar los requisitos de acceso a sus servicios, las condiciones y exigencias para acceder a créditos y transacciones, las tasas de interés, entre otras cuestiones propias de su gestión, por lo que “siendo depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan y gozando de la credibilidad por parte de los clientes, tienen una posición dominante frente a los usuarios” .

   Por tanto, ante la clara posición dominante que se crea, no solo por la confianza pública depositada en la entidad, sino también por la diferencia económica existente entre las partes, corresponde al Estado ejercer el control sobre dichas entidades en aras de evitar que con base en la superioridad que ejerce frente al usuario, abusen de su poder a través de la imposición de cláusulas arbitrarias o por fuera de los límites que la ley prevé.

   Dicha facultad de control tiene su origen en la Constitución, en tanto que a través del artículo 333 se radicó en el Estado la competencia de evitar todo abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional, de manera que se impiden tratamientos desiguales que supongan la superioridad de unos frente a otros, máxime, en tratándose de actividades que gozan de la confianza pública por el tipo de servicio que prestan.

   Ello ocurre con facilidad en los contratos de seguro en tanto que el usuario puede ser sometido a que le dilaten la satisfacción de los compromisos asumidos, lo que afecta los derechos fundamentales del tomador o de sus beneficiarios, en tanto que si bien ese tipo de contrato no tiene como finalidad la de proveer los recursos para asegurar la subsistencia y el mínimo vital de una persona, lo cierto es que algunos seguros terminan constituyéndose en la única forma de cumplir con sus compromisos financieros luego de sobrevenir el siniestro asegurado.

   Por lo que ante una situación de desventaja financiera como a la que se encuentra sometido el usuario, es necesario evitar que con ocasión de la posición dominante de la que goce una empresa, se esquive el cumplimiento de las obligaciones pactadas en detrimento de un derecho fundamental.

6. Caso concreto

   Respecto al caso de la señora P., se tiene que le está siendo impuesta una obligación financiera con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, la cual, en su opinión, no le corresponde cubrir comoquiera que dicho préstamo se encontraba cobijado por una póliza de seguro de vida que no ha sido reconocida por la aseguradora aduciendo que el asegurado incurrió en reticencia.

   La cuestión resulta relevante para esta Corporación en tanto que con la situación planteada se alega una presunta afectación al mínimo vital puesto que le impone el pago de una cuota económica a la actora que no tiene la capacidad de asumir sin poner en riesgo su subsistencia y solución de vivienda. Por tanto, ante un eventual perjuicio irremediable, entra la S. a analizar el fondo del asunto.

   La S. evidencia que –efectivamente- al esposo de la demandante le fue realizado un préstamo el 21 de agosto de 2015 bajo la modalidad de libranza comercial, el cual respaldó con un seguro que contrató con BBVA Seguros, y que tenía como fin prevenir los siniestros de invalidez y muerte que pudiera padecer el deudor durante su obligación comercial.

   Lamentablemente en curso de la obligación crediticia, el 25 de noviembre de 2017, el deudor falleció producto de impactos de arma de fuego que le fueron propiciados, razón por la que la entidad bancaria trasladó el cobro de lo debido a su esposa, quien, a su vez, solicitó la cobertura de la póliza suscrita para el siniestro de muerte.

   Dicha solicitud le fue negada por la entidad alegando reticencia toda vez que el tomador del seguro no manifestó en su declaración de asegurabilidad dos patologías consistentes en “antecedentes de Hipertensión Arterial y con fecha 09 de marzo de 2015 diagnóstico de Diabetes Mellitus” , decisión que se mantuvo a pesar de las solicitudes de la actora para que la reconsideraran.

   Inconforme con lo anterior, la señora P. acudió a la acción de tutela alegando la afectación de sus derechos fundamentales pues, en su opinión, los datos omitidos por su esposo no tuvieron nexo alguno con el siniestro padecido, ya que no alegó la activación de la póliza por invalidez o muerte resultantes de una enfermedad, sino por causa de muerte violenta.

   Al respecto, la S. encuentra que en el asunto de la referencia se torna viable ordenar el cumplimiento de la póliza pactada por las razones que a continuación se explican.

   En primer lugar, revisado el material probatorio se evidencia que en la declaración de asegurabilidad signada el 12 de agosto de 2015, el señor Mera no manifestó padecer de diabetes ni hipertensión, dolencias acreditadas por la aseguradora mediante copia de algunos apartes de la historia clínica del asegurado y que la demandante confirma que fueron omitidos.

   Sin embargo, dicha situación no constituye causal suficiente para alegar la nulidad relativa del contrato por reticencia comoquiera que, como se vio en la parte considerativa de esta providencia, para que una aseguradora pueda negarse al pago del seguro con fundamento en la reticencia, debe acreditar siquiera dos supuestos: de un lado, el objetivo, encaminado a demostrar el nexo de causalidad entre la información inexacta y el siniestro; y del otro, el subjetivo, por medio del cual le corresponde a la empresa demostrar la mala fe del tomador al momento de celebrar el contrato de modo tal que su omisión haya influenciado el consentimiento de la empresa para suscribir el contrato y asumir el riesgo asegurado, que en este caso incluían invalidez y muerte.

   En el sub lite, la S. encuentra que ninguno de los supuestos fueron acreditados por la aseguradora para justificar la reticencia que alegó, pues, en lo que tiene que ver con el primero, no demostró en modo alguno la relación de causalidad entre la ocurrencia del siniestro (la muerte del tomador al haber sido víctima de un hecho violento) y las condiciones médicas omitidas en su declaración de asegurabilidad (antecedentes de hipertensión y diabetes). En ese sentido, no evidencia la Corte cómo las enfermedades no declaradas se relacionan con el siniestro (la muerte) toda vez que, aun si el actor las hubiera señalado, ello no habría impedido que el actor falleciera dado que su deceso sobrevino con ocasión de heridas por arma de fuego.

   Y en lo que tiene que ver con el criterio subjetivo, la S. tampoco encuentra acreditada la mala fe debido a que no se demostró que la omisión incidiera en el consentimiento de la aseguradora al momento de celebrar el contrato, y ello no ocurrió dado que la empresa no acreditó cómo la falta de conocimiento de unas patologías padecidas por el tomador afectaron su voluntad negocial al momento de cubrir el siniestro de muerte por homicidio.

   En ese sentido, como lo que propició la muerte del actor fue certificado y tuvo lugar por los impactos de un arma de fuego, la falta de veracidad de las patologías sufridas por el tomador del seguro no incidieron en la asunción del riesgo de muerte por parte de la aseguradora.

   En consecuencia, la negativa para hacer efectiva la póliza resulta desproporcionada, arbitraria y abusiva, pues en uso de su posición dominante, la entidad, sin acreditar la reticencia, se negó a realizar el pago fijado en la póliza, lo que terminó afectando los derechos fundamentales de la demandante. En suma, la S. ordenará a la aseguradora que haga efectiva la póliza suscrita por el señor Mera y, en consecuencia, realice el pago de la obligación financiera suscrita por este con el banco BBVA.

   Aclara la S. que aunque BBVA Seguros alegó que a la señora P. no le corresponde solicitar que se haga efectiva la póliza de seguro, toda vez que no es beneficiaria del contrato celebrado pues dicha calidad solo se pregona del asegurado y del banco BBVA, lo cierto es que ese hecho, aun si se admitiera, no impide la medida de protección dictada pues con independencia de la calidad o no de beneficiaria contractual de la actora, está asumiendo todas las consecuencias derivadas de la negativa de cubrir la obligación están recayendo en ella al punto de afectar sus derechos fundamentales, lo que avala que recurra al juez de tutela y que se dicten medidas de salvaguardia.

   En ese sentido la S. no desconoce que los beneficiarios directos del seguro son el señor Mera y el banco BBVA, este último, por ser quien recibiría el dinero adeudado por el causante. Sin embargo, ello no es excusa para mantener a la actora en la zozobra de un cobro financiero que no puede asumir y ante el riesgo de padecer las contingencias de un proceso ordinario que amenace su mínimo vital, su solución de vivienda y la continuidad académica de su hija en la universidad, máxime si se tiene en cuenta que es producto del abuso de la posición dominante por parte de la aseguradora al haberse negado a cumplir el contrato pactado sin la configuración de la reticencia y, del banco, al haberle endilgado una obligación que, en principio, por las características generales del contrato de libranza y por la información suministrada por la demandada, no le corresponde asumir, comoquiera que expresamente manifiestan que el contrato fue celebrado con el señor Mera y no allegan ningún documento contractual que demuestre la voluntad de la señora P. de asumir la deuda de su esposo o de haberla respaldado en calidad de codeudora o fiadora.

   Además, tampoco puede obviarse que el banco no ha realizado ninguna actividad tendiente a obtener la cobertura del seguro respecto de dicha obligación manteniendo el cobro de lo adeudado en cabeza de la actora en detrimento de su mínimo vital y que la aseguradora en ninguna de las respuestas a las solicitudes presentadas por la demandante, le puso al tanto de esa situación para que ella lo alegara ante el banco o adelantara acciones encaminadas a que BBVA solicitara su cumplimiento, desvirtuando la reticencia.

   En consecuencia, la Corte encuentra que en este caso se presenta un abuso de la posición dominante de la entidad cuestionada en tanto que se ha negado a hacer el pago de la póliza alegando una reticencia que, a no dudarlo, es inexistente y genera efectos nocivos a las garantías fundamentales de la demandante. En consecuencia, revocará las decisiones de instancia en este asunto.

   7. DECISIÓN

   En mérito de lo expuesto, la S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

PRIMERO. REVOCAR las decisiones judiciales proferidas el 3 de agosto de 2018 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao que confirmó la dictada el 19 de junio de 2018 por el Juzgado Primero Penal Municipal de la misma ciudad dentro del expediente T-7.007.710. En su lugar, amparar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la señora I.N.P.D..

SEGUNDO. ORDENAR a BBVA Seguros que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, realice los trámites correspondientes para hacer efectivo el amparo contenido en la póliza del Seguro Vida Grupo Deudor No. VGDB-26, contratada por E.M.B., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. CONFIRMAR la decisión judicial proferida el 31 de agosto de 2018 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá D.C., que, a su vez, confirmó el fallo dictado el 18 de julio de 2018, por el Juzgado Noveno Civil Municipal de la misma ciudad, dentro del expediente T-7.028.451, promovido por el señor M.L.Z., por las razones señaladas en esta providencia.

CUARTO. Por Secretaría, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

N., comuníquese, cópiese y cúmplase.

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General