Sentencia de Tutela nº 596/17 de Corte Constitucional, 25 de Septiembre de 2017

Primero.- CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia la sentencia del 16 de febrero de 2017 de la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó la providencia del 25 de noviembre de 2016 proferida por la S. Civil-Familia del Tribunal Superior de S.M. que declaró improcedente la acción de tutela.

Segundo.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a través de los juzgados de instancia, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

N., comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

Con salvamento de voto

ROCÍO LOAIZA MILIÁN

Secretaria General (E)

Accionados

1. M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (“M.Ambiente”).

2. M.isterio de Agricultura y Desarrollo Rural.

3. Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales (“PNN”).

4. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (“AUNAP”).

5. Contraloría General de la República (“Contraloría”).

6. Procuraduría General de la Nación (“Procuraduría”).

7. Fiscalía General de la Nación (“Fiscalía”).

8. Gobernación del M..

9. Corporación Autónoma Regional del M. (“C.”).

10. Alcaldías de los Municipios de Sitio Nuevo, Puebloviejo, R., El R., S.mina, Zona Bananera, Pivijay, Ciénaga, Aracataca, El P., Fundación, Concordia, Z. y C. de A.(..

11. Consorcio Ciénaga Grande.

12. Unión Temporal Río F. (Servicios de Dragados y Construcciones S.A. y CFD Ingeniería S.A.S.).

13. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (“Invemar”).

14. *Comité de Coordinación Interinstitucional para la Ecorregión Ciénaga Grande de S.M. de la Gobernación del M..

    Vinculados

1. C. de Policía del Departamento de M..

2. C. de Policía Metropolitana de S.M..

3. C. de Policía del Municipio de C.M..

4. C. de Policía de Pueblo Viejo, M..

5. C. de Policía de Sitio Nuevo, M..

6. C. del Batallón de C..

7. Capitán del Puerto de S.M..

8. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (I.).

9. Director de F.d.M..

10. Defensor del Pueblo del Departamento del M..

11. Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

12. Territorial Atlántico de la Unidad de Restitución de Tierras.

13. Instituto G.A.C. (IGAC).

14. Superintendencia de Notariado y Registro.

15. Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de S.M..

16. Secretaría de Salud del Departamento de M..

17. Secretaría de Gestión Social y Desarrollo de la Salud del Municipio de Pueblo V.M..

18. Secretaría de Gestión Social y Desarrollo de la Salud del Municipio de Sitio Nuevo, M..

19. Instituto Colombiano Agropecuario.

20. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

21. Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la M. (“Cormagdalena”).

22. Defensoría del Pueblo.

    Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

1. Los investigadores de Dejusticia[229] solicitaron la realización de una inspección judicial en los municipios en cuya jurisdicción se encuentre la CGSM con el fin de “recaudar información integral y precisa para el estudio del caso”[230]. Asimismo, solicitaron una audiencia pública con el acompañamiento de comunidades palafíticas y pescadores que habitan en la CGSM. Y por último, solicitaron una práctica de pruebas en el proceso a las entidades accionadas con el fin de recaudar información sobre hechos relevantes que antecedieron a la tutela[231].

2. Recordaron que la CGSM es uno de los ecosistemas más productivos del Caribe que alberga peces, crustáceos y moluscos que han sido aprovechados históricamente para el consumo humano. Sin embargo, a pesar de su importancia como ecosistema estratégico, la CGSM ha sufrido un deterioro ambiental por la disminución significativa del agua dulce que nutre a la región, lo que ha llevado a afectar a quienes habitan sobre el acuatorio de la Ciénaga, ya que su subsistencia depende de la actividad de pesca[232].

   Asociación Ambiente y Sociedad[233]

3. Sostuvieron que, debido al incumplimiento de las funciones que les corresponden a los accionados para la protección del ecosistema de la CGSM, se han vulnerados los derechos fundamentales al medio ambiente sano, vida digna, mínimo vital, trabajo, libertad de oficio, alimentación y agua de los accionantes[234].

4. Señalaron que los pescadores artesanales de las comunidades anfibias y palafíticas que se ubican en la CGSM gozan de especial condición por ser garantes de la conservación y sostenibilidad del ecosistema de la CGSM de especial protección constitucional en virtud de la Convención R.[235].

5. El modo de vida ancestral de los pescadores artesanales exige una especial atención del Estado, ya que ello asegura que estas comunidades mantengan sus características especiales y, con ello, la preservación del patrimonio cultural. Por lo anterior, solicitaron el reconocimiento de los pescadores artesanales y sus comunidades como sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta la relación de dependencia entre ellos y la CGSM, toda vez que su oficio diario depende de los recursos para asegurar sus ingresos y su alimentación básica.

6. Argumentaron que proteger el derecho fundamental al medio ambiente sano, a partir de reconocer a los pescadores artesanales como sujetos de especial protección, contribuye a detener la degradación del ecosistema de la Ciénaga y a facilitar su regeneración, así como asegurar la pesca artesanal como forma sostenible para satisfacer las necesidades de las comunidades en la ecorregión[236].

7. Insistieron en que, en este caso, debía aplicarse el enfoque diferencial para responder a las necesidades de los grupos de especial protección de grupos históricamente discriminados, como las comunidades de pescadores artesanales. Así, la materialización del enfoque diferencial en favor de los pescadores artesanales resulta en “un pronunciamiento que permita realizar acciones positivas por parte de las diferentes entidades”[237].

8. Invitaron a que se desarrollara un concepto de territorio para ajustarlo al complejo de lagunares, ríos, lagos o aguas tranquilas, así como también a reconceptualizar el acceso progresivo a la tierra para contener los anteriores terrenos. Por ello, consideraron necesario comprender que “se requiere que los pescadores artesanales: (i) tengan acceso formal y material, cuya efectividad, se da, fundamentalmente, a través de la titulación en favor de estas poblaciones; (ii) cuenten con la garantía del derecho a la participación en las estrategias institucionales que propendan no sólo por el desarrollo de la pesca en Colombia, sino también en los proyectos de vida de los pescadores artesanales en Colombia; (iii) se reconozca la discriminación histórica y estructural de los pescadores artesanales, así como su especial vulnerabilidad en su contexto, y se prevea la adaptación de medidas en su beneficio, en pos de garantizar acciones afirmativas tendientes a superar el estatutos marginado”[238].

9. Resaltan que en la CGSM se está presentando el fenómeno de los desplazados ambientales que “son personas obligadas a abandonar su hábitat tradicional, ya sea de modo permanente o temporal, debido a marcados trastornos causados por peligros naturales y/o inducidos por actividades humanas, como los desastres industriales o efectos acumulativos de una misma actividad o de varias sobre un mismo territorio”[239]: La degradación ambiental de la CGSM está causando el desplazamiento de comunidades por la imposibilidad de continuar realizando el proyecto de vida en esta zona.

10. Alegaron que la Ley 387 de 1997 dispuesta para los desplazados por la violencia no contempla a los desplazados ambientales. De manera que en aplicación del principio de igualdad se deben adoptar estrategias para evitar el desplazamiento por causas ambientales[240].

11. Sostuvieron que los pescadores artesanales sufren de la disminución de la disponibilidad de los peces para poder alimentar a sus familias y contar con recursos para obtener el resto de alimentos necesarios para su supervivencia. Esta situación los sitúa en riesgo de desplazamiento ambiental por la imposibilidad de satisfacer todas sus necesidades básicas a causa del ambiente nocivo o de contaminación que se presenta en el ecosistema[241].

12. Concluyeron que por la discriminación histórica que han sufrido los pescadores artesanales y las razones expuestas se solicita un fallo protegiendo los derechos fundamentales de los accionantes[242].

    Profesores de la especialización de derecho ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario[243]

13. Los profesores y la directora de la especialización de derecho ambiental de la Universidad del Rosario organizaron su intervención alrededor de tres temas principales, a saber: (i) la descripción de los conceptos fundamentales del proceso de tutela, los humedales RAMSAR, el derecho humano al agua y el derecho al ambiente sano; (ii) una reflexión sobre el mínimo vital de las personas que habitan en la ecorregión de la CGSM y (iii) una propuesta específica en relación con el ordenamiento integral del territorio y la asignación de derechos relacionales a la CGSM.

14. Explicaron que el derecho al ambiente sano es un derecho-deber en la medida que le impone a los Estados, entre otras, la obligación de proteger la diversidad e integridad, salvaguardar las riquezas naturales de la nación, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación ambiental y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo, el ambiente sano también es un principio del derecho ambiental que sirve como criterio interpretativo en la resolución de casos y generación de políticas públicas. Finalmente, el ambiente sano es un derecho que le permite a los ciudadanos exigir el cuidado de los componentes del ambiente a quienes incumplan[244]. A juicio de los profesores, “este derecho se encuentra vulnerado para las poblaciones que habitan en la Ciénaga Grande de S.M.”[245].

15. En relación con los humedales R., se reseñó que la Ley 357 de 1997 aprobó la Convención relativa a los H. de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-582 de 1997[246]. Los humedales son áreas de especial importancia ecológica que, dentro de las categorías jurídicas, se han concebido como bienes de uso público, salvo aquellos que tomen parte de predios de propiedad privada. Debido a su función social y ecológica, la Constitución exige su protección, para lo cual debe organizarse la actuación administrativa para compaginar las necesidades básicas de las personas que habitan la CGSM y las categorías de protección ambiental de los humedales dentro de la CGSM[247].

16. La disminución del agua dulce en la CGSM pone en peligro la vida y la salud de las personas que habitan en el ecosistema. A su juicio, ello vulnera el derecho humano al agua delineado, en los términos de la Observación No. 15, como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Indican que, a pesar de que en Colombia no se encuentra consagrado expresamente el derecho al agua, sin embargo se infiere del bloque de constitucionalidad en sentido amplio, por conexidad con otros derechos fundamentales, como un derecho innominado y como un derecho social fundamental[248].

17. El contenido del derecho al agua incluye la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso. R. afirmando que el “derecho al agua, al proteger la salud y la vida de las personas –como bienes jurídicos- es un derecho fundamental por cuanto protege la existencia y mantenimiento de la persona humana –grado de importancia-, es subjetivo al ser exigible por parte de todos los coasociados –posición jurídica y carácter general-; y requiere de acciones positivas del Estado para su concreción”[249].

18. En relación con el aparte reflexivo, los profesores sostuvieron que la Corte debe realizar un análisis de la afectación al mínimo vital de los pescadores de la CGSM, teniendo en cuenta la tensión que puede surgir con el derecho al ambiente sano. Particularmente, aducen que en los humedales designados dentro de la Convención R. no se pueden adelantar actividades agropecuarias de alto impacto ambiental. Sin embargo, no es claro qué es una actividad agropecuaria de alto impacto. Para definir lo anterior, argumentan que es necesario establecer si las actividades de los habitantes en la CGSM están establecidas en el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 y si las actividades que se realizan en el humedal R. están o no prohibidas. Lo anterior, considerando que los habitantes han vivido de actividades pesqueras y agrícolas de las cuales dependen. De manera que consideran que existe una vulneración directa de los derechos individuales derivada de un actuar desarticulado del Estado y una excesiva centralización de competencias[250].

19. Finalmente, proponen que la Corte declare a la CGSM como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado en los términos de la S.encia T-622 de 2016. Asimismo, proponen que se generen “procesos de ordenamiento articulados entre todas las instituciones y mecanismos que permitan asegurar la garantía de protección de los recursos y su armonización con los derechos de la población que habita esta área”[251].

    Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP)[252]

20. Argumentan a favor de que la Corte tutele los derechos de los accionantes. En primer lugar, porque es un ecosistema humedal, cuya importancia no solo ha sido resaltada por varios estudios, sino también por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se ha expresado el deber de las entidades territoriales frente a la protección del medio ambiente como bien jurídico de especial protección[253].

21. Consideran que la Corte debe proteger la CGSM desde una perspectiva sostenible para permitir que generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades, lo cual exige una intervención inmediata, pues las afectaciones que padece la CGSM podrían implicar una afectación y restricción a generaciones futuras[254].

22. Por último, sostienen que la Corte debe pronunciarse para amparar los derechos de las comunidades pesqueras al trabajo y a la alimentación, particularmente, teniendo en cuenta que le corresponde al Estado la protección de los recursos pesqueros[255].

    WWF Colombia[256]

23. En su escrito, la WWF hizo un detallado diagnóstico de la situación ambiental de la CGSM, enfatizando que su amenaza proviene, en primer lugar, de los proyectos de infraestructura que no solo han generado deforestación del manglar, sino también taponamiento de los caños; en segundo lugar, de la expansión de la frontera agropecuaria que ha conducido a un creciente aprovechamiento de los ríos y a la construcción de diques y terraplenes para el uso de la agroindustria y de la ganadería extensiva; en tercer lugar, del aprovechamiento insostenible del recurso hidrobiológico, por ejemplo, a través de la pesca de peces debajo de la talla media de madurez, lo que afecta la sostenibilidad; en cuarto lugar, del manejo inadecuado de residuos sólidos y químicos de los desechos agrícolas y, finalmente, de la tala y quema de manglar y otros recursos[257].

24. Las anteriores presiones a los valores objeto de conservación implican la vulneración a derechos bioculturales que indican un modo de vida que se desarrolla a partir de una relación holística entre naturaleza y cultura, es decir, son derechos de comunidades cuya forma de vida está determinada por su ecosistema[258].

25. Concluyen afirmando que la CGSM es un ecosistema que no ha sido objeto de medidas suficientes para su protección, lo que ha generado una vulneración a los derechos bioculturales, al medio ambiente, a la vida digna, al mínimo vital, al trabajo y a la libertad de oficio de las comunidades que dependen del ecosistema[259].

    Interamerican Association for Environmental Defense (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente) (“A.”)[260]

26. A. solicitó a la Corte, mediante su escrito del 16 de junio de 2017, conceder las peticiones de los accionantes y tutelar los derechos invocados. También pidió considerar las recomendaciones hechas por la Misión de Asesoramiento RAMSAR y ordenar a las entidades competentes a implementarlas, así como mantener la competencia para hacer seguimiento al cumplimiento de órdenes que se impartan.

27. En su escrito resaltó la importancia de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas para la protección de los humedales. La Convención obliga a hacer un uso racional de los humedales, esto es, a mantener sus características ecológicas. Ello no implica desconocer la importancia económica, social y cultural de los humedales, pero sí aprovechar de sus servicios evitando la alteración de las características ecológicas del mismo.

28. Dentro de las obligaciones contenidas en la Convención R., resaltan el artículo 2.6. establece que “[c]ada Parte Contratante deberá tener en cuenta sus responsabilidades de carácter internacional con respecto a la conservación, gestión y uso racional de las poblaciones migradoras de aves acuáticas, tanto al designar humedales de su territorio para su inclusión en la Lista, como al ejercer su derecho a modificar sus inscripciones previas”. El artículo 3.1., por su parte, establece que “[l]as Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio”; y el artículo 4.1., según el cual “[c]ada Parte Contratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en aquéllos, estén o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas adecuadas para su custodia”. Estas obligaciones significan que Colombia debe “realizar acciones encaminadas al cumplimiento de la convención”[261].

29. Explicó que, a petición de una parte contratante de la Convención R., se puede organizar una Misión R. de Asesoramiento (MRA), cuyo objetivo es sugerir las medidas necesarias para el manejo de un sitio R.. En este contexto, en agosto de 2016 el Gobierno colombiano solicitó una MRA en la CGSM con el propósito de evaluar los problemas que se estuvieran dando o pudieran ocurrir en el sitio[262], la cual tuvo como resultado el Informe No. 82 en el que se afirmó que “existen importantes cambios físicos y ecológicos en el humedal producto de diversas actividades como el mal manejo de aguas residuales y desechos sólidos, la salinización del agua y obras de infraestructura que han afectado el bienestar del ecosistema”[263].

30. Adicionalmente, la MRA concluyó, entre otras cosas, que “el caudal requerido para que la Ciénaga se recupere es equivalente a la recarga artificial de aguas originadas en la Sierra Nevada y que la gravedad del estado del sitio R. exige acciones urgentes por parte del gobierno colombiano”[264].

31. Dentro de las recomendaciones de la MRA A. destacó lo siguiente: (i) elaborar una síntesis ejecutiva que integre todas las fuentes de información y datos recientes sobre la Ciénaga; (ii) fortalecer la coordinación interinstitucional para el manejo y toma de decisiones respecto del sitio R.; (iii) actualizar a la brevedad posible el modelo de balance hidrológico integrado sobre la Ciénaga; (iv) actualizar a la mayor brevedad el balance acuífero que permita cuantificar la interacción hidráulica con la CGSM y los efectos antropogénicos; (v) implementar un plan de monitoreo ecosistémico de carácter adaptativo e (vi) incluir a la CGSM en el Registro Montreaux, entre otros.

32. Consideraron que el principio de prevención es aplicable al caso de estudio. El artículo 3 de la Convención de R. promueve que las partes contratantes tomen las medidas pertinentes para proteger los humedales[265]. El principio de prevención es la obligación general de los Estados de implementar medidas de protección y anticiparse a los daños ambientales[266].

33. Recomendaron que la Corte Constitucional considere relevantes las obligaciones derivadas de la MRA. Frente a este punto, recordaron que en derecho comparado existió el caso “sitio R.H.L.” en las Antillas Holandesas, en el que se ratificaron las obligaciones de la Convención R. y las Recomendaciones de la Misión al confirmar la anulación de una autorización ambiental para la construcción de un proyecto turístico en un sitio R..

34. Resaltaron que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) establece obligaciones para el Estado colombiano de “elaborar estrategias, planes o programas nacionales, en las escalas necesarias, para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica que se encuentra en la Ciénaga Grande”[267].

35. También mencionaron las obligaciones derivadas del derecho internacional sobre el clima, particularmente, aquellas derivadas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la cual Colombia es parte y que consagra “la obligación para todos los Estado parte de contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la protección de ecosistemas captación de gases de efecto invernadero”[268]. En este contexto, afirmaron que la CGSM es un sumidero de carbono y una zona sensible a los cambios climáticos, por lo que debe ser conservada para mantener y potenciar su capacidad de captura de CO2 así como por su aptitud para evitar los efectos del cambio climático sobre el ecosistema mismo[269].

36. Para cerrar el panorama de las obligaciones internacionales que se encuentran en algunos instrumentos internacionales, mencionaron la importancia de tener en cuenta, como pautas de interpretación para determinar el alcance de las obligaciones de protección por parte de los Estados frente a la CGSM, los siguientes: (i) el Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena); (ii) la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo y (iii) la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano.

37. Sostuvieron que existen varios principios del derecho ambiental internacional que son directamente aplicables al caso. Por ejemplo, la obligación general de proteger el ambiente, establecida en el principio de la responsabilidad común de proteger el ambiente (principios y art. 4, 6 y 7 de la Declaración de Río y art. 4 del Convenio sobre Diversidad Biológica); el principio de prevención que está orientado a evitar o cesar la degradación del medio ambiente dentro de su propia jurisdicción (art. 1 del Convenio sobre Diversidad Biológica); el principio de precaución consistente en que ante la existencia de un peligro de un daño grave o irreversible al ambiente, los Estados deben implementar medidas eficaces para evitarlo y la incertidumbre científica no puede ser justificación para postergar dichas medidas, y el principio contaminador-pagador que consagra la obligación de que toda persona deba pagar los daños al ambiente que genere sus actividades[270].

38. En cuanto a la protección del agua dulce en el Derecho Ambiental Internacional, señalaron que las reglas de Berlín es el esfuerzo normativo más comprensivo de codificación sobre los recursos hídricos. De acuerdo con dichas reglas, los Estados deben proteger la integridad de los ecosistemas hídricos para reducir, eliminar y prevenir la polución de los daños ambientales en ellos, así como fijar estándares para proteger la salud pública y el medio acuático. Estas reglas son relevantes en el caso como doctrina, por cuanto el agua dulce es un componente importante en la CGSM.

39. Explicaron la importancia del ambiente sano como precondición para el goce de otros derechos humanos. El vínculo entre el bienestar humano y las condiciones ambientales fue consignado por primera vez en la Declaración de Estocolmo, según la cual “el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar es un derecho fundamental de las personas conectado con las libertad y la igualdad”[271]. Esta relación se ha manifestado en varios instrumentos y declaraciones, que llevaron a la creación de la R.ía Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de las Naciones Unidas, cuyo R. afirmó que “todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un entorno propicio”[272].

40. Específicamente, resaltaron el vínculo existente entre el ambiente sano y el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y al agua. En relación con el derecho a la vida, indicaron que para satisfacer estándares de existencia digna es necesario un ambiente sano. En cuanto al derecho a la salud, reseñaron el caso en el que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) recomendó al Estado cubano que adoptara medidas para proteger el ambiente y así cumplir con sus obligaciones atinentes al derecho a la salud. Frente al derecho a la alimentación, se refirieron a la Observación General No. 12 del Comité de DESC en el que se incluyen como componentes del derecho la disponibilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad[273].

41. La relación entre los anteriores derechos ha sido discutida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos: (i) en el caso de la Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay en el que se sostuvo que el acceso y disfrute de los recursos naturales afectan la posibilidad de la comunidad de obtener alimento y agua; (ii) en el caso de la Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay reconoció que imponer restricciones para practicar actividades tradicionales de subsistencia como la pesca es inadecuado para garantizar una vida digna, y, finalmente, (iii) en el caso X.K.v.P., la Corte IDH reconoció que la falta de autoabastecimiento implica una violación al derecho de la vida digna[274]. Todos estos casos apuntan a indicar que “la degradación ambiental que resulte en una afectación del derecho a la salud, del derecho a la alimentación y que restrinja o amenace el derecho a una existencia digna, puede caracterizar una violación a las garantías en relación con el bien jurídico de la vida”[275].

42. Por último, resaltaron la importancia para el caso de las reglas del derecho internacional de los derechos humanos en materia de derecho al agua, el cual ha sido definido como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”[276]. Señalaron que, desde la óptica del derecho internacional, el derecho al agua se deriva de la interpretación de los artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagran el derecho a un nivel de vida adecuado y cuyo disfrute depende del acceso al agua potable y saneamiento. Asimismo, el derecho al agua se ha reconocido en instrumentos de derecho internacional blando, como la Resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se reconoce que ese derecho es un derechos humano del cual dependen todos los demás derechos humanos. Y por último, en las resoluciones AG/RES 2760 del 5 de junio de 2012 de la OEA[277].

43. Argumentaron que el derecho nacional también consagra la obligación del Estado de garantizar el derecho al agua. Así, por ejemplo, las sentencias T-578 de 1992, T-418 de 2010 y otras reseñadas, consagran el derecho al agua como un derecho fundamental cuando está destinado al consumo humano[278] garantizando su disponibilidad, calidad y accesibilidad.

44. Desde el punto de vista procesal, argumentaron que la tutela es procedente para proteger el derecho a un ambiente sano que, pese a ser un derecho colectivo, procede por su conexidad con una vulneración directa a un derecho fundamental. Sostienen que en el caso concreto, el deterioro ambiental y del ecosistema tiene un efecto directo y pone en peligro los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y alimentación de los accionantes.

45. Concluyeron su intervención solicitando a la Corte Constitucional que ampare los derechos de los accionantes, que considere las recomendaciones de la MRA para que las entidades del Comité Interinstitucional sobre la CGSM adopten un plan de trabajo con objetivos, indicadores y plazos para que la coordinación entre las instituciones sea efectivo[279].

    Resguardo Arhuaco de la Sierra[280]

46. Mediante su escrito, pusieron en conocimiento de esta Corporación lo que, a su juicio, han sido las afectaciones a la CGSM. Afirman que la CGSM está ubicada en la línea negra, la cual es de gran importancia cultural y espiritual para los pueblos, pues es donde descansan los espíritus de los padres y madres y donde se encuentran materiales exclusivos para el desarrollo de rituales y pagamentos para la preservación cultural y espiritual del pueblo Arhuaco.

47. Relatan que existe una omisión por parte de C. respecto de la vigilancia, control, sanción y recuperación de las áreas afectadas por quemas, alteraciones en los cauces de los ríos y caños a través de la construcción diques y represas. La mayoría de esos casos se quedan en la etapa preliminar de investigación sin que hayan decisiones de fondo y cuando las hay es mediante la imposición de sanciones económicas y no con la orden de demolición ni el restablecimiento de las áreas usurpadas en la CGSM.

48. La interrupción de las corrientes hídricas han afectado el Santuario de Fauna y F. alterando la estabilidad del ecosistema. Los resultados son alarmantes: los bosques pasaron de 42 hectáreas en el 2009 a 19 en el 2012 y los espejos de agua pasaron de 3.109 hectáreas en el 2002 a 739 en el 2012. La agroindustria se ha expandido hasta el punto que en el 2002 existían 858 hectáreas y en el 2012 el monocultivo cubría la extensión de 2.347 hectáreas.

49. La dinámica de intercambio de agua dulce procedente de los ríos y del mar depende del mantenimiento de los cauces, e informaron que “los investigadores, en las diferentes diligencias de inspección ordenadas por los Fiscales de conocimiento, no han encontrado evidencias que estos trabajos se hubieren desarrollado realmente”[281]. Según afirmaron, la dificultad para establecer si se realizaron o no estos trabajos consiste en que la autoridad ambiental y el interventor están renuentes para aportar informes de interventoría de los contratos. En todo caso, relatan que, después de recorrer la CGSM durante tres meses, se puede concluir que las tareas de dragado han sido precarias y no corresponden a los recursos invertidos, razón por la cual aún existen problemas de sedimentación y colmatación de caños.

50. Finalizan su intervención indicando que, salvo la diligente tarea de los Fiscales de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y las unidades adscritas de investigación del CTI que han conducido a la condena de dieciséis personas, no ha existido una actuación eficaz para proteger, prevenir y sancionar la destrucción de las riquezas naturales, especialmente, por C. en su condición de autoridad ambiental. Por ello, solicitan la adopción de medidas estructurales en favor de la CGSM y de las poblaciones que la habitan[282].

    Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)[283]

51. Argumentaron que la disminución de la cantidad de agua dulce que entra a la CGSM ha afectado la pesca artesanal en la zona, dado que esta actividad depende del estado ambiental del ecosistema. Aducen que ese mal estado llevó a que en 2016 se presentaran por lo menos diez mortandades masivas de peces. Esta situación y la ausencia de una intervención estructural sobre la ecorregión ha llevado a que las poblaciones que habitan la CGSM vivan en un estado de vulneración permanente.

52. Sostuvieron que la CGSM sufre de cinco grandes males: (i) la interrupción de flujos de agua por la construcción de carreteras, el desvío de cauces de distintos ríos y el deficiente mantenimiento de caños; (ii) la transformación del territorio relacionado con el cambio del uso del suelo para agricultura, ganadería y puertos; (iii) la contaminación orgánica producto de vertimientos de aguas residuales sin ningún tratamiento por parte de los municipios que se encuentran en el área de la CGSM; (iv) la sobrepesca por la ausencia de un ordenamiento pesquero de la zona y por la ineficaz rehabilitación hidrológica del sistema lagunar y, por último, (v) la ausencia de gestión integral por parte delas entidades que deben velar por la conservación.

53. Enfatizaron que, dada la interdependencia de los pueblos palafiticos con el agua, la CGSM no es solo un lugar físico, sino también uno cultural, donde se desenvuelve el vínculo simbiótico entre el balance de las condiciones ambientales, las rutinas diarias de producción y sus prácticas culturales. Esto debe conducir, a su juicio, a que se tenga en cuenta la importancia de la identidad cultural de los pueblos palafitos en el pronunciamiento de esta Corporación.

54. Recordaron que en junio de 2017, se hizo público el Informe de la Misión R. de Asesoriamiento sobre el Sitio R. Sistema Delta Estuarino del R.M. en la CGSM, en el cual se concluyó, entre otras cosas, que “el análisis de series hidrológicas de caudales del río M. y de precipitaciones permiten inferir que los cambios ecológicos observados en la CGSM tienen su origen en efectos antrópicos” y “las obras de infraestructura hidráulica de caudales del río M. hacia la CGSM (caños), deben ser reevaluadas en términos de su capacidad para conducir los caudales requeridos para restaurar el estado ecológico del humedal”[284]. Argumentaron que el informe de la Comisión de Asesoramiento R. es una prueba del hecho causal materializado en la degradación ambiental de la CGSM.

55. Respecto de la procedibilidad de la tutela, afirmaron que, si bien existe otro mecanismo judicial para lograr la protección de los derechos como la acción popular, ésta no es idónea ni efectiva. Lo anterior es así por dos razones. En primer lugar, debido a que la vulneración al derecho al medio ambiente sano en la CGSM ha generado una vulneración estructural de otros derechos fundamentales, éstos deben ser protegidos mediante la acción de tutela a falta de otro mecanismo idóneo para garantizarlos de manera oportuna y urgente. En segundo lugar, la acción popular ha resultado ser ineficaz, pues no ha logrado dar una respuesta oportuna y completa a la grave situación de la CGSM, pues han pasado cuatro años desde que la señora L.E.M.S. presentó la acción popular contra C. por hechos relacionados con la situación de deterioro ambiental de la CGSM.

56. Enfatizaron que, pese a la existencia de anuncios sobre las actividades que se han venido adelantando para recuperar la CGSM, lo cierto es que esos anuncios siempre han existido, pero no han tenido un impacto efectivo, pues la situación ambiental continúa empeorando. Consideraron que se trata de una pretensión que persiste en el tiempo y que no puede equipararse a una falta de inmediatez o carencia actual de objeto por hecho superado, pues aún no existe articulación interinstitucional para atender la situación ambiental de la CGSM.

57. La interdependencia que existe entre la protección ambiental, el medio ambiente sano y la protección a la vida y la cultura, resulta especialmente relevante en el análisis de la situación de la CGSM, ya que esa relación de interdependencia apunta al reconocimiento de derecho bioculturales que protegen la estrecha relación entre el medio ambiente y modos de vida. Destacan que, si bien en el caso del río Atrato se reconocieron los derechos bioculturales a comunidades negras que previamente habían obtenido el reconocimiento de los derechos colectivos al territorio y a la cultura, ello no impide que esto sea extendido a otras comunidades, como las pesqueras de los pueblos palafíticos. En pocas palabras, la bioculturalidad debe cobijar y proteger la relación profunda entre naturaleza e identidad cultural y forma de vida determinada por un ecosistema específico que, a su juicio, es exactamente el caso de las comunidades palafíticas, pues su forma de vida depende de la pesca, de las fuentes hídricas y de los ecosistemas marinos.

58. Advirtieron que la afectación al medio ambiente sano al suponer un impacto a la pesca y, en consecuencia, a la vida digna, libertad de oficio y alimentación de los pescadores de la región, se trata de una situación estructural que no se supera con la orden de una acción concreta de una entidad. En este caso, las órdenes del juez constitucional deben comprometer a las entidades que por su omisión no se han podido conjurar los efectos de la situación ambiental. Lo estructural del problema se debe no solo a la multiplicidad de actores involucrados o que deben involucrarse para resolver la situación ambiental de la CGSM, sino también porque los efectos ambientales no se predican únicamente de los accionantes, sino que se extienden a las comunidades palafiticas y de los pueblos pescadores de la CGSM.

59. Concluyeron sosteniendo que esta Corporación debe reconocer que las comunidades de pescadores y las personas que dependen de la pesca que habitan en la CGSM son sujetos de especial protección constitucional por su situación precaria socioeconómica, lo que debe conducir a que el Estado adopte los recursos disponibles para desplegar las acciones a su alcance a fin de que estas personas superen su estado de debilidad manifiesta.

    R.G.B.G. (exprofesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo de Investigación en Palmas Silvestres Neotropicales)[285]

60. Señaló que, como miembro del Grupo de Investigación en Palmas Silvestres Neotropicales, ha concluido que “la palma sará tiene un papel altamente importante en la zona de la Ciénaga Grande de S.M., papel que no ha tenido en cuenta hasta ahora en las sentencias que se han proferido”[286], ya que cumple un rol en la regulación de los ciclos de inundación de la CGSM y del río M. en la medida que sus pecíolos de sus hojas persisten sobre el tallo y tienen espinas que contribuyen a la deposición de los sedimentos que arrastra la corriente.

    Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)[287]

61. La FUNDEPS indicó que la crisis estructural ambiental que se presenta en la CGSM se debe a tres problemáticas. La primera consiste en el aprovechamiento excesivo de las fuentes de agua por parte de la agroindustria y la omisión del deber de control por parte de las autoridades. La segunda consiste en la falta de un adecuado mantenimiento y dragado de los ríos y caños que nutren de agua dulce a la CGSM. Por último, el tercer problema hace referencia a los proyectos de infraestructura que se planean construir sobre la ecorregión[288].

62. Su escrito contiene cinco partes: (i) el alcance del derecho a un medio ambiente sano,(ii) el marco normativo del derecho al agua y del derecho a la vida digna, (iii) la regulación sobre la protección de humedales, (iv) las tensiones con proyectos de infraestructura y (v) la justicia dialógica.

63. En el primer punto, enfatizó que la protección al medio ambiente sano busca asegurar el bienestar de las futuras generaciones, la supervivencia de quienes dependen de los recursos naturales y la protección de otros derechos humanos. Luego de reseñar algunos de los instrumentos jurídicos del derecho internacional que consagran el derecho al medio ambiente, como el Protocolo Adicional de San Salvador y la Declaración de Río, entre otros, concluyó que el derecho al medio ambiente tiene una interrelación especial con otros derechos civiles y sociales hasta el punto de considerarse, en ocasiones, como una extensión del derecho a la vida y a la salud[289].

64. En el segundo punto, señaló que el derecho al agua hoy se concibe como un derecho humano esencial del cual depende la realización de muchos otros derechos. Particularmente, hizo referencia a la Observación General No. 15 del Comité DESC en la que se ha sostenido que el agua en tanto es indispensable para vivir es un derecho humano, por lo cual los Estados tienen la obligación de impedir que terceros menoscaben el derecho y de implementar medidas para evitar los riesgos que representa el agua para la salud de los habitantes [290].

65. En relación con el tercer punto y citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “el derecho a la vida supone una obligación positiva de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan (…) el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna”[291].

66. En cuanto al marco normativo de los humedales, explicó que al ser los humedales ecosistemas complejos y frágiles y por sus funciones ambientales, existen tratados internacionales orientados a su protección, tales como el Convenio para la Protección de la F., de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los países de América, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural, la Convención sobre Diversidad Biológica y la Convención R.. Aclaró que Colombia en el marco de la última convención referida, está “obligada a elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio”[292], como es el caso de la CGSM.

67. Resaltó en relación con las tensiones entre los proyectos de infraestructura y los impactos y beneficios que ellos traen a las comunidades, que es necesario que la sociedad civil y las comunidades se involucren en el control y monitoreo de las obras que los afectan.

68. Finalmente, en cuanto a la justicia dialógica reconoce que “aunque el poder judicial no es el ámbito preparado ni legitimado para el desarrollo de políticas públicas, sí es claro que puede funcionar como una instancia a la que recurrir cuando el accionar [es] deficiente”[293]. Sugiere que ante situaciones estructurales como el presente caso se (i) deje de lado la actitud de la auto-restricción; (ii) se comprometa a atender violaciones masivas y graves de derechos; (iii) tienda a destrabar e impulsar las discusiones difíciles y (iv) no intervenga en el ámbito de decisión democrático[294]. Para ello, advierte que un recurso disponible que tiene la Corte es convocar a audiencias públicas para dar una discusión amplia sobre la materia y lograr acuerdos conversacionales evitando soluciones impositivas. Concluyen afirmando que “este es un caso ideal para llevar adelante un modelo de justicia dialógica, para buscar una solución estructural al problema”[295]. Por lo anterior, solicita a la Corte que declare la vulneración al derecho a la vida digna, al agua y al medio ambiente sano y ordene medidas para superar la situación de la CGSM.

    S.C.L.H. y Representante a la Cámara A.L.

69. En su intervención, la senadora y la representante a la Cámara hicieron énfasis en la importancia del humedal de la CGSM y su trascendencia como humedal RAMSAR para contribuir al bienestar humano, por ser un sistema de abastecimiento de alimentos y agua y por los servicios de regulación que éste presta, tales como el control de las inundaciones o del clima, entre otros.

70. Igualmente, señalaron que las afectaciones ambientales que se presentan en la CGSM, desde la construcción entre 1956-1960 de la vía Barranquilla-Ciénaga. Los conflictos de uso del suelo que se han generado por una sobreutilización de las tierras para la ganadería, algodón, arroz, banano y palma africana. Lo anterior ha traído como consecuencia “la desecación de los humedales, la tala y quema de bosques de manglar y los incendios forestales que se han registrado en los últimos años en la Ciénaga Grande están relacionados con el interés de particulares de cambiar el uso del suelo para la agricultura, ganadería y puertos”.

71. También indicaron que existe una multiplicidad de instrumentos de ordenamiento del territorio, lo que genera una desarticulación. Por otro lado, la debilidad institucional que advirtieron en el otorgamiento de licencias ambientales es otra de las razones que afecta ambientalmente a la CGSM

72. Concluyerom haciendo alusión al Informe de la Misión R. de Asesoramiento para enfatizar la necesidad de desarrollar diagnóstico integral sobre el estado actual de la CGSM y un plan articulado con aquellos planes que ya se han diseñado o que se están ejecutando para superar la situación de deterioro ambiental..

    Entidad

    Competencia

    Normas

    Actividades que ha realizado

    Actividades a las que se comprometió que aún están pendientes

    M.ambiente

    Dirección de Bosques, B. y Servicios Ecosistémicos

    Orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio.

    Definir políticas y regulaciones para la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

    Dirección de Asuntos Marinos y Recursos Acuáticos

1. Proponer los elementos técnicos para la formulación de la política y regulación de conservación y manejo del ambiente y de los recursos renovables en las zonas marinas y costeras, así como el seguimiento y evaluación de la misma.

2. Formular los planes, programas y proyectos con respecto a la conservación, protección, manejo, uso sostenible y restauración de los ecosistemas costeros y marinos.

3. Dirigir y coordinar las investigaciones, estudios y acciones para identificar el ordenamiento de zonas marinas y costeras, en coordinación con la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Coordinación del SINA.

4. Establecer criterios generales para la elaboración de proyectos a cargo de las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en lo relacionado con zonas marinas, costeras y del recurso acuático.

5. Proponer los lineamientos y las estrategias para promover la incorporación del concepto de desarrollo sostenible en los procesos productivos que afecten los recursos acuáticos.

6. Vigilar que el estudio, exploración e investigación de nacionales o extranjeros en relación con los recursos acuáticos se realice atendiendo las normas y protocolos existentes sobre la materia.

7. Proponer, en los temas de su competencia, los criterios técnicos que deberán considerarse en el proceso de licenciamiento ambiental.

8. Proponer prioridades de investigación que, en el área de su competencia, podrán adelantar los institutos de investigación y las instancias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

9. Proponer, en coordinación con las dependencias competentes, los criterios de calidad para cada uso y las normas de vertimiento a las aguas marinas.

10. Proponer las regulaciones en materia de planes de manejo integrado de las unidades ambientales costeras.

11. Emitir concepto previo a la aprobación de los planes de manejo integrado de las unidades ambientales costeras que deben ser adoptados por las corporaciones autónomas regionales.

12. Planificar el manejo integrado de los espacios oceánicos así como el ordenamiento espacial del territorio marino de la Nación, en coordinación con la Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA, y la articulación con otras entidades competentes.

13. Coordinar el Comité Nacional de Manejo Integrado de las Zonas Costeras y participar en los comités regionales de Manejo Integrado de las Zonas Costeras.

14. Fijar, de común acuerdo con el M.isterio de Agricultura y Desarrollo Rural y con base en la mejor evidencia científica e información estadística disponibles las especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base en los cuales la autoridad competente expedirá los correspondientes permisos de aprovechamiento.

15. Establecer medidas de manejo y conservación de los recursos acuáticos, marinos y costeros de manera conjunta con las autoridades competentes.

    Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico

1. Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y regulación en materia de gestión integral del recurso hídrico continental, así como realizar el seguimiento y evaluación de la misma.

2. Proponer las medidas dirigidas a promover el uso y ahorro eficiente del agua, en coordinación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del M.isterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3. Proponer los criterios y pautas generales para el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas.

4. Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a fin de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua.

5. Proponer, en coordinación con las dependencias competentes, los criterios de calidad y las normas de vertimiento a los cuerpos de agua continentales.

6. Dirigir y coordinar los estudios y propuestas de criterios técnicos que deberán considerarse en el proceso de licenciamiento ambiental.

7. Coordinar la participación del M.isterio en las comisiones conjuntas que presidirá.

   Concordancias

8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de las recomendaciones en el ámbito de su competencia.

9. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

   Decreto-Ley 2811 de 1974

   Decreto-Ley 1541 de 1978.

   Ley 99 de 1993.

   Ley 981 de 2005.

   Ley 1333 de 2009.

   Decreto-Ley 3570 de 2011.

   Ley 1450 de 2011.

   Decreto 3678 de 2010.

   Decreto 1076 de 2015.

   Ley 1753 de 2015.

   Resolución 1300 de 2016.

   Dirección de Bosques, B. y Servicios Ecosistémicos

   · Solicitud de una Misión de Asesoramiento R. para recibir apoyo de expertos internacionales.

   · Apoyo en el proceso de actualización del Plan de Manejo del Sitio R. en la CGSM.

   · Incorporación de las recomendaciones realizadas por la Misión R. de Asesoramiento.

   · Conformación y fortalecimiento del Comité Interinstitucional y creación del Comité de Coordinación para la Gestión Integral de la CGSM.

   · Apoyar la generación de la topobatimetría y la formulación e implementación de un modelo hidrológico para el complejo de la CGSM.

   · Trabajo en un piloto de alertas tempranas para monitorear los cambios en la CGSM, mediante el convenio con C..

   · Apoyo del proceso de caracterización hidrológica de los cuerpos de agua de la CGSM.

   Dirección de Asuntos Marinos y Recursos Acuáticos

   · Convenio No. 508 de 2016 con Invemar para aunar esfuerzos técnicos y financieros para la actualización batimétrica y topográfica del complejo de Pajarales y áreas aledañas a la CGSM.

   · Convenio No. 536-2016 con la Universidad de M. para generar espacios para la participación y la construcción colectiva sobre el futuro de la CGSM. En desarrollo de este convenio, la Universidad puso a disposición las capacidades científicas de ocho grupos de investigación, su infraestructura y el reconocimiento de su comprensión sobre la CGSM.

   · Convenio No. 380 de 2016 con la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible para generar espacios de participación ciudadana y estrategias encaminadas al ordenamiento ambiental del territorio y la prevención de contaminación de los recursos acuáticos del país.

   · Reglamentó y delimitó 10 Unidades Ambientales Costeras para la ordenación y manejo integrado de las zonas costeras, dentro de las cuales se encuentra la unidad ambiental costera del río M., complejo canal del dique –sistema lagunar CGSM.

   Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico

   · Formalización del Plan de Manejo del Sitio R. (el documento se encuentra en estado de próxima divulgación).

   · Instalación del Comité de Coordinación de Gestión Integral de la CGSM el 4 de marzo de 2017.

   · Plan de acciones del Comité de Coordinación de Gestión Integral de la CGSM que contiene las líneas estratégicas, objetivos y metas para el direccionamiento interinstitucional de la ecorregión CGSM.

   · Apoyo técnico y formación de liderazgo en comunidades afro descendientes, pescadores y comunidad organizada en general que habita en la CGSM para el desarrollo de actividades de subsistencia, seguridad alimentaria y nutrición.

   Dirección de Bosques, B. y Servicios Ecosistémicos

   · Apoyar la actualización del Plan de Manejo del sitio R. CGSM.

   · Apoyar la generación de información básica necesaria para la toma de decisiones en la CGSM.

   · Apoyar los procesos de alertas tempranas en la CGSM.

   Dirección de Asuntos Marinos y Recursos Acuáticos

   · La generación de una propuesta de escenarios futuros de sostenibilidad, bienestar y desarrollo de la CGSM.

   · La formulación del POMIUAC de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de S.M..

   Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico

   · No hay.

   M.isterio de Agricultura

   Participación en el Comité de Coordinación para la Gestión Integral de la CGM

   Decreto 1985 de 2013

   · Cinco Convenios de Asistencia Técnica Gremial Rural cuyo objeto era articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la Asistencia Técnica Gremial dirigida a medianos y pequeños productores.

   · No hay.

   Parques Naturales de Colombia

   Teniendo en cuenta que dentro del Complejo Lagunar CGSM existen dos áreas del Sistema de Parques naturales de Colombia: (i) Santuario de Fauna y F.C. y (ii) la Vía Parque Isla S.manca (VIPIS), se tienen las siguientes competencias en relación con esas zonas:

   Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

   Proponer e implementar políticas y normas relacionadas con el Sistema de Parques Naturales.

   Adquirir por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad privada, los patrimoniales de las entidades de derecho público y demás derechos constituidos en predios ubicados al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales e imponer las servidumbres a que haya lugar sobre tales predios.

   Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de las áreas del Sistema de Parques Nacionales y Naturales y de los demás bienes y servicios ambientales suministrados por dichas áreas.

   Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley.

   Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011.

   · Sobrevuelo en diciembre de 2014 donde se evidenció la construcción ilegal de diques y terraplenes.

   · Contratación de operario local para las actividades de prevención, vigilancia y control en el sector de El C. (Sur de la CGSM), quien hasta la fecha hace recorridos al interior y en las inmediaciones del área.

   · Actividades de prevención, vigilancia y control con la Fuerza Pública.

   · Participación en el Comité Interinstitucional para la CGSM.

   · Elaboración de informes sobre el déficit hídrico del complejo lagunar.

   · Reuniones de trabajo con las alcaldías municipales de S., Puebloviejo y R. para incluir aspectos ambientales en la formulación de los Planes de Desarrollo de estos municipios.

   · Generación de alertas por incendios forestales, construcción de estructuras en caños, así como la mortandad de manatíes, manglares y peces.

   · Iniciación de 15 procesos sancionatorios y 4 denuncias penales.

   · En Vía Parque Isla de S.manca se vincularon 34 familias a las acciones de restauración de caños secundarios y terciarios que recibieron ingresos por 6 meses.

   · El fortalecimiento de la Vía Parque con recursos adicionales por valor de $1.050.000.000 los cuales se han destinado para aumentar el personal operativos, equipos, vehículos, herramientas y dotación de seguridad para la brigada forestal.

   · Elaboración de documentos de articulación para la incorporación de acciones tendientes a la conservación de las áreas protegidas.

   · Elaboración de una propuesta de Zona Amortiguadora del SFF CGSM.

   · Intervención de presiones por uso que afecta el área protegida.

   · Realización de actividades de educación ambiental.

   · Elaboración del Plan de Contingencia del área protegida.

   · Diseño del monitoreo para el valor objeto de conservación “cuerpos de agua”.

   · Implementación de los protocolos de monitoreo para los valores objeto de conservación del área protegida.

   · En la incorporación de acciones tendientes a la conservación in situ de las áreas protegidas en los instrumentos de planificación y ordenamiento de autoridades. ambientales y entes territoriales.

   Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

   Administración, fomento, inspección y vigilancia e investigación en los recursos pesqueros en todo el Territorio Nacional, incluyendo la CGSM.

   Ley 13 de 1990.

   Decreto 2256 de 1991 (compilado en el Decreto 1071).

   Decreto 1431 de 2006

   Decreto 1190 de 2009.

   Decreto 4181 de 2011.

   Resolución No. 00185 del 18 de marzo de 1996.

   Resolución No. 050 del 9 de octubre de 2002.

   · Proceso de formalización de la pesca artesanal con artes de pesca reglamentarias.

   · Talleres de sensibilización en artes y métodos de pesca.

   · Talleres en buenas prácticas pesqueras.

   · Fortalecimiento organizacional a través de asistencia jurídica de parte de la AUNAP.

   · Evaluación de pesca con anillo excluidor de jaiba.

   · Implementación de Programa de Observadores Pesqueros de Colombia en CGSM para el recurso de la jaiba.

   · Sistema de Información Pesquera de Colombia SEPEC.

   · Operativos de control y sensibilización en carretera y establecimiento para la comercialización de recursos pesqueros y acuícolas.

   · Asistencia técnica para pescadores artesanales y AREL.

   · Fortalecimiento de cadena de frío a través de la entrega de dos (2) congeladores solares y cavas.

   · Proceso de formalización de la pesca artesanal donde se lleva 660 pescadores artesanales con permiso de pesca.

   · Continuar desarrollando el programa de observadores pesqueros.

   · Continuar desarrollando el proceso de formalización de la pesca artesanal.

   · Realizar tres talleres de sensibilización.

   Contraloría General de la República

   Vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

   Ejercer control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

   Constitución Política.

   Ley 42 de 1993.

   Ley 610 de 2000.

   · No se han adelantado acciones conforme a las facultades establecidas en la Constitución y en la ley.

   · La realización de una auditoría de cumplimiento para determinar si las entidades que son sujetos de control de la CGSM han cumplido con los compromisos frente al tema conforme a las facultades de la Contraloría.

   Procuraduría General de la Nación

   Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales

   Promover el cumplimiento de normas de orden nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

   Velar por el cumplimiento delas normas y decisiones judiciales relacionadas con la protección de los derechos de las minorías étnicas.

   Interponer acciones populares, de tutela, de cumplimiento y las demás conducentes para asegurar la defensa del orden jurídico.

   Intervenir en el trámite especial de tutela ante cualquier autoridad judicial, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, sociales, económicas, culturales, colectivas o de ambiente.

   Velar por el estricto cumplimiento en la Constitució Política, las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales.

   Constitución Política.

   Decreto Ley 262 de 2000.

   · Requerimiento a todas las autoridades nacionales y regionales, mediante oficio 111036 del 11 de marzo de 2015, para conocer las acciones adelantadas en torno a la recuperación de la CGSM.

   · Requerimiento a todas las autoridades responsables en la zona de la CGSM, mediante oficio 382 del 11 de marzo de 2015, para que informen las gestiones que han realizado en torno a la conservación del medio ambiente.

   · Reunión con el M.isterio de Ambiente, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de M., la Unidad de Parques, la Policía Departamental y Metropolitana y la Autoridad Regional Ambiental (C.) para analizar la situación de la CGSM en tanto que varios particulares alegan tener derechos patrimoniales en el área de la CGSM, por lo que se hace urgente un ejercicio de saneamiento predial.

   · Formulación a las autoridades territoriales el 15 de abril de 2015 unas recomendaciones: (i) saneamiento predial en colaboración con la Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad de Parques, C. y el M.isterio de Medio Ambiente; (ii) recuperación técnica de la zona como gestión articulada entre INVEMAR, Parques Nacionales, Naturales y C. para que presenten una propuesta técnica; (iii) consideración de incorporar la problemática integral de la CGSM en el Plan Nacional de Desarrollo o en documento CONPES; (iv) fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental; (v) restitución del bien a través de la Alcaldía de R., I. (hoy ANT) y a la Unidad de Parques Nacionales Naturales para conllevar a la restitución física de la CGSM; (vi) celeridad de trámites de procesos sancionatorios; (vii) formulación de denuncias y (viii) presencia de fuerza pública y (ix) por la segunda mortandad de peces el 5 de agosto de 2016, se recomendó a la Corporación Autónoma Regional de M. diseñar el Plan Maestro del Parque Nacional Natural Tayrona y Plan de Manejo Ambiental de la CGSM.

   · Requerimiento a INVEMAR, mediante oficio No. 36000 del 14 de octubre de 2016, para que rindiera informe sobre localidad de las aguas de la CGSM.

   · Convocó un Comité Interinstitucional para atender la problemática referida a la seguridad, la ocupación ilegal, la inadecuada ocupación de suelos y la construcción de diques entre otros daños ambientales en área de la CGSM.

   · Mediante oficio del 17 de abril de 2015, se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación de la actividad ilegal realizada en la CGSM.

   · Requerimiento a C. el 24 de julio de 2015 y el 8 de septiembre de 2016 para que rinda informe sobre los procesos disciplinarios sancionatorios ambientales de la CGSM.

   · Requerimiento a los municipios involucrados respecto a información sobre el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

   · Requerimiento de información sobre las fuentes de abastecimiento de agua potable, grado de contaminación bacteriológica, listado de expedientes de procesos sancionatorios relacionados con la CGSM a C. e Invemar, respectivamente.

   · En relación con la acción popular exp. 20120004101 se solicitó el 14 de marzo de 2017 fallo preferente con el fin de que se resuelva de forma oportuna y de manera definitiva las circunstancias que rodean la problemática de la CGSM.

   · Sostiene que se han realizado todas las actividades a las que se han comprometido, las cuales se refieren a requerimientos preventivos a las Entidades Públicas y Municipios con Jurisdicción en la zona de influencia de la CGSM y seguimiento a los procesos sancionatorios

   Fiscalía General de la Nación

   Adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio.

   Art. 250 Constitución Política y Acto Legislativo 03 de 2002.

   Decreto Ley 016 de 2014.

   Resolución No. 0056 de 2014

   · Noticias criminales por relacionados con (i) carboneros en la CGSM y la Isla S.manca; (ii) Almejeros de la CGSM; (iii) daño a la flora y fauna de la CGSM; (iv) explotación ilícita de yacimientos mineros y otro materiales y (v) contaminación ambiental por plomo.

   · L. y practicado órdenes a la policía judicial encaminadas a evidenciar la materialidad de las conductas y determinar los responsables de las mismas.

   · Adelantar trámites que se encuentran en indagación preliminar y otros en el trámite del proceso penal (no especifica cuáles).

   · A su juicio, no existen, salvo aquellos actos de investigación que se encuentran en curso.

   Corporación Autónoma Regional de M.

   Administra, gestiona y controla dentro del Departamento del M. con excepción al área urbana del Distrito de Santa Marta y del área de Parques Nacionales Naturales, el medio ambiente, los recursos naturales renovables y desarrollo sostenible.

   Ejecuta las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables.

   Da aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre la disposición administración, manejo, aprovechamiento del ambiente y recursos naturales.

   Otorga licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales dentro del departamento conformes al Decreto 1076 de 2015 y Decreto 2811 de 1974.

   Funciones del art. 31 de la Ley 99 de 1993.

   Investigar y sancionar a los infractores ambientales (Ley 1333 de 2009).

   Apoyar al M.ambiente en la elaboración de la zonificación ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la CGSM como humedal R..

   Generar investigación a través de convenios con Invemar sobre el manejo de la CGSM.

   Emitir concepto técnico sobre la elaboración y actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de cada municipio.

   Ley 28 de 1988

   Ley 99 de 1993

   Ley 388 de 1997

   Ley 1333 de 2009

   Decreto 1076 de 2015

   · Implementación del Programa Integral de Recuperación Ambiental de la CGSM que se viene desarrollando desde el año 2006 y que se financia con los recursos de la sobretasa ambiental al peaje.

   · Recuperación, conservación y mantenimiento dragado en los caños principales que alimentan la CGSM. Esto se está ejecutando a través del Contrato de Obra No. 01 del 6 de julio de 2006. En el 2016, se logró el dragado de 149.464 m3 en los caños de Aguas Negras y R..

   · Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la CGSM. Los resultados de 19 años de monitoreo del componente de vegetación demuestran cómo el proceso de recuperación del sistema ha sido gradual y está condicionado por los cambios de salinidad, inducidos por cambios climáticos y el mantenimiento de obras hidráulicas realizadas por CGSM.

   · Obras de recuperación y mantenimiento de caños principales y secundarios de la CGSM. Debido al aumento de la sobretasa del 5% al 8% se amplió la proyección de los caños a intervenir con un nuevo programa de recuperación hasta el año 2030. Se realizó un contrato de obra pública No. 093 de 2014 e interventoría para la recuperación y mantenimiento de caños principales y secundarios del complejo de la CGSM, el cual tiene una duración desde el 16 de enero de 2015 hasta el 16 de enero de 2030.

   · Construir a partir del caño la M. un canal circunscrito hasta la ciénaga Mendegua para llevar agua dulce hasta la ciénaga Auyama.

   · Gestión de proyectos para la recuperación ambiental de la CGSM. Dentro de las gestiones se realizaron las siguientes: (i) C. presentó el proyecto de recuperación hidráulica del Caño Clarín Viejo, como aporte a la restauración del ecosistema de bosque de manglar del parque Isla S.manca con el fin de mejorar las condiciones ambientales del bosque y recuperar la sección hidráulica del caño Clarín Viejo, así como restaurar la dinámica entre el río M. a través del Caño Clarín Viejo con la CGSM. (ii) C. realizó la gestión del proyecto recuperación de la capacidad hidráulica del rio F. como estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el municipio de la Zona Bananera. Durante el 2015 se realizó la recuperación hidráulica de 16 kilómetros del río. Para ello se realizó un contrato de obra pública e interventoría No. 171 de 2016. (iii) C. realizó la gestión de proyecto para la recuperación de la sección hidráulica en el sector noroeste de la CGSM para aumentar el ingreso de agua dulce a la CGSM. Para ello se realizó otro contrato de obra pública No. 206 de 2016, el cual está pendiente de firma de inicio. (iv) C. gestionó y ejecutó el proyecto de recuperación hidráulica de los caños tributarios de la CGSM-Caño Clarín. La importancia de este proyecto es que el Caño Clarín aporta el 12.27% del agua dulce de la CGSM. (v) Finalmente, C. gestionó y ejecutó el proyecto de recuperación hidráulica de los caños del complejo deltaíco estuarino del río M. para la recuperación hidráulica de los caños Aguas Negras (dragado de 111.251 m3) y R. (dragado de 659.300m3).

   · Apoyo a la implementación de procesos productivos para disminuir la presión ambiental sobre el sistema lagunar. A través del proyecto “implementación de una granja piloto acuícola y piscícola para la transferencia de tecnología y conocimiento a pescadores de la CGSM, se beneficiaron 480 familias de 13 asociaciones pesqueras de los municipios de Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, R., El R. y Ciénaga. Dentro de los beneficiados por este proyecto se encuentra la asociación a la que pertenece uno de los accionantes (Asoacuifume) y otra asociación de la que es representante legal el accionante (Asopropez).

   · Desarrollo del plan de trabajo con los municipios de Concordia, C. de S.A., P., Z. y P. para mitigar el impacto de mortandad de peces.

   · Fortalecimiento a través de proyectos productivos amigables con el medio ambiente para 38 familias que habitan el sector de la vereda Caño Clarín.

   · Desarrollo de una iniciativa en Sitio Nuevo Palermo con mujeres cabeza de hogar para el desarrollo de la comercialización de residuos sólidos en el Municipio de zona Bananera.

   · Acompañamiento a Palafitos Nueva Venecia en lo relacionado con la parte organizacional con jóvenes para ideas de negocios planteadas por la comunidad.

   · Visita de acompañamiento a ASODEMUSA en el municipio de R. para la producción y comercialización de pollo tipo campesino.

   · Control y seguimiento ambiental en el territorio. En este ámbito se ha iniciado 15 procesos por captación ilegal y ocupación, construcción de cercas, obras sobre el caño, captación de recurso hídrico, entre otras conductas.

   · Apoyo a la atención de emergencias. En este marco se han adelantado las siguientes acciones: (i) elaboración de una propuesta de protocolo para la atención a la disposición adecuada e inmediata de peces muertos; (ii) jornales para actividades de limpieza de caños producto de mortandad de peces; (iii) suscripción de Convenios con el Cuerpo de Bomberos; (iv) seguimiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) (salvo los municipios de Distrito de S.M., Aracataca, S. de S.A., R., Guamal, Zapayan, Santa Bárbara de Pinto, P.d.C. y P. que no han presentado las actualizaciones de sus PGIRS; (vi) seguimiento a mataderos en los municipios pertenecientes a la CGSM.

   · En relación con la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio se celebró el convenio interadministrativo No. 024 de 2014 con el Fondo de Adaptación para desarrollar actividades de planificación y monitoreo del recurso hídrico que aporte a la problemática ambiental de la CGSM y se tengan los insumos para el ajuste del Plan de Manejo Ambiental.

   · Implementación de acciones de educación ambiental. En este marco se realizó: (i) la creación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del Departamento de M..

   · Intervenir la suma de $3.246.278.553 para obras de dragado y limpieza de malezas acuáticas en los caños de Aguas Negras, R. y C..

   · Gestión del proyecto “Restauración amiental de los caños El Burro y El S.do como aporte a la recuperación del ecosistema de la CGSM.

   Municipio de Puebloviejo

   No responde específicamente. Se refiere a la Constitución Política.

   No responde específicamente.

   · Inspecciones oculares en conjunto con la policía ambiental y la personería municipal por quejas.

   · Suministrar a la población de agua potable y alimentos en el corregimiento de bocas de Aracataca en abril de 2016.

   · Derribamiento de trincheras que impedían la libre circulación del agua.

   · Denuncias a la Procuraduría y Fiscalía en abril de 2016.

   · Sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial realizada en Puebloviejo.

   · Capacitación a la comunidad de pescadores del corregimiento de Bocas de Aracataca (no se especifica fecha).

   · Adecuación del sistema de alcantarillado de corregimiento de bocas de Aracataca.

   · Dragado de caños y ríos.

   · Seguridad alimentaria y salud.

   Cormagdalena

   Aclaró que no es una autoridad ambiental, sino que su competencia está ligada a la recuperación de la navegación del río M., la actividad portuaria sobre el mismo, la adecuación y conservación de tierras y el aprovechamiento y preservación del ambiente y demás recursos naturales renovables del río M..

   Ley 161 de 1994

   Decreto 1640 de 2012.

   Acuerdo 131 de 2007 (modificado por el Acuerdo 154 de 2007) y el Acuerdo 097 de 2003 de Cormagdalena.

   · Cofinanciado obras de protección de orillas y saneamiento de municipios de la CGSM. Sin embargo, aclara que no puede indicarse que Cormagdalena haya adelantado actividades dentro del marco de sus funciones para atender la problemática ambiental, pues no tiene competencia para ello.

   · No aplica.

   Municipio del R.

   La ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a regulaciones, pautas y directrices expedidas por el M.isterio del Medio Ambiente.

   Ley 99 de 1993.

   · Implementado acompañamiento policivo y de socialización y verificación del cumplimiento del uso razonable del agua en tiempo de verano para garantizar el 30% del volumen de aguade ingreso a la ciénaga.

   · No dicen nada.

   Municipio de S.mina

   Manifiestan que no tienen competencia geográfica de la CGSM.

   N/A

   · N/A

   · N/A

   Municipio de Pivijay

   No mencionan.

   Ley 99 de 1993

   · Clarificación, saneamiento, delimitación de bienes de uso público.

   · Restitución física de bienes según resultados de saneamiento predial.

   · Identificación de territorios de comunidades negras.

   · Presencia efectiva de la fuerza pública en la zona.

   Municipio de Ciénaga

   Determinar los usos y ocupación del suelo, el área de la CGSM dentro del municipio en su plan de ordenamiento territorial.

   No menciona.

   · Elaboración del POT 2001.

   · Realizar contratación para el ajuste del POT.

   · Hacer parte del Comité Interinstitucional de la ecorregión CGSM.

   · Promover acciones y actividades que preserven las áreas ecológicas y biológicas de las áreas de la CGSM en su jurisdicción.

   · Realización de estudios para la construcción de los sistemas de agua residuales del corregimiento de sevillano.

   · Ajuste y revisión del POD.

   · Convertir el sistema de aguas residuales convencionales por una planta compacta.

   · Aprobar los ajustes del POT.

   · Reconvertir la pesca hacia la acuicultura.

   · Evitar contaminación de basura y residuales.

   · Limpieza manual de caños.

   · Reglamentar y prohibir los desvíos de agua de la CGSM.

   · Retiro de obras de infraestructura ilegal en fuentes hídricas.

   Municipio del P.

   Prevenir daño medio ambiental.

   No menciona.

   · Limpieza del Caño Schiler mediante Contrato No. 027 de 2017.

   · No menciona.

   Municipio de Z.

   Aclaró que no tiene competencia respecto de la problemática ambiental de la CGSM.

   No menciona.

   · N/A

   · N/A

   Municipio de C. de S.A.

   Aclara que no tiene competencia directa sobre la problemática ambiental de la CGSM por cuanto el complejo lagunar no está en el área de su jurisdicción.

   · Actividades de dragado del caño C. de S.A. que interconecta la Ciénaga de C. de S.A. con el Río M.. Aclara que la Ciénaga de S.A. alimenta por la parte baja al ecosistema.

   ·

   Invemar

   Dar apoyo científico y técnico al M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de las funciones.

   Realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos con énfasis en la investigación de aquellos sistemas con mayor diversidad y productividad como lagunas costeras, manglares, praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y coralinos, zonas de sugerencia y fondos sedimentarios.

   Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

   Colaborar con el M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con sus pautas y directrices, en la promoción, creación y coordinación de una red de centros de investigación marina, en la que participen las entidades que desarrollen actividades de investigación en los litorales y los mares colombianos, propendiendo por el aprovechamiento racional de la capacidad científica de que dispone el país en ese campo.

   Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistema de Investigación Ambiental en el área de su competencia.

   Decreto 1076 de 2015.

   · Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la CGSM.

   · Evaluación de impacto social y bioeconómico de una pesquería artesanal multiflota.

   · Valoración integral de los principales bienes y servicios ecosistémicos provistos por el ecosistema manglar en la CGSM.

   · Impacto económico de los cambios en la calidad ambiental de la CGSM.

   · Fortalecimiento al monitoreo de la calidad del agua del ecosistema.

   · Monitoreo con sensores HOBO de salinidad, oxígeno disuelto y temperatura en Nueva Venecia.

   · Evaluación de las condiciones ambientales del complejo lagunar CGSM en el marco del plan de acción para la atención de la calamidad pública.

   · Evaluación de variables fisicoquímicas en el sector Pajarales, CGSM.

   · Diagnóstico de respuesta del ecosistema a la intervención de los caños La Caleta, del Tambor, Bristol y Covado.

   · Levantamiento batimétrico del espejo de agua principal.

   · Monitoreo hídrico de los principales tributarios de la CGSM.

   · Formulación de la propuesta de investigación “Estudio integral de la CGSM”.

   · Emisión de conceptos técnicos.

   · Conceptos técnicos anuales sobre la evaluación de recursos pesquero claves y medidas de manejo a nivel nacional.

   · Otros.

   · No hay.

   Comité Interinstitucional para la Ecorregión de la CGSM (vía el Departamento de M.)

   Recibir información por parte de los miembros del comité sobre casos que ameriten un tratamiento conjunto por sus implicaciones ambientales.

   Revisar y coordinar acciones de seguimiento ambiental, socioeconómico, territorial, de situación comunitaria y de gestión institucional del territorio ecorregional.

   Realizar pronunciamientos como Comité sobre las acciones que se acuerden ejecutar.

   Promover y apoyar la investigación científica, los estudios de ingeniería, consultoría y el monitoreo necesarios para un mejor conocimiento de las dinámicas ambientales, ecológicas, sociales, culturales y económicas en la ecorregión que permitan una mejor toma de decisiones, de planificación y de intervención.

   Coordinar acciones interinstitucionales conjuntas de acuerdo con las competencias particulares de cada entidad para hacer más efectiva la intervención de las entidades del Estado.

   Apoyar y gestionar proyectos de intervención ambiental, social, sociocultural y socioeconómica que contribuyan a la sostenibilidad ambiental de la ecorregión.

   Solicitar o emitir concepto técnico sobre proyectos de infraestructura y equipamientos sociales, productivos, de transporte, logística, agua potable, saneamiento básico, gestión de residuos sólidos y de cualquier otra naturaleza.

   Gestionar políticas, recursos, proyectos y medidas en favor de la ecorregión.

   · Denuncias respecto de obras con maquinaria pesada en predios que afectaban los caños.

   · Coordinación de sobrevuelos para identificar zonas afectadas por denuncias de posibles delitos ambientales y ubicar otras posibles zonas afectadas.

   · Acompañamiento al Comité Departamental de Gestión de Riesgo durante 2015 y 2016.

   · Seguimiento a los reportes de Parques Nacionales Naturales en cuanto al estado ambiental y ecológico de la CGSM.

   · Concertación con C. para priorizar y agilizar inversiones en limpieza de caños.

   · Inclusión de los pueblos palafitos del municipio de Sitio Nuevo en el programa departamental de Nutrición es la Vía.

   · Promoción de construcción de una Agenda Estratégica para la CGSM que incluya acciones de corto, mediano y largo plazo en la intervención de la recuperación ambiental.

   · Acuerdo entre el M.ambiente, C. e Invemar para ampliar la financiación para aumentar las acciones de monitoreo ambiental en varios puntos del complejo lagunar.

   · Coordinar la programación de las acciones iniciales de presencia de autoridades de Policía.

   · Coordinar aporte de información cartográfica de predios por parte de IGAC a I., C. y a la Superintendencia de Notariado y Registro.

   · Definir acciones conducentes a iniciar el proceso de deslinde de bienes de uso público por parte de I. (en su momento).

   · Informarse con fuentes municipales y de autoridades ambientales acerca de la problemática de desastres por incendios forestales.

   · Realización de mesas de trabajo entre entidades para protocolo de atención a mortandad de peces.

   · Seguimiento de las acciones puntuales de entidades miembros del Comité en relación con la CGSM.

   · Coordinar con el M.ambiente la relación entre el Comité creado por el M.ambiente (Resolución 1300 de 2016) y el Comité de Coordinación Interinstitucional creado por el Departamento de M. (Decreto 297 de 2015).

   Anexo 4

   (Respuestas del Departamento de M. como consolidar de la información del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Ecorregión de la CGSM )

   Entidad

   Actividad

   Producto

   Compromiso

   Costos

   Invemar

   Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación

   Informe técnico anual.

   N/A

   N/A

   Invemar

   Fortalecimiento al monitoreo de la calidad del agua, del ecosistema de manglar y de los recursos pesqueros de la CGSM.

   Informe técnico anual.

   Mantener el monitoreo hasta 2030.

   N/A

   Invemar

   En el marco de la calamidad pública declarada para la ecorregión CGSM en 2016, se fortalecieron otras actividades y proyectos relacionados con el componente hidrosedimentológico.

   Informe técnico.

   Continuidad del desarrollo del componente hidrosedimentológico sujeto a consecución de nuevos recursos.

   $5.378.038.591

   Corporación Autónoma Regional del M. (C.)

   Reestablecer la conectividad y la capacidad hidráulica e hidrológica de agua dulce.

   Recuperación de la capacidad hidráulica e hidrológica de las corrientes de agua dulce.

   Ejecución del contrato de obra No. 01 del 6 de julio de 2006 mediante el dragado de 3.543.333 m3 en los caños Clarín Nuevo, El Torno, Almendro, Alimentador, Aguas Negras y R. (durante 15 años contados desde el 2006).

   $13.176.717.419,923

   C.

   Reestablecer la conectividad y la capacidad hidráulica e hidrológica de agua dulce.

   Recuperación de la capacidad hidráulica de caños principales y secundarios de la CGSM.

   Ejecución del contrato de obra No. 093 de 2014 (durante 15 años contados desde el 2015) y con el que se intervendrán 32 caños.

   $7.995.111.131

   C.

   Reestablecer la conectividad y la capacidad hidráulica e hidrológica de agua dulce.

   Aporte a la restructuración del ecosistema de bosque de manglar del Parque Isla S.manca.

   Recuperación hidráulica del caño Clarin Viejo como aporte a la restauración del ecosistema de bosque de maglar.

   $5.397.488.474

   C.

   Reestablecer la conectividad y la capacidad hidráulica e hidrológica de agua dulce.

   Recuperación de la sección hidráulica de cuerpos de agua que alimentan el sector noroeste de la CGSM.

   Ejecución del proyecto “Restauración ambiental del sector noroeste de la CGSM, a través de la recuperación de la sección hidráulica de los cuerpos de agua que la alimentan.”

   $21.513.698.728

   C.

   Reestablecer la conectividad y la capacidad hidráulica e hidrológica de agua dulce.

   Recuperación hidráulica de río F. para el aumento del aporte de agua hacia la CGSM.

   Ejecución del proyecto “Recuperación de la capacidad hidráulica del río F.”.

   $10.860.609.408.

   C.

   Reestablecer la conectividad y la capacidad hidráulica e hidrológica de agua dulce.

   Fortalecimiento del monitoreo de calidad de aguas mediante medición periódica de variables físico-químicas.

   Suscripción de convenio de asociación No. 131 de 2016 C. e Invemar.

   $250.000.000

   C.

   Reestablecer la conectividad y la capacidad hidráulica e hidrológica de agua dulce.

   Evaluación de ganancia manglar, calidad de agua y recursos pesqueros.

   Suscripción del convenio con Invemar No. 16 de 2006 para el monitoreo de las condiciones ambientales.

   $288.156.595

   C.

   Desarrollo de actividades de prevención, control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales.

   Gestión de procesos sancionatorios.

   Realización de procesos sancionatorios administrativos por infracciones ambientales.

   N/A

   C.

   Desarrollo de actividades de prevención, control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales.

   Seguimiento a los PGIRS, PSMV y mataderos.

   Seguimiento a los PGIRS, PSMV y mataderos de los municipios pertenecientes a la ecorregión CGSM.

   N/A

   C.

   Apoyo a la atención de emergencias ambientales.

   Regulación de corrientes hídricas que drenan hacia la CGSM.

   Elaboración de propuesta de protocolo para la atención a la disposición adecuada e inmediata de peces muertos.

   $6.300.000

   C.

   Apoyo a la atención de emergencias ambientales.

   N/A

   Suscripción convenios con el cuerpo de bomberos de Ciénaga, S. y Zona Bananera.

   $90.000.000

   C.

   Formalización del Plan de Manejo Sitio R..

   Apoyo a la consolidación de insumos para el posterior ajuste y actualización del plan de manejo del sitio R..

   Ejecución de convenio interadministrativo No. 526 de 2016

   $508.322.000

   C.

   Formulación del Plan de Ordenació y Menajeo de Cuencas (POMCA) del Complejo Lagunar CGSM

   N/A

   Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (actualmente en fase de diagnóstico).

   $2.203.869.002

   C.

   Conformación de Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental

   N/A

   Asesoría técnica para la conformación de los Comités a 11 municipios.

   N/A

   C.

   Conformación de Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental

   N/A

   Creación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental para el Departamento de M..

   N/A

   C.

   Apoyo a la formulación de proyectos ambientales escolares y proyectos ciudadanos de educación ambiental

   N/A

   Suscripción del convenio para “formar a miembros de la comunidad educativos de 3 instituciones y actores sociales” para disminuir los impactos socio-ambientales.

   $230.000.000

   C.

   Implementación de proyectos productivos sostenibles con enfoque de negocios verdes para disminuir la presión ambiental.

   N/A

   Implementación de proyectos sostenibles.

   $2.572.687.499

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Revisión y ajustes del POT.

   POT revisado y actualizado.

   Incluir un capítulo especial sobre la CGSM

   $629.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Proyecto de Restauración Integral de las Ciénagas y Playones que hace parte del Programa de Desarrollo Sostenible.

   Áreas restauradas.

   Incluir el proyecto dentro del plan de ejecución y metas de POT

   $500.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Proyecto de reforestación de playones municipales.

   Playones reforestados.

   Incluir el proyecto en el POT.

   $7.500.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Limpieza manual de caños.

   Caños y canales con cauce normal y limpio.

   Realizar trabajos de limpieza de caños antes de temporada de lluvias.

   N/A

   Alcaldía de Municipio de Ciénaga

   Reglamentar el uso de agua de excedente que llega a la CGSM.

   Reglamentación.

   Formular y adoptar reglamentación

   $30.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Retiro de obras de infraestructura ilegal en fuentes hídricas

   Fuentes hídricas sin obstrucciones.

   Control y seguimiento del retiro de obras ilegales.

   $30.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Educación ambiental

   Capacitación, sensibilización y talleres.

   Realizar las campañas educativas.

   $180.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Prohibir la utilización de la CGSM para la ampliación de la frontera agrícola.

   Fuentes hídricas sin obstrucciones.

   Control y seguimiento del retiro de obras ilegales.

   $30.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Capacitación sobre el manejo de adaptabilidad al cambio climático.

   Capacitaciones realizadas.

   Gestionar recursos

   $300.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Proyecto de flora y fauna de playones de la CGSM

   Diseño de corredores biológicos playones.

   Gestionar recursos.

   $250.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Desarrollo de proyectos hortofrutícola de ciclo corto para cambio de actividades.

   Proyectos productivos

   Financiar la consultoría y ejecución de proyecto.

   $500.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Diseño y montaje de proyectos de avicultura, porcicultura y caprinos en la región.

   Proyectos productivos.

   Financiar la consultoría y ejecución del proyecto.

   N/A

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Optimización y reconvención del sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas.

   Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

   Gestionar junto con la empresa operadora la implementación de PTAR

   $25.000.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Localización y monitoreo de puntos de descarga de aguas residuales

   Puntos identificados.

   Identificar y monitorear los puntos de descarga de aguas residuales en la CGSM.

   $450.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Incrementar en 30 sistemas de tratamientos de aguas residuales.

   Sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales.

   Financiar y ejecutar el proyecto.

   $450.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)

   PSMV actualizado.

   Proyecto contratado en espera de entrega por parte de la empresa operadora.

   $14.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Implementación de comparendo ambiental

   Control de residuos sólidos

   Acuerdo 012 de 2010 se crea comparendo ambiental, y en 2017 se inicia la implementación.

   $$200.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Recolección de residuos sólidos en zonas de difícil acceso libre de residuos sólidos.

   Zonas de difícil acceso libres de residuos sólidos.

   Formular la alternativa de recolección de residuos en zonas de difícil acceso.

   $120.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Beneficiar a comunidades dispersas con la construcción de baterías sanitarias.

   Construcción de baterías sanitarias.

   Financiar y ejecución de proyecto.

   $800.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Cierre del matadero municipal.

   M.dero cerrado.

   Actividad cerrada por malas condiciones sanitarias.

   N/A

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Actualización del plan integral de gestión de residuos sólidos (PGIRS)

   PGIRS actualizado.

   PGIRS aprobado y actualizado.

   $147.000.000

   Alcaldía del Municipio de Ciénaga

   Caracterización de pescadores de la CGSM en jurisdicción del municipio.

   Pescadores caracterizados.

   Realizar la caracterización para proyectos productivos.

   $30.000.000

   Alcaldía del Municipio de Pivijay

   Conservación de especies florísticas regionales.

   Campaña de reforestación

   Aunar esfuerzos con C. para realizar viveros para proteger el ecosistema.

   N/A

   Alcaldía del Municipio de Pivijay

   Capacitación de jóvenes sobre gestión ambiental.

   Capacitación.

   S. en los diferentes institutos educativos la importancia de la conservación de la CGSM.

   N/A

   Alcaldía del Municipio de Pivijay

   Cumplimiento del PGIRS y construcción de unidades sanitarias en familias vulnerables.

   Construcción.

   Caracterización de las familias existentes que no cuentan con el servicio.

   N/A

   Alcaldía del Municipio de Pivijay

   Sumnistro de artes de pesca como atarrayas, canoas y equipos.

   N/A

   Fortalecer a las asociaciones de pescadores del municipio.

   N/A

   Alcaldía del Municipio de S.

   Suministro de kit de alimentos, artículos de aseo y canecas.

   Entrega de 850 kit de alimentos.

   N/A

   $45.050.000

   Alcaldía del Municipio de S.

   Transporte de agua potable.

   Se suministró agua potable por 52 días.

   N/A

   $49.124.240

   Alcaldía del Municipio de S.

   Recolección de residuos sólidos en las comunidades palafitas ubicadas en el Complejo Lagunar de la CGSM.

   Recolectar 10 toneladas por mes.

   N/A

   $72.000.000

   Gobernación del M.

   Proyecto de mejoramiento de la Vía Palermo – S.–.R.–.G.. Dentro del alcance del proyecto se debe construir y mejorar las estructuras hidráulicas para garantizar el flujo del río M. a la CGSM.

   Mejoras en la dinámica fluvial mediante la construcción de un 70 box culvert.

   N/A

   Obras de drenaje: $11.182.000.000.

   Gobernación del M.

   Vía Ciénaga – Barranquilla. En la concesión se han realizado actividades como el mantenimiento de los box coulvert y alcantarillas.

   Mejoras en la dinámica fluvial.

   N/A

   N/A

   Gobernación del M.

   Caracterización fisio-química y de la dinámica del comportamiento de la CGSM.

   Inventario faunístico y florístico.

   Desarrollar proyectos específicos in situ en la CGSM.

   N/A

   Gobernación del M.

   Determinación de la problemática ambiental. Medidas de mitigación y compensación.

   Planes de acción de prevención y protección.

   N/A

   N/A

   Gobernación del M.

   Capacitación en acuicultura.

   N/A

   Desarrollar proyectos específicos.

   N/A

   Gobernación del M.

   Atención a los problemas de saneamiento básicos y agua potable:

   Optimización y ampliación del sistema de acueducto de Pivijay.

   Construcción del sistema de alcantarillado del municipio de Concordia.

   Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de C. de S.A. y en el municipio de la Zona Bananera.

   Ampliación del sistema de alcantarillado del municipio de Fundación.

   Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Guáimaro.

   Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del Municipio de S..

   Terminación de la optimización y ampliación de los sistemas de acueducto en los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo.

   Optimización y ampliación del sistema de acueducto y construcción del sistema de alcantarillado del municipio del R..

   N/A

   N/A

   $89.268.000

   Gobernación del M.

   El Plan Departamental de Agua inició con la empresa holandesa Brabant Water en febrero de 2016 la reformulación del proyecto de acueducto de los pueblos palafitos como Trojas de Cataca, Buenavista y Nueva Venecia. En este año se están haciendo los diseños.

   SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA

   GLORIA S.O. DELGADO

   A LA SENTENCIA T-596/17

   Referencia: Expediente T-6.042.811

   Acción de tutela instaurada por E.J.C.S. y A.C.S.M. contra el M.isterio del Medio Ambiente y otros.

   Magistrado ponente:

   A.L.C.

   Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento las razones por las que me aparto de la S.encia T-596 de 2017 aprobada por la S. Tercera de Revisión, el 25 de septiembre de 2017.

1. La S.encia T-596 de 2017 fue proferida con ocasión de la solicitud de amparo de los derechos a un ambiente sano (en su dimensión objetiva y no colectiva[296]), al mínimo vital, a la dignidad humana, al trabajo, a la libertad de elección de oficio, a la alimentación y al agua de E.J.C.S. y A.C.S.M..

   Ellos viven en dos de los tres pueblos palafitos de la ecoregión de la Ciénaga Grande de S.M. (en adelante, CGSM), donde se asientan junto con sus núcleos familiares. Allí los actores se dedican a la pesca artesanal y a actividades comerciales relacionadas con aquella, de las que derivan el sustento para solventar sus gastos y obtienen su propio alimento.

   La pesca artesanal –conforme lo alegaron los accionantes- depende de la estabilidad ecológica de la CGSM, un humedal RAMSAR afectado por la disminución del flujo de agua dulce y, a causa de ello, actualmente hipersalinizado; por efecto de lo expuesto, al momento de presentar la acción de tutela, tan solo en lo que iba del año 2017, se contaban diez mortandades de peces en la zona. Ello ha forzado a la población pesquera a emigrar, al punto en que permanece en riesgo de “desplazamiento por hambre”.

   La crisis en la región es de tal magnitud que el M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible les solicitó a las autoridades locales declarar la calamidad pública.

   La disminución de los flujos de agua en la CGSM, se debe a dos circunstancias: (i) a la falta de manejo y dragado efectivo de los caños y canales que la conectan con el R.M., pese a la existencia de contratos administrativos con ese objeto[297]; y (ii) al aprovechamiento excesivo de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de S.M. para fines privados (cultivos de arroz, palma y banano, construcción de diques y ganadería). Todo esto, incide en el estado del ecosistema, y como consecuencia de ello en el oficio y la vida cotidiana de los accionantes, pues las condiciones en que se encuentra la CGSM implica la falta no solo de una fuente de ingreso, sino del alimento y el agua potable.

   Finalmente, los actores sostuvieron que los pueblos palafitos en la región tienen una cobertura de servicios públicos (energía eléctrica, alcantarillado y agua potable) que es precaria. No existe servicio de acueducto ni de saneamiento básico, de modo que deben comprar el agua o tomarla directamente de los ríos que descienden de la Sierra.

2. En sede de revisión, además, se constató que E.C. no es pescador artesanal, pero se dedica a la comercialización del pescado y es representante legal de la Asociación de Productores del pescado de Nueva Venecia que tiene piscinas para el cultivo de peces. Depende de la pesca, aunque no tenga el permiso de la AUNAP y su carné como pescador está en trámite. Informó que devenga cerca de $600.000 mensuales pero sus ingresos no son fijos y dependen de la cantidad de pescado que recolecte y, en esa medida, del estado del agua en la CGSM[298]. El acceso al agua, según lo manifestó el actor, es limitado y el líquido proviene de los caños cercanos, sin ser potable. Compran el agua y en ocasiones consumen agua-lluvia.

   A.S., por su parte, fue enfático en sostener que no solo debe tenerse en cuenta su situación sino la de los demás pescadores de la zona y sus familias. Es pescador artesanal y devenga menos de un salario mínimo, no tiene hijos pero tiene a cargo a su hermana. Tiene 3 carnés que lo identifican como pescador (del ICA, AUNAP e INCODER) pero no tiene medios electrónicos o económicos para enviarlos a la Secretaría de esta Corporación.

3. Los señores C. y S. reclamaron la protección constitucional sobre la base de que la situación no los afecta a ellos en forma exclusiva, pues el desconocimiento del deber de preservación del ecosistema de la CGSM, con las consecuencias que acarrea para su vida diaria, compromete a los demás miembros de la comunidad de la que hacen parte.

   Para restituir sus garantías ius fundamentales los actores, como pescadores artesanales, le solicitaron al juez ordenar el diseño de un plan para superar la situación ambiental de la CGSM, que contemple (i) el mantenimiento y dragado de los caños y la restauración de las cuencas de los ríos; (ii) un estudio sobre los usos del suelo de la CGSM, para establecer si se encuentra conforme a la normativa ambiental; (iii) la adopción de planes de ordenamiento territorial para garantizar la conservación del ecosistema; (iv) la elaboración de un plan de suministro de servicios públicos en la zona; (v) el diseño de un plan de ordenamiento pesquero para garantizar la pesca sostenible; (vi) la realización de capacitaciones de alternativas de producción para los habitantes de la región; y, (vii) la materialización de acciones de preservación de las áreas protegidas por la Convención RAMSAR y el Convenio de Diversidad Biológica –UNESCO-. Con todo, la pretensión de los accionantes se enfilaba, no a la búsqueda de la realización del derecho al ambiente sano, sino a recobrar el equilibrio de la CGSM y, por esa vía, a restablecer sus derechos fundamentales.

   Los accionantes informaron que, debido a la problemática de la CGSM, el 6 de febrero de 2012, L.E.M.S. interpuso una acción popular contra CORPAMAG. El Tribunal Administrativo de M. falló a su favor, pero el Consejo de Estado declaró la nulidad de lo actuado y remitió el proceso nuevamente al Tribunal que falló a favor de la accionante. La sentencia fue apelada y el proceso se encuentra en la Sección Primera de la S. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pendiente de decisión.

4. El juez de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela porque no es el mecanismo judicial idóneo para proteger derechos colectivos.

   Los accionantes impugnaron esa determinación y sostuvieron que la acción es procedente por el compromiso de derechos fundamentales, para cuya protección la acción popular no es un medio idóneo y, aun cuando cursa ya una de estas acciones en el Consejo de Estado, es preciso tener en cuenta que (i) la misma se concentra tan solo en uno de los caños (Aguas Negras) de la zona, (ii) no se ha superado la situación colectiva y (iii) sus intereses particulares siguen afectados.

   La Procuraduría intervino para solicitar la protección de los derechos de los accionantes, y adujo que la acción popular no es el mecanismo idóneo para atender sus reclamos. Llamó la atención sobre el hecho de que los habitantes de la región están en un alto nivel de vulnerabilidad, dada la pobreza y marginalidad que allí se presenta.

5. En segunda instancia, la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de la primera, por las mismas razones expuestas en ella.

6. En sede de revisión los accionantes y algunos de los intervinientes solicitaron (i) una audiencia pública y (ii) una inspección judicial. La S., en la sentencia de la que me aparto, las consideró innecesarias en la medida en que tenía suficiente material probatorio para proveer.

7. En la S.encia T-596 de 2017, la posición mayoritaria de la S. Tercera de Revisión concluyó que el amparo es improcedente porque los accionantes no acreditaron una afectación a sus derechos fundamentales. Según esta postura, los promotores del amparo debieron acudir a la acción popular como mecanismo principal para la defensa de sus intereses y los de la comunidad a la que representan, pues son de naturaleza estrictamente colectiva y los interesados “no acreditaron de manera suficiente por qué razón la acción popular no era idónea”, por lo que esta acción de tutela no es subsidiaria.

8. En esta oportunidad, me aparto de la posición mayoritaria de la S.. Considero que del análisis del expediente sí se puede deducir una afectación individualizable a los derechos fundamentales de los accionantes y sus familias, para cuya defensa la acción popular no es un medio judicial idóneo y, menos aún, efectivo.

   Paso a explicar mi postura, mediante la exposición de siete razones que me llevan a apartarme del sentido de esta decisión.

   Primera razón: Sí existe afectación sobre derechos fundamentales, para la cual no hay otro medio de defensa judicial más eficaz que la acción de tutela.

9. El argumento que llevó a declarar improcedente la acción de tutela en este asunto es que no se demostró la afectación real de los derechos fundamentales que reivindican los accionantes. Según la sentencia, tampoco se acreditó que las órdenes persiguieran la protección de derechos individuales y no colectivos, pues los accionantes solicitaron medidas estructurales que, según la sentencia, se concentraban en la protección de intereses de la comunidad de la que hacen parte.

10. Desde mi perspectiva, en este asunto sí se advierten afectaciones típicamente ius fundamentales y, por consiguiente, verdaderos derechos subjetivos individuales que, si bien tienen relación con la faceta colectiva del derecho a un ambiente sano, no por ello dejan de serlo.

    En mi criterio es claro que se encuentran comprometidos los derechos al mínimo vital, a la dignidad humana, al trabajo, a la libertad de elección de oficio[299], a la alimentación y al agua de los actores y de sus familias. Ellos fueron claros al argumentar que la contaminación del agua y la mortandad de peces, les impedían desarrollar su oficio como pescadores artesanales, acceder al agua potable, a la alimentación y a los recursos mínimos para subsistir, forma en la que están afectados por el estado del ecosistema de la CGSM. Claramente no buscan la protección del ambiente como un fin en sí mismo considerado, sino como un medio para materializar sus derechos fundamentales.

    Los informes de las autoridades administrativas, los conceptos académicos y las intervenciones de organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente, respaldan su posición y sus argumentos. Los criterios recogidos no solo señalaron la crisis del ecosistema, sino que además alertaron sobre las implicaciones que aquella tiene en la vida de los habitantes, entre los cuales se encuentran los accionantes.

    Al respecto es importante recordar que el informe del M.isterio de Ambiente, aportado con la demanda, destaca y revela mediante material fotográfico la contaminación de la zona, entre otros, por la acumulación de materia orgánica descompuesta y el desecamiento del humedal, situaciones que implican un riesgo inminente para la salud humana, según dicho criterio oficial. En el mismo sentido, por ejemplo, el concepto de la investigadora V. apunta a la estrecha relación entre el ecosistema y la vida de los habitantes de los pueblos palafitos de la CGSM. Para ella, allí la pesca es un oficio tradicional que la contaminación impide desarrollar; además, la falta de alimento, agua y la imposibilidad para llevar una vida salubre y saludable, se traduce en un alto riesgo social en el que -considera- se encuentran los pobladores de la región.

11. En un contexto de tales proporciones, a mi juicio, el juez constitucional tenía elementos para deducir una afectación a la dignidad humana y varios derechos fundamentales de quienes interpusieron la acción de tutela. Ello no solo en virtud de los conceptos recaudados, sino además del hecho de que los actores (i) son pescadores y por causa de la hipersalinización de la ciénaga no pueden desempeñar su oficio, obtener un ingreso e, incluso, su propio alimento a través de él; y (ii) junto con sus familias (en las que al menos existe un menor de edad) habitan los pueblos palafitos, lo que supone además que son personas que tejen su vida cotidiana en un ambiente rodeado por el agua contaminada de la CGSM.

    El que los accionantes habiten la zona y hagan parte de dos de los pueblos palafitos de la CGSM, con una tradición de más de 200 años de actividad pesquera de pequeña escala[300], no es un dato menor desde el punto de vista de sus derechos fundamentales. Ello significa que viven en construcciones rudimentarias bordeadas por el agua de la CGSM, a través de la cual se desplazan y en la que han creado sus modos de vida. Así, la contaminación de la CGSM tiene un efecto particular sobre su cotidianidad y sobre el ejercicio diario de sus garantías constitucionales. La contaminación del agua no tiene las mismas implicaciones para quienes habitan un medio terrestre, en donde si bien pueden apreciarse efectos adversos, no son tan inmediatos y contundentes como en estos espacios en los que el agua juega un papel central en la vida diaria.

    En esas condiciones particulares de los dos accionantes, la falta de compromiso de las autoridades estatales con la CGSM, no solo representa dificultades para gozar de un ambiente sano por parte de la comunidad que la habita, sino que se convierte en un obstáculo para que los señores C. y S. desplieguen su actividad y vivan en condiciones dignas.

12. Además de ello, durante el trámite constitucional pudo establecerse que los habitantes de los pueblos palafitos de la CGSM no cuentan con servicios públicos. No disponen de acueducto, de modo que su acceso al agua es limitado y, en esas condiciones, deben buscar el fluido hídrico en forma directa y sin consideración de la calidad del mismo. El problema del ecosistema redunda en la falta de agua potable y en la necesidad de recoger líquidos de caños y ríos cercanos, sin tratamiento, lo que implica que los actores y sus familias están expuestos continuamente a agentes contaminantes, con el correspondiente riesgo para su estado de salud.

    Los actores también manifiestan que su alimento lo encontraban directamente de la pesca, que no solo les es útil como actividad económica de la que obtienen ingresos, sino que es fuente directa de su alimento y el de sus familias. Sin posibilidad de pesca, quedan desprovistos de esta fuente de subsistencia.

13. Todo ello genera en mí una convicción sobre la existencia de una afectación ius fundamental, pese a que la misma está ligada a las condiciones medio ambientales que rodean a los actores.

    Esta Corporación ha sido clara al momento de distinguir entre los derechos colectivos y los fundamentales. Al respecto ha sostenido que los primeros atañen al “interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares”[301], pues “pertenecen a todos y cada uno de los individuos”[302] sin que sea posible dividirlos entre ellos. Entretanto, una afectación a los derechos fundamentales es “subjetiva o individual del demandante”[303].

    Visto el asunto desde este enfoque, para mí es claro que las afectaciones alegadas por los demandantes tienen como causa una situación de interés colectivo, que deriva en afectaciones particulares e individualizables sobre cada uno de los demandantes, que debían protegerse mediante la acción de tutela y no únicamente por medio de la acción popular.

    Segunda razón: El enfoque del estudio del caso no responde a los reclamos de los demandantes

14. La posición mayoritaria de la S. declaró improcedente esta acción al concentrarse en el análisis del asunto desde el punto de vista del derecho al medio ambiente, y al abordarlo únicamente en su faceta colectiva. Dejó de lado que el reclamo de los accionantes no solo versaba sobre este derecho, sino que además de él planteaba afectaciones sobre otros, cuya fundamentalidad es indiscutible de conformidad con la jurisprudencia de la Corte.

    Estoy en desacuerdo con el enfoque empleado para el examen de este asunto. En mi opinión, la S. perdió de vista la integralidad del escrito de tutela y la totalidad de las alegaciones de los actores. Al haber solicitado la protección al medio ambiente, aunque ellos lo hayan hecho también en relación con otros tantos derechos, la S. se apresuró a la conclusión de la improcedencia de la tutela, sin analizarla respecto de todas las garantías constitucionales sobre las que se denunció una presunta vulneración.

15. Aunado a lo anterior, si bien la sentencia se concentró en el derecho al ambiente sano, las consideraciones en relación con él son, además, incompletas y la orientación del análisis es incongruente con los planteamientos de la demanda.

    Los accionantes, en forma expresa, reivindicaron el derecho al ambiente sano, pero en su faceta ius fundamental. Así lo presentaron en un apartado de la demanda dedicado a identificar la afectación de cada uno de los derechos sobre los que reclamaron protección. Fueron enfáticos en afirmar que la solicitud de amparo se fundaba, más que en su faceta colectiva, en la fundamental y así lo resaltaron[304]. Pero, sin atender a este argumento, la mayoría de la S. concluyó que buscaban la protección de un derecho colectivo.

    Respecto de este asunto puntual, cabe recordar que la S. Plena de esta Corporación, le ha dado al ambiente sano una triple connotación. Se trata de un “principio que irradia todo el orden jurídico (…) [; de] un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección”[305]. Por lo tanto, los planteamientos de los actores estaban fundados en la jurisprudencia y delimitaban el debate que la S. eludió.

    En esa medida, en lo que concierne al ambiente sano, la perspectiva desde la que se analizó este asunto constitucional en la sentencia de la que me aparto, no corresponde estrictamente a la cuestión que propusieron los demandantes, pues se concentró en una faceta distinta a pesar de que la acción de tutela promovía un problema jurídico diferente. Ello no implica que desde ya pudiese decirse que debía adoptarse la visión de los demandantes, pero si que descartar una afectación ius fundamental implicaba un análisis más riguroso de los planteamientos del escrito de tutela, que fueron desconocidos por la decisión de la que disiento.

    Tercera razón: La sentencia no analizó ni advirtió la posible existencia de sujetos de especial protección, cuando era necesario hacerlo

16. A mi juicio la conclusión sobre la improcedencia de la acción, en la práctica, desatiende los lineamientos jurisprudenciales en los que dice soportarse. Conforme la postura mayoritaria de la S., uno de los criterios por emplear para definir la procedencia de la acción de tutela cuando hay controversia en relación con la existencia de una afectación colectiva o ius fundamental, es la presencia de sujetos de especial protección constitucional involucrados en el asunto.

17. La conclusión a la que llega la sentencia, según la cual en este caso no hay ningún sujeto de especial protección constitucional involucrado, desde mi perspectiva, es insostenible por dos razones.

    17.1. La primera es que los antecedentes y las pruebas recaudadas en sede de revisión dan cuenta de que uno de los accionantes tiene a su cargo a un menor de edad y devenga un ingreso mensual inferior al salario mínimo.

    Además, es clara la información proveniente de la Defensoría del Pueblo y de la Personería Municipal de Sitio Nuevo, entidades que destacaron la pobreza en la que están sumidos los pobladores de la zona. Ello sumado a la imposibilidad de remisión de pruebas documentales a esta corporación por no disponer de los recursos para ello, sugería una debilidad económica y social, que ameritaba una protección especial, traducida en un análisis flexible de procedencia de la acción de tutela.

    17.2. La segunda es que no era posible llegar a una conclusión al respecto sin atender una cuestión planteada por algunos de los intervinientes en el proceso: ¿los pescadores artesanales que habitan en los pueblos palafitos de la CGSM pueden o no, y en qué medida, ser considerados sujetos de especial protección constitucional?

    La línea jurisprudencial en relación con la procedencia de la acción de tutela, esbozada en esta decisión, conducía inevitablemente a discernir esa cuestión. Sin embargo, ello no se tuvo en cuenta para adoptar una determinación sobre el caso concreto, no en relación con el fondo de la cuestión, sino precisamente sobre la procedencia de esta acción de tutela. La conclusión sobre la inexistencia de un sujeto de especial protección, en ese sentido, fue apresurada y no encuentra sustento suficiente en las consideraciones expuestas.

    Al respecto cabe destacar que la jurisprudencia ha establecido un mandato especial de protección en favor de la pesca artesanal[306], como una actividad económica y alimentaria. Específicamente en la CGSM la actividad pesquera es de suma importancia pues el M.isterio de Ambiente, en su momento incluyó la zona en las listas RAMSAR, entre otras, debido a su “valor socioeconómico [que] está representado, por los recursos pesqueros y las actividades agropecuarias de las cuales dependen las poblaciones asentadas de la región”[307].

    A los pescadores, por su parte, se les ha considerado como un grupo especialmente vulnerable, por su condición social y económica, en el marco de la justicia ambiental[308] y, en esa misma línea, se les ha reconocido el derecho a la seguridad alimentaria, como aquella garantía de “trabajar y subsistir de los recursos que les ofrece el entorno donde se encuentran, y sobre el que garantizan su derecho a la alimentación”[309].

    Aunado a lo anterior, dada la evolución del estado de la discusión sobre las similitudes y diferencias que existen entre las nociones de pescador y campesino[310], recogidas en el Proyecto de declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales de la Asamblea General de la ONU[311], hoy es posible entender que la pesca artesanal puede ser considerada como una actividad campesina, caso en el cual, de conformidad con la S.encia C-077 de 2017[312], quienes la ejercen eventualmente podrían ser considerados como sujetos de especial protección constitucional.

    Ahora bien, independientemente de la clasificación conceptual del pescador artesanal como un campesino, lo cierto es que esa misma sentencia consideró expresamente que el trabajador rural es sujeto de especial protección debido “a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los cambios profundos que se están produciendo, tanto en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos naturales”. Reconoció que, como consecuencia de la noción constitucional del campo, considerado un “bien jurídico de especial protección”, sus trabajadores tienen “derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y por las libertades para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, y la participación”, de modo que su reconocimiento no puede estar condicionado por el medio (terrestre o acuífero) en el que se desempeña la persona.

    Este caso, sin duda, era la oportunidad para pronunciarse al respecto y consolidar en la práctica las protecciones constitucionales reconocidas por esta Corporación. Era necesario explorar si los pescadores artesanales de la CGSM eran trabajadores rurales del municipio de Sitio Nuevo y si, dada la relevancia de su actividad para la región y para la zona rural del mismo, podían ser asumidos como sujetos de especial protección constitucional.

    17.3. En lugar de ello, la sentencia consideró sin mayor análisis que no había ningún sujeto de especial protección involucrado en este asunto concreto, de modo que rechazó la necesidad de hacer un análisis flexible de los requisitos de procedencia y, sin él, concluyó la falta del cumplimiento de los requisitos formales y declaró improcedente el amparo.

18. En suma, el juicio sobre la procedencia de la acción, conforme la jurisprudencia que se cita en la sentencia, hacía indispensable dejar en claro si la condición de pescador y/o habitante de un pueblo palafito, implica una especial condición de vulnerabilidad que habilite, a su vez, una especial protección constitucional, desde el punto de vista económico, social e incluso cultural, como lo plantean algunas intervenciones.

    Metodológicamente, solo una vez definido eso, era viable aplicar las reglas jurisprudenciales reconocidas, porque si la sentencia destaca que la procedencia de la acción de tutela está condicionada, en alguna medida, a la existencia de sujetos de especial protección constitucional involucrados, antes de efectuar el análisis de procedencia de la acción, era imprescindible resolver esta cuestión.

    De ese modo, para mí, la decisión se sustenta en una premisa que no se motiva y que se adopta desprevenidamente, sin considerar los hechos del caso y los interrogantes que surgieron del diálogo entre las partes y los terceros intervinientes.

    Cuarta razón: La improcedencia se soporta en argumentos contradictorios sobre deficiencias probatorias

19. Los accionantes solicitaron como medio de prueba la inspección judicial con el fin de demostrar los supuestos de hecho en los que sustentan sus denuncias y sus pretensiones. Sin embargo, se consideró que “en el expediente reposan pruebas relevantes y pertinentes”, de modo que no era necesario su decreto; se asumió que el acervo probatorio recaudado era suficiente.

    No obstante lo anterior, la decisión sobre la improcedencia de la acción se adoptó, en parte, porque los accionantes no lograron demostrar en forma contundente la afectación a sus derechos. Tal afirmación es problemática por cuanto fueron los mismos accionantes quienes solicitaron como medio de prueba la inspección judicial y quienes, no pudieron actuar para aportar otros medios probatorios distintos durante el trámite de revisión, dada su condición socioeconómica.

20. La inspección judicial, a mi modo de ver, pudo nutrir el debate en este caso concreto. Permitía establecer la condición de los accionantes y su relación con el estado de la ecorregión, entre otras porque en sede de revisión ellos manifestaron no disponer de medios económicos y tecnológicos para probarlo. Además era útil si se asume, como lo hizo la posición mayoritaria de la S., que este era un caso que tenía una complejidad probatoria particular.

21. Sobre este aspecto, la sentencia destaca que la improcedencia de la acción de tutela deviene también de la complejidad probatoria que implica definir este asunto.

    Cabe destacar dos cosas: la primera, si el debate probatorio es complejo no se entiende cómo se llegó a la conclusión de que no era necesaria la inspección judicial; y la segunda, no se dan argumentos que den cuenta de tal complejidad, simplemente así se asume y se concluye con base en el alto margen probatorio del juez popular, en contraste con el de tutela, que parecería estar desprovisto de facultades probatorias tan amplias como aquel, sin que ello sea así[313].

    No se explica en qué consiste la complejidad probatoria y, a partir de los argumentos de la sentencia sobre este punto particular, la acción de tutela queda vaciada, en tanto se asume que es un mecanismo que solo podría resolver casos sencillos, cuando su objeto solo está delimitado por la naturaleza de los derechos que puede proteger: ius fundamentales.

    Para mí no es suficiente explicar que la complejidad probatoria de un asunto releve al juez constitucional de emplear las facultades que tiene para discernir la veracidad de los hechos. Por el contrario, en oportunidades en las que por ejemplo se trata de proteger derechos fundamentales de sujetos de especial protección o de población vulnerable, el juez debe conducir el proceso a la utilización de mayores recursos para efecto de construir un concepto claro sobre el caso y la situación a la que se enfrenta, y asegurar el acceso efectivo a la administración de justicia de los accionantes.

22. De ese modo las afirmaciones sobre el acervo probatorio se tornan contradictorias entre sí y hacen cuestionable el hecho de que el juez no haya hecho uso de las facultades probatorias que le asisten para aproximarse a la situación.

    Por un lado, se estimó suficiente la prueba sobre la condición particular de los accionantes y con base en este argumento se desestimó la solicitud de inspección judicial. Pero al mismo tiempo se planteó que la improcedencia deviene de la ausencia de prueba sobre la afectación de los derechos de los interesados, aun cuando fueron ellos quienes, por un lado, manifestaron su falta de recursos para probar y, por el otro, pidieron la inspección judicial, que se negó en revisión.

23. Finalmente, la decisión de la improcedencia se apoya en que los actores no argumentaron por qué la acción popular no es el medio idóneo para lograr la protección de sus derechos. No obstante lo anterior, consideró que ellos si lo hicieron. Lo plantearon en el escrito de tutela y en el de impugnación, en el que además se concentraron en señalar que los tiempos para su definición son excesivos y que en nada aporta al amparo de sus propios derechos fundamentales, por no estar orientada para ese fin. Los actores aseguran que la acción popular que cursa actualmente, sobre uno de los caños de la región se interpuso en 2012 y a la fecha no ha servido para proteger los derechos, luego concluyen que, además de no ser idónea, no es efectiva.

    Por lo tanto, para mí este argumento genera una contradicción contundente entre lo manifestado por los accionantes y lo valorado por la S., no porque haya diversas interpretaciones de un mismo punto, sino porque se hizo caso omiso a sus argumentos y se les dio otro alcance.

    Quinta razón: El análisis sobre las pretensiones en los casos en que converjen afectaciones a derechos fundamentales y colectivos, incrementa las cargas para los actores y desconoce el carácter público de la acción de tutela

24. La posición mayoritaria de la S. planteó que cada vez que se advierta una posible convergencia entre afectaciones colectivas y ius fundamentales, según los planteamientos de la sentencia SU-1116 de 2001, el juez de tutela ha de analizar: (i) la conexidad; (ii) la legitimación, (iii) la prueba sobre la amenaza o la vulneración, y (iv) los efectos de la orden judicial.

    En relación con este último elemento, los efectos de la orden judicial, la sentencia de la que me aparto afirma que estos deben orientarse a la protección de derechos fundamentales y no a intereses colectivos. Si bien se trata de una restricción a la potestad del juez de tutela para adoptar remedios al tratar de conjurar una situación de desconocimiento de derechos fundamentales, la posición mayoritaria de la S. consideró que debe traducirse en un límite para la presentación de las pretensiones por parte de los accionantes.

    Se argumentó que las pretensiones no pueden desnaturalizar la acción, de modo que los accionantes deben abstenerse de buscar a través de la tutela medidas generales y estructurales, para desviar el objeto de protección del amparo. Ello necesariamente implica una exigencia a los actores que no deben soportar, pues ellos pueden hacer las peticiones que estimen conveniente hacer, desde su conocimiento y aproximación a los hechos y a los derechos. Sus pretensiones no invalidan la petición de amparo. Es deber del juez enfocar las solicitudes y resolver el caso de conformidad con la naturaleza propia de la acción de tutela.

    Sobre el particular la sentencia, a través de un cuadro, presentó una relación de las pretensiones de los accionantes y las calificó como solicitudes de amparo enfocadas únicamente en la protección de un derecho colectivo (incluso aquellas relacionadas con el agua, la alimentación y el trabajo), sin motivar esa categorización. Concluyó que la acción de tutela se tornaba improcedente porque los accionantes le hicieron al juez de tutela solicitudes encaminadas no propiamente a satisfacer sus derechos fundamentales.

25. Esta conclusión, implica el traslado de los deberes del juez constitucional (definir el alcance de los derechos con base en los hechos y limitar los efectos de la orden por emitir) a la parte accionante, bajo el argumento de que “Tratándose de una restricción a las facultades del juez de tutela, cabe al mismo tiempo sostener que es un límite a las pretensiones de los accionantes. En esa dirección, no pueden estos últimos, sin desnaturalizarla, acudir a la acción de tutela para promover la adopción de medidas generales y estructurales dirigidas fundamentalmente a la protección de derechos colectivos, sin interponer previamente la acción popular dispuesta para tal efecto por el ordenamiento constitucional”.

    Respetuosamente me aparto de esta conclusión porque asumirlo así, implica esperar del actor un conocimiento especializado que no es requisito para el ejercicio de la acción de tutela. Se transforma la acción de tutela en un medio judicial que debe activarse, en la práctica, por profesionales del derecho, en contravía de lo dispuesto por el constituyente, de la eficacia de los derechos fundamentales y en detrimento del derecho a la administración de justicia.

    Sexta razón: Este asunto implica una solución estructural y no es reprochable que los actores solicitaran medidas de este tipo

26. En este asunto se presentan elementos propios de los casos en los que se requieren medidas estructurales en tanto: (i) la causa es la desarticulación institucional para enfrentar la problemática que genera la lesión masiva y generalizada de los derechos de los habitantes de los pueblos palafitos y pesqueros de la CGSM; (ii) las respuestas institucionales revelan la ausencia de compromisos puntuales y la falta de certeza sobre las competencias particulares de las distintas entidades; (iii) uno de los factores que limitan la respuesta institucional es la falta de recursos suficientes; (iv) la dimensión objetiva de los derechos fundamentales está comprometida, por la indefinición de responsabilidades institucionales.

    Todo ello desemboca en una vulneración de derechos fundamentales masiva (de los habitantes de pueblos palafitos que ejercen la pesca artesanal y que se encuentran en una condición socioeconómica apremiante) y generalizada (en tanto se presenta en toda la región afectada), que se ha mantenido en el tiempo, cuando menos desde el último quinquenio del siglo pasado y que no tiene respuestas efectivas hasta el momento.

27. Los accionantes lo reconocieron así y lejos de solicitar remedios para responder a intereses colectivos, comprendieron que la satisfacción de sus derechos fundamentales no puede materializarse mediante órdenes simples, pues está mediada por factores que trascienden una orden puntual dirigida a una entidad específica e individualmente considerada. Identificaron la causa de la afectación a sus intereses particulares en las condiciones de la CGSM y, para resolver la situación, solicitaron órdenes dirigidas a asegurar el flujo de agua dulce y salada.

28. Sin embargo, la sentencia sostiene que “buscan solucionar los problemas estructurales ambientales, es decir, proteger el derecho colectivo al medio ambiente de todos los habitantes de la CGSM para lo cual la Constitución dispone como medio de protección judicial principal la acción popular”. Al respecto, me permito hacer las siguientes precisiones:

    28.1. La estructuralidad del caso no implica la improcedencia de la acción de tutela, pues no es cierto que en los casos difíciles por la complejidad de los elementos que conducen a la vulneración de derechos, se debatan intereses netamente colectivos y que, por lo tanto, los asuntos de este tipo deban ser tramitados mediante la acción popular. No es cierto que la naturaleza de la acción popular sea la de resolver casos estructurales. Su objeto se enmarca en los derechos colectivos, sin tener en cuenta si hay masividad y generalidad en las afectaciones.

    28.2. Correlativamente, tampoco es cierto que los casos estructurales no puedan debatirse mediante la acción de tutela. Al respecto basta recordar que la Corte, a través de sus distintas salas de revisión, ha declarado varios estados de cosas inconstitucionales que no son más que casos estructurales de afectación a derechos fundamentales. Ejemplo de ello son las S.encias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, en materia penitenciaria y carcelaria.

    La estructuralidad del caso no tiene ninguna relación con el tipo de derechos que están en controversia. Creo que la sentencia genera una confusión conceptual entre los casos difíciles que requieren medidas estructurales y los casos que debaten el compromiso de derechos colectivos, cuando son distintos y cuando en ningún caso se oponen a la protección de los derechos fundamentales.

    Séptima razón: Los argumentos en relación con la legitimación por pasiva, comprometen el orden constitucional vigente

29. En el análisis sobre la capacidad del Consorcio Ciénaga Grande, la Unión Temporal Río F. y la empresa Servicio de Dragados y Construcciones S.A. para comparecer al proceso como parte demandada, la sentencia adujo que (i) “la S. no encuentra que se configure” alguno de los supuestos en los que la acción de tutela procede contra particulares, sin motivar esa conclusión; y (ii) como quiera que dichas empresas están encargadas de la “recuperación y conservación de los caños” a través de un contrato, toda vez que su cumplimiento no puede ser objeto de debate en esta Corporación, el debate escapa al conocimiento de ella.

30. Sobre lo primero, el razonamiento de la mayoría de la S. no se hizo explícito en la sentencia y en esa medida creo que faltó motivar la decisión, grave deficiencia si se tiene en cuenta que la motivación del fallo es uno de los derroteros de la actividad judicial en el marco del Estado de Social y Democrático de Derecho. La S. perdió de vista que una cosa es que la acción proceda contra alguien y otra, completamente diferente, es que la persona demandada esté llamada a satisfacer las pretensiones del actor, por haber comprometido sus derechos, lo que corresponde a un análisis de fondo.

31. Respecto de la legitimación por pasiva de las personas de derecho privado que fueron demandadas, la sentencia destaca acertadamente que la tutela no es el mecanismo judicial diseñado para definir si los contratos que les fueron adjudicados a esas empresas han sido cumplidos o incumplidos, pero es importante destacar que la existencia de un contrato, por si misma, no descarta la intervención del juez constitucional. El objetivo de este último, si bien no es evaluar el cumplimiento del contrato, su existencia no impide que el juez de tutela se pronuncie sobre si se han, o no, afectado los derechos fundamentales, al margen del cumplimiento. La sentencia así concebida, lleva implícita una regla que desconoce y limita la competencia del juez constitucional, sin razón.

    La simple existencia de un contrato de cualquier naturaleza no puede limitar la competencia del juez constitucional para examinar una situación determinada y no tiene la potestad de excluir a un demandado por legitimación por pasiva. Asumirlo así sería desconocer que la Constitución, como norma de normas y cúspide del sistema de fuentes colombiano, irradia incluso las relaciones contractuales entre particulares. Así las cosas, aunque exista un contrato, el análisis constitucional puede cobijarlo. La conclusión contraria deriva de una mirada reduccionista del carácter normativo de la Constitución, de los contratos, de los derechos fundamentales, de las relaciones sociales y de la conexión entre ellos.

    Un contrato, cualquiera que sea, no puede servir para presumir que el juez de tutela, forzosamente, tiene que inspeccionar si aquel se ha cumplido o no. Es cierto, ese juicio no le compete a él, como sí al juez ordinario. Lo que no es cierto es que cuando una parte haya firmado un contrato deba ser excluida de un juicio de tutela, para preservar la competencia del juez ordinario. No comparto esa aproximación si se tiene en cuenta que existen casos relacionados con la prestación de servicios ligados al ejercicio de derechos fundamentales (p.ej. salud y educación), en los que la existencia del contrato es irrelevante desde el punto de vista de los derechos fundamentales, como debió asumirse en este asunto, a mi modo de ver.

    Claramente, el debate no era el cumplimiento de los contratos para el dragado de los caños de la CGSM, sino la efectividad de los mismos y su incidencia en la ecorregión, y por esa vía en el ejercicio de los derechos fundamentales de los accionantes.

    Contrario a lo manifestado en la sentencia, conforme mi postura, el interés de las personas jurídicas de derecho privado demandadas saltaba a la vista, si se aprecian las acusaciones de los demandantes sobre la falta de información y de técnica para el dragado de los caños. Si se tiene en cuenta el conjunto de las pretensiones de los demandantes, las mismas involucraban el dragado y el mantenimiento de los caños del que depende en buena medida en intercambio hídrico en la zona, por lo que era imperiosa la participación de estas entidades en el trámite constitucional. Ya la conclusión sobre si hubo o no afectación a los derechos de los actores, debió ser producto de un análisis de fondo y no de la falta de legitimación por pasiva de dichas entidades.

32. Me preocupa la concepción según la cual la mera existencia de contratos en situaciones en las que se predica la afectación a las garantías constitucionales, al momento del análisis formal de procedencia, pueda excluir a sus suscriptores en aras de preservar la competencia del juez ordinario. Esto no es un asunto menor si se considera que, en últimas, altera el sistema de fuentes del derecho en Colombia al ubicar el contrato, por encima de la Constitución y de la ley, con lo que los intereses contractuales privados, resultarían exonerados de un análisis constitucional de sus efectos sobre los derechos fundamentales. Ello a mi juicio constituye una interpretación constitucional que no es razonable.

33. Visto el asunto desde esta óptica y con fundamento en todo lo anteriormente expuesto me aparto de la decisión adoptada en el caso de la referencia mediante la S.encia T-596 de 2017, bajo la convicción de que los razonamientos que llevaron a concluir que la acción de tutela era improcedente no son de recibo en el caso concreto y, por el contrario, la afectación de los derechos fundamentales de los accionantes estaba probada.

    Fecha ut supra

    G.S.O.D.

    Magistrada

    [1] Ver anexo 1.

    [2] Ver lista de los accionados en el Anexo 1.

    [3] Artículo 79 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

    [4] Artículo 1 de la Constitución Política: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

    [5] Artículo 11 de la Constitución Política: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

    [6] Artículo 25 de la Constitución Política: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

    [7] Artículo 26 de la Constitución Política: “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.”

    [8] Artículo 65 de la Constitución Política: “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.

    [9] Artículo 79 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

    [10] Artículo 366 de la Constitución Política: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.

    [11] La Convención R. es un tratado intergubernamental para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Colombia es parte de la Convención y, fue aprobada por medio de la Ley 357 de 1997.

    [12] Decreto 224 de 1998 del M.isterio de Medio Ambiente (Por el cual se designa un humedal para ser incluido en la lista de humedales de importancia internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997).

    [13] F. 2 del cuaderno primero.

    [14] Conjunto de personas que habitan viviendas construidas en aguas tranquilas.

    [15] F. 3 del cuaderno primero.

    [16] F. 3 del cuaderno primero.

    [17] F. 3 del cuaderno primero.

    [18]El contrato No. 064 de 2012 entre C. y Servicios de Dragados y Construcciones S.A. cuyo objeto era “la recuperación de los caños y obras complementarias del complejo deltaico estuarino del R.M. en el Departamento del M.”; y el contrato No. 093 de 2014 cuyo objeto era “contratar las obras de recuperación y mantenimiento de caños principales y secundarios del complejo deltaico estuarino Ciénaga Grande de S.M.” (F. 4ª del cuaderno primero).

    [19] F. 5 del cuaderno primero.

    [20] F. 6 del cuaderno primero.

    [21] F. 8ª del cuaderno primero.

    [22] F. 9 del cuaderno primero.

    [23] F. 194 del cuaderno tercero.

    [24] Ver R.icado No. 47001233100020120004101. Particularmente, la accionante solicitó que se declare a la Corporación Autónoma Regional del M.(.), al Departamento del M. y a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de M. (Cormagdalena) responsables por no realizar un adecuado mantenimiento a lo largo del caño de Aguas Negras y al no reconstruir los muros de contención, taludes o jarillones, a fin de evitar que en la época de lluvias, a raíz de la sedimentación y del mal estado de los taludes o levantes, el agua del canal se desborde causando daños a la zona rural y urbana del Municipio de Sitio Nuevo (M..), por no desarrollar las obras de mantenimiento o actividades necesarias para que cese el peligro y la amenaza a que han sometido a estar expuestos los habitantes de toda la zona que rodea el caño”. Y en consecuencia, solicitó que se ordene a esas entidades a la reconstrucción de taludes, jarillones a lo largo del caño de Aguas Negras y a efectuar el dragado del caño de aguas negras para evitar las inundaciones (Tribunal Administrativo del M.. S.encia del 24 de abril de 2013. P.. 2).

    [25] Concretamente, el Tribunal Administrativo del M. resolvió: “PRIMERO. AMPARAR el derecho colectivo de la población del Municipio de Sitio Nuevo (M..) a “el acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, contenido en el literal h) del artículo 4to de la Ley 472 de 1998, de conformidad a las consideraciones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, SEGUNDO. ORDENAR al Gerente de la Corporación Autónoma Regional del M.C., que “En el término perentorio e improrrogable de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, se sirva iniciar todos los trámites administrativos, presupuestales y contractuales pertinentes, a fin de ejecutar las obras de mantenimiento y conservación del caño Aguas Negras ubicado en el Municipio de Sitio Nuevo (M..) tendientes a efectuar el dragado TOTAL y PERIÓDICO del canal de aguas para el retiro programado de sedimentación que allí se acumula, así como el retiro manual de desechos naturales como madera, troncos y maleza, a lo largo y ancho de toda la longitud que comprende el caño Aguas Negras. TERCERO: AMPARAR el derecho colectivo de la población del Municipio de Sitio Nuevo (M..) a la “seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente contenido en el literal l) del artículo 4to de la Ley 472 de 1998, de conformidad a las consideraciones que fueron expuestas en la parte motiva de ésta providencia…” (Tribunal Administrativo del M.. S.encia del 24 de abril de 2013. P.. 27.).

    [26] R.d.P.O. (Defensora del Pueblo –Regional M. (e).

    [27] F. 279 del cuaderno segundo.

    [28] F. 280 del cuaderno segundo.

    [29] F. 283 del cuaderno segundo.

    [30] F. 284 del cuaderno segundo.

    [31] F. 281 del cuaderno segundo.

    [32] F. 35ª del cuaderno primero.

    [33] F. 36 del cuaderno primero.

    [34] F. 37ª del cuaderno primero.

    [35] J.L.J.R.(. 72 especializada).

    [36] F. 162-163 del cuaderno primero.

    [37] N.E.C.L.(.apoderada judicial de C.).

    [38] F. 203 del cuaderno primero.

    [39] F. 203 del cuaderno primero.

    [40] F. 205 del cuaderno primero.

    [41] F.s 212-214 del cuaderno primero.

    [42] F. 258 del cuaderno primero.

    [43] F.s 278-290 del cuaderno primero.

    [44] F. 307-319 del cuaderno primero.

    [45] F. 216.del cuaderno primero.

    [46] Este Comité se encuentra conformado por: (i) el Gobernador del Departamento de M.; (ii) el Director de C.; (iii) el M.istro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; (iv) el Procurador para Asuntos Ambientales y Agrarios; (v) el Procurador 13 Judicial Agrario del M.; (vi) el C. de la Policía Metropolitana de S.M., Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo; (vii) el C. Batallón C.; (viii) el Capitán de Puerto de S.M.; (ix) el Subgerente de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (I.); (x) el Director de Fiscalías Sección M.; (xi) el Defensor del Pueblo Regional de M.; (xii) el Director Territorial de Parques Naturales Nacionales; (xiii) los Alcaldes de los Municipios vinculados a la ecorregión CGSM; (xiv) Director de Invemar; (xv) Director de AUNAP; (xvi) el Director del DPS; (xvii) el Director Territorial del Atlántico de la Unidad de Restitución y Reparación Integral a la víctimas; (xviii) el Director Territorial Atlántico de la Unidad de Restitución de Tierras; (xix) el Director de I.; (xx) el Director del IGAC; (xxi) el Director de la Superintendencia de Notariado y Registro y (xxi) un representante de la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos.

    [47] F. 219 del cuaderno primero.

    [48] F. 223 del cuaderno primero.

    [49] F. 226 del cuaderno primero.

    [50] L.A.Q.R. (apoderado judicial de la AUNAP).

    [51] F. 396 del cuaderno primero.

    [52] F. 397 del cuaderno primero.

    [53] F. 399 y 400 del cuaderno primero.

    [54] F.4., 417, 532 y 663 del cuaderno primero y folio 170, 243 y 570 del cuaderno segundo.

    [55] E.D.G.(. del Grupo de Atención de Procesos Judiciales).

    [56] F. 422 del cuaderno primero.

    [57] F. 423 del cuaderno primero.

    [58] J.E.E.S.(. 13 II Ambiental y agrario del M..

    [59] F.s 429-460 del cuaderno primero.

    [60] F. 445 del cuaderno primero.

    [61] F. 445 del cuaderno primero.

    [62] F. 452 del cuaderno primero.

    [63] F. 453 del cuaderno primero.

    [64] F. 453 del cuaderno primero.

    [65] H.O. Conrado (apoderado judicial del Departamento).

    [66] F. 515 del cuaderno primero.

    [67] F. 516 del cuaderno primero.

    [68] I..

    [69] I..

    [70] F. 517 y 518 del cuaderno primero.

    [71] J.C.A.P. (apoderado judicial de PNN).

    [72] F. 562 del cuaderno primero.

    [73] F. 562 del cuaderno primero.

    [74] F. 563 y 564 del cuaderno primero.

    [75] I.M.T. Ahumada (asesora jurídica del Municipio).

    [76] F. 579 del cuaderno primero.

    [77] Á.P.G. (apoderado judicial de la Alcaldía Municipal de Z..

    [78] F. 643 del cuaderno primero.

    [79] H.D.T.R. (jefe de la oficina jurídica del M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

    [80] F. 29 y 30 del cuaderno segundo.

    [81] F. 496 del cuaderno segundo.

    [82] F. 33 del cuaderno segundo.

    [83] F. 498 del cuaderno segundo.

    [84] F. 498 del cuaderno segundo.

    [85] F. 498 del cuaderno segundo.

    [86] Esto se hizo a través del Decreto 224 de 1998 y modificado por el Decreto 3888 de 2009.

    [87] F. 35 y 36 del cuaderno segundo y folio 494 del cuaderno segundo.

    [88] F. 36 del cuaderno segundo.

    [89] F. 39 y 40 del cuaderno segundo.

    [90] F. 50 del cuaderno segundo.

    [91] Carolina Montes Cortes (Contralora Delegada para el sector Medio Ambiente).

    [92] F. 97 y 98 del cuaderno segundo.

    [93] F. 98ª del cuaderno segundo.

    [94] J.J.R.A.(. Policía Departamento del M..

    [95] F. 172-177 del cuaderno segundo.

    [96] H.F.C.(. Policía Metropolitana de S.M. E).

    [97] F. 329 del cuaderno segundo.

    [98] P.J.O.C. (Alcalde Municipal).

    [99] F. 528 del cuaderno segundo.

    [100] F. 529 del cuaderno segundo.

    [101] F. 531 del cuaderno segundo.

    [102] F. 534 del cuaderno segundo.

    [103] J.A.P.F.(.M..

    [104] F. 233 del cuaderno segundo.

    [105] F. 233 del cuaderno segundo.

    [106] I..

    [107] F. 234 del cuaderno segundo.

    [108] F. 234 del cuaderno segundo.

    [109] F. 235 del cuaderno segundo.

    [110] F. 235 del cuaderno segundo.

    [111] F. 373 del cuaderno segundo.

    [112] F. 373 del cuaderno segundo.

    [113] F. 364 y 373 del cuaderno segundo.

    [114] F. 536 del cuaderno segundo.

    [115] F. 539 del cuaderno segundo.

    [116] F. 539 y 540 del cuaderno segundo.

    [117] F. 541 del cuaderno segundo.

    [118] F. 543 del cuaderno segundo.

    [119] F. 546 del cuaderno segundo.

    [120] F. 7 del cuaderno tercero.

    [121] F. 28 del cuaderno tercero.

    [122] F. 29ª del cuaderno tercero.

    [123] F.s 133-135 del cuaderno cuarto.

    [124] El Auto fue comunicado a las partes mediante los oficios OPTB-1778/17 a OPTB 1808/17 del 1 de junio de 2017 por la Secretaría General de la Corte Constitucional.

    [125] F. 176 del cuaderno cuarto.

    [126] Es importante resaltar que el accionante reclamó que a ellos solo les concedieron tres (3) días para contestar, mientras que a las entidades públicas se les otorgaron siete (7) días.

    [127] F. 177 del cuaderno cuarto.

    [128] F. 177 y 178 del cuaderno cuarto.

    [129] En respuesta al oficio OPTB 2260/17 recibido por la Secretaría de esta Corte el 30 de agosto de 2017.

    [130] Documento del 16 de junio de 2017 suscrito por H.D.T.R. (apoderado del M.ambiente). Ver folios 191-207 del cuaderno cuarto.

    [131] Documento del 5 de junio de 2017, suscrito por E.D.G.(. del Grupo de Atención de Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica). Ver folios 1-3 del cuaderno quinto.

    [132] Documento sin fecha, suscrito por J.C.A.P. (apoderado de Parques Nacionales Naturales de Colombia). Ver folios 6-9 del cuaderno quinto.

    [133] Documento del 7 de junio de 2017, suscrito por L.A.Q.R.(.J. de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca). Ver folios 10 a 11 del cuaderno quinto.

    [134] El documento del 13 de junio de 2017 fue suscrito por D.A.O. (Contralor Delegado para el Sector Medio Ambiente)

    [135] El documento de junio de 2017 (sin fecha específica) fue suscrito por G.A.B.Z. (Procurador Delegado para Asuntos Ambientales).

    [136] Documento del 12 de junio de 2017 suscrito por J.A.S.S.(. de Fiscalías Nacionales).

    [137] Documento del 15 de junio de 2017 suscrito por S.S.T.(. de la Oficina Jurídica).

    [138] Artículo 172 de la Ley 1753 de 2015: “Con base en la cartografía de humedales que determine el M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el aporte de los institutos de investigación adscritos o vinculados, las autoridades ambientales podrán restringir parcial o totalmente, el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, conforme a los lineamientos definidos por el M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

    El M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá un programa de monitoreo de los ecosistemas que evalúe el estado de conservación de los mismos y priorizará las acciones de manejo sobre aquellos que se definan como estratégicos. En la construcción de este plan, concurrirán los institutos de investigación adscritos o vinculados al M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales. Igualmente la implementación de las acciones estará a cargo de las autoridades ambientales y las entidades territoriales.

    PARÁGRAFO. En todo caso, en humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención RAMSAR no se podrán adelantar las actividades agropecuarias de alto impacto ambiental ni de exploración y explotación de hidrocarburos y de minerales.

    El M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinará la cartografía correspondiente en un plazo no mayor de dos años a partir de la promulgación de la presente ley” (Énfasis añadido).

    [139] F. 44 y 45 del cuaderno cuarto.

    [140] Documento del 13 de junio de 2017 suscrito por G.E.d.T.B..

    [141] Documento del 13 de junio de 2017, suscrito por F.A.A.I.(. General).

    [142] Documento del 13 de junio de 2017 suscrito por J.P.F.(.M..

    [143] Documento de junio de 2017 (sin fecha específica) suscrito por J.H.R.(.O. Jurídica)

    [144] Documento sin fecha suscrito por J.S.V.L.(.M.).

    [145] Documento del 15 de junio de 2017 suscrito por J.N.D.M. (Alcalde Municipal).

    [146] Documento del 14 de junio de 2017, suscrito por F.I.A.S.(. de la Oficina Jurídica).

    [147] Documento del 16 de junio de 2017 suscrito por E. de J.P.D. (Alcalde Municipal).

    [148] Documento sin fecha suscrito por M.M.M. (Alcaldesa Municipal).

    [149] Documento del 13 de junio de 2017, suscrito por E. de J.F.L. (Alcalde Municipal).

    [150] Documento sin fecha suscrito por M. de la Cruz Pacheco (Alcalde Municipal).

    [151] Documento del 16 de junio de 2017, suscrito por E.R.O.(.O. Jurídica).

    [152] Documento con fecha del 24 de julio de 2017, suscrito por S.P.V..

    [153] F. 519 del cuaderno quinto.

    [154] F. 519 del cuaderno quinto.

    [155] F. 519 del cuaderno quinto.

    [156] F. 519ª del cuaderno quinto.

    [157] F. 520 del cuaderno quinto.

    [158] F. 521 del cuaderno quinto.

    [159] F. 521 del cuaderno quinto.

    [160] F. 522 del cuaderno quinto.

    [161] F. 523 del cuaderno quinto.

    [162] F.525 del cuaderno quinto.

    [163] F. 528 del cuaderno quinto.

    [164] F.s 528-529 del cuaderno quinto.

    [165] F. 529 del cuaderno quinto.

    [166] Conforme al artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), la S. hizo uso de su facultad de suspender términos cuando ello fuera necesario. Con base en lo anterior, se profirieron los autos del 22 de junio y 31 de julio de 2017.

    [167] F. 176-178 del cuaderno cuarto.

    [168] F. 10 del cuaderno primero.

    [169] Corte Constitucional. S.encia T-655 de 2011.

    [170] Cf. Corte Constitucional. S.encia T-176ª de 2014.

    [171] Los criterios para evaluar la inmediatez fueron unificados en la S.encia SU-391 de 2016, los cuales exigen analizar: (i) la situación del peticionario; (ii) el momento en que se produce la vulneración (tomando en cuenta si la vulneración se prolongó en el tiempo; (iii) la naturaleza de la vulneración que puede indicar un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración al derecho; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela (por ejemplo haciendo más estricto el análisis cuando se trata de una tutela contra providencia judicial) y (v) los efectos de la tutela (tener en cuenta los efectos de la tutela en los terceros).

    [172] En la S.encia T-1028 de 2010, reiterada por esta S. de Revisión en la S.encia T-676 de 2016 se sostuvo lo siguiente: “(…) a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata”.

    [173] F. 13 del cuaderno primero.

    [174] S.encias SU-1116 de 2001.

    [175] Artículo 88 de la Constitución Política: “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella…”.

    [176] En la S.encia SU-1116 de 2001, se sostuvo lo siguiente: “si la afectación de un interés colectivo implica también la vulneración o amenaza de un derecho fundamental del peticionario, entonces la acción de tutela es procedente, y prevalece sobre las acciones populares, y se convierte en el instrumento idóneo para el amparo de los derechos amenazados”.

    [177] Corte Constitucional. S.encia T-028 de 1993, T-437 de 1992 y T-254 de 1993, entre otras.

    [178] Artículo 1005 del Código Civil: La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costas del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad. Artículo 2358. Las acciones para la reparación del daño proveniente de delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal. Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto. Artículo 2359. Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción.

    [179] Corte Constitucional. S.encia T-437 de 1992. Ver también C-215 de 1999, C-377 de 2002, C-459 de 2004, C-511 de 2004 y C-622 de 2007.

    [180] S.encia C-569 de 2004.

    [181] S.encia C-569 de 2004.

    [182] Consejo de Estado. S. de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 28 de marzo de 2014. Expediente número: AP-25000-23-27-000-2001-90479-01.

    [183] Ver art. 2 de la Ley 472 de 1998.

    [184] Por ejemplo, el artículo 32 de la Ley 472 de 1996 establece las reglas sobre la prueba pericial.

    [185] Consejo de Estado. S. de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 28 de marzo de 2014. Expediente número: AP-25000-23-27-000-2001-90479-01.

    [186] Artículo 25 de Ley 472 de 1996: “Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las siguientes: a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando; b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas; d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medias urgentes a tomar para mitigarlo. Parágrafo 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso. Parágrafo 2o. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado”.

    [187] Artículo 27 de la Ley 472 de 1998.

    [188] Artículo 28 de la Ley 472 de 1998.

    [189] S.encia T-1451 de 2000.

    [190] Consejo de Estado. S. de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 28 de marzo de 2014. Expediente número: AP-25000-23-27-000-2001-90479-01.

    [191] La expresión “perturbación” surgió en la S.encia T-437 de 1992. La razón de utilizar perturbación en lugar de violación, es que el juez de tutela en la valoración de los requisitos de procedencia para verificar que la conexidad, no tiene que probar la violación al derecho colectivo –lo que le corresponde al juez popular–, sino que le basta asumir un estándar más flexible, como constatar la perturbación.

    [192] Corte Constitucional. S.encia T-218 de 2017.

    [193] Así lo expresó recientemente esta S. en la S.encia T-218 de 2017 al indicar: “(…) Las autoridades judiciales no pueden entonces limitarse a desestimar una acción de tutela con el único argumento de que en ella se plantean asuntos relacionados con derechos e intereses colectivos. Pero tampoco pueden, desconociendo el carácter subsidiario de esta acción, afirmar su procedencia generalizada en casos que tengan que ver con derechos e intereses colectivos. Para evitar ambos extremos (que van en contravía de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 de la Constitución), las autoridades judiciales deben tener en cuenta distintas pautas para determinar si, a pesar de que un caso específico plantee hechos que tienen relación con derechos e interés colectivos, puede en todo caso ser procedente la tutela”.

    [194] Por ejemplo, en la S.encia T-415 de 1992 se dijo que “la Corte examinó la solicitud de Fundepúblico, en representación de las juntas de acción comunal de los barrios La Planta y Cocicoinpa en el municipio de Bugalagrande, Valle, que alegaba la amenaza del derecho al ambiente sano por las actuaciones de una compañía que tenía una planta de mezcla asfáltica que extraía materiales del río Bugalagrande, sin contar con los requisitos básicos que exigían las leyes sobre sanidad ambiental. Este Tribunal decidió amparar el derecho en tanto constató que existía una conexidad entre el derecho al ambiente sano y los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la salubridad”.

    [195] En la S.encia T-437 de 1992 se dijo que “Desde este punto de análisis se considera que una acción de tutela instaurada por persona directa y ciertamente afectada (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991) puede prosperar en casos como el que se estudia, claro está sobre la base de una prueba fehaciente sobre el daño soportado por el solicitante o respecto de la amenaza concreta por él afrontada en el campo de sus derechos fundamentales (artículo 18 Decreto 2591 de 1991). Igualmente deberá acreditarse el nexo causal existente entre el motivo alegado por el peticionario para la perturbación ambiental y el daño o amenaza que dice padecer. Únicamente de la conjunción de esos tres elementos puede deducirse la procedencia de la acción de tutela para que encaje dentro del artículo 86 de la Constitución”.

    [196] En la S.encia T-1451 de 2000, este Tribunal examinó la acción de tutela instaurada contra el Consorcio encargado de la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la calzada que une a Barranquilla y Ciénaga, ya que luego de que se instalara la tubería del alcantarillado y al dejar en funcionamiento la nueva vía, aparecieron fugas de agua que dejaban en peligro a los habitantes del sector por las contaminaciones del medio ambiente con olores insoportables. La acción de tutela buscaba la protección de los derechos al ambiente sano y a la salud en conexidad con los derechos a la vida, especialmente de dos menores que ya se encontraban enfermas para el momento en que se interpuso la acción. Este Tribunal decidió negar el amparo por no demostrar la afectación directa y real de un derecho fundamental. La providencia reconoció que aunque la Corte había delineado algunos criterios para determinar cuándo es procedente la acción de tutela, como mecanismo para la protección de derechos fundamentales que pueden resultar lesionados por la afectación a un derecho colectivo, “ha sido oscilante, pues lo que en un caso determinado se torna como criterio de procedibilidad, en otros ha dejado de serlo”.

    [197] S.encia SU-1116 de 2001.

    [198] I..

    [199] Corte Constitucional. S.encia SU-1116 de 2001.

    [200] Corte Constitucional. S.encia T-1451 de 2000.

    [201] I..

    [202] Corte Constitucional. S.encia SU-1116 de 2001.

    [203] Corte Constitucional. S.encia SU-1116 de 2001.

    [204] En esta sentencia se examinó el caso de una persona de 75 años que solicitó la protección de sus derechos al medio ambiente sano y a la salud, pues tuvo que soportar el ruido de los establecimientos de comercio del Barrio Restrepo que producían alta contaminación auditiva. La S. concedió transitoriamente la tutela y ordenó a la Secretaría de Ambiente de Bogotá conformar una mesa interinstitucional para que definiera los compromisos de cada entidad, así como sus plazos, los responsables y los métodos para verificar el cumplimiento. En el estudio de procedencia, concluyó la S. que la acción de tutela era procedente como mecanismo de protección transitorio, toda vez que el accionante es un sujeto de especial protección constitucional cuyos problemas auditivos pueden resultar en un perjuicio irremediable.

    [205] En esta providencia la Corte analizó el caso de un accionante que alegó la vulneración a sus derechos a la salud, vida digna y ambiente sano por el rebosamiento de aguas negras y lluvias, las cuales entraban a la vivienda del accionante. La S. ¬declaró procedente la acción de tutela y ordenó, entre otras cosas, el diseño, construcción y operación de la infraestructura necesaria. Según la Corte, se justificaba la intervención del juez de tutela para evitar un perjuicio irremediable debido a que en ese caso la afectación de la salubridad pública generaba afectaciones subjetivas y particulares que pueden desconocer los derechos fundamentales

    [206] La Corte analizó la situación del uso intensivo de métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales que, según los accionantes habrían causado consecuencias nocivas en el medio ambiente, especialmente, en el río Atrato afectando los derechos fundamentales de las comunidades étnicas, así como la vida de menores que fallecieron al ingerir agua contaminada. Consideró, por tanto, relevante ordenar, entre otras cosas, un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato, un plan para evitar daños adicionales a la región y para erradicar las actividades de minería ilegal en la zona y uno para recuperar las formas tradicionales de subsistencia.

    [207] En este caso varias personas solicitaron la protección de sus derechos a la vida digna, a un ambiente sano y a la intimidad, pues varios establecimientos de comercio (bares y discotecas) no cumplían con los niveles de ruido permitidos. Los criterios que utilizó en ese caso para decidir a favor de la procedencia de la tutela como mecanismo definitivo consistieron en que se solicitaba la protección de derechos que no podían ser amparados en el marco de la acción popular, como el derecho a la intimidad y a la tranquilidad por tratarse de derechos individuales, así como el hecho de que la afectación de los derechos seguía presentándose con el paso del tiempo. Por lo anterior, se ordenó a los dueños de los establecimientos de comercio que cumplieran con la insonorización del lugar y cumplan los requisitos legales en materia de ruido.

    [208] En esa oportunidad, este Tribunal analizó la solicitud de amparo de los derechos a la vida y a la educación por la afectación a un interés colectivo de un habitante del municipio de Belén debido a que las autoridades no habían construido un puente requerido por los habitantes para cruzar el río de Pescado y la quebrada Las Verdes. La S. amparó los derechos fundamentales del accionado ordenando a la Alcaldía Municipal de Belén que culminara con celeridad la obra adelantada sobre la quebrada las Verdes y que diseñara un plan específico que asegurara a la comunidad la construcción definitiva y permanente de un puente con ese propósito.

    [209] La Corte examinó el caso de doce madres comunitarias, en calidad de agentes oficiosas de 128 niños del corregimiento de San Anterito en el Departamento de C. para amparar sus derechos a la dignidad, a la salud y al agua por la ausencia del servicio de acueducto, por lo cual solicitaron que se ordenara el suministro de 50 litros de agua diarios para cada niño y se dispusiera de los recursos necesarios para la construcción del acueducto.

    [210] La S. sostuvo que la acción popular era el medio idóneo para la protección de tales derechos en conexidad con el medio ambiente sano, principalmente porque en su trámite es posible (i) solicitar medidas cautelares para que suspendan el uso de los explosivos; (ii) adelantar un adecuado debate probatorio relacionado con las vibraciones derivadas de las explosiones; (iii) obtener elementos probatorios con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

    [211] Ver, entre otros, el Informe de la Misión R. de Asesoramiento No. 82 allegado por el M.isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en respuesta al oficio OPTB-2201/17 y escrito presentado por WWF Colombia folios 85-94 del cuaderno cuarto e intervención de la Interamerican Association for Environmental Defense, folios 96-121 del cuaderno cuarto..

    [212] F. 23 del cuaderno cuarto.

    [213] La AUNAP afirmó que “verificando en la base de datos no se encuentra ningún tipo de permiso a nombre de los señores E.J.C.S. cc 12.653.342 y A.C.S.M. cc 5.114.155” (F. 23 del cuaderno quinto).

    [214] F. 10 del cuaderno primero.

    [215] Así lo han informado los accionantes en el folio 176 del cuaderno cuarto.

    [216] Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 55 de diciembre de 2008. USB en el cuaderno primero. Cf. CD aportado con la demanda.

    [217] Invemar. Informe Técnico Final Monitoreo de Condiciones Ambientales y los Cambios Estructurales y Funcionales de las Comunidades Vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de S.M.. 2015. Volumen 14. Cf. CD aportado con la demanda.

    [218] Informe del recorrido de prevención, vigilancia y control realizado en el marco del Comité Interinstitucional de la Ciénaga Grande de S.M. (Junio 2015). USB del cuaderno primero. Cf. CD aportado con la demanda.

    [219] Parques Naturales. Informe del estado de la situación ambiental de la SFF CGSM. USB del cuaderno primero. Cf. CD aportado con la demanda.

    [220] Segundo Informe de la misión académica a la Ciénaga Grande de S.M.. USB del cuaderno primero. Cf. CD aportado con la demanda.

    [221] F. 12 del cuaderno primero.

    [222] F. 27-29 del cuaderno primero.

    [223] Tribunal Administrativo del M.. S.encia 13 de marzo de 2013. P.. 26.

    [224] Corte Constitucional. S.encia SU-1116 de 2001.

    [225] Corte Constitucional. S.encia T-362 de 2014.

    [226] Ver, entre otras, Consejo de Estado. S. de los Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 18 de septiembre de 2014. Consejo de Estado. S. de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 18 de septiembre de 2014. Consejo de Estado. S. de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 16 de octubre de 2014. Consejo de Estado. S. de los Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 22 de enero de 2015. Consejo de Estado. S. de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 5 de febrero de 2015. Consejo de Estado. S. de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 12 de febrero de 2015. Consejo de Estado. S. de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. S.encia del 28 de marzo de 2014. Cabe destacar, además, que ya han existido acciones populares, como la del río de Bogotá y aquellas citadas en la nota al pie 239, cuyas órdenes plantean soluciones estructurales y suficientes a problemáticas ambientales complejas similares a la estudiada en este proceso de tutela. Por ejemplo, el Consejo de Estado, en su calidad de juez popular, ha ordenado medidas estructurales, tales como: (i) la construcción de un observatorio regional ambiental y de desarrollo sostenible del río Bogotá, (ii) la constitución de un sistema de información ambiental sobre el río Bogotá; (iii) la identificación de las zonas para identificar los diferentes usos en los terrenos colindantes con el río de Bogotá; (iv) la actualización del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Bogotá, (v) el asesoramiento y modificación de los POTs, (vi) el ajuste de los planes de gestión integrada de residuos sólidos, (vii) la implementación de planes de rehabilitación del río, (viii) la creación de un sistema de evaluación del riesgo y valoración del daño ambiental; (ix) la constitución de consejo estratégico para la gerencia de la cuenca; (x) la articulación de los proyectos de adecuación y recuperación hidráulica, (xi) la constitución de un fondo común de cofinanciamiento para la adecuación del río de Bogotá, (xii) la construcción y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales, (xiii) la capacitación a las autoridades sobre el manejo y normas para la protección de los ecosistemas; (xiv) la priorización de líneas de investigación e inclusión de proyectos ambientales en los proyectos escolares, (xv) la capacitación y reubicación laboral de las personas que dejen la actividad de las curtiembres, entre otras órdenes adicionales (CE. S.. 28 de marzo de 2014), (xvi) proceder a mantenimientos periódicos de las cunetas de la vía férrea para evitar el estancamiento de aguas y la afectación al medio ambiente (CE. S.. 18 de septiembre de 2014); (xvii) ordenar al Municipio que elabore un plan de acción para la reubicación que residen sobre la margen derecha de la vía que del Municipio de Manizales conduce al Municipio de Arauca (CE. S.. 18 de septiembre de 2014); (xviii) ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá efectúe el acotamiento de la faja paralela a la fuente hídrica y profiera la decisión dentro del trámite administrativo sancionatorio ambiental (CE. S.. 16 de octubre de 2014); (xix) ordenar al Municipio de Florencia que adelante las gestiones para aplicar el contenido ambiental a las personas naturales y jurídicas que afecten el medio ambiente (CE. S.. 22 de enero de 2015); (xx) ordenar la vigilancia del uso adecuado del suelo y el retiro de la maquinaria de la zona (CE. S.. 5 de febrero de 2015).

    [227] Corte Constitucional. S.encia T-1451 de 2000.

    [228] Ver Anexo 1.

    [229] Suscribieron el documento, junto con los accionantes, los investigadores de D.C.R.G., M.A., D.R., H.D. y G.E.. Ver folios21 a 24 del cuaderno cuarto.

    [230] F. 22 del cuaderno cuarto.

    [231] F. 23 del cuaderno cuarto.

    [232] Cf. F. 22 del cuaderno cuarto.

    [233] Suscribieron el documento M.A.L.A. (investigadora) y V.E.S. (investigador).

    [234] Cf. F. 26 y 27 del cuaderno cuarto.

    [235] Cf. F.s 27 a 37 del cuaderno cuarto.

    [236] F. 29 del cuaderno cuarto.

    [237] F. 34 del cuaderno cuarto.

    [238] F. 35 del cuaderno cuarto

    [239] F.s 37 a 40 del cuaderno cuarto.

    [240] F. 41 del cuaderno cuarto.

    [241] F.s 42 a 43 del cuaderno cuarto-

    [242] F. 44 del cuaderno cuarto.

    [243] Suscrito por G.A.R.(. de la Especialización y Línea de Investigación de Derecho Ambiental); Á.H.M.(. de la Especialización en Derecho Ambiental) y A.G.R.(. de la Especialización en Derecho Ambiental).

    [244] F. 50 del cuaderno cuarto.

    [245] I..

    [246] F. 51 del cuaderno cuarto.

    [247] F. 56 del cuaderno cuarto.

    [248] F. 61 del cuaderno cuarto.

    [249] F. 62 del cuaderno cuarto.

    [250] F. 70 del cuaderno cuarto.

    [251] F. 76 del cuaderno cuarto.

    [252] Documento del 26 de mayo de 2017 y suscrito por M.P.N.G., M.C.C.D., M.M.S., V.S.F. y J.G.R..

    [253] F. 80 del cuaderno cuarto.

    [254] F. 81 del cuaderno cuarto.

    [255] F. 83 del cuaderno cuarto.

    [256] Documento del 26 de mayo de 2017, suscrito por X.B.R., D.V.R. y M.C.L..

    [257] F.s 86 y 87 del cuaderno cuarto.

    [258] F. 88 del cuaderno cuarto.

    [259] F. 89 del cuaderno cuarto.

    [260] Suscrito por G.M., abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (A.).

    [261] F. 99 del cuaderno cuarto.

    [262] F. 100 del cuaderno cuarto.

    [263] F. 101 del cuaderno cuarto.

    [264] F. 101 del cuaderno cuarto.

    [265] Cf. F. 102 del cuaderno cuarto.

    [266] Cf. F. 102 del cuaderno cuarto.

    [267] F. 104 del cuaderno cuarto:

    [268] F. 105 del cuaderno cuarto.

    [269] F. 106 del cuaderno cuarto.

    [270] F. 108 del cuaderno cuarto.

    [271] F. 110 y 111 del cuaderno cuarto:

    [272] F. 111 del cuaderno cuarto.

    [273] F. 113 del cuaderno cuarto.

    [274] F. 114 del cuaderno cuarto.

    [275] F. 114 del cuaderno cuarto.

    [276] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 15.

    [277] Cf. F. 116 del cuaderno cuarto.

    [278] F. 118 del cuaderno cuarto.

    [279] F. 121 del cuaderno cuarto.

    [280] Documento del 12 de julio de 2017, suscrito por J.M.A.I., Cabildo Gobernador del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de S.M..

    [281] F. 360 del cuaderno quinto.

    [282] Cf. F.s 354-365 del cuaderno quinto.

    [283] Documento del 14 de julio de 2017 suscrito por C.R.G. (director), V.N.P. (subdirectora), M.A.C. (investigador), D.R.F. (investigador), H.D.C. (investigador), G.E.B. (investigador) y J.D.M.C. (pasante).

    [284] F. 374 del cuaderno quinto.

    [285] Documento sin fecha suscrito por R.G.B. (exprofesor universitario).

    [286] F. 407 del cuaderno quinto.

    [287] Documento presentado a la Secretaría el 28 de julio de 2017, suscrito por J.C. (Director Ejecutivo) y Victoria Gerbaldo (Investigadora).

    [288] F. 496 del cuaderno quinto.

    [289] F. 500 del cuaderno quinto.

    [290] F. 502 del cuaderno quinto.

    [291] F. 504 del cuaderno quinto.

    [292] F. 508 del cuaderno quinto.

    [293] F. 509 del cuaderno quinto.

    [294] F. 510 del cuaderno quinto.

    [295] F. 512 del cuaderno quinto.

    [296] Así lo solicitaron expresamente los actores en el escrito de tutela, según pudo constatarse de la exploración del expediente en cuestión.

    [297] Por ejemplo, según relatan los accionantes, el 26 de diciembre de 2014 CORPOMAG adjudicó uno a Servicios de Dragados y Construcciones S.A. por valor de $80.625.658.117 sin que haya resultados.

    [298] El actor sostiene que cuenta con ingresos adicionales y que las piscinas de cultivo de peces no funcionan por la misma problemática ambiental de la CGSM.

    [299] Sobre este aspecto, ver la sentencia T-574 de 1996 M.A.M.C. que analizó el compromiso del derecho a la libertad de elección de oficio en Nariño, a causa de la contaminación del agua en donde se practicaba la pesca artesanal.

    [300] Ver: http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/media/2014/12/5/32249/palafitos.html

    [301] S.encia C-215 de 1999. M.M.V.S..

    [302] S.encia T-341 de 2016. M.G.E.M.M..

    [303] Í..

    [304] Cuaderno 1. F. 22 y ss.

    [305] S.encia C-449 de 2015. M.J.I.P.P..

    [306] S.encia T-348 de 2012 M.J.I.P.C.. “Es necesario resaltar el artículo 65, el cual dispone que ‘La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales (…)’. Esta norma muestra indudablemente la protección especial del derecho a la alimentación, desde el punto de vista de la producción de alimentos, dándose prevalencia, entre otras actividades, a la actividad pesquera.”

    [307] MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ficha informativa de los H. RAMSAR. Febrero de 1998. En: https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/CO951RIS.pdf.

    [308] S.encia T-606 de 2015. M.J.I.P.P..

    [309] S.encia T-348 de 2012. M.J.I.P.C..

    [310] P.F., J.. Campesinos y pescadores: un problema de definición. 1997. En el texto se destaca que una de los principales obstáculos para la identificación de las dos categorías es la idea de la pesca como un ejercicio de caza. Por lo demás son conceptos que engloban una misma realidad socioeconómica.

    [311] Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Proyecto de declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Grupo de Trabajo Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Cuarto período de sesiones 15 a 19 de mayo de 2017. En este proyecto se define al campesino como una persona “de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos. // 2. El término campesino puede aplicarse a cualquier persona que se ocupe de la agricultura, la ganadería, la trashumancia, las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en una zona rural. El término abarca a las personas indígenas que trabajan la tierra. // 3. El término campesino también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se consideran personas sin tierra las siguientes categorías de personas, que probablemente se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: // a) Familias de trabajadores agrícolas con poca tierra o sin tierra; // b) Familias no agrícolas en zonas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la prestación de servicios; // c) Otras familias rurales de trashumantes, nómadas, campesinos que practican la agricultura migratoria, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia parecidos.”

    [312] M.L.E.V.S.

    [313] S.encias T-108 de 2008 M.J.C.T. y SU-768 de 2014 M.J.I.P.P..