Auto nº 248/17 de Corte Constitucional, 24 de Mayo de 2017

1. Acción de tutela y antecedentes del caso

   La Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., en adelante CMT, interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la justicia, a la propiedad y a la libre empresa, presuntamente afectados por la Superintendencia de Sociedades Delegada para Procedimientos Mercantiles, en adelante Superintendencia de Sociedades, según los hechos que a continuación son resumidos:

   1.1. Mediante Escritura Pública N° 2895 del 14 de noviembre de 2008 de la Notaría 52 de Bogotá, la Sociedad G.P.S. fue declarada disuelta, por lo que se inició un proceso de liquidación privada.

   1.2. Dentro de los trámites que pretendió gestionar el liquidador privado de la sociedad G.P.S. dentro del proceso de liquidación privada, fue la terminación de un contrato de arrendamiento que había celebrado con la sociedad Operador Portuario Internacional EU por un término de 50 años, sobre un inmueble ubicado en Cartagena, el cual serviría de zona adyacente al desarrollo de una actividad portuaria en el Distrito, contrato que posteriormente fue cedido a CMT (actual accionante).

   1.3. Como el liquidador privado de G.P.S. no logró en el trámite de liquidación privada la terminación del contrato de arrendamiento,[1] decidió, “en esguince a lo acordado en el contrato, solicitar a la Superintendencia de Sociedades que mutara la liquidación privada de G.P.S. en un proceso de liquidación judicial, para verse cobijados por el beneficio contemplado en el numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006”.[2]

   1.4. Sin haberse realizado la liquidación voluntaria antes relacionada, el liquidador de G.P.S., mediante escrito de fecha 1° de noviembre de 2011, radicado bajo el N° 2011-01-322217, presentó solicitud ante la Superintendencia de Sociedades como juez de los concursos judiciales en Colombia, para que admitiera a la Sociedad G.P.S. en liquidación privada, en un proceso de liquidación judicial, bajo el amparo de la Ley 1116 de 2006.

   1.5. La Superintendencia de Sociedades al revisar los documentos aportados por G.P.S., procedió a inadmitir la solicitud mediante auto 405-01792 del 11 de noviembre de 2011. No obstante la inadmisión, la Superintendencia de Sociedades dio aplicación a lo establecido en el artículo 85 del CPC, por lo que confirió un término de 5 días a la Sociedad G.P.S. para que completara la información aludida, so pena de rechazar su solicitud. Dicho auto se notificó por estado el 16 de noviembre de 2011.

   1.6. El apoderado de G.P.S. en liquidación, pasado más de un mes desde la inadmisión de la solicitud de liquidación judicial, aportó los documentos que acreditaban la existencia de las obligaciones a su cargo con más de 90 días de vencidas, sin que hubiesen sido canceladas (la Superintendencia de Sociedades inadmitió la solicitud de liquidación judicial mediante auto 405-01792 del 11 de noviembre de 2011, y confirió término de 5 días para completar la información aludida, so pena de rechazo de la solicitud; dicho auto fue notificado en estado N° 210 del 16 de noviembre de la misma anualidad. Granos P.S. subsanó su solicitud mediante escrito radicado extemporáneamente el 20 de diciembre de 2011).[3]

   1.7. Con fundamento en el estudio del escrito mencionado, la Superintendencia de Sociedades en vez de darle los efectos de rechazo que ordena el artículo 85 del C.P.C., procedió a revisar y verificar los documentos aportados por G.P.S., y expidió el auto N° 400-000836 de 27 de enero de 2012, mediante el cual decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la sociedad, y advirtió que “de conformidad con el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 la declaración de apertura de proceso de liquidación judicial produce la terminación unilateral de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de activos (…)”.

   1.8. Manifiesta la accionante que “la Supersociedades incurrió en vía de hecho por admitir extemporáneamente la solicitud de liquidación judicial, y por evaluar indebidamente las pruebas aportadas por G.P.S. para demostrar los supuestos legales y los requisitos sustanciales mínimos que la legitimaban para acceder a un proceso de liquidación judicial”.[4] Además, arguye que el liquidador privado de G.P.S. al subsanar extemporáneamente la solicitud, procedió a allegar pruebas documentales que no podían servir para que la Superintendencia de Sociedades admitiera a la sociedad en una liquidación judicial.[5]

   1.9. En sede de tutela, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 13 de agosto de 2012, decidió tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la justicia, a la propiedad y a la libre empresa de la accionante,[6] tras considerar que permitir la continuación del trámite de liquidación judicial de la Sociedad G.P.S., constituiría un perjuicio irremediable en cabeza de la accionante, a quien se le vulneraría su derecho al debido proceso, por permitir la liquidación judicial de un contrato innominado, lo cual no está autorizado por la ley.

   1.10. Mediante fallo del 8 de octubre de 2012, la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó el fallo impugnado, y en su lugar denegó el amparo solicitado por la accionante, tras considerar que la presente tutela es improcedente, toda vez que el accionante no interpuso todos los recursos que tenía a su alcance para la defensa de sus derechos, que para este caso era el recurso de reposición.[7]

2. Fundamento de la decisión de la Sentencia SU-773 de 2014

   2.1. Para resolver la cuestión planteada, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió los siguientes temas: primero, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra fallos dictados por la Superintendencia de Sociedades en los procesos de liquidación obligatoria de sociedades;[8] segundo, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales;[9] tercero, el defecto procedimental como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales;[10] cuarto, el derecho al debido proceso;[11] quinto, breve caracterización del proceso de liquidación judicial en Colombia;[12] y sexto, resolvió el caso concreto.

   2.2. Respecto al trámite de liquidación judicial, específicamente en cuanto al tema del auto de admisión a trámite de liquidación judicial de una sociedad, el fallo cuestionado manifestó que la Superintendencia de Sociedades no puede exigir requisitos adicionales a los que la ley determina, ni puede entrar en consideraciones ni análisis relacionados con el contenido de la información para resolver si admite o rechaza la solicitud. Por el contrario, la labor de esa entidad es cerciorarse que la sociedad deudora –quien se va a liquidar- cumpla todos los requisitos, tanto sustanciales como formales, exigidos en la Ley 1116 de 2006 para efectos de su liquidación judicial. Entonces, se dijo que en caso de que no se acrediten los requisitos exigidos para iniciar el trámite de liquidación judicial de una sociedad, la Superintendencia de Sociedades deberá dar plena aplicación de los preceptos legales del Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 85 establece que el término para la subsanación de la demanda es de cinco días, lo que constituye una carga procesal para la parte demandante, la cual debe asumirla, so pena de comprometer el goce efectivo de su derecho al acceso a la justicia.

   2.3. Posteriormente, la Sala pasó a resolver el caso concreto, y determinó que[13] el hecho de que la Superintendencia de Sociedades hubiera admitido a trámite la liquidación judicial de la Sociedad G.P.S. pese a que la subsanación de los requisitos de procedencia tardó más de un mes,[14] y no cinco días como lo consagra la norma en comento,[15] constituye una actuación que adolece de un defecto procedimental absoluto. De lo anterior, concluyó la Sala Plena que la Superintendencia de Sociedades sin razón justificada actuó en contravía de lo ordenado por el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, pues dado que la subsanación de los requisitos de procedencia de la solicitud de liquidación judicial se realizó después de los cinco días de que trata el artículo en mención, la obligación del ente de inspección, vigilancia y control era rechazarla, y no admitirla como efectivamente lo hizo, razón por la que declaró la violación del derecho fundamental al debido proceso de la accionante, ordenando dejar sin efectos la sentencia del 13 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena y el auto N° 400-000836 de 27 de enero de 2012, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de la Sociedad G.P.S.[16]

3. Solicitud de nulidad de la Sentencia SU-773 de 2014

   El apoderado judicial de la Sociedad G.P.S. en liquidación, radicó en la Secretaría General de la Corte Constitucional incidente de nulidad contra la Sentencia SU-773 de 2014, con base en las siguientes causales: i) violación del debido proceso por elusión del análisis de las pruebas con relevancia constitucional para proferir fallo de fondo; ii) violación del debido proceso por no tener como legal la admisión de la demanda a pesar de la subsanación tardía de la solicitud voluntaria de la liquidación judicial de la Sociedad G.P.S.; y iii) violación al debido proceso por desconocimiento del precedente judicial en cuanto a las reglas de competencia judicial en contra de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales.

   Adicionalmente, el apoderado señala que los Magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional están impedidos para adoptar una decisión, por cuanto intervinieron en el fallo cuestionado, por lo que solicitan que ésta sea resuelta por conjueces.

   A continuación se exponen los argumentos presentados por el incidentante.

   3.1. Solicitud previa

   Solicita el apoderado judicial de la Sociedad G.P.S. en liquidación, que “previamente a avocar el conocimiento de la presente solicitud por la Sala Plena, se realicen los nombramientos de conjueces a fin de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad, toda vez que se ha configurado una causal de impedimento sobreviniente a los honorables magistrados de la Sala Plena (…) por haber participado dentro del proceso en la providencia SU-773 de 2014, de la cual se solicita su nulidad”.

   3.2. “Violación del debido proceso por elusión del análisis de las pruebas con relevancia constitucional para proferir fallo de fondo”[17]

   El peticionario señala que la Corte Constitucional omitió analizar el contrato de arriendo suscrito entre la actora CMT S.A. –actual cesionaria- y G.P.S., sobre un lote en la ciudad de Cartagena, pese a que esa era la única prueba de que dicho contrato es falso, pues la firma de la Notaria 32 del Círculo de Bogotá fue adulterada, tal como lo certifica la Superintendencia de Notariado y Registro y la Fiscalía General de la Nación, quien presentó escrito de acusación en contra de los señores R.C.M., J.D.C. y C.A.M.V. –el primero de ellos quien fue Gerente de G.P.S.; y el segundo, quien actualmente es dueño de una empresa que es socia de CMT S.A. En efecto, considera que si la Corte hubiera tenido en cuenta la falsedad de ese contrato, no habría amparado el derecho fundamental al debido proceso de CMT S.A., en desmedro de los derechos de la Sociedad G.P.S. en liquidación.

   Concluye haciendo referencia a que, además de lo anterior, era obligatorio para la Corte Constitucional una revisión del contrato de arrendamiento aludido, ya que repugna a toda lógica que solo diera ventajas a una de las partes (arrendatario), esclavizando a la otra (arrendador) por tiempos prolongados.

   3.3. “Violación del debido proceso por no tener como legal la admisión de la demanda a pesar de la subsanación tardía de la solicitud voluntaria de la liquidación judicial de la Sociedad G.P.S.”

   Para el peticionario CMT S.A. no tenía razón para alegar violación alguna a sus derechos fundamentales, pues el auto que inadmitió la solicitud de liquidación voluntaria de la Sociedad G.P.S. en liquidación, no era legal, toda vez que dentro de la actuación procesal la Superintendencia de Sociedades como juez del concurso liquidatario, o los acreedores de G.P., podían, cuando a bien lo tuvieran, aportar los anexos solicitados y así continuar el proceso. [18] En este orden de ideas, sostiene, la Corte al proferir la Sentencia SU-773 de 2014 omitió dar cumplimiento al mandato del artículo 11 del Código General del Proceso, el cual no permite exigir más requisitos que los que puntualmente manifieste la ley para el inicio de la acción de insolvencia y la apertura del proceso de liquidación judicial en Colombia. Esto por cuanto pasó por alto que los documentos solicitados para la apertura del proceso de insolvencia que originó la inadmisión cuestionada, no eran indispensables para iniciar la liquidación judicial. Adicionalmente, sostiene que la Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia SU-773 de 2014 aplicó una norma inadecuada, como lo es el artículo 9, numeral 1°, de la Ley 1116 de 2006, pues ésta regula los procesos de reorganización empresarial, debiendo aplicar el artículo 49 de la citada ley, que trata particularmente el trámite del proceso de liquidación judicial de insolvencia empresarial o comercial.

   3.4. “Violación al debido proceso por desconocimiento del precedente judicial en cuanto a las reglas de competencia judicial en contra de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales”.

   El peticionario señala que la Sentencia SU-773 de 2014 desconoció el precedente judicial de la Corte Constitucional en materia de las facultades de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, específicamente, respecto a la actuación de la Superintendencia de Sociedades, que en este caso en particular actuó como juez del concurso de la liquidación judicial de la Sociedad G.P.S. Según el incidentante, “el fallo incurrió en nulidad supra legal al aceptar la competencia del Juez Sexto Laboral del Circuito de Cartagena como juez de conocimiento y superior funcional de la Superintendencia de Sociedades, cuando ésta actuaba como Juez Civil del Circuito en el proceso de liquidación judicial de la Sociedad G.P.S., como lo prescribe el artículo 6 de la Ley 1116 de 2006”. Continúa haciendo referencia a que el precedente judicial en esta materia se contrae a lo siguiente: “Si la Superintendencia de Sociedades actúa como juez del concurso en la categoría de Juez Civil del Circuito, a las luces del artículo 6 de la Ley 1116 de 2006, para el conocimiento del proceso concursal de liquidación judicial, el superior funcional es la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de donde se lleve a cabo el concurso, que en el caso de la competencia por tutela, es en donde ocurra la amenaza, el hecho de la violación del derecho o donde se ejecute dicha violación; y no como ocurrió en el presente caso, en el que la presentación de la acción se hizo ante un juez de la misma categoría del circuito”.

   Aunado a lo anterior, sostiene que la Sentencia SU-773 de 2014 desconoció el precedente jurisprudencial de la Sentencia C-415 de 2002,[19] lo cual es a todas luces inadmisible, toda vez que es una línea jurisprudencial que se encuentra en vigor y que es de obligatorio cumplimiento por parte de la Sala Plena y las Salas de Revisión de la Corte Constitucional. Al respecto, cita que el precedente contenido en la sentencia en cuestión es del siguiente tenor:

   “(…) tenemos dos opciones para determinar la autoridad judicial competente para dar trámite al presente asunto. La primera de ellas, es dar una aplicación aislada del numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, y por lo tanto, la competencia radicaría en los jueces del circuito. La segunda, es hacer una interpretación sistemática y dar aplicación a las normas especiales que regulan la competencia en los asuntos en que las Superintendencias cumplen funciones jurisdiccionales. En relación con el primero de los caminos, se llegaría a la conclusión que las tutelas interpuestas en contra de la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de las facultades conferidas bajo el estado de excepción serían conocidas por el juez del circuito, es decir, por la misma autoridad judicial que esta entidad administrativa está reemplazando en forma transitoria. Así mismo. (…) Es por ello que la segunda de las opciones se abre como la posibilidad que más se compasa con la situación excepcional creada bajo el amparo de la agencia social. En esta medida, y teniendo en cuenta que bajo las facultades del estado de emergencia social, la Superintendencia de Sociedades suple en forma transitoria algunas de las competencias asignadas a los jueces del circuito, la acción de tutela interpuesta en el presente asunto, con ocasión de las decisiones proferidas dentro de los procesos de toma de posesión para devolver, debe ser conocida por su superior jerárquico. Por lo anterior, la competencia recae en los Tribunales o Consejos Seccionales de la Judicatura”.

   3.5. Alcance de la solicitud

   N.M.E., obrando en su condición de poderdante dentro del trámite de la referencia, y como apoderado de los accionistas y representante legal de la Sociedad G.P.S. al momento de la presentación de la solicitud de su liquidación judicial, mediante escrito presentado a esta Corporación procedió a “dar alcance a la solicitud de nulidad” mediante las siguientes consideraciones:

   3.5.1. En primer lugar, sostiene que la Corte Constitucional no tuvo en cuenta que la reclamación de la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A. se fundamenta en un contrato de arrendamiento cuya autenticidad se encuentra controvertida dentro de una investigación penal, que en la actualidad está en la etapa de juicio. En ese orden de ideas, manifiesta que llama la atención el hecho de que en la Sentencia SU-773 de 2014 la Corte haya realizado un recuento pormenorizado de las pruebas y de las intervenciones de las personas interesadas, sin hacer mención a los escritos en los que se hace una descripción de la falsedad del referido contrato.

   3.5.2. Por otra parte, expresa que causa curiosidad que el abogado de los señores J.D.C. y C.A.M.V. dentro del juicio que se sigue en su contra por la comisión de los delitos de falsead en documento privado, fraude procesal y abuso de confianza, sea el mismo que representa a la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A. dentro del trámite de liquidación judicial de la sociedad G.P.S. en liquidación.[20]

   3.5.3. Así mismo, aprovechó para poner en conocimiento de la Corte constitucional “el abuso de poder y la extralimitación de las funciones del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, quien ordenó realizar una diligencia de inspección judicial en los términos del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil para verificar el cumplimiento de una actuación que no fue objeto de pronunciamiento dentro del fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional y que cuya realización le corresponde al Dr. R.S. que tampoco era destinatario de orden alguna por parte de dicha Corporación, como ya lo había reconocido el propio despacho”.

La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente caso, según lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.

1. La nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional

   La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que en materia de sentencias de tutela la posibilidad de declarar la nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión solo procede en situaciones excepcionales, que supongan una grave afectación al debido proceso y previo el cumplimiento de una exigente carga argumentativa por parte de quien alega la existencia de una nulidad, explicando de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión adoptada. [21] A esa conclusión llegó la Corte con base en cuatro (4) argumentos principales: (i) el principio de seguridad jurídica y el carácter de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, exigen la defensa de la cosa juzgada constitucional contenida en las sentencias proferidas por esta Corporación;[22] (ii) la solicitud de nulidad de una sentencia de tutela no es un recurso contra ella, pues esta posibilidad está expresamente prohibida por la ley; se trata de una petición que genera un incidente especial y particular porque no se rige por las reglas del procedimiento ordinario, ni contencioso administrativo, en tanto es una figura propia del procedimiento constitucional dirigida a subsanar irregularidades contenidas en la sentencia proferida por una Sala de Revisión de la Corte Constitucional y no a reabrir el debate resuelto en la providencia;[23] (iii) cuando en la sentencia proferida por las Salas de Revisión de la Corte se presentan irregularidades de tal magnitud que desconocen el derecho fundamental al debido proceso;[24] y (iv) cuando se da cumplimiento a una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar clara y expresamente los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión tomada.[25]

2. La Corte Constitucional ha indicado que la solicitud de nulidad procede si se cumplen los requisitos formales y materiales

   2.1. De acuerdo con la jurisprudencia, hay tres requisitos formales que toda solicitud de nulidad debe contener, a saber, oportunidad, legitimación y carga argumentativa. (i) Oportunidad: implica, por un lado, que cuando el vicio se configura antes de la expedición de la decisión, debe ser alegado antes de que ésta sea comunicada.[26] En ese sentido, resultan inadmisibles los argumentos que buscan probar vicios procesales o sustanciales en el trámite procesal de la acción de tutela anterior a la sentencia, en tanto que todos ellos debieron alegarse antes de que fuera proferida la providencia que resuelve en forma definitiva el asunto. En caso contrario, cuando la anomalía se materializa en la providencia, debe ser propuesta dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación;[27](ii) legitimación: el incidente de nulidad debe ser incoado por quien haya sido parte en el trámite de amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión y, [28] (iii) carga argumentativa: quien alega la nulidad de una sentencia de revisión debe explicar de forma clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y la incidencia en la decisión proferida, tendientes a demostrar que la propia sentencia contiene irregularidades que vulneran el debido proceso.[29] Por tanto, no es suficiente el expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada.[30]

   2.2. Ahora bien, materialmente se ha resaltado la excepcionalidad de la nulidad: la jurisprudencia constitucional ha señalado que la nulidad de una sentencia de revisión es excepcional, por lo tanto, adicional a los requisitos formales de admisibilidad.[31] También se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación a este derecho constitucional fundamental por parte de la Sala de Revisión, "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”.[32] (Subraya la Corte).

   2.3. Con base en estas circunstancias, en Auto 031ª de 2012, la Corte identificó algunos casos en que la vulneración reúne esas características,[33] así por ejemplo señaló:

   “Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. El artículo 34 del decreto 2591 de 1991 establece que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena; en consecuencia, si una de las salas de revisión se apropia de esa función, se extralimita en el ejercicio de sus competencias con una grave violación al debido proceso.[34] Sin embargo, no toda discrepancia implica cambio de jurisprudencia, puesto que ella debe guardar relación directa con la ratio decidendi de la sentencia de la cual se predica la modificación;[35] en caso contrario, “[L]as situaciones fácticas y jurídicas analizadas en una sentencia de una Sala de Revisión y que sirven de fundamento para proferir un fallo son intangibles, porque son connaturales a la libertad, autonomía e independencia que posee el juez para evaluarlas y juzgarlas.”[36]

   - Cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.[37]

   - Cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;[38] igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación.

   - Cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso.[39]

   - Cuando la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.[40]” [41]

   2.4. En este orden, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas con ocasión de un trámite de revisión de esta Corte, deben ser entendidas como un trámite basado en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional.[42] Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental aludido.[43] Por tanto, cualquier inconformidad con la interpretación realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituyen fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”.[44]

3. Asuntos previos

   3.1. La solicitud previa presentada por el apoderado judicial de la Sociedad G.P.S. señala que “la Sala Plena antes de avocar el conocimiento de esta nulidad, nombre los respectivos conjueces a fin de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad, toda vez que se ha configurado una causal de impedimento sobreviniente a los magistrados de la Corte por haber participado dentro del proceso en la providencia SU-773 de 2014”. Observa la Sala que lo pretendido por el solicitante es que los Magistrados que conforman el Pleno de la Corporación se separen del estudio del presente incidente de nulidad, con base en que intervinieron en el proceso, y particularmente en la sesión en la que se adoptó la decisión atacada, lo cual según su parecer, puede afectar la independencia e imparcialidad con que se debe tomar la presente decisión.

   3.2. Conviene señalar en primer lugar, que las normas correspondientes a la solicitud de nulidad consagradas en los artículos 140 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, derogado por el Código General del Proceso en sus artículos 132 y siguientes, señalan expresamente que “Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación. (…) el juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren necesarias”. En el ordenamiento jurídico, por regla general, el mismo juez que conoce de un caso es el legitimado para resolver sobre su incidente de nulidad. De ello, en principio, no se puede derivar la existencia de ningún interés para resolverlo conforme a derecho.

   3.3. Así mismo, el Decreto 2067 de 1991, "Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional", se ciñe a esta norma general según la cual, los incidentes de nulidad deben ser resueltos por la autoridad judicial que resolvió el caso. Por ello, dicho decreto no contempla la posibilidad de que las nulidades de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional sean decididas por togados diferentes a los que conforman el Pleno de la Corporación. Es así como en su artículo 49 consagra que: “Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el Proceso”.

   3.4. En el mismo sentido, se encuentra que esta Corporación desde sus inicios ha sostenido que es inaceptable pretender que el sustanciador en un proceso judicial no pueda decidir posteriormente el incidente de nulidad presentado en contra del mismo, por creerse que asumirá una posición parcializada en el asunto. En ese sentido, desde 1997 (Auto 022[45]), la Corte defendió esta postura y precisó:

   “No se puede sostener que el actuar como sustanciador en un proceso, cree un impedimento para decidir una solicitud de nulidad en el mismo proceso. Es principio consagrado en todas las legislaciones procesales, y en particular en todas las que han regido en Colombia, que el incidente de nulidad se decide por el juez o tribunal que conoce del proceso. Es contrario al derecho presumir que por vanidad, o por “la inclinación a no reconocer los errores” el juez magistrado no sea imparcial para resolver una petición de nulidad. Si se aceptara tan insólita pretensión, ¿dónde quedaría la presunción universal de la buena fe?”.[46]

   3.5. En la misma línea de pensamiento, la Corte en Auto 035 de 1997,[47] aclaró que es función del mismo juez que decide un asunto continuar con su conocimiento durante el trámite de nulidad, pues así lo consagra el Código de Procedimiento Civil. En palabras de la Corte:

   “No sobra aclarar a los actores que, por regla general, el mismo juez que conoce del proceso es quien decide los incidentes de nulidad que durante su tramitación se promuevan. Basta ver las normas correspondientes en materia civil y penal (arts.140 y ss. del C.P.C. y 304 y ss. del C.P.P.). Para los procesos de constitucionalidad que compete conocer a esta Corporación, existe norma expresa, -artículo 49 del decreto 2067 de 1991-, que atribuye a la Sala Plena tal función”.[48]

   3.6. En conclusión, por mandato de la Ley y por desarrollo jurisprudencial, en el trámite de cualquier proceso judicial, el juez que conoció de un asunto y profirió decisión de fondo sobre él, está facultado para conocer del incidente de nulidad que en su contra se presente, por lo que lo solicitado por el apoderado judicial de la Sociedad G.P.S. debe rechazarse.

   3.7. Respecto a lo manifestado por N.M.E., representante legal de la Sociedad G.P.S. en liquidación judicial, referente a que “llama la atención que el abogado de los señores J.D.C. y C.A.M.V. dentro del juicio que se sigue en su contra por la comisión de los delitos de falsead en documento privado, fraude procesal y abuso de confianza, sea el A. De La Espriella y la oficina de abogados que él dirige, quien además es el defensor del Magistrado Ponente de la sentencia SU-773 de 2014, en la investigación que se adelanta en su contra”, con el fin de garantizar la imparcialidad y transparencia en la resolución de este importante asunto, el entonces Magistrado Sustanciador, J.I.P.C., el veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015) presentó a la Sala Plena de esta Corporación escrito en el que puso a su consideración dicha situación, para que se analizara si en este caso se había configurado una causal de impedimento sobreviniente, con fundamento en el numeral 15 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.

   En ese escrito, manifestó que si bien en el marco de la acción de tutela de la referencia fungió como apoderado de la Sociedad G.P.S. en liquidación el doctor N.M.E., y de la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., el doctor C.E.J.G., en diciembre de 2014 (después de proferida la sentencia SU-773 del 16 de octubre de 2014) esta última sociedad otorgó poder al doctor C.S.C., socio de la firma “De La Espriella Lawyers Enterprise” para que actuara en nombre y representación de esa empresa dentro del proceso de liquidación judicial de la Sociedad G.P.S. También puso en conocimiento de la Sala Plena el hecho de que en el marco de un proceso penal iniciado por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y abuso de confianza, por las supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento suscrito entre la Sociedad G.P.S. y la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, fue que esa firma de abogados, en cabeza del doctor A. de la Espriella, asumió la defensa de los intereses de los señores R.C.M., J.D.C. y C.A.M.V. –el primero de ellos quien fue Gerente de G.P.S.; y el segundo, quien actualmente es dueño de una empresa que es socia de CMT S.A.

   No obstante lo anterior, la Sala Plena de esta Corporación en sesión del veintiséis (26) de agosto de 2015 decidió que no se configuró la causal de impedimento sobreviniente, por lo que debía continuar con el conocimiento del presente incidente. Definido lo anterior, pasa la Sala a estudiar si en el presente caso se cumplieron los requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad, para posteriormente analizar, si a ello hay lugar, los presupuestos materiales.

4. Estudio de la solicitud de nulidad presentada contra la Sentencia SU-773 de 2014

   4.1. Cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de nulidad

   Para el análisis del caso concreto, es pertinente verificar previamente el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia de la solicitud de nulidad, los cuales son: (i) demostrar la posibilidad de formular la solicitud de nulidad, (ii) presentarla oportunamente y (iii) asumir una carga de argumentación suficiente.

   4.1.1. Posibilidad de presentarla: el incidente de nulidad debe ser propuesto por una persona que cuente con legitimación activa por haber sido parte en el trámite del amparo constitucional, o por ser un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión. En el presente caso tal requisito se cumple, pues si bien en la acción de tutela de la referencia las partes fueron la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., como demandante, y la Superintendencia de Sociedades, como demandada, la decisión que allí se tomó afecta los derechos de la Sociedad G.P.S. en liquidación. En ese orden de ideas, la Sentencia SU-773 de 2014 ordenó dejar sin efectos el auto N° 400-000836 de 27 de enero de 2012, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de liquidación judicial solicitada por la Sociedad G.P.S. en liquidación, quien hoy presenta este incidente de nulidad.

   4.1.2. Presentar la solicitud oportunamente: la jurisprudencia constitucional ha determinado que el incidente de nulidad debe interponerse oportunamente, es decir, dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la notificación de la sentencia, pues vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada. En este caso se cumple con tal exigencia, pues según certificación expedida por la Secretaría del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, la Sentencia SU-773 de 2014 fue notificada a la Sociedad G.P.S. el 27 de noviembre de 2014, fecha en que también se presentó la presente nulidad.

   4.1.3. Carga argumentativa: quien alega la existencia de una nulidad debe explicar de forma clara y expresa las causales de nulidad y su incidencia en la decisión proferida. En este caso, la Sala considera que con claridad, el peticionario explicó las razones por las cuales considera que la Sentencia SU-773 de 2014 debe ser declarada nula. Así las cosas, se tiene que formuló tres cargos en contra de la Sentencia SU-773 de 2014, los cuales corresponden a: i) violación del debido proceso por elusión del análisis de las pruebas con relevancia constitucional para proferir fallo de fondo; ii) violación del debido proceso por no tener como legal la admisión de la demanda a pesar de la subsanación tardía de la solicitud voluntaria de la liquidación judicial de la Sociedad G.P.S.; y iii) violación al debido proceso por desconocimiento del precedente judicial en cuanto a las reglas de competencia judicial en contra de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales.

   4.2. La circunstancia alegada por el solicitante no corresponde a ninguna causal de nulidad

   4.2.1. A continuación se pasará a analizar la circunstancia alegada por el solicitante que no corresponde a ninguna de las causales desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuya presencia es posible solicitar la nulidad de los fallos de la Corporación, pues se trata de argumentos que buscan reabrir los debates definidos en la sentencia.

   En cuanto al argumento de “violación del debido proceso por no tener como legal la admisión de la demanda a pesar de la subsanación tardía de la solicitud voluntaria de la liquidación judicial de la Sociedad G.P.S.”, el incidentante esboza su inconformidad manifestando que el auto que inadmitió la solicitud de liquidación voluntaria de la Sociedad G.P.S. en liquidación, no era legal, toda vez que dentro de la actuación procesal la Superintendencia de Sociedades como juez del concurso liquidatario, o los acreedores de esa sociedad, podían, cuando a bien lo tuvieran, aportar en cualquier momento los anexos solicitados y así continuar con el proceso. Bajo el mismo “cargo”, el solicitante manifiesta que la Sentencia SU-773 de 2014 omitió dar cumplimiento al mandato del artículo 11 del Código General del Proceso, el cual no permite exigir más requisitos que los que puntualmente manifieste la ley, “ya que pasó por alto que los documentos solicitados para la apertura del proceso de insolvencia que originó la inadmisión cuestionada, no eran indispensables para iniciar el proceso de liquidación judicial”. Finalmente sostiene que en la Sentencia SU-773 de 2014 en lugar de aplicarse el artículo 9, numeral 1, de la Ley 1116 de 2006, se debió aplicar el artículo 49 de la citada ley, que trata particularmente el trámite del proceso de liquidación judicial de insolvencia empresarial o comercial.

   4.2.2. De lo esgrimido en precedencia, se evidencia la clara pretensión del incidentante de reabrir, a través de una solicitud de nulidad, la discusión jurídica y probatoria surtida en el seno del proceso de tutela, opción que explícitamente ha sido despojada de eficacia para obtener la anulación de una sentencia de tutela. En efecto, lo que realmente plantea el solicitante es su inconformidad frente a la decisión de la Corte plasmada en la Sentencia SU-773 de 2014, y respecto de los argumentos en que se sustenta dicha decisión, censurándola de no contar con ninguna fundamentación, lo cual queda descartado de manera objetiva, toda vez que de la simple lectura del fallo cuestionado se advierte que la Corte Constitucional al proferir esta sentencia hizo un estudio jurídico serio de las pruebas allegadas al proceso y de los fundamentos jurídicos aplicables al caso concreto.

   4.2.3. En síntesis, no encuentra la Sala atendible “la causal de nulidad” invocada por el solicitante, relativa a la violación del debido proceso por no tener como legal la admisión de la demanda a pesar de la subsanación tardía de la solicitud voluntaria de la liquidación judicial de la Sociedad G.P. S.A, y menos aún son admisibles los argumentos que expone en apoyo de la misma, toda vez que no son ciertos ni objetivos. Por el contrario, lo que se puede ver es que el solicitante busca que se atiendan a través de este incidente de nulidad, las mismas intenciones que motivaron la acción de tutela, las cuales ya fueron resueltas de manera definitiva por esta Corporación mediante la Sentencia SU-773 de 2014. En este punto, debe recordarse que la solicitud de nulidad no constituye una instancia adicional en la que la Sala Plena de la Corte pueda reabrir debates pasados o analizar nuevamente las controversias que ya han sido resueltas. De esa manera, cualquier inconformidad con la interpretación dada por la Corte, con la valoración probatoria o con los criterios argumentativos que sustentan la sentencia, no pueden constituir fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, ya que estas situaciones no conllevan la vulneración del debido proceso, sino que se fundan en desacuerdos e inconformismos del solicitante con la decisión.[49]

   A continuación pasará la Sala a analizar la circunstancia alegada por el solicitante que sí se enmarca en una causal para solicitar la nulidad de una sentencia de tutela.

   4.3. Desconocimiento del precedente judicial “en cuanto a las reglas de competencia judicial en contra de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales”

   4.3.1. Al respecto, sostiene el peticionario que la Sentencia SU-773 de 2014 desconoció el precedente judicial en materia de las facultades de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Específicamente expresa que al ser la Superintendencia de Sociedades la parte demandada, quien para este caso en particular actuó como juez del concurso de la liquidación judicial de la Sociedad G.P.S. en la categoría de Juez Civil del Circuito, la acción de tutela interpuesta en su contra debió ser conocida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de donde “se ejecute la violación de los derechos invocados”, y no por un inferior jerárquico como lo es el Juez Sexto Laboral del Circuito de Cartagena. En ese orden de ideas, sostiene que la Sentencia SU-773 de 2014 desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la Sentencia C-415 de 2002,[50] en el sentido en que en esta última “la Corte dejó en claro al aplicar aisladamente el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 ´Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela´, la competencia para conocer de una acción de tutela interpuesta en contra de una Superintendencia radicaría en los jueces del circuito. No obstante, en dicha sentencia se manifestó que lo pertinente era hacer una interpretación sistemática y dar aplicación a las normas especiales que regulan la competencia en los asuntos en que las Superintendencias cumplen funciones jurisdiccionales”.

   4.3.2. Para el peticionario, tal como lo manifiesta la sentencia C-415 de 2002, en la medida en que la Superintendencia de Sociedades suple en forma transitoria algunas de las competencias asignadas a los jueces del circuito, la acción de tutela interpuesta en su contra debe ser conocida por su superior jerárquico, es decir, por los Tribunales o Consejos Seccionales de la Judicatura.

   4.3.3. Para examinar el presunto cambio del precedente de la sentencia mencionada, se hará un recuento de ella. En la Sentencia C-415 de 2002, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999 “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”. El demandante consideró que la norma acusada violaba los artículos 13 y 29 de la Constitución. Según su parecer, la disposición desconocía el debido proceso al estipular que las decisiones de las Superintendencias dictadas en ejercicio de la función jurisdiccional, debían ser apelables "ante las mismas". En ese orden de ideas, adujo que la apelación tiene por objeto permitir que una persona jerárquicamente superior y distinta a la que tomó la decisión en primera instancia, estudie ese dictamen, razón por la que es ilógico que las decisiones de las Superintendencias sean apeladas ante ellas mismas.

   En esa oportunidad la Corte, respecto a las funciones jurisdiccionales de las Superintendencias, sostuvo que para los casos excepcionales en los que dichas entidades reemplazaran la competencia de un juez dentro de la estructura jurisdiccional, la autoridad judicial llamada a tramitar la apelación de sus decisiones sería entonces el superior jerárquico del juez al cual ésta desplazó. Expresamente en esta sentencia la Corte manifestó:

   “En los casos en los cuales una superintendencia ejerce funciones jurisdiccionales, esa autoridad administrativa se convierte en un juez que debe interpretar la ley, darle aplicación, dirimir conflictos y aplicar el derecho en casos específicos (…).

   Si la Superintendencia suple excepcionalmente la competencia de un juez dentro de la estructura jurisdiccional ordinaria, la autoridad judicial llamada a tramitar la apelación será entonces el superior jerárquico del juez al cual desplazó la Superintendencia. En este sentido, si fuera el caso que una de esas entidades administrativas tiene competencias a prevención con un juez civil del circuito por ejemplo, quien deberá tramitar el recurso de apelación interpuesto contra una de sus decisiones en los términos señalados por la ley, será el superior jerárquico del juez con el que comparte la competencia.

   Dentro del contexto de la ley 446 de 1998 tal situación es fácilmente determinable. Cuando dicha ley atribuyó facultades jurisdiccionales a las Superintendencias, fue voluntad del legislador seguir conservado la competencia dentro de la jurisdicción ordinaria. Como puede apreciarse, el artículo 147 de esa regulación, estipula que "la superintendencia o el juez competente conocerán a prevención de los asuntos de que trata esta parte". Con base en los anteriores supuestos, puede observarse que la autoridad judicial a la cual se refiere el artículo 148 de la ley 446 de 1998, es determinable en cada caso concreto acudiendo a las normas generales de competencia e identificando la posición en concreto de cada Superintendencia, cuando ésta ejerce facultades jurisdiccionales. (…) Interpretada sistémicamente la norma, puede observarse que en principio no le corresponde necesariamente a esa disposición realizar tales precisiones. El artículo 148 de la ley 446 de 1998 al regular de forma genérica el procedimiento que debe surtirse en el trámite del recurso de apelación, vincula su interpretación a la existencia de otras disposiciones que válidamente asignen dichas facultades. Por tanto, en sí misma la norma no vulnera los criterios sobre juez natural arriba esbozados.

   Sin embargo, dada la dificultad en la comprensión de la norma, la Sala estima conveniente condicionar el articulo parcialmente acusado bajo el entendido que el recurso de apelación contra la decisión en la cual se declara incompetente, o el fallo definitivo que dicten las superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, debe surtirse ante las autoridades judiciales en la forma como ha sido precisado en esta sentencia. Es decir, interponiendo dicho recurso de apelación ante el superior jerárquico de la autoridad judicial que tuvo originalmente la competencia para tramitar el asunto objeto de debate”.

   Así, la Corte concluyó que en este caso no se evidenciaba vulneración de ningún derecho fundamental, por cuanto quien debía resolver los recursos de apelación interpuestos contra los actos que dictan las Superintendencias, es un funcionario distinto, autónomo e independiente respecto de ese órgano. Por eso, la Corte decidió declarar exequible el inciso 3º parcial del artículo 148 de la ley 446 de 1998 modificado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999, bajo el entendido que la expresión "ante las mismas" se refiere a las autoridades judiciales. En otras palabras, para la Corte el recurso de apelación contra la decisión de las Superintendencias, en la cual se declaren incompetentes, o cuando se trate del fallo definitivo que dicten dichas entidades en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, debe surtirse ante el superior jerárquico de la autoridad judicial que tuvo originalmente la competencia para tramitar el asunto debatido.

   4.3.4. En este orden de ideas, se observa que la Sentencia SU-773 de 2014 no desconoció el precedente fijado en el fallo C-415 de 2002, por cuanto en ninguno de sus apartes contradijo la posición razonablemente asumida por esta Corporación. En efecto, en el fallo ahora censurado, la Corte no hizo ninguna consideración respecto del recurso de apelación en contra de las decisiones dictadas por las Superintendencias en ejercicio de la función jurisdiccional a ellas asignada, por lo que no puede existir vulneración del precedente jurisprudencial cuando la motivación de los fallos comparados no guardan identidad temática.

   4.3.5. Por otra parte, es de tenerse en cuenta que el solicitante sostiene que la Sentencia SU-773 de 2014 también desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la Sentencia C-415 de 2002, porque admitió que en este caso la acción de tutela interpuesta contra la Superintendencia de Sociedades fuera conocida en primera instancia por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, pese a que en el fallo supuestamente desconocido, la Corte manifestó que cuando las Superintendencias actúen por ejemplo en la categoría de Juez Civil del Circuito, la acción de tutela interpuesta en su contra debe ser conocida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de donde “se ejecute la violación de los derechos invocados”, y no por un inferior jerárquico. Respecto a este punto, observa la Sala que en la Sentencia C-415 de 2002, la Corte no hizo referencia alguna al tema esbozado por el solicitante, respecto al reparto de las acciones de tutela interpuestas en contra de las Superintendencias. La única alusión que se encuentra en dicho fallo referente a la acción de tutela en contra de los actos que dicten esas entidades en uso de sus facultades jurisdiccionales, tiene que ver con la cita de la sentencia C- 384 de 2000, en la que esta Corporación declaró la exequibilidad del inciso 3º del artículo 148 de la ley 446 de 1998 modificado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999, bajo el entendido de que contra los actos que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales procede la acción de tutela.

   Así las cosas, es evidente que el fallo censurado no pudo desconocer el precedente de la Sentencia C-415 de 2002 respecto de las reglas de reparto de las acciones de tutela interpuestas en contra de las decisiones de las Superintendencias, por cuanto ni el fallo atacado, ni el supuestamente desconocido hicieron alusión a ese tema.

   4.3.6. No obstante lo anterior, entiende la Corte que el juicio presentado por el solicitante va encaminado a argumentar un supuesto desconocimiento de las reglas de reparto de la acción de tutela establecidas en el Decreto 1382 de 2000, pues como ya se dijo, el solicitante no está de acuerdo con que el fallo de tutela de primera instancia haya sido proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena.[51] Al respecto, advierte la Sala que una vez más el solicitante hizo uso del incidente de nulidad para reabrir debates concluidos y para hacer de éste una instancia o recurso contra la sentencia de tutela atacada, pues este mismo argumento fue presentado por la Sociedad G.P.S. en liquidación en el marco de la tutela de la referencia, y fue debatido por esta Corte en el aparte 2.10.17 y siguientes de la Sentencia SU-773 de 2014. Aunado a ello, se advierte que este supuesto “cargo” no corresponde a ninguna de las causales desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuya presencia es posible solicitar la nulidad de los fallos de la Corporación.

   4.4. “Violación del debido proceso por elusión del análisis de las pruebas con relevancia constitucional para proferir fallo de fondo”

   4.4.1. El solicitante plantea su inconformidad manifestando que la Corte Constitucional violó el derecho al debido proceso de la Sociedad G.P.S. en liquidación, por cuanto no tuvo en cuenta como prueba, que el supuesto contrato de arrendamiento celebrado entre CMT y la Sociedad G.P.S. es falso, según lo acreditó la Fiscalía General de la Nación. Para la solicitud de nulidad, si la Corte hubiera valorado la prueba en la que consta que la Fiscalía presentó escrito de acusación -hoy en la etapa de juicio- contra los señores R.C.M., C.A.M.V. y J.D.C., no habría derivado la vulneración del derecho al debido proceso de esa sociedad.

   4.4.2. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el problema jurídico resuelto por la Corte en la Sentencia SU-773 de 2014, nunca fue la existencia ni la legalidad del contrato de arrendamiento supuestamente suscrito entre CMT y la Sociedad G.P.S. en liquidación, sino únicamente si la acción de tutela era procedente para revocar el auto mediante el cual la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de liquidación judicial solicitado por la Sociedad G.P.S., por haber transgredido los mandatos de la Ley 1116 de 2006 y del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, para el evento en que resultara procedente la acción de tutela para revocar y dejar sin efectos el auto de que se trata, el segundo problema jurídico que se trazó la Corte fue determinar si la Superintendencia de Sociedades había vulnerado el derecho al debido proceso de CMT al decretar la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la Sociedad G.P.S., aun cuando ésta subsanó extemporáneamente la solicitud de apertura. Expresamente, en la Sentencia SU-773 de 2014, este Tribunal manifestó que:

   “Corresponde a esta Sala establecer si ¿la acción de tutela es procedente para revocar y dejar sin efectos el auto del 27 de enero de 2012, emitido por la Superintendencia de Sociedades, mediante el cual decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la Sociedad G.P.S., por haber violentado presuntamente los preceptos contenidos en la Ley 1116 de 2006 y en el Código de Procedimiento Civil? De ser procedente la acción de tutela para revocar y dejar sin efectos el auto de que se trata, el problema jurídico a resolver será: ¿la Superintendencia de Sociedades vulneró el derecho al debido proceso de la accionante al decretar la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la Sociedad G.P.S., aun cuando ésta subsanó extemporáneamente la solicitud de apertura?

   De lo anterior se deriva que el argumento presentado por el solicitante en el incidente de nulidad, trasmite la idea de su inconformidad frente a la decisión de la Corte, bajo el pretexto de haberse dejado de analizar pruebas allegadas al expediente. Esto es contrario a la verdad, pues de la lectura del fallo se advierte que la Sala tuvo en cuenta todos los argumentos, razones y pruebas expuestas por las partes en la demanda de tutela y en la contestación de ésta. Cosa distinta es que, como se anotó, el problema jurídico resuelto nunca fue la existencia ni la legalidad del contrato en mención, por el contrario, el único interés de la Corte era determinar si en verdad existía un defecto procedimental absoluto en la decisión de la Superintendencia de Sociedades, derivado de haber admitido a trámite la liquidación judicial de la Sociedad G.P.S. en liquidación, sin atender el mandato del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil. Es por ello que el estudio de esta Corporación en la Sentencia SU-773 de 2014, se centró en el hecho de que, aunque la subsanación de los requisitos de admisibilidad de la solicitud de liquidación judicial de G.P.S. en liquidación se realizó después de un mes, y no en cinco días como lo consagra el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, el ente de inspección, vigilancia y control en vez de rechazarla la admitió a trámite, desconociendo abiertamente las reglas procesales que regulan la materia.

   Así las cosas, se reitera, la finalidad de la Corte en esta sentencia fue puntualizar que los artículos del Código de Procedimiento Civil y de la Ley 1116 de 2006 (como norma que regula el régimen de insolvencia empresarial en Colombia) fueron inobservados, no debiendo ser así, pues de ellos depende la efectividad de los derechos sustanciales de los sujetos que de una u otra manera intervienen o están interesados en el proceso. De la misma manera, en la sentencia controvertida, este Tribunal quiso resaltar que de la elemental aplicación de la garantía del debido proceso a este procedimiento especial, se deriva no sólo la definición de derechos patrimoniales sino también el planteamiento de las atribuciones mínimas para que en él se hagan realidad los parámetros democráticos del Estado Social de Derecho. Por esta razón, insistió la Corte que era su obligación, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, encauzar las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades hacia el respeto de las etapas del procedimiento establecido legalmente para la liquidación judicial de sociedades comerciales, lo cual se hace efectivo dejando sin efectos los actos proferidos que en contravía de los parámetros del debido proceso.

   En conclusión, el único interés jurídico a resolver por la Corte en la Sentencia SU-773 de 2014, era determinar la existencia de un defecto procedimental absoluto en la decisión de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de garantizar el debido proceso que debe guiar todas las actuaciones judiciales y administrativas.

(i) No desconoce el precedente judicial una sentencia que en ninguno de sus apartes contradice la posición razonablemente asumida por esta Corporación sobre las reglas de competencia judicial en contra de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales; y (ii) no viola el debido proceso una sentencia al tener en cuenta una prueba tachada de falsedad -en sede de nulidad-, cuando esa falsedad no ha sido determinada por autoridad competente, en tanto todavía está cobijada por la presunción de veracidad, y que como fue allegada a la tutela, no tenía incidencia a efectos de determinar la existencia de un defecto procedimental.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,