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Sentencia de Constitucionalidad nº 135/19 de Corte Constitucional, 27 de Marzo de 2019

Ponente:ALEJANDRO LINARES CANTILLO SVALBERTO ROJAS RÍOS
Fecha de Resolución:27 de Marzo de 2019
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

DIVORCIO. FACULTAD PARA SOLICITAR EL DIVORCIO ES DEL CÓNYUGE QUE NO HAYA DADO LUGAR A LOS HECHOS QUE LO MOTIVAN. Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 154 y 156 del Código Civil, modificados por la Ley 1ª de 1976 y los arts. 6 y 10 de la Ley 25 de 1992. El demandante considera que las normas acusadas vulneran los artículos 13, 15, 16 y 42 de la Constitución Política porque si bien es cierto el contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento, también lo es, que dicha condición no puede desconocer la primacía de los derechos inalienables de la persona. La corte decide estarse a lo resuelto en sentencia C-394/17, en la cual se declararon EXEQUIBLES las expresiones “solo” y “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, contenidas en el artículo 156 del Código Civil; y DECLARARSE INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículo 154 y 156 del Código Civil, por ineptitud sustancial de la demanda.Recibo Relatoria:

 
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CONTENIDO

Sentencia C-135/19

Referencia: expediente: D-11599

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 154 y 156 del Código Civil.

Actor: Á.J.G.C.

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, el ciudadano Á.J.G.C., solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil, modificados por la Ley 1° de 1976 y posteriormente por los artículos 6 y 10 de la Ley 25 de 1992.

Por medio de auto de fecha quince (15) de diciembre de 2016, el Magistrado sustanciador dispuso admitir la demanda contra los artículos 154 y 156 del Código Civil, al constatar que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991; correr traslado al Procurador General de la Nación, a fin de que emitiera su concepto en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución; fijar en lista el proceso con el objeto de que cualquier ciudadano impugnara o defendiera la norma; y comunicar la iniciación del mismo al Presidente del Congreso, para los fines previstos en el artículo 244 de la Carta, así como al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y Derecho y al Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Así mismo, se invitó a participar en el presente proceso al Director de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los juristas C.F.-Méndez y H.A.T.T., y a los Decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, a la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia y a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver la demanda de la referencia.

A continuación se transcribe la norma demandada, subrayando y resaltando en negrilla el texto que se solicita sea declarado inexequible:

CÓDIGO CIVIL

Artículo 154. CAUSALES DE DIVORCIO. Modificado por la Ley 25 de 1992, artículo 6º. Son causales de divorcio:

  1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido facilitando o perdonado.

  2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.

  3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.

  4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.

  5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.

  6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.

  7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.

  8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.

  9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.

Artículo 156. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. Modificado por la Ley 25 de 1992, artículo 10. El divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1a. y 7a. o desde cuando se sucedieron, en tratándose de las causas 2a, 3a, 4a, y 5a. En todo caso, las causas 1a. y 7a. sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguientes a su ocurrencia.”

Se solicita a este Tribunal declarar la inexequibilidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil, modificados por la Ley 1 de 1976 y posteriormente por los artículos 6 y 10 de la Ley 25 de 1992, al considerar que vulnera lo dispuesto en el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 13, 15, 16 y 42 de la Constitución Política. Sin embargo, señala la Sala Plena que tras la verificación de la demanda, los argumentos en los que se fundamenta la pretensión, exclusivamente, versan sobre la presunta violación de los artículos 13, 15, 16 y 42 de la Carta. Teniendo en cuenta lo anterior, procede la Sala Plena a plantear los argumentos esbozados por el actor relativos a la vulneración de los antedichos mandatos constitucionales.

En primer lugar, el demandante sustenta el cargo por violación del derecho a la igualdad (Art. 13 C.P.) en dos argumentos que se relacionan, de un lado, con las causales de divorcio previstas en el artículo 154 del Código Civil, al señalar que las parejas que se divorcian de mutuo acuerdo pueden disolver el vínculo matrimonial de manera efectiva, a diferencia de lo que ocurre en los casos de las personas que no cuentan con el consentimiento de su pareja para obtener el divorcio; y de otro, con la medida contenida en el artículo 156 del estatuto precitado en cuanto a la legitimación por activa del cónyuge inocente para solicitar el divorcio. Al respecto, manifestó que tal previsión desconoce el derecho a la igualdad “al hacer la restricción del derecho de solicitar el divorcio solo al cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que motivan el divorcio, e incluso restringirlo a un término”.

En segundo lugar, manifiesta el demandante que el derecho a la intimidad de la familia resulta violado en cada proceso de divorcio “con el simple hecho de estipular el artículo 154 del Código Civil, como requisito para divorciarse, un(as) causal(es) de divorcio y peor aún al tener que probarlas”. Explica que el divorcio sin causales no atenta contra la familia, ni contra la sociedad, sino que, por el contrario, “evita enfrentamientos entre personas y familias que alientan con demasiada frecuencia entre ellos odio, violencia, egoísmo y acciones maliciosas”; actuaciones a partir de las cuales se puede afectar el equilibrio anímico de los miembros del núcleo familiar, incluido el de los niños.

En tercer lugar, manifiesta que los artículos 154 y 156 del Código Civil violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al condicionar el divorcio a la comprobación de causales y restringir la legitimación para solicitarlo al cónyuge que no ha incumplido con sus obligaciones. En este sentido, señala que “los jueces no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, para declarar la disolución del vínculo matrimonial basta con que cualquiera de los cónyuges lo solicite, sin necesidad de expresar motivo alguno”.

A juicio del demandante, el divorcio debe otorgar los medios necesarios para disolver el matrimonio y solucionar los problemas de quienes por voluntad no quieren estar unidos, ni cumplir con los deberes conyugales. En ese orden, considera que el “divorcio sin causales” es una medida necesaria para: (i) garantizar que la persona elija libremente su estado civil y, en efecto, materialice los planes de vida que estime convenientes; (ii) evitar los enfrentamientos entre personas y familias; y (iii) prevenir la comisión de conductas delictivas en contra de los cónyuges y de los hijos (acceso carnal, acto sexual, violencia intrafamiliar, entre otros).

Aduce que, si bien es cierto el contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento, también lo es que, dicha condición no puede desconocer la primacía de los derechos inalienables de la persona (Art. 5 C.P.)[1]. En virtud de ello, afirma que no es dado aplicar al vínculo matrimonial el principio de derecho según el cual “las cosas se deshacen como se hacen”, es decir, que para divorciarse sea necesario obtener el consentimiento de ambos cónyuges, puesto que, tal requisito vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 C.P.), al “obligar [a la persona] a estar jurídicamente vinculada con quien no quiere o no desea estar vinculado, por ende, son innecesarias las formalidades denominadas causales de divorcio.”

Finalmente, señala que la eliminación de las causales previstas en el artículo 154 del Código Civil, no excluye a los divorciados del régimen de responsabilidad referente a los alimentos entre cónyuges, custodia de los hijos y regulación de visitas con el padre no custodio[2]. Refiere a título de ejemplo, lo ocurrido en países como México y España, en los cuales que fueron declaradas inconstitucionales el régimen de divorcio causalista.

El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó declarar la exequibilidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil, por los cargos formulados en la demanda.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho el régimen constitucional de la familia (Arts. 5 y 42 Constitución Política) y la facultad otorgada al legislador para regular los aspectos relacionados con esta institución, específicamente, la separación y disolución del vínculo matrimonial, respetan la dignidad humana, el principio del libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de cada uno de los cónyuges. Indica que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que el imperativo constitucional de protección y promoción de la institución familiar no es la duración del matrimonio sino la estabilidad y armonía del grupo familiar, lo cual constituye una condición para la realización humana y el desarrollo integral de cada uno de sus miembros. Por ello, aduce que no es posible cuestionar la regulación de la disolución del matrimonio, en tanto se desarrolla a partir de los presupuestos de la familia y sanciona de manera proporcional y razonable las conductas contrarias a los fines de dicha institución, que atentan contra los derechos subjetivos de los cónyuges[4].

Conforme a lo anterior, manifiesta que la facultad del legislador para regular las causales de divorcio se ajusta a la Carta, no solo por tener sustento en el artículo 42 Superior, sino también porque dicha atribución encuentra respaldo en la protección de la institución familiar como el espacio adecuado para el desarrollo de sus integrantes.

Agrega que el establecimiento de las causales de divorcio (Art. 154 Código Civil) tiene fundamento en el alcance del contrato matrimonial, puesto que si bien se trata de un acto convencional, las especiales características del mismo impiden aplicar los mismos criterios que se aplican a los demás actos jurídicos o contratos. En efecto, el contrato matrimonial no solo produce efectos de orden personal -derechos y obligaciones entre los cónyuges y en relación con los hijos-, sino efectos de orden patrimonial -sociedad conyugal o comunidad de bienes-. Por ello, el legislador dispuso la creación de las causales de divorcio ante la eventual afectación de los efectos referidos. De esta manera, “se trata de proteger intereses superiores: no solo la institución familiar sino también el desarrollo personal e integral de cada uno de los cónyuges al interior de la misma, de suerte que configurándose aquellas situaciones que impiden u obstaculizan la protección de dichos bienes, habría lugar a la disolución de la misma”.

Finalmente, en cuanto al carácter taxativo de las causales de divorcio[5], señala que el artículo 156 del Código Civil se considera constitucional no solo porque fue expedido por el Legislador con base en la competencia que le asigna la Carta, sino demás porque su contenido normativo resulta razonable y proporcionada en relación con la institución familiar y las obligaciones y derechos que surgen para los cónyuges al contraer matrimonio.

El interviniente señaló que las normas demandadas, por medio de las cuales se regula la figura del divorcio, no son contrarias a la Constitución y por consiguiente deben ser declaradas exequibles. Explica que los argumentos que lo demuestran se pueden exponer desde dos (2) dimensiones del matrimonio:

En primer lugar, “la dimensión moral del matrimonio”. Desde una perspectiva histórica, explica que el matrimonio fue instituido por la religión católica como un “sacramento” según el cual dos personas se unen para siempre y con el compromiso de fundar una familia. Luego, con la laicización del Estado el matrimonio se convirtió en un “contrato”. A pesar de ello, dicha figura mantiene un importante componente moral, en tanto se adquiere un compromiso espiritual que implica no solo “pasar su vida al lado de otra persona”, sino asumir los deberes que de dicha unión se derivan (protección, fidelidad, etc.).

En segundo lugar, “la dimensión contractual del matrimonio”. La docente indica que el contrato de matrimonio es la forma de contraer de manera voluntaria un compromiso con el máximo nivel de exigencia. De ahí que, el divorcio se encuentre condicionado a la acreditación de unas causales específicas, las cuales no fueron diseñadas para facilitar la terminación del vínculo matrimonial, sino para cumplir con el deber estatal de proteger a la familia[7].

Señala que la eliminación de las causales de divorcio y las limitaciones de su legitimación -entiéndase divorcio “express o breve”-conduciría a reconocer en nuestro ordenamiento jurídico “como única forma de unión la unión marital de hecho”. Ello, debido a que se equipara el matrimonio a la unión marital de hecho, a pesar de que producen efectos jurídicos similares pero de diferente intensidad.

Aduce que las disposiciones demandadas no vulneran el derecho a la intimidad por el hecho de tener que exponer ante el juez las causales de divorcio que comprenden la información privada de la pareja, toda vez que es indispensable para terminar el vínculo matrimonial que el funcionario judicial conozca los hechos sobre los cuales se sustenta la causal invocada.

Finalmente, manifiesta que el hecho de que el divorcio no permita terminar el matrimonio de forma rápida, no vulnera el derecho a la libertad de la personalidad, pues el artículo 154 del Código Civil no obliga a nadie a celebrar dicho contrato, ni escoge la persona para tal fin. En cuanto al artículo 156 del mismo cuerpo normativo, refiere que no viola la libertad personal ni el libre desarrollo de la personalidad, porque si bien no permite a cualquiera de los cónyuges solicitar el divorcio, no impone a nadie permanecer en el lugar y con la persona que no quiere estar. Recuerda que aquel que desea terminar con el matrimonio puede separarse de cuerpos y al cabo de los dos (2) años esa situación legitima a cualquiera de los cónyuges para solicitar el divorcio.

El interviniente solicita a esta Corte que declare la inexequibilidad de las normas demandadas, por violar los artículos 1, 42, 43, 44 y 45 de la Carta.

Como fundamento de lo anterior, manifiesta que la terminación del matrimonio debería tener origen en la simple voluntad de cualquiera de los cónyuges, es decir un divorcio sin causales. Los argumentos en los que se soporta dicha afirmación pueden resumirse así: (i) el mantenimiento artificial de esa relación produce más males que beneficios; (ii) el matrimonio “es una relación tan íntima que moldea la subjetividad, de modo que el divorcio libre es la recuperación del destino reduciendo el daño personal y familiar”; (iii) la protección de la descendencia no se asegura a través de lazos postizos y la fuerza de un Estado intrusivo; (iv) la exposición de la vida íntima en un escenario judicial para obtener el divorcio, atenta contra la dignidad humana y la intimidad de los miembros de la familia; (v) el juicio de divorcio por causales subjetivas desvela los peores sentimientos de los seres humanos, afecta el bienestar de los hijos y propicia una pugna entre los cónyuges, que promueve la afectación de los valores individuales con el fin de obtener un mejor provecho (alimentos, custodia, etc.).

No obstante, sostiene que la abolición de las causales debe ir acompañado de un establecimiento de un régimen de penalidades y responsabilidades patrimoniales en contra de quien decida unilateralmente la ruptura y a favor de los hijos y la pareja. Agrega que la única condición del divorcio por la simple voluntad de cualquiera de los cónyuges, debe ser la realización de un pacto económico que regule indemnizaciones, alimentos y la protección de los sujetos vulnerables como resultado de la crisis matrimonial. En ese sentido, indica que en países como España y Argentina[9] se han eliminado las causales de divorcio y, en su lugar, se ha dispuesto la creación de un “convenio regulador” sobre los derechos de los cónyuges.

Por lo demás, señala que la ausencia de causales de divorcio no genera un vacío en materia de alimentos, comoquiera que le corresponde al juez de familia aplicar los parámetros fijados en la sentencia C-246 de 2002, en materia de solidaridad familiar, así como la figura del enriquecimiento sin causa en lugar de la revocación de las donaciones.

C.F.-Méndez, actuando en nombre propio, intervino para señalar que la demanda es inepta por ausencia de razones para juzgar la inconstitucionalidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil, y por no haber integrado la proposición jurídica. Al respecto, explica que no fueron demandadas las normas sobre las cuales surten efectos las disposiciones acusadas, tales como los artículos 155 y 165 del Código Civil, así como los artículos 388, 389 y 598 del Código General del Proceso.

Advierte que, en caso de que se decida dictar sentencia de fondo, la Corte debe declarar la exequibilidad de las normas demandadas por no existir violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para fundamentar lo anterior, el interviniente se refiere al divorcio y al alcance del principio de protección de la familia, a partir de citas de las sentencias C-660 de 2000 y C-985 de 2010. Luego, manifiesta que, a su juicio, existen dos clases de matrimonio: (i) el solemne y (ii) el consensual “o mal llamada Unión Marital de Hecho”, entre los cuales tan solo existen diferencias formales, razón por la cual no existe justificación para que la terminación del vínculo del “matrimonio consensual” se pueda dar por la simple voluntad de uno de los cónyuges, mientras que en la otra modalidad se exija la acreditación de causales de divorcio. En esa medida, recomienda que el Legislador entre a regular la materia.

Concluye que permitir la terminación unilateral del matrimonio, sin configuración de causal de divorcio, incentiva la formación de uniones matrimoniales que tengan como único propósito obtener un beneficio económico de la pareja, lo cual atenta contra la institución de la familia. En esa medida, sostiene que es necesario exigir a quienes contraigan matrimonio que asuman la responsabilidad correspondiente al momento de terminar el vínculo matrimonial.

El Ministerio Público mediante concepto No. 006266 rendido el veintiocho (28) de febrero de 2017, solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia que decida la demanda que cursa bajo el expediente D-11785, por agotamiento de la jurisdicción. Considera que al efectuar un contraste entre ambas demandas, se encuentra que, a pesar de que en la demanda con el radicado mencionado únicamente se demandó la expresión “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivaron”, el debate en ambas demandas de inconstitucionalidad es idéntico, en tanto el efecto útil de acceder a la inexequibilidad del aparte demandado, consiste en que cualquiera de los cónyuges pueda solicitar el divorcio de manera unilateral.

Señala que, si bien en la primera demanda solo se alega la violación de los artículos 13 y 16 de la Constitución, mientras que en la segunda se relacionan los artículos 1, 2, 5, 13, 15,16, y 42 de la Carta, es evidente que en ambos casos los cargos de inconstitucionalidad se concretan en la violación del derecho a la igualdad y del libre desarrollo de la personalidad.

En esa misma línea, a partir de la transcripción de los argumentos de la demanda identificada con el radicado D-11785, sostiene que existe identidad de cargos respecto del mismo asunto en las dos demandas, por cuanto ambas están orientadas a criticar la inexistencia del “divorcio libre”, es decir, “la unilateralidad en la determinación de disolver el vínculo matrimonial o cesar los efectos del matrimonio católico”.

Por lo anterior, citó in extenso los fundamentos jurídicos que expuso en la primera demanda, mediante el concepto 6242 del trece (13) de enero de 2017, con el propósito de demostrar que el régimen de divorcio establecido por el legislador, en uso de una amplia potestad de configuración legislativa, no trasgrede los límites constitucionales de respeto a la igualdad y al libre de desarrollo de la personalidad. En el concepto referido, el Ministerio Público concluyó “el artículo 156 del Código Civil, parcialmente demandando, al establecer que el divorcio solo puede ser demandado por el cónyuge inocente, no es contrario a los derechos a la igualdad y al libre de desarrollo de la personalidad contenidos en los artículos 13 y 16 de la Constitución Política, porque frente a la protección constitucional de familias constituidas tanto por vínculos naturales como jurídicos, y en atención a la delegación explícita que la Constitución hace al legislador para regular lo relativo al matrimonio como vinculo jurídico formal, es admisible que el legislador establezca un sistema de divorcio que, en caso de no ser mutuo acuerdo, requiera la acreditación de unas causales relativas al incumplimiento de las obligaciones y fines del contrato matrimonial, que naturalmente implica una diferenciación entre el cónyuge que las incumplió y el cónyuge inocente. Y esto último puesto que, se reitera, se trata solamente de una de las posibles opciones para conformar una familia y que por respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, debe permitirse que algunas personas lo elijan como opción vital, así como debe dársele plenos efectos a esa voluntad solemnemente manifestada (consentimiento)”.

II. CONSIDERACIONES

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.

  2. El demandante solicita a este Tribunal declarar la inexequibilidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil, porque, presuntamente, desconocen el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 13, 15, 16 y 42 de la Constitución Política. Sin embargo, observa la Corte que los argumentos en los que se fundamenta la pretensión, exclusivamente, versan sobre la presunta violación de los artículos 13, 15, 16 y 42 de la Carta.

  3. A partir de los argumentos previamente expuestos, le corresponde a esta Corte, en primer lugar, establecer si es competente para analizar los cargos formulados en la presente demanda. En consecuencia, estudiará de manera previa en esta sentencia (i) reiterará lo dispuesto en la jurisprudencia de esta Corte en materia de la cosa juzgada constitucional, a fin de determinar si en el presente asunto y respecto del cargo por violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se configura el fenómeno de la cosa juzgada frente a lo previsto en la sentencia C-394 de 2017, (ii) los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para determinar la aptitud sustancial de la demanda; y (iii) si en el presente caso, los cargos en los que esta se soporta reúnen los requisitos señalados para que la Corte pueda entrar a emitir pronunciamiento de fondo. Posteriormente, solo si se supera este análisis previo, procederá la Corte a formular el problema jurídico.

    Primera cuestión: Cosa juzgada constitucional

  4. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia que decidiera la demanda que cursaba bajo el expediente D-11785. Aunque en el proceso precitado, únicamente, se demandó la expresión “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivaron”, contenida en el artículo 156 del Código Civil, el Ministerio Público adujo que el debate en este caso y en el que ahora ocupa la atención de la Corte son idénticos. Lo anterior, comoquiera que, en esa ocasión, se acusó a la norma demandada de violar los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Además, que el efecto útil de acceder a la inexequibilidad del aparte demandado, consistía en que cualquiera de los cónyuges pudiera solicitar el divorcio de manera unilateral.

  5. El proceso al que se refirió el Ministerio Público concluyó con la aprobación de la Sentencia C-394 de veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual, la Corte resolvió declarar exequibles las expresiones “sólo” y “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, contenidas en el artículo 156 del Código Civil, por el cargo relativo a la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En tal contexto, la Sala estima necesario revisar si en el presente caso se configura o no el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

  6. En tal sentido, la cosa juzgada constitucional, “es una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política (…) mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”[10]. Así, cuando esta se configura surge, entre otros efectos, la prohibición e imposibilidad para el juez constitucional de volver a conocer y decidir de fondo sobre lo ya debatido y resuelto[11].

  7. A partir de ello la Corte, a lo largo de su jurisprudencia, ha clasificado la cosa juzgada constitucional en formal o material. Al respecto, la sentencia C-744 de 2015 define lo siguiente:

    “Se tratará de una cosa juzgada constitucional formal cuando (sic): “(…) cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio...”, o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual. Este evento hace que “... no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado...””

    De otra parte, habrá cosa juzgada constitucional material cuando: “(…) existen dos disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo. En estos casos, es claro que si ya se dio un juicio de constitucionalidad previo en torno a una de esas disposiciones, este juicio involucra la evaluación del contenido normativo como tal, más allá de los aspectos gramaticales o formales que pueden diferenciar las disposiciones demandadas. Por tanto opera el fenómeno de la cosa juzgada”.

  8. Así mismo, la cosa juzgada constitucional puede clasificarse en absoluta o relativa. En el primer caso, por regla general, no será posible emprender un nuevo examen constitucional; mientras que en el segundo, será posible examinar de fondo la norma acusada desde la perspectiva de nuevas acusaciones. En esta línea, cuando la norma es declarada inconstitucional, la cosa juzgada que recae sobre ese mismo texto normativo será siempre absoluta, por cuanto el retiro del ordenamiento jurídico se hace con independencia del cargo o los cargos que prosperaron.

  9. En general, en materia de control constitucional, los efectos de la cosa juzgada dependerán de la decisión adoptada en el pronunciamiento previo, así: (i) cuando la decisión ha consistido en declarar la inconstitucionalidad de una norma, se activa la prohibición comprendida por el artículo 243 Superior conforme a la cual ninguna autoridad puede reproducir su contenido material, lo cual implica que no existe objeto para un nuevo pronunciamiento de esta Corte. Por tal razón, la demanda que se presente con posterioridad deberá rechazarse o, proferirse un fallo inhibitorio y estarse a lo resuelto en la decisión anterior; (ii) en los casos en los que la Corte ha declarado exequible cierta disposición respecto de determinada norma constitucional, la jurisprudencia ha reiterado que no puede suscitarse un nuevo juicio por las mismas razones, a menos que ya no se encuentren vigentes o hubieren sido modificadas las disposiciones constitutivas del parámetro de constitucionalidad; siempre que se trate de la misma problemática la demanda deberá rechazarse de plano o, en su defecto, la Corte emitirá un fallo en el cual decida estarse a lo resuelto en el fallo anterior; (iii) cuando se trata de sentencias de constitucionalidad condicionada la cosa juzgada puede tener como efecto, que la interpretación excluida del ordenamiento jurídico no pueda ser objeto de reproducción o aplicación en otro acto jurídico; y (iv) en los supuestos en los que la Corte ha adoptado una sentencia aditiva, la cosa juzgada implica que no se encuentra permitido reproducir una disposición que omita el elemento que la Corte ha juzgado necesario adicionar[12]. Dicho esto, la Sala procederá a analizar el caso concreto.

Caso concreto

Configuración de la cosa juzgada constitucional

  1. Una vez contrastados los argumentos en los que se soporta la presente demanda y los fundamentos que dieron lugar a la sentencia C-394 de 2017, la Corte concluye que se cumplen los presupuestos que configuran el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Ello, es así, por las siguientes razones:

  2. Existe identidad en el objeto, dado que la norma según la cual el divorcio solo puede ser solicitado judicialmente por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, fue objeto de un pronunciamiento expreso por parte de la Corte Constitucional. Se trata del mismo texto y de la misma ley (Art. 156 Código Civil).

  3. Existe identidad en el cargo respecto de los asuntos constitucionales analizados. Ello, por cuanto los reproches formulados por el demandante coinciden con las cuestiones que esta Corte consideró en la sentencia C-394 de 2017. En efecto, la demanda que culminó con la sentencia antes referida planteaba que la expresión del artículo 156 del Código Civil violaba el artículo 16 de la Constitución Política. Para el demandante, la norma acusada limita al cónyuge “culpable” en aspectos como la determinación de su estado civil y la realización autónoma de su vida, porque lo obliga a mantener un vínculo matrimonial en contra de su voluntad, al no conferirle legitimación en la causa por activa para ejercer la acción judicial de divorcio y obtener así la disolución del matrimonio civil.

  4. En esa misma dirección, tal y como se evidencia en los antecedentes de esta providencia, la demanda objeto de estudio formula, entre otros, el cargo por violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 Superior). En esta ocasión, los argumentos sobre los cuales se construye el cargo consisten en que la norma impugnada le restringe al cónyuge que incumplió con sus obligaciones la posibilidad de obtener el divorcio, obligándolo a permanecer en una relación en contra de su voluntad, sin que pueda escoger su proyecto de vida ni su estado civil. Se trata entonces de asuntos iguales que fueron examinados a partir del mismo artículo del Estatuto Superior.

  5. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las reglas jurisprudenciales mencionadas en los numerales 8 a 11 de esta providencia, es claro que la sentencia C-394 de 2017 que resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la misma expresión de la norma demandada en el asunto de la referencia, conlleva a que respecto a la disposición impugnada en el presente caso, haya operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal y relativa puesto que en dicha sentencia la Corte declaró exequible la expresión de la disposición demandada, exclusivamente, por el cargo analizado en la parte motiva de dicho proveído. En consecuencia, no existe objeto para un nuevo pronunciamiento por parte de esta Corte.

  6. Sobre la base de lo anterior, esta Corte ordenará respecto de las expresiones acusadas, contenidas en el artículo 156 del Código Civil, estarse a lo resuelto en la sentencia C-394 de 2017.

    Segunda cuestión preliminar: Aptitud sustancial de la demanda

  7. Por otra parte, los intervinientes en el proceso de constitucionalidad, tales como, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad Externado de Colombia, manifestaron que la Corte debe declarar la exequibilidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil. Por último, el ciudadano C.F.-Méndez intervino ante la Corte para señalar que la demanda es inepta por ausencia de razones para juzgar la inconstitucionalidad de las disposiciones atacadas.

  8. El Decreto 2067 de 1991, en su artículo 2°, establece los elementos que debe contener la demanda en los procesos de control abstracto de constitucionalidad. En particular, la norma precisa que las demandas de inconstitucionalidad deben presentarse por escrito, en duplicado, y deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) señalar las normas cuya inconstitucionalidad se demanda y transcribir literalmente su contenido o aportar un ejemplar de su publicación oficial; (ii) señalar las normas constitucionales que se consideran infringidas; (iii) presentar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si la demanda se basa en un vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe señalar el trámite fijado en la Constitución para expedirlo y la forma en que éste fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.

  9. En cuanto al tercero de los requisitos anotados, la Corte ha reiterado que se conoce como “concepto de la violación”[13], el cual implica una carga material y no meramente formal, que no se satisface con la presentación de cualquier tipo de razones o motivos, sino que exige unos mínimos argumentativos, que se aprecian a la luz del principio pro actione, de tal suerte que dichas razones o motivos no sean vagos, abstractos, imprecisos o globales, al punto de impedir que surja una verdadera controversia constitucional.

  10. Conforme a lo dispuesto por la Corte en las Sentencias C-1052 de 2001 y C-856 de 2005, los siguientes son los mínimos argumentativos que comprenden el “concepto de la violación”: claridad, cuando existe un hilo conductor de la argumentación que permite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las cuales se soporta; certeza, cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente y no en una que el actor deduce de manera subjetiva, valga decir, cuando existe una verdadera confrontación entre la norma legal y la norma constitucional; especificidad, cuando se define o se muestra cómo la norma demandada vulnera la Carta Política; pertinencia, cuando se emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no estirpe legal, doctrinal o de mera conveniencia; y suficiencia, cuando la demanda tiene alcance persuasivo, esto es, cuando es capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma demandada.

  11. Con el fin de evitar en lo posible un fallo inhibitorio, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la apreciación de los requerimientos precitados debe realizarlo la Corte a la luz del principio pro actione, lo cual, por lo menos, le implica indagar en qué consiste la pretensión del accionante[14].

  12. En línea con lo anterior, en la sentencia C-623 de 2008, reiterada, entre otras, en las sentencias C-894 de 2009, C-055 y C-281 de 2013, este Tribunal precisó la oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda en los siguientes términos:

    “(…) Aun cuando en principio, es en el auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5).”

  13. Por lo demás, es claro que la Corte, al realizar un análisis detallado de los requisitos de procedibilidad de la demanda, puede emitir un fallo inhibitorio. Es importante mencionar que, el análisis que realiza la Corte ya contiene las intervenciones de las entidades oficiales, academia, ciudadanos y el Ministerio Público, y dichas opiniones y conceptos son considerados por este tribunal al momento de tomar una decisión, en la medida que, contienen elementos de juicio relevantes[15]. Por ello, si alguno de los intervinientes en la demanda conceptúa sobre la aptitud de la demanda, esta cuestión puede, y cuando hay solicitud sobre el particular, debe ser analizada por la Sala, incluso con posterioridad al auto admisorio de la demanda.

    Primer cargo: incumplimiento de los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia respecto del cargo por violación del principio de igualdad

  14. Plantea el demandante que los artículos demandados vulneran el principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Carta Política. En particular, manifiesta que el establecimiento de las causales para solicitar el divorcio, quebranta el mandato de igualdad al permitir únicamente la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo de los cónyuges, en detrimento de aquellas relaciones en las que una de las partes se niega a dar el consentimiento para finalizar el vínculo. Así mismo, sostiene que el artículo 156 del Código Civil, viola el artículo constitucional precitado, al disponer que el divorcio solo puede ser solicitado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, en menoscabo de los derechos del denominado cónyuge culpable, quien está desprovisto de esta posibilidad.

  15. En el ordenamiento constitucional, el mandato de igualdad ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. La Corte ha reiterado que esta previsión, aunque amplia en su formulación, “no refleja la complejidad que supone su eficacia en un orden jurídico orientado bajo los principios del Estado Social de Derecho, ni deja en claro qué elementos son relevantes, al momento de verificar las situaciones, personas o grupos en comparación”[16].

  16. El artículo 13 Superior regula el contenido y el alcance del principio o derecho a la igualdad, para ello, establece mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan: “(i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.”[17]. (Énfasis fuera del texto original).

  17. Ahora bien, en los casos en que el demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad por violación del principio de igualdad (Art. 13 C.P.), la jurisprudencia pacífica de esta Corte ha señalado que, además de los requisitos generales de aptitud sustancial (claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia), le asiste al ciudadano la carga específica de desarrollar en su demanda los siguientes presupuestos: “(i) determinar cuál es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o tertium comparationis), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles; y, (iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en forma igual”[18].

    Con fundamento en lo anterior, considera la Sala que la carga argumentativa debe tener un alto grado de precisión, en aquellos casos en los cuales se plantee la vulneración del derecho de igualdad. Dicha precisión repercute de manera directa en la suficiencia del cargo, porque de no acreditarse alguno de los requisitos antedichos, se impone la ineptitud sustancial de la demanda. Esta exigencia lo que busca proteger en últimas es la libertad de configuración legislativa que solo se vería inicialmente menguada cuando se esté en presencia de criterios sospechosos de discriminación, caso en el cual la intensidad del jurídico de igualdad a aplicar aumentaría en defensa de las garantías constitucionales, pero sin que ello releve al actor de explicar en qué consiste la afectación del derecho a la igualdad.

  18. En el presente caso, observa la Corte que el cargo por violación a la igualdad no supera el análisis de aptitud sustancial de la demanda, por las siguientes razones:

  19. El demandante sostuvo que los artículos 154 y 156 del Código Civil establecen un trato desigual entre dos situaciones (divorcio por mutuo acuerdo y divorcio contencioso o sin mutuo acuerdo) y dos sujetos (cónyuge culpable y cónyuge inocente) que, a su juicio, son iguales y, por lo tanto, deben recibir un tratamiento igualitario. Sin embargo, advierte la Corte que dicho planteamiento carece de certeza, en tanto deriva de las normas impugnadas una proposición jurídica que no corresponde a su contenido verificable, es decir, ubica a los extremos de la comparación en un plano de igualdad, pese a que esto no se desprende de lo estipulado en los artículos precitados.

  20. La demanda se concentra, únicamente, en atacar la regulación del divorcio como una de las fórmulas para finalizar el vínculo contraído entre los cónyuges, sin tener en consideración que, el establecimiento de la causal de mutuo acuerdo (Art. 154 Código Civil), así como la habilitación exclusiva para solicitar el divorcio al cónyuge que ha cumplido con sus deberes matrimoniales (Art. 156 Código Civil), son medidas que se integran y se relacionan con todo el régimen legal del contrato de matrimonio, es decir, con los derechos y deberes que surgen entre los cónyuges desde el momento que contraen nupcias, además de las especiales exigencias en su celebración y en su ejecución. En esa medida, contrario a lo sostenido por el demandante, el contenido de las disposiciones impugnadas no puede ser verificado exclusivamente a partir de una lectura individual de su texto, sino que exige un entendimiento sistemático de las mismas en el complejo régimen normativo del contrato de matrimonio.

  21. Por otro lado, esta Corte observa que la demanda se limita a señalar que los artículos 154 y 156 del Código Civil, imparten un trato desigual entre situaciones y sujetos que deberían recibir el mismo trato. No obstante, dicho planteamiento carece de suficiencia argumentativa, toda vez que no se exponen las razones por las cuales los extremos enunciados son susceptibles de ser contrastados. En efecto, el actor no se detuvo en explicar (i) la forma cómo, en el marco de las causales de divorcio estipuladas en el artículo 154 del Código Civil, resulta comparable la situación en la que ambos cónyuges dan su consentimiento para finalizar el contrato de matrimonio, con aquella en la uno de los cónyuges no llega a un acuerdo para obtener el divorcio; y (ii) la manera cómo, en la hipótesis prevista en el artículo 156 del Código Civil, es factible realizar un símil entre la situación del cónyuge que ha incumplido las obligaciones que surgen del contrato de matrimonio y la del cónyuge que ha asumido un deber diligente frente al vínculo matrimonial consentido.

  22. De este modo, el demandante omitió definir un “criterio de comparación” que permitiera a la Corte analizar las diferencias o similitudes fácticas y jurídicas entre las situaciones y los sujetos mencionados, a la luz de las normas que integran el régimen del contrato de matrimonio civil. Así mismo, no se detuvo en explicar en qué consiste el presunto trato discriminatorio que introducen las normas acusadas y cuál es la razón precisa por la que no se justifica constitucionalmente dicho tratamiento distinto, es decir por qué es desproporcionado o irrazonable.

  23. En ese orden, la ambigüedad de los argumentos presentados por el actor en cuanto a la violación del principio de igualdad, demuestran a la Corte que, además de la carencia de certeza y suficiencia, se configuró una falta de especificidad en la sustentación del cargo anotado, en tanto no es posible inferir a partir de la demanda, una oposición objetiva y verificable entre el contenido de las normas acusadas, que regulan la figura del divorcio, y el mandato de igualdad, previsto en el artículo 13 de la Constitución.

  24. Aunque las razones expuestas con antelación son suficientes para constatar la ineptitud sustancial del cargo por violación a la igualdad, resulta pertinente anotar que los extremos señalados por el actor no son susceptibles de ser comparados. En primer lugar, en lo atinente a las causales de divorcio contenidas en el artículo 154 del Código Civil, no se pueden considerar como parte de un mismo escenario y, por lo tanto, que deban recibir igual trato el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso o sin mutuo acuerdo, ya que los distingue un elemento esencial: el consentimiento. Por ello, el ritual procesal que sigue el proceso de divorcio está condicionado al hecho de si uno o ambos cónyuges deciden voluntariamente terminar con el vínculo matrimonial. Y, en segundo lugar, en lo concerniente a la medida prevista en el artículo 156 del Código Civil, la habilitación exclusiva para solicitar el divorcio del cónyuge que ha cumplido con sus deberes no es asimilable a la situación en la que se encuentra el cónyuge culpable, en síntesis, porque este último ha sido quien generado el incumplimiento de sus deberes y, por lo tanto, legalmente no puede estar facultado para demandar el divorcio[19].

  25. Sobre la base de las anteriores razones, la Corte considera que, en el caso concreto, se impone una decisión inhibitoria respecto del cargo por presunta violación del principio a la igualdad. Ello, comoquiera que el demandante incumplió con los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional en materia de la aptitud sustancial de la demanda, en particular, las cargas de certeza, especificidad y suficiencia argumentativa en la fundamentación del cargo.

    Segundo cargo: incumplimiento de los requisitos de especificidad y suficiencia respecto del cargo por violación del derecho a la intimidad

  26. En opinión del demandante el derecho a la intimidad de la familia es violado en cada proceso de divorcio “con el simple hecho de estipular el artículo 154 del Código Civil, como requisito para divorciarse, un(as) causal(es) de divorcio y peor aún al tener que probarlas”. Aduce que el divorcio sin causales no atenta contra la familia, ni contra la sociedad, sino que, por el contrario, “evita enfrentamientos entre personas y familias que alientan con demasiada frecuencia entre ellos odio, violencia, egoísmo y acciones maliciosas”; actuaciones a partir de las cuales se puede afectar el equilibrio anímico de los miembros del núcleo familiar, incluido el de los niños.

  27. Frente a lo anterior, la Corte concluye que no puede adoptarse una decisión de fondo, toda vez que como se demostrará enseguida, el actor incumplió con la obligación de formular un cargo apto de naturaleza constitucional.

  28. Para empezar, observa este Tribunal que en la demanda objeto de análisis existe un hilo conductor en la argumentación que ofrece claridad sobre el cargo por violación del derecho a la intimidad familiar (Arts. 15 y 42 de la Carta Política). De acuerdo con las razones expuestas por el actor, el artículo 154 del Código Civil vulnera la intimidad de los miembros de la familia, al imponer como requisito para disolver el vínculo matrimonial, el deber de demostrar en un proceso judicial la configuración de la respectiva causal de divorcio. Así mismo, el actor propone cargo por violación al artículo 42 Superior, sin embargo, no explica en qué consiste la supuesta vulneración del mencionado artículo, ni se refiere a la aptitud de dicho cargo. Al respecto, observa la Corte que el actor se refiere a dicho artículo dentro de su acusación por vulneración al principio de igualdad, al citar que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja”, luego, en estricto sentido, no existe un cargo autónomo por la supuesta vulneración del mencionado artículo 42 Superior.

  29. De igual modo, el planteamiento formulado por el demandante cumple con el requisito de certeza, pues recae sobre una proposición jurídica que, en términos generales, se desprende del contenido del artículo 154 precitado. En efecto, la norma demandada establece las causales que el cónyuge debe probar ante el juez para que decrete el divorcio, lo cual, precisamente, cuestiona el actor por ser violatorio del derecho a la intimidad de los cónyuges.

  30. No obstante, encuentra la Corte que la demanda contra el artículo 154 del Código Civil, por violación a la intimidad familiar, no satisface el requisito de especificidad. Ello, comoquiera que el demandante no aportó las razones que explicaran de qué forma el establecimiento de las causales de divorcio desconocen el contenido del derecho a la intimidad familiar. En efecto, la demanda soporta el cargo anotado en “el simple hecho” de que el Legislador creara las causales de divorcio y que estas tuvieran que ser demostradas al interior de un proceso judicial, sin embargo, al fundamentar el cargo de inconstitucionalidad, el actor deja de lado la forma en que cada una de las nueve causales se relacionan con los elementos esenciales del contrato de matrimonio, las marcadas diferencias que existen entre ellas y los efectos que se derivan de su comprobación.

  31. En ese orden, es importante recordar que, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional[20], las causales previstas en el artículo 154 del Código Civil pueden clasificarse y diferenciarse en objetivas y subjetivas. En cuanto a las primeras, las denominadas causales objetivas o también conocidas como “divorcio remedio”, pertenecen las establecidas en los numerales 6, 8 y 9 del artículo anotado. Estas se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio “(…) como mejor remedio para las situaciones vividas”[21]. Las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo matrimonial. Por otro lado, las causales subjetivas o denominadas de “divorcio sanción”, están vinculadas con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge ofendido que con su actuar no haya dado lugar a los hechos que motivan la causal, y debe invocarla dentro de un término de caducidad, con la finalidad de obtener el divorcio a título de censura[22].

  32. La Corte advierte que, a pesar de las diferencias reconocidas por la Ley y la jurisprudencia constitucional en materia de causales de divorcio, el demandante formuló un argumento global para cuestionar la constitucionalidad de todas estas, sin explicar de qué manera producen la vulneración a la intimidad de los cónyuges o de sus hijos. Vale recordar que, desde la perspectiva de los requisitos de la aptitud sustancial de la demanda, no es admisible resolver sobre la inexequibilidad de una disposición legal, a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[23], lo cual, ocurre en el caso concreto, cuando el actor afirma, exclusivamente, que acudir a un proceso judicial a demostrar las causales de divorcio, per se, viola la intimidad familiar protegida por la Constitución. De esta manera, se omitió presentar las razones que permitieran a la Corte establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido del artículo 154 del Código Civil y el texto de los artículos 15 y 42 de la Carta Política.

  33. Lo anterior, apareja un problema de suficiencia argumentativa, toda vez que la premisa carente de fundamento presentada por el actor, no puede ser considerada como un elemento de juicio suficiente para despertar en el juez una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma demandada.

  34. Por lo demás, es posible concluir que el cargo propuesto en la demanda sobre la presunta violación del derecho a la intimidad familiar (Arts. 15 y 42 C.P.), incumplió con los requisitos de especificidad y suficiencia que exige el análisis sobre la aptitud sustancial de la demanda. Por consiguiente, la Corte adoptará una decisión inhibitoria sobre el particular.

    Tercer cargo: incumplimiento de los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia, respecto del cargo de violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 154 del Código Civil)

  35. Sin perjuicio del análisis realizado respecto a la cosa juzgada constitucional, la demanda plantea que el artículo 154 del Código Civil viola el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Para sustentar su posición, afirmó el demandante que dicho artículo establece un régimen de causales para solicitar el divorcio, que impide a los cónyuges finalizar el contrato de matrimonio, a pesar de que no desean continuar unidos ni cumplir con sus deberes conyugales. En ese orden, señala que imponer la demostración de alguna de las causales para obtener la disolución del vínculo matrimonial desconoce el derecho de los contrayentes a decidir libremente sobre su estado civil y su proyecto de vida, en tanto los obliga a permanecer en una relación en contra de su voluntad. Por esta razón, afirma que el divorcio no debería estar condicionado a la prueba de alguna causal, sino que bastaría con que cualquiera de los cónyuges lo solicite, sin necesidad de expresar motivo alguno.

  36. Advierte la Corte que el anterior planteamiento cumple con los requisitos de claridad y certeza, en la medida que, por un lado, permite comprender la forma en la que, presuntamente, el régimen de causales para obtener el divorcio desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges, al no permitirles disolver su vínculo sin invocar justificación alguna, y por otro, se infiere del contenido del artículo 154 del Código Civil la norma, según la cual, solo procede el divorcio cuando se comprueba cualquiera de las nueve causales establecidas.

  37. En cuanto al cumplimiento del requisito de pertinencia, encuentra la Corte que la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que, para que un cargo sea considerado pertinente, este debe estar fundado en “argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no estirpe legal, doctrinal o de mera conveniencia.”[24]. Por esta razón, y teniendo en cuenta el sentido del argumento precitado, la Corte colige que este resulta inadecuado para controvertir la constitucionalidad de la norma acusada, puesto que se trata de una comparación entre regímenes legales, que en sí misma, no explica cómo se produce la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, observa la Corte que el cargo formulado por el demandante no es pertinente, por cuanyo, para sustentar el cargo el accionante se basa, principalmente, en la conveniencia de adoptar un “divorcio sin causales”, lo que incluso considera necesario para que la persona elija libremente su estado civil y materialice sus planes de vida. Dichos argumentos, resalta el Tribunal, son de conveniencia y no de naturaleza constitucional, por lo que no es posible declarar que el demandante construyó un cargo pertinente.

  38. Ahora bien, en contraste con la acreditación de los requisitos expuestos, la Corte encuentra que la demanda carece de especificidad en la construcción argumentativa del cargo. Para empezar, es necesario señalar que la Constitución, en los artículos 5 y 42, protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y reconoce al matrimonio como una de las formas de constituirla. En el mismo sentido, le corresponde al Legislador para que, mediante la ley civil, defina su naturaleza (contrato), establezca los requisitos para su constitución y perfeccionamiento (requisitos de existencia y validez), determine los efectos que produce (personales y patrimoniales) y regule las formas de disolverlo, así como las consecuencias que se derivan de su celebración y de su disolución. Por lo anterior, esta Corte ha precisado que: “los mecanismos de disolución del matrimonio civil no pueden analizarse de forma aislada, sino que deben entenderse en un contexto sistemático con todas las aristas jurídicas que regulan la institución matrimonial, más aún cuando ello tiene clara incidencia en lo relativo a la familia, al estado civil de las personas y sus proyectos de vida afectiva.”[25].

  39. En el plano legal, el artículo 113 del Código Civil concibe al matrimonio como un contrato solemne en el que los cónyuges deciden unirse de forma libre y de mutuo consentimiento, con el propósito de vivir juntos, procrear y auxiliarse. La celebración de este contrato, en razón a su carácter bilateral, genera derechos e impone deberes recíprocos entre los contrayentes, que pueden ser de tipo personal o patrimonial. En relación con los derechos y obligaciones de orden personal, relevantes para el caso objeto de estudio, la ley civil prescribe que son: la cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda mutua (Arts. 176 y siguientes del Código Civil). Acerca de la ejecución de dichas prerrogativas y deberes, la Corte ha señalado que, “desde el momento de la celebración del matrimonio y durante todo el tiempo de ejecución del mismo, con pleno consentimiento y conocimiento previo, los cónyuges se obligan recíprocamente a guardarse fe y fidelidad, a cohabitar, a ejercer en condiciones de igualdad la dirección del hogar, a socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.”[26].

  40. Por su parte, el artículo 154 del Código Civil, establece nueve causales de divorcio, que se relacionan de manera directa y específica con cada uno de los elementos esenciales y, los derechos y obligaciones que se derivan de la celebración del contrato de matrimonio[27]. Por disposición del Legislador, una vez decretada la respectiva causal, apareja consecuencias conocidas como efectos jurídicos del divorcio respecto de los hijos, las donaciones, la disolución del vínculo y de la sociedad conyugal, y el reconocimiento de alimentos a cargo del denominado cónyuge “culpable” y en favor del cónyuge “inocente”. La jurisprudencia y la doctrina, tal y como fue referido con antelación (ver supra, numeral 40), clasifica estas causales en objetivas y subjetivas, en razón al supuesto de hecho que las produce, el trámite judicial que deben surtir y la tarifa legal probatoria que exige su declaración. En lo atinente a la justificación constitucional de las causales de divorcio, esta Corte ha insistido en que, “una vez los contrayentes aceptan el contrato de matrimonio, al que concurren de forma voluntaria, aceptan también las cláusulas de las que se derivan restricciones para su autonomía, y ello incluye las relativas a los mecanismos que existen para disolverlo”[28].

  41. Por lo demás, es claro que el Legislador, en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución, diseñó un modelo legal de matrimonio, en el que los derechos y deberes conyugales, las causales de divorcio y las consecuencias propias que apareja la terminación del vínculo matrimonial, se conectan directamente entre sí, con el fin de garantizar la estabilidad familiar, pero con respeto de los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad e inalienabilidad de los derechos de los cónyuges[29]. En cuanto a las causales de las que trata del artículo 154 del Código Civil, no hay duda de que, cada una de estas tiene un contenido específico, en tanto protegen un elemento esencial y/o derecho diferente, sancionan el incumplimiento de distintas obligaciones, cursan diversos trámites judiciales y tienen determinado estándar probatorio.

  42. Con fundamento en lo anterior, en el caso concreto, la demanda cuestiona la constitucionalidad de todas las causales de divorcio fijadas en el artículo 154 del Código Civil. Para ello, argumenta de manera general que la existencia de las causales viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque impide a los cónyuges terminar sin justificación alguna el contrato de matrimonio y, en efecto, decidir sobre su estado civil y su proyecto de vida. En este sentido, sugiere la implementación de un sistema de divorcio sin causales, en el que los esposos puedan disolver el lazo conyugal, sin necesidad de demostrar un supuesto de hecho específico, ni el incumplimiento de los deberes que la ley impone a los contrayentes de las nupcias.

  43. La Corte considera que este planteamiento carece de especificidad, en tanto parte de un análisis aislado de las causales de divorcio, que no tiene en consideración la forma en la que estas se integran al modelo legal del matrimonio diseñado por el legislador (ver supra, numerales 47 a 50). El demandante se centra, exclusivamente, en el divorcio como medio para disolver el vínculo conyugal, pero olvida por completo que el régimen del matrimonio se encuentra conformado por especiales requisitos en su constitución y en su ejecución, y que el incumplimiento de los deberes asumidos libre y voluntariamente por los cónyuges, deriva en causales taxativas de divorcio, que son conocidas y aceptadas desde un comienzo.

  44. La demanda se limita únicamente a señalar una presunta contradicción entre el artículo 154 del Código Civil y la Carta Política, sin establecer de manera concreta el desconocimiento del artículo 16 Superior, sin estudiar de forma rigurosa por qué las causales 1° a 9 de la norma acusada, deben ser suprimidas del ordenamiento a fin de dar vía libre al divorcio sin causa probada. A pesar de que, las causales objetivas y subjetivas de divorcio tienen un contenido propio, con tarifas probatorias y efectos jurídicos diferentes, el cargo planteado se funda en un argumento global que no explica de qué manera cada una de estas medidas restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.

  45. Por lo anterior, insiste la Corte en que la integración compleja del régimen del matrimonio y las particularidades que diferencian a cada una de las causales de divorcio (objetivas y subjetivas), son aspectos que exigen una argumentación específica cuando el demandante pretenda demostrar la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No cumplir con este requisito, no solo impide que se realice una evaluación de fondo sobre la constitucionalidad de la norma acusada, sino que genera la ineptitud del cargo planteado. En el caso concreto, para que la Corte pudiera entrar a estudiar si le asistía razón al demandante en cuanto a la inconstitucionalidad del régimen integral de causales de divorcio, era preciso que indicara de qué manera cada una de estas restringe la garantía iusfundamental mencionada y por qué tales restricciones carecen de justificación o razonabilidad. Sin embargo, la Corte extraña cualquier consideración de este orden en la sustentación de la demanda.

  46. Lo anterior, nuevamente apareja un problema de suficiencia argumentativa, toda vez que la premisa carente de fundamento presentada por el actor, no puede ser considerada como un elemento de juicio suficiente para despertar en el juez una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma demandada.

  47. Con fundamento en lo anterior, concluye este Tribunal que el cargo propuesto en la demanda sobre la presunta afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pese a que goza de claridad y certeza incumple el requisito de pertinencia, especificidad y suficiencia fijado por la jurisprudencia constitucional y, por ende, se impone una decisión inhibitoria al respecto.

C. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

  1. La constitucionalidad de las expresiones “sólo” y “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, contenida en el artículo 156 del Código Civil, fue juzgada en la sentencia C-394 de 2017 por las mismas razones que apoyan los cargos formulados por el demandante en este proceso. Del análisis efectuado se concluye que existe (i) identidad en el objeto al ser impugnada la misma disposición, así como (ii) identidad en el cargo referido a la posible infracción del derecho al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 16 constitucional. De acuerdo con ello, la sentencia C-394 de 2017 hizo tránsito a cosa juzgada formal y relativa. Por lo tanto, la Corte resolverá estarse a lo resuelto en la providencia mencionada.

  2. Por otro lado, dado que el demandante no cumplió la carga mínima de argumentación que exige el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la Corte se declarará inhibida de adoptar un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto de las cargos formulados contra el artículo 154 del Código Civil, por violación de los artículos 13 (igualdad), 15 (derecho de intimidad), 16 (libre desarrollo de la personalidad) y 42 (derecho de familia) de la Carta, y del cargo planteado contra el artículo 156 del Código Civil, por desconocimiento del artículo 13 Superior.

III. DECISIÓN

La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos, declarada mediante el Auto 305 del veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017).

SEGUNDO. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-394 de 2017, en la cual se declararon EXEQUIBLES las expresiones “sólo” y “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, contenidas en el artículo 156 del Código Civil.

TERCERO.- DECLARARSE INHIBIDA para pronunciarse por ineptitud sustancial de la demanda, sobre la constitucionalidad de: (i) el artículo 154 del Código Civil; y (ii) el artículo 156 del Código Civil.

N., comuníquese y cúmplase.

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

con salvamento de voto

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] Sobre el particular, el demandante manifiesta que si bien “se requiere de la voluntad tanto del hombre como el de la mujer para contraer matrimonio (…), esa manifestación de contraer nupcias, así sea voluntaria, no elimina ni está por encima de la inalienabilidad de los derechos fundamentales constitucionales (…)”. Sostiene que, aunque el artículo 5 Superior ampara a la familia como institución básica de la sociedad, la misma norma reconoce en primer término la primacía de los derechos inalienables de la persona; aspecto que es concordante con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 294 de 1996,"Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar".

[2] El demandante anexa con la demanda de inconstitucionalidad dos (2) providencias proferidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México D.F., que en su opinión, se pronuncian sobre legislación similar a la que se estudia en este caso, a saber: (i) Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México D.F., 23 de diciembre de 2009, amparo directo en revisión 917/2009, y (ii) Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México D.F., 25 de febrero de 2015, trámite de denuncia de

contradicción de tesis 73/2014.

[3] Mediante su representante D.A.R.B., en su condición de Directora de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.

[4] En ese sentido, la representante del Ministerio de Justicia y del Derecho cita apartes de las sentencias C-821 de 2005 y C-985 de 2010.

[5] El Ministerio de Justicia y del Derecho señala que en relación al carácter taxativo de las causales de divorcio, la Corte en la sentencia C-985 de 2010, las clasificó en objetivas y subjetivas, a efectos de entender la legitimidad y la limitación del tiempo para invocarlas.

[6] M.I.T., profesora del departamento de derecho civil de la Universidad Externado de Colombia.

[7] En este punto, la docente interviniente cita la sentencia T-382 de 1994.

[8] Mediante su representante E.V.P., en calidad de miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

[9] Sobre el particular, refiere el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina de 2014, artículos 437, 438 y 439.

[10] Ver, entre otras, sentencias C-007 de 2016, C-774 de 2001.

[11] Ver sentencia C-774 de 2001.

[12] Ver sentencia C-474 de 2016.

[13] Ver, sentencias C-206 de 2016, C-207 de 2016, entre otras.

[14] Al respecto, en la Sentencia C-372 de 2011, la Corte manifestó: “(…) con base en la jurisprudencia constitucional se ha considerado que “la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo”.

[15] Cfr. Sentencia C-1123 de 2008.

[16] Ver, entre otras, sentencias C-006 de 2017 y C-394 de 2017.

[17] Ibídem.

[18] Ver, entre otras, sentencias C-635 de 2012 y C-394 de 2017.

[19] Ver sentencia C-394 de 2017.

[20] Ver sentencia C-374 de 2017.

[21] Ver sentencia C-1495 de 2000.

[22] Ver sentencia C-394 de 2017.

[23] Ver sentencia C-1052 de 2001.

[24] Ver, Sentencia C-247 de 2017.

[25] Ver sentencia C-394 de 2017.

[26] Ibídem.

[27] Así, lo entendió la Corte, en la sentencia C-821 de 2005, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el numeral 1º del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, que consagra como una de las causales de divorcio las relaciones sexuales extramatrimoniales. Los demandantes consideraban que la citada disposición transgredía los derechos a la dignidad humana (Art.1), la supremacía de los derechos inalienables (Art.5), a la igualdad (Art.13), al libre desarrollo de la personalidad (Art.16), a la libertad de consciencia (Art.18), el derecho a la honra (Art.21) y a la familia (Art.42). Lo anterior, en tanto dicho precepto negaba de plano los derechos a la libertad sexual del padre o la madre que tienen relaciones sexuales extramatrimoniales, así como los del hijo fruto de esas relaciones y de la imposibilidad de disfrutar del cariño y la protección de sus padres. La Corte declaró exequible la causal de divorcio “[l]as relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”, contenida en el precepto acusado, concluyendo que el legislador cuenta con un amplio margen para regular las causales de disolución del matrimonio y que éste respondía a un esquema propio del deber de fidelidad y de estabilidad asociado a la pareja matrimonial, por lo cual la causal de relaciones sexuales extramatrimoniales del cónyuge incumplido no afecta sus derechos constitucionales.

[28] Ob. Cit.

[29] Ver sentencia C-394 de 2017.