Auto nº 184/19 de Corte Constitucional, 10 de Abril de 2019
| Número de sentencia | 184/19 |
| Fecha | 10 Abril 2019 |
| Número de expediente | ICC-3595 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 184/19
Referencia: Expediente ICC-3595
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva.
Magistrado S.:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
-
El 13 de diciembre de 2018, el señor W.M.H. interpuso acción de tutela en contra de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. El accionante estimó que la entidad no emitió una respuesta a los requerimientos expuestos en la solicitud que radicó el 01 de noviembre de 2018[1].
-
El asunto correspondió por reparto al Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá, que mediante auto del 21 de enero de 2019 rechazó la acción de tutela y ordenó remitir el escrito de tutela a los juzgados civiles municipales de Neiva. Adujo no ser competente para conocer del trámite, pues, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, son competentes para conocer en primera instancia los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza del derecho fundamental, luego, como los hechos que motivan la acción de tutela “tuvieron ocurrencia en la ciudad de NEIVA (HUILA)”[2], le corresponde conocer a los juzgados municipales de dicha localidad.
-
La tutela fue repartida al Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva que, mediante auto del 29 de enero de 2019, argumentó que el competente para conocer del trámite constitucional era el despacho remisor, ya que el trámite debía surtirse en el lugar que, a prevención, eligió el accionante[3]. En consecuencia, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su estudio.
-
La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[4]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[5] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[6].
-
En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia conforme con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[7], pues las autoridades judiciales en disputa pertenecen a la jurisdicción ordinaria y a distritos judiciales diferentes. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
-
La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[8]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[9]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia[10].
-
Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[11], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover[12].
-
De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.
-
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
(i) Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. Por una parte, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá rechazó la competencia para conocer la acción de tutela de la referencia al considerar que el conocimiento le correspondía a la autoridad judicial del lugar donde ocurrió la presunta violación o amenaza del derecho fundamental, esto es, en la ciudad de Neiva, en tanto en dicha localidad se encuentra la sede de la entidad accionada. Por otro lado, el Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva indicó que no era competente por cuanto debía respetarse la elección hecha por la accionante de presentar la acción en la ciudad de Bogotá.
(ii) Tanto el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá como el Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva son competentes para tramitar la acción de tutela interpuesta por el señor W.M.H., ya que si bien la supuesta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales ocurre en la ciudad de Neiva, lugar en el que, presuntamente, no se emitió una respuesta de fondo, los efectos de la misma se extienden a Bogotá, teniendo en cuenta que el accionante especificó que allí recibiría las notificaciones de tal requerimiento.
(iii) Bajo ese entendido, en esta oportunidad el expediente será remitido al Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá para que conozca de la acción de tutela presentada por el señor W.M.H., pues debe respetarse la elección que “a prevención” hizo el accionante de interponer la acción de tutela ante los jueces de dicha ciudad.
-
En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 21 de enero de 2019 por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá y ordenará que se le remita el expediente ICC-3595 que contiene la acción de tutela presentada por el señor W.M.H. contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva para que de forma inmediata inicie el trámite y profiera decisión de fondo, respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
-
Ahora bien, la Sala no puede dejar de advertir que el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá, mediante auto del 21 de enero de 2019, decidió “rechazar” la acción de tutela de la referencia “por falta de competencia”. Al respecto, es indispensable recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que uno de los eventos procesales de rechazo de la demanda es el previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece la inadmisión y eventual rechazo por falta de corrección de la solicitud y, el otro es cuando se presenta la figura de la temeridad la cual se encuentra prescrita en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual “Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (...)”.
Por consiguiente, cuando una autoridad judicial considere que carece de competencia por alguno de los factores previamente reseñados en esta providencia[13], deberá enviar el asunto al juez o corporación judicial que estime competente para resolver la solicitud de amparo y, en ningún caso, puede rechazar la acción de tutela por falta de competencia. En consecuencia, es necesario hacer un llamado de atención al Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá para que, en lo sucesivo, se abstenga de disponer el rechazo de acciones de tutela por falta de competencia.
-
Así mismo, advertirá al Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva, autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación, que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 21 de enero de 2019 proferido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela formulada por el señor W.M.H. contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva.
Segundo: REMITIR el expediente ICC-3595, que contiene la acción de tutela presentada por el señor W.M.H., al Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero: ADVERTIR al Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.
Cuarto: Por Secretaría General, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Ausente en comisión
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Ausente con permiso
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]El accionante indicó como lugar de notificación tanto en el derecho de petición aludido como en el escrito de tutela, una dirección que corresponde a la ciudad de Bogotá.
[2] Cuaderno de instancia, folio 22.
[3] Cuaderno de instancia, folios 30 a 33.
[4] Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros.
[5] Autos 170A de 2003 y 205 de 2014, entre otros.
[6] Autos 159A y 170A de 2003.
[7] “ARTÍCULO 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. (…)”
[8] Ver, por ejemplo, el auto 493 de 2017. M.P.L.G.G.P..
[9] El artículo 8º transitorio del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original).
[10] De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el auto 655 de 2017 (M.P.D.F.R., debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original). V. también, por ejemplo, los autos 486 de 2017. M.P.D.F.R.; y 496 de 2017. M.P.J.F.R.C..
[11]“Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (…)”. (Subrayado fuera del texto original).
[12] Cfr. Auto 053 de 2018.
[13] Fundamento jurídico 3 del capítulo de Consideraciones de la Corte Constitucional.
