Sentencia de Tutela nº 272/19 de Corte Constitucional, 17 de Junio de 2019

El ciudadano E.C.A. instauró acción de tutela contra C., para obtener la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida en condiciones dignas y seguridad social. A continuación se reseñan los aspectos centrales de la solicitud de amparo y las actuaciones surtidas dentro del trámite constitucional.

1. Hechos relevantes[2]

   1.1. El señor E.C.A., de 74 años de edad, padece de catarata congénita desde su niñez y neoplasia de riñón, enfermedades catalogadas como crónicas y/o degenerativas.

   1.2. Debido a la enfermedad que padece, el 27 de enero de 2011, fue calificado por el Instituto de Seguros Sociales -ISS- Seccional Atlántico, con una pérdida de capacidad laboral del 53.70% de origen común, con fecha de estructuración del 24 de julio de 1955.

   1.3. Sin embargo, el actor realizó aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones a través del Instituto de Seguros Sociales -ISS- (en la actualidad C.) desde el 1º de abril de 1998 hasta marzo de 2009, acreditando un total de 623 semanas.

   1.4. El 11 de marzo de 2011 radicó, ante el Instituto de Seguros Sociales, la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, entidad que mediante resolución No.00005819 del 27 de mayo de la misma anualidad, negó el requerimiento, toda vez que el actor no acreditó el número de semanas establecidas en el Decreto 3041 de 1966, es decir, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier tiempo. Dicha decisión no fue impugnada.

   1.5. Asegura que al padecer una enfermedad congénita y haber recibido como fecha de estructuración, la misma fecha de su nacimiento, no le era posible cumplir con los aporte, de acuerdo a lo establecido en la ley, es decir cotizar antes de la fecha de estructuración. Situación que fue desconocida por C. al momento de negar el derecho a la pensión.

   1.6. Afirmó que se encuentra en situación de vulnerabilidad, pues se trata de una persona de la tercera edad, que no cuenta con ningún otro recurso económico distinto a la pretendida pensión para cubrir su congrua subsistencia.

2. Solicitud de tutela

   Con fundamento en los hechos expuestos, el 22 de agosto de 2017, el ciudadano E.C.A., mediante apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, el debido proceso, la vida en condiciones dignas y la seguridad social; y pretendió que se ordenara a C. el pago de la pensión de especial de invalidez incluyendo los montos dejados de percibir.

3. Traslado y contestación de la acción

   El 22 de agosto de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, Atlántico, ordenó corregir la acción de tutela formulada por C.A.P.L., quien pretendía actuar como apoderado judicial del señor E.C.A., habida cuenta de que no allegó el respectivo poder para representarlo.

   Una vez subsanado el inconveniente mencionado, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, Atlántico, admitió la acción de tutela[3] de la referencia y requirió a C. para que se pronunciara sobre los hechos que suscitaron la presente solicitud de amparo.

   3.1. Administradora Colombiana de Pensiones −C.−

   Mediante escrito del 9 de septiembre de 2017, el Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de C. solicitó se declare improcedente la acción de tutela, toda vez que el accionante contaba con otros mecanismos de defensa judicial para dirimir la controversia[4].

4. Decisiones de tutela objeto de revisión

   4.1. Sentencia de primera instancia

   El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, mediante sentencia del 11 de septiembre de 2017, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia. Argumentó que la misma no cumplía con el principio de subsidiariedad comoquiera que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial.

   A su vez estimó que se incumplió el principio de inmediatez, pues trascurrieron más de 5 años desde que el Instituto de Seguros Sociales negó el reconocimiento de la pensión de invalidez y la formulación de la acción de tutela. Por último, indicó que el actor no demostró afectación del derecho fundamental al mínimo vital ni probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable[5].

5. Impugnación y sentencia de segunda instancia

   5.1. En escrito del 15 de septiembre 2017, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia. Señaló que el juez no tuvo en cuenta que, (i) el actor es una persona en situación de discapacidad y, por consiguiente, sujeto de especial protección constitucional, circunstancias que, en su criterio, acreditan la configuración de un perjuicio irremediable; y (ii) que su mandante padece de una enfermedad crónica y/o degenerativa, razón por la que, al momento de establecer su fecha de estructuración de invalidez, se debió tener en cuenta el día en el que realmente se vio imposibilitado para continuar trabajando[6].

   5.2. En fallo del 25 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo del Atlántico -S. de Decisión Civil Oral, Sección B-, confirmó la sentencia de primera instancia. Al igual que el a quo, el Tribunal expresó que “el actor pretende que se deje sin efectos jurídicos un acto administrativo que data del 27 de mayo de 2011, lo cual riñe con el principio de inmediatez, pues desde esa fecha hasta la de presentación de esta acción constitucional, han transcurrido más de cinco (5) años, durante los cuales la parte interesada ha tenido a su alcance el proceso laboral ante la jurisdicción ordinaria de esa especialidad; y tampoco probó alguna situación que justificara la inercia aludida”[7].

6. Pruebas que obran en el expediente

   6.1. Copia del poder otorgado por el señor E.C.A. al abogado C.A.P.L. para que este actúe en su representación dentro de la acción de tutela formulada contra la Administradora Colombiana de Pensiones -C.-[8].

   6.2. Copia de la cédula de ciudadanía del señor E.C.A., que da cuenta de que nació en el año de 1945 y de que, a la fecha, tiene 74 años[9].

   6.3. Copia del registro civil de nacimiento del señor E.C.A.[10].

   6.4. Copia de la resolución No. 00005819 proferida, el 27 de mayo de 2011, por el Instituto de Seguros Sociales, en la que negó el reconocimiento de la pensión de invalidez al actor por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 3041 de 1966 pues no acreditó haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez ni 300 semanas de cotización en cualquier tiempo[11].

   6.5. Copia del dictamen médico laboral realizado, el 27 de enero de 2011, por el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Atlántico, por el cual se estableció que el señor Cabeza Acendra presenta una pérdida de capacidad laboral del 53.70% de origen común, con fecha de estructuración del 24 de julio de 1955[12].

   6.6. Copia de la relación de novedades del sistema de autoliquidación de aportes mensuales – pensión informativa expedida, el 19 de marzo de 2009, por el Instituto de Seguros Sociales[13].

   6.7. Copia de la historia clínica del fecha 8 de septiembre de 2010, en la que se evidencia que el señor E.C.A. padece de neoplasia de riñón[14].

   6.8. Copia de la historia clínica de fecha 20 de febrero de 2006, firmada por la D.P.L.J., en la que se evidencia que el señor E.C.A. padece de catarata congénita[15].

   6.9. Copia del reporte de semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones emitido el 22 de agosto de 2017 por C., en el que se indica que el señor E.A. ha cotizado un total de 623 semanas[16].

7. Actuaciones surtidas en sede de revisión

   7.1. El 31 de mayo de 2018, el Magistrado Sustanciador, con base en las facultades otorgadas por los artículos 64 y 65 del Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), decretó pruebas y ordenó lo siguiente:

   “Primero.- ORDENAR al señor E.C.A. que, en el término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, remita a esta Corporación, los contratos laborales y/o certificados o algún elemento material probatorio en los que se precise la naturaleza y duración de las labores desempeñadas durante el período comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2010.”

   7.2. En cumplimiento de las directrices impartidas en el auto del 31 de mayo de 2018, el apoderado del señor Cabeza Acendra señaló:

   “Mi mandante el señor E.C.A. laboraba de manera informal muy a pesar de padecer una enfermedad congénita degenerativa, por tanto sus cotizaciones al Instituto de Seguro Social hoy C., fueron realizadas de manera independiente, desde la fecha veintisiete (27) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998) hasta el dos (2) de marzo de dos mil nueve (2009), fecha en la cual no pudo seguir trabajando debido a las enfermedades que lo aquejan, de igual manera los aportes eran subsidiados por el Consorcio Prosperar hoy Colombia Mayor ya que cumplía con los requisitos necesarios para ser benefactor de este programa (sic)”.

   “Se instaura una nueva acción constitucional de tutela con el pleno convencimiento de que los derechos fundamentales del señor E.C.A. se encuentran vulnerados por C., y que los operadores judiciales no tuvieron en cuenta los precedentes Constitucionales decantados por este máximo tribunal sobre aquellas personas que padecen enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas como es el caso referenciado”.

   “El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, mediante providencia fechada 2 de mayo de 2018 radicado: 08001-33-33-007-2018-00144-00 tutelo (sic) los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y móvil, igualdad, vida digna del señor E.C.C. (sic) confirmando que le asiste el derecho a la pensión de invalidez. Aplicando (sic) los precedentes constitucionales establecidos por esta Corporación en materia pensional desechando los argumentos sobre ser una acción temeraria la realizada por este profesional del derecho y de la misma manera excluye los argumentos sobre el principio de inmediatez para el reconocimiento de la pensión de invalidez establecida en la sentencia T-677/12”[17].

   7.3. De acuerdo con lo anterior, esta S. decidió, mediante Auto del 23 de julio de 2018, suspender los términos del proceso bajo análisis, al evidenciar que los documentos anexados por el apoderado demostrarían una posible carencia actual de objeto, así como la presentación de dos tutelas posteriores, adicionales a la que actualmente se revisa por esta S.. Por lo anterior, solicitó que se allegara copia de los nuevos expedientes.

   Lo anterior se dedujo de los siguientes documentos aportados por el apoderado. Para mayor claridad, los procesos posteriores que la S. ha conocido, serán rotulados como “tutela número 2” y “tutela número 3” atendiendo al tiempo de presentación de las mismas, en contraste con la tutela que es objeto de revisión de esta sentencia, a la cual le corresponde el rótulo de “tutela número 1”.

   Acción de tutela número 2 (Expediente: T-6.832.375):

1. Notificación efectuada a C. del fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, que declaró improcedente la acción de tutela formulada por el señor E.C.A. contra dicha entidad. Fechado el 24 de enero de 2018. (Ver nota al pie 17, numeral 7)

2. Notificación realizada a C., el 20 de marzo de 2018, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Barranquilla, S.P., en la que le comunica que el 8 de marzo de 2018 se confirmó la decisión adoptada, el 24 de enero de 2018, por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla. (Ver nota al pie 17, numeral 6)

   Acción de tutela número 3 (Expediente T-7.011.009):

1. Fallo de tutela proferido, el 2 de mayo de 2018, por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla en el que ordena a C. reconocer y pagar la pensión de invalidez al señor E.C.A.. (Ver nota al pie 17, numeral 3)

2. Escrito expedido por C., el 3 de mayo de 2018, a través del cual se pronuncia sobre los hechos de la tutela formulada por el señor E.C.A..

3. Auto del 28 de mayo de 2018, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, en el que requiere a C. para que dé cumplimiento a la orden impartida por ese Despacho el 2 de mayo de 2018, la cual concedió el derecho a la pensión de invalidez. (Ver nota al pie 17, numeral 5)

   7.3.1. El 8 de agosto de 2018, la Secretaría General envió al Despacho del Magistrado Sustanciador el expediente T-6.832.375, correspondiente a la tutela número 2. Y el 28 de agosto del mismo año, el Tribunal Administrativo de Atlántico allegó copia simple del fallo de segunda instancia correspondiente a la tutela número 3, expediente T-7.011.009, mediante el cual se confirmó la decisión de tutelar los derechos fundamentales del señor E.C.A..

   7.3.2. El 30 de agosto fue allegado por parte del apoderado del accionante, Resolución SUB 193188 de C. donde se otorga la pensión de invalidez a E.C.A..

   7.3.3. Posteriormente, el 18 de octubre de 2018, la Secretaría General allegó el expediente con radicado T-7.011.009, el cual efectivamente correspondía al referenciado por el apoderado del accionante en escrito allegado el 13 de julio[18].

1. Competencia de la Corte Constitucional

   La Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de los fallos de tutela proferidos dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Planteamiento del caso bajo revisión, problema jurídico y estructura de la decisión

   El ciudadano E.C.A. presentó acción de tutela contra C., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y al debido proceso. El accionante afirmó que la entidad accionada negó el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el argumento de no haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de estructuración de la misma, ni 300 semanas de cotización en cualquier tiempo, tal como lo dispone el artículo 5 del Decreto 3041 de 1966[19]. Lo anterior, desconociendo que con posterioridad a la fecha de estructuración, el actor continuó cotizando al sistema en ejercicio de su capacidad laboral residual.

   Ahora bien, en sede de revisión constitucional, se constató que aparte de la acción de tutela que en esta oportunidad es objeto de revisión (T- 6.557.386), existen dos tutelas más, promovidas por el ciudadano E.C.A. encaminadas a proteger sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y al debido proceso. A continuación, se hace una relación de éstas:

   T-6.657.386 (Objeto de revisión)

   (Tutela Nº1)

   T- 6.832.375

   (Tutela Nº2)

   T- 7.011.009

   (Tutela Nº3)

   Fecha de presentación

   30 de agosto de 2017

   5 de enero de 2018

   18 de abril de 2018

   Partes

   E.C.A. contra la Administradora Colombiana de Pensiones -C.-.

   E.C.A. contra la Administradora Colombiana de Pensiones -C.-.

   E.C.A. contra la Administradora Colombiana de Pensiones -C.-.

   Derechos invocados

   Mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida en condiciones dignas y seguridad social.

   Mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida en condiciones dignas y seguridad social.

   Mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida en condiciones dignas y seguridad social.

   Hechos y pretensiones

   E.C.A., padece catarata congénita desde su niñez y neoplasia de riñón. C. niega el reconocimiento de la pensión especial de invalidez debido a que el accionante no cumple con los requisitos de ley para acceder a la misma.

   E.C.A., padece catarata congénita desde su niñez y neoplasia de riñón.

   3. niega el reconocimiento de la pensión especial de invalidez debido a que el accionante no cumple con los requisitos de ley para acceder a la misma.

      E.C.A., padece catarata congénita desde su niñez y neoplasia de riñón. C. niega el reconocimiento de la pensión especial de invalidez debido a que el accionante no cumple con los requisitos de ley para acceder a la misma.

      Autoridad judicial que resuelve

      Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla.

      Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de Barranquilla.

      Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Barranquilla.

      Fecha y contenido del fallo

      Mediante fallo del 11 de septiembre de 2017 resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por considerar que la misma no cumplía con el presupuesto de subsidiariedad.

      El Tribunal Administrativo del Atlántico, S. de Decisión Oral – Sección “B”, mediante fallo del 25 de octubre de 2017, confirmo el fallo de primera instancia.

      Mediante fallo del 24 de enero de 2018 resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de inmediatez, ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

      El 8 de marzo de 2018, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, S.P. confirmó el fallo de instancia.

      Mediante fallo del mayo 2 de 2018 resolvió conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados y ordenó a C. reconocer la pensión de invalidez.

      El Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003- S. de decisión oral – Sección B, mediante sentencia del 18 de julio de 2018, confirmó el amparo otorgado en la primera instancia.

      En esta oportunidad, la situación fáctica exige a la S. determinar, de manera previa al asunto de fondo, el problema jurídico que a continuación se plantea:

      ¿Se ha configurado el fenómeno jurídico de la temeridad o de la cosa juzgada constitucional, respecto del asunto sobre el que versa la acción de tutela que en esta oportunidad revisa esta Corporación, debido a que existen dos solicitudes de amparo aparentemente similares y posteriores a la que en esta oportunidad se estudia?

      Una vez resuelto el problema jurídico anterior, y en caso de ser procedente, se analizará de fondo el caso concreto[20].

      Cuestión previa a resolver

      Temeridad en la acción de tutela[21]

      La Constitución de 1991 indica que la acción de tutela es un medio judicial residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, y en algunos casos de particulares. No obstante, existen reglas que no pueden ser desconocidas por quienes pretenden que se les reconozca el amparo a través de esta vía, una de ellas es no haber formulado con anterioridad una acción de tutela contra la misma parte, por los mismos hechos y con las mismas pretensiones[22].

      Cuando una persona promueve la misma acción de tutela ante diferentes operadores judiciales, bien sea simultánea o sucesivamente, se puede configurar la temeridad, conducta que involucra un elemento volitivo negativo por parte del accionante. La jurisprudencia ha establecido ciertas reglas con el fin de identificar una posible situación constitutiva de temeridad. Sobre el particular, esta Corporación señaló[23]:

      “La Sentencia T-045 de 2014 advirtió que la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones[24] y (iv) la ausencia de justificación razonable[25] en la presentación de la nueva demanda[26] vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del demandante. En la Sentencia T-727 de 2011 se definió los siguientes elementos “(…) (i) una identidad en el objeto, es decir, que ¨las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental¨ [27]; (ii) una identidad de causa petendi, que hace referencia a que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa [28]; y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado”[29]. (negrilla fuera del texto original)

      En caso de que se configuren los presupuestos mencionados anteriormente, el juez constitucional no solo debe rechazar o decidir desfavorablemente las pretensiones, sino que además deberá imponer las sanciones a que haya lugar[30].

      Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación que la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista[31].

      Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho[32]. En términos de la Corte:

      “En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada asunto sometido a su competencia”[33].

      Cosa juzgada constitucional[34]

      En cuanto a esta figura jurídica, esta Corte ha señalado lo siguiente:

      “Se trata de una institución jurídico-procesal en cuya virtud se dota de carácter inmutable, vinculante y definitivo a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en sus providencias definitivas, con lo cual se garantiza la finalización imperativa de los litigios y en ese sentido el predominio del principio de seguridad jurídica[35].

      En tratándose del recurso de amparo la existencia de la cosa juzgada constitucional se estatuye como un límite legítimo al ejercicio del derecho de acción de los ciudadanos, impidiéndose acudir de forma repetida e indefinida a los jueces de tutela, cuando el asunto ya ha sido resuelto en esta jurisdicción, respetando así el carácter eminentemente subsidiario del mecanismo constitucional” [36]

      En este sentido, una providencia pasa a ser cosa juzgada constitucional frente a otra cuando existe identidad de objeto,[37] de causa petendi[38] y de partes.[39] “Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional adquiere conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria”[40].

      Las consecuencias de la exclusión de revisión de un expediente de tutela son: “(i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional de las sentencias de instancia (ya sea la única o segunda instancia) que hace la decisión inmutable e inmodificable,[41] salvo en la eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela[42]. Por el contrario cuando la tutela es seleccionada por la Corte, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo que se profiere en sede de revisión.[43]

      En caso de comprobarse que se está ante la presencia de la cosa juzgada constitucional, es deber del juez de tutela declarar la improcedencia de la acción[44].

      En relación con esta figura, la decisión de la Corte de no seleccionar una tutela para su revisión genera que la decisión adoptada por los jueces de instancia quede ejecutoriada formal y materialmente, operando así el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Por lo anterior, reitera que “Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico”[45].

      Con base en lo dicho y a manera de conclusión este fenómeno jurídico tiene como fin evitar que los funcionarios judiciales conozcan, tramiten o decidan un asunto ya resuelto, mediante un fallo de tutela que ha cobrado ejecutoria, bien sea en sede de revisión por parte de esta Corporación, o en sede de instancia cuando la misma decide no seleccionarlo[46].

      Análisis de la cuestión preliminar en el asunto objeto de revisión

      En sede de revisión constitucional se puso en conocimiento de este S. la existencia de dos tutelas posteriores, para mayor claridad se hará a continuación una descripción gráfica del panorama jurídico, teniendo en cuenta que la primera de las tres tutelas es la que se encuentra bajo revisión por parte de la Corte:

      T-6.657.386 (Objeto de revisión)

      (Tutela Nº1)

      T-6.832.375

      (Tutela Nº2)

      T-7.011.009

      (Tutela Nº3)

      Fecha de presentación

      30 de agosto de 2017

      5 de enero de 2018

      18 de abril de 2018

      Partes

      E.C.A. contra la Administradora Colombiana de Pensiones -C.-.

      E.C.A. contra la Administradora Colombiana de Pensiones -C.-.

      E.C.A. contra la Administradora Colombiana de Pensiones -C.-.

      Derechos invocados

      Mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida en condiciones dignas y seguridad social.

      Mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida en condiciones dignas y seguridad social.

      Mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida en condiciones dignas y seguridad social.

      Hechos y pretensiones

      E.C.A., padece catarata congénita desde su niñez y neoplasia de riñón. C. niega el reconocimiento de la pensión especial de invalidez debido a que el accionante no cumple con los requisitos de ley para acceder a la misma.

      E.C.A., padece catarata congénita desde su niñez y neoplasia de riñón.

   3. niega el reconocimiento de la pensión especial de invalidez debido a que el accionante no cumple con los requisitos de ley para acceder a la misma.

      E.C.A., padece catarata congénita desde su niñez y neoplasia de riñón. C. niega el reconocimiento de la pensión especial de invalidez debido a que el accionante no cumple con los requisitos de ley para acceder a la misma.

      Autoridad judicial que resuelve

      Juzgado cuarto administrativo oral de Barranquilla

      Juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de aseguramiento de Barranquilla.

      Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Barranquilla.

      Fecha y contenido del fallo

      Mediante fallo del 11 de septiembre de 2017 resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por considerar que la misma no cumplía con el presupuesto de subsidiariedad[47].

      Mediante fallo del 24 de enero de 2018 resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de inmediatez, ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable[48].

      Mediante fallo del mayo 2 de 2018 resolvió conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados y ordenó a C. reconocer la pensión de invalidez[49].

      Inexistencia de temeridad en la primera acción de tutela (Expediente T-6.657.386) frente a las dos tutelas posteriores (Expedientes T-6.832.375 y T-7.011.009).

      Teniendo en cuenta que la S. Novena de Revisión de la Corte conoce la tutela T-6.657.386 formulada por el ciudadano E.C.A., no se puede predicar que ésta haya sido interpuesta de forma temeraria o haciendo uso de un elemento volitivo negativo, que denote un propósito desleal o abuso del derecho. Dicha situación podría ser predicada, eventualmente, de las tutelas formuladas con posterioridad (Expedientes T-6.832.375 y T-7.011.009). Sin embargo, las mismas no fueron seleccionadas por la Corte para su revisión y es competencia de los jueces constitucionales que conocieron de las acciones posteriores.

      Con relación a la inexistencia de la conducta temeraria por parte del actor, la S. encuentra que (i) el señor E.C.A., se encuentra en un estado de indefensión propio de aquellas situaciones en las que los individuos acuden reiteradamente al amparo de tutela, ante la necesidad extrema de defender los derechos fundamentales[50], además, se hace evidente (ii) el asesoramiento errado por parte del profesional del derecho C.A.P.L., quien no manifestó expresamente justificación alguna para la presentación de dos nuevas acciones de tutela. Ante las razones expuestas, se desvirtúa la presunta ocurrencia de una conducta dolosa o de mala fe, por parte del actor que deje al descubierto el abuso del derecho en la presentación del recurso de amparo que motiva el presente trámite de revisión. En consecuencia, y con base en los lineamientos expuestos en esta sentencia, no hay lugar a la declaratoria de temeridad en el caso que se examina.

      Configuración de cosa juzgada constitucional con ocasión del fallo dictado en la tercera acción de tutela (T-7.011.009) el 2 de mayo del 2018 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Barranquilla

      Si bien no corresponde a esta S. hacer un estudio de temeridad de la primera tutela con las formuladas con posterioridad, otro es el escenario en relación con el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional.

      Hecha la anterior precisión, y dado que (i) las partes, hechos y pretensiones que fundamentan la tutela que conoce la S. Novena de Revisión son los mismos que conforman la tercera y que (ii) la tercera acción de tutela, correspondiente al radicado T-7.011.009, fue excluida de revisión por parte de esta Corporación[51], se tiene que existe un pronunciamiento de fondo[52] por parte de la jurisdicción constitucional sobre este caso, por lo que dicha decisión hizo tránsito a cosa juzgada y por ello no es posible reabrir el debate.

      Por último, la Corte ordenará que se compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura al apoderado judicial de la parte activa, C.A.P.L., identificado con cédula de ciudadanía N° 72.002.262 portador de la tarjeta profesional N° 133.194 del Consejo Superior de la Judicatura, para que investigue las actuaciones que tuvieron lugar al presentar repetidas acciones de tutela sin justificación expresa y manifiesta que lo soporte, y sin agotar la doble instancia de los procesos judiciales en los cuales funge como apoderado.

      Con base en lo expuesto la S. Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional procederá a revocar el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico. S. de Decisión Oral – Sección “B”, del 25 de octubre de 2017, que confirmó el fallo de primera instancia proferido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, 11 de septiembre de 2017, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo formulada por el ciudadano E.C.A., para en su lugar, declarar la improcedencia de la presente acción de tutela ante la consolidación de cosa juzgada sobre el asunto, con ocasión del fallo dictado el 2 de mayo de 2018 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Barranquilla el cual fue excluido de revisión por parte de esta Corporación mediante Auto del 29 de octubre de 2018.

En el asunto que ahora se resuelve se discute el caso del ciudadano E.C.A., de 74 años de edad, quien padece de catarata congénita desde su niñez y neoplasia de riñón, enfermedades catalogadas como crónicas y/o degenerativas, por lo que fue calificado por el Instituto de Seguros Sociales -ISS- Seccional Atlántico, con una pérdida de capacidad laboral del 53.70% de origen común, con fecha de estructuración del 24 de julio de 1955.

No obstante lo anterior, el actor realizó aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones través del Instituto de Seguros Sociales -ISS- (en la actualidad C.) desde el 1º de abril de 1998 hasta marzo de 2009, acreditando un total de 623 semanas.

Por lo anterior, el 11 de marzo de 2011, radicó, ante el Instituto de Seguros Sociales, la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, entidad que mediante resolución No.00005819 del 27 de mayo de la misma anualidad, negó el requerimiento, toda vez que el actor no acreditó el número de semanas establecidas en el Decreto 3041 de 1966, es decir, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier tiempo.

Como consecuencia de la negativa de C. de no acceder a la solicitud del señor Cabeza Acendra, este, a través de apoderado judicial, formuló acción de tutela con el fin de que se ampararan los derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, el debido proceso, la vida en condiciones dignas y la seguridad social.

Dentro de las pruebas allegadas en sede de revisión constitucional se puso en conocimiento de esta S., la existencia de dos tutelas más (ambas presentadas con posterioridad a la que acá se revisa), que en principio parecían ser idénticas. Por tanto la S. analizó si en el presente caso se configuró la temeridad de la acción de tutela o el fenómeno jurídico de cosa juzgada constitucional.

Una vez revisados los mencionados expedientes, se evidenció que si bien en la presente acción de tutela[53] las partes, los hechos y las pretensiones eran los mismos que fundamentan las dos tutelas subsiguientes[54], la revisión adelantada por la S. Novena de Revisión versa sobre la primera de ellas, razón por la cual no se puede afirmar que en el presente caso exista temeridad por parte del accionante.

Por lo anterior y atendiendo a los postulados desarrollados por la jurisprudencia[55] de esta Corporación sobre la materia, para la S. es claro que la acción de tutela que en esta oportunidad es objeto de revisión no es temeraria, en la medida en que si bien concurren algunos de los presupuestos jurisprudenciales de la misma, a saber: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos e (iii) identidad de pretensiones; de la misma no se puede predicar que cumpla con (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista[56].

Asimismo, la S. encuentra que (i) el señor E.C.A., se encuentra en un estado de indefensión propio de aquellas situaciones en las que los individuos acuden reiteradamente al amparo de tutela, ante la necesidad extrema de defender los derechos fundamentales[57], además se hace evidente (ii) el asesoramiento errado por parte del profesional del derecho C.A.P.L., quien no manifestó expresamente justificación alguna por la presentación de una nueva acción de tutela. Ante las razones expuestas, se desvirtúa la presunta ocurrencia de una conducta dolosa o de mala fe, por parte del actor que deje al descubierto el abuso del derecho, en la presentación de la presente acción de tutela.

Descartada la configuración de la figura de la temeridad en el presente asunto, la S. procedió al estudio de la ocurrencia de cosa juzgada en el asunto de la referencia. Para el efecto, constató la existencia de la tutela[58] correspondiente al expediente T-7.011.009, instaurada el 18 de abril de 2018, tercera acción de tutela presentada por el apoderado del actor, ante el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Barranquilla.

Por lo anterior y dado que (i) las partes, hechos y pretensiones que fundamentan la acción de tutela que ahora se revisa son los mismos que conforman la “tutela 3” y que (ii) la ésta acción de tutela correspondiente al radicado T-7.011.009 fue excluida de revisión por parte de esta Corporación mediante Auto del 29 de octubre de 2018 por la S. de Selección de Tutelas N° 10 de esta Corte, se tiene que existe un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicción constitucional sobre este caso, por lo que dicha decisión hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y por ello no es posible reabrir el debate.

Finalmente la Corte ordenará que se compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue al abogado C.A.P.L., identificado con cédula de ciudadanía N° 72.002.262 portador de la tarjeta profesional N° 133.194 del Consejo Superior de la Judicatura, en relación con las actuaciones que tuvieron lugar al presentar repetidas acciones de tutela sin justificación expresa y manifiesta que lo soporte, y sin agotar la doble instancia de los procesos judiciales en los cuales funge como apoderado.

Con base en lo expuesto la S. Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional procederá a revocar la decisión de instancia que denegó el amparo de los derechos fundamentales del ciudadano E.C.A. por considerarla improcedente y, en su lugar, declarará la improcedencia de la presente acción de tutela ante la consolidación de cosa juzgada constitucional sobre el asunto, con ocasión del fallo dictado el 2 de mayo de 2018 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Barranquilla, el cual fue excluido de revisión por parte de esta Corporación mediante Auto del 29 de octubre de 2018.

En mérito de lo expuesto, la S. Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.