Auto nº 495/18 de Corte Constitucional, 8 de Agosto de 2018

1. La solicitud

   Por medio de escrito radicado ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, el 23 de mayo de 2018, el señor Á.J.C.M., actuando en calidad de apoderado judicial de L.Á.H.S., tercero afectado como consecuencia directa de las órdenes dictadas dentro del proceso T-3.358.979, solicitó la adición de la Sentencia SU-395 de 2017. Tal pedimento fue remitido al despacho del magistrado sustanciador que dictó el correspondiente fallo de unificación, en oficio del 24 de mayo del presente año.

   En tal virtud, habrá de exponerse una síntesis del contenido de la providencia cuya adición se reclama, haciendo particular énfasis en el proceso T-3.358.979.

2. Hechos relevantes que dieron lugar a la acción de tutela que interesa a la presente causa

   2.1. Mediante Resolución No. 032188 del 29 de septiembre de 2005, el Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.- reconoció al señor L.Á.H.S. una pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de $2.014.662 por haber fungido como empleado en el Ministerio de Salud durante más de 20 años, en cumplimiento de la Ley 33 de 1985[1]. Sin embargo, comoquiera que su retiro definitivo del servicio se produjo el 8 de octubre de 1998 y que su estatus pensional solo se consolidó hasta el 26 de agosto de 2003, fecha en la que adquirió la edad exigida legalmente, la entidad procedió a liquidar la prestación económica, no ya con el promedio de lo devengado durante el último año de servicios, sino tomando como elemento basilar el tiempo que le hacía falta para acceder a aquella, además de los factores salariales insertos en el Decreto 1158 de 1994[2].

   2.2. Al no compartir la forma en que se liquidó el monto adjudicado[3], el señor H.S. entabló proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho orientado, principalmente, a que se reliquidara su mesada pensional con el 75% del salario promedio mensual devengado que sirvió de base para la realización de aportes durante el último año de servicio oficial, previsto en la Ley 33 de 1985, e incorporando los factores salariales enunciados en la Ley 62 de 1985[4].

   2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda, Subsección B-, en sentencia del 24 de junio de 2009, accedió a las súplicas de la demanda y, por consiguiente, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos en discusión, ordenándole al Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.- que reliquidara la pensión de jubilación del actor conforme al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, junto con la respectiva indexación de la primera mesada pensional. Esta determinación se fundó en el hecho de que el solicitante se hallaba amparado por el régimen de transición pensional establecido en la Ley 100 de 1993, lo que conducía a que la correspondiente liquidación de su mesada tuviera como exclusivo referente los mandatos de las Leyes 33 y 62 de 1985 -cuyos factores salariales no son taxativos-, sin perjuicio de los eventuales descuentos que por concepto de aportes hubieren de efectuarse[5].

   2.4. El Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.- recurrió el precedente fallo al advertir que el pensionado había adquirido su estatus de tal en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que aun cuando se le haya aplicado la Ley 33 de 1985 en lo atinente a edad, tiempo de servicios y monto de la prestación, el ingreso base de liquidación tendría que calcularse de acuerdo con la normatividad que gobierna el régimen general de pensiones y sus decretos reglamentarios, es decir, fijando la cuantía a partir del tiempo que le hacía falta a este para tener derecho a la pensión, contado desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[6].

   2.5. En providencia del 3 de febrero de 2011, el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B-, revocó parcialmente aquella que fue expedida en primera instancia por el a-quo en lo tocante a la orden de reliquidación de la pensión de jubilación del señor H.S. con la inclusión de la bonificación especial de recreación para, en su lugar, negarla, añadiendo que la entidad demandada podría efectuar los descuentos por aportes correspondientes a los factores sobre los cuales no se hubiere realizado deducción legal[7].

   2.6. Frente a las anotadas circunstancias, el Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.-, por intermedio de apoderado judicial, formuló acción de tutela con el objetivo de poner de relieve el desconocimiento que de las Sentencias C-168 de 1995 y C-279 de 1996 se produjo en la providencia contenciosa tramitada en segunda instancia, ya que allí, por una parte, se ordenó reliquidar el ingreso base de liquidación de la prestación económica reconocida al señor H.S. con estricto fundamento en las Leyes 33 y 62 de 1985, omitiéndose el hecho de que le hacían falta menos de 10 años para adquirir su estatus pensional cuando entró en vigencia el Sistema General de Pensiones; y, por otra parte, se usurpó la competencia constitucional que fija en cabeza del Legislador la posibilidad de disponer sobre las prestaciones sociales que han de constituir o no salario para la eventual determinación del monto de una pensión, siendo injustificada la inaplicación del artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que expresamente señala los factores constitutivos de salario que deben componer la base de liquidación pensional concebida por la Ley 33 de 1985.

   En resumidas cuentas, al presumirse la configuración de un defecto material o sustantivo en la sentencia del 3 de febrero de 2011 dictada por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”- por i) extenderse más allá de lo pedido, ii) interpretar indebidamente el ordenamiento jurídico vigente, desconocer la ratio decidendi de las Sentencias C-168 de 1995 y C-279 de 1996 e invadir competencias constitucionales asignadas exclusivamente al legislador, al tiempo que iii) eludir el precedente jurisprudencial horizontal sentado por la Subsección “A” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.- pidió que se declarara sin valor ni efecto alguno.

   2.7. Una vez admitido el recurso de amparo constitucional y ordenado su traslado tanto a los Magistrados integrantes de la Sección Segunda del Consejo de Estado como al pensionado demandante en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso[8], el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta-, en sentencia del 11 de agosto de 2011, resolvió denegarlo al reputarlo improcedente para revivir una controversia jurídica ya zanjada por el juez natural del asunto y que, por lo demás, fue definida, en última instancia, por el Consejo de Estado en su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta decisión no fue impugnada por las partes.

3. Trámite ante la Corte Constitucional

   3.1. Enviado el aludido expediente a la Corte Constitucional, por obra de Auto del 19 de abril de 2012, la Sala Número Cuatro de Selección de Tutelas dispuso su escogencia y acumulación con otros procesos similares para que fueran decididos y tramitados en una misma sentencia[9], correspondiéndole dicha labor a la Sala Octava de Revisión.

   3.2. Dado que los casos seleccionados cuestionaban providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado en su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, el magistrado sustanciador optó por ponerlos a disposición de la Sala Plena a fin de que fueran resueltos a través de sentencia de unificación de jurisprudencia. Por lo tanto, en sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2012 y en aplicación del artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992[10], el pleno de la Corte avocó conocimiento de la causa, suspendiéndose los términos del proceso mientras se adopta la respectiva decisión[11].

   3.3. Finalmente, ante la presentación sucesiva de impedimentos y luego de colegir que debía establecer si los fallos objeto de revisión desconocían el alcance del régimen de transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los parámetros de interpretación fijados frente a la forma de calcular el promedio del ingreso base de liquidación aplicable a pensiones del sector público y los factores constitutivos de salario que deben tomarse en consideración para liquidar su monto, y si, por tanto, los mismos se inscribían en alguna de las causales específicas de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena expidió la Sentencia SU-395 el 22 de junio de 2017, en la que, específicamente, para el caso del expediente T-3.358.979, resolvió revocar la sentencia de tutela de primera y única instancia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, conceder la protección del derecho fundamental al debido proceso, en el sentido de dejar sin efectos el pronunciamiento emitido en segunda instancia dentro de la causa contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho que había ordenado reliquidar la mesada pensional de jubilación con el 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio oficial[12].

   Del mismo modo, ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones -C.- o a quien corresponda, que, en lo sucesivo, no incluyera en la mesada pensional el exceso que resultaba de la reliquidación ordenada en la sentencia del 3 de febrero de 2011 proferida por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda , Subsección B-.

   Los numerales quinto, sexto y séptimo de la parte resolutiva de la referida sentencia de unificación, son del siguiente tenor:

   “(...)

   QUINTO-. En el expediente T-3.358.979, REVOCAR el fallo de tutela dictado el 11 de agosto de 2011 por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta- y, en su lugar, CONCEDER la protección del derecho fundamental al debido proceso frente a la configuración de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en relación con la sentencia del 3 de febrero de 2011 proferida por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B-, al incurrir esta en los defectos sustantivo y de violación directa de la Constitución, en los términos expuestos en la presente providencia.

   SEXTO-. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 3 de febrero de 2011 proferida por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B-, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor L.Á.H.S. contra el entonces Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.-.

   SÉPTIMO-. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -C.- o a quien corresponda, que, en lo sucesivo, no se incluya en la mesada pensional el exceso que resultaba de la reliquidación ordenada en la Sentencia del 3 de febrero de 2011 proferida por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B-.

   (…)”.

   3.4. A tal decisión arribó el pleno de la Corte luego de concluir que en dicha providencia judicial se había incurrido en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución por haber efectuado una interpretación contraria a lo expresamente establecido por el legislador en los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de admitir que “el inciso tercero sólo se habilita cuando el régimen anterior aplicable en el caso concreto no establece una norma expresa que determine el ingreso base de liquidación”, reconociendo, por contera, “que el monto de la pensión incluía no sólo la tasa de reemplazo, sino también el Ingreso Base de Liquidación, los factores salariales y los demás elementos constitutivos de la liquidación”[13].

   Ello, en contravía de lo que la propia jurisprudencia constitucional ya había advertido sobre el hecho de que “el monto de la pensión se refiere únicamente al porcentaje aplicable al IBL, por lo que el régimen de transición no reconoce que continúen siendo aplicables ni el IBL ni los factores salariales previstos con anterioridad a la Ley 100 de 1993”.

   3.5. De ahí que, como ya tuvo la oportunidad de anotarse, la Corte dispusiera, en lo sucesivo, no incorporar en la mesada pensional el exceso resultante de la reliquidación ordenada en segunda instancia dentro del proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto último, en la práctica, implica que tendrá que empezar a pagarse la pensión de jubilación de acuerdo con lo que legalmente corresponda, esto es, calculándose el Ingreso Base de Liquidación -IBL-, no ya a partir de lo devengado durante el último año de servicio oficial previsto en la Ley 33 de 1985 e incorporando los factores salariales enunciados en la Ley 62 de 1985, sino tomando como referente el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir tal derecho o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

   Todo lo anterior, claro está, sin que quepa cuestionar el derecho del beneficiario a la aludida prestación y sin que haya lugar al reintegro de las sumas de dinero ya canceladas, toda vez que las mismas se presumen percibidas de buena fe, al estar fundadas en el cumplimiento de una decisión judicial.

   2. Fundamentos de la adición pretendida

   Á.J.C.M., obrando como mandatario judicial del señor L.Á.H.S.[14], en su calidad de tercero afectado con las órdenes emitidas en el proceso T-3.358.979, instó a la Sala Plena de este Tribunal para que adicionara, a través de providencia complementaria, la Sentencia SU-395 del 22 de junio de 2017, en el sentido de que allí se disponga “que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profiera una nueva providencia, con arreglo a las consideraciones expuestas en los fundamentos de la decisión adoptada”[15].

   Lo anterior, a su juicio, por cuanto en la mencionada providencia de unificación jurisprudencial tan solo se dejó sin efectos el fallo expedido el 3 de febrero de 2011 por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sin haberse hecho pronunciamiento alguno frente a aquel dictado el 24 de junio de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se reconoció a su prohijado la indexación de la primera mesada pensional; prerrogativa que, sin embargo, pese a su marcada relevancia constitucional, hoy en día, “fue dejada en el piso a raíz de la reducción de su pensión de jubilación a una tercera parte”[16].

1. Competencia

   Es competente la Sala Plena de la Corte Constitucional para conocer, tramitar y decidir la presente solicitud de adición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley 1564 de 2012[17], aplicable por remisión expresa del artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015[18].

2. De la procedencia excepcional de las solicitudes de aclaración y adición de sentencias dictadas por la Corte Constitucional. Reiteración jurisprudencial.

   2.1. Conforme ha sido destacado de manera reiterada y uniforme por parte de este Tribunal[19], por regla general, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, en ejercicio de su facultad de revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela, o de control abstracto de constitucionalidad, no son susceptibles de aclaración o adición.

   2.2. Esta premisa se apoya, básicamente, en el artículo 241 de la Carta Política, que al confiarle a esta Corporación la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, dispone que ella debe llevarse a cabo “en los estrictos y precisos términos” de dicho precepto normativo, sin que el mismo contemple la facultad de aclarar ni mucho menos de adicionar el sentido de los fallos que profiere.

   2.3. Así lo expresó en su momento la Corte en la Sentencia C-113 de 1993[20], mediante la cual se declaró inexequible el inciso 4º del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que establecía la posibilidad de solicitar la aclaración de las providencias dictadas por esta Corporación. En esa oportunidad, la Sala Plena concluyó que la posibilidad de aclarar los alcances de un fallo atenta contra principios superiores como el de la cosa juzgada constitucional y la seguridad jurídica e, igualmente, desborda el ámbito de competencias atribuidas al Alto Tribunal por el artículo 241 Superior[21]. Textualmente, en el citado pronunciamiento se dijo lo siguiente:

   “Si, por el contrario, so pretexto de aclarar la sentencia se restringen o se amplían los alcances de la decisión, o se cambian los motivos en que se basa, se estará en realidad no ante una aclaración de un fallo, sino ante uno nuevo. Hipótesis esta última que pugna con el principio de la cosa juzgada, y atenta, por lo mismo, contra la seguridad jurídica.

   Además, como toda sentencia tiene que ser motivada, tiene en ella su propia explicación (…).

   Pero, por sobre todo, hay que tener en cuenta que ninguna de las normas de la Constitución que reglamentan la jurisdicción constitucional, confiere a la Corte la facultad de aclarar sus sentencias. Por el contrario, según el artículo 241, "se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo." Y entre las 11 funciones que cumple, no está tampoco la facultad de que se trata”[22]. (N. no originales)

   2.4. Lo apuntado en precedencia lleva necesariamente a afirmar que, prima facie, una vez concluida la etapa de eventual revisión de los procesos de tutela, la Corte pierde competencia para seguir conociendo de estos asuntos y, por consiguiente, no estaría facultada para revocar, reformar, aclarar, corregir o adicionar sus fallos[23]. No en vano, la jurisprudencia constitucional se ha consolidado toda ella en torno a reconocer que, “para garantizar la seguridad jurídica de quienes intervienen en los procesos judiciales, las sentencias, una vez proferidas, agotan la competencia funcional del juez que las dictó, de tal suerte que se hacen intangibles, a tal punto que no pueden ser revocadas ni reformadas por quien las pronunció”[24].

   2.5. Sin embargo, de manera excepcional y frente a circunstancias concretas y determinadas, esta Corporación ha consentido la posibilidad de aclarar el sentido de los fallos que expide en ejercicio de su facultad de revisión, ya sea de oficio o a petición de parte, pero sólo respecto de “frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión”[25]. Lo anterior, atendiendo al tenor del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil[26], cuyo contenido normativo, en sus aspectos esenciales, fue reproducido íntegramente por el artículo 285 del Código General del Proceso[27].

   2.6. En ese orden de ideas, la potestad de aclarar los fallos proferidos por la Corte Constitucional se restringe únicamente a aquellos conceptos o frases contenidos en la parte resolutiva de la providencia o que influyan en ella, que puedan generar verdadero motivo de duda[28], sin que tal aclaración implique cuestionar, limitar, restringir o ampliar el sentido y alcance de la decisión, o modificar las razones en las que se sustentó, ya que, de ser así, se estaría no ante la aclaración de una providencia sino frente a una alteración sustancial de la misma o, inclusive, generando un nuevo pronunciamiento, en franco desconocimiento de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica[29].

   2.7. Lo propio acontece cuando se trata de una solicitud de adición, que en modo alguno puede configurarse como una instancia paralela o alternativa, pues la Corte Constitucional, al momento de revisar un caso, tiene la carga de resolver lo relacionado con la presunta violación de un derecho fundamental, sin que ello signifique que deban estudiarse todos los escenarios jurídicos planteados por las partes. Esto último, habida cuenta de que ni el artículo 241 del texto superior ni el Decreto 2591 de 1991 prevén la obligatoriedad de dicho análisis, por fuera de lo cual, como ya se puso de relieve, una vez culmina la etapa de eventual revisión de un proceso de tutela, se agota la competencia de este Tribunal para decidir materias nuevas relacionadas con los mismos hechos[30].

   2.8. Siendo así las cosas, una sentencia está llamada a adicionarse solo cuando la relevancia constitucional del asunto sobre el que no se pronunció el juez, de haberse tomado en consideración, conduzca a un cambio sustancial en la regla decisional fijada.

   2.9. Por último, es menester dejar por sentado que, cuando la solicitud de adición o de aclaración es a petición de parte, se requiere, además, (i) que el interesado cuente con legitimación en la causa, lo que impone que la petitoria deba ser presentada por uno de los sujetos reconocidos en el trámite procesal o por un tercero con interés legítimo, y (ii) que la misma se presente durante el término de ejecutoria de la providencia en cuestión, esto es, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo de revisión a las partes en el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso[31].

1. Una vez analizado el escrito presentado por Á.J.C.M., quien actúa en calidad de apoderado judicial de L.Á.H.S., tercero afectado como consecuencia directa de las órdenes dictadas dentro del proceso T-3.358.979, la Sala Plena advierte que la solicitud que efectúa se encuentra dirigida a que esta Corporación adicione, por medio de providencia complementaria, la Sentencia SU-395 de 2017, de suerte que, en lo que tiene que ver con el citado expediente, se ordene a la Sección Segunda del Consejo de Estado proferir un nuevo pronunciamiento con sustento en el aparte considerativo expuesto en el fallo de unificación jurisprudencial.

2. Pues bien, a primera vista debe mencionarse que la anterior pretensión, tal y como está planteada, deviene por entero improcedente, no solo por cuanto no cabe modificar o alterar una sentencia una vez se ha proferido, toda vez que en esta etapa se encuentra agotada la competencia funcional del juez que la dictó, sino porque, además, aquella no hace referencia puntual a la omisión de un asunto relevante que, de haberse tomado en consideración, conduzca a un cambio sustancial en la regla decisional fijada. Por el contrario, dicho requerimiento tiene el propósito de que sea el juez contencioso administrativo el que expida una sentencia sustitutiva o de reemplazo sobre el particular, lo cual, a la postre, terminaría por desconocer la función de revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos fundamentales que está a cargo de la Corte Constitucional[32] y su plena competencia para adoptar autónomamente las decisiones que aseguren el cumplimiento de sus providencias y salvaguarden de manera efectiva las prerrogativas por ella protegidas[33].

3. Con todo, más allá de esta precisión inicial, encuentra la Sala Plena que, en desarrollo de la argumentación justificativa encaminada a respaldar su solicitud, el peticionario advierte sobre la existencia de un aspecto que no quedó comprendido en la decisión final y que, en realidad, supone la afectación de una garantía iusfundamental que no fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. En esa medida, resulta factible, de manera excepcional, acceder a la adición de la Sentencia SU-395 del 22 de junio de 2017, concretamente en cuanto hace a la parte resolutiva relacionada con el expediente T-3.358.979, a partir de la circunstancia particular de que allí no se hizo referencia expresa alguna al derecho a la indexación de la primera mesada pensional, a pesar de que el mismo había sido reconocido en sede de ambas instancias dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda, Subsección B- y del Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B-, en providencias del 24 de junio de 2009 y del 3 de febrero de 2011, respectivamente[34].

   3.1. En efecto, interesa destacar que, aun cuando tales decisiones judiciales fueron examinadas en contraste con temas como el alcance del régimen de transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los parámetros de interpretación fijados frente a la forma de calcular el promedio del ingreso base de liquidación aplicable a pensiones del sector público y los factores constitutivos de salario que deben tomarse en cuenta para liquidar su monto, la indexación de la primera mesada pensional nunca formó parte de la delimitación conceptual planteada como fundamento de unificación jurisprudencial, lo que explica, en principio, que el pleno de la Corte no haya adelantado el estudio del caso concreto centrando su análisis en dicho tópico.

   3.2. No obstante esa consideración, que deja entrever que a través de la Sentencia SU-395 de 2017 no se buscaba profundizar en los contornos de la indexación de la primera mesada pensional, pues, como se reitera, en torno a esta temática no confluía el debate principal suscitado, en el expediente T-3.358.979 se resolvió consentir la protección del derecho fundamental al debido proceso y, por tanto, dejar sin efectos la providencia dictada el 3 de febrero de 2011 por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B- dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor L.Á.H.S. contra el entonces Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.-, dejándose de lado el hecho de que la mencionada corporación judicial, así como ordenó que se reliquidara la pensión de jubilación del demandante conforme al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios prestados, lo que sí fue materia específica de controversia en el fallo de unificación, también reconoció su derecho a la indexación de la primera mesada pensional, sobre la base de estimar procedente dicha orden por razones de justicia y equidad, no solo por ser notoria la permanente devaluación de la moneda que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, sino porque el último año de servicios prestado por el beneficiario fue anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional por cumplir el requisito de edad[35].

   3.3. De esta manera, concluye la Sala Plena que, de la ausencia de dicho pronunciamiento, puede derivarse la consecuencia negativa, no surgida precisamente del texto de la decisión adoptada, de que se desconozca el derecho que le asiste al señor L.Á.H.S. de que su pensión de jubilación sea debidamente indexada, motivo que lleva indefectiblemente a ratificar la adición de la Sentencia SU-395 de 2017, ya que tratándose del caso contenido en el expediente T-3.358.979 no se fijó ninguna postura frente a tal aspecto que era susceptible de determinación, no ya por ser uno de los extremos de la litis, sino por mandato de la ley[36], habida cuenta de su indiscutible relevancia desde la perspectiva constitucional para materializar la protección del poder adquisitivo de la prestación económica reconocida y, por esa vía, garantizar el derecho al mínimo vital; prerrogativas todas las cuales han sido comprometidas por la Administradora Colombiana de Pensiones -C.- en la Resolución No. SUB 42982 del 19 de febrero de 2018, al haber desconocido su derecho a la indexación de la primera mesada pensional.

4. En las anotadas condiciones, por tratarse de una prerrogativa de raigambre superior que debía mantenerse indemne en el caso del expediente T-3.358.979, esta Sala procederá a adicionar el numeral sexto de la parte resolutiva de la Sentencia SU-395 del 22 de junio de 2017, así: “SEXTO-. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 3 de febrero de 2011 proferida por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B-, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor L.Á.H.S. contra el entonces Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.-, salvo lo dispuesto frente al reconocimiento de la respectiva indexación de la primera mesada pensional”. (S. y negrillas indican la parte adicionada).

5. Lo anterior, teniendo en cuenta que no existe objeción alguna en lo que atañe a la legitimación en la causa por activa para pedir la adición de la Sentencia SU-395 de 2017, comoquiera que fue solicitada por el mandatario judicial del señor L.Á.H.S., quien figura en el expediente T-3.358.979 como tercero con interés directo cuya mesada pensional resultó afectada a partir de las órdenes allí impartidas.

6. Así mismo, tampoco cabe ningún reparo frente a la presentación oportuna de la referida interpelación, ya que, según consta en el oficio No. APV-842 del 15 de junio de 2018 suscrito por el S. General de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado[37], el señor L.Á.H.S. no pudo ser notificado de manera personal, por lo que procedió, por intermedio de su abogado, a activar el trámite que se encuentra bajo estudio sobre la base de que, en su caso particular, la notificación se había surtido por conducta concluyente, en los estrictos y precisos términos previstos en el artículo 301 del Código General del Proceso[38].

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional