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Auto nº 420/19 de Corte Constitucional, 31 de Julio de 2019

Ponente:DIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA
Fecha de Resolución31 de Julio de 2019
EmisorCorte Constitucional
ExpedienteD-13268 Y OTRO ACUMULADOS

Auto 420/19

Expediente: D-13268 (AC)

Actor: A. de Z.S. (D-13268) y N.J.T.C. (D-13269)

Referencia: Recurso de súplica contra el Auto del nueve (9) de julio de 2019, proferido por el Magistrado C.B.P., mediante el cual rechazó las demandas D-13268 y D-13269, interpuestas en contra de los artículos 25, 33, 44, 46, 79, 83, 113, 124, 127, 131, 140, 141, 231, 232, 233, 234, 235, 249, 312, 313, 314, 331 y 332 (D-13268) y 235 (parcial) (D-13269) de la Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”, respecto de los cargos primero, segundo, cuarto y sexto del expediente D-13268, así como primero, segundo y tercero del expediente D-13269.

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial de aquella que le concede el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 50 del Acuerdo N° 02, dicta el presente auto resolviendo el recurso de súplica interpuesto por el demandante en el expediente bajo radicado D-13268, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

  1. El 17 de julio de 2019, A.D.Z.S. presentó recurso de súplica contra el Auto del 9 de julio del año en curso,[1] proferido por el Magistrado C.B.P., mediante el cual se rechazaron los cargos primero, segundo, cuarto y sexto de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 25, 33, 44, 46, 79, 83, 113, 124, 127, 131, 140, 141, 231, 232, 233, 234, 235, 249, 312, 313, 314, 331 y 332 de la Ley 1955 de 2019.[2] El ciudadano considera que los cargos rechazados,[3] sí cumplen los requisitos para ser admitidos.

  2. De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 2067 de 1991 (Art. 6), el recurso de súplica es la instancia procesal destinada a que el demandante de una acción pública de inconstitucionalidad pueda controvertir -por aspectos formales o materiales- la providencia que rechace la demanda.[4] El carácter excepcional y estricto del recurso de súplica[5] impide que se convierta en una oportunidad para aportar nuevas razones que sustenten el concepto de la violación, corregir los yerros cometidos en la demanda o en el escrito de corrección o plantear nuevos elementos de juicio.[6] Por lo tanto, la competencia de la Sala Plena se circunscribe al análisis de los motivos de inconformidad del recurrente con el auto de rechazo, sin que pueda pronunciarse sobre materias distintas.[7] En tal sentido, para que el accionante logre comprobar que el auto de rechazo ha incurrido en un yerro, olvido o arbitrariedad, debe demostrar: (i) que se exigieron requisitos que no son propios del juicio de admisibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, o (ii) que cumplió, en forma satisfactoria, con lo solicitado en el auto inadmisorio de la demanda.[8] Así, el ejercicio del recurso de súplica exige que el demandante actúe con un mínimo de diligencia en la configuración de las razones que lo sustentan pues, de lo contrario, implicaría una falta de motivación del recurso que le impediría a esta Corporación pronunciarse de fondo.[9] Además, conforme con el artículo 50 del Acuerdo 02 de 2015, esta actuación procesal debe surtirse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, pues de lo contrario la será considerada extemporánea.[10]

  3. En relación con la admisión de las acciones públicas de inconstitucionalidad, a partir de la normatividad aplicable la Corte ha indicado que estas deben contener tres elementos esenciales: (1) referir con precisión el objeto demandado, (2) el concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (Art. 241, CP; Art. 2, Decreto 2067 de 1991). A su vez, respecto del concepto de la violación se ha establecido que los cargos deben cumplir con tres parámetros básicos: (i) “el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas (art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (ii) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas” y (iii) exponer “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución”. Ligado a lo anterior, ha determinado que las razones expuestas para sustentar cabalmente la censura constitucional deben ser -al menos- claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.[11]

  4. Inicialmente, los cargos presentados por el ciudadano A. de Z.S. en la demanda, bajo radicado D-13268, fueron inadmitidos, mediante Auto del 13 de junio de 2019.[12] Frente a dicha decisión, el 18 de junio del año en curso, presentó escrito de corrección, que fue estudiado en el Auto del 9 de julio de 2019. En dicha providencia, el M.C.B.P. decidió, por un lado, admitir los cargos tercero y quinto; y, por el otro, rechazar los cargos primero, segundo, cuarto y sexto. Esta última decisión, conforme con el informe secretarial, fue notificada “por medio de estado número 112 del once (11) de julio de 2019. El término de ejecutoria correspondió a los días 12, 15 y 16 de julio.”[13]

  5. El accionante presentó el recurso de súplica el 17 de julio de 2019; es decir por fuera del término previsto en el artículo 50 del Acuerdo 02 de 2015, que establece que el mismo debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto de rechazo.[14] Es decir, se trata de una actuación procesal extemporánea y, en razón a ello, la Corte se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, la Sala Plena rechazará por extemporáneo el mencionado recurso, tal y como lo ha hecho esta Corporación en ocasiones previas cuando se presenta esta situación.[15]

  6. Es relevante aclarar que, si bien la regla general del principio pro actione[16] rige el estudio de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad, el objetivo de garantizar la prevalencia del acceso a la administración de justicia exige que el ciudadano accionante cumpla con las mínimas cargas de certeza, claridad, pertinencia, suficiencia y especificidad de cada uno de los argumentos presentados. Así mismo, le impone al accionante el deber de llevar a cabo las actuaciones conforme a los términos establecidos; en concreto, en lo que tiene que ver con el recurso de súplica debe presentarlo dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto de rechazo. Adicionalmente la Sala Plena debe reiterar, como lo ha hecho previamente, “que mediante esta decisión no se trata de impedir el ejercicio del derecho de acción por parte del demandante, ni de sujetarlo a requisitos exagerados que lo tornen inocuo. Por el contrario, lo que se pretende es garantizar el debido proceso constitucional, al tiempo que se protegen las expectativas que tienen los ciudadanos de que la Corte profiera una decisión de fondo en los asuntos que se presentan ante ella. De ahí que… bien podría reformular su demanda y volverla a presentar ante esta Corporación, siempre que advierta el cumplimiento de las cargas de claridad, certeza, suficiencia, especificidad y pertinencia”.[17] Finalmente, debe advertirse que la inadmisión o rechazo de una demanda de inconstitucionalidad no hace tránsito a cosa juzgada ni cercena el derecho de acción del ciudadano, de manera que puede presentar una nueva demanda, siempre que se cumplan las exigencias de los artículos 40-6 y 241 de la Carta Política, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991[18].

  7. Así, fundándose en las consideraciones señaladas, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR, por extemporáneo, el recurso de súplica formulado por el ciudadano A. de Z.S., en contra del Auto del 9 de julio de 2019, proferido por el Magistrado C.B.P., mediante el cual se rechazaron los cargos primero, segundo, cuarto y sexto, de la demanda bajo radicado D-13268.

SEGUNDO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR el contenido de esta decisión al demandante, indicándole que contra esta no procede recurso alguno.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHIVAR el expediente D-13268 AC.

N., comuníquese y cúmplase.

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

No interviene

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] Conforme con la Secretaría General de esta Corporación, la notificación del Auto se dio por medio de estado número 112 el once (11) de julio de 2019.

[2] “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”

[3] Se refiere a los siguientes: (i) vulneración del principio de unidad de materia, (ii) violación de la temporalidad de la función pública de los particulares, (iii) violación de la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y (iv) violación del deber del Estado en la prestación eficiente de los servicios públicos.

[4] Ver entre varios, los Autos de Sala Plena A-244 de 2001. M.J.C.T.; A-024 de 1997. M.E.C.M., A-061 de 2003. M.J.C.T., A-129 de 2005. M.J.C.T. y A-164 de 2006. M.J.C.T.; A-015 de 2016. M.L.E.V.S.; A-181 de 2017. M.A.L.C.. En dichas oportunidades, la Corte, al resolver el recurso de súplica presentado por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.

[5] Desde 1992 a marzo de 2019 se han resuelto al menos 573 recursos de súplica, de los cuales la Sala Plena solo decidió revocar el rechazo de la demanda en 30 oportunidades: ver autos A-018 de 1992. M.E.C.M.; A-016 de 1998. M. (e) C.I. de G.; A-024 de 1998. M.F.M.D.; A-013 de 2000. M.V.N.M.; A-017 de 2000. M.A.B.S.; A-086 de 2001. M.J.A.R.; A-290 de 2001. M.Á.T.G.; A-073 de 2005. M.Á.T.G.; A-128 de 2005. M.Á.T.G.; A-182 de 2005. M.J.C.T.; A-331 de 2009. M.H.A.S.P.; A-237A de 2010. M.H.A.S.P.; A-070 de 2011. M.G.E.M.M.; A-161 de 2011. M.M.V.C.C.; A-188 de 2012. M.L.E.V.S.; A-042 de 2013. M. (e) A.J.E.; A-076 de 2013. M.L.E.V.S.; A-212 de 2013, M.L.E.V.S.; A-242 de 2013. M.L.E.V.S.; A-111 de 2015. M. (e) M.V.S.M.; A-241 de 2015. M.M.V.C.C.; A-242 de 2015. M.M.V.C.C.; A-527 de 2015. M.M.V.C.C.; A-040 de 2016. M.J.I.P.P.; A-540 de 2016. M.G.E.M.M.; A-513 de 2017. M.C.B.P.; A-203 de 2018. M.A.J.L.O.; A-361 de 2018. M.G.S.O.D.; A-739 de 2018. M.J.F.R.C.; y A-819 de 2018. M.J.F.R.C..

[6] Por ejemplo, la Sala Plena ha revocado el rechazo de la demanda cuando (i) el accionante sí corrigió la demanda en los términos indicados en el auto de inadmisión (autos A-361 de 2018. M.G.S.O.D.; y A-513 de 2017. M.C.B. Pulido); (ii) la decisión de rechazo se fundó en que el accionante guardó aparente silencio frente a la inadmisión al no presentar escrito de corrección, pero se concluye que el demandante sí actúo en los términos procesales establecidos (autos A-469 de 2017. M.A.R.R.; y A-540 de 2016. M.G.E.M.M.); (iii) no se configuró la cosa juzgada constitucional (autos A-237A de 2010. M.H.A.S.P.; A-161 de 2011. M.M.V.C.C.; y A-040 de 2016. M.J.I.P.P.); (iv) el cargo por violación de la igualdad era específico, pertinente y suficiente cumplía con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional (Auto A-331 de 2009. M.H.A.S.P.); (v) la Corte es competente para asumir cargos de inconstitucionalidad contra los actos legislativos, fundados en el presunto exceso del Congreso en el ejercicio del poder de la reforma de la Carta Política (Auto A-188 de 2012. M.G.E.M.M.); o, (vi) en los autos admisorios y de rechazo el magistrado sustanciador guardó silencio sobre la adecuada o inadecuada formulación o estructuración de uno de los cargos, lo que hace suponer que el mismo era apto para su estudio (A-070 de 2011. M.G.E.M.M.. En este último caso la Sala Plena estuvo de acuerdo con el magistrado sustanciador en relación con el rechazo de los cargos contra los artículos 21 y 48 (parágrafo-parcial) de la Ley 1430 de 2010 por no cumplir los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia. Sin embargo, decidió admitir parcialmente la demanda por el cargo de violación del artículo 363 Superior dirigido contra el último inciso del artículo 8º de la Ley 1430 de 2010, que fue respecto del cual el magistrado sustanciador guardó silencio.

[7] Ver, entre otros, los autos A-024 de 1997. M.E.C.M., fundamento jurídico Nº 6; A-061 de 2003. J.C.T., fundamento jurídico II; A-164 de 2006. M.J.C.T., fundamento jurídico III; A-029 de 2016. M.L.G.G.P., fundamento jurídico Nº 9; y, A-759 de 2018. M.A.R.R., fundamento jurídico Nº 7.

[8] Autos A-236 de 2017. M. (e) J.A.C.A., fundamento jurídico Nº 5; y, A-232 de 2018. M.D.F.R., fundamento jurídico Nº 2.

[9] Ver, entre otros, autos A-174 de 2011. M.G.E.M.M., fundamento jurídico Nº 1; A-111 de 2015. M. (e) M.V.S.M., fundamento jurídico Nº 1.3.; A-515 de 2017. M.A.L.C., fundamento jurídico Nº 6; y A-009 de 2019. M.C.P.S., fundamento jurídico Nº 1.

[10] El artículo 50 del Acuerdo 02 de 2015 establece: “El recurso de súplica deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia objeto de él”.

[11] (i) Razones claras: Es indispensable “para establecer la conducencia del concepto de la violación”, pues, aunque se trate de una acción pública, es necesario seguir un hilo conductor que permita comprenderla. (ii) Razones ciertas: Exige que “la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente” cuyo contenido sea verificable y no sobre deducciones, supuestos o proposiciones hechos por el demandante mas no por el legislador. (iii) Razones específicas: Se predica de aquellas razones que “definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política”, formulando, por lo menos un “cargo constitucional concreto contra la norma demandada” para que sea posible determinar si se presenta una confrontación real, objetiva y verificable, dejando de lado argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”. (iv) Razones pertinentes: Implica que “el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional”, esto es, basado en la evaluación del contenido de una norma superior frente al de la disposición demandada, apartándose de sustentos “puramente legales y doctrinarios”, o simples puntos de vista del actor buscando un análisis conveniente y parcial de sus efectos. (v) Razones suficientes: Se refiere, por una parte, a “la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche”, y por otra, a la exposición de argumentos que logren despertar “una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada” que haga necesario un pronunciamiento de la Corte. Estos criterios fueron recogidos de la jurisprudencia desde la Sentencia C-1052 de 2011. M.M.J.C.E., y han sido utilizados de manera reiterada, uniforme y pacífica por la Corte Constitucional. Para un recuento enunciativo ver, entre otras providencias, la Sentencia C-105 de 2018. M.D.F.R., nota al pie N° 26.

[12] El accionante propuso en su demanda los siguientes cargos: (i) violación del principio de unidad de materia, en el que se cuestiona la constitucionalidad de los artículos 25, 33, 44, 46, 124, 127, 131, 140, 249 y 332, fue inadmitido por no cumplir con los requisitos de especificidad y suficiencia; (ii) vulneración del carácter temporal de la función pública ejercida por particulares, contra el artículo 79, fue inadmitido por incumplir los requisitos de claridad y especificidad; (iii) vulneración de la inalienabilidad del patrimonio cultural de la Nación, con el que el accionante propuso la inconstitucionalidad del artículo 83, inadmitido por no cumplir con los requisitos de claridad y especificidad; (iv) vulneración de la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante el cual se afirma la inconstitucionalidad del artículo 141, que fue inadmitido por no satisfacer los requisitos de certeza y especificidad; (v) vulneración de la reserva de ley orgánica, con el cual el accionante sostiene que los artículos 231, 232, 233, 234 y 235 son inconstitucionales, fue inadmitido por no cumplir el requisito de especificidad; y, (vi) vulneración del deber estatal de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, propuesto en contra de los artículos 312, 313 y 314, fue inadmitido por incumplir con los requisitos de certeza, especificidad y pertinencia.

[13] Informe de la Secretaría General de esta Corporación, folio 315.

[14] El artículo 50 del Acuerdo 02 de 2015 establece: “El recurso de súplica deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia objeto de él”.

[15] Entre las decisiones que han rechazado el recurso de súplica por interponerlo de manera extemporánea se cuentan las siguientes: A-600 de 2016. M.G.S.O.D.; A-586 de 2016. M.A.R.R.; A-261 de 2016. M.M.V.C.C.; A-200 de 2016. M.L.G.G.P.; A-015 de 2015. M. (e) M.V.S.M.; A-987 de 2014. M.A.R.R.; A-312 de 2014. M.L.E.V.S.; A-304 de 2014. M.G.E.M.M.; entre otras. Situación diferente se presenta cuando el accionante presenta el recurso de súplica dentro del término, pues ello habilita la posibilidad de que la Sala Plena se pronuncie de fondo, bien sea para revocar o confirmar el auto de rechazo de la demanda; no obstante, esa no es la situación que se presenta en este caso, pues se reitera, dado que el ciudadano no interpuso el recurso en el término establecido, el mismo debe ser rechazado por extemporáneo.

[16] El principio pro actione le impone al juez constitucional el deber de no actuar con excesivo rigor al examinar el cumplimiento de los requisitos de la demanda. Corte Constitucional, Auto 029 de 2016. M.L.G.G.P..

[17] Corte Constitucional, Auto 065 de 2016. M.L.G.G.P..

[18] Ver, entre otros, autos A-085 de 2010. M.J.I.P.P., fundamento jurídico N° 6; A-055 de 2017. M.G.S.O.D., fundamento jurídico N° 5; A-662 de 2017. M.C.B.P., fundamento jurídico N° 38; A-615 de 2018. M.C.P.S., fundamento jurídico II; y A-006 de 2019. M.G.S.O.D., fundamento jurídico N° 14.

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