Auto nº 433/19 de Corte Constitucional, 6 de Agosto de 2019
| Ponente | :GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO |
| Fecha de Resolución | 6 de Agosto de 2019 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3701 |
Auto 433/19
Referencia: Expediente ICC-3701
Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de la misma ciudad.
Magistrada Ponente:
GLORIA S.O. DELGADO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente
AUTO
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El señor A.L.P., actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de Ecopetrol S.A., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, con ocasión de la sanción disciplinaria que, según él, injustamente le fue impuesta por presuntas irregularidades en los soportes que presentó para retirar y legalizar sus cesantías.
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Mediante auto de 20 de mayo de 2019, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena declaró su falta de competencia para decidir la solicitud de amparo y ordenó remitir el expediente a la oficina judicial para que se repartiera entre los jueces del circuito de la ciudad con base en el Decreto 1983 de 2017, el cual señala que las acciones de tutela contra cualquier entidad pública del orden nacional serán asignadas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del circuito o con igual categoría[1].
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En razón de lo anterior, el asunto fue repartido al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena el cual, a través de auto del 23 de mayo de 2019, suscitó el conflicto de competencia negativo.
Fundamentó tal decisión en que el Tribunal aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales del accionante.
En consecuencia, ordenó remitir el expediente a esta Corporación por ser la competente para resolver el conflicto de competencia[2].
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La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[3]. Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[4] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos eventos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[5].
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En el presente asunto, la Ley 270 de 1996 no definió cual autoridad judicial debía resolver el conflicto de competencia que se suscita entre los despachos involucrados, quienes orgánicamente pertenecen a distintas jurisdicciones. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
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Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° del Título Transitorio[6] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991[7], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[8];
(ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial[9]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[10]; y
(iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[11] en los términos establecidos en la jurisprudencia[12].
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Igualmente, la Corte ha aclarado que los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015 (anteriormente Decreto 1382 de 2000)[13] regulan el procedimiento de reparto y, en ningún caso, definen la competencia de los despachos judiciales. Por tanto, esta Corporación ha establecido que la observancia de dicho acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en el mismo son meramente de reparto[14].
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Así las cosas, es preciso destacar que las mencionadas disposiciones, aunque fueron modificadas por el Decreto 1983 de 2017, conservan la naturaleza de reglas de reparto y, por tanto, solo fijan pautas para realizar el reparto de las acciones de tutela. En esa medida, se insiste, no definen reglas de competencia en materia de amparo constitucional y por lo tanto, con base en las mismas no se pueden suscitar conflictos de tal naturaleza.
En razón de ello, el parágrafo segundo del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. En consecuencia, es prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con base en la inobservancia de las reglas de reparto.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena tomó las reglas de reparto contenidas en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo.
ii. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia, pero sí afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales de la accionante.
iii. La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por el señor A.L.P. es el Tribunal Superior de Cartagena.
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Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 20 de mayo de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso de tutela promovido por el señor A.L.P. contra Ecopetrol S.A.
En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará la remisión del expediente ICC-3701, que contiene la referida acción de tutela, a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.
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Adicionalmente, se advertirá a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 20 de mayo de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela formulada por el señor A.L.P. contra Ecopetrol S.A.
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3701 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de promover conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.
CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
GLORIA S.O. DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 175, Cuaderno Nº1.
[2] Folio 180, Cuaderno Nº1.
[3] Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros.
[4] Autos 170A de 2003 y 205 de 2014, entre otros.
[5] Autos 159A y 170A de 2003.
[6] Incorporado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017, “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.
[7] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[8] Cfr. Auto 493 de 2017 (M.L.G.G.P..
[9] Cfr. Sentencia C-940 de 2010 (M.G.E.M.M.) y Auto 221 de 2018 (M.J.F.R.C.).
[10] El artículo transitorio 8° del Capítulo III del Título Transitorio de la Constitución Política de Colombia (introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original). Cfr. Auto 021 de 2018 (M.C.B. Pulido).
[11] Ver, entre otros, los Autos 486 y 496 de 2017.
[12] De conformidad con lo dispuesto en, entre otros, el Auto 655 de 2017 (M.D.F.R., debe entenderse que por la expresión “superior jerárquico correspondiente”: “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original).
[13] El Decreto 1382 de 2000 fue derogado por el artículo 3.1.1. del Decreto 1069 de 2015, norma que a su vez y en virtud de su carácter compilatorio, consagró en los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. las disposiciones de naturaleza reglamentaria relacionadas con las reglas de reparto de las acciones de tutela. Posteriormente, mediante el Decreto 1983 de 2017 se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015.
[14] En ese sentido, ha reiterado este Tribunal que la prevalencia que revisten en estos casos los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), así como la informalidad y celeridad que caracterizan el trámite de la acción de tutela (art. 86 C.P.), no pueden ser desconocidos, en la medida en que el mencionado decreto solo prevé reglas administrativas para el reparto.
