Auto nº 462/19 de Corte Constitucional, 21 de Agosto de 2019
| Ponente | :DIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA AV:JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS |
| Fecha de Resolución | 21 de Agosto de 2019 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3715 |
Auto 462/19
Referencia: expediente ICC-3715
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Penal del Circuito de Acacías (Meta) y el Juzgado Civil del Circuito del mismo municipio
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
-
La ciudadana D.D.N., a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Acacías, por considerar vulnerado su derecho al debido proceso. En su concepto, dicha autoridad judicial realizó una indebida valoración de los elementos probatorios dentro de un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía en el que era demandante y, en consecuencia, solicitó la nulidad de una providencia emitida en el marco del proceso referido[1].
-
El conocimiento de la acción de tutela fue asignado al Juzgado Penal del Circuito de Acacías, que mediante Auto del 19 de junio de 2019[2], resolvió declarar su falta de competencia. Argumentó que, en virtud del numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, “las acciones de tutela dirigidas contra los jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”[3]. Por lo tanto, ordenó remitir el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Acacías, que funge como superior jerárquico de la autoridad judicial accionada.
-
Posteriormente, el Juzgado Civil del Circuito de Acacías, por medio de Auto del 27 de junio de 2019[4], manifestó que “no comparte las razones esbozadas por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías para apartarse del conocimiento de la presente acción constitucional”[5]. Señaló que las disposiciones citadas por dicha autoridad judicial son simples reglas de reparto, que no determinan la competencia para el conocimiento de las acciones de tutela y tampoco autorizan al juez para declararse incompetente, siempre que no se presente un “reparto caprichoso” derivado de la “manipulación grosera” de las referidas reglas. En consecuencia, promovió conflicto negativo de competencia y ordenó que el expediente fuera enviado a la Corte Constitucional para dirimirlo.
-
La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia, en materia de tutela, les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[6]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta C. para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[7]. En consecuencia, la Corte ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018[8], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[9].
En esta ocasión, la Corte encuentra que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[10], el conflicto de competencia propuesto debería ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio por conducto de sus Salas Mixtas. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
-
De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[11]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[12]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia[13].
-
Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta C., las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[14].
-
En cualquier caso, esta C. ha aclarado de manera reiterada que, si se encuentra que se ha realizado un reparto caprichoso o arbitrario, las consideraciones expuestas no impiden (i) que la autoridad judicial que conozca una controversia suscitada con base en reglas de reparto devuelva el expediente al despacho al que le corresponda su conocimiento en virtud de tales reglas, así se modifique la asignación inicial; o (ii) que la autoridad que recibe una acción de tutela como resultado de un reparto de las características mencionadas la remita a la autoridad que la deba conocer de conformidad con las reglas ya mencionadas[15]. El reparto de una acción de tutela es caprichoso o arbitrario cuando existe una “manipulación grosera”[16] o una “tergiversación manifiesta”[17] de las reglas de reparto, que se presenta, por ejemplo, en el caso de una “distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes”[18]; o en aquel “en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído”[19].
-
En relación con este punto, la Sala Plena ha establecido una serie de criterios para determinar si se configura un reparto caprichoso o arbitrario[20]:
“(i) El incumplimiento de las normas de reparto no autoriza al juez a remitir la acción de tutela a otra autoridad judicial, salvo que el fallador verifique que el reparto transgrede de manera manifiesta y evidente principios esenciales de la administración de justicia.
(ii) La existencia de reparto caprichoso o arbitrario debe establecerse en cada caso concreto.
(iii) Respecto de acciones de tutela contra autoridades judiciales (numeral 5º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017), en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía, con independencia de que no se trate del superior correspondiente a su especialidad[21]. En síntesis, el respeto por el principio de jerarquía es un elemento que descarta la existencia de reparto caprichoso o arbitrario[22].
(iv) En contraste, la jurisprudencia constitucional ha establecido que se presenta reparto caprichoso o arbitrario cuando se transgrede el principio de jerarquía, como en el caso de la distribución equivocada de las acciones de tutela interpuestas contra providencias judiciales emanadas de las Altas Cortes[23].
(v) En todo caso, el juez debe verificar que es competente en virtud del factor territorial”.
-
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, en la medida que el Juzgado Penal del Circuito de Acacías usó indebidamente las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, para abstenerse de conocer la acción de tutela de la referencia. De esa manera, les otorgó un alcance inexistente y contrarió la jurisprudencia de esta C., según la cual tales reglas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela. Así, el Juzgado mencionado aplicó una disposición que no desplaza su competencia, por lo que desconoció los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto mecanismo constitucional dirigido a la resolución inmediata de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
-
Adicionalmente, este Tribunal no encuentra que en el presente caso se haya repartido la acción de tutela de manera caprichosa o arbitraria. Esta C. consideró recientemente, en los autos 267[24], 269[25] y 417[26] de 2019, en relación con las acciones de tutela contra autoridades judiciales, que “en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía, con independencia de que no se trate del superior correspondiente”[27] a la especialidad de la autoridad accionada. Por consiguiente, en estos casos, al resolver controversias planteadas como resultado de la regla de reparto respectiva[28], “salvo que la situación pueda considerarse evidente y manifiestamente caprichosa”[29], el expediente debe remitirse a la primera autoridad con competencia a la que fue repartido.
En este orden de ideas, no se observa que en el presente caso haya existido una asignación caprichosa o arbitraria de la acción de tutela, pues no hubo una manipulación manifiesta o evidente de las reglas de reparto. Se destaca que el asunto fue repartido, desde el principio, a una autoridad judicial con competencia y no se subvirtió el principio de jerarquía de la Rama Judicial. El hecho de que la autoridad que recibió inicialmente la acción de tutela no tenga la misma especialidad de la autoridad judicial accionada no la autoriza para abstenerse de conocer de la solicitud.
-
En consecuencia, la Sala concluye que el Juzgado Penal del Circuito de Acacías se encuentra en la obligación de resolver, en sede de instancia, la acción de tutela de la referencia, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó su conocimiento. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 19 de junio de 2019 proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías, en el marco del trámite de la acción de tutela que D.D.N. formuló contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Acacías. Por consiguiente, se remitirá el expediente ICC-3715 a la autoridad judicial mencionada, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar. Adicionalmente, la Sala advertirá a dicha autoridad judicial que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto.
-
Así mismo, advertirá al Juzgado Civil del Circuito de Acacías —autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta C.— que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional[30].
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional
Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 19 de junio de 2019 proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por D.D.N. contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Acacías (Meta).
Segundo. REMITIR el expediente ICC-3715 al Juzgado Penal del Circuito de Acacías (Meta) para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero. ADVERTIR al Juzgado Penal del Circuito de Acacías (Meta) que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.
Cuarto. ADVERTIR al Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta) que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta C..
Quinto. Por la Secretaría General de la C., COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta).
N., comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno Principal, folios 20-8.
[2] Cuaderno 2, folio 3.
[3] Ibídem.
[4] Cuaderno 2, folio 5.
[5] Ibídem.
[6] Ver, entre otros, los autos 014 de 1994. M.J.A.M.; 087 de 2001. M.M.J.C.E.; 122 de 2004. M.M.J.C.E.; 280 de 2006. M.Á.T.G.; 031 de 2008. M.M.G.C.; 244 de 2011. M.M.V.C.C.; 218 de 2014. M.M.V.C.C.; 492 de 2017. M.C.B.P.; 565 de 2017. M.C.B.P.; 178 de 2018. M.A.R.R.; y 325 de 2018. M.D.F.R..
[7] Autos 170A de 2003. M.E.M.L.; y 205 de 2014. M.M.V.C.C., entre otros.
[8] M.A.L.C..
[9] Autos 159A de 2003. M.E.M.L.; y 170A de 2003. M.E.M.L..
[10] El siguiente es el texto del artículo 18 de la Ley 270 de 1996: “Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la C.”.
[11] Ver, por ejemplo, el Auto 493 de 2017. M.L.G.G.P..
[12] El artículo 8º transitorio del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original).
[13] De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017 (M.D.F.R., debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original). V. también, por ejemplo, los autos 486 de 2017. M.D.F.R.; y 496 de 2017. M.J.F.R.C..
[14] Ver, entre otros, los autos 105 de 2016. M.L.E.V.S.; 157 de 2016. M.A.L.C.; 007 de 2017. M.J.I.P.P.; 028 de 2017. M.G.S.O.D.; 030 de 2017. M.G.S.O.D.; 052 de 2017. M.G.S.O.D.; 059 de 2017. M.G.S.O.D.; 059A de 2017. M.J.I.P.P.; 061 de 2017. M.A.A.G.; 063 de 2017. M.L.E.V.S.; 064 de 2017. M.M.V.C.C.; 066 de 2017. M.A.L.C.; 067 de 2017. M.A.J.L.O.; 072 de 2017. M.L.E.V.S.; 086 de 2017. M.A.J.L.O.; 087 de 2017 M.G.S.O.D.; 106 de 2017. M.I.H.E.M.; 152 de 2017. M.A.L.C.; 171 de 2017. M.G.S.O.D.; 197 de 2017. M.G.S.O.D.; 332 de 2017. M.G.S.O.D.; y 325 de 2018. M.D.F.R.. Debido a ello, el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.
[15] Esta posición fue establecida por la Corte en el Auto 124 de 2009 (M.H.A.S.P.. En esa ocasión, esta C. consideró que, si bien no es posible promover conflictos de competencia con base en las reglas de reparto, esto no lleva a desconocer su validez. Por consiguiente, “deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario”. Esta postura ha sido reiterada en el Auto 198 de 2009 (M.L.E.V.S., que ha sido tenido en cuenta de manera continua por la Corte en los pronunciamientos subsiguientes y, más recientemente, en autos como los siguientes: 365 de 2017. M.G.S.O.D.; 378 de 2017. M.G.S.O.D.; 525 de 2017. M.C.B.P.; 588 de 2017. M.A.R.R.; 293 de 2018. M.G.S.O.D.; 216 de 2019. M.D.F.R.; y 267 de 2019. M.G.S.O.D..
[16] Auto 124 de 2009. M.H.A.S.P..
[17] Auto 267 de 2018. M.G.S.O.D..
[18] Auto 124 de 2009. M.H.A.S.P..
[19] Auto 198 de 2009. M.L.E.V.S.. La Corte, incluso, ha llegado a sostener, en el Auto 073 de 2016 (M.L.E.V.S., por ejemplo, que “no es acertado que una autoridad par o de inferior categoría resuelva el amparo que se presenta contra por ejemplo un alto tribunal”. Esta providencia se reitera en el Auto 372 de 2017 (M.A.L.C..
[20] Auto 267 de 2019. M.G.S.O.D..
[21] V., entre otros, los Autos 145 de 2019. M.A.L.C.; 810 de 2018. M.A.L.C.; 803 de 2018 M.D.F.R.: 662 de 2018 M.A.J.L.O.; 712 de 2017 M.L.G.G.P.; 124 de 2016 M.A.R.R.. En estos casos, la Corte Constitucional asignó la competencia a la primera autoridad a la cual fue repartida la acción de tutela aunque no correspondía al superior funcional de dicha especialidad.
[22] En este sentido, si la demanda se dirige contra un juzgado civil municipal y se reparte a un juzgado administrativo del circuito no se evidencia, en principio, la existencia de un reparto caprichoso o arbitrario.
[23] Auto 124 de 2009. M.H.A.S.P..
[24] M.G.S.O.D..
[25] M.C.B.P..
[26] M.L.G.G.P..
[27] Auto 417 de 2019. M.L.G.G.P..
[28] Numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015: “Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.
[29] Auto 417 de 2019. M.L.G.G.P..
[30] Reglas resumidas en esta providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 (M.A.L.C..
