Sentencia de Tutela nº 450/19 de Corte Constitucional, 1 de Octubre de 2019

1. El 23 de enero de 2019, el señor A.V.C. interpuso acción de tutela contra la UARIV,[2] por considerar que dicha Entidad vulneró sus derechos a la salud, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la vivienda digna y a la “reparación” al no pagar de forma priorizada la indemnización administrativa a que tiene derecho, por encontrarse en situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. En consecuencia solicita que se le ordene a la Entidad accionada: i) proceder al pago efectivo y priorizado de la indemnización administrativa “con motivo en lo dispuesto en la resolución 01958 del 2018 que contempla como ruta priorizada a aquellos que se encuentren en situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, contemplando dentro de los criterios a evaluar si la edad es mayor a 74 años, caso que [le] corresponde por tener a la fecha 80 años”; y, ii) gestionar y entregar solución de vivienda temporal [al accionante] y de forma inmediata proceda a reconocer[le] condición prioritaria en el subsidio de vivienda que se otorga a las víctimas de desplazamiento forzado (…).”

2. Señala que en 1999 él y su familia fueron desplazados por grupos armados del Municipio de Rioblanco (Tolima) y que ese mismo año declaró ante la Personería de Bogotá el referido hecho victimizante, motivo por el cual fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas -RUV-. Manifiesta que han pasado 19 años desde el desplazamiento y, a la fecha, no ha recibido ningún tipo de reparación por parte de la tutelada. Como consecuencia, en varias oportunidades ha presentado peticiones ante la UARIV, en las que ha solicitado la indemnización administrativa a que tiene derecho y que se priorice su turno en razón a que tiene 80 años; el más reciente[3] fue radicado el 9 de septiembre de 2018[4], el cual, a su juicio, no fue contestado de fondo por la UARIV.

3. La UARIV allegó al Juzgado de instancia una respuesta extemporánea, el 14 de febrero de 2019, cuando ya se había proferido la respectiva sentencia[5]. La Unidad informó que: i) ha adelantado las acciones necesarias para dar cumplimiento a la reparación del actor mediante el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa aprobada por el hecho victimizante de desplazamiento forzado; y, ii) al tutelante le fue fijado el turno GAC-181120.2479 (sic), “el cual no fue posible de cumplir”, comoquiera que no efectuó la carga que le asistía de aportar la documentación requerida (referente a su núcleo familiar) para acceder a la medida de reparación, soslayándose del principio de responsabilidad conjunta que le asiste, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1448 de 2011 (situación que se le puso en conocimiento el 14 de febrero de 2019[6]).

   Precisó que en el caso de la referencia se presenta el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que ya le otorgó al accionante una respuesta clara, de fondo, congruente con lo solicitado, conforme al marco normativo vigente y a los precedentes de las altas cortes. En esa medida, no se le han vulnerado sus derechos como víctima del conflicto armado.

4. El Juez de instancia tuteló el derecho de petición del actor porque consideró que la accionada no dio respuesta a la petición radicada por el accionante y ordenó a la UARIV que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esa providencia, “adoptara las medidas administrativas que correspondan” y, en los 6 días siguientes, decidiera en legal forma y de fondo la solicitud radicada por el accionante el 9 de septiembre de 2018. No se pronunció respecto de la pretensión encaminada a que se ordene a la accionada pagar la indemnización administrativa, pues, a su juicio, no contaba con los elementos que le permitiera dar órdenes en ese sentido y no está dentro de las funciones del juez de tutela inmiscuirse en el trámite de otras autoridades y “extender su poder de decisión hasta el extremo de resolver cuestiones que son de competencia específica de otros entes.”[7]

5. La Corte Constitucional ha estudiado múltiples casos en los que se acude a la acción de tutela para reclamar derechos fundamentales de personas víctimas de desplazamiento forzado, concretamente en relación con la indemnización administrativa. Esta S. reiterará varios aspectos de dicha jurisprudencia en la presente decisión. En primer lugar, esta Corporación ha señalado de manera constante que la acción de tutela es procedente para exigir la garantía de los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento por ser un mecanismo idóneo y eficaz para el efecto, dada la especial protección constitucional que tiene este grupo poblacional.[8]

6. Segundo, las personas en situación de desplazamiento forzado son sujetos de especial protección constitucional, por lo que, cuando el juez dispone de información y material probatorio suficiente en relación con la situación de urgencia y premura de la persona que reclama la protección de sus derechos, está llamado a tomar medidas para proteger derechos tales como la vida digna y el mínimo vital, así como los demás que se encuentren vinculados en el caso concreto.[9]

7. El capítulo séptimo de la Ley 1448 de 2011 reglamentó la indemnización administrativa para las personas que hayan sido víctimas del punible de desplazamiento forzado[10]. Sobre el particular la UARIV señala que: “[l]a indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo familiar víctima del desplazamiento forzado incluidos en el Registro Único de Víctimas. En virtud de la Sentencia SU-254 de 2013, habrá núcleos familiares que recibirán 27 SMLMV y otros que recibirán 17 SMLMV”[11]. Asimismo, el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011 determina el monto de la indemnización por vía administrativa para víctimas de desplazamiento forzado.

8. Ahora bien, esta Corporación, a través de la sentencia SU-254 de 2013[12] unificó los criterios jurídicos a partir de los cuales se efectúa la reparación integral e indemnización administrativa a víctimas del desplazamiento forzado y de graves violaciones a los derechos humanos[13].

9. Con base en la citada jurisprudencia, la Sentencia T-236 de 2015[14] señaló que la UARIV no puede desconocer el derecho que tienen las personas que han sido víctimas de desplazamiento de acceder a la indemnización administrativa, después de haber sido incluidas en el RUV. De esta forma, la persona que pretenda reclamar la reparación administrativa por cumplir con la calidad de víctima que se describe en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 deberá, previa inscripción en el Registro Único de Víctimas, solicitarle a la UARIV la entrega de la indemnización administrativa a través del formulario que esta disponga para el efecto, sin aportar documentación adicional salvo datos de contacto o apertura de una cuenta bancaria o depósito electrónico, si la entidad lo considera pertinente (Art. 151 Decreto 4800 de 2011). En ese orden, si hay lugar a ello se entregará la indemnización administrativa en pagos parciales o un solo pago total, atendiendo a criterios de vulnerabilidad y priorización[15].

10. “Conforme a lo anterior, se concluye que el ordenamiento jurídico vigente contempla reglas que permiten a las víctimas del conflicto armado obtener la reparación integral para sí y para los miembros de su familia. Entre las medidas de reparación se encuentra la indemnización administrativa, cuyo procedimiento de entrega, criterios de distribución y montos, está encaminado a optimizar la asignación masiva de reparaciones previstas para víctimas del conflicto armado”[16]. Por ello, cuando las personas víctimas de este tipo de hechos victimizantes acudan ante las autoridades para solicitar su reconocimiento como víctimas, deberán ser incluidas en el RUV, salvo que la UARIV desvirtúe que la relación fáctica tiene vinculación con el conflicto armado. Asimismo, deberá esta Entidad asignar el respectivo turno GAC a las personas que sean incluidas dentro del RUV con la finalidad de que les sea entregada la indemnización administrativa a que tienen derecho.

11. Ahora bien, frente a los criterios de priorización, actualmente el artículo 9 de la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019 establece las condiciones en las cuales las víctimas de desplazamiento forzado y sus núcleos familiares pueden acceder a la indemnización por vía administrativa de manera más pronta. Para el efecto, señala que “[u]na vez diligenciado el formulario de solicitud y entregado el radicado de cierre a la víctima, la Unidad para las Víctimas clasificará las solicitudes en: a) solicitudes prioritarias: Corresponde a las solicitudes en las que se acredite cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 4 del presente acto administrativo”, a su vez, el artículo 4 ibídem establece la edad como una de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad (tener una edad igual o superior a los 74 años).

12. Es particularmente relevante, para el caso bajo examen, resaltar que el juez constitucional está obligado a intervenir cuando, de los medios de prueba allegados al proceso, se infiere que la negativa de la institución accionada se funda en imputar a la víctima, artificiosamente, omisiones en las que ésta en realidad no ha incurrido[17], o cuando la somete a un conjunto de trámites sempiternos e injustificados que, además de no tener respaldo legal específico, ponen en peligro sus derechos fundamentales[18]. La falta de claridad acerca de las razones que justifican el no pago de una indemnización que ya ha sido reconocida, es un buen ejemplo de ello.

13. En el presente caso la S. considera que la acción de tutela que A.V.C. instauró contra la UARIV resulta procedente[19]. Además, se advierte de las pruebas obrantes en el expediente los siguientes datos relevantes, relacionados con las peticiones realizadas por el actor y las respuestas que la Unidad le ha dado a cada una de ellas:

    Petición accionante

    Respuesta UARIV

    Actuación tutelante

    Solicitud del 11 de agosto de 2017 en la que pide a la Unidad que: i) acepte la documentación allegada, correspondiente a los documentos de identidad de su núcleo familiar y le informe de manera ágil y oportuna sobre la reparación administrativa del hecho victimizante de desplazamiento forzado; y, ii) le indique cómo, cuándo y dónde se le harán los pagos de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que es un adulto mayor y cumple con los requisitos de priorización.

    Oficio del 15 de marzo de 2018 en el que le informa al accionante que: i) ha adelantado las acciones necesarias para dar cumplimiento al reconocimiento y pago de la medida de indemnización administrativa aprobada por el hecho victimizante; y, ii) se requiere adelantar el proceso de actualización de datos con el fin de garantizar la correcta asignación de la medida de indemnización, sin que a la fecha se haya podido materializar dicha gestión (realizar entrega de documentación).

    Petición del 28 de junio de 2018 dirigida a la tutelada, en la que solicita: i) cargar en el sistema la información de su núcleo familiar, para iniciar el proceso de reparación por el hecho victimizante de desplazamiento forzado; y, ii) asignar cita a su núcleo familiar para realizar encuesta de caracterización, reparación y proceso de retorno y reubicación. Lo anterior con el fin de dar priorización al proceso de indemnización administrativa a la que tiene derecho por ser víctima del desplazamiento forzado y por ser una persona de 80 años.

    El 9 de septiembre de 2018 solicitó que su turno para otorgar la indemnización administrativa fuera priorizado en razón a su edad. (Radicado No. 201813026147842).

    El 14 de noviembre de 2018 le informa al accionante que reconoció la indemnización por vía administrativa y negó priorización del turno GAC-181130.2479.

    Solicitud del 27 de noviembre de 2018 dirigida a la Directora Técnica de Reparación de la Unidad, en la que solicita: i) se pague reparación administrativa que le corresponde al accionante y a su núcleo familiar; y ii) se cargue la documentación presentada a la plataforma correspondiente.

    El 26 de diciembre de 2018 la accionada le reconoció al actor priorización de la reclamación de la indemnización administrativa y le solicitó documentos adicionales para su análisis (no menciona a qué documentos se refiere).

    El 14 de febrero de 2019, en cumplimiento del fallo de primera instancia, solicitó al accionante “actualizar los datos para culminar el proceso de documentación”, haciendo referencia a documentos de identificación del actor y su núcleo familiar.

    El 18 de febrero de 2019 el accionante remitió vía correo electrónico su documento de identificación y los de su familia[20].

    El 28 de junio de 2019, por correo electrónico informó a la señora D.V.C. (familiar del accionante) que deben remitir “afirmación juramentada” para proceder con la siguiente fase y pago de la indemnización administrativa. Documento que, al ser solicitado con posterioridad a la radicación de la presente acción, no fue aportado dentro de las pruebas.

14. Es necesario recalcar que dentro de las pruebas decretadas por esta S. de Revisión[21], se hicieron preguntas específicas encaminadas a que la UARIV informara a la Corte cuál era, exactamente, el trámite y/o requisito que se interponía en el pago efectivo de la indemnización que le había sido reconocida al señor A.V., e indicara, en concreto, los documentos que le ha solicitado, en qué oportunidad y cuáles han sido aportados. De manera extemporánea[22], la Unidad afirmó que: i) el 26 de diciembre de 2018 se le reconoció al accionante la priorización de su reclamación administrativa y se le solicitaron “documentos pertinentes” para su análisis, sin embargo, señala que el accionante no los suministró; ii) el 28 de junio de 2019 envió por correo electrónico a la señora D.V.C. (familiar del accionante) “afirmación bajo juramento” para ser firmada y actualmente se encuentra a la espera de dicho diligenciamiento para “solicitar fecha de pago”; iii) el estado actual del trámite atinente al reconocimiento y pago de la indemnización del tutelante se encuentra en la fase de “análisis de la solicitud”, la cual tiene una ruta priorizada por ser el actor un adulto mayor con edad superior a los 74 años. En contraste, el tutelante, dentro del traslado que se le dio para que se pronunciara en torno a esta respuesta, allegó a la actuación evidencia que demuestra la remisión de documentos específicos de su grupo familiar a la Unidad de Víctimas, como la relacionada en el cuadro anterior, con fecha 18 de febrero de 2019.

15. D. anterior recuento esta S. puede concluir que:

    i) Se encuentra acreditada la condición de víctimas del conflicto armado interno del accionante y su familia, por las condiciones materiales en las que fueron desplazados (actualmente se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas[23]).

    ii) No hay discusión sobre la titularidad del derecho a la indemnización administrativa en cabeza del accionante y su núcleo familiar, a quienes, además, se les asignó turno para recibirla y solo se encuentran a la espera de su desembolso. Al respecto, de la información consignada en el cuadro anterior (párrafo 13 supra), se evidencia que por lo menos al 15 de marzo de 2018, la UARIV ya había reconocido el derecho del accionante a la reparación administrativa, dado que en ese documento se considera que el afectado ha adelantado acciones necesarias para el pago de la indemnización reconocida; sin embargo, no obra prueba que permita a la S. identificar cuándo, con anterioridad a dicho momento, la UARIV reconoció el derecho.

    En cuanto a la asignación de turno para pago, la Corte encuentra lo siguiente: a) mediante la respuesta del 14 de noviembre de 2018 la UARIV afirmó que el accionante tenía asignado un turno para pago, el GAC-181130.2479, que, sin embargo, no era posible priorizar. b) En la respuesta de la UARIV a la acción de tutela, en primera instancia, advirtió que el turno GAC-181120.2479 (sic) no fue posible de cumplir porque, según allí se afirma, el peticionario no cumplió con la carga de aportar la documentación requerida al momento del pago (referentes a la composición e identificación del núcleo familiar). c) En este trámite de revisión se le solicitó a la Unidad que informara si se le había asignado algún turno al accionante y la fecha, a lo que contestó de manera evasiva[24], por lo cual, d) no existe claridad para cuándo se había concedido el referido turno ni las razones por las cuales no se satisfizo.

    No obstante, concluye la S. que lo que sí encuentra acreditado es que en este trámite (i) se reconoció la reparación administrativa, y (ii) se otorgó un turno de pago que se desconoció, en consideración de la S., por falta imputable a la ausencia de claridad de la UARIV sobre la información requerida al actor, quien, debe advertirse, es una persona que tiene 80 años de edad.

    iii) Así, al actor le han dado información errática, considerando que la accionada ha sido inconsistente en la documentación que se le ha solicitado, incluso en las respuestas allegadas a este proceso, en donde algunas veces manifestó que el señor V. no tenía derecho a una ruta priorizada para el pago de la indemnización administrativa (14 de noviembre de 2018) y en otras sí realiza dicho reconocimiento (26 de diciembre de 2018 y en respuesta al requerimiento probatorio de esta acción). Así mismo, el señor V.C. afirma haber allegado los documentos de su núcleo familiar el 11 de agosto de 2017 y nuevamente el 18 de febrero de 2019, pese a lo cual, son solicitados por la Entidad. Finalmente, en su información en este trámite y en correo remitido el 28 de junio de 2019 a uno de los familiares del actor, la UARIV solicita una “afirmación juramentada”[25], documento que no había requerido antes.

    En este sentido, advierte la S. que ante el derecho de petición invocado por el accionante el 9 de septiembre de 2018 la UARIV le contestó el 14 de noviembre de 2018, sin requerirlo para allegar información. Ante un nuevo derecho de petición, el 26 de diciembre la UARIV aduce que sí solicitó información, pero no aclara cuál. Posteriormente, solo con ocasión del fallo de tutela de primera instancia, envía una nueva contestación al ciudadano tutelante, requiriéndolo para allegar información y, finalmente, el 28 de junio de este año, le solicita la referida “afirmación juramentada”. Esto es, la UARIV, considerando además la edad del accionante, ha solicitado información escalonada, en un claro incumplimiento de sus obligaciones para con la población desplazada y en desmedro de los principios que deben orientar su actuación. Al respecto, en el Auto 331 de 2019[26], la Corte reiteró[27] que en los trámites que se adelantan para satisfacer la indemnización administrativa debe garantizarse el debido proceso de las personas involucradas, en los siguientes términos:

    “se debe dar certeza a las víctimas sobre: (i) las condiciones de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se realizará la evaluación que determine si se priorizará o no al núcleo familiar según lo dispuesto en el artículo 2.2.7.4.7 del Decreto 1084 de 2015; (ii) en los casos en que sean priorizadas, la definición de un plazo razonable para que se realice el pago efectivo de la indemnización; y (iii) los plazos aproximados y orden en el que de no ser priorizados, las personas accederán a esta medida. Por lo anterior, no basta con informar a las víctimas que su indemnización se realizará dentro del término de la vigencia de la ley.”

    En este caso, no obstante, la S. verifica que la información que se le ha brindado al accionante no ha conducido a que se tengan claras las circunstancias que debe acreditar para que el desembolso de la reparación, derecho ya reconocido por la misma Entidad, se materialice con el pago efectivo, dejando incluso vencer el plazo de un turno.

    Aunado a lo anterior, se evidencia que el tutelante ha hecho un esfuerzo por cumplir sus cargas de diligencia en el sentido de: (i) informar de su situación a la autoridad; (ii) acudir ante la Unidad insistentemente en ejercicio del derecho de petición, ante lo cual ha obtenido respuestas dilatorias, incoherentes y poco claras; (iii) presentar pruebas sumarias -que son las que llega a exigir la jurisprudencia constitucional-[28] para sustentar su postura acerca del aporte, a la Unidad de Víctimas, de su documentación familiar; (iv) cumplir con todos los requisitos exigidos legalmente para obtener la indemnización, pues en caso contrario esta no se la hubiese reconocido.

    iv) Esta actuación de la UARIV desconoce el enfoque diferencial que debe imperar en los trámites de reparación de las personas víctimas de la violencia, en un evento en el que, además, se trata de una persona de la tercera edad, a quien debe dársele información lo más precisa posible para evitar (i) dilatar la materialización de sus derechos, y, por otro lado, (ii) afectar los principios de economía y eficacia que guían la actividad administrativa (art. 209 de la Constitución).

    v) Así, solo se requiere de un acto de impulso por parte de la Unidad para cumplir una decisión adoptada previamente por la misma, cuya inobservancia no ha podido justificar racional y coherentemente desde punto de vista alguno, evidenciándose, por el contrario, que la UARIV ha impuesto cargas procesales que son desproporcionadas para el actor, al someterlo a allegar documentos que ya reposan y/o nuevos ante cada reclamación. Es por ello que a pesar de lo anterior, la indemnización sigue, a la fecha de hoy, sin ser efectivamente pagada al tutelante y su familia.

    Se reitera que la S. no analiza la procedencia del derecho a la reparación del accionante y su grupo familiar, en razón a que este ya fue previamente reconocido por la autoridad administrativa competente, sino que cuestiona la actuación dilatoria de la UARIV para el desembolso de un derecho ya reconocido, al pedirle al señor A.V. en distintas ocasiones (y no desde el primer momento en que realizó la solicitud de indemnización administrativa), diferentes documentos. Exigencias que, si bien pueden estar soportadas en un trámite legal o reglamentario, constituyen un obstáculo para la consecución de dicha reparación en las circunstancias en que se le han solicitado, máxime si se tienen en cuenta las condiciones particulares del actor, mencionadas en precedencia.

    Por lo tanto, aunque la S. no comprende la razón por la cual la declaración juramentada fue solicitada al accionante solo luego de que interpusiera esta acción y de que fuera requerido en múltiples ocasiones para allegar información -y el interesado lo hiciera efectivamente-, la Corte no cuestionará la exigencia de tal requisito, pero destaca que la UARIV no puede dilatar más la garantía efectiva del derecho a la reparación, solicitando información que o bien reposa en el expediente o que no se requiere para realizar el pago pluricitado, y mucho menos continuar manejando el caso del interesado de manera confusa, reclamando allegar información nueva con cada insistencia del accionante en la garantía de sus derechos.

16. En este punto es relevante señalar que existen víctimas del conflicto armado (niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados) que por sus situaciones particulares están expuestas a un mayor grado de vulnerabilidad que las demás personas que han sufrido a causa de la violencia. Esa condición los hace merecedores de una intervención más fuerte por parte del Estado, en comparación con personas que no atraviesan esas circunstancias. Por lo tanto, para la S. resulta evidente que las diferentes entidades del Estado deben implementar todos los recursos disponibles y hacer todo lo que tengan a su alcance para ayudar a estas personas a superar ese estado de debilidad manifiesta que atraviesan,[29] como es el caso del señor A.V.C., quien actualmente tiene 80 años de edad.

17. Por otra parte, respecto de la pretensión relativa a la asignación de subsidio de vivienda, se tiene que: i) en el año 2002 el señor V.C. solicitó auxilio de vivienda en el Programa para Desplazados ante el Instituto Nacional de la Reforma Urbana -INURBE-, quien mediante Resolución 114 de marzo de 2002 le otorgó subsidio por valor de $7`725.000 en virtud de la Ley 387 de 1997 como apoyo a los hogares víctimas de desplazamiento forzado[30]; y, ii) de conformidad con el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se evidenció que el accionante no se ha postulado a ninguna convocatoria realizada por FONVIVIENDA.

18. Es importante mencionar que la postulación es el requisito básico que deben cumplir todos los hogares aspirantes a un subsidio familiar de vivienda, entendiendo por postulación la solicitud individual por parte de un hogar, suscrita por todos los miembros mayores de edad, allegando a las Cajas de Compensación Familiar los documentos y requisitos solicitados por estas. Ahora bien, dado que el accionante después del año 2002 cuando el INURBE le asignó subsidio de vivienda no se ha postulado nuevamente para acceder a los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional, no es beneficiario de ninguna de estas ayudas[31]. Así las cosas y teniendo en cuenta que en el año 2002 le fue otorgado al accionante subsidio de vivienda por parte del INURBE y que no se ha postulado para acceder nuevamente a este beneficio ante FONVIVIENDA (requisito sine qua non para acceder a los subsidios de vivienda), esta S. negará la pretensión y le informará que, si lo estima necesario, deberá postularse a los subsidios de vivienda dispuestos por el Gobierno Nacional para acceder a dichos beneficios.

19. En conclusión y de acuerdo con las consideraciones expuestas en precedencia sobre la materia, esta S.: i) confirmará el fallo de primera instancia en razón a que según lo afirmado hasta ahora, la Entidad ha venido atendiendo las peticiones del accionante de manera inconsistente, requiriendo información que, según prueba el accionante, fue allegada y, en otros casos, documentos que no han sido relacionados ante las primeras reclamaciones, como sucede con la “afirmación juramentada”. Al respecto, el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, prevé que la respuesta a una petición debe ser pronta, completa y de fondo, cualidades que no se pueden predicar de las respuestas dadas por la UARIV; ii) adicionará el fallo revisado para conceder el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mínimo vital, vida digna y a la reparación administrativa en su calidad de víctima del conflicto, vulnerados a raíz de la dilación de la UARIV para pagar la indemnización administrativa[32] y exhortará a la accionada de abstenerse de seguir requiriendo información o documentos al señor V.C. que ya reposen en su expediente administrativo[33]; y, iii) negará la pretensión relativa al otorgamiento del subsidio de vivienda.

20. En consecuencia se ordenará a la UARIV que, una vez el accionante aporte la afirmación bajo juramento pendiente de diligenciar, realice las gestiones necesarias para pagar la indemnización administrativa que le fue reconocida al señor A.V.C., sin que el término para su desembolso efectivo pueda exceder de treinta (30) días hábiles[34], término que se justifica en tanto al accionante ya le había sido asignado previamente turno para otorgarle dicha indemnización y a que actualmente tiene 80 años, lo que lo hace beneficiario de los criterios de priorización en razón a su edad, como en el marco de esta acción lo ha reconocido la UARIV.

    En síntesis, para la S., la UARIV lesiona los derechos fundamentales de una persona víctima del conflicto armado cuando, pese a haber reconocido su derecho a la reparación administrativa, dilata el término para satisfacer el pago como consecuencia de la imprecisión en la solicitud de la documentación que requiere del beneficiario, persona que además de pertenecer a la tercera edad ha actuado de manera diligente.

En mérito de lo expuesto, la S. Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,