Sentencia de Tutela nº 577/19 de Corte Constitucional, 2 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 829297053

Sentencia de Tutela nº 577/19 de Corte Constitucional, 2 de Diciembre de 2019

Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPVAlejandro Linares Cantillo
Fecha de Resolución: 2 de Diciembre de 2019
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

La vulneración de derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas se atribuye a la falta de instalación de un punto de agua para uso doméstico en la vivienda del actor, bajo el argumento de la falta de caudal de la fuente hídrica que sirva como abastecedora del líquido. Lo anterior, a pesar de que la Junta que tiene la concesión de uso de aguas superficiales autorizó que de dicho caudal se suministrara el líquido para los sectores pecuario y agrícola y que, la Alcaldía Municipal asumiera el compromiso de adelantar las actuaciones necesarias para encontrar una solución a la situación del peticionario. La Sala concluyó que: 1º. El derecho al agua para consumo humano es fundamental, autónomo y con sustento en normas de la Constitución. 2º. La Alcaldía Municipal es la principal autoridad, conforme con la Carta Política y la Ley, responsable de la garantía de esta garantía y, 3º. Dicho deber no se reduce, ni siquiera, ante la existencia de acueductos comunitarios. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho tutelado. .Recibo Relatoria:

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Acción de tutela instaurada por J.V.C.M. contra la Junta Administradora del Acueducto P.L. – S., Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Alcaldía Municipal de S..

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

La S. Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados L.G.G.P., A.L.C. y D.F.R., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

En el trámite de revisión de la Sentencia de única instancia, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de S. - Boyacá el 13 de agosto de 2018, que resolvió la acción de tutela interpuesta por J.V.C.M. contra la Junta Administradora del Acueducto P.L. – S.B. (en adelante la Junta), y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (en adelante C.).[1]

I. ANTECEDENTES

En seguida, se exponen los hechos relevantes, la decisión de instancia y las actuaciones adelantadas en Sede de Revisión.

  1. Hechos relevantes[2] y fundamentos de la solicitud de amparo

El 27 de julio de 2018, el señor J.V.C.M. presentó acción de tutela contra la Junta, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y al agua, los que consideró vulnerados debido a que no se le instaló un punto de agua para uso doméstico en su vivienda. En seguida, se enuncian los hechos relevantes del caso.

1.1. El señor J.V.C.M. reside, junto con su esposa e hijo de 20 años, en la vereda Sagra Arriba ubicada en el Municipio de S., Boyacá.[3] Según afirma, lleva siete años solicitando que se le instale un punto de agua para uso doméstico en su vivienda.[4] Al respecto, expresó:

“… nosotros no contamos con otro servicio de acueducto ni adonde más acudir ya que este es el más cercano. También nos damos cuenta de que el agua de este acueducto se utiliza para darle de beber al ganado y para las marraneras que hay allí, pero nadie se atreve a denunciar este hecho.”[5]

1.2. En un primer momento, el 18 de octubre de 2011, el accionante junto con 11 personas más hicieron la solicitud, por medio de la Personería Municipal de S., al P. del Acueducto Frayle La Rinconada, así:

“… nos inquieta la necesidad de poder contar con un punto de agua para el servicio doméstico y transcurrido más de un año sin obtener respuesta alguna de la propuesta dada por el Ingeniero Delgado de C., quien manifestó que el P. debería elevar la solicitud de cambio de destinación del recurso hídrico de regadío y abrevadero para el servicio doméstico el cual es un derecho fundamental.”[6]

1.3. Luego, el 24 de octubre de 2017, el señor C. presentó la solicitud de un punto de agua para uso doméstico a la Junta,[7] parte accionada en la presente tutela.[8] Justificó su petición en los siguientes términos: “carezco de este servicio desde hace muchos años y me abastezco de una toma que no es apta para consumo humano.”[9] En la acción de tutela presentada, manifestó que “nunca me responden [las peticiones]”.

Además, en el expediente consta que en esa misma fecha, el señor F.N.R., en calidad de P. de la Junta, pidió a C. la ampliación de la concesión, “atendiendo a que existen nuevos usuarios que solicitan la prestación de este servicio ya que sus predios no cuentan con el mismo.”[10] A esta solicitud anexó el listado de dichas personas, entre las que se cuenta el señor J.V.C..

1.4. El 15 de noviembre de 2017, la Junta llevó a cabo una reunión, a la que asistió el accionante. En esta, se le pidió a él y a otros ciudadanos, que también solicitaron un punto de agua, que “dieran espera para reunirnos con los usuarios de la red que conduce cerca a sus fincas para analizar las ventas y posibles cone[x]iones.”[11]

1.5. Posteriormente, el 4 de diciembre del mismo año, hubo otra reunión de la Junta con cinco (5) de los solicitantes de puntos de agua, a la que asistió la esposa del accionante. Según consta en el acta, se les informó:

“… las razones por las cuales nos (sic) es imposible vender puntos en el momento ya que podríamos entrar en sanciones con C. por excedernos en el número de usuarios para los cuales nos otorgaron el caudal y que debemos esperar al aumento del caudal, pero como somos conscientes de la necesidad de nuestros vecinos nos saldremos con aprobación de los demás usuarios, decidimos aprobar el compartimiento del recurso con los vecinos más cercanos ya que se propuso compartir los puntos que no están en servicio todos los días pero los propietarios no aceptaron y como no queremos imponerles acuerdos como estos, aceptamos los más cercanos. Así que se elaborarán actas individuales de acuerdos con cláusulas y compromisos de común acuerdo por 3 meses a partir de la fecha.”[12]

1.6. El 13 de abril de 2018, es decir seis meses después, C. dio respuesta a la solicitud de ampliación presentada por la Junta Administradora el 24 de octubre de 2017. En esta le indicó que “para solicitar la ampliación de la concesión de aguas superficiales contenida en el expediente OOCA-0015/13, es necesario presentar a C. debidamente diligenciados en medio físico y magnético los formatos FGP-77 ‘Listado de Suscriptores’ (incluyendo los nuevos usuarios por afiliar) y FGP-89 (Información Costos de Inversión y Operación) a fin de realizar la respectiva liquidación por servicios de evaluación ambiental.”[13]

Además, en esta comunicación, advirtió que el 23 de febrero de 2018, se otorgó una concesión de aguas superficiales dentro del expediente OOCA-00113/17[14] a la Asociación de S.C.G. del Municipio de S. “razón por la cual C. no puede garantizarle si esta fuente podrá sostener la demanda hídrica adicional requerida por el acueducto que preside.” Y, en consecuencia, sugirió: “evaluar la pertinencia de buscar fuentes alternas para consumo doméstico y de ser el caso obtener previamente para la fuente seleccionada la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud Departamental.”[15]

1.7. El 19 de julio de 2018, se llevó a cabo una reunión entre los miembros de la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de S. (ingeniera S.M. y los solicitantes de un punto de agua. En esta, se planteó como solución que: “las 30 personas formen su asociación y se solicite una concesión y se compromete la Alcaldía a darles los materiales para traer la captación…” Días después, el 23 de julio, mediante un oficio, la Alcaldía formalizó el acuerdo en los siguientes términos:

“… con el fin de obtener suministro de agua para el consumo humano a los habitantes de la vereda Sagra arriba y Soraqu[í], la administración municipal frente a estos temas, se permite comunicarles que se encuentra evaluando su petición para lo cual se realizar[á] una mesa técnica junto con la corporación autónoma regional de Boyacá “CORPOBOYAC[Á]” sede territorial S. para evaluar las diferentes posibilidades de las fuentes de abastecimiento para la cual se pueda legalizar la concesión pertinente como se lleg[ó] a un acuerdo en la reunión realizada el día 19 de julio del año en curso [2018] en la vereda Sagra Arriba junto con los usuarios peticionarios.

De la misma manera la administración municipal se compromete con la asesoría para los trámites pertinentes en caso de realizar la concesión así mismo con el suministro de tubería.”[16]

1.8. El 27 de julio de 2018, el señor J.V. presentó acción de tutela contra la Junta Administradora del Acueducto P.L.. Invocó la protección de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida digna y al agua. Solicitó al juez constitucional ordenar a la Junta Administradora accionada la autorización de un punto de agua para su vivienda.

2.1. El 30 de julio de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de S. admitió la acción de tutela y ordenó vincular al proceso a la Personería de dicho Municipio, como agente del Ministerio Público, y a C. - sede S., “por ser una institución que ampara el cuidado y la preservación de los recursos naturales”. Asimismo, corrió traslado a estas autoridades y a la Junta accionada para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.[17]

2.2. Junta Administradora del Acueducto P.L..[18] El 3 de agosto de 2018, el señor F.N.R., en calidad de P., aclaró que la solicitud del accionante fue conocida el 24 de octubre de 2017, cuando de manera escrita la presentó junto con diez (10) usuarios más. Manifestó, además, que se le comunicó a la comunidad y al señor C. que no es posible acceder a lo solicitado por falta de caudal, ya que “el otorgado en la concesión fue de 1.28 litros/segundo para 133 familias, 924 personas de Sagra Arriba y Soraqu[í].”[19] De igual forma, precisó que en las reuniones extraordinarias con la comunidad de las veredas Sagra Arriba y S. “se acordó compartirles de los puntos vecinos ya existentes caudal para sus labores domésticas, mientras se encontraba una posible solución”.[20] Desde entonces, ha estado trabajando en conjunto con la Alcaldía, en particular con la Secretaría Municipal de Obras, Planeación y Servicios Públicos, y C..

Adicionalmente, afirmó que existen más solicitantes del servicio de agua y con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de los habitantes de la vereda Sagra Arriba, el 19 de julio de 2018, la Alcaldía, a través de “la ingeniera de Planeación Municipal”, se comprometió a iniciar la construcción de un nuevo acueducto al cual quedaría vinculada la vivienda del accionante, entre otras.[21] Por último, señaló que “no es por gusto ni arbitrariedad” que la Junta no les vende puntos de agua a las personas que se encuentran sin servicio de acueducto, sino que el caudal que les fue otorgado ya se encuentra distribuido y no pueden ofrecer una materia prima con la cual no cuentan.

2.3. C. y la Personería Municipal de S.. Guardaron silencio.

El 13 de agosto de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de S. negó el amparo solicitado por el señor J.V.C.M.,[22] por tres razones principales. Primera, la Junta no puede material ni legalmente concederle el punto de agua que requiere, pues no cuenta con el caudal para acceder a su petición. En este mismo sentido, resaltó que existen otras treinta personas que solicitan el mismo servicio y que, si el Acueducto accionado accediera a la instalación del punto de agua solicitado, se desmejoraría la calidad de vida de los demás integrantes de la vereda de Sagra Arriba. Segunda, sostuvo que autorizar dicha instalación desconocería “que el caudal autorizado [por C.] fue de 1.28 litros/segundo para 133 familias, 924 personas de Sagra Arriba y Soraqu[í]”.[23] Y, por último, afirmó que “en la actualidad el Estado adelanta las acciones pertinentes a fin de crear otro punto, para el abastecimiento del vital líquido”.[24] En consecuencia, instó al accionante a “estar pendiente de los trámites a efectuar por CORPOBOYACÁ en asocio con la Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos de S. a fin de que quede incluido en el nuevo punto a crear para el suministro de agua”. [25]

Esta decisión no fue impugnada por las partes.

El 23 de enero de 2019, mediante auto, la Magistrada ponente dispuso vincular al proceso a la Alcaldía Municipal de S. y a la Gobernación del Departamento de Boyacá. Asimismo, ofició a las partes para que informaran acerca del estado actual del suministro de agua potable en el domicilio de accionante y se refirieran a la construcción del nuevo acueducto que, según lo afirmado por la Junta, abastecería la vivienda del señor J.V.C.M., entre otras.[26]

4.1. El señor J.V.[27] informó que actualmente, durante el invierno, se abastece del agua que “nace en una finca contigua, donde un vecino (…)”, pues el caudal es suficiente para cubrir las necesidades de 3 familias; “pero, en verano el suministro del preciado líquido es inexistente.”[28] Además, afirmó que no ha “recibido [de parte de la Alcaldía ni de la Gobernación] ninguna respuesta a la solicitud de instalación del punto de agua (…)”; en cuanto a la Junta, dijo que de manera verbal le reiteraron que “el agua no alcanza.”[29] Por último, manifestó que tuvo “conocimiento que la Junta Administradora del Acueducto P.L., ha vendido derechos a puntos de agua a personas que los solicitaron con posterioridad”[30] a su requerimiento, pero que no tenía cómo probar esta afirmación.

4.2. La Junta [31] afirmó que el suministro de agua en el área “se encuentra en el mismo estado a cuando se respondió la tutela” y que no tienen conocimiento sobre la situación de la vivienda del señor J.V., “al no haber disponibilidad de ingresos según resolución de C..”[32] Explicó que aún no ha podido acceder a las 33 solicitudes, “por la falta de caudal”.[33] También precisó el acueducto P.L. “continua en el mismo estado ya que si se realizan cambios [en la] ampliación del caudal, mediante acto administrativo los haría C..”[34]

4.3. La Gobernación de Boyacá[35] afirmó desconocer los hechos expuestos por el accionante y solicitó a esta Corporación que declare su falta de legitimación en la causa. Indicó que “el Departamento de Boyacá no funge como autoridad ambiental ni tiene competencia frente a la prestación de servicios públicos en dicho municipio (…)”[36] Argumentó, por una parte, que son las corporaciones ambientales “las encargadas por mandato legal de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales…”[37] Y, por otra parte, resaltó que le corresponde al Municipio asumir la función de garantizar el acceso a los servicios públicos, en los términos de los artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994, y los numerales 10 y 19 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.[38] Además, manifestó que “ha realizado visitas a las juntas administradoras de los acueductos rurales en el municipio de S., para brindar asistencia administrativa en fortalecimiento empresarial y legalización de las juntas, en especial la desarrollada el día 25 de [mayo] de 2018.”[39]

4.4. La Alcaldía de S.[40] solicitó ser eximida “de toda responsabilidad que se pretenda endilgar.” Manifestó que para garantizar el derecho al agua de todos los habitantes del Municipio “construy[ó] una planta de tratamiento de agua potable”, que provee agua apta para el consumo humano.[41] Afirmó que:

“trabaja mancomunadamente con la corporación autónoma regional de Boyacá ‘Territorial S.’, ya que ellos son los encargados de supervisar y dar control a las concesiones de agua otorgadas a los acueductos rurales, con la personería municipal dando cumplimiento a los estatutos de las juntas administradoras de los acueductos rurales … con la secretar[í]a de salud del departamento quien realiza la función de vigilancia y control de la calidad del agua a través de visitas periódicas al sistema de suministro.”[42]

Con respecto al estado actual de la construcción del nuevo acueducto, sostuvo que, acorde con lo informado por los usuarios de la nueva junta, este se encuentra en “proceso de legalización” y dicha Institución “ha brindado el apoyo jurídico y económico para su creación.”[43] Sobre el plan de acción inmediata para garantizar a todas las personas del Municipio el acceso al servicio de agua, indicó que:

“[l]a alcaldía municipal y la unidad de servicios públicos presta el servicio de agua potable a las comunidades rurales aledañas al sector urbano con el fin de garantizar el acceso de agua potable y saneamiento básico a los habitantes que no reciban el servicio por medio de un acueducto veredal, en este sentido se tienen inscritos a la Unidad de Servicios Públicos de S. 187 HABITANTES DEL ÁREA RURAL.

De igual forma la Unidad de Servicios Públicos de S. tiene cobertura en todo el centro urbano del municipio, brindando un servicio con calidad y apto para el consumo humano según estudios realizados por la secretar[í]a de salud departamental.

En caso de no poder brindar el servicio de agua potable y saneamiento básico a usuarios del sector rural, SE INCENTIVA LA CREACIÓN DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO A TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO, DONDE SE APORTA CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN.”[44]

En lo que tiene que ver con el plan de mediano plazo, no señaló nada puntual y manifestó que siguen “trabajando para mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios”,[45] tal y como está contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal. Por último, insistió en que “se ha motivado a las juntas administradoras de los acueductos rurales a intervenir de manera pronta en el suministro de agua potable para el consumo humano de todos los habitantes del municipio…”[46]

4.5. C.[47] indicó que, mediante Resolución No. 0221 del 17 de febrero de 2014, otorgó concesión de aguas superficiales a la Junta accionada, “con destino a uso doméstico a novecientas veinticuatro (924) personas, a derivar de la fuente denominada ‘Nacimiento P.L.’, ubicada en la vereda Sagra Arriba, en jurisdicción del municipio de S., en un caudal de 1,28 L/s.”[48] Informó que, el 24 de octubre de 2017, dicha Junta solicitó la ampliación de la concesión, teniendo en cuenta que existían nuevos usuarios requiriendo la prestación de este servicio.[49] Frente a la solicitud, respondió que era:

“… necesario presentar a la Corporación debidamente diligenciados en medios físicos y magnéticos los formatos FGP-77 ‘listado de suscriptores’ incluyendo los nuevos usuarios para afiliar y FGP-89 ‘información costo, inversión y operaciones’. A fin de realizar la respectiva liquidación por servicio de evaluación ambiental; igualmente se le informó que sobre la fuente hídrica denominada ‘Manantial P.L.’, se encuentra también otorgada una concesión de aguas superficiales dentro del expediente OOCA-00113/17, razón por la cual CORPOBOYAC[Á] no puede garantizar si esta fuente hídrica podrá sostener la demanda hídrica adicional.

Que mediante radicado de salida No. 104-10735 del seis (06) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), CORPOBOYACÁ realizó observaciones y correcciones a la evaluación del programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua para que la titular lleve a cabo las modificaciones indicadas y entregarlas a la Entidad, la cual debía ser entregada a la Corporación el doce (12) de octubre de dos mil dieciocho (2018), sin que a la fecha hayan sido presentadas.[50]

En referencia al expediente OOCA-00113/17 CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 560 del veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018), donde se otorgó concesión de aguas a la ASOCIACIÓN DE S.C.G. DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con el N.. No. 900169280-7, en un caudal total de 0,49 L/s, con destino a uso pecuario (Abrevadero) de sesenta y cinco (65) animales bovinos y uso agrícola (riego aspersión) de uno punto cinco (1.5) hectáreas para cultivo de maíz y una (01) hectárea para riego de pasto, a derivar de la fuente hídrica denominad[a] ‘Manantial P.L.’, en la vereda Sagra Arriba, jurisdicción del municipio de S..”[51]

4.6. La Personería Municipal de S.[52] sugirió que se revise “de manera minuciosa la concesión de aguas otorgada por CORPOBOYACÁ a la Junta Administradora de Acueducto Pantano…”. En concreto, considera relevante “entrar a establecer si esta concesión de aguas otorgada también es para abrevadero o solo consumo doméstico y que si se llegase a establecer que el uso es compartido es decir doméstico y abrevadero, se entraría a implantar qu[é] prioridades existen.” Por último, manifestó: “[s]i bien es cierto el Municipio de S. se compromete o manifiestan junto con la Junta administradora de acueducto organizar o formar un nuevo acueducto rural, pero esto conlleva tiempo y mientras tanto esta familia estaría sin servicio de agua.”[53]

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1.1. Esta Corte es competente para conocer la sentencia objeto de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 29 de octubre de 2018, proferido por la S. de Selección Número Diez, que decidió escoger para revisión el expediente de la referencia.

1.2. La acción de tutela estudiada cumple con los requisitos de procedibilidad. En cuanto al requisito de legitimación, por un lado, el señor J.V. puede invocar, en nombre propio, el amparo de sus derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas y al agua, en consonancia con lo afirmado en la Constitución, que dice que toda persona tiene la “acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) por sí misma” la protección de sus derechos (Art. 86, Inc. 1º, CP).[54] Y, por otro lado, la solicitud de protección constitucional se puede interponer contra la Junta, dado que se trata de un particular encargado “de la prestación de un servicio público” (Art. 86, Inc. 5°, CP).[55] De igual manera, se encuentra acreditado este requisito respecto de la Alcaldía Municipal de S. y de C., ambas de naturaleza pública, pues se trata de entidades susceptibles de ser sujeto pasivo de la acción de tutela (Arts. 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991). Además, se constata, frente a la primera, que es el ente territorial al que le corresponde garantizar el acceso a los servicios públicos dentro de su jurisdicción, en los términos de los numerales 10° y 19 del artículo 3° de la Ley 134 de 1994[56] y el numeral 1° del artículo 5 de la Ley 142 de 1994.[57] Y, con respecto a C., por ser la máxima autoridad ambiental, encargada de proteger y administrar los recursos naturales y dar las concesiones de agua (Arts. 23, 31.3 y 31.9 de la Ley 99 de 1993).[58]

1.2.1. También se encuentra satisfecho el principio de inmediatez, pues la acción se interpuso en un término oportuno y razonable, teniendo en cuenta que la misma se radicó el 27 de julio de 2018 y la última actuación de parte del señor C. ocurrió el 19 de julio del mismo año, cuando asistió a una reunión con los miembros de la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de S. (ingeniera S.M. y los otros usuarios solicitantes de un punto de agua, para buscar de manera conjunta una solución a su situación. Se aclara que si bien el accionante presentó por primera vez una petición similar en el 2011, en dicha ocasión fue ante el P. del Acueducto Frayle La Rinconada. En todo caso, lo más relevante para acreditar el cumplimiento de este requisito es que para el momento de la interposición de la acción de la tutela la situación expuesta por el ciudadano es continua y actual, ya que a la fecha aún no cuenta con un punto de agua y, ello implica, que la afectación de los derechos invocados permanece en el tiempo.[59]

1.2.2. Por último, se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el señor J.V.C. invoca la protección del derecho al agua para consumo humano en tanto garantía fundamental,[60] no la faceta colectiva susceptible de ser amparado mediante la acción popular. Así, esta S. reitera la jurisprudencia constitucional que ha considerado que la acción de tutela es procedente cuando: (i) se invoque la protección del derecho al agua para consumo humano como fundamental en su dimensión individual,[61] (ii) el agua solicitada es para consumo humano,[62] no para uso agrícola ni otra destinación;[63] (iii) las circunstancias del actor evidencian que la falta de este recurso puede comprometer otros derechos fundamentales, como la vida en condiciones dignas y la salud;[64] y, (iv) el accionante adelantó alguna gestión ante las autoridades competentes para que le sea satisfecha la pretensión que ahora plantea ante el juez de tutela.[65]

1.2.2.1. Frente a los criterios enunciados previamente, esta S. de Revisión considera relevante plantear dos precisiones. Primero, enfatizar que “no toda reclamación que se haga respecto del citado servicio [acceso al agua], puede ser susceptible de acción de tutela, sino solamente aquella que se dirija a garantizar el acceso a dicho líquido, cuando el mismo está destinado al consumo humano, que ha sido entendido como un derecho fundamental.”[66] Es decir que, “para establecer la procedencia de la acción de tutela cuando su pretensión es la protección del derecho al agua, el juez debe verificar que esté destinada al consumo humano, pues ésta es la característica que define su carácter de fundamental, de lo contrario, se trataría del derecho colectivo al agua y en este caso se debe acudir a la acción popular, consagrada en la Ley 472 de 1998.”[67] Sobre esto, la Sentencia T-381 de 2009 dijo:

“… (i) el derecho al agua sólo tiene el carácter de fundamental cuando está destinada al consumo humano, pues únicamente entonces está en conexión con el derecho a la vida en condiciones dignas y a la salud; (ii) por lo anterior, la acción de tutela resulta procedente para hacer efectivo el derecho fundamental al agua potable, solamente cuando ella es necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las personas, pero no cuando está destinada a otras actividades, tales como la explotación agropecuaria o a terrenos deshabitados; (iii) cuando el agua es necesaria para preservar a la vida, la salud o la salubridad de las personas, el derecho fundamental que recae sobre ella puede ser protegido a través de la acción de tutela, que resulta procedente tanto contra la autoridad pública como contra el particular o particulares que estén afectando arbitrariamente el derecho; (iv) el derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de tutela, que desplaza la acción popular, cuando existe afectación particular del derecho fundamental en cabeza de una, varias o múltiples personas, o cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable en la órbita de este derecho fundamental; (v) de conformidad con los criterios interpretativos sentados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el contenido del derecho fundamental al agua implica la disponibilidad continua y suficiente de agua para los usos personales y domésticos, la calidad salubre del agua, y la accesibilidad física, económica e igualitaria a ella.”[68]

1.2.2.2. Segundo, si bien el criterio para determinar si se trata de un derecho fundamental o no, es la verificación de que el agua requerida sea para consumo humano, pues es ello lo que, en principio, explica que otros derechos fundamentales puedan verse afectados, como la salud y la vida en condiciones dignas,[69] ello no quiere decir que en la actualidad no se trate de un derecho justiciable por sí solo:

“[l]a interdependencia de los derechos liga el derecho al agua con otros, tales como la igualdad, la vida digna y la salud. Es inevitable que quien carece de agua potable ponga en riesgo su salud y su alimentación, entre otros derechos. Sin embargo, la naturaleza jurídica del derecho al agua es independiente de los demás que pueden estar comprometidos, y esa precisión de su contenido permite enfocar las peticiones de las personas ante las autoridades judiciales para que ante la ausencia de agua no estén obligadas a demostrar afectaciones en su salud a causa de la falta del recurso hídrico, sino que sea suficiente argumentar la carencia en las condiciones mínimas requeridas para el consumo humano para presentar un debate de tipo constitucional por amenaza o violación de derechos fundamentales.”[70]

1.2.3. En el caso concreto, se constata que, el accionante solicita la protección del derecho fundamental al agua (i) para su propio consumo y el de su familia, no para uso agrícola, (ii) la falta de este recurso puede comprometer otros derechos, dado que en la actualidad suple la necesidad de este recurso “de una toma que no es apta para consumo humano”, lo que, sin lugar a dudas, pone en riesgo su salud y la vida en condiciones dignas, tal y como lo afirma el accionante al invocar también la protección de dichos derechos;[71] y, (iii) el señor J.V.C. ha adelantado, desde el 2011, actuaciones para resolver su situación. Sobre esto último se resalta que, en dicho año solicitó, por medio de la Personería Municipal al P. del Acueducto Frayle La Rinconada, luego, en el 2017, a la Junta accionada en este caso; y, si bien pareciera que esta última actuación ha generado resultados positivos, lo cierto es que al día de hoy, no cuenta con un acceso a un punto de agua. Por último, en consideración a lo expuesto previamente, se considera que la acción popular no sería idónea en el caso de la referencia, pues mediante esta solamente podrían protegerse derechos colectivos como el medio ambiente o la salubridad pública, que no son los invocados. En conclusión, se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, por las razones previamente enunciadas.

2.1. Acorde con los antecedentes expuestos, la S. Segunda de Revisión resolverá el siguiente problema jurídico: ¿La Junta, la Alcaldía de S. y C. vulneran el derecho fundamental al agua para consumo humano del señor J.V.C.M.,[72] quien durante la época de lluvia se abastece de este líquido de una toma que no es apta para su consumo y que en verano no cuenta con suministro, al no adelantar las gestiones pertinentes para instalar en su vivienda un punto de agua, bajo el argumento de la falta de caudal de la fuente hídrica sobre la que actualmente tiene la concesión de uso de aguas superficiales la Junta, a pesar de que (i) se ha autorizado el uso del caudal para uso pecuario y agrícola[73] y (ii) la Alcaldía asumió un compromiso para adelantar las actuaciones necesarias para encontrar una solución a la situación del accionante?

2.2. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, (i) se demostrará que el señor J.V. tiene derecho fundamental al agua para consumo humano; luego, (ii) se explicará que el caso concreto evidencia una tensión entre la escasez del recurso hídrico, dado que la fuente denominada “Nacimiento P.L.” carece del caudal necesario para sostener una demanda hídrica adicional y la pretensión del accionante, para después pasar a exponer las razones por las cuales se considera que la Junta y la Alcaldía de S. omitieron cumplir con sus responsabilidades en la garantía de este derecho; y, por último, (iii) se emitirán las órdenes para garantizar la protección de los derechos invocados.

3.1. El señor J.V. y su núcleo familiar tienen derecho al agua para su propio consumo, pues se trata de “una garantía inherente a la persona humana (…)”.[74] Ello supone que tengan acceso continuo a la cantidad suficiente y apta para su uso personal y doméstico. Con la protección invocada, el accionante está solicitando el goce de una necesidad básica, de un elemento indispensable para su existencia, dado que es:

“… (i) universal, por cuanto todos y cada uno de los hombres y mujeres, sin discriminación alguna, requieren de este recurso para su subsistencia; (ii) inalterable, ya que en ningún momento puede reducirse o modificarse más allá de los topes biológicos; y (iii) objetiv[o], puesto que no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o de subsistencia, sino que se instituye como una condición ineludible de subsistencia para cada una de las personas que integran el conglomerado social.”[75]

3.2. Además, el derecho al agua para consumo humano, invocado por el señor C., tiene una naturaleza fundamental que, si bien no está consagrado expresamente en la Constitución, se deduce de una lectura sistemática, “así se concluye si se tiene en cuenta el Preámbulo de la misma, la fórmula política de un estado social y democrático de derecho, las funciones esenciales del Estado, la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y el lugar privilegiado que se da a los recursos y competencias necesarias para el goce efectivo del servicio público del agua potable y saneamiento básico.”[76] Es más, se ha considerado que el derecho fundamental al agua para consumo humano tiene sustento en los artículos 365[77] y 366,[78] que establecen:

“… como objetivo fundamental del Estado la solución de las necesidades básicas de agua potable de los ciudadanos y le impone la responsabilidad de priorizar su gasto público en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general de la población. Esta fórmula del Estado Social de Derecho, implica entonces no solo la responsabilidad estatal de satisfacer las necesidades básicas de la población, sino el derecho correlativo del agua para consumo humano, exigible, en algunos casos, mediante la acción constitucional.”[79]

De igual manera, la Sentencia T-398 de 2018 indicó que existen normas de las que “implícitamente se desprende su importancia y su carácter fundamental”; entre estas, menciona: “el artículo 8º (título I) prevé la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales del territorio colombiano, el artículo 79 (cap. 3, título II) establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y el deber estatal de velar por la diversidad e integridad del medio ambiente, como también el artículo 365 (cap. 5, título XII) dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y por tanto se debe asegurar su prestación eficiente.”[80] Con base en lo anterior, se reitera que el derecho al agua para consumo humano es fundamental y, si bien no está consagrado expresamente en una norma constitucional, tiene sustento normativo en la Constitución, tal y como acaba de explicarse.

3.3. Esta S. de Revisión encuentra relevante precisar que aunque en un principio se comprendió que este derecho era fundamental por tener conexidad con el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas,[81] actualmente, teniendo en cuenta el alcance que se le ha reconocido tanto en tratados internacionales como en la jurisprudencia de esta Corporación, es razonable afirmar que se trata de un derecho fundamental autónomo.[82] Así pues, si bien el accionante invocó también la protección de sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas, aún si ello no hubiera sido así, el juez constitucional tendría competencia para analizar su caso, en tanto se trata de una garantía susceptible de ser protegida por medio de la acción de tutela.[83] Pasa la S. a desarrollar este punto.

3.3.1. El derecho al agua para consumo humano, comprendido como una garantía fundamental autónoma, tiene sustento en diferentes tratados internacionales,[84] que forman parte integra de nuestro ordenamiento normativo en virtud del artículo 93 de la Constitución.[85] Entre los principales se destacan los siguientes: la Convención Contra la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),[86] la Convención de los Derechos del Niño (CDN)[87] y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).[88] En este escenario, también es relevante hacer referencia al sistema interamericano, que si bien no tiene una mención expresa del derecho al agua

“… es posible señalar que haciendo una interpretación sistemática de estos instrumentos, este se encuentra implícito en el artículo 4º de la CADH, por cuanto la falta de acceso al agua impide la consecución de una existencia digna o en condiciones de bienestar y en el artículo 11 del Protocolo de ‘San Salvador’, se establece que: ‘Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos’, puesto que la prestación de agua potable es uno de los principales servicios públicos esenciales. En consecuencia, los sistemas regionales de protección de derechos humanos, vía interpretación, han desarrollado en su jurisprudencia un conjunto de estándares relacionados con este derecho.”[89]

3.3.1.1. Además, este derecho también ha sido reconocido en otros instrumentos como declaraciones, resoluciones, observaciones o planes de acción, adoptados por conferencias internacionales de las Naciones Unidas o elaborados por organismos que forman parte de ésta.[90] Entre estas se cuentan: la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo (1972),[91] la Declaración de Mar de Plata (1977),[92] la Declaración de Dublín (1992),[93] la Declaración de Río de Janeiro (1992),[94] el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (1994),[95] la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC);[96] la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010,[97] la Resolución 70/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 2015[98] y la Declaración de principios de los jueces sobre la justicia del agua presentada en el Octavo Foro Mundial del Agua realizado en Brasilia (2018).[99]

3.3.2. La Corte Constitucional, con base en la Observación General número 15 del Comité DESC,[100] ha manifestado que la garantía del derecho fundamental al agua debe satisfacer, por lo menos, los componentes de disponibilidad,[101] calidad[102] y accesibilidad[103] (física,[104] económica,[105] igualitaria[106] y de información[107]) de este recurso.[108] Con base en dicha Observación, también ha reconocido que hay ciertos mínimos que deben cumplirse de manera inmediata:

  1. Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades.

  2. Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.

  3. Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre.

  4. Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua.

  5. Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles.

  6. Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacional sobre el agua para toda la población prestando especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados.

  7. Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua.

  8. Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados.

  9. Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.”[109]

    En todo caso, esta S. de Revisión recuerda que el derecho fundamental al agua tiene una componente prestacional, que tal y como se reconoce en la Observación Nº 15 del Comité implica una garantía progresiva, dados los obstáculos que representa la escasez de recursos. En este sentido, si bien el Estado tiene el deber de cumplir con unos mínimos para la materilización de este derecho, la manera cómo lo haga obedecerá a sus propias condiciones. De manera que, “tiene un margen de discreción al determinar qué medidas son las más convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas.”[110] Sobre el particular, el citado documento también afirma:

    “18. Los Estados Partes tienen el deber constante y continuo en virtud del Pacto de avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua. La realización de ese derecho debe ser viable y practicable, ya que todos los Estados Partes ejercen control sobre una amplia gama de recursos, incluidos el agua, la tecnología, los recursos financieros y la asistencia internacional, como ocurre con todos los demás derechos enunciados en el Pacto.”[111]

    3.4. Con base en lo anterior, se concluye, además, que el derecho al agua para consumo humano del señor J.V.C. implica que se le reconozca, cuando menos, la cantidad mínima de agua, sobre la base de no discriminación, teniendo en cuenta que su núcleo familiar forma parte de un grupo vulnerable por habitar en el área rural del Municipio de S. y al igual que algunos de sus vecinos se encuentran sin el acceso a este recurso; a pesar, de que otros sí lo tienen y también se han autorizado concesiones de uso del agua destinada a otros fines, como el pecuario. Adicionalmente, lleva esperando por la garantía de este derecho durante muchos años, por lo menos consta que desde el 2011. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha dicho que “[l]as personas que habitan en el sector rural y tienen limitados recursos económicos, tienen derecho a ser protegidas especialmente, asegurándoles que no sean ‘los últimos de la fila’ en acceder al agua potable.”[112] Y, ha resaltado que “[e]l goce efectivo de este derecho debe involucrar igualmente a la población rural y dispersa de las entidades territoriales, pues se trata de grupos poblacionales que generalmente son más vulnerables que los que se encuentran asentados en áreas urbanas.”[113] Entre las últimas sentencias sobre el tema se cuentan las siguientes: T-418 de 2010,[114] T-103 de 2016,[115] T-129 de 2017,[116] T-475 de 2017,[117] T-012 de 2019,[118] entre otras.

    3.5. Una consideración adicional para concluir que el accionante tiene el derecho a que se le garantice la protección invocada tiene que ver con que se trata de una persona que ha actuado conforme al ordenamiento normativo colombiano. Es decir, su vivienda no está ubicada en un área que haya sido considerada ilegal por la Alcaldía ni en una zona donde se puedan presentar desastres. Además, el accionante ha procurado canalizar su pretensión por los medios establecidos en dos ocasiones, la primera en el 18 de octubre de 2011, mediante un derecho de petición al P. del Acueducto Frayle La Rinconada; y, el segundo, el 24 de octubre de 2017, momento en el que presentó la solicitud ante la Junta accionada. En caso contrario, podría ser otra la conclusión, pues el juez de tutela tendría que analizar tales hechos antes de conceder la protección invocada.[119] A manera de ejemplo, la Sentencia T-546 de 2009 negó la protección del derecho al agua para consumo humano, debido a que el accionante usó “una vía ilegal para obtener el suministro de agua potable” sin que se presentaran razones urgentes y necesarias que explicaran dicha medida.

    3.6. Ahora bien, la S. de Revisión reconoce, como lo ha hecho la jurisprudencia constitucional previamente, que el derecho fundamental al agua para consumo humano tiene una faceta prestacional y, en consecuencia, su garantía es progresiva, “de manera que el Estado además de adoptar medidas inmediatas, debe planear estrategias para asegurar que, de manera progresiva, suministre el líquido a todas las personas. En relación con las medidas inmediatas, recae en las autoridades la obligación de provisión de agua para el consumo humano básico a través de los medios que estime más convenientes. Con respecto a las obligaciones progresivas, es un deber de las autoridades estatales actuar hasta el máximo disponible de sus recursos, y crear planes, programas y políticas que tengan como objeto garantizar la prestación efectiva del derecho al agua.”[120] Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el juez de tutela advierte que existe una afectación desproporcionada de los derechos invocados por la falta de un plan o programa para garantizar en un plazo razonable esta dimensión del derecho al agua para consumo humano, este “puede ordenar que las autoridades accionadas establezcan una hoja de ruta que permita la ejecución de las obras necesarias para acceder a este preciado líquido.”[121] Entre las decisiones de esta Corporación, en las que teniendo en cuenta la dimensión prestacional del derecho al agua para consumo humano, se ha ordenado a las autoridades municipales que diseñen una política para garantizar de manera progresiva su goce efectivo, se resaltan las siguientes: T-312 de 2012,[122] T-028 de 2014,[123] T-733 de 2015[124] y T-129 de 2017.[125]

    3.7. En síntesis, el derecho al agua para consumo humano, invocado por el señor J.V.C., es fundamental, autónomo y tiene sustento en normas constitucionales. En consecuencia, tanto el Estado como los particulares que presten este servicio tienen la obligación de garantizar “el acceso suficiente, regular, salubre y equitativo al agua potable, con especial atención” al accionante, quien pertenece a una población vulnerable, en tanto es un habitante del sector rural.[126] Además, como se expuso previamente, dicha garantía tiene una faceta prestacional, de la que se deriva la obligación del Municipio de tener un plan escrito que garantice progresivamente, en un plazo razonable el goce efectivo del mismo.

    4.1. Desde hace más de 7 años, el señor C. solicitó por primera vez que se le instalara un punto de agua en su vivienda, a pesar de ello, al día de hoy ello no ha sido así. En sus palabras, vive la siguiente situación: en invierno, satisface su necesidad desde un nacimiento de agua de “una finca contigua, donde un vecino (…), pero en verano el suministro del preciado líquido es inexistente.”[127] De manera que, el derecho al agua para consumo humano ha sido desconocido en su faceta accesibilidad física,[128] cuando menos, por dos razones. Por un lado, carece de un punto de acceso al líquido vital en su residencia; y, por otro lado, la manera como actualmente se surte de este líquido no le garantiza el acceso permanente a agua de calidad, esto es apta para consumo humano.

    4.2. Ahora bien, la S. resalta que el caso analizado evidencia una tensión entre (i) la escasez del recurso hídrico, dado que la fuente denominada “Nacimiento P.L.” carece del caudal necesario para sostener una demanda hídrica adicional, conforme con lo manifestado por C. y (ii) la pretensión del accionante. Si bien dicha tensión no le resta, en lo absoluto, el valor que tiene la garantía del derecho al agua para el consumo humano, pone de presente la necesidad de que el juez de tutela valore, al menos, lo siguiente con el fin de establecer el grado de exigibilidad en cada caso concreto. Si bien esta S. de Revisión propone los siguientes factores, no se trata de un listado taxátivo, sino enunciativo, como pasa a explicarse:

  10. La ubicación geográfica del accionante para determinar en cabeza de quién está la obligación de adelantar las gestiones para garantizarle el derecho fundamental al agua para consumo humano. Por ejemplo, un acueducto veredal, la empresa de servicios públicos correspondiente o el municipio; o, si es el caso, determinar la existencia de una responsabilidad compartida entre estas.

  11. La disponibilidad del caudal respecto del cual se pretende tener acceso para el abastecimiento del agua para consumo humano. En este punto, es importante recordar que, conforme con la Ley, existe un orden de prioridad al momento de otorgar las concesiones sobre las fuentes hídricas,[129] de acuerdo con el cual, aquella que es para consumo humano ocupa el primer lugar.[130] En todo caso, las concesiones sobre este recurso también pueden darse para otro tipo de usos, legalmente autorizados,[131] como el agrícola por ejemplo. De manera que, tal y como lo establece el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.2., que compiló el artículo 37 del Decreto 1541 de 1978, “[e]l Suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme al artículo 122 de este Decreto.”

  12. La sobresaturación de la demanda, que pone de relieve que el recurso hídrico es finito y, en razón a ello, en sede de tutela las autoridades deben ser cautelosas en la manera cómo protegen el derecho fundamental al agua, si hay lugar a ello. Ello quiere decir que, se debe tener en cuenta la distribución del recurso hídrico frente al cual se plantea la pretensión, con miras a no alterar los derechos adquiridos frente a ésta. Sin embargo, la finitud del agua no puede ser una excusa para que no se adelanten actuaciones con miras a encontrar la alternativa viable para garantizar este derecho.

  13. Los requerimientos técnicos particulares y específicos para cada caso. Los que podrían depender, por ejemplo, de la ubicación de la vivienda del accionante; el terreno en el que está ubicada; de la existencia de un sistema de alcantarillado a la cual se pretende tener conexión, pues es diferente solicitar el acceso a una red preexistente frente a una situación en la que ésta aún no ha sido construida o ni siquiera planeada; la distancia entre la vivienda y la red de alcantarillado preexistente; entre otras circunstancias.

  14. La capacidad institucional de suministrar el acceso al agua para consumo humano, dependiendo del tipo de institución directamente responsable, bien sea una empresa de servicios públicos domiciliarios, un acueducto veredal o el municipio, en aquellos casos que presta el servicio directamente. En concreto, podría valorarse, por ejemplo, las solicitudes ciudadanos existentes y las políticas públicas vigentes para la garantía del acceso a este servicio público domiciliario. En este escenario, es importante tener en cuenta, tanto aquello que debería ser en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en la materia; así como, la manera cómo efectivamente se está garantizando, es decir, el plan que viene ejecutando la administración local correspondiente. Lo anterior, sin perder de vista la dimensión prestacional que implica garantizar el derecho al agua para consumo humano. Además, le corresponde al juez de tutela ser deferente con las decisiones que tomen los administradores en el marco de sus competencias. Por ejemplo, si un municipio decide garantizar en un primer momento el acceso al servicio de acueducto atendiendo a unos factores técnicos a determinada zona rural, frente a otra, podría concluirse que dicha decisión es razonable y está justificada si así se demuestra.

    4.3. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del accionante, podría pensarse que toda la responsabilidad recae sobre la Junta, debido a que se trata de la organización comunitaria que presta el servicio de acueducto en el área que esta ubicada su vivienda, justamente ello explica que el señor C.M. le haya solicitado la instalación de un punto de agua. Ello por cuanto tiene las mismas responsabilidades que una empresa prestadora de servicios públicos en los términos previstos en la Ley 142 de 1994, lo que le impone la obligación de adelantar las gestiones para garantizar el acceso al servicio público de alcantarillado.[132] Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:

    “[d]entro de la categoría de organizaciones autorizadas para la prestación del servicio se encuentran los acueductos comunitarios. Su régimen jurídico es el mismo que el de las empresas prestadoras de servicios públicos, dado que la Ley 142 de 1994 les confiere la potestad de ser prestadoras del servicio y no establece diferencias entre las obligaciones de los distintos prestadores. En ese sentido, deben garantizar el derecho al agua, en los componentes de disponibilidad, accesibilidad y calidad. (…)”[133]

    4.3.1. No obstante, un análisis integral de los cinco factores mencionados previamente lleva a otra conclusión, esto es que dicha Junta no esta en capacidad de acceder a la pretensión formulada por el accionante en esta ocasión, por las siguientes razones: (i) la concesión de agua que le fue reconocida esta limitada a brindar el servicio a las 924 personas para las que se solicitó inicialmente, (ii) conforme con lo informado por C., la fuente denominada “Nacimiento P.L.” carece del caudal necesario para soportar una demanda hídrica adicional a la prevista; (iii) carece de los requerimientos técnicos para acceder a lo solicitado por el accionante; y, en este mismo sentido, (iv) no cuenta con la capacidad institucional.

    4.3.2. En todo caso, la S. considera que sí hubo un actuar omisivo de parte de la Junta, que implicó una vulneración del derecho al agua para consumo humano del accionante, pues no adelantó las gestiones pertinentes para que C. estudiara a fondo la solicitud de ampliación de la concesión. Si bien, como se mencionó, el 24 de octubre de 2017, la Junta presentó una petición en dicho sentido, en respuesta a esta se le informó el procedimiento a seguir;[134] sin embargo, no llevó a cabo el trámite indicado. Esta omisión implica un total desconocimiento de su obligación de garantizar el goce de este derecho fundamental. Ahora bien, esta S. de Revisión precisa que el reproche a la Junta se limita a la omisión de adelantar el trámite correspondiente ante C. para solicitar la ampliación de la concesión; es decir, no se desconoce que el resultado de dicha petición depende de variables ajenas a su competencia y que corresponden únicamente a la Corporación mencionada.

    4.4. De manera que, teniendo en cuenta las actuales particularidades del caso, se concluye que la obligación de adelantar las actuaciones necesarias para garantizar el derecho fundamental al agua para consumo humano del accionante está en cabeza de la Alcaldía de S.. Esta conclusión tiene sustento en la aplicación de los factores mencionados en el fundamento 4.2 de esta providencia y en las normas constitucionales y legales relevantes en el asunto.

    4.4.1. Por un lado, en aplicación de los factores, se tiene que la vivienda del accionante se ubica en el área rural del Municipio de S. (Boyacá), área en la cual el servicio de acueducto no es prestado por una empresa de servicios públicos domiciliarios, sino que en algunos casos se han organizado acueductos veredales, como el accionando. Sin embargo, como ya se dijo, éste carece de los mecanismos para acceder a la pretensión del accionante y, en consecuencia, le corresponde a la Alcaldía asumir las competencias constitucionales y legales en la materia (este punto será desarrollado en detalle en el fundamento siguiente, que corresponde al 4.4.2.). En lo referente a la disponibilidad de caudal y la sobresaturación de la demanda, se trata de un asunto que debe ser determinado por C., justamente ello explica que en el compromiso asumido por la Alcaldía el 19 de julio de 2018 se haya expresado la necesidad de convocar a una mesa técnica con presencia de dicha institución para determinar la fuente hídrica frente a la cual podría solicitarse la concesión de uso. Ahora, con respecto a los requerimientos técnicos y a la capacidad institucional de suministrar el acceso al agua para consumo humano, la Administración Municipal no planteó un argumento en el que expresará su falta de capacidad institucional ni obstáculos relacionados con requerimientos técnicos particulares y específicos. Por el contrario, existe una plena voluntad de dicha Alcaldía de dar cumplimiento a sus obligaciones, tal y como se comprometió en la reunión del 19 de julio de 2018.

    4.4.2. Conforme con lo establecido en la Constitución y la ley, la primera autoridad pública que tiene la obligación de garantizar el acceso a los servicios públicos es el municipio.[135] De manera que, en el caso concreto, le corresponde a la Administración de S. asegurar el acceso al agua para consumo de los habitantes del Municipio, tanto de la cabecera municipal como de aquellos que viven en áreas rurales. Por ello, la S. responderá negativamente la solicitud presentada por esta autoridad municipal, en el sentido de ser eximida “de toda responsabilidad que se pretenda endilgar.” Lo anterior por cuanto se trata de un mandato de orden constitucional y legal, no susceptible de ser relevado. El incumplimiento del mismo se evidencia en lo siguiente: (i) el deber constitucional y legal que tiene la autoridad municipal no se agota con garantizar el derecho al agua para el consumo humano en la cabecera municipal y a los habitantes aledaños, pues el mismo también es predicable respecto de las personas que viven en el área rural; (ii) a la fecha, ha omitido asumir los compromisos a los que llegó en la reunión del 19 de julio de 2018 con el señor C. y los otros solicitantes de un punto de agua; y, por último, (iii) conforme con lo informado en respuesta al Auto de pruebas, no existe un plan de acción a mediano plazo frente a la población rural.

    4.5. La Alcaldía de S. tiene el mandato constitucional y legal de garantizar a todos los habitantes del Municipio el derecho al agua para consumo humano. Los artículos 365 y 366 de la Constitución Política de 1991 disponen, (i) el deber del Estado de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes de territorio nacional, (ii) la posibilidad de que sean prestados por el Estado de forma directa o indirecta o por comunidades organizadas o por particulares, (iii) la regulación, control y vigilancia de la prestación de los servicios en cabeza del Estado y (iv) el objetivo principal del Estado de implementar soluciones a las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Al respecto, la Sentencia C-094 de 2015, en reiteración de lo afirmando en la Sentencia T-740 de 2011,[136] resaltó:

    “el deber [que tiene el Estado] de ejercer acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y promover la efectividad del derecho al agua debe llevarse a cabo a través de la adopción de disposiciones legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales, que posibiliten a los individuos y comunidades el disfrute del agua potable y ayuden a los particulares y a las comunidades a ejercer este derecho, a través de la difusión de información adecuada sobre el uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua, entre otros.”[137]

    4.5.1. Este deber constitucional se concreta en los numerales 10 y 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”,[138] y los artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Dichas normas establecen que la administración municipal es la principal garante y gestora en materia de servicios públicos.[139] A su turno, la Ley 1176 de 2003, “por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, previó una participación con destinación específica del sistema general de participaciones para el sector agua potable y saneamiento básico, a fin de que los municipios dediquen una parte de los recursos girados por la Nación a financiar actividades relacionadas directamente con la materia, como los subsidios que se otorguen a las personas más vulnerables, la inversión en proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, los programas de macro y micromedición y de reducción de agua no contabilizada, entre otros. Ahora bien, la obligación constitucional y legal que tienen los municipios respecto de la garantía del derecho al agua para consumo humano, puede ser directa o indirecta. Indirecta cuando el acceso a este recurso se da por medio de una empresa de servicios públicos o un acueducto veredal y directa cuando lo presta el municipio; de manera que, sólo en este último caso dicho ente territorial tiene deberes inmediatos con los usuarios.

    4.5.2. Como acaba de evidenciarse, la Alcaldía de S. tiene, se insiste, la obligación constitucional y legal de garantizar el derecho fundamental al agua para consumo humano. Bien sea directamente o por medio de empresas prestadoras del servicio de acueducto. En este sentido, la S. de Revisión resalta que la Administración Municipal, conforme con lo informado en respuesta al Auto de pruebas, ha cumplido este deber frente a los usuarios de la cabecera municipal y algunas comunidades aledañas; ello, por cuanto construyó una planta de tratamiento de agua potable, que conforme con los análisis garantiza que dicho líquido sea apto para el consumo humano. Sin lugar a dudas, ello evidencia el acatamiento de la responsabilidad que tiene frente a dicha población; no obstante, se llega a una conclusión diferente en el caso del accionante, quien es habitante del sector rural.

    4.5.3. Si bien ha procurado cumplir su obligación frente a los habitantes del sector rural incentivando “LA CREACIÓN DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO A TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO”; esta estrategia no es suficiente para cumplir con las obligaciones explicadas previamente. Sin lugar a dudas, en el caso concreto se evidencia que la organización de un acueducto veredal es la mejor alternativa para garantizar el derecho del accionante. En todo caso, ello no lo releva del deber de “garantizar la prestación del servicio de agua potable” (Art. 3º, Núm. 19, Ley 136 de 1994) y “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio (…)” (Art. 5, Núm. 1º, Ley 142 de 1994). En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional “ha sido clara en señalar que la prestación indirecta del servicio no exime al Estado, y puntualmente al municipio, de la responsabilidad de garantizar el acceso a éste, por cuanto conserva las facultades de control y vigilancia en su prestación que recae sobre la correcta prestación del servicio.”[140]

    4.6. A la fecha, la Alcaldía de S. no ha cumplido los compromisos asumidos en la reunión del 19 de julio de 2018 con el señor C. y los otros solicitantes de un punto de agua. En todo caso, la S. resalta que además de incentivar la creación de juntas administradoras, en el caso concreto se evidencia que la autoridad municipal accionada sí asumió, en la reunión del 19 de julio de 2018, un compromiso que evidencia su intención de cumplir cabalmente su obligación legal y constitucional. El mismo incluía las siguientes actividades: (i) realizar “una mesa técnica junto con la corporación autónoma regional de Boyacá ‘CORPOBOYAC[Á]’ sede territorial S. para evaluar las diferentes posibilidades de las fuentes de abastecimiento para la cual se pueda legalizar la concesión pertinente (…)”; (ii) brindar “los materiales para traer la captación…”; y, (iii) prestar “la asesoría para los trámites pertinentes en caso de realizar la concesión así mismo con el suministro de tubería.” Desafortunadamente, no se ha ejecutado ninguna de ellas.

    4.6.1. Con base en el material probatorio obrante en el expediente, incluyendo la respuesta de la Alcaldía Municipal de S., se concluye que lo que sucedió es que dicha Autoridad dejó en manos de los particulares interesados la completa solución de los problemas que obstaculizan el acceso efectivo al agua potable. Lo que, se insiste, evidencia un incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, dado que:

    “la administración municipal es responsable de garantizar el abastecimiento continuo y permanente del servicio de agua, si la prestación del mismo es directa, pero también en aquellas ocasiones en las cuales se contrata a un tercero para encargarse del suministro, o cuando por circunstancias geográficas las comunidades constituyen acueductos comunitarios o veredales destinados específicamente a la satisfacción de un grupo de personas que no tienen acceso a los acueductos instalados para abastecer un municipio.”[141]

    4.6.2. Y, si bien la Alcaldía anexó los estudios previos para la contratación de los servicios de análisis de agua potable y aguas residuales para el Municipio de S., por un valor de nueve millones m/cte (9´000.000), en la descripción de la necesidad de la contratación no se establece si éstos tienen alguna relación con la construcción del nuevo acueducto.[142] Así, se concluye que, al día de hoy los compromisos están incumplidos y se ha delegado, de manera absoluta, a los ciudadanos que asuman las gestiones para garantizarse su acceso al agua. Lo anterior, es contrario a la obligación del Municipio, pues “la autogestión que ellas [las comunidades] despliegan no exonera en manera alguna al Estado de las obligaciones constitucionales y legales frente a la ciudadanía respecto de la oportuna y adecuada prestación del servicio público de agua.”[143]

    4.7. La Alcaldía de S. carece de un plan tendiente a la garantía progresiva del derecho al agua para consumo humano de las personas que viven en áreas rurales. El derecho fundamental al agua, al igual que todos los derechos, tiene una faceta prestacional,[144] que impone al Estado el deber de garantizar su acceso de manera progresiva y programática; en todo caso, se reitera que:

    “el carácter progresivo o prestacional de un derecho fundamental no es un permiso para la inacción. El hecho de que la Constitución y la ley permitan por la provisión de los servicios de agua por comunidades organizadas de particulares, no implica que las entidades territoriales puedan desentenderse de sus obligaciones constitucionales de prestar los servicios de agua y alcantarillado y que estos cumplan con las condiciones de acceso y potabilidad exigidas. Sobre todo, la Administración no puede dar la espalda cuando las propias comunidades sí han actuado, pero han solicitado la intervención de la Administración para poder remover los obstáculos que existan y hacer realidad los planes que hayan sido concebidos (…).”[145]

    4.7.1. Por lo anterior, le corresponde a la Autoridad Municipal accionada cumplir con la obligación de contar con plan un escrito y público, orientado a garantizar de manera sostenible la faceta prestacional del derecho al agua para consumo humano de manera progresiva. Pues esta faceta no es, de ninguna manera, un permiso para la inacción o para una precaria o irrazonable planeación. Por lo anterior, el Alcalde de S., como jefe de la administración local (Art. 314 CP), tiene entre sus atribuciones la de asegurar la prestación de los servicios públicos municipales (Art. 315, Núm. 3 CP) y, por tanto, debe liderar la construcción de un plan estratégico que garantice soluciones concretas para el problema de falta de accesibilidad al agua en el área rural, tal como es el caso del accionante. Ello por cuanto

    “la administración municipal tiene a su cargo, en virtud de la Constitución y de las normas que la desarrollan, asistir a la comunidad a través de apoyo técnico, jurídico y financiero, para superar las falencias en la prestación del servicio que pongan en riesgo los derechos fundamentales de la comunidad, sin que la ubicación geográfica de la comunidad y su acueducto, por no hacer parte del casco urbano, sea una razón para que la administración se desentienda de lo que allí ocurra.”[146]

    4.7.2. Sin embargo, en respuesta al Auto de pruebas, no dio información concreta sobre su plan de acción inmediata para garantizar el acceso al agua de la población rural, se refirió a la prestación de este servicio en la cabecera municipal y la zona aledaña a esta. [147] Y, en lo que tiene que ver con el plan de mediano plazo, no señaló nada puntual y manifestó, en abstracto, que continúa “trabajando para mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios”,[148] tal y como está contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal.

    4.8. Por último, en lo que tiene que ver con C., la S. encuentra que ha actuado conforme con sus obligaciones legales. Se recuerda que a esta le corresponde “administrar, dentro del área de su jurisdicción (…) los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.”[149] En concreto, tiene la obligación de analizar las solicitudes de concesiones sobre fuentes hídricas, en los términos del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, que dispone en el numeral 9º:

    “Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

    (…)

    9º. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; (…)”

    4.8.1. No obstante, la S. estima pertinente resaltar dos hechos de la actuación de la Corporación. Primero, que hayan pasado seis (6) meses entre la solicitud de ampliación de la concesión de aguas superficiales, que fue presentada por la Junta el 24 de octubre de 2017, y la respuesta del 13 de abril de 2018. Segundo, a pesar de conocer, desde el 24 de octubre de 2017, que habitantes del sector rural del Municipio de S. carecían de un punto de agua para consumo humano, el 23 de febrero de 2018, optó por otorgar una concesión sobre la fuente hídrica “Manantial P.L.”, mediante Resolución 560 de 2018, que está destinada para “uso pecuario (Abrevadero) de sesenta y cinco (65) animales bovinos y uso agrícola (riego aspersión) de uno punto cinco (1.5) hectáreas para cultivo de maíz y una (01) hectárea para riego de pasto (…).”[150] Aclara la S. que no está poniendo en duda que la concesión otorgada mediante Resolución 560 de 2018 se haya dado con el debido cumplimiento de los requisitos para ello.

    Sin embargo, llama la atención que a pesar de conocer la necesidad de personas que requieren del servicio de agua para uso doméstico, en su respuesta del 13 de abril de 2018 haya pasado por alto el planteamiento de una alternativa para la comunidad; más aún, cuando es dicha Institución la que cuenta con la información sobre la oferta hídrica disponible en la jurisdicción. Sobre el particular, se limitó a advertir que “C. no puede garantizarle si esta fuente podrá sostener la demanda hídrica adicional requerida por el acueducto que preside” y sugirió “evaluar la pertinencia de buscar fuentes alternas para consumo doméstico y de ser el caso obtener previamente para la fuente seleccionada la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud Departamental.”

    4.8.2. Ahora bien, lo anterior no implica el establecimiento de una regla rígida, conforme con la cual el derecho al agua para consumo humano tiene prioridad en abstracto. De ninguna manera, pues los derechos invocados siempre deben ser analizados conforme con las condiciones particulares y específicas de cada caso, tal y como debe ocurrir también cuando se invoque la protección del derecho mencionado. Sin embargo, se reitera que el agua para consumo humano tiene una relación inescindible con el derecho a la vida y la dignidad; por lo cual, cuenta con una protección constitucional prevalente y reforzada con respecto a los otros usos posibles de este recurso natural. Es por ello, que posponer su garantía implicaría para las autoridades correspondientes la carga de una argumentación amplia y suficiente, que explique porque se anteponen los otros usos al consumo humano.

    4.9. En síntesis, teniendo en cuenta (i) la ubicación geográfica de la vivienda del accionante, (ii) la disponibilidad del recurso hídrico frente al cual el accionante planteó la pretensión, (iii) la sobresaturación de la demanda, (iv) la ausencia de requerimientos técnicos especiales, así como (v) la capacidad institucional, esta S. de Revisión concluye que le corresponde al Municipio de S. cumplir con los compromisos acordados en la reunión del 19 de julio de 2018, posteriormente formalizados en un documento con fecha del 23 de julio del mismo año. Adicionalmente, la Alcaldía tiene el deber de cumplir con el mandato constitucional y legal de garantizar la faceta prestacional del derecho fundamental al agua para consumo humano y, en consecuencia, debe contar con un plan escrito y público que garantice el acceso progresivo al servicio de acueducto.

    1. Órdenes a impartir

      5.1. La S. concluye, con base en el análisis precedente, que en la actualidad no existe por parte de la Alcaldía de S. un plan consolidado y definitivo, que le permita al accionante y su familia, acceder, así sea progresivamente, a la cantidad mínima de agua que le garantiza su derecho fundamental al agua. No se desconoce que la Alcaldía ha realizado avances en el cumplimiento de su deber de garantizar el acceso a agua potable a los residentes de la cabecera municipal y a las comunidades aledañas a esta; sin embargo, como se explicó su obligación no termina ahí, pues también tiene un deber frente a las personas que viven en áreas rurales.

      5.2. En consecuencia, se le ordenará que dé cumplimiento a la estrategia que planteó en la reunión llevada a cabo el 19 de julio de 2018, entre los miembros de la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de S. (ingeniera S.M. y los usuarios solicitantes de un punto de agua, incluido el accionante. Esto es: (i) brindar la asesoría necesaria para la conformación de una nueva asociación que conforme un nuevo acueducto comunitario y para adelantar los trámites correspondientes ante C. en el proceso de solicitud de concesión de aguas superficiales, (ii) realizar una mesa técnica con C., para analizar las diferentes fuentes hídricas de abastecimiento e identificar una frente a la cual pueda darse la concesión de uso de aguas superficiales, (iii) disponer de los recursos presupuestales necesarios para garantizar la accesibilidad del agua, tal y como lo dispone el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, que estableció dentro de las competencias de los municipios “directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias (…) 76.1. Servicios Públicos. Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos”.

      5.3. Como medida a corto plazo, dirigida a conjurar de forma inmediata la falta de acceso a un punto de agua en la vivienda del accionante, se ordenará a la Alcaldía Municipal que analice y determine el medio idóneo para suministrar la cantidad mínima de agua potable en la vivienda del señor J.V.C..[151]

    2. Síntesis de la decisión

      En esta sentencia, la S. Segunda de Revisión analizó si las autoridades públicas, tanto la Alcaldía como la Corporación Autónoma Regional, y un acueducto comunitario desconocen la garantía del derecho al agua para consumo humano cuando no se garantiza la accesibilidad del mismo. Con el fin de resolver el problema jurídico, reiteró las siguientes reglas jurisprudenciales: (i) el derecho al agua para consumo humano es fundamental, autónomo y con sustento en normas de la Constitución; (ii) la Alcaldía municipal es la principal autoridad, conforme con la Constitución y la Ley, responsable de la garantía de este derecho; (iii) dicha responsabilidad no se reduce, ni siquiera, ante la existencia de acueductos comunitarios.

III. DECISIÓN

Se vulnera el derecho al agua para consumo humano de un habitante del área rural, quien no tiene el acceso a la mínima cantidad de este líquido en su vivienda, dado que no le ha sido instalado un punto de agua y, debido a ello, se abastece ocasionalmente de una fuente que no es apta para consumo humano. El análisis del caso llevó a concluir que en la garantía de la faceta de la accesibilidad al agua confluyen responsabilidades de autoridades públicas y privadas. (i) La administración municipal es la principal responsable frente al asunto, pues tiene la obligación constitucional y legal de garantizar el derecho fundamental al agua dentro de su jurisdicción, tanto en la cabecera municipal como las áreas rurales, incluidas aquellas que por razón de la distancia geográfica con el casco urbano sean administradas por comunidades rurales o veredales. Esta obligación implica el apoyo técnico y jurídico a las comunidades para la ejecución de todas las acciones que permitan la accesibilidad del agua. (ii) Las corporaciones autónomas regionales, en cumplimiento de sus funciones, deben garantizar el respeto de la prioridad que tiene la concesión de agua para consumo humano, frente a los otros posibles usos de este líquido. (iii) Los acueductos veredales tienen las mismas responsabilidades que las empresas prestadoras de servicios públicos, dado que la Ley 142 de 1994 no establece diferencias entre las obligaciones de los distintos prestadores.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE

Primero. REVOCAR la sentencia del 13 de agosto de 2018, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de S. en la que se negó el amparo solicitado por el señor J.V.C.M.; en su lugar, CONCEDER la protección del derecho al agua para consumo humano por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal del S. que, en el término máximo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de este fallo, en caso de no haberlo hecho, elabore un plan de solución definitiva al problema de accesibilidad del accionante, lo que implica el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 19 de julio de 2018, que incluye: (i) brindar la asesoría necesaria para (a) conformar un nuevo acueducto comunitario y (b) adelantar los trámites correspondientes ante C. en el proceso de solicitud de concesión de aguas superficiales, (ii) realizar una mesa técnica con C., en la que se analicen las diferentes fuentes hídricas de abastecimiento disponibles y se defina aquella que servirá de abastecimiento al nuevo acueducto comunitario; y, (iii) disponer de los recursos presupuestales necesarios para garantizar la accesibilidad del agua.

TERCERO. ORDENAR como medida de protección inmediata, a la Alcaldía de S. que, en término de un (1) mes contado a partir de la notificación de este fallo, analice y determine el medio más idóneo para garantizar la cantidad mínima de agua apta para el consumo humano al accionante.

CUARTO. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

  1. y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Con salvamento de voto

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] La Corte Constitucional, mediante Auto del 29 de octubre de 2018 proferido por la S. de Selección número Diez, conformada por la Magistrada G.S.O.D. y el Magistrado A.J.L.O., seleccionó para revisión el expediente de la referencia, con base en el criterio subjetivo “urgencia de proteger un derecho fundamental” y objetivo “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial.”

[2] Los hechos relevantes presentados en esta sección tienen sustento probatorio en todo el expediente, tanto en el cuaderno del juez de instancia (Cuaderno principal), como en el que se armó en sede de Revisión (Cuaderno de revisión). Es decir, no se trata tan sólo de un recuento de lo afirmado por el accionante en el escrito de tutela.

[3] Conforme con la información expuesta por el accionante, su vivienda está identificada con la matrícula inmobiliaria No. 094-7219, ubicada en la vereda Sagra Arriba – Sector Catavita, en el Municipio de S., Boyacá.

[4] Al respecto, se pueden consultar las peticiones presentadas por el señor J.V.C. el 24 de octubre de 2017 a la Junta Directiva del Acueducto P.L. y por la Personera Municipal de S. el 18 de octubre de 2011 al P. del Acueducto Frayle La Rinconada (Cuaderno principal. Folios 9 y 10).

[5] Cuaderno principal. Folio 1.

[6] Cuaderno principal. Folio 10.

[7] C. otorgó la concesión a la Junta el 17 de marzo de 2006, mediante resolución 0330, con destino a uso doméstico de 80 familias. Luego, el 31 de octubre del mismo año, a través de la Resolución 1452, amplió la concesión para 41 familias más.

[8] Si bien el accionante afirma en su escrito de tutela que “desde hace siete años estoy solicitando a la Junta Administradora de Acueducto P.L.…”, una revisión de todos los documentos que obran en el expediente permite precisar que, en realidad, la petición de hace siete años fue presentada al P. del Acueducto Frayle La Rinconada, no a la Junta accionada, tal y como se precisa en el punto 1.2. Al respecto, es relevante mencionar que a folio 22 del expediente, la Junta accionada aportó copia de la solicitud de la Personera Municipal de S., con una anotación en la que indicó que la misma fue dirigida al A.F.R., no al Acueducto P.L..

[9] Cuaderno principal. Folio 9.

[10] Cuaderno de revisión. Folio 86 (reverso).

[11] Cuaderno principal. Folios 18.

[12] Cuaderno principal. Folio 21.

[13] Cuaderno de revisión. Folio 87 (reverso).

[14] Hace referencia a la Resolución 560 del 23 de febrero de 2018, “por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales”, otorgada a la Asociación de S.C.G. del Municipio de S..

[15] Cuaderno de revisión. Folio 87 (reverso).

[16] Cuaderno principal. Folio 27.

[17] Cuaderno principal. Folio 11.

[18] Junto con la contestación de la acción de tutela, anexó fotocopias de los siguientes documentos: acta de la asamblea general del 15 de noviembre de 2017, donde se dio a conocer la solicitud de punto de agua y la respuesta (folios 17 a 19); acta de la reunión extraordinaria del 4 de diciembre de 2017 (folios 20-21); derecho de petición del accionante, dirigido al P. Acueducto Frayle la Rinconada, con la siguiente anotación: “señores del juzgado esta solicitud fue dirigida en el 2011 el 18 de octubre pero al acueducto el F.R. no al nuestro a ellos es a quien solicit[ó] hace 7 años sin respuesta nosotros s[í] hemos respondido”; solicitud escrita que presentó el accionante el 24 de octubre de 2017 (folio 23); acta de la reunión del 19 de julio de 2018 (folio 24-25); acuerdo con la Oficina de Planeación Municipal, suscrito por la Ingeniera D.M.D. (folio 27); listado de solicitantes del nuevo acueducto (folio 26).

[19] Cuaderno principal. Folio 15.

[20] En la contestación de la acción de tutela se aportaron copias de las actas de la Asamblea General No. 135 del 15 de noviembre de 2017 y No. 4 del 4 de diciembre de 2017 (Cuaderno principal. Folios 17 al 19, 20 y 21).

[21] Ver copia del Acta No. 1 del 19 de julio de 2018, en la que se señaló que “siendo las 2:30 p.m. nos reunimos con la ingeniera de planeación y los usuarios y la Junta Administradora del Acueducto P.L. y nos traen una posible solución: Las 30 personas formen su asociación y se solicite una concesión y se compromete la Alcaldía a darles los materiales para traer la captación así como don O. solicitó su concesión (…). La Junta como tal les aclaramos, hemos estado en acompañamiento con ellos pero nos ha sido imposible venderles porque ya no tenemos caudal para ofrecerles” (Cuaderno principal. Folios 24 y 25).

[22] Cuaderno principal. Folios 28 al 39. El Juzgado Promiscuo Municipal de S. reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la salud y su relación con el suministro de agua potable. Sobre el particular, afirmó: “[p]ara nadie es desconocido que todo ciudadano Colombiano tiene derecho a la salud y de contera al suministro de agua potable, y si no está en condiciones de costeársela por sus escasos recursos es el Estado a quien le corresponde velar por este derecho.” Luego, sostuvo que tanto la prestación del servicio de salud como de agua debe prestarse de manera ininterrumpida, precisó que este deber está en cabeza del Estado y resaltó que “también tienen la obligación (…) las entidades privadas que se comprometen a garantizarlos y prestarlos.”[22] Más adelante, se refirió al derecho al agua y su relación con el derecho a la salud. En particular, se refirió a la Sentencia T-616 de 2010. M.L.E.V.S., en la cual se señalaron los aspectos que el juez constitucional debe tener en cuenta a fin de garantizar el goce pleno del derecho al agua para consumo humano, es decir, la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad. Cuaderno principal. Folio 33.

[23] Cuaderno principal. Folio 38.

[24] Cuaderno principal. Folio 39.

[25] Cuaderno principal. Folio 39.

[26] El Auto de pruebas obra en los folios 17 a 19 del Cuaderno de revisión. Dado que no hubo respuesta por parte del accionante y la accionada, el 14 de febrero de 2019, la S. Segunda de Revisión ordenó suspender los términos hasta tanto las pruebas fueran debidamente recaudadas (Cuaderno de revisión. Folios 153-156).

[27] Cuaderno de revisión. Folio 199-204.

[28] Cuaderno de revisión. Folio 200.

[29] Cuaderno de revisión. Folio 200.

[30] Cuaderno de revisión. Folio 200-201.

[31] Cuaderno de revisión. Folios 223-226.

[32] Se refiere a la Resolución 1452 del 31 de octubre de 2006, “por medio de la cual se amplía la concesión de aguas superficiales otorgada mediante resolución 0330 del 17 de marzo de 2006”.

[33] Para justificar esta afirmación, se refirió a la Resolución 1452 del 31 de octubre de 2006; no obstante, una lectura de la misma, no permite comprender a qué parte hace alusión.

[34] Cuaderno de revisión. Folio 223.

[35] Cuaderno de revisión. Folios 28-46.

[36] “[en consecuencia] no podría considerarse autoridad ambiental ni sujeto pasivo que le habilite otorgar, fiscalizar, vigilar, ni controlar los trámites para autorizar el punto de agua en el municipio de S..”Cuaderno de revisión. Folio 30.

[37] Cuaderno de revisión. Folio 30 (reverso). Más adelante, reiteró que C. “tiene funciones de máxima autoridad en el área de su jurisdicción” y la competencia para otorgar concesiones, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

[38] Esta afirmación la realizó nuevamente en los siguientes términos: “corresponde a la Alcaldía Municipal de S. asegurar que se presten a sus habitantes los servicios domiciliarios de acueducto…” Cuaderno de Revisión. Folio 41.

[39] Cuaderno de revisión. Folio 41.

[40] Anexó copias de los siguientes documentos. (i) La sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que se ordena el archivo definitivo de las diligencias dentro de la acción popular Nº 2004-563 (folio 127-129). El 8 de septiembre de 2005, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió las siguientes órdenes: “PRIMERO: Declárese la vulneración del derecho colectivo al GOCE DE UN AMBIENTE SANO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS y a la SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLCIA, por parte del municipio de S.. || SEGUNDO. Ordénese a la Secretaría de Salud de Boyacá, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 41 del Decreto 475 de 1998, con relación a sus funciones, que en el términos de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente fallo, realice visita de vigilancia y control al agua que se suministra para consumo humano en el municipio de S. en donde se analicen mínimo cuatro puntos estratégicos y se obtengan las muestras así: i) A la salida del sistema de tratamiento, ii) La red de distribución, iii) dos residencias del municipio y iv) verificar la necesidad de la utilización de cloro residual; entre otras.” El 12 de diciembre de 2018, el Despacho N° 1 del mismo Tribunal declaró el cumplimiento de las órdenes emitidas en sentencia del 8 de septiembre de 2005, pues se certificó la potabilidad del agua para consumo humano, “dado que los resultados obtenidos arrojan un índice de riesgo equivalente al 0.00% que lo cataloga como ‘sin riesgo’, sin que ello sea óbice para que continúe con las inversiones y gestiones tendientes a mantener tales condiciones.” Cuaderno de Revisión. Folio128. (ii) Los estudios previos de selección de mínima cuantía, cuyo objeto de contratación es la prestación de los servicios de análisis de agua potable y aguas residuales para el Municipio de S., por un valor de nueve millones m/cte (9´000.000) (folios 120-125). En la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, se expresa que en cumplimiento de las estrategias de vigilancia, prevención y control planteadas por el Ministerio de la Protección Social y la Secretaría de Salud Departamental, se deben “realizar muestras, contra muestras, caracterizaciones y asesoría en el tratamiento haciendo seguimiento de los diferentes puntos de muestreo autorizados y concertados… Además que en el primer trimestre y en el tercer trimestre del presente año se deben tomar muestras de demanda de cloro y mostraje de captación (agua cruda), ubicadas en el ojo de agua, pozo de las hojas y en la bocatoma de la quebrada del tirque, así como la toma de muestras de aguas residuales de la Quebrada Chiniscua o S., Quebrada Santa María y Quebrada Honda. || Actualmente en la Unidad de servicios Públicos se encuentran adscritos 1465 usuarios, que requieren de agua potable de calidad y sin riesgo por parte del Municipio, para lo cual el Municipio de S. no cuenta con el personal de planta ni con la infaestructura y equipos adecuados para desarrollar directamente esta actividad de toma de muestras y en consecuencia tiene la necesidad de contratar la prestación de servicios externos con personas idóneas, avaladas por la Secretaría de Salud. || Es conveniente, por higiene, por tratarse de un tema de salud pública, porque los servicios públicos domiciliarios son de primera necesidad para la población, la ejecución de este proyecto de agua tratada y cruda. Que este proyecto se deberá encontrar dentro del Plan de Desarrollo municipal ‘SEGUIMOS TRABAJANDO POR UNA ADMINISTRACIÓN SOCIAL 2016-2019’. En razón a que el proceso de contratación da solución a esta problemática, son necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo, por anteriormente descrito, se procede a iniciar con la misma para que esta sea satisfecha, ya sea con una persona natural o jurídica, que sea idónea teniendo en cuenta la experiencia y conocimientos necesarios para ejecutar adecuadamente la obra, con el mínimo riesgo y los mejores resultados de cumplimiento y responsabilidad” Cuaderno de Revisión. Folio 120 (reverso). (iii) La disponibilidad presupuestal Nº 2019020012 (folio 126). (iv) Los análisis de agua potable del Municipio de S. realizados por la Secretaría de Salud de Boyacá durante el 2018 (folios 130-146).

[41] Como información adicional, declaró que la actual administración logró la certificación en los recursos de agua potable, “para así dar cumplimiento a la norma exigida por la secretar[í]a de salud.” Esta afirmación fue reiterada en los siguientes términos: “la planta de tratamiento de agua potable del municipio brinda agua apta para el consumo humano.” Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso). Como sustento de sus afirmaciones, anexó los análisis y un registro fotográfico de la planta. Cuaderno de revisión. Folios 59-75.

[42] Cuaderno de revisión. Folio 117 (reverso).

[43] Cuaderno de revisión. Folio 118.

[44] Cuaderno de revisión. Folio 118.

[45] Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso).

[46] Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso).

[47] Cuaderno de revisión. Folios 77-92. Con la respuesta al auto de pruebas, anexó los siguientes documentos: Auto No. 0189 del 13 de marzo de 2013, “por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales”; Resolución No. 0221 del 17 de febrero de 2015; Auto No. 1446 del 11 de agosto de 2015; Radicado No. 103-16827 del 24 de octubre de 2017; Radicado de salida No. 104-4458 del 13 de abril de 2018; Oficio No. 104-10735 del 6 de septiembre de 2018; y, Resolución No. 560 del 23 de febrero de 2018.

[48] Cuaderno de revisión. Folio 78. Señaló que dicha concesión fue solicitada el 21 de diciembre de 2012, mediante formulario radicado bajo número 17416. Además, precisó que con base en dicha solicitud se “dio apertura al expediente OOCA-0015-13; y mediante Auto No. 0189 del trece (13) de marzo de dos mil trece (2013), CORPOBOYACÁ admitió solicitud de la referida concesión de aguas” También refirió que “mediante Auto No. 1446 del once (11) de agosto de dos mil quince (2015), CORPOBOYACÁ no aprobó memorias, cálculos y planos del sistema de captación de la concesión de aguas presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PANTANO LARGO VEREDA SAGRA ARRIBA DEL MUNCIPIO DE SOCHA, identificada con N.: 900036656-1, teniendo en cuenta que las mencionadas memorias, cálculos y planos del sistema de captación no tienen correlación y no garantizan derivar el caudal de 1.28 L/s”

[49] Esta solicitud quedó consignada bajo radicado No. 103-16827 del 24 de octubre de 2017. Cuaderno de revisión. Folio 78.

[50] Más adelante, sostuvo que “la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PANTANO LARGO VEREDA SAGRA ARRIBA DEL MUNCIPIO DE SOCHA, identificada con N.: 900036656-1, no ha radicado nuevas solicitudes de modificación o ampliación de la concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica denominada ‘Nacimiento P.L.’, ni ha solicitado la inclusión de una fuente hídrica alterna.” Cuaderno de revisión. Folio 78 (reverso).

[51] Cuaderno de revisión. Folio 78 (reverso).

[52] Cuaderno de revisión. Folio 112.

[53] Cuaderno de revisión. Folio 112.

[54] En este mismo sentido, el inciso 1º del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 expresa: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.”

[55] De la misma manera, el numeral 3° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señala: “La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…)3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.”

[56] El artículo 3o de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, dice: “[c]orresponde al municipio: (…) 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. (…)19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.”

[57] El numeral 1° del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 establece que: “[e]s competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. (…)”

[58] C. es un ente de carácter público. Se trata de una Corporación Autónoma Regional, encargada “por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables (…)” (Art. 23, Ley 99 de 1993). El artículo 31 dispone: “Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: (…) 3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; (…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; (…)”

[59] Esta subregla jurisprudencial también fue aplicada en la Sentencia T-012 de 2019. M.C.P.S.. En esa ocasión, la S. de Revisión afirmó, frente al expediente T-6.470.199, que: “los accionantes consideran que la vulneración a sus derechos fundamentales se viene produciendo desde hace varios años debido a la completa inexistencia de los servicios de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Bocachica de la isla de Tierra Bomba. La omisión de las entidades accionadas genera afectaciones individuales y desconoce derechos fundamentales como el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Adicionalmente, el abandono de los accionantes y su comunidad por parte de las autoridades públicas es una circunstancia continua y actual. Por lo anterior, la S. advierte que la afectación de los derechos fundamentales permanece en el tiempo, manteniéndose una vulneración que hace necesaria su protección por vía de tutela.” De igual manera, se aplicó en las siguientes sentencias, en las que también se invocó la protección del derecho fundamental al agua: T-398 de 2018. M.C.P.S.; T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.; T-325 de 2017. M. (e) A.A.G.; T-218 de 2017. M.A.L.C.; T-140 de 2017. M.M.V.C.C.; T-245 de 2016. M.G.S.O.D.; T-103 de 2016. M.M.V.C.C., AV. A.L.C..

[60] Es decir, se invoca la protección de la dimensión subjetiva del derecho. Sobre esto, la sentencia C-220 de 2011 aclaró: “…como derecho fundamental, el derecho al agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencial amplia de protección por medio de la acción de tutela. La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo está en cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello la jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho individual y colectivo.” Corte Constitucional, Sentencia C-220 de 2011. M.J.I.P.C..

[61] La jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando se constata que la protección pretendida busca salvaguardar el derecho al agua en su connotación fundamental, la acción de tutela es el mecanismo indicado para el efecto; de lo contrario, se debe acudir a la acción popular consagrada en la Ley 472 de 1998, para la protección de los derechos colectivos. Esta regla ha sido aplicada para analizar el requisito de subsidiariedad en las siguientes sentencias: T-012 de 2019. M.C.P.S.; T-398 de 2018. M.C.P.S.; T-297 de 2018. M.G.S.O.D., en esta última se concluyó: “los accionantes no se limitan a solicitar el acceso al servicio público de agua y/o acueducto (como derecho colectivo), sino que centran su petición en la protección inmediata (i) del derecho fundamental al agua, en su dimensión subjetiva, ya que buscan la garantía indispensable para la supervivencia y la realización de otros derechos fundamentales, relacionada con el consumo humano mínimo; y (ii) las condiciones de vida digna afectadas por la desconexión del suministro del recurso hídrico por parte de la empresa accionada, respecto de los cuales ellos acreditan una afectación directa que requiere de medias urgentes e inmediatas. Por ello, para esta S. la tutela, en este caso, es el medio más idóneo y eficaz de protección.” De igual manera, este criterio fue aplicado en las siguientes sentencias: T- 223 de 2018. M.G.S.O.D.; T-188 de 2018. M.C.P.S.; T-118 de 2018. M.C.P.S.; T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M.; T-325 de 2017. M.A.A.G.; T-532 de 2016. M.A.A.G.; T-245 de 2016. M.G.S.O.D.; T-093 de 2015. M.G.S.O.D.; T-642 de 2015. M.A.R.R.; T-362 de 2014, M.J.I.P.; T-242 de 2013. M.L.E.V.S.; T-752 de 2011. M.J.I.P.P.; T-616 de 2010. M.L.E.V.; entre otras.

[62] La S. reitera que, tal y como se dijo en la Sentencia T-348 de 2013, el juez constitucional al asumir un examen de esta naturaleza debe “verificar que [la protección del derecho al agua para consumo humano que se invoca] esté destinada al consumo humano, pues ésta es la característica que define su carácter de fundamental” Sentencia T-348 de 2013. M.L.E.V.S.. En este mismo sentido, se enfatiza que el agua para consumo humano es: “una garantía que subyace al mandato que la Constitución Política dispone en el artículo 366, por virtud del cual se señala que uno de los objetivos esenciales de los servicios públicos ‘es la solución de las necesidades insatisfechas’, entre otras, en lo referente al acceso al ‘agua potable’, para lo cual, en la Ley 142 de 1994, el legislador dispuso del servicio de acueducto, incluyéndolo dentro de la categorización de los servicios públicos domiciliarios. Precisamente, al definir el alcance del citado servicio, el artículo 3 del Decreto 302 de 2000 dispone que: ‘servicio público domiciliario de acueducto (…). Es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte.’” Sentencia T-358 de 2018. M.L.G.G.P.. El criterio que recalca la necesidad de que el juez de tutela verifique en el análisis de procedencia que se trata de agua para consumo humano ha sido aplicado en varias sentencias, entre las que se cuentan: T-012 de 2019. M.C.P.S.; T-358 de 2018. M.L.G.G.P.; T-398 de 2018. M.C.P.S.; T-223 de 2018. M.G.S.O.D.; T-118 de 2018. M.C.P.S.; T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M.; T-338 de 2017. M.A.R.R.; T-325 de 2017. M. (e) A.A.G.; T-129 de 2017. M. (e) A.A.G.; T-140 de 2017. M.M.V.C.C.; T-532 de 2016. M. (e) A.A.G.; T-245 de 2016. M.G.S.O.D.; T-348 de 2013. M.L.E.V.S.; T-616 de 2010. M.L.E.V.; T-381 de 2009. M.J.I.P.C.; entre otras.

[63] Así, por ejemplo, la Sentencia T-358 de 2018 concluyó que no se encontraba cumplido el requisito de subsidiariedad, pues no se demostró que “los accionantes requieran de la conexión del servicio de acueducto para acceder al agua como líquido vital.” Sentencia T-358 de 2018. M.L.G.G.P.. Asimismo, la Sentencia T-099 de 2017 concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto: “las peticiones están dirigidas a lograr un cometido esencialmente patrimonial, que tiene que ver con uno de los varios trámites que debe hacer la empresa constructora para asegurar que las viviendas que edifica cuenten con un sistema de acueducto y alcantarillado.” Sentencia T-099 de 2017. M.G.S.O.D.. En este mismo sentido, la Sentencia T-504 de 2012. M.J.I.P.P., afirmó que en dicho caso no se cumplió el requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, declaró la improcedencia de la acción, por cuanto se comprobó que el inmueble no estaba siendo habitado y, de hecho, se destinaba a actividades comerciales.

[64] Esta Corporación, desde su inicio, recalcó que la falta del derecho al agua, en su dimensión subjetiva, pone en riesgo otros derechos, así, por ejemplo, la Sentencia T-578 de 1992 afirmó: “[e]n principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366) o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela.” Sentencia T-578 de 1992. M.A.M.C.. En este mismo sentido, se ha pronunciado esta Corporación en las sentencias: T-012 de 2019. M.C.P.S.; T-338 de 2017. M.A.R.R.; T-140 de 2017. M.M.V.C.C.; T-022 de 2008. M.N.P.P.; T-207 de 1995. M.A.M.C.; T-406 de 1992, M.C.A.B.; entre otras.

[65] Sentencia T-398 de 2018. M.C.P.S.. En el mismo sentido, se pronunció la Sentencia T-163 de 2014. M.G.E.M.M..

[66] Sentencia T-358 de 2018. L.G.G.P.. En este caso, la S. de Revisión declaró la improcedencia de la acción, porque no se demostró que el agua se solicitara para consumo humano.

[67] Sentencia T-348 de 2013. M.L.E.V.S..

[68] Sentencia T-381 de 2009. M.J.I.P.C.. Esta consideración ha sido reiterada en las siguientes sentencias: T-325 de 2017. M. (e) A.A.G.; T-641 de 2015. M.A.R.R.; T-733 de 2015. M.M.V.C.C..

[69] Sobre el particular, la Sentencia T-103 de 2017 afirmó: “[e]sta Corporación ha reconocido la naturaleza subjetiva de ese derecho, [se refiere al agua para el consumo humano] al aceptar que es fuente de vida y presupuesto ineludible para la realización de otros derechos como la salud, la vivienda y el saneamiento ambiental, fundamentales para la dignidad humana. || De esta forma, el agua para el consumo humano ha sido comprendida como una necesidad personal que permite gozar de condiciones materiales de existencia, así como un presupuesto esencial del derecho a la salud y del derecho a gozar de una alimentación sana.” Sentencia T-103 de 2017. M.G.S.O.D.. De igual manera, la Sentencia T-358 de 2018 resaltó “desde los primeros años de este Tribunal, la Corte entendió que la ausencia del agua para su consumo afecta la vida de las personas y su salud, por lo que procede la acción de tutela como remedio judicial, al entender que se está en presencia de una garantía inherente a la persona humana.” Sentencia T-358 de 2018. L.G.G.P..

[70] Sentencia T-245 de 2016. M.G.S.O.D.. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-338 de 2017. M.A.R.R.. De igual manera, las siguientes sentencias han afirmado que el derecho al agua para consumo humano es autónomo y justiciable en sí mismo, al respecto se sugiere consultar las sentencias: T-012 de 2019. M.C.P.S.; T-223 de 2018. M.G.S.O.D.; T-118 de 2018. M.C.P.S.; T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M.; T-641 de 2015. M.A.R.R., SPV L.E.V.S.; T-312 de 2012. M.L.E.V.S.; T-028 de 2012. M.M.V.C.C., AV L.G.G.P.; entre otras.

[71] Cuaderno principal. Folio 9.

[72] Si bien el accionante invocó la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas, un estudio del expediente, únicamente presentó una justificación con respecto al derecho al agua, sin presentar una explicación de porqué invocó la protección de las otras garantías constitucionales.

[73] En concreto, se hace referencia a la concesión reconocida el 23 de febrero de 2018, a la Asociación de S.C.G. del Municipio de S..

[74] Sentencia T-358 de 2018. M.L.G.G.P..

[75] Sentencia T-223 de 2018. M.G.S.O.D..

[76] Sentencia T-028 de 2014. M.M.V.C.C., AV L.G.G.P.. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-325 de 2017. M. (e) A.A.G..

[77] El artículo 365 de la Constitución estableció que los servicios públicos pueden ser prestados tanto por el Estado como por los particulares, pero estos “estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley” (Ley 142 de 1994 artículo 15) En la Sentencia C-389 de 2002, la Corte evidenció la intención del constituyente de que las comunidades organizadas o los particulares pudieran concurrir a la prestación de los servicios públicos por “la complejidad de las necesidades de la vida moderna, (…) han replanteado las modalidades de acción e injerencia oficial para lograr los fines del Estado” De acuerdo con la sentencia C-263 de 2013, la Constitución acogió un modelo de “economía social de mercado”, que propende por armonizar el derecho a la propiedad privada y el reconocimiento de libertades económicas, con la intervención del Estado en la economía, de manera que confluyen “la mano invisible del mercado y el brazo visible del Estado”. Al respecto ver además las sentencias T-540 de 1992, C-616 de 2001, C-389 de 2002, C-150 de 2003, C-741 de 2003, C-228 de 2010 y C-197 de 2012.

[78] El artículo 366 Superior dispone que: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. || Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.”.

[79] Sentencia T-297 de 2018. M.G.S.O.D..

[80] Sentencia T-398 de 2018. M.C.P.S.. De igual manera, la Sentencia T-358 de 2018 indicó que “esta Corporación se ha referido al agua para el consumo humano, como una garantía que subyace al mandato que la Constitución Política dispone en el artículo 366, por virtud del cual se señala que uno de los objetivos esenciales de los servicios públicos ‘es la solución de las necesidades insatisfechas’, entre otras, en lo referente al acceso al ‘agua potable’.” Sentencia T-358 de 2018. M.L.G.G.P.. Una comprensión en este mismo sentido del derecho al agua se expone en las siguientes sentencias: T-100 de 2017. M.A.R.R.; T-028 de 2014. M.M.V.C.C., AV L.G.G.P.; entre otras.

[81] Así, por ejemplo, la Sentencia T-891 de 2014 afirmó: “(i) El agua para consumo humano es un derecho fundamental, pues se encuentra en conexión con el derecho a la vida digna y a la salud (...)” Sentencia T-891 de 2014. M.M.V.C.C.. En este mismo sentido se pronunciaron las sentencias: T-733 de 2015. M.M.V.C.C.; T-227 de 2003, M.E.M.L.; T-413 de 1995, M.A.M.C.; T-140 de 1994. M.V.N.M.; T-431 de 1994. M.J.G.H.G.; T-539 de 1993, M.J.G.H.G.; T-578 de 1992. M.A.M.C.; T-406 de 1992. M.C.A.B.; entre muchas otras.

[82] En este sentido se ha pronunciado recientemente esta Corporación, sobre el particular se sugiere consultar las siguientes sentencias: T-012 de 2019. M.C.P.S.; T-223 de 2018. M.G.S.O.D.; T-118 de 2018. M.C.P.S.; T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M.; T-641 de 2015. M.A.R.R., SPV L.E.V.S.; T-312 de 2012. M.L.E.V.S.; T-028 de 2012. M.M.V.C.C., AV. L.G.G.P.; entre otras.

[83] Sobre este punto, la Sentencia T-223 de 2018 sostuvo: “[a]unque el derecho al agua no fue establecido taxativamente en la Carta Política, la jurisprudencia, los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y los órganos que los interpretan, lo han reconocido como un derecho humano autónomo.” Sentencia T-223 de 2018. M.G.S.O.D..

[84] De manera previa, es relevante mencionar que la Comunidad Internacional hizo un primer avance, en el sentido de reconocer el derecho al agua, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en la que se dijo: “Todos los pueblos, cualquiera sea su estado de desarrollo y sus condiciones sociales y económicas, tiene el derecho a disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Es de reconocimiento universal que la disponibilidad de dicho elemento por parte del hombre es imprescindible para la vida y para su desarrollo integral como individuo o como integrante del cuerpo social.” Celebrada en Mar de Plata, Argentina, entre el 14 y 25 de marzo de 1977.

[85] Tal y como lo afirmó la Sentencia T-297 de 2018, “la S. considera necesario recordar que por mandato constitucional (Articulo 93, adicionado por el Acto Legislativo 2 de 2001), los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretan de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por Colombia; El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales hace parte del bloque de constitucionalidad, por lo que las observaciones efectuadas por el órgano competente, constituye en criterio válido de interpretación del mismo y complementando el marco normativo de los derechos fundamentales de la Constitución.” Sentencia T-297 de 2018. Gloria S.O.D.. Entre las sentencias que sustenta el carácter fundamental del derecho al agua en tratados internacionales se cuentan: T-012 de 2019. M.C.P.S.; T-398 de 2018. M.C.P.S.; T-297 de 2018. M.G.S.O.D.; T-223 de 2018. M.G.S.O.D.; T-118 de 2018. M.C.P.S.; T-140 de 2017. M.M.V.C.C.; T-100 de 2017. M.A.R.R.; T-733 de 2015. M.M.V.C.C.; entre otras.

[86] En el parágrafo 2 de su artículo 14 señala que los Estados Parte deben asegurar a las mujeres el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en (…) [el] abastecimiento de agua”. Convención Contra la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo 14. Agosto 12, 1979. Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.

[87] En el parágrafo 2 de su artículo 24 señala que los Estados Parte deben garantizar el servicio a la salud y combatir las enfermedades y la malnutrición de los niños y niñas “mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre” Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 24. Noviembre 20, 1989. Ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.

[88] En el parágrafo 2 de su Artículo 28 señala que los Estados Parte tiene la obligación de “asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable”. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 28. Diciembre 13, 2006. Ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.

[89] Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M.. Esta consideración también fue tenida en cuenta en las sentencias: T-325 de 2017. M. (e) A.A.G.;

[90] Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M..

[91] En la que se consagró, como un principio, que: “[l]os recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.”

[92] Este “fue el primer llamamiento a los Estados para que realizaran evaluaciones nacionales de sus recursos hídricos y desarrollaran planes y políticas nacionales dirigidas a satisfacer las necesidades de agua potable de toda la población. También reconoció que todas las personas y pueblos tienen derecho a disponer de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas (…)” Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M..

[93] En este “se reiteró que el derecho al agua es un derecho fundamental y advirtió sobre la amenaza que suponen la escasez y el uso abusivo del “agua dulce” para el desarrollo sostenible, para la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, para el desarrollo industrial, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar humano (…)” Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M..

[94] Se“elaboró paralelamente al Plan de Acción Agenda 21, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, constituyen uno de los principales instrumentos internacionales que regulan el derecho al agua. En este se resaltó la importancia del agua para la vida y la necesidad de su preservación, el capítulo 18 consagra como objetivo general velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta, conservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua (…)” Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M..

[95] Este Programa “también hace una clara referencia al derecho al agua en el principio número 2, el cual sostiene que: ‘los seres humanos […] tienen el derecho a un adecuado estándar de vida para sí y sus familias, incluyendo alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados’.” Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M..

[96] Esta Observación señaló, con base en una interpretación de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que el acceso al agua es un derecho humano que se encuadra claramente en las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Artículos 11 y 12. Diciembre 16, 1966. Ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968. Cabe destacar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEDESC) se estableció el 28 de mayo de 1985 en virtud de la Resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés) para desempeñar las funciones de supervisión, monitoreo y adecuada aplicación del PIDESC.

[97] Esta Resolución reconoció explícitamente “que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.” Naciones Unidas. Asamblea General. Res. 64/292 El derecho humano al agua y el saneamiento. Sesión no. 64. Julio 28, 2010.

[98] En esta, se reconoció la existencia autónoma e independiente, pero interrelacionada, de “los derechos humanos al agua potable y el saneamiento como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado” Naciones Unidas. Asamblea General. Res. 70/169 Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento básico. Septuagésimo periodo de sesiones. Diciembre 17, 2015.

[99] Esta Agenda “reconoció que el acceso universal al agua y saneamiento es uno de los 17 Objetivos Globales. El objetivo referente al acceso al agua -el número 6- dispone que los Estados deben unificar esfuerzos y adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene en todos los niveles para todas y todos para el año 2030.” Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M..

[100] Contenido en el “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”. Tal y como lo señaló la Sentencia T-012 de 2019: “es importante reiterar que la Observación General No. 15 del CDESC ha sido admitida por la Corte Constitucional en varias de sus sentencias como referente para delimitar el contenido del derecho de acceso al agua potable. De acuerdo con la jurisprudencia, la Corte ha dejado claro que forman parte del bloque de constitucionalidad –y con ello del ordenamiento interno– los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales deben integrarse en los términos en que han sido desarrollados por sus intérpretes autorizados. Estas interpretaciones, por tanto, deben ser atendidas por el Estado como consecuencia de haber aceptado la competencia de dichas instancias. (…) Tal y como lo afirma la Sentencia T-012 de 2019: “[u]na de las decisiones precursoras en explorar el contenido del derecho al agua según lo establecido en la Observación General No. 15, fue la sentencia T-270 de 2007. Es de destacar que el acceso al agua como derecho fundamental había sido abordado en otros pronunciamientos, no obstante, es reciente la utilización de la Observación General No. 15 como fundamento jurídico central. En efecto, académicos expertos sobre la integración del derecho humano al agua en el ordenamiento jurídico han señalado que “para determinar el marco dentro del cual se puede mover la regulación económica colombiana es fundamental conocer los pronunciamientos de los intérpretes autorizados de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y la forma como los ha incorporado la CCC [Corte Constitucional colombiana]. Por su obligatoriedad, ya no es admisible que un operador jurídico no incluya en sus análisis estos pronunciamientos. (Subrayado fuera del texto original)”. L.M., J. y L.G.D., La obligación de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales: el caso de los servicios públicos en Colombia, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, Vol. 6, n° 12, 2008, p. 237. Recuperado: http//: revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13926” Sentencia T-012 de 2019. M.C.P.S.. Entre las sentencias que han usado esta Observación como referente para delimitar el contenido del acceso al agua, se cuentan las siguientes: T-398 de 2018. M.C.P.S.; T-297 de 2018. M.G.S.O.D.; T-223 de 2018. M.G.S.O.D.; T-118 de 2018. M.C.P.S.; T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M.; T-325 de 2017. M. (e) A.A.G.; T-140 de 2017. M.M.V.C.C.; T-129 de 2017. M. (e) A.A.G.; T-790 de 2014. M.J.I.P.C.; T-028 de 2014. M.M.V.C.C.; T-541 de 2013. M.J.I.P.C.; T-980 de 2012. M.N.P.P.; T-740 de 2011. M.H.A.S.P.; T-418 de 2010. M.M.V.C.C.; T-546 de 2009. M.M.V.C.C.; entre otras.

[101] La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. (...) La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

[102] La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

[103] La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte.

[104] El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

[105] El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

[106] El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

[107] La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua

[108] Entre los ámbitos de protección del derecho al agua mediante la acción de tutela se cuentan: ““A la luz del orden constitucional vigente, la jurisprudencia constitucional ha entendido que el derecho al agua comprende, entre otras las siguientes protecciones: (i) cuando la prestación del servicio se vuelve dramáticamente intermitente y esporádica, afectando los derechos fundamentales de las personas; (ii) cuando una comunidad no dispone ni accede a agua de calidad para el consumo humano –concretamente ha tutelado el derecho a tener un acueducto, tanto en su faceta positiva como negativa–; (iii) el derecho a acceder y disponer de agua con regularidad y continuidad, en especial si se deterioraron las condiciones básicas de prestación del servicio; (iv) el derecho al acceso al agua de una o varias personas, cuando se toman acciones positivas que implican limitar la disponibilidad o el acceso a la misma y cuando las autoridades dejan de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para evitar que esa situación continúe; (v) que la disposición y acceso al agua no se suspenda en condiciones de urgencia; (vi) el acceso al agua sin discriminación; (vii) cuando se cuenta con un inadecuado servicio de alcantarillado, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas; (viii) cuando se cuenta con un inadecuado servicio de acueducto, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas; y (ix) cuando los reglamentos, procedimientos o requisitos establecidos son usados como obstáculos que justifican la violación del derecho al agua.” Sentencia T-418 de 2010. M.M.V.C.C.. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-733 de 2015. M.M.V.C.C..

[109] Naciones Unidas. Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación General No. 15 El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Noviembre de 2002. párr. 12. En el pie de página 98 se citaron algunas sentencias que han usado esta Observación como referente para delimitar el contenido del acceso al agua.

[110] Naciones Unidas. Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación General No. 15.

[111] Naciones Unidas. Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación General No. 15.

[112] Sentencia T-418 de 2010. M.M.V.C.C., AV. M.G.C.. En esa oportunidad la S. consideró que “la administración municipal de A. y la Asociación de usuarios del Acueducto Regional VELU violaron los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua de los accionantes y los de sus familias, al prestarles un servicio de agua no potable, por una parte, y negarles la prestación del servicio público domiciliario de agua potable mediante una respuesta que no atendía cabalmente su solicitud, sin siquiera contar con un plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de tales derechos, por otra parte. Ahora bien, en la medida que se trata de personas que habitan en el sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos económicos, la omisión de la Administración municipal también les desconoció su derecho a ser protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable, garantizándoles que no sean ‘los últimos de la fila’.” Esta consideración ha sido reiterada en las sentencias: T-012 de 2019. M.C.P.S.; T-129 de 2017. M. (e) A.A.G., T-532 de 2016. M. (e) A.A.G., T-733 de 2015. M.M.V.C.C..

[113] Sentencia T-129 de 2017. M. (e) A.A.G..

[114] . En esa oportunidad la S. consideró que “la administración municipal de A. y la Asociación de usuarios del Acueducto Regional VELU violaron los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua de los accionantes y los de sus familias, al prestarles un servicio de agua no potable, por una parte, y negarles la prestación del servicio público domiciliario de agua potable mediante una respuesta que no atendía cabalmente su solicitud, sin siquiera contar con un plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de tales derechos, por otra parte. Ahora bien, en la medida que se trata de personas que habitan en el sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos económicos, la omisión de la Administración municipal también les desconoció su derecho a ser protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable, garantizándoles que no sean ‘los últimos de la fila’.”

[115] En el análisis del caso concreto, se desestimaron los argumentos presentados por la autoridad municipal accionada, mediante los que buscó explicar la situación. Estos fueron presentados en los siguientes términos: “(i) por la lejanía de las veredas La Venta y El S.dito, ellas gozan de un acueducto veredal y su funcionamiento es responsabilidad propia. Con la precisión de que la administración, a través de las empresas de servicio públicos, se encarga únicamente de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el casco urbano; y (ii) que si la comunidad quiere solucionar la contaminación que afecta el sistema de captación, debe iniciar un proceso de servidumbre de agua contra el dueño del predio colindante hacia el que presuntamente se movería la fuente.” Frente a ello, la S. de Revisión consideró que “[l]a administración tenía, sin embargo, el deber de asumir la responsabilidad por la inacción ante una situación como la indicada. Primero, por virtud de los artículos 366 y 367 de la Constitución, y el desarrollo que de esas disposiciones contiene la Ley 142 de 1994, la provisión de agua potable es responsabilidad del ente territorial en cualquiera de sus modalidades, en este caso, de la Alcaldía Municipal de Urrao y el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 que estableció que a los municipios les compete promover, financiar o cofinanciar proyectos de construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos. Segundo, el agua potable es un derecho fundamental que convoca a todas las entidades del Estado para su protección, y en particular, en un caso como este, a las que constituyen la administración pública del lugar. Resulta entonces naturalmente extraño al orden constitucional que las autoridades públicas adopten una actitud de abstención notoria frente a una comunidad expuesta al consumo permanente de agua contaminada, que pone en riesgo objetivo sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la salud.” T-103 de 2016. M.M.V.C.C.. AV. A.L.C..

[116] En esta decisión, la S. de Revisión concluyó: “[l]a Administración municipal viola el derecho al agua y a una vida digna de las personas, en especial de sujetos de especial protección constitucional, cuando carece de planes y programas que se estén implementando, para progresivamente garantizar el goce efectivo del derecho al acceso al agua potable de sus habitantes. Especialmente grave es la violación de los derechos de las comunidades rurales que se abastecen de fuentes naturales, y el que las entidades territoriales no las apoyen con medios o herramientas que les permitan captar y almacenar agua de forma digna.” Sentencia T-129 de 2017. M. (e) A.A.G..

[117] En esta Sentencia, la S. de Revisión consideró que las autoridades vulneraban el derecho fundamental al agua de las familias campesinas habitantes de las veredas El Espino y Ojo de Agua pertenecientes al Municipio de La Mesa, que fueron afectados con la ola invernal del 2010, que produjo la caída de la infraestructura de la boca-toma que abastecía el Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima. En el análisis del caso, se comprobó que la conducta de las entidades accionadas -los municipios de La Mesa, Quipile y Anapoima- había sido negligente, por dos razones: (i) no cuentan “con verdaderas estrategias de diseño e implementación de la prestación del servicio de acueducto que impacten en el plano material el goce efectivo del derecho al agua” y (ii) omitieron adoptar alguna medida efectiva para garantizar a los habitantes la satisfacción de sus necesidades básicas. Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M..

[118] En el análisis del caso concreto, la Sentencia T-012 de 2019 afirmó: “[e]l olvido institucional de la accionante, su familia y su comunidad se ve reflejado en las cifras de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en las áreas rurales del departamento de Bolívar. Según el Plan Departamental de Desarrollo 2016 - 2019 “Bolívar Sí Avanza”, mientras que el servicio público domiciliario de agua potable solo cubre el 35% de las áreas rurales, en la actualidad no se tienen cifras sobre la cobertura del servicio de saneamiento básico (lo que indica una probable inexistencia absoluta del servicio). Específicamente, el Plan de Desarrollo refiere que en la actualidad un total de 232 corregimientos y una población de 115.824 habitantes rurales carecen por completo de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. || 5.6.11. Lo anterior representa una notoria desigualdad social que no puede ser ignorada por esta Corporación. La falta de acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado de la accionante, su familia y comunidad es el reflejo del olvido al han sido relegados los habitantes rurales del departamento de Bolívar, en clara contradicción de las prioridades establecidas en la Constitución Política y los fines del Estado Social de Derecho. Resulta alarmante constatar la actitud de abstención notoria adoptada por las autoridades territoriales frente a una comunidad expuesta al consumo permanente de agua contaminada y a condiciones ambientales insalubres.” Y, en consecuencia, concluyó: “es claro que ninguno de los componentes esenciales del derecho fundamental al agua potable se encuentra satisfecho, por lo que resulta esencial garantizar a la accionante, su familia y comunidad el acceso continuo y suficiente, tanto físico como económico, a agua apta para el consumo humano.” Sentencia T-012 de 2019. M.C.P.S..

[119] Al respecto, como lo sintetizó la Sentencia T-374 de 2018: “en los casos en que existe una conexión ilegal al sistema de abastecimiento de agua potable, la Corte ha establecido que no puede pasar por alto esa conducta, y ha adoptado diferentes tipos de decisiones. || De un lado, en un primer escenario estimó que esa situación le impedía amparar los derechos invocados y resolvió negar el amparo, postura que evolucionó, y atendiendo a las especiales condiciones de vulnerabilidad y el contexto propio de cada caso, ha considerado procedente conceder la protección de los derechos reclamados cuando con ello se afectan las condiciones de sujetos especialmente protegidos. || De otro lado, cuando ha evidenciado situaciones de violencia para impedir la suspensión del servicio y abuso del derecho que se refleja en la afectación cierta de derechos de terceros, ha modulado su postura, dictando fallos que sin perjuicio de las consecuencias de las vías de hecho usadas, propenden por la superación de la falta de agua potable para los actores.” Sentencia T-374 de 2018. M.J.F.R.C..

[120] Sentencia T-245 de 2016. M.G.S.O.D.. Una consideración en sentido similar ha sido planteada en las sentencias: T-733 de 2015. M.M.V.C.C.; T-418 de 2010. M.M.V.C.C.; entre otras. Al respecto, la Sentencia T-475 de 2017 afirmó: “como sucede en el caso de los derechos fundamentales en general, garantizar la faceta positiva del derecho al agua puede implicar acciones complejas, como la construcción de obras necesarias para el suministro del líquido, con las implicaciones presupuestales que esto conlleva. Teniendo en cuenta la complejidad de las medidas necesarias para garantizar esta faceta, es razonable que el Estado las desarrolle de manera progresiva (...).” Además, expuso un recuento de algunas decisiones que se han proferido en sede de tutela para garantizar el derecho fundamental al agua para consumo humano. Precisó que en algunas ocasiones esta Corporación ha señalado la obligación que tienen las autoridades estatales de “adelantar el diseño de una política pública”, y dijo, con fundamento en la Sentencia C-251 de 1997, que ello es así “para garantizar de manera progresiva el derecho al agua cuando es necesario construir o reparar un acueducto veredal o municipal que no presta adecuadamente sus servicios. Ello ha sido así debido a que la Corte atendiendo la doctrina internacional más autorizada sobre la materia señaló que dicho carácter progresivo ‘no implica que los Estados pueden demorar la toma de medidas necesarias para hacerlos efectivos. Por el contrario, el deber de adoptar todas las medidas posibles es inmediato, ya que tienen la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos contenidos en el Pacto.’” Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M..

[121] Sentencia T-475 de 2017. M. (e) I.H.E.M.. Más adelante, en esta misma decisión judicial, se reiteró: “Así las cosas, la obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho fundamental de las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente comprometidas. En consecuencia, las entidades deben adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar el componente mínimo del derecho al agua y, en cuanto al completo disfrute del mismo deben, por mandato constitucional avanzar constantemente mediante el diseño de políticas públicas eficientes en la materia, y usar todos los recursos posibles para mejorar el servicio de acueducto hasta el punto en que se logre cumplir de manera eficiente con todos los componentes del derecho.”

[122] En esta decisión, se concluyó que los derechos fundamentales al agua, a la salud, a la vida y a la dignidad de los habitantes de las comunidades residentes en las veredas La Ceiba, La Horqueta y S.C. se encontraban vulnerados, en tanto no garantizaron la disponibilidad mínima del agua. Por lo anterior, la S. de Revisión ordenó: “a las alcaldías de los municipios de Apulo y Tocaima que, inicien el diseño de una política pública que esté encaminada a superar la situación de abastecimiento de agua potable a las veredas La Ceiba, La Horqueta y S.C., para lo cual cuentan con un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de ésta sentencia. En ésta se deberán adoptar las medidas que sean necesarias para el efecto, tales como la construcción de acueductos veredales, la conexión a otros acueductos ya existentes, o el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento con los que cuentan los actores, entre otros. Así mismo deberán realizar las apropiaciones presupuestales necesarias. Una vez diseñado el plan deberán iniciar inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad con el cronograma incluido en él, y en todo caso la implementación del mismo tendrá que comenzar a más tardar un año después de la notificación de ésta sentencia.” Sentencia T-312 de 2012. M.L.E.V.S..

[123] En esta Sentencia se concluyó que: “[t]oda persona tiene derecho a que la Administración asegure un mínimo vital de agua en condiciones adecuadas de disponibilidad, regularidad y continuidad y a que por lo menos, exista un plan de acción debidamente estructurado que asegure, progresivamente, el goce efectivo de esta dimensión del derecho y que posibilite la participación de los afectados en el diseño, ejecución y evaluación de dicho plan.” Sentencia T-028 de 2014. M.M.V.C.C..

[124] En esta ocasión, se evidenció que la Alcaldía Municipal de Cali carecía de “un plan consolidado y definitivo, que le permita al accionante y su familia, acceder, así sea progresivamente, a su derecho al agua. Si bien se cuenta con algunos avances, respecto a cómo proceder, en términos generales no hay aún un plan de acción debidamente diseñado y consolidado para atender y asegurar las necesidades de la comunidad a la cual pertenece el accionante. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, la carencia de un plan o de un programa de acción implica que los residentes de un corregimiento no van a poder asegurar el goce pleno y efectivo de una dimensión positiva o prestacional del derecho fundamental, en este caso el de agua potable.” Sentencia T-733 de 2015. M.M.V.C.C..

[125] En esta decisión, la S. de Revisión concluyó: “[l]a Administración municipal viola el derecho al agua y a una vida digna de las personas, en especial de sujetos de especial protección constitucional, cuando carece de planes y programas que se estén implementando, para progresivamente garantizar el goce efectivo del derecho al acceso al agua potable de sus habitantes. Especialmente grave es la violación de los derechos de las comunidades rurales que se abastecen de fuentes naturales, y el que las entidades territoriales no las apoyen con medios o herramientas que les permitan captar y almacenar agua de forma digna.” Sentencia T-129 de 2017. M. (e) A.A.G..

[126] En este mismo sentido, la Sentencia T-129 de 2017 expresó: “[e]l goce efectivo de este derecho debe involucrar igualmente a la población rural y dispersa de las entidades territoriales, pues se trata de grupos poblacionales que generalmente son más vulnerables que los que se encuentran asentados en áreas urbanas.”

[127] Cuaderno Revisión. Folio 200.

[128] La Corporación también ha abordado el tema de la falta de provisión de agua potable debido a la inexistencia de red de acueducto o del líquido. Así, en la Sentencia T-381 de 2009. M.J.I.P.C. decidió el caso de un grupo de ciudadanos que vieron desaparecer un conjunto de manantiales de los que se surtían de agua potable las parcelas de su propiedad, debido a la construcción de un túnel vial, en detrimento de su derecho fundamental al agua potable. La Corte Constitucional concedió la tutela y ordenó que se conformase un comité técnico para determinar en un plazo de seis (6) meses cuál era la solución idónea para garantizar el suministro definitivo de agua y se ejecutase la decisión acordada. Ver en el mismo sentido, por ejemplo, las sentencias T-143 de 2010. M.M.V.C.C., AV. M.G.C.; T-091 de 2010. M.N.P.P.; T-418 de 2010. M.M.V.C.C., AV. M.G.C.; y, T-616 de 2010. M.L.E.V.S..

[129] El artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 41 del Decreto 1541 de 1978, dispone que “Para otorgar concesiones de agua, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridad: || a. Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; || b. Utilización para necesidades domésticas individuales; || c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; || d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; || e. Generación de energía hidroeléctrica; || f. Usos industriales o manufactureros; || g. Usos mineros; || h. Usos recreativos comunitarios, e || i. Usos recreativos individuales.”

[130] La prioridad que tienen las solicitudes de concesiones de agua para consumo humano está consagrada en el artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 41 del Decreto 1541 de 1978, y en el artículo 2.2.3.2.7.8. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 43 del Decreto 1541 de 1978.

[131] El artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, establece: “toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: || a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; || b. Riego y silvicultura; || c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; || d. Uso industrial; || e. Generación térmica o nuclear de electricidad; || f. Explotación minera y tratamiento de minerales; || g. Explotación petrolera; || h. Inyección para generación geotérmica; || i. Generación hidroeléctrica; || j. Generación cinética directa; || k. Flotación de maderas; || l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; || m. Acuicultura y pesca; || n. Recreación y deportes; || o. Usos medicinales, y || p. Otros usos minerales.”

[132] El artículo 15 de la Ley 142 de 1994 afirma: “Pueden prestar los servicios públicos: (…) 15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.”

[133] “44. La S. destaca que los acueductos comunitarios son organizaciones para proveer a la comunidad local de la necesidad básica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestación del servicio o ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad económica en la zona. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa de los habitantes de una región ante un estado de necesidad. || 45. En este orden de ideas, los acueductos comunitarios son figuras jurídicas, constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales, autorizadas por la Constitución para prestar el servicio. Funcionan con base en un proceso participativo de la comunidad, que se involucra en el manejo de los recursos hídricos y en el suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada. Constituyen la materialización de los principios de participación ciudadana en la toma de decisiones de su interés y deben contar con el apoyo de las autoridades del Estado en los aspectos necesarios para garantizar el suministro del líquido a todas las personas ubicadas en su área de funcionamiento.” Sentencia T-223 de 2018. M.G.S.O.D..

[134] Esto es: “presentar a la Corporación debidamente diligenciados en medios físicos y magnéticos los formatos FGP-77 ‘listado de suscriptores’ incluyendo los nuevos usuarios para afiliar y FGP-89 ‘información costo, inversión y operaciones’.”

[135] Frente a la prestación de servicios públicos, por una parte, los departamentos tienen las funciones de apoyo y coordinación, en los términos previstos en el Artículo 7° de la Ley 142 de 1994, que afirma: Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios públicos. “Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas || 7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas. || 7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos. || 7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto.” Por otra parte, la Nación tiene las siguientes competencias, en los términos del artículo 8 de la Ley 142 de 1994, “8.1. En forma privativa, planificar, asignar, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético. || 8.2. En forma privativa planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea económica y técnicamente posible, a través de empresas oficiales, mixtas o privadas. || 8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generación e interconexión a las redes nacionales de energía eléctrica, la interconexión a la red pública de telecomunicaciones, y las actividades de comercialización, construcción y operación de gasoductos y de redes para otros servicios que surjan por el desarrollo tecnológico y que requieran redes de interconexión, según concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social. || 8.4. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos y a las empresas cuyo capital pertenezca mayoritariamente a una o varias cooperativas o empresas asociativas de naturaleza cooperativa. || 8.5. Velar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios. || 8.6. Prestar directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente Ley. || 8.7. Las demás que le asigne la ley.” Además, el numeral 5 del artículo 162 establece que: “El Ministerio de Desarrollo*, a través del Vice-Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, ejercerá las siguientes funciones, además de las competencias definidas para los Ministerios en esta Ley, en relación con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, y además todas aquellas que las complementen. || 162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades nacionales y seccionales.”

[136] Sentencia T-740 de 2011. M.H.A.S.P..

[137] Sentencia T-740 de 2011. M.H.A.S.P..

[138] Corresponde al municipio: (…) 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. (…) 19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. (…)”

[139] Ley 142 de 1994, Artículo 5.- Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. “Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. || 5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio. || 5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente Ley. || 5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional. || 5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos. || 5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia. || 5.7. Las demás que les asigne la ley.” Artículo 6.- Prestación directa de servicios por parte de los municipios. “Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos: 6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo; || 6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; || 6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios. || 6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la prestación del servicio; y si presta más de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades prestadoras de servicios públicos. || En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus autoridades quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley misma, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones y al control, inspección, vigilancia y contribuciones de la Superintendencia de servicios públicos y de las Comisiones. Pero los concejos determinarán si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará compuesta como lo dispone el artículo 27 de esta ley. || Cuando un municipio preste en forma directa uno o más servicios públicos e incumpla las normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada después de dos años de entrar en vigencia esta Ley o, en fin, viole en forma grave las obligaciones que ella contiene, el Superintendente, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, además de sancionar los alcaldes y administradores, podrá invitar, previa consulta al comité respectivo, cuando ellos estén conformados, a una empresa de servicios públicos para que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre los bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar. || De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política, la autorización para que un municipio preste los servicios públicos en forma directa no se utilizará, en caso alguno, para constituir un monopolio de derecho.” En concordancia con las disposiciones de la Ley 142 de 1994, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01/01) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, compete al municipio realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

[140] Sentencia T-129 de 2017. M. (e) A.A.G.. En este mismo sentido, las respectivas salas de revisión se pronunciaron en las sentencias Ver por ejemplo las sentencias: T-418 de 2010. M.M.V.C.C.; AV M.G.C.; y, T-139 de 2016. M.J.I.P.P..

[141] Sentencia T-103 de 2016. M.M.V.C.C., AV. A.L.C.. En esta decisión, se concluyó: “[c]on fundamento en los artículos 366 y 367 de la Constitución y la ley 142 de 1994 que los desarrolla, la administración municipal debe velar por el adecuado funcionamiento de los acueductos de la zona de su jurisdicción, tanto de los relacionados con el sector urbano como rural, como aquellos que por razón de la distancia geográfica con el casco urbano, sean administrados por comunidades rurales o veredales. Este deber implica el apoyo técnico y jurídico a las comunidades para la operación del acueducto, y en caso de que el abastecimiento comunitario no sea de calidad, garantizar a todas las personas el mínimo de agua diario potable que requieran para suplir sus necesidades básicas.”

[142] Para ampliar la información sobre esto, se sugiere ver el pie de página 39.

[143] Sentencia T-338 de 2017. M.A.R.R.. En este mismo sentido, la Sentencia T-245 de 2016 afirmó: “los acueductos comunitarios son figuras jurídicas, constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales, autorizadas por la Constitución para prestar el servicio. Funcionan con base en un proceso participativo de la comunidad, que se involucra en el manejo de los recursos hídricos y en el suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada. Constituyen una materialización de los principios de participación ciudadana en la toma de decisiones de su interés y deben contar con el apoyo de las autoridades del Estado en los aspectos necesarios para garantizar el suministro del líquido a todas las personas ubicadas en su área de funcionamiento.” Sentencia T-245 de 2016. M.G.S.O.D..

[144] Así, por ejemplo, la Sentencia T-388 de 2013 afirmó que el carácter progresivo de la garantía de la faceta prestacional de un derecho supone, en todo caso, un contenido básico exigible judicialmente “no sometido a debate en una democracia, a saber: el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén implementando. Cuando el juez de tutela constata que una política pública desconoce abiertamente alguno o varios de estos parámetros mínimos, estará ante una violación a la Constitución Política.” Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013. M.M.V.C.C., SPV M.G.C.. En esta, la Corte resolvió nueve expedientes de tutela de acciones de tutela instauradas por personas privadas de la libertad, debido a las condiciones indignas e inhumanas de reclusión, en las cárceles de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán, y la de Barrancabermeja por la vulneración de los derechos a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en especial, por el grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones. La Corte concluyó que el Sistema penitenciario y carcelario se encontraba nuevamente en un estado de cosas inconstitucional, entre otras cosas, por una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que se requieren con urgencia para aliviar la situación de vulneración de derechos en el Sistema penitenciario; así como una ausencia de coordinación de entidades llamadas a solventar la problemática. En particular, la S. de Revisión consideró que en los casos en que las facetas prestacionales de un derecho fundamental sean de carácter progresivo “las personas tienen, por lo menos, el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto, se esté implementando”. En consecuencia, ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, que convoque al Consejo Superior de Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta parámetros de estructura, proceso y resultado, en el planteamiento de la política de intervención. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-276 de 2017. M. (e) A.A.G..

[145] Sentencia T-129 de 2017 dijo: Sentencia T-129 de 2017. M. (e) A.A.G.. Esta consideración también fue planteada en la Sentencia T-245 de 2016, M.: G.S.O.D., entre otras.

[146] Sentencia T-103 de 2016. M.M.V.C.C., AV. A.L.C..

[147] Cuaderno de revisión. Folio 118.

[148] Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso).

[149] Ley 99 de 1993, Artículo 23.

[150] Cuaderno de Revisión. Folio 78.

[151] Según la OMS, una persona necesita entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir sus necesidades básicas y evitar afecciones de salud. Sin embargo, esta cantidad es indicativa y depende del contexto particular. Por ejemplo, las madres lactantes y las personas enfermas de VIH/SIDA requieren de más de 100 litros de agua diarios. Para mayor información, consultar: Organización de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El derecho al agua. Folleto Informativo No. 35. 2010. p. 9. Asimismo, en varias sentencias de la Corte Constitucional, esta Corporación ha ordenado el suministro de esta cantidad de agua diaria para proteger el derecho al agua potable de los accionantes. Al respecto, consultar las sentencias T-012 de 2019, M.C.P.; T-575 de 2017, M.I.H.E.M.; T-641 de 2015, M.A.R.R., entre otras.