Auto nº 006/20 de Corte Constitucional, 22 de Enero de 2020
| Ponente | :Cristina Pardo Schlesinger |
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2020 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3783 |
Auto 006/20
Referencia: Expediente ICC-3783
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto (Nariño) y el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías para Adolescentes de Pasto.
Magistrada ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020)
La S. Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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V.B.R. interpuso acción de tutela contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, la igualdad, la seguridad social y el debido proceso. Lo anterior, por cuanto sostiene que la accionada se ha negado a evaluar de manera integral todas las pruebas médicas con las que cuenta para efectos de determinar su porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
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Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, el cual mediante Auto del 5 de noviembre de 2019 resolvió declarar su falta de competencia respecto del asunto. Sobre el particular, explicó que, de conformidad con las reglas de reparto previstas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, las acciones de tutela interpuestas contra entidades del orden nacional deberán ser repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces municipales. En consecuencia, el funcionario dispuso la remisión del expediente a los juzgados de la categoría de municipales de Pasto.
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Efectuado nuevamente el reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pasto que, mediante auto del 7 de noviembre de 2019, se abstuvo de asumir el trámite de la acción de tutela, al estimar que el juez del Circuito no podía declararse incompetente con base en el Decreto1983 de 2017, ya que el mismo sólo establece reglas de reparto mas no de competencia. Por lo anterior, planteó conflicto negativo de competencia y remitió el asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto para que resolviera el mismo.
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Una vez remitido el asunto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto por medio de Auto del 8 de noviembre de 2019 consideró que el presente asunto se trata de un conflicto negativo de competencia suscitado entre una autoridad de las jurisdicción contencioso administrativa y otra de la jurisdicción ordinaria, razón por la cual, el competente para resolver la colisión es la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con los previsto en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996.
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Por su parte, la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante auto del 20 de noviembre de 2019 remitió el asunto de la referencia a esta Corporación para que se ocupara de resolver el conflicto planteado.
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La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[1]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[2]. En consecuencia, esta Corporación ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018[3], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[4].
Cabe resaltar que en el presente asunto las autoridades judiciales en disputa orgánicamente hacen parte de jurisdicciones distintas, aun cuando para efectos de la acción de tutela integran la Jurisdicción Constitucional[5]. Esta situación no se enmarca dentro de los supuestos contenidos en la Ley Estatutaria mencionada. En consecuencia, le corresponde a la S. Plena de la Corte Constitucional decidir de manera definitiva sobre el particular, a fin de garantizar con ello los principios de eficiencia y celeridad del trámite de tutela.
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De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[6]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[7]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia[8].
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Adicionalmente, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[9].
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De conformidad con lo expuesto, la S. Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto invocó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta por la señora V.B.R.. De esa manera, les otorgó un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico y contrarió la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual estas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela. Así, esta autoridad desconoció los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto mecanismo constitucional dirigido a la resolución inmediata de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante. Por lo tanto, el Juzgado mencionado se encuentra en la obligación de resolver, en sede de instancia, la acción de tutela, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la cual se le asignó su conocimiento.
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Con base en las anteriores consideraciones, la S. Plena dejará sin efectos el Auto del 5 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto en el marco del trámite de la acción de tutela que la señora V.B.R. formuló contra Junta Nacional de Calificación de Invalidez. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-3783 a dicha autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar. Adicionalmente, la S. le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto.
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Finalmente, la S. advertirá al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pasto y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto que siempre que consideren que existe un conflicto de competencia en materia de tutela observen las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[10].
Con base en las anteriores consideraciones, la S. Plena de la Corte Constitucional
Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 5 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto dentro del trámite de la acción de tutela formulada por V.B.R. contra Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
Segundo. REMITIR el expediente ICC-3783 al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero. ADVERTIR al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.
Cuarto. ADVERTIR al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pasto y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto que, siempre que consideren que existe un conflicto de competencia en materia de tutela deberán observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.
Quinto. Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Tuluá.
N., comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver, entre otros, los autos 014 de 1994. M.J.A.M.; 087 de 2001. M.M.J.C.E.; 122 de 2004. M.M.J.C.E.; 280 de 2006. M.Á.T.G.; 031 de 2008. M.M.G.C.; 244 de 2011. M.M.V.C.C.; 218 de 2014. M.M.V.C.C.; 492 de 2017. M.C.B.P.; 565 de 2017. M.C.B.P.; 178 de 2018. M.A.R.R.; y 325 de 2018. M.D.F.R..
[2] Autos 170A de 2003. M.E.M.L.; y 205 de 2014. M.M.V.C.C., entre otros.
[3] M.A.L.C..
[4] Autos 159A de 2003. M.E.M.L.; y 170A de 2003. M.E.M.L..
[5]“La jurisdicción constitucional es una sola” y “está conformada en tutela por jueces que, en otros contextos procesales, pueden hacer parte de jurisdicciones ordinarias distintas (civil, penal, laboral, contencioso administrativo, disciplinario)”. Al respecto ver sentencia C-284 de 2014.
[6] Ver, por ejemplo, el Auto 493 de 2017. M.L.G.G.P..
[7] El artículo 8º transitorio del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original).
[8] De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017 (M.D.F.R., debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original). V. también, por ejemplo, los autos 486 de 2017. M.D.F.R.; y 496 de 2017. M.J.F.R.C..
[9] Ver, entre otros, los autos 105 de 2016. M.L.E.V.S.; 157 de 2016. M.A.L.C.; 007 de 2017. M.J.I.P.P.; 028 de 2017. M.G.S.O.D.; 030 de 2017. M.G.S.O.D.; 052 de 2017. M.G.S.O.D.; 059 de 2017. M.G.S.O.D.; 059A de 2017. M.J.I.P.P.; 061 de 2017. M.A.A.G.; 063 de 2017. M.L.E.V.S.; 064 de 2017. M.M.V.C.C.; 066 de 2017. M.A.L.C.; 067 de 2017. M.A.J.L.O.; 072 de 2017. M.L.E.V.S.; 086 de 2017. M.A.J.L.O.; 087 de 2017 M.G.S.O.D.; 106 de 2017. M.I.H.E.M.; 152 de 2017. M.A.L.C.; 171 de 2017. M.G.S.O.D.; 197 de 2017. M.G.S.O.D.; 332 de 2017. M.G.S.O.D.; 325 de 2018. M.D.F.R.; y 242 de 2019. M.D.F.R.. Debido a ello, el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.
[10] M.A.L.C..
