Auto nº 007/20 de Corte Constitucional, 22 de Enero de 2020
| Ponente | :José Fernando Reyes Cuartas |
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2020 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3784 |
Auto 007/20
Referencia: Expediente ICC-3784
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) y el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.
Magistrado S.:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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C.M.G.G. solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte del Departamento de Atlántico, la declaratoria de nulidad de un comparendo que le fue impuesto por dicha dependencia, por cuanto aduce no le fue notificado en el término legal, sin que a la fecha se le haya dado respuesta alguna. Por tal motivo formuló acción de tutela a fin de que se proteja su derecho fundamental de petición[1].
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El asunto le correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) que, mediante auto del 11 de octubre de 2019, resolvió declarar su falta de competencia. Estimó que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1382 de 2000, la acción de tutela debía ser conocida por “(…) los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos (…)”[2], y, dado que el accionante tiene su domicilio en Barranquilla, los efectos se producen en esa localidad.
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El conocimiento del caso le fue asignado al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, que, por medio de auto del 17 de octubre de 2019, resolvió declarar el conflicto de competencia y remitir el asunto a esta Corporación. Dicha autoridad consideró que el asunto era competencia del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca), debido a que el accionante se encuentra domiciliado en dicho Municipio y, por tanto, ese es el lugar donde se surten los efectos de la presunta vulneración de derechos fundamentales. Afirmó que también se debía tener en cuenta que el accionante optó por presentar la tutela en Cartago, Valle y, por ende, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, es competente por el factor territorial “a prevención”[3].
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La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[4]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[5]. En consecuencia, esta Corporación ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018[6], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[7].
En esta ocasión, la Corte encuentra que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[8], el conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
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De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[9]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[10]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia[11].
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Este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante. Esta conclusión se deriva del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[12], en virtud del cual se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad de la parte accionante en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover[13].
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Adicionalmente, esta Corporación ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante[14] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales[15]. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.
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De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades judiciales involucradas en la controversia presentaron argumentos relacionados con el lugar donde ocurrió y tiene sus efectos la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor.
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Tanto el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) como el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento de Barranquilla tienen competencia territorial para decidir la acción de tutela en el presente caso.
El primero, porque, más allá de que el municipio de Cartago corresponda al domicilio del accionante, es donde se han producido los efectos de la presunta vulneración, pues es allí, donde el actor esperaba que le dieran respuesta a la petición relacionada con la solicitud de nulidad del comparendo. El segundo, por cuanto Barranquilla es el lugar en el que se habría impuesto el comparendo respecto del cual el accionante ha formulado la petición de nulidad, y en esa medida, desde dicha dependencia se surte el trámite correspondiente a la petición que aún no le ha sido contestada.
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Esta Corporación dará prevalencia a la elección que el accionante hizo “a prevención” y, por consiguiente, remitirá el expediente al Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) ya que este fue el lugar elegido por el accionante para instaurar la acción de tutela.
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Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 11 de octubre de 2019 proferido por dicha autoridad judicial en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por C.M.G.G. contra la Secretaría de Tránsito y Transporte del Atlántico. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-3784 a la autoridad judicial mencionada, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar.
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Finalmente, se advertirá al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento de Barranquilla —autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación— que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[16].
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional
Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 11 de octubre de 2019 proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca), dentro del trámite de la acción de tutela formulada por C.M.G.G. contra la Secretaría de Tránsito y Transporte del Atlántico.
Segundo: REMITIR el expediente ICC-3784 al Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca), para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero: ADVERTIR al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento de Barranquilla que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.
Cuarto. Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.
N., comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El accionante solicitó que allegaran la respuesta de su petición al Municipio de Cartago, Valle.
[2] Adicionalmente hizo alusión al artículo 29 de la Constitución indicando que este señala que “(…) nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)”. F. 11vto, cuaderno principal.
[3] F. 17, cuaderno principal.
[4] Ver, entre otros, los autos 014 de 1994. M.J.A.M.; 087 de 2001. M.M.J.C.E.; 122 de 2004. M.M.J.C.E.; 280 de 2006. M.Á.T.G.; 031 de 2008. M.M.G.C.; 244 de 2011. M.M.V.C.C.; 218 de 2014. M.M.V.C.C.; 492 de 2017. M.C.B.P.; 565 de 2017. M.C.B.P.; 178 de 2018. M.A.R.R.; y 325 de 2018. M.D.F.R..
[5] Autos 170A de 2003. M.E.M.L.; y 205 de 2014. M.M.V.C.C., entre otros.
[6] M.A.L.C..
[7] Autos 159A de 2003. M.E.M.L.; y 170A de 2003. M.E.M.L..
[8] “Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación”.
[9] Ver, por ejemplo, el Auto 493 de 2017. M.L.G.G.P..
[10] El artículo 8º transitorio del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original).
[11] De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017 (M.D.F.R., debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original). V. también, por ejemplo, los autos 486 de 2017. M.D.F.R.; y 496 de 2017. M.J.F.R.C..
[12] De acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela, “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (negrilla fuera del texto original).
[13] V., por ejemplo, los autos 146 de 2009. M.C.P.S.; 286 de 2015. M.L.G.G.P.; 352 de 2016. M.A.R.R.; 536 de 2016. M.L.G.G.P.; 452 de 2017. M.I.H.E.M.; 636 de 2017. M.D.F.R.; 719 de 2017. M.A.L.C.; 145 de 2018. M.A.L.C.; 158 de 2018. M.L.G.G.P.; 179 de 2018. M.D.F.R.; y 224 de 2018. M.D.F.R..
[14] Ver, entre otros, los autos 299 de 2013. M.M.V.C.C.; y 074 de 2016. M.A.L.C..
[15] Ver, entre otros, los autos 086 de 2007. M.H.A.S.P.; y 048 de 2014. M.L.E.V.S..
[16] M.A.L.C..
