Auto nº 104/20 de Corte Constitucional, 11 de Marzo de 2020

1. Hechos

   1.1. A través de la Sentencia del 16 de febrero de 2016, la S. de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en segunda instancia, declaró penalmente responsable a J.A.R.P. por la comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, imponiéndole, como pena principal, 65 meses de prisión y, como sanción accesoria, igual término de inhabilidad para ejercer cargos públicos[1]. Al respecto, cabe resaltar que dicha corporación estimó que el procesado incurrió en la referida conducta punible con ocasión de la tenencia de partes de un cañón de artillería para granadas de 120 mm en un predio de su propiedad, en donde se encontraban ocultas con el fin de ser entregadas posteriormente al Bloque “C.J.B.” de las FARC-EP.

   1.2. En contra de la sentencia condenatoria, la defensa interpuso recurso extraordinario de casación ante la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[2], la cual, mediante Auto del 22 de marzo de 2018[3], resolvió remitir el proceso[4] a la S. de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que se configuraban los presupuestos para que le fuera concedida a J.A.R.P. la amnistía de iure contemplada en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto Ley 277 de 2017.

   1.3. En providencia del 5 de julio de 2018[5], la S. de Amnistía o Indulto de la JEP avocó de oficio el conocimiento del trámite de amnistía en favor de J.A.R.P., así como dispuso que le fuera comunicada tal determinación al procesado.

   1.4. El 24 de julio de 2018, J.A.R.P. le solicitó a la S. de Amnistía o Indulto de la JEP que archivara el expediente de amnistía de iure[6], comoquiera que: (i) no ha pedido en ningún momento la aplicación de dicho beneficio, (ii) no ha pertenecido a las FARC-EP, (iii) ya cumplió la pena de 65 meses impuesta, y (iv) se encuentra a la espera de una decisión favorable con ocasión del recurso de casación que interpuso su abogado frente a la sentencia condenatoria.

   1.5. A través de proveído del 15 de julio de 2019[7], la S. de Amnistía o Indulto accedió a la solicitud de J.A.R.P., ordenando el archivo del expediente del trámite de amnistía de iure y remitiendo el proceso a la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia, al advertir que:

   (i) El escrito del peticionario constituye una “manifestación de la voluntad (…) de una persona capaz, que de manera libre” desiste del beneficio de amnistía de iure.

   (ii) El desistimiento de la amnistía de iure es procedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y 316 de la Ley 1564 de 2012, aplicables por remisión al tenor del artículo 72 de la Ley 1922 de 2018.

   (iii) Se encuentra pendiente de resolución el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa en contra de la sentencia condenatoria.

   1.6. Mediante Auto del 17 de septiembre de 2019[8], la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió abstenerse de continuar con el trámite del recurso de casación interpuesto por J.A.R.P. y plantear conflicto de jurisdicciones ante esta Corporación, al considerar que en “tratándose de delitos amnistiables de iure, el beneficiario de la amnistía no puede rehusarse a ésta, amparado en el principio de voluntariedad”, por lo que la S. de Amnistía o Indulto no podía sustraerse del conocimiento del caso por medio de la figura del desistimiento contemplada en la Ley 1564 de 2012. En concreto, dicha Corporación sostuvo que:

   (i) De conformidad con los artículos 88.3 de la Ley 599 de 2000 y 77 de la Ley 906 de 2004, la amnistía constituye la abdicación estatal a la persecución penal por ministerio de la ley de manera general y abstracta, por lo que no existe disponibilidad sobre su aplicación particular y concreta.

   (ii) Un análisis jurisprudencial y doctrinario permite evidenciar que las amnistías tienen un efecto de indisponibilidad por tratarse de una expresión impersonal, de orden público, derivada del derecho de gracia concedido por el legislador y no por los jueces, quienes ante la renuncia transitoria del Estado a su potestad soberana de perseguir y castigar los delitos, quedan impedidos para iniciar o proseguir con la acción penal.

   (iii) Un examen sistemático del ordenamiento jurídico deriva en la conclusión de que en caso de configurarse los presupuestos de la amnistía de iure, contemplados en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto Ley 277 de 2017, se torna inviable la acción penal por disposición del legislador y, en consecuencia, el procesado no se encuentra en capacidad de rechazar tal beneficio, en tanto que es el Estado quien prescinde de investigar, juzgar y castigar su actuación delictiva.

   (iv) J.A.R.P. es beneficiario de la amnistía de iure, toda vez que se le atribuye “un delito conexo al político en un contexto de colaboración con un frente de las FARC”[9], el cual fue puesto de presente en la sentencia condenatoria proferida por la S. de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

   (v) Si bien a efectos de la concesión de la amnistía de iure se exige la suscripción de una acta de compromiso en la que se manifieste la intención de no utilizar las armas en contra del régimen constitucional y legal, lo cierto es que la firma de tal documento no es un requisito sine qua non para acceder a dicho beneficio, ya que el Decreto Ley 277 de 2017 establece que su reconocimiento puede proceder de oficio por parte de la autoridad competente, que en este caso es la S. de Amnistía o Indulto.

   (vi) Aunque el sometimiento de un tercero a la competencia de la JEP es potestativo, no puede entenderse que el reconocimiento de oficio de la amnistía de iure sin el consentimiento del beneficiario por parte de la S. de Amnistía o Indulto implica el desconocimiento de dicha prerrogativa, porque “mal podría sostenerse que su aplicación, a través del decreto de la extinción de la acción penal, comportaría un juzgamiento forzado del particular ante la Jurisdicción Especial para la Paz”, pues de lo que se trata es declarar que “el Estado deja de perseguir penalmente su conducta por no reputarla más punible, en las condiciones previstas en la concesión legal”[10].

2. Trámite ante la Corte Constitucional

   2.1. El 11 de octubre de 2019, el expediente de la referencia fue repartido al magistrado ponente para que procediera con la sustanciación del conflicto[11].

   2.2. A través de autos del 17 y 29 de octubre de 2019[12], con el fin de obtener mayores elementos de juicio, el magistrado ponente le solicitó a la S. de Amnistía o Indulto de la JEP que remitiera copia del expediente contentivo del trámite de amnistía que adelantó en favor de J.A.R.P..

   2.3. El 7 de noviembre de 2019, en cumplimiento de los mencionados proveídos, la S. de Amnistía o Indulto de la JEP remitió copia del expediente conforme a lo solicitado[13].

1. Competencia

   La S. Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de jurisdicciones en los que esté involucrado algún órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz[14], de conformidad con los artículos 241.11 de la Carta Política[15] y 70 de la Ley 1957 de 2019[16].

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

   2.1. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[17].

   2.2. Sobre el particular, en el Auto 155 de 2019[18], esta S. precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones, a saber:

   (i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[19].

   (ii) Presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[20].

   (iii) Presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa[21].

   2.3. En esta ocasión, este Tribunal encuentra satisfechos dichos presupuestos. En efecto, se advierte que el conflicto de la referencia se suscitó entre la S. de Amnistía o Indulto, órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz[22], y la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, parte de la Jurisdicción Ordinaria[23] (presupuesto subjetivo), quienes mediante los proveídos del 15 de julio[24] y del 17 de septiembre de 2019[25] respectivamente, estimaron que en la actualidad no les corresponde pronunciarse, en el marco de sus competencias, dentro del proceso con número de radicación 11001600002720110009901[26] (presupuesto objetivo), de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, en las leyes 1564 de 2012, 1820 de 2016 y 1922 de 2018, así como en el Decreto Ley 277 de 2017 (presupuesto normativo).

3. Problema jurídico y esquema de resolución

   3.1. En el presente conflicto de carácter negativo, esta Corporación deberá definir si la S. de Amnistía o Indulto estaba facultada para sustraerse del análisis en torno a la concesión o no de la amnistía de iure en favor de J.A.R.P. ante su manifestación de no estar interesado en dicho beneficio, pues de ello dependerá la validez jurídica de la actuación desplegada por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consistente en abstenerse de continuar con el trámite impartido al recurso de casación interpuesto por la defensa.

   3.2. Con tal propósito, esta S. empezará por estudiar la normatividad referente (i) al sometimiento voluntario a la JEP de los colaboradores de las FARC-EP y su relación con la concesión de amnistía de iure; y, luego, (ii) resolverá la controversia en concreto, así como adoptará los remedios procesales que resulten pertinentes.

4. El sometimiento voluntario a la JEP de los colaboradores de las FARC-EP como presupuesto para beneficiarse de amnistía de iure

   4.1. El Acto Legislativo 01 de 2017[27] estableció el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el cual se compone de una serie de mecanismos y medidas dirigidas a: (i) garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, y (ii) otorgar seguridad jurídica a los actores que participaron en el mismo[28].

   4.2. En materia de justicia, en dicha reforma a la Carta Política, se instituyeron un conjunto de beneficios penales en favor de los excombatientes de las FARC-EP y de los agentes del Estado. En concreto, se crearon regímenes de amnistía, indulto, tratamientos penales especiales y libertades, cuya aplicación se sujetó a la verificación por parte de la JEP de la colaboración efectiva de los interesados en la satisfacción de los derechos de las víctimas[29] (régimen de condicionalidad).

   4.3. En relación con los terceros vinculados al conflicto armado, como lo son los colaboradores de las FARC-EP que no tenían la calidad de combatientes, en la mencionada enmienda constitucional, con el fin de garantizar el respeto del principio del juez natural[30], se dispuso que “podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen, siempre que cumplan con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición”[31].

   4.4. En desarrollo de este último punto, el Congreso de la República en las leyes 1922 de 2018[32] y 1957 de 2019[33], estipuló que:

   (i) “Los civiles que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán voluntariamente someterse a la JEP para recibir el tratamiento especial que las normas determinen, siempre que cumplan con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y garantías de no repetición”[34].

   (ii) “La JEP será competente de manera exclusiva y prevalente para conocer de las conductas delictivas cometidas por causa con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por (…) terceros civiles que se hayan sometido voluntariamente a esta, en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno”[35].

   4.5. En este contexto, en la Ley 1820 de 2016[36] y en el Decreto Ley 277 de 2017[37], se consagró la amnistía de iure como una prerrogativa en favor de los excombatientes de las FARC-EP y de sus colaboradores que hayan suscrito el “acta de compromiso” respectiva[38], la cual consiste en “la extinción de la acción penal, de las sanciones principales y accesorias, según el caso, así como de la acción civil y de la condena indemnizatoria, por parte del funcionario judicial competente”[39] frente a “los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos”[40], cometidos antes del “1 de diciembre de 2016”[41].

   4.6. Sobre el particular, cabe resaltar que en consonancia con la comparecencia voluntaria de los terceros a la JEP, en el parágrafo del artículo 7 del Decreto Ley 277 de 2017, se indicó que cuando la amnistía es tramitada en favor de un colaborador de las FARC-EP el acta deberá contener “el compromiso del beneficiario de amnistía de iure de no utilizar las armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente y la declaración de que conoce el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016 y los compromisos de contribuir a las medidas y los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, conforme a lo establecido en la Ley 1820 de 30 de diciembre de 2016”.

   4.7. En este sentido, en la Sentencia C-025 de 2018[42], esta S. explicó que la suscripción del acta de compromiso “constituye en una garantía del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición en la medida que está encaminada al logro efectivo de tales prerrogativas, propias de un proceso transicional, puesto que los beneficios otorgados están vinculados al férreo compromiso del amnistiado de no volver a utilizar las armas contra el régimen constitucional y legal vigente y a la efectiva contribución a la consecución de la paz”.

   4.8. Así las cosas, esta Corte pone de presente que en tratándose de colaboradores de las FARC-EP, la exigencia de suscribir el referido compromiso como requisito para beneficiarse de la amnistía de iure, lleva consigo el consecuente sometimiento a la competencia de la JEP como tercero voluntario en los términos del artículo 16 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en tanto implica la aceptación del régimen de condicionalidad[43].

   4.9. En este orden de ideas, esta S. resalta que si bien, desde una perspectiva clásica, las amnistías pueden definirse como medidas consistentes en la cesación general y absoluta de la persecución penal de ciertas conductas por mandato del legislador, lo cierto es que, en la actualidad, el ordenamiento jurídico internacional restringe el margen de configuración de los Estados al momento de establecer el alcance de dicha clase de beneficios, pues: (i) no pueden exonerar a los responsables de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y (ii) solo pueden concederse siempre que se asegure la reparación integral de las víctimas[44].

   4.10. A este respecto, en el artículo 23 de la Ley 1820 de 2018, se indicó que “en ningún caso serán objeto de amnistía (…) los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma”[45].

   4.11. Asimismo, en el artículo 14 de la Ley 1820 de 2010, se expresa que “la concesión de amnistías (…) no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz”.

   4.12. Con relación a la constitucionalidad de esta última disposición, en la Sentencia C-007 de 2018[46], esta Corporación estimó que era exequible “bajo el entendido de que la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se enmarca dentro del régimen de condicionalidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con fundamento en los siguientes parámetros:

   (i) El compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas es una condición de acceso y no exime a los beneficiarios de esta Ley del deber de cumplir con las obligaciones contraídas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

   (ii) El cumplimiento de los deberes de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de esta Ley, por el término de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la condición especial de acceso a las sanciones propias del sistema prevista en el inciso segundo de los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016.

   (iii) Los incumplimientos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deberán ser objeto de estudio y decisión por la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a las reglas de procedimiento de que trata el inciso 1º del artículo transitorio 12 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017; lo que supone analizar, en cada caso, si existe justificación y la gravedad del incumplimiento. Este análisis deberá regirse por el principio de proporcionalidad y podrá dar lugar a la pérdida de beneficios previstos en esta Ley”[47].

   4.13. En concordancia con lo anterior, en el artículo 69 de la Ley 1922 de 2018, se estableció el “procedimiento para definir la situación jurídica en casos de revocatoria de la amnistía”, indicándose que “cuando las S.s de Amnistía e Indulto y de Definición de Situaciones Jurídicas revoquen los beneficios concedidos, como resultado del incidente por incumplimiento del Régimen de Condicionalidad, la actuación se remitirá a la UIA para que adelante el trámite que corresponda ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad”.

   4.14. En suma, la concesión de la amnistía de iure contemplada en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto Ley 277 de 2016 a un colaborador de las FARC-EP por parte de la S. de Amnistía o Indulto está sujeta a que el interesado se someta voluntariamente a la competencia de la JEP en su calidad de tercero, lo cual, en caso de no haberse efectuado por otro medio, se concreta a través de la suscripción del compromiso respectivo, comoquiera que cuando una persona es favorecida con el reconocimiento del beneficio en comento, adquiere el deber de cumplir las obligaciones propias del SIVJRNR, so pena de perder el mismo y eventualmente ser juzgado por las autoridades de la justicia transicional.

5.1. De conformidad con las consideraciones expuestas, la S. Plena de la Corte Constitucional advierte que:

(i) Se configuró un conflicto negativo entre la S. Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz y la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Jurisdicción Ordinaria, en los términos explicados páginas atrás[48].

(ii) De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820 de 2018 y el Decreto Ley 277 de 2017, la concesión de la amnistía de iure en favor de los colaboradores de las FARC-EP está supeditada a que el interesado se someta voluntariamente a la competencia de la JEP en su calidad de tercero, lo cual, en caso de no haberse realizado por otro medio, se concreta a través de la suscripción del compromiso respectivo[49].

(iii) La facultad que ostenta la autoridad competente para conceder la amnistía de iure a un colaborador de las FARC-EP que no tenía la calidad de combatiente, depende de que el interesado esté sometido voluntariamente a la competencia de la JEP en su calidad de tercero[50].

(iv) Ante la manifestación de J.A.R.P. de no estar interesado en favorecerse de la amnistía de iure a través de la solicitud de archivo del trámite adelantado para el efecto por la S. de Amnistía o Indulto[51], dicha corporación de la Jurisdicción Especial para la Paz se encontraba impedida para continuar con el examen de la viabilidad o no de la aplicación del referido beneficio, pues se trata de una persona que, en principio, se reputa un tercero y, en consecuencia, su ingreso al SIVJRNR es voluntario.

(v) La providencia del 15 de julio de 2019 proferida por la S. de Amnistía o Indulto[52], en la que se apartó del conocimiento del proceso con número de radicación 11001600002720110009901 ante la solicitud presentada por J.A.R.P. y dispuso la remisión del mismo a la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, atiende a lo dispuesto en las normas adjetivas aplicables al trámite de amnistía de iure, las cuales, en razón del régimen de condicionalidad, requieren el sometimiento del procesado a la JEP para llegar a la concesión de dicho beneficio.

(vi) El auto del 17 de septiembre de 2019 proferido por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[53], en el que se abstuvo de continuar con el trámite del recurso de casación interpuesto por J.A.R.P. dentro del proceso con número de radicación 11001600002720110009901, no es acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En concreto, a partir de un entendimiento clásico de los beneficios concedidos en los procesos transicionales, dicha corporación presupone equivocadamente que la amnistía contemplada en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto Ley 277 de 2017, aplica de pleno derecho sin una contraprestación del favorecido, ignorando así las especificidades del régimen de condicionalidad que subyace al SIVJRNR en tratándose de terceros no comparecientes obligatorios.

5.2. Por lo anterior, en atención al problema jurídico planteado[54], el Pleno de este Tribunal:

(i) Dirimirá el conflicto de la referencia declarando que le corresponde a la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia continuar con el conocimiento del proceso penal seguido en contra de J.A.R.P..

(ii) Dejará sin efectos el Auto del 17 de septiembre de 2019 proferido por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual decidió abstenerse de continuar con el trámite del recurso de casación interpuesto por J.A.R.P..

(iii) Remitirá a la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el expediente contentivo del proceso número 11001600002720110009901, para que proceda con lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, la S. Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,