Sentencia de Tutela nº 110/10 de Corte Constitucional, 16 de Febrero de 2010

Del memorial contentivo de la acción de tutela, y de los elementos de prueba aportados por los peticionarios es posible inferir que su solicitud de amparo se basa en los siguientes

Hechos

1. Segundo M.C., L.D.S.C., E.Y.M., D.C.M., E.P.M., F.J.M., Y.A.C., G.M.C., A.C.C.C., O.A.J.M. y E.I.C.H. fueron habilitados por las ‘Autoridades T.icionales Públicas Especiales’ del Pueblo que habita en el Resguardo Indígena Inga de Aponte, P.Z.I.–.C.–.G., de B., para ingresar a los “estudios de pregrado del primer período del 2009” en los cupos especiales que se estimaba tenía la Universidad Industrial de Santander para estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas. Por ese motivo, las Autoridades Indígenas Guanentá, señores D.F.D.C. y A.D.C. presentaron una petición respetuosa el treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008) ante la Universidad Industrial de Santander. En ella solicitaron que se les garantizara, a los hoy tutelantes, el derecho al “ingreso especial y goce del derecho a la educación gratuita para comunidades indígenas”.[1] A esa solicitud, las Autoridades Indígenas Guanentá anexaron un derecho de petición, formulado por el Gobernador del Territorio Pueblo Indígena Inga de Aponte para el Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander, en el cual solicitaba cupos especiales para estudiantes indígenas en carreras de pregrado, y enunciaba a los tutelantes como potenciales beneficiarios de los mismos.[2]

2. La petición formulada por las Autoridades Indígenas fue resuelta el diecinueve (19) de noviembre de dos mil ocho (2008) por las directivas de la Universidad. En la respuesta manifestaron que, a su juicio, los entes universitarios no tenían la obligación jurídica de programar acciones afirmativas a favor de las minorías étnicas en el acceso a la educación superior, al menos por las siguientes razones: (a) porque ni la Ley 115 de 1994, ni la Ley 21 de 1991 contemplan una obligación, para las universidades, de implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso a la educación superior de los miembros de pueblos indígenas y tribales, sino que simplemente consagran el deber de que, una vez admitidos, tengan acceso a una educación con “elementos especiales” determinados en atención a las condiciones de vida y cultura de esos pueblos.[3] (b) Porque según su interpretación, la Corte Constitucional en la sentencia T-002 de 1994 prohibió cualquier clase de discriminación por motivos raciales, sexuales y religiosos –entre otros- en los criterios de acceso a la educación superior.[4] (c) Porque la Universidad Industrial de Santander, si bien en algún momento tuvo una reglamentación sobre cupos especiales para miembros indígenas, fue posteriormente derogada en dos mil uno (2001).[5] Por tanto, les respondió a los peticionarios, de forma concreta (i) que la Universidad no está dispuesta a contemplar un sistema de acceso especial para estudiantes indígenas, (ii) que el acceso a la Universidad de los miembros indígenas, candidatizados por las Autoridades T.icionales Públicas Especiales sólo era posible si se sometían a las reglas generales de admisión, y (iii) que si los candidatos superaban esas exigencias, no iban a ser discriminados en la Universidad.

3. La Jurisdicción Especial de Fuero Indígena Autoridad T.icional Pública Especial Zipasgo Inga – Chibcha – Guanentá, La Autoridad del Resguardo Indígena Inga de Aonte había considerado, entre tanto, que debía juzgar este asunto. Por ese motivo, el primero (1°) de noviembre decidió expedir una sentencia que resuelve –según dice expresamente- “[r]establecer el Derecho de las Comunidades de Pueblos Indígenas al Ingreso Especial y G. a la Ecuación Tecnológica, Universitaria y de Postgrado en las Universidades Públicas en Colombia, Cumplimiento Inmediato de la Universidad Industrial de Santander –UIS- a otorgar 3 cupos por carrera y 3 por especialización a comunidades indígenas acreditadas por la Autoridad de cada Resguardo Indígena o Jurisdiccional”. Entre sus consideraciones, la Autoridad juzgó que la Universidad había vulnerado su derecho a la consulta previa. Dijo que la entidad de educación no les consultó (i) para crear el procedimiento de ingreso especial de las comunidades indígenas a la institución, ni (ii) para derogarlo.[6] Además, sostuvo que negarles el ingreso especial a la educación superior atenta contra la supervivencia de los Pueblos Indígenas, pues altera su capacidad de respuesta, su bienestar y sus oportunidades,[7] y por lo tanto se violan diferentes principios internos de la comunidad, normas de orden nacional, la jurisprudencia constitucional y las disposiciones internacionales que protegen los derecho indígenas.[8] Por lo demás, hizo énfasis en que acceder a la educación universitaria es un ejercicio fundamental en el desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en que la autonomía universitaria no puede controvertir en ningún caso los principios y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el que ordena acabar con la desigualdad de origen de las Comunidades de los Pueblos Indígenas, y por el cual las comunidades tienen derecho a un tratamiento especial o diferenciado.

4. La Autoridad Indígena declaró, entonces, la “anticonstitucionalidad” del Acuerdo No. 088 de 2001, por el cual se derogó la admisión especial para las comunidades indígenas. D. también que, como fórmula de ingreso a la universidad, se diseñara un concurso de méritos que garantice la competencia entre miembros indígenas por un determinado número de cupos, sin que sea necesario competir con el resto de los aspirantes.[9] Asimismo, resolvió: (i) otorgar 3 cupos por carrera y 3 por especialización a las comunidades indígenas autorizadas por su respectiva Autoridad T.icional, (ii) pagar setecientos cincuenta (750) salarios mínimos mensuales como sanción por la violación de los derechos de las comunidades indígenas, (iii) aclarar los beneficios que existen para los candidatos de las comunidades indígenas (iv) garantizar, en armonía con el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, el derecho a la vivienda, alimentación, libros, acompañamiento académico, atuendo, transporte interno, trasporte para visitar la familia y servicios integrales y totales de bienestar universitario. Entre otros, de los miembros de las comunidades indígenas que ingresen a la universidad y (v) crear programas de atención integral a estudiantes de grupos étnicos minoritarios, y en compañía del Ministerio de Educación, crear la escuela de Etno educación.[10]

5. Esta decisión fue remitida al Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que esta Corporación la comunicara a su vez a las entidades accionadas. En Auto de 28 de Noviembre de 2008, el Consejo Superior de la Judicatura dio traslado de la sentencia de Jurisdicción Especial Indígena a la Universidad Industrial de Santander, al Ministerio de Educación y al I.. Dado que en su concepto esa decisión no fue acatada, elevan al menos las dos siguientes peticiones: (i) por una parte, que se cumpla la sentencia de las Autoridades Indígenas T.icionales y (ii) que se restablezcan los cupos especiales.

9. El 27 de abril de 2009, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B., resolvió negar el amparo solicitado. Afirmó que no es posible el cumplimiento de la Sentencia de Jurisdicción Especial Indígena, pues esto atentaría contra el statu quo y por consiguiente contra normas de orden público, extralimitando la interpretación y alcance de la Constitución y la Ley, por lo que la tutela resulta improcedente. Afirmó por otra parte, que aunque la Jurisprudencia de la Corte ha considerado constitucional el trato que algunas Universidades han dado a los indígenas en términos de los cupos especiales de acceso a la educación superior, ello se ha hecho en ejercicio de su autonomía como instituciones de educación superior, pero en todo caso, de esto no se deriva una obligación de otorgar tales cupos. Finalmente manifestó que la parcialidad Zipasgo Inga-Chibcha- Guanentá no se encuentra registrada en la Jurisdicción del Departamento de Santander.

10. Los accionantes impugnaron la decisión de primera instancia. Afirmaron que no resuelve el problema jurídico planteado desconociendo los derechos de los Pueblos Aborígenes- Indígenas y Tribales de ejercer Justicia en todos los asuntos que los afecten, desconociendo también el bloque de constitucionalidad y consiguientemente, incidiendo negativamente en la supervivencia de los pueblos indígenas establecidos en el territorio indígena.

    Afirman también que el Juez de Primera Instancia se preocupa más por el mantenimiento del statu quo que por solucionar equitativamente el caso planteado en los términos del Estado Social de Derecho, pues no es aceptable que la Autonomía Universitaria, sirva como excusa para vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Manifiestan que el Tribunal incurre en un error al no preguntarse por qué el fondo especial al que alude el I. no atiende sus solicitudes alegando la falta de recursos y por qué la UIS no cumplió con el procedimiento de consulta previa antes de derogar el sistema especial de cupos de ingreso. Así como la razón por la cual las entidades accionadas no dieron ninguna respuesta en relación con la sentencia de la Jurisdicción Especial Indígena. Finalmente aportan impresiones de correos electrónicos, dirigidos al I. para el otorgamiento de becas del fondo especial ya referenciado, respondiendo la entidad por su parte, que no se tiene información sobre la apertura de convocatorias para la adjudicación de recursos de dichos fondos.[12]

11. La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil– en sentencia del 10 de Julio de 2009, resolvió confirmar el fallo de primera instancia, negando el amparo solicitado. Afirmó que teniendo en cuenta lo solicitado por los accionantes, en relación con el cumplimiento de la Sentencia de la Jurisdicción Especial Indígena, dicha Jurisdicción “carecía de fuero, pues los accionados no son sujetos de la misma y su cumplimiento se sustrae de su territorio, por lo tanto la decisión tomada por el a quo es acertada”. Manifestó, que en cumplimiento de la Ley 1089 de 2006, la UIS expidió el Acuerdo 229 de 2008 fijando las condiciones especiales de ingreso, para los aspirantes provenientes de departamentos donde no hay instituciones de educación superior, que provengan de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público. Ninguna de estas condiciones fue demostrada por los accionantes y el Ministerio del Interior y de Justicia, certificó que el resguardo indígena al cual pertenecen se encuentra en jurisdicción del municipio de Tablón de G., departamento de Nariño. Por otra parte, se afirmó en la sentencia que si la queja estaba dirigida contra el Acuerdo 088 de 2001, que derogaba el sistema de admisión especial para aspirantes pertenecientes a comunidades indígenas, lo que ha debido hacer la comunidad que creía verse afectada, era demandar el acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa, por lo cual la acción de tutela resultaba improcedente.

12. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, solicitó información y pruebas referentes al caso. Así, en Auto de 18 de diciembre de 2009 resolvió:

    “Primero- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que OFICIE a las siguientes Instituciones: Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior –ICFES-, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN-, y a las Universidades: de Antioquia, del Cauca, Nacional de Colombia y del Valle del Cauca, para que, en el término de ocho (08) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta providencia, informen sobre los siguientes temas:

    “a. Esquema general de funcionamiento del programa de admisión especial para miembros de las comunidades indígenas y tribales a los programas de pregrado y postgrado de las Instituciones Públicas de Educación Superior

    “b. Estadísticas, si las tuviera, sobre el funcionamiento del programa de admisión especial para miembros de las comunidades indígenas y tribales a los programas de pregrado y postgrado de las Instituciones Públicas de Educación Superior, en relación con los porcentajes de cupos otorgados, la participación diferenciada de las comunidades y los planes de ampliación y cobertura.

    “c. Estadísticas, si las tuviera, sobre las formas de impacto que tiene en las comunidades indígenas y tribales, el programa de admisión especial para sus miembros a los programas de pregrado y postgrado de las Instituciones Públicas de Educación Superior.

    “d. ¿Antes de hacer alguna modificación al sistema especial de admisión para las comunidades indígenas, deben las Instituciones Públicas de Educación Superior, consultar con las comunidades indígenas la adopción de la medida?

    “Segundo- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que OFICIE a las siguientes Instituciones: CIJUS de la Universidad de los Andes, UNIJUS de la Universidad Nacional de Colombia, Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- y al Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, para que en el término de ocho (08) días hábiles contados a partir de la comunicación de esta providencia, rindan concepto en relación con las siguientes preguntas:

    “a. ¿Cuáles considera usted que deben ser las condiciones para garantizar de forma óptima, el acceso de los miembros pertenecientes a las comunidades indígenas y tribales, a los programas de pregrado y postgrado de las Instituciones Públicas de Educación Superior?

    “b. ¿En su concepto, el ofrecimiento de cupos especiales para los miembros de las comunidades indígenas y tribales a los programas de pregrado y postgrado de las Instituciones Públicas de Educación Superior, representa un medio adecuado y necesario para el mejoramiento de las condiciones de bienestar de dichas comunidades?

    “c. ¿Tiene usted conocimiento específico acerca del impacto en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de las comunidades indígenas y tribales, a través de los esquemas especiales de acceso de sus miembros a los programas de pregrado y postgrado de las Instituciones Públicas de Educación Superior?

    “Tercero- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que OFICIE a la Universidad Industrial de Santander, para que en el término de ocho (08) días hábiles contados a partir de la comunicación de esta providencia, responda las siguientes preguntas:

    “a. Cuáles son las razones que justifican la derogación del sistema especial de ingreso de los miembros pertenecientes a las comunidades indígenas y tribales a los programas de pregrado y postgrado de la Universidad?

    “b. Tiene la Universidad estadísticas sobre el funcionamiento del programa en aspectos relacionados con el acceso efectivo y permanencia de los miembros de las comunidades indígenas y tribales, a los programas de pregrado y postgrado de la Universidad?”

    “Al respecto le informo que de acuerdo con el Decreto 5012 y 5014 del 28 de diciembre de 2009, por medio de los cuales se modificó la estructura del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES- respectivamente, corresponde a este Ministerio, entre otras funciones:

    “32.12. Promover la inclusión y acceso de poblaciones vulnerables a la Educación Superior en las regiones.

    “32.13. Fomentar acciones tendientes a mejorar la cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia en la educación superior.”

    Por lo anterior y conforme lo dispone el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, esta Oficina dio traslado de su petición a la doctora M.V.A., Directora de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional”.[13]

    Además de los requisitos mencionados se establecieron como parámetros para los estudiantes indígenas admitidos por este programa especial de ingreso, los siguientes: (i) prestar obligatoriamente sus servicios profesionales en las comunidades de origen por un término no inferior a un año; (ii) la posibilidad de acceder al préstamo beca, previo estudio de su situación socioeconómica a fin de determinar el monto a asignar; (iii) la prioridad de acceder, si su situación socioeconómica es de vulnerabilidad, a los programas del área de promoción socioeconómica de la universidad; (iv) para los estudiantes beneficiarios del préstamo-beca, se estableció la posibilidad de ser eximidos de su pago total o parcialmente, (v) una vez se gradúen y realicen su trabajo comunitario según lo estimado en el acuerdo; finalmente, (vi) si el estudiante pierde tal calidad, deberá pagar el crédito recibido mediante el sistema que la universidad aplica a los estudiantes regulares.

    Posteriormente, la universidad hace un recuento extenso de las cifras de estudiantes indígenas adscritos y admitidos en las sedes de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira en el período comprendido entre 2003 y 2008. Luego, menciona las cifras de los estudiantes inscritos y admitidos en la sede Bogotá en el período 2003-2008, discriminándolos por carrera y distinguiendo entre admitidos, inscritos y estableciendo la tasa de absorción por carrera; y hace lo mismo para las sedes de Medellín, Manizales y Palmira. Presenta así mismo cuadro de estudiantes indígenas inscritos en la universidad durante el período 2005-2008, discriminando por etnias y por sedes; presentando por último una tabla que comprende el total de estudiantes indígenas matriculados en la universidad y beneficiarios de los programas de apoyo económico, alimentario y de alojamiento durante el período 2003-2008.

    Concluye el documento afirmando que desde su creación, el programa de admisión especial para estudiantes Indígenas sólo se ha ajustado a las normas generales de la Universidad, que en ningún sentido han implicado cambios estructurales al programa.

    “Según el estudio más reciente sobre la plena aplicación del derecho de los pueblos indígenas a la educación, presentado por el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas[15], el punto de partida para garantizar el acceso de las personas indígenas a los programas de educación superior es la integración de las perspectivas indígenas en las instituciones y sistemas educativos de carácter general. Los lineamientos del proceso de integración aparecen consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 –en adelante DDPI-; que consagra al menos tres derechos tendientes a garantizar el acceso de las personas indígenas a los sistemas educativos de carácter general:

    1. Los indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación alguna. Según el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la prohibición de la discriminación no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de recursos, y se aplica a todos los aspectos del derecho de los pueblos indígenas a la educación (Artículos 2, 14 y 44 de la DDPI).[16]

    2. Los indígenas tienen derecho a que la educación general vaya encaminada a combatir los prejuicios y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los diferentes segmentos de la sociedad, incluido el respeto de la identidad cultural, el idioma y sus valores. La educación en materia de derechos humanos es un instrumento importante para alcanzar esa meta (Artículo 15 de la DDPI).[17]

    3. Los indígenas tienen derecho a que la educación general promueva su ejercicio de libre determinación. La educación es una condición previa esencial para que los pueblos indígenas tengan la capacidad de procurar su propio desarrollo económico, social y cultural de conformidad a lo dispuesto con el derecho internacional de los derechos humanos (Artículo 3 de la DDPI).

    “Los derechos consagrados en la DDPI deben conducir a que los sistemas de educación de carácter general empiecen a incluir las formas indígenas de aprendizaje, enseñanza, instrucción y formación.[18] Para ello, resulta fundamental que la elaboración de los planes de estudio por los pueblos indígenas y el Ministerio de Educación sea conjunta. Experiencias de ese tipo, no sólo han mostrado resultados, sino que además han promovido el establecimiento de una relación y el nacimiento de un compromiso de participación e integración.[19] Por consiguiente, se espera que los Estados atiendan a los pueblos indígenas, integrando sus perspectivas e idiomas en los sistemas e instituciones educativos generales y en sus exámenes de admisión.[20]

    “El Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas, ha sostenido que los programas y servicios educativos para los pueblos indígenas deben elaborarse y aplicarse en consulta y cooperación con los interesados. La incorporación de sus necesidades, historias, identidades, integridad, valores, creencias, culturas, idiomas y conocimientos, así como sus aspiraciones y prioridades de carácter económico, social y cultural; son condiciones claves para garantizar de forma óptima su acceso a los programas de pregrado y postgrado a las instituciones públicas de educación superior. Para el Mecanismo de Expertos, “los programas y servicios educativos para los pueblos indígenas deben ser de buena calidad, seguros y apropiados desde el punto de vista cultural y no deben tener por objeto o resultado la asimilación de los pueblos indígenas si estos no la desean”.[21]

    “Uno de los principales argumentos que llevó al establecimiento de las cuotas indígenas en la educación superior,[22] consistió en reconocer la situación de abandono que han padecido los pueblos indígenas durante siglos. De tal forma, el trato preferencial que se les otorga a los pueblos indígenas cuando se les ofrece cupos especiales para ingresar a la universidad, obedece a un instrumento de discriminación inversa, que pretende compensar los perjuicios de los que han sido víctimas históricamente[23]. A este respecto, el Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas ha sido tajante al señalar que “[d]ebe entenderse que, al compartir con otros sus tierras, territorios y recursos, los pueblos indígenas han pagado ya por adelantado las consignaciones financieras, incluidas las dedicadas a la educación, que puedan recibir del Estado en el presente y en el futuro”[24]. En el mismo sentido, el Convenio 169 de la OIT ha destacado de manera especial la necesidad de que los gobiernos adopten “medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales” y a todos los derechos que emanan de su cuerpo jurídico (Artículo 30).

    “En ese sentido, consideramos que es obligación del Estado ofrecer cupos especiales para los miembros de los pueblos indígenas a los programas de pregrado y postgrado de las instituciones públicas de educación superior,[25] y que la gratuidad debe ser un principio sine quanon de ese tipo de políticas públicas. Responder si el ofrecimiento de dichos cupos es un medio necesario para el mejoramiento de las condiciones de bienestar de dichos pueblos no es una cuestión a la que se pueda contestar acudiendo a suposiciones fácticas. Las condiciones históricas, políticas y sociales de cada pueblo indígena conllevarían a respuestas con matices singulares. En todo caso, el derecho internacional de los pueblos indígenas, viene entendiendo que las respuestas a ese tipo de interrogantes sólo las pueden brindar los pueblos directamente interesados[26]. En la actualidad, existen muchos pueblos indígenas que han encontrado en el acceso a la educación superior general, un medio adecuado para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, también existen otros que han fundado sus propias instituciones de educación superior,[27] u otros, que han decidido aislarse de los métodos educativos derivados del modelo universitario.[28]

    “Previendo que en las actuales circunstancias históricas, la mayoría de los pueblos indígenas interesados en acceder a la educación superior, tienen que hacerlo acudiendo a las universidades de tipo general el derecho internacional de los derechos humanos regula su derecho a la educación, ofreciendo mecanismos que de llegar a ser efectivos, los prevendrían de la aculturación educativa, favoreciendo el diálogo intercultural. Los artículos 26, 28 y 29, del Convenio 169 de la OIT, además de reivindicar la necesaria existencia del derecho a una identidad educativa para los pueblos indígenas, define su ámbito de aplicación disponiendo: (i) que debe garantizársele a los miembros de los pueblos indígenas interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional; (ii) que la autoridad competente está en la obligación de asegurar la formación de maestros miembros de los grupos étnicos y garantizar su participación en la formulación y ejecución de los programas de educación; (iii) que la educación debe ser bilingüe al menos en los primeros años, lo cual significa que debe enseñarse a los miembros de las comunidades indígenas a leer y escribir en su propia lengua y en la lengua nacional; y, finalmente, (iv) que deberán adoptarse medidas que permitan preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.[29]

    “La piedra angular en el campo de la implantación de sistemas de educación general o especial para los pueblos indígenas, además de la integración de sus perspectivas, es el mecanismo de consulta previa, consignado de manera expresa en el artículo 27 del Convenio 169 de la OIT: “Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”.

    “Uno de los pueblos indígenas que más se ha beneficiado del sistema de cupos especiales para acceder a la educación superior es el pueblo de los pastos del departamento de Nariño. Teniendo en cuenta dicha realidad, el ex-senador del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, T.E.T.C., impulsó la creación de una asociación de jóvenes profesionales que une a varios resguardos de la ex-provincia de O.; entre ellos, los de Chiles, Panám, Muellamues, Pastás, S.J. y Yaramal. Numerosos jóvenes indígenas del pueblo de los pastos que accedieron a la educación superior mediante los cupos especiales asignados por la Universidad Nacional de Colombia,[30] conformaron la Asociación S.,[31] que ejecuta proyectos tendientes a restablecer los derechos del pueblo de los pastos. El comunero J.G., contador público de la Universidad Nacional, explica que la asociación trabaja en la estructuración de los lineamientos de las leyes internas y reglamentos de las corporaciones indígenas. En declaraciones al periódico regional, manifestó lo siguiente: “Obtuvimos el permiso y autorización de las autoridades indígenas y también de la comunidad para llevar a cabo estas metodologías y estrategias, talleres, conversatorios, recorridos y rituales, para el ordenamiento de la mente y de nuestros territorios”.[32]

    “En la actualidad, la Asociación S. desarrolla proyectos tendientes a fortalecer la agricultura orgánica, la medicina tradicional, la etnoeducación, y la justicia propia. La labor emprendida por el grupo de jóvenes profesionales que conforman la asociación, ha sido reconocida por su propio pueblo, que aprecia las bondades de los planes que se están ejecutando, y por la comunidad del departamento de Nariño, que ha tomado conciencia de la importancia de la iniciativa. La prestancia de la asociación, conllevó a que la comunidad del municipio de Cumbal –centro de formación de la agrupación-, le solicitará a uno de sus miembros, lanzarse al Consejo Municipal. El apoyo de la ciudadanía a la candidatura de L.A., politólogo de la Universidad Nacional, conllevó a que su lista obtuviera la votación más alta del municipio y a su posterior nombramiento como presidente del Consejo. Para la misma época, y en una decisión sin precedentes en la región, el gobernador departamental invitó a J.C., ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y miembro de S., a unirse a su equipo de trabajo en calidad de Secretario Departamental de Agricultura, cargo que ocupa hasta el día de hoy.

    “Como puede apreciarse, existen ejemplos desde los que se puede demostrar que los esquemas especiales de acceso de los miembros de los pueblos indígenas a los programas de pregrado y posgrado de las instituciones públicas de educación superior, pueden tener un impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades. Vale la pena aclarar, que también pueden existir ejemplos capaces de poner en entredicho tales bondades. En todo caso, son los pueblos interesados y sus autoridades, los únicos que pueden definir las circunstancias de utilización del sistema de cuotas en las instituciones de educación superior. De acuerdo a la DDPI de 2007 y al Convenio 169 de 1989, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, se debe obtener su consentimiento libre, previo e informado. Las consultas deberán desarrollarse “de buena fe”, “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas” y “de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Artículos 19 de la DDPI y 6 del Convenio 169).”[33]

22. La Organización Nacional Indígena de Colombia, no dio respuesta al Auto de esta Corporación, en el que le solicitaba su concepto respecto de puntos precisos, con el objeto de conocer su opinión, a fin de tomar la decisión, con base en la mejor información disponible en este caso concreto.

1. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

   Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico por resolver

2. Segundo M.C., L.D.S.C., E.Y.M., D.C.M., E.P.M., F.J.M., Y.A.C., G.M.C., A.C.C.C., O.A.J.M. y E.I.C.H. pretenden que se les ampare su derecho a acceder a la Universidad Industrial de Santander por la vía de un sistema especial de cupos, configurado de forma particular para ellos por pertenecer a la comunidad indígena que habita en el Resguardo Inga de Aponte, P.Z.I.–.C.–.G., de B.. Ahora bien, consideran que esta pretensión debe prosperar por una de dos razones: (i) porque ese derecho hace parte de su derecho a la igualdad, a la educación y a la diversidad étnica y (ii) porque así lo dispuso la justicia indígena en el caso, y esa sentencia debe ser cumplida.

3. Así las cosas, la Corte Constitucional tendría que enfrentarse a dos problemas jurídicos distintos, pues la tutela plantea dos pretensiones constitucionales significativas, que no se podrían resolver con una misma regla de derecho. No obstante, en este caso la Sala reivindica la facultad que tiene, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para delimitar el ámbito de su pronunciamiento a la resolución de un problema jurídico en específico. Dicha facultad ha sido reconocida por la Corporación, por ejemplo en el auto 031A de 2002,[34] al resolver una solicitud de nulidad contra la sentencia T-1267 de 2001 por supuesta violación del debido proceso. La Corte Constitucional estimó que no por haber omitido pronunciarse sobre todas las pretensiones expuestas en una acción de tutela, una sentencia violaba el derecho al debido proceso del actor, porque la función de la Corte en sede de revisión no es la de obrar como una instancia más, sino como una autoridad con la atribución constitucional de unificar la interpretación de los derechos fundamentales. Dijo, al respecto:

   “el hecho de que la revisión sea una facultad discrecional muestra que la Constitución, en relación con el papel de la Corte en sede de revisión, privilegió su papel sistémico de unificación doctrinal frente a la corrección de todos los problemas derivados de los casos concretos, sin que ello implique dejar de lado el deber de protección de los derechos fundamentales […]. Finalmente, y como consecuencia del anterior esquema institucional, es obvio que la Corte, al ejercer su función de revisión, no tiene el deber de estudiar en detalle todos los aspectos y puntos planteados por el actor en su solicitud de tutela, pues no constituye una tercera instancia en la resolución de esta clase de controversias. En efecto, si una función básica de la revisión es unificar la doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales, y si la Corte tiene la potestad discrecional de seleccionar qué casos merecen revisión para tal efecto, entonces es claro que la Corte goza también de una razonable discrecionalidad para delimitar los temas que en el caso concreto ameritan un examen en sede de revisión. No tendría sentido que la Corte tenga una plena discrecionalidad para decidir si estudia o no un caso, pero que, por el contrario no goce de ninguna discrecionalidad para delimitar los temas jurídicos que en cada caso deben ser examinados para efectos de desarrollar su función de unificación jurisprudencial […]. Por todo lo anterior, la Corte concluye que, en sede de revisión, esta Corporación no tiene el deber de estudiar, en forma integral y detallada, todos los puntos planteados por el demandante en su solicitud de tutela, pues ese debate debe ser adelantado en las instancias, y la revisión cumple esencialmente una función de unificación jurisprudencial”.

4. Por lo mismo, esa facultad no puede ser ejercida arbitrariamente, sino que debe responder a la necesidad de unificar la interpretación de la Constitución en determinadas hipótesis. Por lo demás, debe ser ejercida, en términos estrictos, cuando el estudio de todos los demás aspectos del problema no tiene, prima facie, la virtualidad de alterar el sentido de la decisión. Así las cosas, en este caso la Sala procederá a dilucidar el siguiente problema jurídico: ¿viola un ente universitario el derecho a la igualdad en el acceso a la educación de los miembros de un pueblo indígena, por haber suprimido los cupos especiales de acceso, que había dispuesto para los miembros de las comunidades indígenas, bajo el argumento de que no respetaba el derecho a la igualdad de los demás aspirantes, a pesar de que no puso ningún equivalente funcional en su lugar?

5. El hecho de que se limite a definir este punto de derecho, y no se traten todos los problemas planteados por la acción de tutela, se debe a dos motivos fundamentalmente. (i) Por una parte, a que la discusión central planteada por la Universidad Industrial de Santander se edifica sobre la base de un entendimiento del derecho a la igualdad en el acceso a la educación superior. En efecto, la Universidad asume que los sistemas de cupos especiales violan el derecho a la igualdad en el acceso a la educación superior, y en cambio la jurisprudencia de esta Corte indica que un tratamiento de esa naturaleza, a favor de los miembros de pueblos indígenas, es perfectamente acorde a la Constitución. Como quiera que no siempre es posible articular a un mismo tiempo un grado aceptable de extensión, con un nivel plausible de profundidad, pues lo que se gana en la primera se pierde –por razones perentorias de tiempo- en la segunda, en este caso la Sala considera importante limitar sus consideraciones en profundidad a solo ese problema. (ii) Por otra parte, porque el análisis del otro problema jurídico no tiene –prima facie- la virtualidad de cambiar el sentido de la decisión que habrá de adoptarse en esta sentencia.

   La Constitución no prohíbe todo sistema de cupos especiales para personas pertenecientes a una etnia diversa. Su constitucionalidad depende de si la configuración es proporcional o no

6. Sea lo primero aclarar que no en todos los casos una distinción basada en la etnia o en la cultura de las personas está definitivamente prohibida por la Constitución. Más específicamente, un sistema de cupos especiales por el hecho de estar reservados para los miembros de una minoría étnica. Así lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-1340 de 2001,[35] al juzgar conforme a la Carta el modelo de selección de aspirantes para ingresar a un ente universitario que contemplaba un capítulo de cupos especiales para los miembros de comunidades indígenas. Dijo, sobre el particular:

   “el principio de la diversidad étnica y cultural, sustenta la constitucionalidad del cupo a su favor, pues la cultura de las comunidades indígenas es diferente de la cultura del resto de los colombianos, particularmente en materia de lengua, religión y costumbres e igualmente considera que el tratamiento especial otorgado a los indígenas en la Universidad de Nariño es justificado, por cuanto recoge el singular tratamiento consagrado por parte del Estado a favor de la diversidad étnica cultural, el cual lejos de ser violatorio del artículo 13 de la Constitución Política, se ajusta a la misma, porque teleológicamente su búsqueda es la igualdad real -en favor de regiones marginadas y discriminadas de la patria- y en pro del enriquecimiento cultural de la Nación Colombiana”.

7. Por lo demás, en un ámbito de formación con tan amplia vocación como el universitario, la admisión efectiva de personas que pertenecen a culturas diversas, y tienen por tanto sus propios usos sociales, su lenguaje, su particular forma de concebir la relación de los seres humanos entre sí, y la relación entre estos y la naturaleza o el universo, indiscutiblemente contribuye en la maduración y liberación de las facultades críticas del ser humano. En un contexto plural la comunidad puede comparar, mejor que en otro en el que se pretenda eliminar la diferencia, entre aproximaciones distintas a los problemas teóricos o prácticos que se plantean permanentemente, y desechar o acoger, en un diálogo extendido, las mejores de ellas.[36] Dado que el sistema de cupos especiales, cuando reserva estos últimos a personas de minorías étnicas o culturales, garantiza la admisión de personas culturalmente diversas, está al menos en principio descartado que la Constitución lo prohíba incondicionalmente.

8. Ciertamente, la Constitución establece que no debe haber “ninguna discriminación por razones de […] raza, origen […] familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (art. 13, C.. Por tanto, al menos en principio, pareciese que la Constitución prohíbe de forma tajante, definitiva y absoluta cualquier clase de distinción basada en la pertenencia de una persona a una minoría étnica y cultural, pues en el fondo se estaría haciendo una distinción por motivos de raza, origen familiar, que muchas veces podría coincidir también con el tratamiento diferenciado de personas que tienen una lengua y una opinión filosófica diversa. No obstante, también es cierto que el mismo artículo 13 de la Constitución le ordena al Estado promover “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar[ m]edidas a favor de grupos discriminados o marginados”. Dado que, a menudo, esas minorías étnicas han sido precisamente marginadas y discriminadas, sería también inconstitucional proscribir cualquier clase de medida que intente sustraerlas, específica y particularmente del marginamiento social e histórico al cual se han visto sometidas.

9. Por tanto, hay dos finalidades constitucionales vinculantes en tensión. El Estado Constitucional no puede tomar partido a favor de una de ellas, y sojuzgar la otra. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido, de forma reiterada, esta tensión. Y la experiencia la ha conducido a interpretar que la Carta no prohíbe de forma terminante cualquier clase de discriminación basada en la etnia o la raza de una persona, pero sí una prohibición prima facie (o derrotable) de introducir tratamientos discriminatorios con fundamento en un motivo de esa naturaleza. Se trataría de un tratamiento basado en un criterio sospechoso de inconstitucionalidad, que demandaría del juez constitucional un especial y riguroso escrutinio. Así lo ha dicho la Corte, por ejemplo, en la sentencia C-673 de 2001.[37] En esa ocasión, le correspondía decidir –entre otros asuntos- si una norma contenida en un Decreto ley violaba el derecho fundamental a la igualdad de los docentes no oficiales, porque les hacía exigencias similares a las de los docentes oficiales. La Corporación debía, entonces, establecer cómo examinar la constitucionalidad de la norma impugnada. Y concluyó que eso sólo podía definirse en atención a las características especiales de cada caso. Así, dijo que “las limitaciones constitucionales impuestas al legislador en determinadas materias en la propia Constitución justifican en determinados casos la aplicación de un test de mayor intensidad […] como por ejemplo 1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución”.

10. Por tanto, una entidad de educación superior puede –bajo determinadas condiciones- establecer tratos diferenciados con fundamento en la raza de los sujetos, al momento de reglamentar los sistemas de acceso a los cupos ofertados. También puede, incluso, establecer cupos especiales para quienes pertenezcan a determinadas minorías étnicas, siempre y cuando respete ciertas limitaciones derivadas de los derechos de los demás y el orden constitucional. ¿Cómo se determinan esas condiciones y esos límites? Con un juicio de constitucionalidad, que evalúa que el fin de la medida sea legítimo e importante, pero además imperioso; que el medio escogido sea no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, que la medida sea proporcional en sentido estricto y que, por tanto, los beneficios de adoptarla excedan claramente las restricciones impuestas por ella a otros principios y valores constitucionales.[38]

11. En consecuencia, la Constitución no prohíbe cualquier sistema de cupos especiales para personas pertenecientes a una etnia diversa. Todo depende de si su configuración es proporcional o no. Pero, en este caso no se juzga tanto la constitucionalidad de ese sistema en específico sino la constitucionalidad de la decisión de suprimir un sistema de acceso con cupos especiales, a cambio de ninguna medida con componentes de acción afirmativa. A juicio de la Sala esta pregunta está relacionada con otra, y es si -como se sugiere en la acción de tutela- la Constitución no sólo permite que las universidades consagren sistemas de ingreso con cupos especiales para minorías étnicas, sino si además les ordena que lo hagan.

    La Constitución no les ordena, ni siquiera a las universidades públicas, que contemplen un sistema de admisión con cupos especiales para los miembros de las comunidades indígenas, aunque pueden adoptarlos en ejercicio de su autonomía

12. La Constitución no debe interpretarse en el sentido de que consagre la obligación, para todo ente universitario, de asumir un sistema de ingreso con cupos especiales para la población indígena. Porque si por una parte ese sistema persigue y logra finalidades constitucionalmente importantes e imperiosas, por otra incide en el derecho de los demás aspirantes que no pertenecen a la minoría étnica favorecida por el esquema de selección, a un tratamiento igualitario formal (art. 13, C., en el derecho de esos mismos aspirantes a acceder a la educación en función de la aptitud (art. 69, inc. 4, C. y en el principio constitucional que ordena respetar la autonomía universitaria (art. 69, C., tal como pasa a exponerse a continuación.

13. En efecto, por una parte, la adopción de un método como el de cupos especiales, en virtud del cual hay cuotas universitarias reservadas estrictamente para personas que pertenecen a minorías étnicas, implica que quienes no pertenecen a las mismas no tienen entonces derecho a acceder a uno cualquiera de todos los cupos que se ofrecen, sino a un cupo cualquiera de sólo algunos de ellos. En cambio, los miembros de ese grupo étnico minoritario sí pueden acceder a un cupo cualquiera de todos los que son ofrecidos, pues no tienen restricciones para acceder a la universidad por los medios ordinarios y en cambio sí pueden, a diferencia de los demás, acceder por los cupos especiales. Hay allí, como puede apreciarse, un tratamiento formalmente desigual, aunque no por ello necesariamente inconstitucional, como se precisó más arriba.

14. De otro lado, el sistema de cupos especiales para algunas etnias, supone una intervención en el derecho de los aspirantes que no pertenezcan a ellas, a que el acceso a la educación superior sea determinado en función de la aptitud de los candidatos. Este fin constitucional se deduce razonablemente del artículo 69 de la Constitución, el cual dispone expresamente que el financiamiento estatal de la educación superior debe perseguir, en esencia, “el acceso [a ella] de todas las personas aptas”. Este texto significa no sólo que el Estado está en el deber de financiar el acceso a la educación superior en orden a garantizar que el mérito determine, al menos predominantemente, el acceso de una persona a un ente de la educación superior, sino además que debe ser ese el criterio de ingreso por excelencia a ese nivel educativo. La Corte ha reconocido, además, que ese objetivo está estrechamente emparentado con el derecho a la igualdad y, precisamente por ello, consideró inconstitucional, en la sentencia C-022 de 1996,[39] una norma que ordenaba aumentar en un diez por ciento (10%) el puntaje obtenido en las pruebas del ICFES por las personas que hubieran prestado el servicio militar obligatorio. La Corte estimó que aún cuando la medida perseguía un fin constitucionalmente aceptable, y resultaba adecuada para obtenerlo, era innecesaria y desproporcionada en cuanto suponía restringirles las posibilidades de acceso a quienes tendrían “méritos académicos para continuar sus estudios en su etapa superior”, pues podrían verse “desplazados por los beneficiarios del privilegio otorgado por la norma demandada”.[40]

15. Finalmente, imponerles a las universidades –aunque sean públicas- una específica forma de selección de los aspirantes, y obligarlas a que adopten un sistema de cupos especiales, interfiere en el derecho de las universidades, consagrado en el artículo 69 de la Constitución, a “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Porque de esa manera, se reduce el ámbito de aplicación de la garantía en tanto implica, en un sentido general, que las universidades ya no podrán reglamentar determinados asuntos de acuerdo con su propia concepción acerca de lo que es correcto, en el contexto de una formación educativa de nivel superior.

16. Como se ve, entonces, el sistema de cupos especiales, construido en atención a la raza a la cual pertenecen los aspirantes, comporta una significativa intervención en los derechos de quienes no hacen parte de ella. Una restricción -podría decirse- tan gravosa, que en democracias como la de los Estados Unidos, a propósito de un caso en el cual se examinaba la constitucionalidad de una medida que establecía cupos universitarios especiales a favor de los miembros de la raza negra, la Corte Suprema consideró, en un momento posterior a la puesta en marcha del proceso institucional para terminar la segregación racial, que era contraria a la Constitución.[41] Porque como confería un tratamiento diferenciado a los aspirantes, edificado sobre la raza de los mismos, debía ser sometido a un estricto escrutinio constitucional, y verificarse si la medida era necesaria. Dado que, en ese caso, no pudo demostrarse que lo fuera decidió juzgarla inválida. Y, en efecto, estimó que no era necesaria, porque era posible diseñar otros sistemas para garantizar los cometidos que inspiraban los cupos especiales, menos lesivos para los derechos de los que no pertenecían al grupo racial favorecido con las cuotas. La Corte Suprema señaló, como ejemplo, un programa de otra universidad, en el cual se tenía en cuenta la raza de los participantes como uno de los factores a valorar, entre otros, y al cual se le asignaba un determinado puntaje que se sumaba con los demás. Esa configuración, según la Corte Suprema, aunque promueve los objetivos de los cupos especiales, lo hace sin excluir a los individuos de la competición por determinados cupos, sólo por el hecho de no pertenecer a la raza de los afro-americanos.[42]

17. Esta decisión muestra, además de otros aspectos, que no es absolutamente inexorable concluir que una Constitución en la cual se le ordena al Estado promover la igualdad real, se le ordene también implementar una específica e identificable acción afirmativa en los sistemas de acceso a los cupos ofrecidos para la ecuación superior. Por el contrario, una articulación adecuada de los derechos en tensión debe permitir que las universidades (i) establezcan en ejercicio de su autonomía qué clase de sistema adoptarán para determinar quiénes acceden a los cupos ofertados, (ii) bajo qué condiciones, y (iii) qué clase de acciones afirmativas han de adoptar. Lo que sí determina una Constitución garante de la libertad, la igualdad y el pluralismo, es que resulta inválida cualquier decisión relacionada con estos y otros puntos, si incida desproporcionadamente en los derechos de los aspirantes porque, por ejemplo, introduce una discriminación injustificada desde un punto de vista constitucional.

18. No obstante, como ha dicho la Sala, el contexto situacional que motiva la presente acción de tutela no es simplemente el de una universidad que, por primera vez, se apresta a decidir cuál ha de ser su sistema de selección de aspirantes. Más bien, la Sala está ante un caso en el cual un ente universitario, que tenía diseñado un modelo de asignación de cupos, en el cual se contemplaban unos cupos especiales para personas pertenecientes a comunidades indígenas, y venía desarrollándolo, decidió suprimirlo de un momento a otro y sin implementar una alternativa similar en su lugar. La pregunta que debe resolver la Sala, entonces, es si un ente universitario viola el derecho a la igualdad en el acceso a la educación de los miembros de un pueblo indígena, por haber suprimido los cupos especiales de acceso al sistema, que había dispuesto para los miembros de las comunidades indígenas, sin ofrecerle otra opción.

    Cuando las universidades dan un paso para remediar desigualdades reales, no pueden dar marcha atrás sin poner ningún equivalente funcional en su lugar, a menos que lo justifiquen de forma suficiente

19. Empero, lo anterior no es incompatible con otra conclusión: el desmonte de una decisión como la de la Universidad Industrial de Santander, encaminada como estaba a remediar desigualdades reales de los miembros indígenas, por la vía de adoptar acciones afirmativas, incide en los derechos fundamentales de estos últimos. Para empezar, incide en su derecho fundamental a la igualdad. Se trataría de una limitación del derecho a la igualdad, en su faceta específica de derecho a la “adop[ción de m]edidas a favor de grupos discriminados o marginados” (art. 13, C.P), pues –como lo ha reconocido esta Corte- los miembros de los pueblos indígenas han sido marginados históricamente.[43]

20. En efecto, de acuerdo con lo que ha señalado la Corporación, por ejemplo en la sentencia T-703 de 2008,[44] la disposición de cupos especiales a favor de minorías indígenas contribuye a garantizar la igualdad real dentro de la sociedad. En esa ocasión, la Corte decidía si a una persona podía serle rechazada su aspiración de acceder a un cupo especial universitario para miembros de comunidades indígenas, bajo el argumento de que no pertenecía a ningún pueblo indígena porque no se encontraba registrado en el censo que de esa población lleva el Gobierno Nacional. Pero, a la Corporación le correspondía resolver, antes de eso, si resultaba de acuerdo con la Constitución el establecimiento de un sistema de acceso con cupos especiales para miembros de comunidades indígenas. Y dijo, al respecto:

    “la Corte ha previsto que el mérito académico no es un criterio exclusivo en la selección de los estudiantes y que el establecimiento de condiciones especiales de ingreso, para personas pertenecientes a grupos poblacionales tradicionalmente marginados o discriminados, resulta constitucionalmente aceptable.[45] Por esta razón los cupos especiales o cuotas, han sido constitucionalmente admitidos como concreción de un tipo de acción afirmativa permitida por la Constitución, la cual se inspira en una concepción sustantiva del principio de igualdad.

    En concordancia con lo anterior, esta Corporación ha sostenido que cuando una universidad destina un porcentaje de sus cupos a miembros de comunidades indígenas, no vulnera el derecho a la igualdad de los demás aspirantes, en tanto dicha medida persigue el logro de una igualdad real y efectiva, a favor de grupos tradicionalmente discriminados o marginados (artículo 13 de la C.. Por tanto, la Corte prevé que con ello se “(…) recoge el singular tratamiento consagrado por parte del Estado a favor de la diversidad étnica cultural, el cual lejos de ser violatorio del artículo 13 de la Constitución Política, se ajusta a la misma, porque teleológicamente su búsqueda es la igualdad real -en favor de regiones marginadas y discriminadas de la patria- y en pro del enriquecimiento cultural de la Nación Colombiana.”[46]

    Así las cosas, el desmantelamiento de una medida de esa naturaleza, si no es reemplazada por otra que cumpla una función equivalente, implica una intervención en el derecho a la igualdad de los miembros de las comunidades indígenas, pues los mantiene en la secular situación de marginamiento social.

21. Por otra parte, la derogación del sistema de cupos supone una intromisión en el derecho a la confianza legítima de los miembros de pueblos indígenas. El derecho a la confianza legítima se deduce razonablemente de una interpretación sistemática de la Constitución, en la cual se toman como referentes normativos el principio de buena fe (art. 83, C. y el fin de la seguridad jurídica (art. 2, C..[47] De acuerdo con el entendimiento que le ha dado la Corte a la confianza legítima, se trata de un principio con raigambre constitucional que, entre otros efectos, tiene el de prohibirles a las autoridades públicas “contravenir sus actuaciones precedentes y [d]efraudar las expectativas que generan en los demás, a la vez que compelen a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico”.[48] Dado que, en este caso, la Universidad Industrial de Santander contravino sus actuaciones precedentes, en tanto derogó un sistema de cupos especiales que favorecía a los miembros de comunidades indígenas, para no poner ningún modelo funcionalmente semejante en su lugar, interfirió en el derecho al respeto de sus expectativas legítimas.

22. Con todo, la interferencia en ninguno de estos dos derechos fundamentales es una razón suficiente para considerar que se ha violado la Constitución. Si se toma como ejemplo la confianza legítima, puede verse que según lo ha señalado la Corte, entre otras, en la sentencia C-478 de 1998, es posible en determinadas circunstancias que la frustración de una expectativa de comportamiento legítimamente contraída no degenere en una violación del derecho fundamental, si se respetan ciertas condiciones, en función del caso.[49] Así, a la persona que se ha forjado con razones objetivas la expectativa de que un marco regulativo va a perdurar un tiempo sin alteraciones sensibles, y ha proyectado sus actuaciones futuras en función de esa normatividad, el cambio súbito de la misma puede no violar su derecho a la confianza legítima, aunque sin duda conmueva de manera relevante su situación, si el Estado le proporciona tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación.[50]

23. No basta, entonces, con advertir que una medida ha interferido en los derechos fundamentales de una persona o un grupo de personas con intereses en común para que pueda considerarse inconstitucional. Es preciso, además, que esa medida resulte desproporcionada.[51] Y esto es precisamente lo que ocurre en este caso, la UIS derogó los cupos especiales para miembros de pueblos indígenas, sin implementar ninguna otra acción afirmativa en su lugar, con lo cual interfirió, como se dijo, en derechos fundamentales de los tutelantes por ser miembros de un pueblo indígena. Pretendió la entidad justificar la derogación de los cupos especiales en que se trataba de una medida inconstitucional, y debía enderezar el camino para garantizar la constitucionalidad del sistema de acceso a los cupos universitarios. Dijo que, en su interpretación, la Corte había dicho, por ejemplo en la sentencia T-002 de 1994, que las universidades no tienen la facultad –pues se los prohíbe la Constitución- para disponer sistemas de cupos especiales a favor de minorías étnicas. Para demostrarlo citó un fragmento de la mencionada providencia, en el cual se dijo que:

    “[l]a garantía de acceso al sistema educativo no consiste, pues, en que todo aspirante deba ser admitido, ni en la ausencia de criterios de selección, sino en la posibilidad de llegar a ser aceptado en igualdad de condiciones con los demás aspirantes y dentro de las reglas de juego predeterminadas por el mismo establecimiento.

    En el fondo, estamos ante un desarrollo especial del principio de igualdad plasmado en el artículo 13 de la Carta, que incorpora un derecho fundamental de todas las personas a gozar del mismo trato y protección, de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

24. De ese fragmento, la Universidad dedujo que para la Corte Constitucional “todo aquel que aspire a acceder al servicio público de educación superior oficial, en principio, deberá cumplir con por lo menos dos requisitos: a) someterse a los criterios de selección en iguales condiciones de los demás aspirantes; b) aceptar las reglas de juego impuestas por el establecimiento educativo que ofrezca el servicio, en el entendido de que éstas no pueden contener discriminaciones injustificadas por raza, sexo, religión, entre otras”.[52]

25. A juicio de la Corte, esta finalidad es perfectamente aceptable desde una perspectiva constitucional. Se trata de garantizar el acceso igualitario a las instituciones de educación superior por la vía de darle predominancia, por no decir absoluta prelación, al mérito académico de los aspirantes. La Corte Constitucional ha dicho, en muy diversas ocasiones, y como se señaló en precedencia, que la selección de los aspirantes en función del mérito académico es una garantía del acceso igualitario a la educación superior y que, por tanto, debe ser el rector de cualquier sistema de ingreso. Así lo dijo, entre otros, en la sentencia T-642 de 2004:[53]

    “9.- La igualdad de acceso a la que se hace referencia, consiste en el derecho de toda persona interesada en la adjudicación de un cupo en un establecimiento educativo a acceder en igualdad de condiciones al proceso de selección de los beneficiarios, y a que la distribución de los cupos se realice acatando los procedimientos establecidos[54]. Esto, en armonía con los Pactos internacionales y con la Constitución Política, reitera la Sala, debe corresponder al criterio de mérito académico”.

26. Sin embargo, el medio escogido por la Universidad no es adecuado para garantizar ese propósito. Porque cuando se trata de poner a los miembros de minorías étnicas a competir en estricta igualdad de condiciones formales con los demás, se acaba es por poner a los primeros en una situación de desigualdad, al no tomar en cuenta un hecho sumamente relevante como es la desigualdad en el punto de partida –la realidad-. Desigualdad en el punto de partida que se aprecia, en primer término, en que pertenecen a un grupo –como el de las comunidades indígenas- secularmente marginado de la educación superior y, en segundo término, en que hacen parte de culturas diferentes de la del resto de los colombianos, particularmente en materia de lengua, religión y costumbres. Estas dos diferencias tienen la suficiente fuerza como para producir una variación en los resultados del test indicador de méritos académicos, pues inciden fuertemente en la comprensión de los problemas y en el ofrecimiento de soluciones. Por tanto, si bien las universidades pueden no adoptar un sistema en específico para garantizar la inclusión real de los miembros de pueblos indígenas en la educación superior, resulta injustificado suprimirlo, y no poner nada en su reemplazo que pretenda cumplir funciones equivalentes, bajo el pretexto de que con la supresión del programa se va a garantizar la igualdad, pues por el contrario se está es obrando en contra de ese derecho.

27. Esto no puede interpretarse, porque sería descontextualizar el argumento de la Corte, en el sentido de que las instituciones universitarias deben asumir determinadas acciones afirmativas. Ciertamente, suprimir cualquier rastro de acciones afirmativas de los programas diseñados para determinar el acceso a los cupos universitarios, y a cambio no instituir ninguna opción, es violatorio de la igualdad en el acceso y de la confianza legítima de los interesados, cuando se hace bajo el propósito de garantizar la igualdad en el acceso. Pero, eso no significa que en cualquier hipótesis la supresión de un sistema de cupos especiales sea contraria a la Constitución. Por tanto, si la Corte decide que a los tutelantes se les han violado sus derechos fundamentales, no es tanto porque la Universidad Industrial de Santander haya optado por derogar su programa de cupos especiales para minorías indígenas, sino porque lo hizo con una justificación constitucionalmente insuficiente.

28. Así las cosas, la Sala procederá a revocar la sentencia del diez (10) de julio de dos mil nueve (2009) de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la del veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009), proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B.. En su lugar, tutelará el derecho fundamental a la educación de S.M.C., L.D.S.C., E.Y.M., D.C.M., E.P.M., F.J.M., Y.A.C., G.M.C., A.C.C.C., O.A.J.M. y E.I.C.H.. Por consiguiente, le ordenará a la Universidad Industrial de Santander, que inaplique para el caso de los tutelantes la normatividad que derogó el sistema de cupos especiales y, en consecuencia, los tenga en cuenta para el próximo ciclo de admisión a la institución educativa de acuerdo con la reglamentación que contemplaba los cupos especiales, sin perjuicio del derecho a la educación de los demás estudiantes que, de conformidad con lo expresado por la Universidad, hayan sido admitidos por el sistema especial de cupos. Además, advertirle a la Universidad Industrial de Santander que en ejercicio de su autonomía universitaria, tiene la libertad de decidir si suprime el sistema de cupos especiales, condicionada a que implemente otras medidas de protección, similares al sistema de cupos especiales en su impacto y cobertura.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,