Sentencia de Tutela nº 176/20 de Corte Constitucional, 11 de Junio de 2020

1. Le corresponde a la S. decidir los 3 casos acumulados de la referencia, en los que los accionantes cuestionan la terminación de sus contratos de trabajo, a pesar de que sus cónyuges o compañeras permanentes se encontraban en estado de gestación. Para facilitar su estudio, de manera separada, se describen los antecedentes de cada uno.

2. E.A.M.R. suscribió un contrato de trabajo a término fijo, inferior a un año, con COLSANITAS S.A, para desempeñarse como analista de cartera junior desde el 5 de febrero de 2018 hasta el 4 de julio del mismo año[1].

3. El 5 de diciembre 2018, las partes convinieron modificar el tipo de vinculación del accionante a “contrato laboral a término indefinido”. Según se indica en el expediente, este último entró en vigencia el 2 de diciembre de 2018[2].

4. El 21 de marzo de 2019, la compañera permanente del señor M., A.N.C., se realizó prueba de embarazo, que arrojó resultado positivo. Presuntamente, esta situación fue puesta en conocimiento de la jefa inmediata del tutelante, A.M.C.C.[3].

5. Según manifestó el accionante, era la señora C. quien autorizaba sus permisos para asistir a los controles y cursos prenatales programados por la EPS Compensar, en la que era cotizante y su compañera beneficiaria[4].

6. El 25 de julio de 2019, COLSANITAS S.A. le comunicó al accionante la terminación de su contrato laboral a término indefinido. El señor M. se negó a firmar la recepción del documento y solicitó que se reconsiderara la decisión, en atención al estado de gestación de su compañera permanente[5].

7. El 1 de agosto de 2019[6], E.M. presentó acción de tutela en contra de COLSANITAS S.A., por considerar que la accionada vulneró su derecho a la estabilidad reforzada, a la salud en conexidad con la vida, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, así como los derechos de su hijo que estaba por nacer. Según mencionó, “el solo hecho de la terminación de la vinculación laboral y no continuidad del contrato laboral, en [su] condición de vulnerabilidad, pone en riego [sus] derechos de estirpe constitucional, los de [su] compañera permanente y de su hijo que está por nacer. […] No [sic] sin antes advertir la proximidad de la fecha de parto […]”[7].

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se ampararan sus derechos y, en consecuencia, se ordenara a COLSANITAS S.A. su reintegro al mismo cargo, o a uno igual que estuviera disponible. También solicitó el pago de los aportes en seguridad social, salud, pensión, riesgos profesionales y salarios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta que se efectuara el reintegro[8].

9. El 8 de agosto de 2019[9], COLSANITAS S.A. solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto “la terminación del contrato de trabajo se dio con fundamento en una justa causa legal”. Asimismo, manifestó que el 2 de agosto de 2019, la empresa se comunicó con el señor M. y le indicó que, “al no existir reporte o información en tal sentido [es decir, con relación al embarazo de su compañera], la empresa no tenía forma alguna de conocer datos nuevos […] personales y familiares […]”[10].

10. Además, le informó: “[…] tampoco es cierto que [el accionante] alguna vez [hubiera] solicitado permisos para asistir a controles o cursos programados por la EPS compensar a la cual se encuentra afiliado, basta con revisar las pruebas por él aportadas para identificar que ninguna conduce a probar su dicho […]”[11]

11. Finalmente, puso de presente que COLSANITAS S.A. “desconocía la supuesta condición de padre cabeza de familia, situación que nunca había sido puesta en conocimiento durante la vigencia del contrato de trabajo, lo cual conlleva […] a determinar que no se materializa en ningún sentido una vulneración de los derechos fundamentales por parte de [su] representada”[12].

12. Sentencia de primera instancia[13]. El 11 de agosto de 2019, el Juzgado 60 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela, al no satisfacer el requisito de subsidiariedad[14]. Asimismo, puso de presente que, al momento de la decisión, el accionante se encontraba activo en el régimen contributivo de seguridad social, y que,

    “[…] se comprobó que no se configura el perjuicio irremediable para que se estimara por parte de E.A.M. REYES necesario y urgente acudir de manera excepcional a la presente acción constitucional para salvaguardar los derechos presuntamente vulnerados y [el hecho de que no había] acudido a otra autoridad en busca de garantizar los mismos. Esto [cuando sus derechos ya estaban amparados como] se demuestra […] en la página de […] ADRES, donde a la fecha tanto él como su compañera permanente registran en estado activo al régimen contributivo en calidad de cotizante y beneficiaria respectivamente, con lo que se garantizan los derechos a la salud y a la seguridad social”[15].

13. Respecto de los derechos a la vida digna, mínimo vital y debido proceso, consideró que no se hallaba suficientemente probado su desconocimiento, por no haber referido el accionante ninguna condición de urgencia, gravedad, inminencia e inmediatez que exigiera su protección, a pesar de que era suya la carga de la prueba[16].

14. Impugnación[17]. El 30 de agosto de 2019, el accionante impugnó la decisión. Manifestó que él y su compañera permanente seguían apareciendo como activos en el Sistema General de Seguridad Social, debido a que existía un “tiempo de gracia de un mes posterior a la fecha del despido”[18]. De igual forma, manifestó que su compañera permanente se encontraba en “[…] estado de vulnerabilidad y desprotección […], ya que en los meses siguientes no [tendrán] la garantía de poder sufragar los gastos médicos del parto y pos parto […]”[19].

15. Sentencia de segunda instancia. El 7 de octubre de 2019, el juzgado 20 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia[20]. Consideró que, aunque el accionante acreditó la existencia de una unión marital de hecho con la señora A.N.C., quien, presuntamente, dependía económicamente de él y se encontraba afiliada en calidad de beneficiaria suya, “no hay claridad sobre que dichas circunstancia fueran conocidas por la accionada”, sino hasta después de la terminación del contrato[21]. Además, señaló:

    “si bien, actualmente el menor no tendría afiliación activa a la EPS, tal circunstancia por sí mismo no constituye un perjuicio irremediable, pues bien puede acudir a su afiliación a través del régimen subsidiado. […] siendo ello así, no puede pretenderse que la tutela sea considerada como el mecanismo idóneo para garantizar el reintegro de todos los trabajadores que han sido despedidos de su cargo, máxime, cuando es la controversia surgida entre accionante y accionada, la que no permite la solución por esta vía, caso en el cual el actor debe acudir ante el juez natural a dirimir el asunto”[22].

16. Según se indica en la acción de tutela, L.C.L.Á. trabajó durante 7 años en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya –Q.– mediante diferentes formas de contratación[23]. Según informó, su última vinculación fue por intermedio de Soluciones Efectivas Temporal S.A.S (en adelante S.S.), mediante un contrato de obra o labor celebrado el 2 de enero de 2018[24].

17. El 31 de agosto de 2019[25], la empresa temporal le informó al tutelante acerca de su despido. El accionante se abstuvo de firmar la comunicación contentiva, al alegar el estado de gravidez de su compañera permanente. Se indicó en la acción que la condición de gravidez de su compañera la había informado con antelación, de manera verbal, a S.S., y a sus compañeros de trabajo del Hospital Sagrado Corazón de Jesús[26].

18. El 5 de septiembre del mismo año, el tutelante presentó derecho de petición ante el Hospital y S.S., en el que solicitó se le respetara la estabilidad laboral reforzada o, al menos, se diera constancia de la autorización de la inspección de trabajo para su despido[27]. El 8 de octubre del mismo año, su solicitud fue rechazada.

19. Manifestó el accionante que su núcleo familiar está compuesto por la señora C.P.V. (su compañera, ama de casa), su hijo S.L.V. (menor de edad) y el hijo que está por nacer[28], quienes dependen económicamente de él[29]. De igual forma resaltó que era una persona de escasos recursos, sin vivienda propia, con deudas de arrendamiento[30] y sin ningún apoyo económico adicional, por lo que esperar a un proceso ordinario lesionaría gravemente sus derechos[31].

20. El 10 de octubre de 2019[32], el señor L.C.L.Á. presentó acción de tutela en contra de S.S. y del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, por considerar que habían vulnerado sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad social, a la protección de la maternidad, a la vida en gestación, a la unidad familiar y a la igualdad e interés superior del menor. Según indicó, “el empleador no agotó el permiso de despido ante el MINISTERIO DEL TRABAJO, ello deja ver como el despido se torna ineficaz, [sic] además a la fecha el empleador se ha hecho el desentendido con mi situación y no me ha reintegrado a mi labor, vulnerándome así el fuero a la estabilidad laboral reforzada […]”[33].

21. Con fundamento en lo anterior, solicitó el reintegro al cargo que desempeñaba como conductor de ambulancia en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya. De igual forma, solicitó que se condenara a S.S. al pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde su retiro hasta que efectivamente fuese vinculado. Finalmente, solicitó se ordenara a S.S. se le afiliara al Sistema de Seguridad Social y a pagar la indemnización de 60 días por despido ineficaz[34].

22. El 10 de octubre de 2019, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya admitió la acción de tutela contra S.S. y el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. También vinculó a la Oficina de Trabajo de Armenia –Q.–[35].

23. El 15 de octubre del mismo año, el Ministerio de Trabajo indicó que “no les constan los hechos […] por no tener ningún vínculo jurídico ni de otra índole con la accionante”. Asimismo, manifestó que la tutela “debe declararse improcedente en relación con la dirección territorial por falta de legitimación por pasiva, toda vez […que] no existen obligaciones ni derechos recíprocos de índole laboral […]”[36].

24. El 16 de octubre de 2019, el Hospital Sagrado Corazón de Jesús manifestó que “en ningún momento ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, toda vez que [este] en ningún momento ha sido contratista o empleado de la ESE [puesto que] era la Cooperativa o Asociación o Empresa de Servicios Temporales quien seleccionaba el personal y lo enviaba”. Por tanto, solicitó al juez de instancia que declarara que respecto del hospital no existía legitimación por pasiva[37].

25. Finalmente, el 19 de octubre de ese año, S.S. manifestó que “No es cierto que el accionante haya informado a la empresa del estado de embarazo de su compañera […] tanto así que, ni siquiera la señora aparece como BENEFICIARIA EN EL SISTEMA DE SALUD, requisito primordial para la aplicación de la protección constitucional que fue extendida a los trabajadores [...]”[38]. Así, al no conocer la condición de embarazo de la compañera, la accionada no requería solicitar autorización para la terminación del contrato, razón por la cual manifestó no haber vulnerado derecho alguno del trabajador[39].

26. Sentencia de única instancia[40]. El 25 de octubre de 2019, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya –Q.– desvinculó al Ministerio de Trabajo y negó el amparo. Consideró que no se acreditaban “los presupuestos para la procedencia de la acción de tutela, y tampoco de los requisitos para acceder a la protección en sede de tutela de estabilidad laboral reforzada a la maternidad extendida, no sólo por la inexistencia de dependencia, por parte de la madre gestante, en cuanto a la afiliación al sistema de salud del cónyuge trabajador, sino también porque el derecho fundamental a la salud de ella y del hijo que está por nacer o ya ha nacido nunca se han visto conculcados al tener la protección estatal del régimen subsidiado […]”. En consecuencia, “[…] ante la falta de acreditación de un perjuicio irremediable, [manifestó que] esa es una tarea que deberá abordar la jurisdicción ordinaria laboral […]”[41].

27. La sentencia no fue impugnada.

28. El señor L.A.O. trabajó como conductor/cobrador para Metropolitana de Transportes La Carolina S.A.S. (en adelante Transportes La Carolina), desde el 6 de junio de 2012 hasta el 19 de septiembre de 2019[42].

29. El 18 de septiembre de 2019, Transportes La Carolina le comunicó su despido[43].

30. Afirmó que el despido se dio sin que mediara la autorización del inspector del trabajo, como lo contempla la Ley 361 de 1997, a pesar del estado de gestación de su compañera, situación que había puesto en conocimiento de su empleador[44].

31. El accionante indicó ser cabeza de familia, puesto que dependían de él sus dos hijos menores de edad y su esposa, quien, por las condiciones de riesgo del embarazo no podía trabajar, además de que era beneficiaria suya en la EPS Sura[45].

32. El 25 de septiembre de 2019, el señor L.A.O. presentó acción de tutela en contra de Transportes La Carolina, por considerar que había vulnerado sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo vital.

33. Consideró que su despido había sido “arbitrario”, pues se dio “sin que mediara la autorización de la oficina de trabajo por [la] condición de embarazo [de su cónyuge], [lo que daba lugar a que esta quedara desprotegida] del sistema de salud […] lo que sin lugar a dudas hace procedente la protección de los derechos fundamentales”[46].

34. Con fundamento en lo anterior, pidió:

    “tutelar los derechos fundamentales invocados, y en consecuencia ORDENAR a la empresa LA CAROLINA S.A.S., el REINTEGRO inmediato al cargo que venía ocupando; CANCELAR los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento del retiro hasta la fecha que se materialice el reintegro; CANCELAR el equivalente a 180 días de salarios por concepto de indemnización por despido sin autorización previa de la autoridad competente, de conformidad con la ley 361 de 1997”[47].

35. El Juzgado 19 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Barranquilla –Atlántico– admitió la tutela contra Transportes La Carolina. Vinculó al Ministerio de Trabajo – Oficina de trabajo de la Dirección Territorial de Atlántico[48].

36. El 30 de septiembre de 2019, Transportes La Carolina solicitó que se declarara improcedente la tutela “porque si bien se hace extensiva la prerrogativa de no terminación del contrato de la mujer embarazada al compañero o esposo, así mismo se le hace extensiva la invocación contemplada en norma […] a estimar que la protección opera cuando se ha puesto de manifiesto al empleador por escrito, la condición del embarazo de su compañera”[49].

37. La Oficina de trabajo de la Dirección Territorial de Atlántico guardó silencio frente a la situación del accionante[50].

38. Sentencia de primera instancia[51]. El 10 de octubre, el Juzgado 19 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Barranquilla –Atlántico– concedió el amparo. El Juzgado encontró probado, “que la señora K.P.A.B., compañera permanente del accionante se encuentra en estado de gestación y gravidez; figura como su beneficiaria ante SURA EPS; y depende económicamente pues no se encuentra laborando […]”[52]. Por tanto, precisó que “el señor L.A.O., goza del fuero de estabilidad laboral reforzada en razón del embarazo de su compañera permanente”[53]. Respecto del “conocimiento del estado de embarazo de la cónyuge por parte del empleador”, el juez de instancia indicó:

    “[aunque] el accionante manifiesta que sí informó de manera verbal el embarazo de su compañera permanente, no pudo probar que efectivamente el empleador tenía conocimiento de este; las circunstancias que señala el accionante para dar por cierto que la empresa estaba enterada del estado de gravidez de su compañera, no encuadra dentro de los requisitos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia SU 075 de 2018 […]”[54].

39. En consecuencia, ordenó a la accionada que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, reintegrara al señor O. al cargo de conductor/cobrador. Respecto de las demás pretensiones manifestó que, al no haberse probado el conocimiento del estado de gravidez de la cónyuge del accionante por parte del empleador, no accedería a ellas[55].

40. Impugnación. El 16 de octubre de 2019, Transportes La Carolina impugnó. Indicó que no se había acreditado que el accionante le hubiere informado del estado de embarazo de su compañera. Además, indicó que, “la verdadera causa del despido al señor OSPINO [sic] fue una violación al reglamento interno de la empresa […] cuando en forma arbitraria se apropió de dineros que no le correspondían aun a sabiendas que no era suyo como los [sic] manifestó en los descargos realizados”[56].

41. Sentencia de segunda instancia. El 23 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Barranquilla revocó el fallo por improcedente y, en su lugar, declaró improcedente el amparo[57]. Mencionó que:

    “resulta primordial para efectos de amparar por vía de tutela el fuero de maternidad y ordenar el reintegro, el cual se hace extensivo a hombres, que se acredite que el empleador tuvo conocimiento, previo a la terminación de la relación laboral que la compañera del trabajador se encontraba en estado de gestación, lo cual, se itera, no ocurre en el presente caso en la medida que L.A.O.E. no acreditó, siquiera sumariamente, que efectivamente comunicó a sus empleadores que su compañera estaba embarazada”[58].

42. A partir de lo dicho, concluyó: “el caso concreto aquí planteado resulta ajeno al trámite de tutela, teniendo a su alcance el accionante otras vías judiciales […] para ventilar su inconformidad frente a las decisiones acatadas en este procedimiento constitucional que considera violatorias de sus derechos, sin que se avizore perjuicio irremediable […]”[59].

43. La S. de Selección Número 12 –integrada por los magistrados L.G.G.P. y A.R.R.– escogió para revisión el expediente T-7.706.184, con fundamento en el criterio “asunto novedoso”. Al presentar unidad de materia con los expedientes T-7.728.758, y T-7.738.894, el 16 de diciembre del mismo año, la S. de Selección Número 12 ordenó su acumulación para que fueran decididos en una única providencia.

44. Se requirió al señor E.A.M.R. para que informara sobre las fuentes económicas que, desde el 25 de julio de 2019, le habían servido de sustento a él y su familia. Además, se solicitó que indicara si desempeñaba alguna actividad laboral o económica, y si contaba con vivienda propia. También se le pidió que describiera la composición de su núcleo familiar y la actividad laboral de la señora A.N.C.. Por último, se le solicitó informar a partir de qué fecha había incluido a su compañera en el sistema de Seguridad Social en Salud, si notificó a su empleador de dicha inclusión, y si este último tuvo conocimiento del estado de gestación de su compañera.

45. Asimismo, se ordenó a Colsanitas S.A. remitir copia de la hoja de vida, los formularios de afiliación, los reportes y novedades relacionados con la afiliación del señor E.A.M.R. y su núcleo familiar al Sistema de Seguridad Social en Salud. Además, se le requirió que informara si a E.A.M. le fueron concedidos permisos para ausentarse de su puesto de trabajo, como consecuencia del estado de gestación de su compañera, y si le fue pagada su liquidación final de prestaciones sociales y vacaciones.

46. También se requirió al señor L.C.L.Á. para que informara sobre la composición de su núcleo familiar y las fuentes económicas que, desde el 31 de agosto de 2019, le habían servido de sustento a él y su familia. Además, se le solicitó que indicara si él o su compañera desempeñaban alguna actividad económica y si contaban con vivienda propia. De igual forma, se le solicitó que informara si su compañera se encontraba reportada como su beneficiaria en el sistema de Seguridad Social en Salud. Igualmente, se le solicitó informar: (i) si había notificado a su empleador del estado de gestación de su compañera, (ii) si este tuvo conocimiento del embarazo y (iii) si se le había pagado la correspondiente liquidación final de prestaciones sociales y vacaciones.

47. Se requirió a Soluciones Efectivas Temporal S.A.S. y al Hospital Sagrado Corazón de Jesús para que remitieran copia de la hoja de vida, los formularios de afiliación, los reportes y novedades relacionados con la afiliación del señor L.C., e informaran si le fueron concedidos permisos para ausentarse del trabajo como consecuencia del estado de gestación de su compañera. Igualmente, se les solicitó informar si al accionante se le había pagado la liquidación final de prestaciones sociales y vacaciones. También se les solicitó que informaran si habían tenido conocimiento del estado de gestación de la señora C.P.V.. Finalmente, se les solicitó que aportaran el contrato de prestación de servicios suscrito entre Soluciones Efectivas Temporal S.A.S. y el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, así como las pruebas acerca de la culminación de la obra o labor para la cual fue contratado el accionante o la extinción del objeto del contrato.

48. Al señor L.A.O. se le requirió para que brindara información acerca de la composición de su núcleo familiar y las fuentes económicas que, desde el 19 de septiembre de 2019, le habían servido de sustento a él y su familia hasta la actualidad. Además, se le solicitó que indicara si él o su compañera desempeñaban alguna actividad laboral y si contaban o no con vivienda propia. También se le pidió informar si: (i) le comunicó a Transportes La Carolina S.A.S. del estado de gestación de su compañera, (ii) si la empresa tuvo conocimiento del citado estado y (iii) si durante el periodo de gestación, la señora K.P.A. era su beneficiaria en el Sistema de Seguridad Social en Salud.

49. Finalmente, se requirió a Transportes La Carolina S.A.S. para que informara si tenía conocimiento del estado de gestación de la compañera del señor O. y si, por ese hecho, le fueron concedidos permisos para ausentarse de su labor. También se le pidió remitir copia de la hoja de vida, los formularios de afiliación, los reportes y novedades relacionadas con la afiliación del señor O. al Sistema de Seguridad Social en Salud. Por último, se le requirió para que informara si había pagado al accionante la liquidación final de las prestaciones sociales y vacaciones.

    4.2 Pruebas aportadas al proceso

50. El 12 de febrero de 2020, la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. dio respuesta al requerimiento efectuado por esta S.. Indicó que: (i) no tenían conocimiento de que el señor M. tuviera compañera, (ii) la señora C. no autorizó permisos al señor M. para asistir a controles y cursos prenatales, (iii) no tuvo conocimiento del estado de gestación de la señora A.N.C., y (v) efectivamente pagó al accionante la liquidación de la totalidad de las prestaciones sociales, incluidas vacaciones e indemnización por despido. Asimismo, allegó la documentación requerida por el despacho.

51. El 10 de febrero de 2020, el señor L.C.L.Á. dio respuesta a los requerimientos, e informó: (i) que su compañera permanente, la señora C.P.V., era ama de casa y no laboraba en ninguna empresa, por lo que, tanto ella como su hijo de dos años dependían económicamente de él; (ii) que él era una persona de escasos recursos, que en razón de su edad, había tenido dificultades para conseguir otro trabajo, (iii) que no tenía vivienda propia ni contaba con algún apoyo económico adicional, por lo que a la fecha tenía deudas por concepto de arrendamiento, y (iv) que había informado a su empleador por todos los medios posibles sobre el estado de gestación de su compañera P..

52. El 12 de febrero de 2020, Soluciones Efectivas Temporal S.A.S. manifestó que: (i) el accionante no le informó acerca de la situación de embarazo de su compañera, (ii) ignoraba la existencia de la relación de pareja del tutelante, máxime cuando en los formularios de contratación y de beneficiarios de seguridad social únicamente figuraba su madre D.L., y (iii) aunque el accionante hubiere informado de la situación a sus compañeros del Hospital, lo cierto es que al ser S.S. una empresa de servicios temporales independiente, no le podían ser oponibles las informaciones que el accionante hubiere brindado a terceros. Por último, Soluciones Efectivas S.A.S. aportó la documentación requerida mediante el auto del 4 de febrero de 2020.

53. Mediante comunicaciones de los días 10 y 18 de febrero de 2020, la Directora de Gestión Humana de Metropolitana de Transportes Carolina, indicó que: (i) no se había acreditado que el accionante le hubiere informado del estado de embarazo de su compañera, (ii) la causa del despido fue una violación al reglamento interno de la empresa, por cuanto este se había apropiado de dineros, de manera indebida. Aportó los documentos solicitados por el despacho y el acta de descargos efectuada al accionante.

54. El 21 de febrero de 2020, el Asesor de la Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio del Trabajo informó que en las bases de datos de la entidad no existía información relacionada con el señor E.M..

55. Por último, en oficio del 11 de marzo de 2020, la Gerente del Hospital Sagrado Corazón de Jesús informó que: (i) el señor L.Á. no tenia relación laboral alguna con el Hospital y que, en cualquier caso, (ii) el Hospital no tuvo conocimiento del estado de gestación de la compañera del accionante.

56. El señor L.A.O. guardó silencio ante el requerimiento del Despacho.

57. La S. Primera de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en los trámites de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

58. Esta S. de Revisión debe valorar si las acciones de tutela sub examine cumplen con los requisitos de procedibilidad. En caso de que los satisfagan, debe formular y resolver el problema jurídico sustancial que se derive.

59. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional son requisitos de procedencia de la acción de tutela los de: legitimación en la causa (por activa y por pasiva), inmediatez y subsidiariedad.

60. En el presente asunto se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa en todos los casos acumulados[60], por cuanto la tutela fue interpuesta por los señores E.A.M.R., L.C.L.Á. y L.A.O.E., respectivamente, todos ellos titulares de los derechos presuntamente vulnerados como consecuencia de la terminación de sus correspondientes vínculos laborales.

61. En cuanto a la legitimación por pasiva, el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[61] reconoce la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares. En este caso, la acción resulta procedente para reclamar a las sociedades y entidad promotora de servicios de salud la garantía de los derechos fundamentales que se estiman amenazados con ocasión de las conductas activas y omisivas que se les atribuyen, al acreditarse una situación de subordinación, como consecuencia de las relaciones laborales que los unen.

62. En relación con el expediente T-7.706.184, la S. encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de COLSANITAS S.A.[62], al ser la empleadora del accionante y a quien este le imputa la vulneración de sus derechos fundamentales, al dar por terminado de manera ilegítima su contrato laboral a término indefinido[63].

63. En cuanto al expediente T-7.738.894, se acredita legitimación en la causa por pasiva de Transportes La Carolina S.A., a la que el accionante atribuye la presunta violación de sus derechos fundamentales, por haber terminado la relación laboral en la que se desempeñaba como conductor/cobrador[64].

64. Por último, en el caso del expediente T-7.728.758, esta S. encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de Soluciones S.A.S, por ser la entidad con la cual el señor L.C.L.Á. suscribió el contrato de trabajo por obra o labor que se dio por terminado el 31 de agosto de 2019, y a quien este le imputa la vulneración de sus derechos fundamentales[65]. Sin embargo, en el presente asunto, el Hospital Sagrado Corazón de Jesús carece de legitimación por pasiva por las siguientes razones: en primer lugar, no se acredita que entre el Hospital y el accionante hubiese existido vínculo laboral alguno, ya que era la empresa de Servicios S.S. la que seleccionaba el personal y lo enviaba en misión al citado hospital. En segundo lugar, el accionante fue contratado para trabajar en labores extrañas a las actividades normales y conexas al objeto del hospital[66]. Finalmente, la decisión de despido fue tomada de manera unilateral por S.S., sin que se verificara participación alguna del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Así las cosas, por lo menos en sede de tutela, este no tendría el deber de responder de manera solidaria por las pretensiones del tutelante[67], pues sería eventualmente responsabilidad exclusiva de S.S.

65. Las acciones de tutela satisfacen la exigencia de inmediatez[68]. La S. constata que la solicitud de amparo en todos los casos se ejerció de manera oportuna, toda vez que entre el presunto hecho generador de la vulneración de los derechos fundamentales y la presentación de las acciones transcurrió un término razonable, en ningún caso superior a dos meses. En el expediente T-7.706.184, COLSANITAS S.A. comunicó la terminación del contrato al señor E.M. el día 25 de julio de 2019, y el 1 de agosto del mismo año este presentó la acción de tutela[69]. En el caso del expediente T-7.728.758, S.S. informó de la terminación del contrato el 31 de agosto de 2019 y el accionante interpuso la tutela el 10 de octubre del mismo año[70]. Finalmente, en el caso del expediente T-7.738.894, a L.O. le fue comunicado el retiro definitivo de la empresa el 19 de septiembre de 2019 y el día 25 del mismo mes y año presentó la solicitud de amparo[71].

66. Según disponen los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, que solo procede cuando el solicitante no dispone de otro mecanismo de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales, salvo que se acredite un supuesto de perjuicio irremediable de “naturaleza ius fundamental”[72]. En tales términos, es deber del juez constitucional verificar, de un lado, la existencia de un medio de defensa judicial, idóneo y eficaz, para resolver la controversia y, de otro, en caso de que exista, que se acredite un perjuicio irremediable.

67. Por tanto, se debe (i) determinar si los actores contaban con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. De ser así, (ii) valorar su idoneidad y eficacia, en atención a sus circunstancias particulares y, en caso de que se estime eficaz, (iii) valorar si se acredita un supuesto de perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procedería como mecanismo transitorio.

68. Primero, el proceso ordinario laboral es el mecanismo judicial diseñado por el legislador para dirimir los conflictos jurídicos originados directa o indirectamente en el contrato de trabajo[73]. Por tanto, al ser la terminación de la relación laboral la presunta causa de la violación de los derechos de los accionantes en los casos bajo examen, es esta la vía procesal adecuada para resolver los conflictos existentes entre ellos y sus empleadores.

69. Segundo, este recurso es el mecanismo prima facie idóneo y eficaz para tramitar las pretensiones planteadas por los accionantes, por cuanto, de una parte, está diseñado para exigir el reintegro, el pago de los emolumentos dejados de percibir, los aportes al Sistema de Seguridad Social y la indemnización prevista por la Ley 361 de 1997. De otra, por cuanto corresponde al juez laboral asumir la dirección del proceso mediante la adopción de “las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, [así como] la agilidad y rapidez en su trámite”[74].

70. No obstante, como se mencionó, a pesar de la existencia de aquella vía procesal, la jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la tutela como mecanismo transitorio, cuando un sujeto de especial protección o en circunstancias de debilidad manifiesta se encuentra en una situación de riesgo frente a la posible configuración de un perjuicio irremediable, con ocasión de la terminación de su vínculo laboral[75]. Por tanto, le corresponde a esta S. valorar si las circunstancias particulares en las que se encontraban los accionantes constituían “una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales que les imponen los medios ordinarios de defensa judicial”[76]. Esto es, si, en concreto, les era exigible o no el deber de acudir al proceso ordinario laboral para reclamar la protección de sus intereses[77].

71. Si bien la condición de madres gestantes de las esposas o compañeras de los accionantes es una condición necesaria para acceder a la estabilidad laboral reforzada que se pretende, esta no es suficiente per se para dar por superado el requisito de subsidiariedad. Para que esta exigencia constitucional se supere, se debe acreditar, (i) si, efectivamente, los accionantes son prima facie titulares de dicha estabilidad, y (ii) si el mecanismo judicial de que disponen para la protección de sus derechos fundamentales es ineficaz en concreto, dado el riesgo de configuración de un perjuicio irremediable[78] “atendiendo las circunstancias en que se encuentr[an]”[79].

72. En el presente caso no se satisface el carácter subsidiario de la acción de tutela como mecanismo transitorio, dado que las circunstancias relacionadas con: (i) la pertenencia o no de cada accionante a un grupo de especial protección constitucional, (ii) la situación socioeconómica de sus núcleos familiares y (iii) las condiciones de atención en salud de estos permiten inferir que los accionantes se encontraban en la posibilidad de garantizar por sí mismos sus condiciones básicas y dignas de existencia y, a la par, acudir ante la jurisdicción ordinaria con el fin de que allí se resolvieran sus pretensiones. En suma, en ninguno de los expedientes acumulados se acreditó la configuración de un supuesto de riesgo de perjuicio irremediable, como se precisa a continuación.

73. En los casos acumulados, la pertenencia a un grupo de especial protección constitucional supone determinar si los accionantes se encuentran cobijados prima facie por la figura de “estabilidad laboral reforzada a pareja de mujer embarazada o lactante no trabajadora” (en adelante “estabilidad reforzada” o “fuero”)[80]. Esto es, i) si el accionante era cónyuge o compañero permanente de una mujer gestante o lactante; ii) si esta era beneficiaria de aquel en el sistema de seguridad social[81] y iii) si el empleador tuvo conocimiento o no del embarazo al momento de la terminación de la relación laboral del accionante[82]. De no acreditarse la concurrencia de estas condiciones, no habría lugar a la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada, y, en consecuencia, la vía jurisdiccional ordinaria sería la adecuada para proteger sus derechos.

74. En los casos acumulados, a pesar de que en todos se acredita la primera condición[83] no se acreditan las dos restantes o alguna de ellas.

75. Con relación a la segunda exigencia, en el caso del expediente T-7.706.184 la compañera del señor E.M. se encuentra afiliada a la EPS Compensar en calidad de beneficiaria, desde el 6 de abril de 2019[84]. De igual forma, en el expediente T-7.738.894, se acredita la calidad de beneficiaria de la señora K.P.A., cónyuge del señor L.A.O., en la EPS SURA[85]. Por el contrario, en el caso del expediente T-7.728.758, la compañera permanente del señor L.C.L.Á. se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud por medio de la a la EPS Asmet salud como “cabeza de familia”, desde el 14 de noviembre de 2002[86]. Sumado a ello, en este último caso, en el formulario de ingreso a la empresa, particularmente en el aparte de beneficiarios en salud, el accionante únicamente incluyó como beneficiaria a su madre D.L.[87]. Por tal motivo, no se encuentra acreditado en este último caso el cumplimiento de la segunda exigencia a que se hizo referencia supra.

76. Con relación a la tercera exigencia, en ninguno de los dos expedientes que se acreditaron las 2 condiciones anteriores (T-7.706.184 y T-7.738.894), se verifica que el empleador conociera la condición de embarazo de la cónyuge o compañera permanente de los accionantes al momento en que se terminaron sus vínculos laborales. Esta condición, en todo caso, tampoco se acredita en el expediente T-7.728.758.

77. De un lado, en el caso del expediente T-7.706.184, el señor E.M. alegó que la empresa tenía conocimiento del embarazo de su compañera, por haber sido su jefa inmediata quien le otorgaba los permisos para los controles y cursos prenatales[88], para lo cual aportó las listas de asistencia a dichas actividades.

78. En la contestación, la entidad accionada manifestó que el señor M. no había pedido permisos relacionados con citas médicas o con controles prenatales, y que tampoco había efectuado ningún trámite al interior de la empresa para que se realizaran modificaciones en sus datos personales o familiares, razón por la cual era imposible que hubiese conocido la situación de embarazo de la compañera permanente de este[89].

79. Para la S., en atención al precedente de unificación en la materia[90], del material probatorio aportado al proceso no se deriva información o elementos suficientes para acreditar, bajo la lógica y la experiencia, que efectivamente el accionante hubiere dado aviso al empleador o, en su defecto, afirmaciones o pruebas que permitieran contradecir los documentos allegados por la entidad accionada de los que se infiere, razonablemente, el desconocimiento de la situación objeto de controversia. Por tanto, no se encuentra probado el cumplimiento del requisito bajo examen.

80. De otro lado, en relación con el expediente T-7.738.894, el accionante manifestó haber informado por todos los medios posibles del embarazo de su cónyuge a su empleador. A pesar de esta afirmación genérica que se hace en el escrito de tutela, no obra en el expediente ninguna prueba que lo demuestre. Por el contrario, la empresa accionada, además de aportar el documento de descargos en el cual el accionante reconoció su responsabilidad en los hechos que dieron lugar a su despido, reiteró que la “causa del despido […] fue la violación al reglamento interno de la empresa [… al haberse apropiado el accionante] de dineros que no le correspondían […]”[91]. De igual forma, reiteró que solo conoció de la situación de embarazo de la cónyuge del tutelante después de haberse efectuado el despido con justa causa.

81. Así las cosas, al no acreditarse el oportuno aviso al empleador y, por el contrario, confirmarse prima facie una justa causa para terminar el vínculo laboral, que no puede considerarse discriminatoria, no se acredita la tercera exigencia a que se hizo referencia supra[92].

82. Finalmente, a pesar de que en el expediente T-7.728.758 no se acreditó la segunda exigencia, la relativa a la calidad de beneficiaria de la compañera permanente del accionante, tal como seguidamente se precisa, tampoco se acredita la tercera condición del análisis. En relación con esta, el accionante manifestó que una vez conoció de la situación de embarazo de su compañera, lo informó de manera verbal a su empleador. De igual forma, mencionó haber compartido la noticia con sus compañeros de trabajo en el Hospital Sagrado Corazón, tal como lo confirmó el señor L.G.[93].

83. Por el contrario, S.S. manifestó que el accionante no le informó acerca de la situación de embarazo de su compañera, además de que ignoraba la existencia de la relación de pareja del tutelante, máxime que en los formularios de contratación y de beneficiarios de seguridad social únicamente figuraba su madre D.L.[94]. Asimismo, indicó que si bien pudo ser cierto que el accionante hubiere informado la situación a sus compañeros del Hospital, lo cierto es que al ser S.S. una empresa de servicios temporales independiente, y por tanto, verdadero empleador, no le podían ser oponibles las informaciones que el accionante hubiere brindado a terceros[95].

84. A partir de estos elementos probatorios no es posible inferir que el empleador hubiese conocido de la situación de embarazo de la compañera permanente del accionante. En primer lugar, a partir del relato del tutelante, no es posible inferir que S.S. hubiese podido razonablemente conocer esta circunstancia, máxime que su labor la desempeñaba el accionante en las instalaciones del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. En segundo lugar, el hecho de que los compañeros de trabajo en este último sitio tuvieran conocimiento del estado de gestación de la compañera del accionante no indica que la empresa empleadora también lo tuviera. En tercer lugar, no existe ningún documento o elemento probatorio adicional que permita acreditar que el tutelante hubiere puesto en conocimiento de S.S. el estado de embarazo de su compañera permanente, de manera previa a la terminación de su contrato de trabajo.

85. En suma, en ninguno de los casos se acreditó el conocimiento del empleador acerca del estado de gestación de las compañeras o cónyuges de los accionantes al momento del despido, con independencia de que se hubiere aducido o no una justa causa. Además, en uno de tales casos tampoco se acreditó la exigencia de que la compañera permanente fuere beneficiaria en el sistema de seguridad social del trabajador. Por tanto, ninguno de los accionantes puede considerarse amparado en el supuesto de especial protección constitucional denominado “estabilidad laboral reforzada a pareja de mujer embarazada o lactante no trabajadora”, que se reconoció en la sentencia C-005 de 2017[96].

86. Ahora bien, seguidamente le corresponde a esta S. valorar la situación socioeconómica de cada núcleo familiar, con el fin de constatar si se encontraban en una situación de alto riesgo que les hubiere imposibilitado a los accionantes garantizar por sí mismos sus condiciones básicas y dignas de existencia y, a la par, acudir ante la jurisdicción ordinaria con el fin de que allí se resolvieran sus pretensiones.

87. De los hechos presentados en el expediente T-7.706.184, es dable inferir que, como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo que tuvo lugar el 25 de julio de 2019, el mínimo vital del accionante pudo haberse afectado. No obstante, como consta en las pruebas allegadas por COLSANITAS S.A, dicha entidad pagó la liquidación de la totalidad de las prestaciones sociales[97], incluidas vacaciones e indemnización por despido, recursos económicos que le pudieron permitir al accionante atender sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar.

88. Asimismo, se tiene probado que el señor E.M. estuvo afiliado a la EPS Compensar en el régimen contributivo hasta el 29 de febrero de 2020, de lo que se infiere que 7 meses después de haberse terminado su relación laboral, el accionante contaba con ingresos suficientes para garantizar por sí mismo sus condiciones básicas y dignas de existencia y las de su familia[98]. Sumado a esto, el accionante reporta un puntaje SISBEN III[99] de 62.65[100], lo cual demuestra que sus condiciones de vida superan, en más del doble, los requeridos por ser beneficiario de los programas sociales del Estado, diseñados para personas en situación de pobreza[101].

89. Por último, también es cierto que, según lo informó la accionada, el señor M. tenía derecho, de manera adicional, a acceder a un subsidio de desempleo dosificable, que en todo caso podría llegar a corresponder a un salario mínimo durante 6 meses, con su correspondiente afiliación al sistema de seguridad social por cuenta de su caja de compensación, según lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013[102].

90. Por estas razones, en este caso, la S. encuentra que el señor M. y su núcleo familiar no se encontraban en una situación de alto riesgo que les hubiere imposibilitado garantizar por sí mismos sus condiciones básicas y dignas de existencia y, a la par, acudir ante la jurisdicción ordinaria con el fin de que allí se resolvieran sus pretensiones.

91. En el caso del expediente T-7.728.758, según se desprende de la información allegada por el accionante, los meses siguientes a la terminación de su contrato pudo subsanar las deudas derivadas del arrendamiento de su hogar y de los servicios públicos con los recursos que obtuvo del pago de su último salario y de la liquidación efectuada por la empresa[103]. Por su parte, al igual que en el caso anterior, el accionante registra un puntaje SISBEN III de 64.65[104] que, como se mencionó, supera los puntajes requeridos para ser beneficiario de los programas sociales del Estado, diseñados para personas en condición de pobreza.

92. Si bien, según indicó el accionante, para el momento en que presentó la acción de tutela no había podido encontrar otro trabajo, además de estar inactivo en el régimen contributivo de seguridad social desde octubre del año 2019, no es posible inferir que, a raíz de esto, existiera un riesgo para que lograra satisfacer por sí mismo sus condiciones de existencia, y, a la par, hubiere podido acudir ante la jurisdicción ordinaria con el fin de que allí se resolvieran sus pretensiones.

93. Por último, en lo relacionado con el expediente T-7.738.894, si bien es cierto que con la terminación del contrato por justa causa pudo afectarse la posibilidad autónoma para que el tutelante se garantizara su mínimo vital, lo cierto es que al igual que en los casos anteriores, el accionante recibió la liquidación de todas sus prestaciones sociales, vacaciones, primas e intereses de cesantías[105], lo que por un tiempo razonable pudo permitirle satisfacer sus necesidades básicas, hasta tanto supliera su medio de generación de ingresos. Sumado a ello, en la actualidad el accionante tiene la condición de cotizante al régimen contributivo de salud, lo que denota que tiene autonomía suficiente para garantizar sus condiciones básicas de vida, al igual que las de su familia. Por último, el accionante se encuentra registrado en el SISBEN III con un puntaje de 71.11[106], de lo que se sigue que no existe una situación apremiante de riesgo socioeconómico, que le hubiere impedido acudir ante la jurisdicción ordinaria con el fin de que allí se resolvieran sus pretensiones.

94. Finalmente, esta S. advierte que los actores no se encontraban expuestos a un riesgo mayor de afectación de sus derechos fundamentales, por no acreditarse una situación fiable e inminente de acaecimiento de un perjuicio irremediable, según se explica a continuación:

95. Como quedó demostrado, E.M. (expediente T-7.706.184) continuó su afiliación como cotizante al régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social hasta febrero de 2020, sistema en el que figura como beneficiaria su compañera permanente. Es decir, hasta un momento reciente, ambos tenían amparada la prestación del servicio de salud, por medio del régimen contributivo, por lo cual no existía ningún presunto riesgo sobre sus derechos, incluidos los del hijo que estaba por nacer.

96. Con independencia de esto, es preciso reiterar que de conformidad con el artículo 43 de la Constitución, el Estado tiene el deber de poner a disposición de las madres gestantes o lactantes en situación de desempleo una serie de programas y beneficios, como el subsidio alimentario previsto en el artículo 166 de la Ley 100 de 1993, y el pago de las de prestaciones económicas referidas a: “(i) las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social; (ii) el reconocimiento de la cuota monetaria del subsidio familiar; y (iii) la entrega de los bonos de alimentación”[107]. Así, el sistema jurídico colombiano garantiza la protección especial de las mujeres gestantes y lactantes que estén en el régimen contributivo o subsidiado e, incluso, de aquellas que sin estar afiliadas a ninguno de estos regímenes, deben ser atendidas junto con sus hijos[108].

97. En el caso del señor L.C.L.Á. (T-7.728.758), si bien su afiliación al Sistema de Seguridad Social en el régimen contributivo terminó en octubre del año 2019, esto no obsta para considerar que su derecho a la salud no se encuentre actualmente protegido por medio del régimen subsidiado. Asimismo, tal y como quedó consignado en los acápites anteriores, la compañera permanente del accionante se encuentra registrada como “cabeza de hogar” en la EPS Asmet salud desde hace varios años, por lo que su salud y la del menor han estado en todo momento amparadas sin que exista riesgo alguno.

98. Por último, en lo relacionado con el caso del señor L.O. (T-7.738.894), desde enero de 2019 el accionante se encuentra afiliado a la EPS y medicina prepagada SURA, y son beneficiarios suyos su esposa e hijo. Por esta razón, es posible afirmar que sus derechos y los de su familia no se encuentran en riesgo fiable e inminente de acaecimiento de un perjuicio irremediable.

99. En suma, la S. advierte que los accionantes no se encuentran expuestos a un riesgo mayor de afectación de sus derechos fundamentales, por no acreditarse una situación fiable e inminente de acaecimiento de un perjuicio irremediable. En efecto, los tutelantes pueden garantizar su subsistencia y la de sus familias y, a su vez, lograr la resolución de fondo de sus pretensiones ante la jurisdicción ordinaria laboral. Por tal motivo, esta S. declarará improcedentes las tutelas presentadas en los expedientes acumulados, por cuanto no se logró acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, al haberse demostrado que i) la jurisdicción ordinaria laboral es una vía idónea y eficaz para resolver las pretensiones, y ii) no haberse acreditado la existencia de presunto perjuicio irremediable.

100. En sesión del 17 de abril de 2020, mediante Auto 121, la S. Plena de la Corte Constitucional autorizó a las salas de revisión para levantar la suspensión de términos judiciales en asuntos concretos sometidos a su consideración, en atención a los siguientes criterios: (i) la urgencia de adoptar una decisión dirigida a la protección de los derechos fundamentales; (ii) la importancia nacional que revista el caso y (iii) la posibilidad material de que el asunto pueda ser tramitado y decidido de forma compatible con las condiciones actuales de aislamiento social obligatorio, sin que ello implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o a las autoridades concernidas.

101. A juicio de la S., en el asunto de la referencia es procedente levantar la suspensión de términos dado que, aunque no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable en ninguno de los casos acumulados, los accionantes deben tener la oportunidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, lo antes posible, para que se resuelvan sus pretensiones de manera definitiva y lograr así la protección de sus derechos. Esta actuación, por tanto, no supone la imposición de cargas desproporcionadas a las partes en el proceso de tutela o a las autoridades concernidas en el trámite, y es compatible con las condiciones actuales del aislamiento.

102. Los señores E.A.M.R., L.C.L.Á. y L.A.O.E. interpusieron acciones de tutela en contra de COLSANITAS S.A., S.S. y Metropolitana de Transporte La Carolina S.A.S. Alegaron la presunta vulneración de sus derechos a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital, como consecuencia de la terminación de la relación laboral por parte de sus empleadores. Manifestaron que los accionados habrían desconocido la obligación de solicitar autorización para sus despidos a la inspección de trabajo, por estar amparados por la figura de “estabilidad laboral reforzada a compañero permanente o cónyuge de mujer embarazada”, en los términos de la sentencia C-005 de 2017.

103. La S. declaró improcedentes las acciones de tutela, ya que no acreditaron la exigencia constitucional de subsidiaridad. De una parte, los accionantes contaban con la jurisdicción ordinaria laboral como medio idóneo y eficaz para la garantía de sus pretensiones. De otra parte, no se acreditó un supuesto de perjuicio irremediable, pues los accionantes no eran titulares de la pretendida garantía a la estabilidad laboral reforzada, ni sus condiciones socioeconómicas ni de salud, como tampoco las de sus núcleos familiares, les impedían o dificultaban acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral. Particularmente, respecto de la primera exigencia, la valoración efectuada fue la siguiente:

Requisitos jurisprudenciales de la garantía a la estabilidad laboral reforzada para parejas de mujer embarazada o lactante no trabajadora y acreditación en los casos acumulados, de conformidad con la sentencia C-005 de 2017[109]

Requisito 1. El accionante debe acreditar la calidad de cónyuge o compañero permanente de una mujer gestante o lactante.

Se acreditó en los 3 casos acumulados.

Requisito 2. La madre gestante debe ser beneficiaria del tutelante en el sistema de seguridad social.

Solo se acreditó en 2 de los 3 casos acumulados: acciones de tutela interpuestas por E.A.M.R. y L.A.O.E..

Requisito 3. El empleador ha debido conocer la situación de embarazo de la cónyuge o compañera permanente del tutelante al momento de la terminación de la relación laboral

No se acreditó en ninguno de los 3 casos acumulados.

En mérito de lo expuesto, la S. Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,