Sentencia de Constitucionalidad nº 436/11 de Corte Constitucional, Mayo 25, 2011

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RESUMEN

Ley 1395 de 2010. Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9º, que adicionó un parágrafo al artículo 124 del código de procedimiento civil. El artículo acusado regula los términos para dictar resoluciones judiciales, fija los plazos máximos para dictar sentencia en primera y segunda instancia y; establece el... (ver resumen completo)

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C-436-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-436/11

Referencia: expediente D-8230

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9° de la ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, que adicionó un parágrafo al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil

Demandante: Víctor David Lemus Chois

Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

  1.       ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política , el ciudadano Víctor David Lemus Chois demandó la totalidad del artículo 9° de la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, que adicionó un parágrafo al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil .

Mediante Auto del dos (02) de septiembre de dos mil diez (2010), el Magistrado Sustanciador decidió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia, ordenó además comunicar el proceso al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacional, Externado de Colombia y del Rosario, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la constitucionalidad de la disposición acusada.

De igual forma, en la mencionada providencia se solicitó a la Secretaría General del Senado de la República remitir, con destino al proceso, copia del expediente legislativo que contiene los antecedentes del proyecto de ley que, posteriormente, se convirtió en la Ley 1395 de 2010.

Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. 

II.      TEXTO DE LA NORMA ACUSADA

A continuación se transcribe el texto del artículo 9° de la Ley 1395 de 2010, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 47.768, de 12 de julio de 2010.

“LEY 1395 DE 2010

(julio 12)

“Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.”

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:

(…)

ARTÍCULO 9o Se adiciona el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil con el siguiente parágrafo:

PARÁGRAFO. En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal.

Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al Juez o Magistrado que le sigue en turno, quien proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos (2) meses. Sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá asignar el proceso a otro Juez o Magistrado si lo considera pertinente. El Juez o Magistrado que recibe el proceso deberá informar a la misma Corporación la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará a un juez itinerante o al de un municipio o circuito cercano que señale la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Para la observancia de los términos señalados en el presente parágrafo, el Juez o Magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

(...)”.

  1. LA DEMANDA

    1. Normas constitucionales que se consideran infringidas

      El demandante estima que la disposición objeto de censura constitucional contenida en la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, contraviene lo dispuesto en los artículos 13, 29, 150, 158, y 228 de la Constitución Política .

    2.   Fundamentos de la demanda

      2.1. En actor comienza por señalar que el artículo 9° de la Ley 1395 de 2010 contraría abiertamente el principio de igualdad, toda vez que los términos allí establecidos para efectos de proferir sentencia en primera y en segunda instancia, como medida tendiente a descongestionar la administración de justicia, se aplican únicamente a los procesos judiciales iniciados a partir de su entrada en vigencia, desconociendo los derechos de los ciudadanos que promovieron procesos con anterioridad a su expedición y que actualmente se encuentran a la espera de una decisión definitiva. Ello, en su sentir, conduce necesariamente a que, en el afán de fallar los asuntos cuya competencia se encuentra sometida a los términos previstos en la citada norma, los jueces descuiden o dejen de lado los procesos que se encuentran en trámite y respecto de los cuales no se aplica la disposición demandada, siendo éstos los primeros llamados a beneficiarse de las medidas de descongestión adoptadas. 

      2.2. Adicionalmente, pone de presente que la norma acusada también desconoce el principio de unidad de materia, pues el parágrafo que se adiciona al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil no guarda relación de conexidad con la materia regulada en dicha disposición, pues este último establece términos para dictar resoluciones judiciales, mientras que la norma demandada contempla “plazos de orden administrativo”, cuyo desconocimiento acarrea una sanción –pérdida de competencia–, que en nada se asimilan a los términos propios de los procesos judiciales. En esa medida, estima que “si el legislador consideró que la descongestión judicial se reduce a un asunto represivo, debió, por lo menos, regular la materia en una norma distinta a la del artículo 124 del CPC”.

      2.3. Por otro lado, el actor alude a la clasificación doctrinaria de los procesos judiciales, para significar con ello que la norma objeto de censura vulnera también las formas propias o especiales de cada juicio, pues se entiende aplicable a todo tipo de procesos sin distinción alguna, desconociendo los preceptos normativos que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que han de surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas. Lo anterior, en su criterio, es el resultado de una potestad legislativa ejercida de manera arbitraria, es decir, por fuera de los límites que impone la Constitución Política .

      2.4. Argumenta, igualmente, que el artículo 9° de la Ley 1395 de 2010, al disponer un límite temporal para dictar sentencia de primera y de segunda instancia, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, quebranta el derecho fundamental al debido proceso, en tanto que, no se interrumpen los términos para la práctica de pruebas y ello lleva a que los jueces se abstengan de continuar o culminar la etapa probatoria para proceder a tramitar las etapas subsiguientes del juicio, en aras de cumplir fielmente con el término que establece la norma.

      2.5. Por último, estima que la norma censurada introduce en el ordenamiento jurídico una medida desproporcionada que en nada soluciona la problemática de congestión del aparato jurisdiccional, pues lo único que promueve es un “carrusel de expedientes” que termina perjudicando a los funcionarios judiciales y a quienes acceden a la administración de justicia.

      En efecto, advierte que si al vencerse el término de un (1) año o de seis (6) meses, según el caso, el funcionario encargado pierde automáticamente competencia para seguir conociendo del proceso, se crea un trámite adicional consistente en trasladar el expediente a un nuevo funcionario que, a su vez, conoce de otros procesos judiciales, para que en un término de dos (2) meses profiera el fallo. Si el proceso todavía se encuentra en etapa de pruebas, es muy probable que dicho término no pueda cumplirse, lo cual implica que se siga la misma regla fijada por la norma acusada y, entonces, dicho funcionario también pierda la competencia para seguir tramitando el asunto, quedando el proceso en  un “limbo jurídico”.

      Desde esa perspectiva, concluye el actor que la norma objeto de cuestionamiento no contiene medidas eficaces para descongestionar el aparato judicial sino que, por el contrario, promueve un “trasteo” de congestión de despacho en despacho, pues el juez o magistrado que recibe el proceso no solo tiene la obligación de fallarlo en el plazo fijado en la norma, sino que, además, debe proferir sentencia en otros asuntos cuyo conocimiento le había sido asignado con anterioridad. 

  2. INTERVENCIONES

    1. Ministerio del Interior y de Justicia

      Mediante escrito oportunamente allegado a esta Corporación, Ana Beatriz Castelblanco, obrando en representación del Ministerio del Interior y de Justicia, intervino en el trámite de la presente acción con el propósito de solicitarle a esta Corporación que se declarare inhibida para hacer un pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados en la demanda, en virtud de la ineptitud sustantiva que emerge de la misma....

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