Sentencia de Constitucionalidad nº 651/11 de Corte Constitucional, 7 de Septiembre de 2011

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RESUMEN

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 442 (parcial) de la ley 906 de 2004. Por la cual se expide el código de procedimiento penal. El aparte acusado es el siguiente: “…y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes”. Los actores consideran que la norma acusada vulnera los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la constitución política, así como el artículo 14.1... (ver resumen completo)

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C-651-11 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-651/11

Referencia: expediente D-8412

Actores: Mauricio Pava Lugo y Jacobo Alejandro González Cortés.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 442 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Magistrada Ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil once (2011).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Mauricio Pava Lugo y Jacobo Alejandro González Cortés demandaron el artículo 442 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Mediante Auto del 23 de febrero de 2011, la demanda fue admitida y se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Colombiana de Juristas, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 244 de la Constitución Política y los artículos 7, 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

II. NORMAS DEMANDADAS

El texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.658, del 1 de septiembre de 2004, es el siguiente (en negrillas y subrayas):

“LEY 906 DE 2004[1]

(agosto 31)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

 […]

ARTÍCULO 442. PETICIÓN DE ABSOLUCIÓN PERENTORIA. Terminada la práctica de las pruebas, el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamentó la acusación, y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes.”

III. LA DEMANDA

  1. Normas constitucionales que se consideran infringidas

    Los actores consideran que el aparte demandado del artículo 442 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, vulnera los artículos 2 y 228 (administración de justicia como función pública), 13 (igualdad), 29 (derecho de defensa) y 229 (acceso a la administración de justicia) de la Constitución Política , así como el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[2] y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[3]

  2. Fundamentos de la demanda

    El argumento central de la acusación de inconstitucionalidad se basa en que el artículo 442 parcialmente demandado, restringe los derechos de las víctimas a ser oídas por el juez, puesto que les impide intervenir y pronunciarse sobre la petición de absolución que realice la Fiscalía o el defensor y les niega la posibilidad de tomar parte para ejercer su derecho de oposición y contradicción, derivando como consecuencia de ello, en el desconocimiento de sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

    Después de realizar un recuento pormenorizado de las garantías reconocidas por el legislador a las víctimas en desarrollo de sus derechos  a la verdad, justicia y reparación, los accionantes aducen que los mismos argumentos sobre los que la Corte ha fundamentado la inexequibilidad de la improcedencia de presentar recursos contra la decisión que resuelve sobre la procedibilidad del principio de oportunidad o sobre la solicitud de preclusión presentada por el Fiscal, son predicables respecto de la imposibilidad de pronunciarse respecto a una eventual absolución perentoria, cuyos graves efectos inciden de manera directa sobre los derechos de las víctimas.

    A continuación, los ciudadanos demandantes con base en la doctrina nacional y en algunos apartes de la jurisprudencia constitucional, realizan un recuento de la caracterización del procedimiento penal y de la evolución de la figura de la víctima, actualmente dotada de numerosas e importantes facultades pre-procesales, para ilustrar la relevancia de su participación activa, y concluir que la norma cuestionada contradice la línea jurisprudencial vigente sobre la protección de los derechos de las víctimas y le resta eficacia a los derechos que el ordenamiento jurídico les ha reconocido. Reiteran que no se puede permitir que frente a una solicitud tan trascendental como lo es la petición absolutoria, se le impida a la víctima ser oída, pues ésta tiene derecho a oponerse y a promover que la determinación en este sentido sea controlada.

    Señalan que si bien la norma demandada establece que la absolución procede cuando los hechos sean ostensiblemente atípicos, y podría pensarse que se trata de una causal objetiva, los actores estiman que ello no es razón para no oír a la víctima, en primer lugar, porque aún sobre causales objetivas, por ejemplo, cuando se archiva una indagación, la víctima tiene oportunidad de intervenir ante el juez de garantías para que controle la decisión (C-1154 de 2005); y en segundo lugar, porque el derecho penal establece varias clases de atipicidad (objetiva, subjetiva, absoluta y relativa) sobre las que existe una inmensa posibilidad de discusión.

    Los accionantes consideran, en consecuencia, que es contrario a la Carta que el artículo 442 de la Ley 906 de 2004 imponga frente a la solicitud de absolución perentoria, que el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes, en tanto desconoce los derechos que la Constitución le ha reconocido a las víctimas del delito, que han sido reconocidos por la Corte Constitucional y que implican, en este caso, el desconocimiento de la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas,  inclusive cuando se trate de hechos atípicos porque deja a las víctimas sin la posibilidad de aportar elementos nuevos al proceso y hacer valer sus pretensiones (artículos 2, 228 y 229 CP ); la igualdad de trato a los ciudadanos dentro del proceso penal a efectos de que puedan controvertir cualquier decisión judicial, garantía que debe ser de aplicación inmediata puesto que le permite a las víctimas hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez (artículos 13 CP y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); y el derecho de defensa en la medida que se les niega la oportunidad de controvertir una decisión judicial que pone fin a un proceso a fin de hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación (artículos 29 CP y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

IV. INTERVENCIONES

  1. Misterio del Interior y de Justicia

    El Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corporación abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan.

    Anota el Ministerio, que las pretensiones de los demandantes desconocen la función que la Constitución otorga a la Fiscalía General de la Nación y pretenden dispensar a la víctima un rol en el proceso, que no atiende la naturaleza del nuevo procedimiento penal, según la cual la controversia se produce entre el imputado y la Fiscalía, como encargada de la persecución del delito, y no entre el imputado y la víctima. En este sentido, no resulta procedente adscribirle a las víctimas una facultad que ninguna de las partes o intervinientes tiene, como en efecto lo es, el ser escuchadas por el juez antes de decidir la solicitud de absolución perentoria, sobre todo si se tiene en cuenta que las víctimas han tenido múltiples oportunidades de ser oídas durante el proceso.

    Para el Ministerio, el cargo por violación del derecho a la igualdad no cumple con los requisitos de certeza y especificidad exigidos por la jurisprudencia constitucional para generar un pronunciamiento de fondo, por un lado, porque los demandantes parten de una equiparación plena entre la víctima y el acusado como protagonistas del proceso, que no tiene sustento en la jurisprudencia que citan, no exponen las razones por las cuales no hay justificación para el trato diferenciado, ni dan cuente de por qué el mismo, en caso de existir, resulta inconstitucional; y por el otro, porque la exclusión de la oportunidad de ser oídos por el juez antes de que se resuelva la petición de absolución perentoria, opera frente a todos los sujetos que pueden participar en el proceso por igual, partes e intervinientes, de manera que el cargo formulado por los actores resulta de una proposición que no ha sido suministrada por el legislador, sino de una deducida incorrectamente por los mismos.

    El Ministerio encuentra la norma ajustada a la Carta, en tanto la víctima como el interviniente pueden participar y ejercer sus derechos en las etapas de la investigación y el juicio, sin convertirse en parte de conformidad con la sentencia C-209 de 2007 proferida por esta Corporación.

  2. Defensoría del Pueblo

    La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de la norma demandada.

    En el sentir de la interviniente, se está  ante una medida desproporcionada que compromete en materia grave los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, puesto que la decisión de absolución perentoria, al igual que las decisiones de archivo de las diligencias y preclusión de la investigación, reguladas en los artículos 79 y 333 de la Ley 906 de 2004...

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