Sentencia de Tutela nº 628/08 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2008

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RESUMEN

Derecho al debido proceso de persona contra quien la empresa libro mandamiento de pago dentro de proceso de cobro coactivo por concepto de unas facturas impagadas, sin tener en cuenta que las mismas habian sido objetadas dentro de un proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, y que no se habia agotado debidamente la via gubernativa; ademas, por cuanto el acuerdo de pago al que... (ver resumen completo)

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Sentencia T-628/08

Expediente T-1'824.572

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Sentencia T-628/08

Referencia: expediente T-1'824.572

Peticionario: Rafael Antonio Torregroza Jiménez

Procedencia: Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá

Magistrado Ponente:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil ocho (2008)

La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, ha proferido esta

SENTENCIA

en la revisión del fallo adoptado por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso de tutela iniciado por Rafael Antonio Torregroza Jiménez en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-.

I. ANTECEDENTES

  1. La demanda

    La apoderada judicial del peticionario expone así los hechos de la demanda.

    1. El 13 de octubre de 2006 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó al demandante que dentro del proceso de cobro coactivo de unas facturas impagadas por valor de $3'355.598 había librado mandamiento de pago en contra de Ana María Torregroza Jiménez. El demandante es apoderado general de Ana María Torregroza.

    2. Las facturas correspondientes fueron demandadas en acción de nulidad y reestablecimiento del derecho.

    3. El 12 de diciembre de 2006 se presentaron excepciones al mandamiento de pago dentro del proceso de cobro coactivo. Como excepción se propuso la prejudicialidad contencioso administrativa, derivada de la acción de nulidad y restablecimiento precitada.

    4. Las sumas objeto de cobro estaban siendo discutidas en la vía gubernativa, porque mediante fallo de tutela interpuesto contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se había reabierto dicha opción. La tutela declaró improcedente la segunda instancia, luego de lo cual se agotó la vía en sede administrativa, y quedó ejecutoriada la resolución SSPD-20078150018245 del 14 de febrero de 2007.

    5. No obstante lo anterior, la empresa inició el proceso de cobro coactivo mediante acto administrativo del 2 de noviembre de 2006, sin que se hubiera agotado la vía gubernativa y presionó el pago abusando de su posición dominante, al emitir las facturas de junio 2006 a enero de 2007 y al dictar orden de suspensión del servicio de agua.

    6. El 15 de febrero de 2007 hubo acuerdo de pago entre el actor y la empresa de acueducto, acuerdo que la primera considera viciado de nulidad por haberse realizado bajo fuerza, movida por la suspensión del servicio de agua.

    7. El 13 de abril de 2007 el juez administrativo resolvió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

    8. El 13 de junio de 2007 Rafael Torregroza presentó incidente de nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de cobro coactivo.

    9. El 21 de junio de 2007 la empresa da respuesta al memorial de excepciones presentado por el apoderado de Ana María Torregroza señalando que la normativa no contempla la prejudicialidad como excepción. La empresa ordenó seguir adelante con la ejecución, ordena la liquidación y dispone el remate de los bienes, además de condenar en costas a la parte ejecutada.

    10. La apoderada judicial del demandante radicó recurso de reposición junto con incidente de nulidad el 3 de julio de 2007. De dichos escritos no se dio respuesta, a pesar de estar dentro del término de ejecutoria y que la notificación no fue hecha.

    11. El 11 de octubre de 2007 la empresa da contestación al incidente de nulidad presentado por el apoderado de la ejecutada, que constituye otra vía de hecho porque contiene varios errores.

  2. Petición y fundamentos

    La apoderada judicial de la demandante considera que la empresa tardó casi seis meses en responder el escrito de excepciones, por lo que vulneró el debido proceso. Adicionalmente, que el acuerdo de pago a que se llegó con EAAB suspendía el proceso de cobro coactivo e impedía fallar las excepciones y el incidente de nulidad. Así lo imponían también el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 823 a 840 del Estatuto Tributario , al indicar que la existencia de un proceso judicial suspende el proceso de cobro coactivo.

    Para la parte accionante, la EAAB tenía la obligación de suspender el proceso de cobro coactivo por expreso mandato legal, mientras se resolvía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sostiene que ese fallo tiene fecha 13 de abril de 2007 y que la empresa tenía un mes para resolver el escrito de excepciones presentado el 12 de diciembre de 2006, pero lo hizo el 21 de junio de 2007. Y como la empresa siguió adelante con el cobro, a pesar de la existencia del acuerdo de pago, solicita la nulidad de lo actuado en el proceso coactivo.

    Sostiene que la tutela es procedente porque la misma es viable cuando no hay ningún examen probatorio, o cuando se ignoran las pruebas aportadas o se niega el derecho a pedir pruebas, hechos que se verificaron en este expediente.

    Como medida cautelar, solicita la suspensión del proceso de cobro coactivo mientras se resuelve la tutela. Como solicitud principal, pide que se ordene a la EAAB anule el proceso de cobro coactivo y se devuelvan los dineros pagados en la financiación del proceso.

  3. Sentencia de primera instancia

    Ante el silencio de la EAAB, en providencia del 27 de noviembre de 2007 el Juzgado 55 Civil Municipal de Bogotá denegó las pretensiones de la demanda.

    A juicio del despacho, la tutela no es mecanismo idóneo para controvertir un acto cuya legalidad ha sido analizada en la jurisdicción contencioso administrativa. Sostiene que la administración actuó sujetándose a los lineamientos legales en materia del proceso de ejecución coactiva, pues procedió a cobrar una deuda que había incurrido en mora, garantizó el derecho de defensa de la parte ejecutada, permitió la interposición de los recursos a que hubo lugar, que fueron resueltos en forma definitiva, agotándose la vía gubernativa.

    En torno a la prejudicialidad administrativa, que se adujo para suspender el proceso de cobro coactivo, observa que la circunstancia de no haberse resuelto a su favor no vulnera su derecho pues, según las copias de la actuación, la misma se surtió con las ritualidades del caso, notificándose cada decisión y advirtiéndose sobre los recursos procedentes.

    En cuanto a la legalidad del cobro, sostuvo que el juez administrativo analizó la viabilidad de ordenar la suspensión provisional del acto demandado, por lo que no puede el juez de tutela cuestionar dicha decisión.

  4. Impugnación

    En memorial del 6 de diciembre de 2007 la apoderada del demandante impugnó el contenido de la decisión de instancia. Consideró que el juez de instancia no valoró las pruebas aportadas, con lo cual incurrió en vía de hecho. Cita jurisprudencia relativa a la vía de hecho para sustentar su posición.

    La impugnante insiste prácticamente en los mismos argumentos de la tutela relativos a que el proceso de cobro coactivo debió suspenderse por existencia de un proceso judicial en marcha. Dice que la EAAB debió suspender el proceso por mandato de la ley, pero al no haberlo hecho, incluso a pesar de la existencia de un acuerdo con el deudor, insiste en la nulidad del proceso, pues así lo advierte el numeral 5º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil .

  5. Sentencia de Segunda Instancia

    En sentencia del 14 de enero de 2008 el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá decidió confirmar la orden mediante la cual se denegó el amparo solicitado.

    A juicio del Juzgado, no se observa en el proceso de tutela ninguna deficiencia que implique la nulidad del proceso, pues se garantizó la presentación de las pruebas y argumentos por parte de la demandante, pero también debe respetarse la especialidad del juez de la administración. Sostiene en términos generales que la tutela no está diseñada para controvertir interpretaciones, sino para evitar arbitrariedades por parte de los servidores públicos.

    En el caso concreto, considera que las vías judiciales se han utilizado -acción de nulidad y restablecimiento del derecho- y que por tanto no se vulnera la legalidad al admitir el carácter legítimo del acto de cobro coactivo.

II. CONSIDERACIONES

  1. Competencia

    La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política , es competente para revisar el fallo de tutela dictado por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá.

  2. Problema jurídico

    El tutelante de la referencia pretende la anulación del proceso de cobro coactivo que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá inició contra su apoderada general. Igualmente, el demandante, que actúa mediante apoderado judicial, solicita que se devuelvan los dineros pagados en la financiación del citado...

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